Se va asentando Dina Boluarte en Palacio. De hecho, posee mayor envergadura política que el mediocre antecesor que hoy purga justa prisión, pero eso claramente no basta para calibrar el juicio que en julio del 2024 corresponderá hacerle a su gestión.
Ella ha señalado que se va a abocar a tareas esenciales, como salud, educación y sector agrario. Es correcto darle ese sentido de urgencia y prioridad a aspectos esenciales para el buen gobierno de un país tan fracturado como el Perú y que exige un Estado ecualizador.
Pero tiene ante sí otras tareas políticas que es menester desplegar. Ya las hemos señalado, pero es preciso insistir en ellas. Primero, efectuar una purga masiva de todos los ganapanes contratados durante la gestión de Castillo, que entraron a robar o a ganarse un sueldo inmerecido por no contar con las calificaciones mínimas para los cargos asignados.
Segundo, ser muy estricta con cualquier atisbo de corrupción que inevitablemente va a aparecer durante su gestión en el aparato estatal. Es imposible controlar a los millones de funcionarios públicos que existen y la propia Contraloría no se da abasto para detectar las irregularidades. La prensa, más temprano que tarde, empezará a soltar denuncias que implicarán mandos bajos y también mandos altos. En ese momento, estará a prueba Dina Boluarte. Si hace la de Castillo, de protegerlos al máximo, verá erosionarse el respaldo popular que pueda haber ido ganando en estos días. Tiene que sobrerreaccionar frente a un tema que indigna a los ciudadanos.
Así como el Congreso tiene pocas tareas por delante a las que debe abocarse con sentido de prioridad (reformas políticas y electorales, dos o tres a lo sumo), el Ejecutivo también tiene poco espacio en la cancha para pretender ejecutar un plan de gobierno íntegro. Boluarte haría bien en acotar su mandato a dos o tres tareas centrales, más allá, obviamente, de las políticas públicas que corresponden a cada ministerio, que deben seguir su lógica normal (por ejemplo, las que corresponden a la tríada de ministros que debe poner coto al golpe antiminero que afecta el corredor del sur).
Un año y medio en el poder –que es el tiempo que le tocará estar a Boluarte en el cargo- es suficiente para transformar la debacle heredada y la ingobernabilidad recibida como lastre, en un gobierno viable y relativamente normalizado. Es cuestión de priorizar, descartar lo imposible o excesivo y ser plenamente consciente de que la transitoriedad de su gobierno la obliga a ello.
