[PIE DERECHO]  Como lo venimos sosteniendo desde hace años -y lo seguiremos haciendo hasta el hartazgo-, los riesgos de la democracia peruana y su proyección económica, no provienen solamente de una izquierda que, como la peruana, no tiene nada que aportar al país, como no sea autoritarismo y destrucción de la economía, sino también de una ultraderecha populista, que felizmente no ha agarrado cuerpo y difícilmente lo hará luego del fiasco gubernativo de Rafael López Aliaga.

Con mayor razón la urgencia de que se consolide un frente de centroderecha, cuya centralidad transite por la necesaria reconstrucción de instituciones como el Ministerio Público (hoy absolutamente degradado), el Poder Judicial, la Policía y las Fuerzas Armadas, la reforma política, la construcción de un eficaz sistema de salud y educación públicas, etc., pero que no descuide un ápice la urgente e imperativa apuesta por una vigorosa economía de mercado, capaz, solo ella, de hacernos recuperar la senda del crecimiento económico, única vía de reducción de la pobreza y de reinstalación en la pendiente progresiva que habíamos logrado entre mediados de los 90 y la primera década de este siglo.

En el Perú reciente no se ha hecho casi reforma alguna en los últimos lustros, ni siquiera en los tiempos de vacas gordas, y ese déficit nos estalló en la cara con el triunfo de Pedro Castillo. Lamentablemente, nos ha tocado en suerte un gobierno cargado de medianía como el de Dina Boluarte, del cual sería iluso esperar reformas de algún tipo, y esa estabilidad mediocre abona en favor de los candidatos que ofrecen patear el tablero del statu quo el 2026.

Con mayor razón se impone una urgente coalición democrática que no solo aumente las posibilidades de un triunfo electoral, sino que el mismo vaya acompañado de un respaldo parlamentario que la libre de las recurrentes crisis políticas que han hecho que en los últimos siete años tengamos cinco mandatarios.

Desde la sociedad civil sería saludable que haya presión hacia la clase política ubicada del centro hacia la derecha liberal, para que constituya un gran frente electoral, que sirva de contención a la izquierda en su conjunto (ni la versión moderada se salva) y a la ultraderecha conservadora y autoritaria que insiste en alcanzar protagonismo impulsado por la ola regional.

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[PIE DERECHO] En el Perú, como bien señala Walter Bayly, ex CEO de Credicorp, en entrevista a Semana Económica, no vamos a crecer de modo superlativo de acá hasta el 2026 debido a que se va a mantener flotante la inversión privada, el principal motor de nuestro crecimiento.

Razones para ello hay de dos tipos. Una de responsabilidad gubernativa. Otra de responsabilidad de los partidos de centro y de derecha.

La primera pasa por el poco peso político de un MEF liviano, que no tiene la fuerza para detener los exabruptos fiscales de otros ministerios. La presidenta Boluarte debería hacer algunos cambios en su gabinete para consolidar uno más amigable con la inversión privada. Ello pasa por buscar un nuevo ministro de Economía y Finanzas, pero también otra persona que ocupe el cargo de ministro de Energía y Minas (el actual solo se desvela por relanzar Petroperú y no por alentar la inversión minera) y, ya si queremos redondear la faena, convocar a un nuevo titular de Transportes, que el actual no da pie con bola.

Quizás la salida del premier Otárola pueda esperar algunos meses. Es él el pivote de estabilidad de un gobierno precario, pero tendría que tener la cintura suficiente para saber sacar de sus cargos a sus propios alfiles (como el ministro Álex Contreras) y asumir que lo pueda reemplazar alguien con juego propio, como ha sido tradición con los mejores ministros de Economía que el Perú ha tenido en las últimas décadas, quienes tuvieron a presidentes del consejo de ministros que los supieron respaldar aún a sabiendas de que ello suponía un relativo compartimiento de poderes.

La segunda transita por la altísima incertidumbre que generan las elecciones del 2026, en las cuales la propia situación económica -con el consecuente aumento de la pobreza- alienta la creación de condiciones propicias para que discursos radicales prendan.

Y del lado de las fuerzas políticas pro inversión privada se aprecia una lamentable irresponsabilidad al no estar dispuestos a lanzar una suerte de Concertación chilena, pero de centroderecha, capaz de aplanar los riesgos de que uno o hasta dos candidatos disruptivos radicales pasen a la segunda vuelta definitoria, lo cual sería una tragedia de proporciones bíblicas para el futuro de la economía y la política peruanas. Mientras esa amenaza siga latente, no habrá inversionista privado que se la juegue.

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[PIE DERECHO]  Uno de los pilares de la reforma política emprendida a medias en años anteriores, consistía en el financiamiento público a los partidos que hayan conseguido mantener la inscripción electoral, con el objeto de tornarlos menos dependientes del financiamiento privado, por lo general irregular y dado a pactos no santos entre intereses mercantilistas y poder político.

Lamentablemente, según lo acaba de demostrar la asociación civil Vigilancia Ciudadana, los partidos que reciben esos fondos malversan los mismos en usos irregulares y cuestionables.

La supervisión del uso de tales fondos corresponde a la ONPE, pero este organismo electoral no está cumpliendo con su labor, la misma que dado el caso debería escalar, inclusive, a instancias penales. Es más grave que se malempleen fondos públicos, de todos los peruanos, a que se maquille el ingreso de recursos privados. Lo segundo es perseguido de modo tan implacable como desmedido por el Ministerio Público. Lo primero, ni siquiera es tocado con el pétalo de una rosa.

Una de las razones por las que el Perú transita por una severa crisis política corresponde a la precariedad de los partidos. La democracia se debe sostener en la existencia de partidos sólidos, cada vez más flexibles de acuerdo a los tiempos desideologizados que vivimos, pero transparentes y dinámicos. Si hoy los organismos responsables pasan por alto las trapacerías que se cometen en los inicios de la reforma política, lo más probable es que la terminen por desacreditar y pervertir.

Esos dineros deberían derivar en capacitaciones, instalación de locales descentralizados, conferencias ideológicas, instancias de participación ciudadana, no en pago de sueldos a las autoridades partidarias o contrataciones irregulares (en un caso, se ha disfrazado el pago por aparecer en televisión como contratación del productor del espacio televisivo, en otro, un prófugo de la justicia, como Vladimir Cerrón, sigue cobrando).

Si con la misma laxitud se controla el ingreso de dineros de las economías delictivas a la política partidaria (narcotráfico, minería ilegal, tráfico de tierras, etc.), se entenderá por qué la degradación sostenida de la vida política peruana, la misma que, a contrapelo del crecimiento económico de las últimas décadas, ha ido cuesta abajo. La institucionalidad política no ha marchado a la par del desarrollo socioeconómico del país y allí anida una de las fracturas institucionales más graves por resolver.

La del estribo: ya viene La doctora en el Teatro La Plaza, para arrancar la temporada teatral del año. Entre tanto, continuamos la maratón cinematográfica. Recomendadas: Los delincuentes (Argentina), Trenque Lauquen (Argentina), The holdlovers (EEUU), Rustin (EEUU), Amerikatsi (Armenia), Blanquita (Chile), El sueño de la sultana (España), Saben aquell (España), Monster (Japón) y Bastarden (Dinamarca).

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[LUZ ROJA] ¡ATENCIÓN a toda nuestra comunidad! Estamos emocionados de anunciar nuestro nuevo programa: “Luz Roja», conducido por el destacado periodista Juan Carlos Tafur.

Este proyecto está diseñado para analizar en profundidad la coyuntura y ofrecer un análisis claro y objetivo de la situación. No se pierdan el primer episodio donde exploraremos los acontecimientos más relevantes y daremos una perspectiva única sobre los temas que impactan a nuestra sociedad.

¡Compartan este mensaje para que más personas se unan a esta experiencia informativa!.

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Análisis, Juan Carlos Tafur, Luz Roja Programa

[PIE DERECHO] Parece que la tesis de la guerra ideológica, que un sector de la derecha radical considera fundamental en sus propósitos de enfrentar a la izquierda, lo tiene confundido a Javier Milei, quien le ha declarado la batalla al sector cultural de su país, Argentina, que durante décadas se ha distinguido por ser uno de los lugares que más apoyo ha brindado al mundo de las artes, con logros de excelencia en casi todas ellas.

Uno entendería que la prédica libertaria contra los beneficios sectoriales al mundo de la cultura sean parte de un andamiaje ideológico opuesto, en general, a toda intervención estatal en el circuito económico. Uno puede discrepar de ello, pero se podría entender. Lo que no cabe, dentro de su propia perspectiva lógica, es que se mantengan beneficios a ciertos sectores productivos y a la vez se arremeta, denunciando su privilegio sectorial, contra el mundo de la cultura.

Más parece resultado de una histórica fobia de ciertas élites por el pensamiento crítico y la contestación artística. Y particularmente, en la coyuntura actual, apunta a una ojeriza inexplicable de ciertas derechas hacia la cultura en general.

Se puede ser liberal y alentar el apoyo estatal a la cultura. El mundo de las artes debe ser entendido como el de una atmósfera de quehacer cívico. Alentarlo sería equivalente, en esa perspectiva, a la construcción de espacios públicos. Tiene el mismo resultado: la cohesión social y la activación de núcleos de integración.

Se puede y se debe abrir espacios para la participación de capitales privados en el quehacer cultural. Mientras más, mejor. Pero no puede soslayarse la necesidad de una política cultural de carácter público. Es indispensable, tanto como la existencia de una educación y salud públicas de calidad. Están casi en el mismo rango de importancia social.

Es una lástima que el pensamiento libertario, reivindicado por su propio fundador, Murray Rothbard, como una filosofía de izquierda, haya devenido en la costra ideológica de sectores conservadores, que aprecian casi todo pensamiento abstracto como “neomarxismo” o “marxismo cultural” y que consideran, por ende, que convertir al mundo de la cultura en un páramo es parte de la batalla ideológica que deben librar.

Ojalá fracase Milei en este propósito. Los buenos deseos que los sectores liberales le desean respecto del enderezamiento del desastre populista del peronismo, no se extienden a su afán destructivo de uno de los activos más valioso que puede exhibir la Argentina: su rica y variada vida cultural.

 

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[PIE DERECHO]  Nuevamente ha reaparecido el fantasma de la xenofobia en el país, a propósito de los sucesos de Ecuador y su vinculación con bandas criminales extranjeras. Las voces que claman por el cierre de fronteras y la expulsión de los venezolanos ya se hacen sentir y han escalado al ámbito político, por lo que, seguramente, será insumo de la campaña electoral del 2026.

En esa medida, será necesario reiterar hasta el cansancio la contundencia de los datos de la realidad para contrarrestar esta ola de opinión pública basada en la desinformación. No es verdad que del millón y medio de venezolanos que ha venido a estas tierras, la mayoría sea delincuencial. No lo debe ser ni una mínima parte, la misma proporción que seguramente existe entre la población peruana y sus grupos criminales.

Por el contrario, la mayoría de migrantes son gente de paz que ha llegado huyendo de las miserias políticas y económicas del régimen de Maduro. Y que, como suele suceder con las olas migratorias, luego del shock inicial por su masividad, terminan generando inmensos beneficios sociales, culturales y económicos al país recipiente de ese flujo.

Hay que saludar la venida de compatriotas venezolanos, vecinos de la patria grande. Y darles la bienvenida, como a la postre (porque al comienzo fueron mano de obra esclavizada) se hizo con la migración china, japonesa o africana, y que hoy tantos beneficios brindan a la riqueza cultural del país.

En este tema, el Perú ha demostrado una sapiencia social que no han tenido, hasta ahora, las naciones europeas, que a sus migrantes los han encerrado prácticamente en ghettos, apartándolos del flujo cívico normal, y quejándose luego de por qué no adoptan los patrones culturales del país que los ha acogido. Eso pasa, inclusive, en naciones supuestamente modernas e inclusivas, como las nórdicas, que hoy tienen un serio problema de marginalidad social producto de malas políticas inmigratorias.

En el Perú, los venezolanos se han integrado perfectamente al tejido social. Están por todo el territorio nacional, laborando en diversas actividades y poco a poco asentándose y prosperando, sin generar la pérdida de empleo de los peruanos, que suele ser el fundamento demagógico que en muchas latitudes se utiliza para aborrecer a los migrantes. Ojalá no eche raíces la primitiva xenofobia que algunos líderes políticos tratan de inculcar en sus seguidores. Sería una desgracia sumar ella, al deplorable racismo y clasismo que subsisten en nuestra sociedad.

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[PIE DERECHO]  Contra los rumores que arreciaron en los últimos días respecto de un inminente cambio de ministros que podía incluir al propio presidente del consejo de ministros, Alberto Otárola, este gabinete parece más sólido que nunca.

La permanencia de un ministro tan endeble como Álex Contreras en el MEF -alfil de Otárola-, quien ha debido tragarse el sapo de Petroperú -su allanamiento a su salvataje financiero muestra cuán dúctil es el titular del jirón Junín y a qué está dispuesto con tal de mantener el fajín-, revela que el tablero del Premier sigue incólume y ha resistido el embate del sector boluartista.

Fue el titular del MIDIS, Julio Demartini, bajo el manto de la presidenta, quien, a pedido de la propia primera mandataria, organizó la velada con los economistas Luis Carranza y José Arista, que tanto escozor causó en el ministro Contreras y lo llevó a amagar una renuncia que luego fue amañada por las movidas del astuto y funcional Otárola. Hoy, Demartini sufre el hielo del Premier.

Las aguas parecen haber vuelto a su nivel, aunque ello genera un estado de cosas momentáneo, dada la precariedad del régimen. Una ventisca futura puede llevarse de encuentro al gabinete Otárola y su gestión ya está bajo el acecho de algunos lobbies empresariales que quieren poner a un Premier más funcional a sus intereses (allí, para variar, encabeza la lista de premierables, un inefable expremier aprista, quien se muere de ganas de volver a disfrutar las mieles y oros del poder político y sabe que por la vía electoral ello es imposible).

Lo cierto, en todo caso, más allá de este juego de intrigas e intentos de serruche, es que, de prosperar esta estabilidad mediocre, de la cual el único que se podrá congratular es el premier Otárola, más no el país, olvidémonos de una recuperación económica consistente con nuestras potencialidades y, lo que es más grave, descartemos que se construya una estrategia eficaz contra la delincuencia organizada que nos azota, a la sazón, los dos mayores problemas vigentes que como país enfrentamos.

No ocurrirá, al menos en el corto plazo, un upgrade político en el gobierno de Dina Boluarte. Seguirá funcionado de la misma manera como lo ha hecho en su poco más de un año de gestión. Mucha medianía y poca eficacia será el denominador común del periodo que se avecina. El Perú seguirá languideciendo al son de los apetitos de poder del establishment que ha dispuesto un Premier, más dado a la supervivencia que a la transformación ejecutiva de su entorno y la solución real de los problemas que afronta.

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[PIE DERECHO]  No estamos lejos de que en nuestro país ocurra algo parecido a lo que acontece en Ecuador, con la reciente asonada violenta del crimen organizado.

Tenemos todos los ingredientes para que algo así nos suceda: debilidad del Estado democrático, corrupción de las fuerzas del orden (tanto policiales como militares) y del sistema de justicia (Ministerio Público y Poder Judicial), eslabón de partida del narcotráfico, vientre de todas las mafias habidas y por haber (narcotráfico, minería ilegal, trata de personas, contrabando, tráfico de terrenos, etc.) y proliferación de bandas criminales que empiezan por delitos comunes y luego se engranan con los grupos criminales señalados.

El Perú no es un paraíso para las inversiones -dejó de serlo hace muchos años- sino para el delito. Cualquier organización criminal que se sienta perseguida con eficacia en su país de origen verá que la migración al nuestro le abrirá una oportunidad de oro para desarrollarse, como ya ha sucedido con el sanguinario Tren de Aragua venezolano.

Toca asumir la responsabilidad de conducir el proceso de prevención y control de la inseguridad ciudadana a un gobierno débil y mediocre. Corresponde entonces a la clase política en su conjunto y a la sociedad civil, apuntalar un proceso consensual de elaboración de una estrategia eficaz respecto del crecimiento exponencial del crimen organizado, que amenaza con llevarse de encuentro no solo la paz social sino el Estado democrático.

Estamos todos los peruanos de bien en el mismo bote, por encima de cualquier opinión discrepante o parecer divergente respecto de temas ideológicos o morales. El Perú está a punto de cruzar la línea, si acaso no lo hizo ya, y de convertirse en un Estado controlado por las mafias delictivas, un peligro equivalente al que afrontamos cuando sufrimos la asonada asesina del terrorismo de Sendero Luminoso y el MRTA y que en algún momento hizo temer que capturasen el poder.

Ya no se puede mirar de soslayo el problema. La ciudadanía, con sensibilidad frente a su cotidianeidad, ya lo identifica como el principal desvelo nacional, por encima de la crisis económica. Las calles, los negocios, la vida ciudadana en general están siendo sometidas por el delito y el hartazgo frente a ello, si no encuentra solución, va a encontrar alivio con propuestas populistas o autoritarias. Por ello, la urgencia de ponerle coto, democráticamente, dentro del estado de derecho, lo antes posible.

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[PIE DERECHO]  El pedido de prisión preventiva de 18 meses contra el suboficial de la policía, Joe Erick Torres Lobón, por la muerte del ciudadano de 22 años, Rosalino Flores Valverde, quien murió a causa de una ráfaga de perdigones el pasado 11 de enero, en Cusco, durante la realización de las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte, es ejemplar.

Primero, porque el fallo del juez va a contrapelo de los intentos institucionales de la propia policía, por encubrir al agente, modificando fechas y horarios de asistencia y entrega de armamento, para tratar de ocultar su participación en el crimen. Segundo, porque en la propia sentencia se advierte que “no fue un crimen aislado, sino una respuesta estatal desproporcionada. No solo fue afectada la vida, sino los derechos de las personas a manifestar su disconformidad”. De proceder con esta línea, habrá responsabilidades penales en el gobierno por lo sucedido.

Este hecho, inédito en el país, debería constituir un parteaguas respecto de las políticas represivas de protestas sociales. Tarde o temprano, este tipo de protestas volverá a ocurrir y se espera que las fuerzas del orden hayan aprendido que se debe responder a ellas dentro del marco constitucional.

La violencia debe ser reprimida y acarrear sanciones penales para sus gestores. Inclusive, el uso de las armas policiales debe ser autorizado en caso se ponga en riesgo la integridad vital de las propias fuerzas del orden o de la sociedad civil, pero nunca cuando se ejerce otro tipo de violencia, como toma de carreteras o puentes.

No hay pena de muerte contemplada en nuestro código penal contra la protesta social. La policía no puede, por ende, arrogarse esa función a su libre albedrío, ni siquiera cuando algo semejante, como se investiga, parece haber provenido de órdenes superiores, cuyo escalafón está aún por determinarse (Boluarte y Otárola no están exentos, a priori, de responsabilidad).

Rosalino Flores es una de las 49 personas fallecidas en las protestas y la violenta represión. Cada caso deberá merecer similar investigación judicial a la que ha conducido el juez Leodán Cristóbal Ayala, desde el Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema.

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