Incapacidad para interactuar con otros Estados, como miembro pleno de la comunidad internacional.
Salvo dos o tres calificamos en todas. No nos estamos percatando del profundo deterioro social, económico, político e institucional por el que transita el país, producto de habernos conformado con solo haber hecho algunas reformas de primera generación en los 90, habernos congelado allí, y haber permitido que la realidad desborde el “modelo”, tornándolo inservible e ineficiente.
Lo grave de esta situación es que nos coloca en el abismo de una toma de decisiones electorales tremenda el 2026, con fuerzas radicales de izquierda cosechando el descontento masivo de la población con ese Estado funesto que nos rige. Los antiestablishment tienen razones fundadas para entusiasmar a quienes quieren patear el tablero.
Uno de los aspectos de más ingrato recuerdo en la historia judicial reciente del país es el trato especial y la protección legal que la Junta Nacional de Justicia ha brindado en los últimos años a la exfiscal de la Nación Zoraida Ávalos, algo que no tiene antecedentes en la historia judicial del país.
Hay hechos que considerados en conjunto y en contexto revisten gravedad y que no pueden ser pasados por alto.
En primer lugar, resalta el hecho de que en la entrevista del 3 de noviembre del 2022 para ser ratificada o no en el cargo de Fiscal Suprema los miembros de la Junta Nacional de Justicia no hicieron una sola pregunta a Zoraida Ávalos acerca de los certificados falsos que habría utilizado para acceder al cargo de Fiscal Suprema en el año 2013, pese a que ella tocó el tema. Ningún miembro de la JNJ siquiera se molestó en realizar una pregunta tangencial, de refilón o para salvar la vergüenza sobre un asunto tan delicado, serio y que revestía extrema gravedad a lo largo de los 65 minutos que duró la entrevista.
Para los miembros de la JNJ no había nada de interés público y de relevancia en el hecho de que se afirmara que una Fiscal de la Nación habría utilizado documentos falsos para participar y pasar con las justas el examen curricular cuando postuló al cargo de Fiscal Supremo y salió nombrada. El hecho es sumamente extraño y revelador debido a que diversos medios de comunicación se habían ocupado del tema con evidencias fílmicas contundentes acerca de la fábrica de documentos falsos a la que habría acudido Zoraida Ávalos y otros magistrados para tratar de mejorar su curriculum.
La total inercia, ni siquiera pasividad, de los miembros de la Junta Nacional de Justicia para tratar el cuestionamiento más grave que tenía Zoraida Ávalos alrededor de los certificados falsos de LIBREJUR es verdaderamente aleccionador en lo jurídico y en lo ético tanto para todos los jueces y fiscales como para todos los estudiantes de derecho del Perú, pues nos enseña que se puede acusar a una persona de haber matado, robado o violado y se puede llegar a absolverla, frente a la gravedad de los cargos y el peso de la evidencia, sin preguntarle al sospechoso si efectivamente mató, robó o violó.
Incluso, un miembro de la JNJ, en el colmo de su simpatía y apoyo a Zoraida Ávalos en la entrevista le preguntó acerca de las “expectativas a futuro en lo personal e institucional” en el Ministerio Público, sellando por anticipado lo que se veía cantado: su segura ratificación por unanimidad. No se le preguntó sobre los hechos pasados extremadamente graves que se la atribuía, sino sobre su cómodo futuro en la Fiscalía que ya tenía asegurado con una pregunta de regalo. Otro miembro de la JNJ en la entrevista resaltó el “coraje” de Zoraida Ávalos, además, de enaltecer la figura personal de la entrevistada como si el acto de ratificación fuera una reunión de amigos o una charla de café.
Para los incrédulos acerca de la entrevista de Zoraida Ávalos por la Junta Nacional de Justicia se puede ver el enlace:
En segundo lugar, la JNJ, el 23 de mayo del 2023 emitió un comunicado público en la que mostraba su total respaldo a Zoraida Ávalos en el trámite de la acusación constitucional que se vería al día siguiente en el Congreso de la República. Tal fue el grado de apoyo de la JNJ que se permitió “invocar respetuosamente, a las señoras y señores representantes en el Congreso de la República, la mayor reflexión en torno de la acusación constitucional que se tramita contra la exfiscal de la Nación, Zoraida Ávalos”.
La JNJ de la manera más descarada hizo suyo el principal argumento de defensa de Zoraida Ávalos y lo dejó en claro en su comunicado que no se puede pretender sancionar a un fiscal por “el criterio jurídico adoptado en el ejercicio legítimo de la función fiscal, como expresión de su propia independencia”. Se debe resaltar que la JNJ en ningún otro caso distinto al de Zoraida Ávalos emitió un comunicado o pronunciamiento a favor de la defensa de un magistrado (del Poder Judicial o del Ministerio Público) cuya independencia o autonomía se podía ver amenazada como puede ser, por ejemplo, el caso de los fiscales José Domingo Pérez y Rafael Vela Vargas, que son objeto de campañas mediáticas de demolición.
La JNJ dejó sentado en su comunicado que lo importante para sus miembros no era tanto la preservación de la independencia de los jueces y fiscales, sino garantizar que Zoraida Ávalos no sea removida de su cargo como Fiscal Suprema titular por el Congreso de la República. ¿En los cuatro años que viene funcionando la JNJ el único caso en el que se amenazaba la independencia de un Fiscal era el de Zoraida Ávalos? Para la JNJ vivimos en un país de ensueños en cuanto al sistema de justicia, ya que en el único caso que se consideró que se amenazaba la independencia de un Fiscal era en la investigación que se seguía en el Congreso contra Zoraida Ávalos.
En tercer lugar, una de las muestras de mayor protección e incondicionalidad de la JNJ con Zoraida Ávalos es su absoluta indiferencia y total desconexión con la realidad respecto a los hechos relatados en las publicaciones de Sudaca que se han presentado contra Zoraida Ávalos y que han generado cero investigaciones de oficio por parte de la JNJ, pese a la gravedad de las publicaciones, lo que difiere de otros casos en los que por hechos menos graves se abrió investigación inmediatamente a jueces y fiscales supremos.
Una sanción con sabor a impunidad
Algunos defensores de Zoraida Ávalos advertirán que ella fue sancionada por la JNJ con un mes de suspensión del cargo por el indebido nombramiento como Fiscal Superior adjunta de la hija de su comadre María Zavala Valladares (Carla Estefanía Bourdieu Zavala), miembro de la JNJ, en el distrito Judicial de Piura y que, por tanto, no se puede hablar de que ella fue favorecida indebidamente o recibió un trato especial.
Sin embargo, basta revisar la resolución de la JNJ para advertir que se dio por probado “el vínculo de amistad y comadrazgo entre la investigada y la madre de Bourdieu Zavala” al considerar que “María Zavala Valladares y Zoraida Ávalos Rivera han coincidido en señalar que tienen una relación de amistad desde que estudiaron la carrera de derecho en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, relación que se ha mantenido en el tiempo, incluso la investigada es madrina de la hija menor de aquella; así consta en la declaración testimonial de esta última obrante a fs. 1855, y en las declaraciones de Zoraida Ávalos Rivera de fs. 1003 y 1201”.
Zoraida Ávalos, inclusive, en sus descargos, lejos de reconocer su falta llegó a sostener que: “no existe ningún impedimento legal que configure tal relación de amistad para la aludida designación”, es decir, admitió expresamente que podía manejar al Ministerio Público como si fuera su empresa privada, o algo suyo, y que podía nombrar a los hijos de sus amigos, de sus compadres y comadres como fiscales sin ningún problema.
La gravedad del caso es que Zoraida Ávalos con su puño y letra llegó a firmar la resolución de la Fiscalía de la Nación N.º 2929-2019-MP-FN del 21 de octubre de 2019 en la que designaba como Fiscal adjunta superior de Piura a: Carla Estefanía Bourdieu Zavala, hija de su comadre y amiga íntima, miembro de la JNJ: María Zavala Valladares.
Se ha consultado a especialistas en temas penales y administrativos sobre el tema y formulan dos observaciones a la decisión de la JNJ de solo imponer la sanción de 30 días de suspensión en el ejercicio del cargo. Un primer cuestionamiento reside en la proporcionalidad de la sanción, ya que en un caso semejante de nombramiento de una juez supernumeraria de la Corte del Callao, la JNJ impuso la sanción de destitución al juez supremo Aldo Figueroa Navarro, pese a que se acreditó que él solo recomendó a que se nombrara como juez a una persona que ya había ocupado cargos semejantes en la Corte de Justicia de Lima y tenía un mejor currículum que la hija de María Zavala; mientras que Zoraida Ávalos nombró directamente, sin rubor y abusando de su cargo, a la hija de su comadre. No es que Ávalos pidió que un tercero la nombrara en el cargo de Fiscal superior adjunta, sino que ella misma firmó la resolución.
Un segundo cuestionamiento, es que la JNJ no deriva ni remite copias al Congreso de la República o a la Fiscalía de la Nación para que se investigue penalmente a Zoraida Ávalos por la comisión del delito de aprovechamiento indebido del cargo y por el delito de patrocinio ilegal, dado el manifiesto conflicto de intereses en los que había incurrido, lo que, según los entendidos, supone cometer el delito de omisión de deberes funcionales.
Resulta grave que la JNJ luego de dar por probada la relación de amistad íntima, de comadrazgo entre Zoraida Ávalos y María Zavala como el claro conflicto de intereses no haya derivado el caso a las autoridades competentes por la probable comisión de por los menos dos delitos.
La Junta Nacional de Justicia no cancela el título de Fiscal Suprema a Zoraida Ávalos
La ex fiscal de la Nación Zoraida Ávalos fue inhabilita por el Congreso de la República mediante la Resolución Legislativa del Congreso número 024-2022-2023-CR que fue publicada en el diario oficial “El Peruano” el 23 de junio del 2023 y en el que se ordena “INHABILITAR por cinco años para el ejercicio de la función pública a la señora Zoraida Ávalos Rivera”.
Sin embargo, la Junta Nacional de Justicia, pese a la decisión del poder Legislativo de ordenar la inhabilitación de Zoraida Ávalos por cinco años no ha cumplido, luego de más de 70 días, con cancelar el título profesional de Fiscal Suprema, tal como lo ordena el artículo 2 inciso h de la Ley N.º 30916 que regula la Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia.
En la elaboración de esta nota se ha consultado a dos destacados constitucionalistas quienes al tiempo que pedían reserva de su nombre nos señalaban que la consecuencia inmediata de la inhabilitación efectuada por el Congreso de la República lleva consigo que cualquier funcionario público no solo no pueda seguir ejerciendo la función pública, sino que en el caso de funcionarios nombrados en la administración pública, especialmente, en el caso de fiscales y jueces, se les debe cancelar su título profesional.
Los especialistas consultados nos hicieron ver que el artículo 4 inciso 2 de la ley de la carrera fiscal establece como un requisito general para el ingreso y permanencia en el cargo de Fiscal de cualquier nivel el “Tener el pleno ejercicio de la ciudadanía y los derechos civiles”, situación que se pierde de manera irremediable al ser alguien inhabilitado “para el ejercicio de la función pública”. La inhabilitación implica que a persona se le suspende el ejercicio de poder ingresar o permanecer en el ejercicio de cualquier actividad de la función pública, entre los que se cuenta el cargo de Fiscal Supremo.
Se nos hizo ver que el Tribunal Constitucional peruano tiene zanjada la cuestión en la sentencia del EXP. N° 3760-2004-AA/TC del 18 de febrero del 2005 que tiene efectos jurídicos vinculantes para todos los poderes y organismos públicos. En dicha sentencia se señaló que del artículo 100° de la Constitución como del artículo 89° del Reglamento del Congreso se infiere que el Congreso de la República puede imponer, luego de realizado el procedimiento de acusación constitucional, sanciones políticas que pueden manifestarse de tres formas: 1) la suspensión, 2) la inhabilitación o 3) la destitución del funcionario público. Y que la inhabilitación política es una sanción política discrecional y que es distinta a una inhabilitación administrativa y a la inhabilitación penal. Ella es una sanción política que impone el Congreso de la República a los más altos funcionarios del Estado comprendidos en el artículo 99º de la Constitución por infracción a la Constitución y por los delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones, los mismos que sólo comportan una restricción en el ejercicio de los derechos políticos del funcionario que sea sancionado.
Por su parte, SERVIR (la Autoridad Nacional del Servicio Civil) en el Informe Técnico N° -2022-SERVIR-GPGSC ha señalado, sobre la inhabilitación política, que “tiene como efecto la restricción al derecho de acceso a los cargos públicos derivados de elección, acceso mediante concurso público o de designación; por lo que, el sujeto infractor queda inhabilitado para postular, concursar, ejercer y/o acceder a cualquier cargo o realizar función pública durante el período en que se encuentra vigente la mencionada inhabilitación”.
Los constitucionalistas consultados nos refieren que el funcionario público inhabilitado que no puede ejercer cargo público alguno, ya sea de elección popular o de otro orden, se distingue del caso en que el funcionario recibe una sanción política de suspensión en el ejercicio del cargo en la que luego de cumplida la sanción puede regresar sin problemas a ejercer su cargo anterior. El funcionario público inhabilitado políticamente debe salir, o ser retirado de la función pública, y puede postular a cualquier cargo de la función pública, luego de cumplido su tiempo de inhabilitación.
La Junta Nacional de Justicia parece haber entendido que Zoraida Ávalos ha sido suspendida (y no inhabilitada) en el ejercicio del cargo, ya que solo así se puede explicar su decisión de mantenerla en el Ministerio Público a cualquier costo cuando la decisión correcta es proceder a cancelar su título como Fiscal Suprema.
En relación a la inhabilitación impuesta por el Congreso en la historia política y judicial se tiene el caso de las ex congresistas Luz Salgado y Martha Chávez quienes recibieron una sanción política de inhabilitación de cinco años (tiempo semejante por la que se inhabilitó a la ex Fiscal de la Nación) y que generó que el Congreso de la República mediante la Resolución Legislativa Nº 051-2001-P/CR, publicada en el diario oficial El Peruano el 18 de agosto de 2001, se declaró la vacancia del cargo de Congresistas de la República. Dicha inhabilitación se discutió en la justicia constitucional y el Tribunal Constitucional declaró infundada la demanda presentada en el EXP. N.° 3593-2006-AA/TC del 4 de diciembre del 2006.
En un blindaje reiterado y escandaloso con Zoraida Ávalos, la JNJ ha decidido hacerse de la vista gorda y mirar a otro lado para no remover y sacar del Ministerio Público a la exfiscal de la Nación. Según los especialistas consultados se ha incurrido en el delito de omisión de funciones.
La propia Contraloría ha advertido que la adenda que le permite a Innova Ambiental seguir operando el recojo de residuos sólidos en Lima Cercado, es un despropósito y que el contrato con dicha empresa (ex Relima, sí, la del escándalo Comunicore), que se extendió por una adenda irregular, debe llegar a su fin y convocarse a una licitación pública internacional para brindar ese servicio.
Así se lo ha hecho saber a la propia autoridad municipal en reiteradas ocasiones y, sin embargo, el alcalde limeño, Rafael López Aliaga, supuesto adalid de la moralidad pública, se zurra en la noticia, con él no es, y mantiene vigente un contrato a todas luces irregular.
La lógica administrativa ordena que el manejo de los residuos sólidos (su recojo y depósito en rellenos sanitarios) sea hecho con la mayor pulcritud no solo en su proceso mismo (sobre lo segundo, el vigente contrato también tiene serios cuestionamientos) sino en la transparencia que debe tener el proceso legal correspondiente.
A López Aliaga no le está yendo bien en su tarea de gestor municipal. En la práctica, no ha hecho nada de lo que prometió, no tiene una política pública municipal coherente, y el resultado se aprecia en las encuestas, donde ya la mayoría de limeños lo desaprueba. Según la última encuesta de Ipsos, 53% lo desaprueba y 39% lo aprueba. Un fracaso por donde se le mire.
Las propias expectativas presidenciales que López Aliaga alberga se están yendo por el desague por su mala y controvertida gestión al mando del municipio limeño. Si no es capaz de romper un contrato cuestionado por la propia Contraloría, que sugiere una licitación internacional, como la propia adenda firmada lo establece, algo huele mal ya también en términos de ética en la gestión edil.
Lo que sucede en el municipio capitalino debiera servirnos de lección a la hora de pensar el voto presidencial del 2026. Falsos tecnócratas se venden ante la opinión pública como grandes gestores y a la hora de la hora no son capaces de gestionar nada. Y encima, como es el caso que citamos en esta columna y que es parte de una contínua campaña de Sudaca, se cometen actos, o se dejan de ejecutar, con claro olor a corrupción.
-La del estribo: notable la puesta en escena de La Barragana. Escrita por Luis Alberto León y dirigida por Chela De Ferrari, cierra la trilogía de obras conformada por La Cautiva y Savia, sobre tres momentos de gran violencia alrededor de la historia del Perú. Va hasta el 9 de octubre en el teatro La Plaza (se compran las entradas a través de su web).
Un liberal auténtico debería reaccionar con entusiasmo frente a la andanada de críticas que viene recibiendo el presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, por haberle estampado un beso, contra su voluntad, a una de las jugadoras de la selección española, durante las celebraciones por haber ganado el Mundial.
Las luchas feministas, aunque en muy contados casos pequen de excesos y caigan en la cultura de la cancelación, son una de las batallas culturales e ideológicas más importantes del último siglo y suponen el triunfo moral de la mitad de la población frente a al predominio de una cultura machista, antigualitaria y segregacionista.
En general, las luchas feministas, aún las radicales (perfectamente entendibles y atendibles), la prédica antirracista, la batalla por la equidad de género y la permisión de las experiencias vitales de todos los géneros (incluyendo en esta batalla la conquista de derechos como el matrimonio gay), la libérrima y contestataria manifestación del arte contemporáneo, son síntomas de la inmensa libertad cultural y social que acompaña el desarrollo de las democracias capitalistas liberales.
Son signos de su desarrollo no de su decadencia, como pregonan los conservadores a ultranza -de la mano con las izquierdas anquilosadas-, que quisieran que nada se mueva y todo de mantenga incólume, como si los vientos del tiempo no transcurrieran y las cuestiones morales no hayan cambiado a lo largo de los siglos del crecimiento cultural de Occidente.
En esta batalla, los auténticos liberales tienen un sitio claro en la trinchera de la justicia y la libertad. Quien no lo entienda así, pues simplemente no es liberal. Es un conservador más, incapaz de leer los signos de los tiempos postmodernos y la impresionante capacidad del basamento capitalista democrático para asimilarlos y hacerlos parte de su bagaje valorativo.
Occidente no está en decadencia. Está en medio de un profundo cambio, es verdad, pero al menos en los temas culturales y morales, avanza a pies agigantados hacia la mayor libertad. Es cuestionable el mercantilismo corporativo que lo lastra y merecerá una acción política en algún momento para evitar que haga metástasis, pero en lo concerniente a los temas morales, se muestra robusto y saludable.
El Partido Popular Cristiano, de casi 60 años de existencia, ha decidido relanzarse y volver a incursionar en la política luego de los zarandeos internos que lo llevaron prácticamente a su disolución.
¿Tiene posibilidades? Se ve muy difícil. Primero por la gente que ha convocado para la ansiada renovación. Carlos Neuhaus podrá tener el prestigio de haber organizado los Panamericanos, pero tiene el carisma político de un clavo. Y ponerle el membrete de “renovación” a un dinosaurio como Miguel Ángel Mufarech es casi una broma.
Pero el mayor problema es que el PPC ya no tiene sitio en la atiborrada escena electoral peruana. Antes, en sus mejores tiempos -en los que nunca logró nada espectacular (su mejor performance fue en la Constituyente del 78, pero porque no participó Acción Popular)-, era la derecha ilustrada frente a la izquierda, el populismo radical del APRA y el neopopulismo moderado de Acción Popular. El PPC ocupaba, solo, sin disputa, el sector de la derecha.
¿Hoy dónde podría marcar presencia? No hay espacio. Hay decenas de movimientos de derecha, antiguos y nuevos, que compiten por el mismo electorado. ¿Qué distinguiría al PPC del resto? No se ve perfil propio, ni candidaturas espectaculares que lo saquen del marasmo. Inspirados tal vez en los pasajeros bríos mostrados por otro viejo inquilino de la política, como Acción Popular, cuya luna de miel ya terminó en medio de la corrupción, en el PPC crean que les puede ligar el boleto de la lotería.
El PPC, además, se desperfiló groseramente en los últimos tiempos. De ser un partido doctrinario pasó a ser una agrupación desembozadamente mercantilista, presta al manoseo de intereses, teniendo entre sus máximos representantes de ese perfil a Xavier Barrón, por lo que el PPC fue sugerido, irónicamente, de cambiarse de nombre, de ser el PPC a ser “Cambio de zonificación”, por su trasiego de licencias en los múltiples municipios en los que sí tenía éxito electoral.
Mucho futuro no se le ve a la anunciada renovación. Enhorabuena que más ciudadanos se interesen por hacer política y no se la dejen a los aventureros de paso, pero si el PPC quiere lograr algo preponderante, sólo será si logra sumarse a alguna de las agrupaciones en el amplio espectro de la centroderecha que ya existen, entre ya tradicionales y los nuevos partidos que asoman con flamantes inscripciones. La pregunta es qué puede aportar el PPC a esos eventuales pactos. Vaya uno a saber.
La frase es de Nano Guerra García, vicepresidente del Congreso y connotado parlamentario de Fuerza Popular. No lo debe discernir, tal vez, pero claramente lo suyo es una delusión publicitaria, marketera, que no se condice en absoluto con la realidad.
En materia de seguridad ciudadana el de Fujimori fue un gobierno tan desastroso como los actuales. No hizo nada para derrotar a la delincuencia y, más bien, hizo de la alta corrupción gubernamental un emblema particular. Y si lo a lo que quiere referirse Guerra García es a la lucha contra la subversión, debería empaparse un poco más de la historia.
Fujimori derrota a Sendero Luminoso no con el Grupo Colina ni los jueces sin rostro. Lo hace porque cambia la estrategia en la sierra, aplica una política que los propios organismos de derechos humanos reclamaban y enfatiza la inteligencia policial, no la represión indiscriminada, como hace el admirado protodictador Nayib Bukele en El Salvador.
Y respecto del tema económico, la cosa tiene claroscuros que es menester subrayar. Es verdad que Fujimori reforma la economía del país al punto de casi revertir las políticas estatistas que hiciera Velasco en los 70s y que ni Belaunde ni García I se atrevieron a remediar.
Durante el primer mandato de Fujimori se sentaron las bases del modelo económico que hasta hoy rinde frutos, al impedir que gobernantes mediocres como Humala, Kuczynski, Castillo y Boluarte (en materia económica) se hayan tumbado por completo la espiral de crecimiento y no nos hayamos conducido al abismo.
Pero a la vez, Fujimori, en su segundo mandato, casi borró lo bueno del primero en materia económica al paralizar las reformas de segunda generación, que un equipo tecnocrático encabezado por el entonces premier Alberto Pandolfi, tenía preparado, y que, esas sí, nos hubieran hecho pegar un salto hacia el desarrollo económico de primer orden (seguramente hoy estaríamos a la par que Chile si ello se hubiera hecho).
Pudo ser un Milei económico en su primera gestión, pero fue casi un kirchnerista en su segundo mandato, dejando, por ejemplo, a salvo, dos monstruos burocráticos, que hasta hoy lastran al Estado peruano, como Petroperú y Sedapal. A Guerra García le haría bien conocer un poco más de la historia de los gobiernos del padre fundador del movimiento que hoy integra.
No tiene sentido que un país laico como el Perú tenga la cantidad de feriados religiosos que mantiene: semana santa, día de San Pedro y San Pablo, Santa Rosa de Lima (hoy), Todos los Santos, Inmaculada y Navidad.
El Perú es mayoritariamente católico, pero practicante de a de veras no debe pasar del 30% de la población. Por esa minoría, el país laboral y productivo pierde siete días al año en crecimiento de la economía, que hoy tanto urge (vamos a crecer alrededor del 1% al año hasta el 2026, según acaba de declarar el solvente economista Luis Carranza).
Dice textualmente Apoyo Consultoría: “En los últimos tres años, el Congreso ha aprobado cuatro nuevos feriados nacionales.Hemos pasado de 12 a 16 feriados para el sector público y privado al año. Si, además, consideramos otros períodos de descanso como las vacaciones, los días no laborales en el Perú suman 46 días al año, es decir, casi 20% del total de días potencialmente laborales del año”.
“Antes de la inclusión de estos nuevos feriados, el Perú ya era uno de los países con más días no laborables, con lo cual sobrepasamos a cualquier otro país de la región. Evidentemente, las vacaciones son un beneficio necesario para que los trabajadores descansen y por eso son un derecho laboral. Asimismo, todos los países celebran días especiales ya sea por religión, cultura o alguna festividad. Sin embargo, el Perú hoy se consolida como el segundo país con más días no laborables a nivel mundial, solo superado por Irán (53 días)”.
Los días religiosos que los celebren los católicos en su íntimo guardar y que eventualmente solo se mantenga vigente Navidad, que es ya una fiesta universal. Más bien, habría que agregar feriados laicos significativos, como el 12 de setiembre para recordar la captura de Abimael Guzmán y la victoria contra Sendero Luminoso.
Ya somos un país con un periodo de vacaciones laborales (un mes) extendido. La mayoría de países tiene a lo sumo quince días, como para encima sumarle los feriados. A ello hay que agregarle los de naturaleza solo estatal que con graciosa displicencia los gobiernos conceden a cada rato. Necesitamos urgentemente recuperar productividad y eso requiere ajustarse los cinturones y, además, se trataría de un justo recordaris de que no somos un país teocrático sino uno que se pretende laico y moderno.
Lo que no dijo y debió decir el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, como bien ha hecho énfasis Jaime de Althaus, es que el triunfo del Estado peruano sobre Sendero Luminoso se debió, en gran medida, al cambio de la estrategia antisubversiva desplegada, sobre todo, por Alberto Fujimori.
Se modificaron las relaciones con las comunidades campesinas, volviéndolas aliadas contra SL y no en sospechosas de terrorismo y, por ende, arrasadas, como sucedió en la década de los 80, pero además se otorgó más recursos a las labores de inteligencia policial. En ese sentido, la CVR, si bien pone justo énfasis en el Grupo Colina, una barbaridad por donde se le mire, no dice mucho del GEIN.
Alguna vez le pregunté a Salomón Lerner por qué la CVR encontró responsabilidad penal en Fujimori y no en Belaunde y García, a pesar de que las mayores barbaridades contra los derechos humanos se cometieron en los 80. Su respuesta fue que Fujimori era un dictador y que como tal tenía cadena de mando perfecta sobre todas las ocurrencias ilegales de su gobierno. Viéndolo con serena objetividad, esa respuesta fue un despropósito que tiene que ver mucho con la naturaleza de su encargo: Toledo creó la Comisión de la Verdad porque pensó hallar pruebas contundentes del proceder asesino de Fujimori y al final descubrió que fue durante los gobiernos democráticos de Belaunde y García, que eso mayormente sucedió.
Eso tiene que expresarlo la narrativa del LUM -la heredad viva de la CVR-, y despejar el sesgo antifujimorista que allí predomina. Solo así podrá irse logrando paulatinamente el proceso de reconciliación, que también es un mandato de la CVR y su sucedáneo museístico.
El Estado peruano derrotó al terrorismo. Es una victoria histórica que merece mayor reconocimiento. Nos hemos cansado de proponer que se declare feriado nacional el 12 de setiembre, día de la captura de Abimael Guzmán, sin que se derramase una gota de sangre. Fue el triunfo de la inteligencia republicana sobre la demencia maoísta, que dio pie a la caída del grupo terrorista que estuvo cerca de capturar el poder y perpetrar desde allí un baño de sangre sin par en nuestra historia.
¿Por qué no se hace? Porque ocurrió durante el gobierno de Fujimori. Una muestra más de que la ausencia de reconciliación viene mayoritaria y paradójicamente, por parte de quienes la propalan a los cuatro vientos, como parte de su narrativa institucional.
Se cumplen hoy 20 años de la entrega del informe de la Comisión de la Verdad al país y fue y sigue siendo un hecho fundamental que es menester destacar.
Primero, se dejó muy bien establecido que los principales responsables del baño de sangre fueron Sendero Luminoso y el MRTA, dos movimientos terroristas que emergieron en la década de los 80, y que en ese trance murieron cerca de 70 mil peruanos.
Segundo, se dejó muy en claro que la mayor parte de los muertos ocurrieron a manos de los terroristas y en menor medida, pero no menos importante, por las propias fuerzas armadas y policiales.
Tercero, se fijaron cifras que mostraron que, contrariamente a lo que Toledo quería utilizar como munición contra el fujimorismo al crear la CVR, la mayor cantidad de violaciones a los derechos humanos ocurrieron durante los gobiernos democráticos de Belaunde y García (por eso, de paso, no se explica el sesgo antifujimorista mayoritario de la muestra del Lugar de la Memoria).
Cuarto, se fijaron pautas de reparaciones y atribución de responsabilidades que luego han servido para acciones judiciales eficaces, aunque aún incompletas, a pesar del tiempo transcurrido.
El país maduró democráticamente con la dación del Informe y no se explica, honestamente, la reticencia de cierto sector de la derecha a administrarlo y apoyarlo, al amparo de tonterías como que se use el universal y legal término “conflicto armado interno” que no rebaja responsabilidad alguna a los terroristas y no les otorga rango jurídico de protección.
El Informe de la CVR es un hito liberal en la defensa de los derechos humanos y debe ser visto así, por ende, por los sectores pensantes de la derecha, sin que sorprenda ya la reacción cavernaria de los sectores conservadores que quizás hubieran querido que se eche tierra por encima de las violaciones ejecutadas por los institutos armados, como si ello fuera posible y saludable.
La verdad repara, la memoria es socialmente terapéutica y ayuda a que sucesos semejantes no se repitan. Y, por último, se trata de un acto de justicia histórica con las decenas de miles de deudos de las víctimas del terror originado en las demenciales tesis senderistas y las sanguinarias tácticas del “guevarismo” emerretista, grupo que no merece mejor consideración que los radicales maoístas de Sendero.
