Es ese proceso virtuoso el que el fallo del Tribunal Constitucional y sus aliados políticos quieren tirarse abajo. Algo aún se puede hacer para revertir jurídicamente un proceso que, al parecer, ha sido mal llevado (hay ya una demanda de la Defensoría del Pueblo en ese sentido), pero se siente la ausencia de la voz palaciega que tome las banderas de la reforma y retome la iniciativa en un proceso que merece el mayor respaldo político e institucional.
El gobierno de Dina Boluarte tiene que hacer suya la reforma universitaria y disponer lo que esté a su alcance para corregir el entuerto armado por un tinglado de camarillas de abogados asociadas delictuosamente a las mafias de las universidades bamba, que mantienen en su poder recursos suficientes para torcer voluntades y corromperlas.