Es una obligación política y moral del gobierno sacar adelante proyectos mineros como Conga o Tía María, más aún en circunstancias que los precios de los metales han alcanzado niveles récord en el mundo.

Ambos proyectos contaron con resistencia social en su momento, pero es dable pensar que la misma haya amainado ante la constatación de que sin inversión minera no hay canon ni regalía y que los gobiernos locales viven de eso para poder tener fondos de inversión. El aumento de la pobreza puede ser un acicate para que los ciudadanos de las zonas de influencia acepten, por fin, que la inversión privada es la única forma de derrotar la miseria.

Cabe recordar, además, que ambos proyectos estuvieron a punto de salir, si no fuera por las torpezas del gobierno de Humala y de la propia Southern en los orígenes de los mismos, respectivamente. Ya se ha corregido en gran medida esos dislates y se espera, en consecuencia, que el gobierno pueda prosperar en el intento.

Ambos son, además, proyectos emblemáticos y de salir adelante darían una señal a la comunidad inversora que podría desatar el nudo que hoy ata a la inversión privada, a pesar de la estabilidad macroeconómica, no obstante el relativo descontrol fiscal que el MEF está permitiendo (y que puede agravar si insiste en la tozudez de apoyar al reflotamiento de Petroperú).

El mejor ejemplo de cómo la inversión privada reduce la pobreza es el gobierno de Alan García, que la redujo de 50 a 27%, la mayor rebaja de la historia peruana y de América Latina. Si el gobierno, con el empeño de Rómulo Mucho en el Minem, logra sacar adelante Conga y Tía María, verá cómo se despiertan los impulsos capitalistas, hoy contenidos, y podría arrojar al final de su mandato cifras de mejora en los indicadores de pobreza que hoy vienen aumentando.

Si logra ello, podría uno perdonarle al régimen que de acá al 2026 haga poco en otras materias, como lucha anticorrupción, inseguridad ciudadana, regionalización, salud y educación públicas. Un pueblo menos pobre, que retorne a la clase media, sería la mejor noticia como antecedente sociopolítico para las elecciones del 2026. La pandemia nos trajo a Castillo. Que la parálisis de la inversión privada no nos traiga otro radical en el futuro.

Hay quienes ingenuamente creen que Antauro Humala va a ser un bluff político, que apenas comience la justa electoral se va a desinflar y perderá el interés que hoy genera.

Craso error de juicio político. Antauro Humala es un líder elocuente, inteligente, disparatado, pero que en su disparate mismo comulga con las expectativas populares. Sus anuncios de expropiaciones de medios de comunicación, por ejemplo, nos agarran cuando nunca antes han estado tan desprestigiados los medios de comunicación. Su discurso en contra de las grandes empresas nos coge en medio de una situación terrible de descrédito del gran capitalismo (según encuesta de Ipsos, el 90% de peruanos cree que acá unos pocos gobiernan para su propio beneficio).

Con astucia, Antauro busca “posicionarse”, además, como el Bukele peruano, recogiendo así la alta expectativa local -y regional- que existe en favor del autoritario mandatario salvadoreño por su lucha contra las bandas delincuenciales en su país.

Antauro, por lo demás, no está quieto. Recorre a diario el país, particularmente el sur andino, haciendo política de verdad y no aquella que cree que basta salir en medios limeños para sembrar presencia y posterior endose electoral.

Este columnista está convencido de que Antauro será contendiente de la segunda vuelta del 2026. Lo único que podría sacarlo de carrera es que aparezca y crezca otro candidato disruptivo radical (allí asoman Guido Bellido y Aníbal Torres), que lo supere en radicalismo y lo haga fragmentar el voto -ojalá que ello ocurra- y arruinar la posibilidad de que la izquierda radical dispute la segunda vuelta.

De lo contrario, y si persiste la fragmentación de la centroderecha (ya hemos visto que, felizmente, hay esfuerzos por remediarla), tendremos no solo a un candidato radical sino probablemente a dos en la segunda vuelta y nos encaminaremos a perder el país. Se juega mucho el 2026. A riesgo de parecer obcecada, no se cansará esta columna de advertirlo.

El Perú perdió atractivo minero por tercer año consecutivo. En el ranking anual de Fraser Institute 2021, el índice de atracción de inversiones mineras que mide factores geológicos y políticos, muestra que el país cayó a 61.64 de puntaje, luego de haberse situado en 70.41 en 2020. Se trata de la puntuación más baja desde por lo menos el 2017, según datos del estudio, señala Semana Económica. 

Este año, la encuesta del think tank canadiense evaluó a 84 jurisdicciones. En relación a puesto, el Perú se ubicó en el 42. Esta es la ubicación menos atractiva del país en las últimas cinco evaluaciones. En 2018, con una cantidad semejante de jurisdicciones evaluadas, Perú llegó a ocupar el puesto 14, agrega la publicación.

“Perú experimentó una disminución en su puntaje PPI de casi 29 puntos, la disminución individual más grande en el puntaje PPI(Policy Perception Index) en América Latina y la Cuenca del Caribe. Los encuestados plantearon problemas importantes en torno a las regulaciones ambientales, la duplicación e inconsistencias regulatorias y la seguridad”, señala el reporte de Fraser Institute.

Hoy, por el índice publicado, resalta el tema minero, pero lo mismo sucede con todos los sectores productivos del país (agro, pesca, pymes, servicios de infraestructura, asociaciones público privadas, etc.).

Hay una sobreregulación dictada por ONGs que solo tienen como interés refrenar el desarrollo capitalista del país por ojerizas ideológicas y que influyen en los tomadores de decisiones para que vaya complicándose cada vez más el tema sectorial (el caso forestal es otro donde el ataque del tinglado izquierdista impone sus reales).

Es una batalla que un gobierno progresista liberal debe dar si quiere que el Perú recupere la dinámica de inversión que teníamos hasta el 2011 y que, luego, gracias a la mediocre gestión de Humala, fue perforándose hasta llegar a un Estado interventor y un sector privado cada vez más maniatado.

En el excelente libro La crisis del capitalismo democrático, Martín Wolf, editor jefe de Economía del Financial Times, estima que hay una crisis profunda en el matrimonio de ambos sistemas, la democracia representativa y el capitalismo de mercado.

Esa distancia y crisis creciente abarca no solo a los países desarrollados sino que se escenifica también en países como el Perú. Sugiere, sin embargo, que hay caminos de solución. Y propone una receta aparentemente sencilla, pero compleja que se puede resumir en: 1.- un nivel de vida creciente, ampliamente compartido y sostenible; 2.- buenos empleos para quienes puedan trabajar y estén dispuestos a hacerlo; 3.- Igualdad de oportunidades; 4.- Seguridad para quienes la necesitan; 5.- Fin de los privilegios especiales para unos pocos.

Suena a una agenda sencilla, pero resume una alta complejidad y laboriosidad, sobre todo en países como el Perú. Veamos. 1.- implica una política proinversión privada intensiva y excepcional para salir del marasmo en el que nos encontramos. Supone una coordinación interministerial y un equipo de tecnócratas afiatado. 2.- combatir la terrible informalidad y no se ve en el horizonte otra opción que reducir los sobrecostos que impiden que la nueva masa laboral encuentre un empleo digno, con beneficios sociales. 3.- crucial es la provisión de salud y educación públicas de calidad. Es un esfuerzo político y burocrático descomunal. Casi podríamos decir que podría gastar todas las energías políticas de un gobierno emprender ambos cometidos. 4.- si eso es tarea primordial en naciones del primer mundo, en sociedades como la nuestra ya implica restaurar el contrato social roto por las mafias ilícitas que ya controlan buena parte del statu quo político. 5.- Tarea esencial la de construir un capitalismo competitivo, alejado de las prebendas gubernativas y los privilegios fiscales que con fruición consiguen a través de un Congreso solícito.

En esta tarea pueden y deben coincidir desde la centroizquierda democrática hasta la centroderecha. Supone un esfuerzo político del primer orden y que requiere consensos amplios, impulso político, mayoría congresal, además de voluntad férrea de emprender reformas a fondo.

Hay muchas más por agregar en el Perú (regionalización, reforma del Estado, institucionalidad política y electoral, etc.), pero un buen comienzo y una tarea propia de un mandato democrático es la que nos plantea Wolf.