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Juan Carlos Tafur, autor en Sudaca - Periodismo libre y en profundidad | Página 11 de 147

[PIE DERECHO]  Según el libro “Las economías criminales y su impacto en el Perú” publicado en diciembre del 2022 y elaborado por Capital Humano y Social en cooperación con Fundación Konrad Adenauer Stiftung (KAS), las economías ilegales mueven al menos (piso estimado) US$6.657 millones al año en el país. Según otros estudios, el monto es significativamente mayor.

La mayor parte es generada por la minería ilegal de oro (US$1.777 millones), seguida por la trata de personas (US$1.300 millones) y el tráfico ilícito de drogas (US$1.134 millones). También se contempla las categorías de tala ilegal (US$880 millones), extorsión (US$530 millones), pesca ilegal (US$300 millones), contrabando (US$234 millones), piratería de software (US$209 millones) y tráfico de terrenos (US$143 millones). Es un mínimo calculado, pero todo apunta a que las cifras son superiores.

Se sabe que buena parte de ese dinero se va en pagar sobornos a todas las autoridades que puedan afectar su negocio (policía, fiscales, jueces, alcaldes, gobernadores regionales, funcionarios públicos,, congresistas, etc.). Lo que es más grave, se conoce a ciencia cierta que financian campañas electorales con ingentes recursos a cambio de que luego se aprueben normas que los beneficien o se dejen de aprobar las que los perjudican. Es, claramente, un trueque mafioso.

La pregunta es qué hace la Fiscalía al respecto. Cientos de fiscales distraen años de esfuerzo, con miles de horas-hombre, decenas de viajes, en perseguir algunos millones de dólares de aportes de campaña de empresas formales a diversos partidos políticos, cuando eso no era delito de lavado de activos en la época que se produjeron, en lugar de abocarse a la verdadera incursión mafiosa de los dineros sucios de las actividades claramente ilegales en la política peruana. Allí, no se hace nada.

Se van a caer en el Poder Judicial todos los casos que vinculan los aportes de empresas como Odebrecht a las campañas electorales, cuando no se haya probado intercambio ilícito (el único caso que se ajusta a ello es el de Susana Villarán) y, por ende, saldrán libres de la persecución centenares de personas que tuvieron la mala fortuna de participar en el proceso y que llevan años de años perseguidos por fiscales enfebrecidos en hallar allí la prueba madre de la corrupción en el Perú.

Y mientras tanto, la verdadera entraña mafiosa, que amenaza con contaminar los basamentos de la democracia -la representación política-, en base a la injerencia abierta y descarada de dineros provenientes de actividades de economías delictivas, y que, por ende, sí constituyen lavado de activos, no es tocada ni con el pétalo de una rosa por los atribulados fiscales anticorrupción.

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crimen organizado, Delincuencia organizada, economías ilegales, Minería Ilegal, tráfico ilítico de drogas, trata de personas

[PIE DERECHO]  El ataque de una banda de delincuentes a la mina La Poderosa, en La Libertad, causando la muerte de nueve trabajadores, el mismo que, según las pesquisas iniciales, habría sido digitado por la minería ilegal que opera en la zona, pone una vez más de relieve la urgencia de combatir las mafias económicas que actúan impunemente en el país y que han logrado escalar no solo su campo de acción delictivo, sino infiltrar prácticamente a todo el Estado peruano y sus instituciones, poniéndolas a su servicio.

Según información aproximada, la minería ilegal en el país mueve alrededor de US$ 4,000 millones anuales, dinero suficiente para sobornar policías, fiscales, jueces, autoridades locales, funcionarios públicos y congresistas funcionales a sus intereses.

Si a ello le sumamos las economías delictivas del narcotráfico, la trata de personas, el contrabando, la explotación ilegal de madera (en San Martín, hace unos días acaban de asesinar al defensor ambiental contra la tala de los bosques, Quinto Inuma) y otras, entenderemos que estamos enfrentando un poder inmenso con un Estado famélico, incapaz de actuar a la altura del tremendo desafío de derrotar este proceder criminal que hace tiempo ha decidido atacar la economía formal, porque con ella viene el Estado y todo lo que la espanta. Ese es el sentido y objetivo último de este ataque sanguinario de ayer.

Si además agregamos las bandas delincuenciales que extorsionan a pequeños empresarios obligándolos a pagar cupos onerosos solo para poder sobrevivir con su esfuerzo de inversión, calibraremos la urgencia de colocar en el primer lugar de la jerarquía de problemas a atacar, éste de la delincuencia organizada.

Al respecto, este gobierno y el vigente Congreso han abdicado de sus tareas primordiales. El Estado peruano mismo ha olvidado que su propia existencia depende de que se respete la cláusula primera del contrato social, que consiste en otorgarle el monopolio de la fuerza al ente público. Sin ello, no hay convivencia pacífica posible y nos encaminamos a la anarquía, la peor de las situaciones para la supervivencia y fortalecimiento de la democracia y el capitalismo, la fórmula combinada que es la única que ha probado su eficacia para construir una sociedad moderna y libre.

A los candidatos a ocupar el poder en las próximas elecciones hay que anteponerles la exigencia de que presenten un plan serio y estudiado para resolver este problema, el mismo que amenaza con llevarse de encuentro la democracia peruana.

La del estribo: a ver Cisnes, con Mirella Carbone y Raffaella Cúneo, bajo la dirección de Alberto Isola. Como reza la reseña oficial, se trata de “una historia de pasión, música y redención. Espectáculo de teatro danza a partir de fragmentos de Savannah Bay de Margueritte Duras, Sonata de otoño de Ingmar Bergman y El lago de los cisnes de Piotr Ilich Tchaikovsky”. Va en el Centro Cultural de la PUCP solo hasta el próximo domingo 10 de diciembre. Entradas en Joinnus y en la web del propio CCPUCP.

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Delincuencia organizada, Infiltración en el Estado, Mafias económicas, Mina La Poderosa

Es una lástima -y tendrá graves consecuencias políticas- que la Fiscal de la Nación, cuyo proceder permitió que el nefasto Pedro Castillo dejara el poder (si no se hubiera visto acorralado por las investigaciones fiscales probablemente no hubiera precipitado el sainete de golpe que perpetró y seguiría hasta hoy cometiendo latrocinios en Palacio), esté involucrada hoy en el escándalo por todos conocido.

En las próximas horas se sabrá el desenlace final, si Patricia Benavides se aferra al cargo gracias a una medida cautelar, o si la Junta Nacional de Justicia la suspende, pero más allá de cuál sea el final de esta historia, ya la institucionalidad fiscal está dañada irremediablemente, y en ese proceso mella aún más la imagen del Congreso, y suma a la Defensoría del Pueblo y, quizás, hasta al propio Ejecutivo.

La llamada institucionalidad democrática, que ya estaba sumamente desprestigiada, según todas las encuestas, sufre un duro golpe con lo sucedido esta semana y generará consecuencias políticas claras y perniciosas.

Suma a los factores que desde ya vienen consolidando la pronta irrupción en el escenario político y electoral peruano de un candidato antiestablishment. Por lo pronto, ya el propio Pedro Castillo está queriendo aprovechar políticamente las desventuras de la Fiscal de la Nación, para sumar simpatías a su favor (véase su retahíla de tuits al respecto).

No tiene buen pronóstico la democracia peruana. La crisis política estrenada el 2016, cuando el keikismo decidió, por razones pueriles, destruir la posibilidad de una gobernanza de derecha eficaz y viable, se ha ido ahondando con el paso del tiempo, y no hay país que aguante, incólume, tantos años de crisis institucional.

Las consecuencias son de corto plazo. Por ejemplo, la destrucción de la confianza empresarial se debe, es cierto, a la impericia de un MEF precario, pero, sobre todo, a la crisis política. Pero es en el largo plazo que vamos a sufrir el mayor daño. Como si hubiera una mano diligente moviendo la cuna en ese sentido, los hechos acontecen, uno tras otro, en favor de la construcción de un escenario de imprevisibles efectos no sólo económicos, sino, sobre todo, políticos y sociales.

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Candidato antiestablishment, Consecuencias políticas, Crisis política, Institucionalidad democrática

[PIE DERECHO] La derecha está actuando muy irresponsablemente respecto de las perspectivas electorales venideras. Egos sobredimensionados, apetitos personalísimos y supina indolencia y miopía respecto de los ánimos populares, la están llevando a cometer un suicidio masivo que solo va a beneficiar a las fuerzas radicales de izquierda, que ya se preparan para tomar por asalto el poder, esta vez, inclusive, con mayoría parlamentaria.

En nuestra columna de ayer hicimos un conglomerado de la situación psicopolítica de la ciudadanía y concluimos, en base a las encuestas detalladas, que se cocina a fuego lento, pero irreversible, un escenario propicio para la aparición de uno o más candidatos radicales disruptivos que podrían, inclusive, ser los protagonistas finales de la definición electoral.

Esta semana, una encuestadora ha revelado, a un auditorio cerrado, que un porcentaje significativo de la población podría inclinarse por una candidatura como la de Aníbal Torres -a quien no teníamos en el radar- y que, inclusive, Pedro Castillo, de postular al Congreso -cosa que sí podría hacer a pesar de su condición penitenciaria- entraría con porcentajes superiores al 20% de la votación (hasta podría ser el parlamentario más votado).

Mientras ello sucede, en tanto la crisis política, económica y social, pone los cimientos del candidato antiestablishment, mientras diversos líderes de la izquierda radical recorren el país, villorrio por villorrio, la derecha se aboca a divagar en canales de cable o en prensa escrita limeña, creyendo que está haciendo alta política.

Ya hemos visto de lo que es capaz la izquierda, con el nefasto gobierno de Castillo, ya lo hemos apreciado, a más largo plazo, con el desmontaje paulatino del modelo económico construido en los 90, lo hemos sufrido con la politización banal de la justicia y su uso persecutorio.

¿Eso queremos para el futuro? ¿Una razzia de toda la derecha, conservadora y liberal, por parte de la izquierda, esta vez con las mañas aprendidas en su corto paso por el poder? Hay que recordar que un improvisado gobernante como Castillo logró controlar el Congreso y casi lo logra con las Fuerzas Armadas (se demoraron horas en tomar una decisión, que debió ser instantánea, respecto del golpe del 7 de diciembre, hay que recordarlo).

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Candidatos Disruptivos, Crisis política, Izquierda Radical, la derecha

[PIE DERECHO] De acuerdo a Ipsos, 83% desaprueba la gestión de Boluarte; el IEP indica un 85%; Datum, 84%; un 82% desaprueba al Congreso, señala Ipsos; 91%, según IEP; ¿qué sentimientos le genera el Perú?, pregunta Ipsos: las respuestas son pena, 37%; decepción, 34%; impotencia, 28%; frustración, 26%; vergüenza, 21%; incertidumbre, 17%; rabia, 17%.

En diciembre del 2022, revela IEP, el 50% de la población se sentía insatisfecho con la democracia y un 30% muy insatisfecho, un 80% sumando ambos conglomerados; según la propia encuestadora, un 38% avalaría un golpe militar; el índice de optimismo/pesimismo que regularmente mide Ipsos, nos muestra una sensación de que el Perú está retrocediendo de parte del 65% de la población, un nivel solo superado por la que existía antes de que se capturara a Abimael Guzmán y se resolviera la hiperinflación delirante de Alan I.

Ipsos mide para el Latinobarómetro el grado de satisfacción con la democracia. Estamos en la cola, con apenas 8%, mientras que el promedio regional es de 28%. Nos ubicamos peor que Venezuela. Una pregunta, para la misma medición, que es dinamita: ¿diría que el país está gobernado para unos cuantos grupos poderosos en su beneficio o que está gobernado para el bien de todo el pueblo? Un 90% de peruanos se inclina por lo primero, encabezando la funesta percepción en la región, solo empatados por Paraguay.

El 67% de la población considera que el modelo económico ha sido un fracaso, revela Ipsos. Es verdad que en detalle la gente asocia el modelo económico no al manejo fiscal o monetario, a la libertad de empresa o a la economía de mercado, sino a temas como la salud o la educación pública, o la corrupción, pero igual es un indicativo de su opinión del statu quo.

En diciembre del 2022, Ipsos preguntó por cuál candidato votaría uno en las próximas elecciones presidenciales. Encabezando la lista, con 18%, Antauro Humala, seguido de Keiko Fujimori con 14%. Preguntada la ciudadanía por una segunda vuelta entre ambos candidatos, en ella ganaría el excéntrico etnocacerista.

Si a ello le sumamos la permanente crisis institucional -hoy detonada con el terremoto de la Fiscalía de la Nación-, la crisis económica, y la crisis social expresada en la inseguridad ciudadana, ¿puede alguien dudar de que el terreno está abonado para el surgimiento, apabullante, de un candidato disruptivo, abiertamente antiestablishment?

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Candidato Disruptivo, Crisis Democrática, desaprobación, Encuestas

[REPORTAFUR] Sabiendo que se está jugando los descuentos, el Ministro de Energía y Minas pretende entregarle sin licitación y a dedo siete regiones más al actual concesionario de gas natural en Lima y Callao.

¿Dónde está la presidenta Dina Boluarte?
¿Qué opina de esta jugada el premier Otárola?

Con la ayuda de José Ignacio Beteta vamos a explicar esta movida que pretende regalarle 10 años más de concesión en Lima/Callao y 7 nuevas regiones a la empresa colombiana Calidda.

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cálidda, gas natural, José Ignacio Beteta, licitación a dedo, Oscar Vera

[PIE DERECHO] La situación de entrampamiento que ha generado la crisis de la Fiscalía de la Nación, al descubrirse el trasiego de votos parlamentarios a cambio de impunidad para un grueso número de congresistas, la decisión de Patricia Benavides de no renunciar, la imposibilidad de la Junta Nacional de Justicia de removerla, la implicación del Ejecutivo en el “juego de tronos” puesto de manifiesto detrás de las broncas internas del Ministerio Público, solo se va a resolver con una salida política, más allá de lo legal.

El tejido institucional del país está colapsado, el descrédito ciudadano de prácticamente todas las instituciones vigentes es enorme, la democracia se ha convertido en una quimera formal, la crisis política destruye la confianza empresarial para invertir, no hay salida a la crisis económica mientras ello perdure, el país se desangra con una pésima gestión ejecutiva del gobierno, en suma, una coalición de factores que lo único que permiten avizorar es que la situación va camino a empeorar.

Y el riesgo mayor es que esa pendiente de deterioro nos conduzca a unas próximas elecciones generales en las que el ciudadano vote con el hígado, repitiendo la debacle del 2021, en las que un candidato funesto, como Pedro Castillo, terminó de presidente, con los resultados consabidos. Al paso que vamos, si se mantiene el gobierno de Dina Boluarte hasta el 2026, el escenario va a ser peor.

Hoy más que nunca recobra sentido resetear el escenario. Y eso pasa por adelantar las elecciones generales, tanto presidenciales como congresales. Ello no resuelve la crisis institucional del Ministerio Público, de la Defensoría del Pueblo ni de la Junta Nacional de Justicia, pero abre un escenario bajo el cual, todos esos problemas pueden ser afrontados por una clase política nueva y no con la deleznable que hoy nos rige.

Lo más expeditivo sería que la presidenta Boluarte, consciente de sus limitaciones, renuncie y precipite un adelanto de elecciones, pero queda claro que ella está muy lejos de evaluar siquiera esa salida. Bueno, pues, que el Congreso, ampayado en triquiñuelas ilícitas, tome consciencia de la magnitud de la crisis y proceda a la vacancia presidencial por el tema de los muertos en las protestas, que más allá de la torpe maniobra de la fiscal Benavides, sí es un asunto que golpea la línea de flotación del régimen.

Y que sea un nuevo Congreso el que limpie la cancha y reconstruya la institucionalidad dañada del país. No se avizora otra salida a la crisis institucional del Perú. Podría irnos peor, sin duda, es un riesgo, pero al menos sabemos, a ciencia cierta, que si seguimos como estamos, vamos camino al abismo.

 

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Adelanto de elecciones, Crisis institucional, Democracia en riesgo, Fiscalía de la Nación

El operativo digitado por la controvertida fiscal Marita Barreto contra la Fiscal de la Nación y sus asesores, acusándolos de formar parte de una organización criminal (una vez más, se exagera el término para darle contundencia a la investigación) es, claramente, una respuesta de un sector del Ministerio Público a la ofensiva de Patricia Benavides, y que ha hallado chats comprometedores y explosivos que revelan coordinaciones indebidas del equipo allegado a la fiscal de la Nación.

Los chats revelados anoche son lapidarios y corroboran un cabildeo parlamentario, pero no debería generar por ello la triunfal sensación de impunidad que, por ejemplo, la inhabilitada exfiscal Zoraida Ávalos ahora quiere enarbolar. A ella se le destituyó por querer hacerse de la vista gorda en las obligadas investigaciones que correspondían contra el expresidente Castillo, tanto así que no fue Patricia Benavides sino Pablo Sánchez quien las abrió. En esa perspectiva, hizo bien el Congreso en sancionarla.

Hace décadas la lucha intestina en el Ministerio Público y el Poder Judicial era entre apristas y caviares. Ahora lo es entre conservadores y caviares, y un coletazo de esa pugna es la que hemos visto estas últimas horas, con la investigación a Benavides como cabecilla de una organización criminal y la destitución en la madrugada de la fiscal Marita Barreto.

Como bien ha declarado el suspendido fiscal Rafael Vela, la fiscal de la Nación, estaba atrapada en los juegos políticos de supervivencia, dedicada a ello más que a sus menesteres fiscales. Ello, por lo que se ve, le está pasando factura, sin importar que el fiscal Vela tenga autoridad para pontificar luego de su cuestionable conducción del proceso Lava Jato (debió ser destituido hace tiempo por ello, y no por las razones tontas con las que ha sido suspendido).

En suma, estamos siendo testigos de un “juego de tronos” al interior de la Fiscalía, el que hay que analizarlo con las precauciones del caso. Los responsables de coordinaciones extralegales deberán asumir sus actos, pero sería ingenuo leer lo que está pasando sin entender el trasfondo político de lo que está aconteciendo.

 

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Chats Comprometedores, Lucha Interna, Ministerio público, Organización Criminal

[PIE DERECHO] Hay que seguir con atención el desenvolvimiento de Javier Milei en Argentina. Ya el solo hecho de que haya triunfado electoralmente una opción libertaria en un país lastrado por el peronismo, es una noticia que hay que saludar. El populismo económico ha destruido la economía argentina y una buena gestión macroeconómica, como promete Milei, debería enderezar el rumbo.

Hace bien, por cierto, Álvaro Vargas Llosa en entrevista que hoy le hace Milagros Leiva en el Comercio, distinguiendo a Milei de Donald Trump, un antiglobalista, proteccionista y hasta estatista (infló el presupuesto público de una manera descomunal); Trump no tiene nada que ver con una propuesta que va en sentido contrario.

El liberalismo se juega mucho en la región con la manera como le vaya a Milei. Por eso la reacción destemplada y antidiplomática de gobernantes como Lula o Petro, quienes anteponen sus ojerizas ideológicas a las políticas de Estado que les corresponde llevar por la responsabilidad presidencial que les cabe.

Milei obviamente va a tener que moderar sus propuestas, ya lo está haciendo. Necesita hacerlo para poder gobernar con relativa estabilidad y entender que los tiempos deben ser administrados con astucia y perspicacia. Con que estabilice el delirio populista económico de Argentina ya habrá logrado bastante.

Las gestiones funestas de los regímenes de izquierda en la región ayudan, pero claramente no bastan para convencer al electorado peruano del grave error de votar por opciones de ese talante (si no, no hubiera ganado Castillo el 2021); se requiere la muestra palpable, fáctica, de que una opción diferente es eficaz y positiva. Milei puede jugar ese papel y convertirse en foco de irradiación continental.

Se necesita a gritos en el Perú una opción liberal integral. Lo mucho que se había avanzado en materia económica en los 90 se ha ido desmontado de a pocos y hoy tenemos un remedo regulatorio populista en casi todos los sectores productivos del país. Y en términos políticos institucionales casi no se ha avanzado nada y, por el contrario, lo que vemos hoy es un grave deterioro de los mismos, con la connivencia fatal del Ejecutivo y el Congreso.

La del estribo: no es una joya cinematográfica, pero es una película imprescindible Napoleón de Ridley Scott. No sé si habrá sido la intención del director, pero desacraliza a un personaje inflado por la historiografía oficial. Entre las megaproducciones de este año, me parece superior Oppenheimer, de Christopher Nolan y no tanto Los asesinos de la luna, de Martin Scorsese, a la que, en mi modesta opinión crítica, le sobraron al menos treinta minutos.

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Argentina Liberal, Economía, Javier Milei, peronismo
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