Hay más de treinta ciudadanos peruanos pretendiendo acceder al poder presidencial el 2026. Aquí algunas preguntas que habrá que exigir que el postulante responda:

-¿Cómo va a solucionar el problema de la inseguridad ciudadana? Que se diga con lujo de detalles. ¿Va a cambiar la política penitenciaria, el código penal, va a reorganizar a la policía? Que nos lo explique sin palabreos ni generalidades.

-¿Cómo va recuperar la senda de la inversión privada y el crecimiento económico? ¿Qué señales piensa dar? ¿Va a privatizar Petroperú y Sedapal? ¿Va a sacar adelante los proyectos mineros de Conga y Tía María?

-¿Cómo piensa desterrar la corrupción pública, un cáncer nacional? Desde la cúspide hasta la sima del poder está contaminada por la corrupción. ¿Mayores penas? ¿Más capacidad disuasiva o preventiva a la Contraloría? ¿Cambio en las contrataciones del sector público? ¿Reducción del Estado y sus “peajes”?

-¿Qué piensa hacer con el desastre de la regionalización? ¿Va a recentralizar algunas funciones? ¿Cuáles? ¿Va a ahondar el proceso, acaso federalizando el país? ¿Cómo piensa mejorar la eficiencia del gasto público en los gobiernos regionales y locales? ¿Piensa cambiar el manejo de las regalías y canon minero?

-¿Qué va a hacer para instaurar un sistema de salud pública mínimamente digno? ¿Unificará el Minsa con EsSalud? ¿Aumentará el presupuesto del sector y en cuánto? ¿Cómo piensa derrotar a las mafias sindicales del sector? ¿Qué piensa del denunciado oligopolio farmacéutico, de seguros y clínicas? ¿Lo va dejar tal como está? ¿Va a aumentar las alianzas público-privadas en el sector?

-¿Cómo planea recuperar el nivel de la educación pública, hoy tan venida a menos, y no por culpa del Sutep, como la derecha radical esgrime, sino por malas políticas educativas? ¿Retomaría las reformas iniciadas por el exministro Jaime Saavedra? ¿Lo convocaría de ministro?

-¿Cómo piensa manejar el rol del Perú en el creciente conflicto chino-estadounidense? ¿Mantendrá una postura no alineada o cederá a las presiones de Washington? ¿Impondrá alguna restricción a la inversión china?

No podemos elegir nuevamente a improvisados para que ocupen Palacio. El país ha perdido un lustro producto de la incompetencia y la medianía de quienes, por albur, llegaron al poder. No nos puede volver a pasar lo mismo y eso depende mucho de una ciudadanía activa y una prensa inquisidora.

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Candidatos, Elecciones, tafur

[PIE DERECHO]  El remezón capilar a la presidenta Boluarte en Ayacucho, debiera ser un jalón de orejas para los sectores del centro y la derecha, que están viendo anidar y crecer un poderoso sentimiento de frustración y cólera en toda la zona del sur andino respecto no solo del gobierno sino de todo el establishment, sin hacer algo al respecto.

El sur andino (Puno, Cusco, Arequipa, Tacna, Moquegua, Apurímac, Huancavelica y Ayacucho), representa al 19% del electorado nacional. De no variar la situación, lo más probable es que vaya a votar en la primera vuelta del 2026 como lo hizo en la segunda vuelta del 2021 (80% a favor de un candidato radical de izquierda). Eso implica al menos el 15% de votación para la izquierda. Sumado al voto andino del centro y norte, más el resto del país, podría permitir que dos candidatos de ese perfil disputen la segunda vuelta.

Hay que tener presente los reales niveles de votación del 2021. Más allá de la contabilidad respecto de los votos emitidos, o, peor aún, de los votos válidos, lo cierto es que Pedro Castillo pasó a la segunda vuelta con apenas el 10.77% de los votos respecto de la población electoral, y Keiko Fujimori obtuvo el 7.63%.

Se entenderá que con el potencial voto señalado párrafos arriba, el temor de un resultado propicio a sectores radicales es alto. Cabe señalar, además, que Puno es el centro geopolítico del sur andino y allí Castillo obtuvo casi el 90% de los votos válidos en la segunda vuelta del 2021. Ese respaldo se ha mantenido parcialmente, al extremo de que la mayoría de ciudadanos puneños avaló el golpe de Estado castillista, según encuestas del momento.

El gobierno ha descuidado por completo al sur andino y es patético observar a la primera mandataria tratando de soslayar el rechazo que sufre en esa región, acudiendo poseramente a ellas, con los resultados lamentables conocidos.

Pero más desolador es apreciar a los precandidatos de este espectro ideológico (del centro a la derecha) y a las élites académicas o empresariales identificados con dicha raigambre ideológica, dejando al sur andino políticamente abandonado, creyendo, quizás, que por puro decantamiento, el ánimo anti establishment allí preponderante va a amainar, cuando todo hace suponer que, más bien, va a ahondarse.

[PIE DERECHO]  Ahora que se ha reactivado la Comunidad Andina de Naciones, CAN, que conforman Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia (se debería, dicho sea de paso, volver a integrar a Venezuela y Chile), a propósito de la ola delincuencial que azota a la región y que la ha convertido en la más violenta del planeta, se debería discutir planteamientos disruptivos, fuera de la caja burocrática que suele adocenar las decisiones de este conglomerado regional.

Sería un saludo a la bandera que las discusiones al respecto deriven tan solo en acciones de coordinación policial entre los países miembros. Obviamente, algo así es pertinente, pero está muy lejos de ser la llave del éxito para lograr amainar la criminalidad rampante en todos los países del continente.

No hay otra manera de enfrentar a las mafias delictivas, muy poderosas económicamente hablando, provistas de armamento superior al de las fuerzas del orden, y con influencia corruptora de la policía y militares, además de Fiscalía y Poder Judicial y crecientemente autoridades políticas, como no sea estableciendo una política regional, común y acordada, para la legalización absoluta de todo el circuito de la droga en una región que alberga a los principales productores de hoja de coca y de cocaína del mundo.

Si se legalizara, se acabaría con el poder económico y capacidad corruptora del narcotráfico. Y ello conllevaría un beneficio social infinitamente mayor al que supondría un eventual, aunque improbable aumento de la drogadicción entre la ciudadanía (improbable, porque ya ahora, quien quiera puede conseguir droga hasta en el kiosko de la esquina).

Lo ideal sería que con la fuerza de lanzar este planteamiento como bloque regional, se convenza a los Estados Unidos y la Unión Europea a que se sumen al mismo, siendo evidente que la prohibición en los países consumidores solo alienta la riqueza de las mafias locales (la DEA debe ser el principal negocio global de Washington).

No hace falta invocar derechos liberales al uso del propio cuerpo como uno libremente desea, para justificar esta propuesta. Compartimos el ideario detrás, pero son razones potentemente pragmáticas las que deberían conducir a atreverse a cruzar un Rubicón moralista que lo único que está haciendo es condenar a los países de la región a la violencia criminal creciente.

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CAN, legalizar drogas, narcotráfico

[PIE DERECHO]  Si alguien pensaba que luego del desastroso año pasado, el gobierno entendería la urgencia de emprender reformas, algunas al menos, y de enderezar rumbos en materia política y económica, ya debería ir descartando esa remota posibilidad.

Los hechos recientes (participación irregular del hermano de la presidenta, mantenimiento de la coordinación con un Congreso corrupto y mediocre como pata de la mesa gubernativa, recule en el escandaloso caso de Petroperú, etc.), ratifican que este régimen no percibe el sentir de la calle y ello se corrobora con la torpe visita de la presidenta a Ayacucho, lugar sensible por los muertos con responsables encubiertos, y que ha merecido una bochornosa y repudiable agresión contra la propia primera mandataria.

Es una lástima que los dos bicentenarios significativos de la república, 2021 y 2024, transcurran en medio de la grisácea conformación de una coalición de poderes que a nada bueno va a conducir, como ya se aprecia en la persistencia en el error de uno de los socios y la tenaz recurrencia en los autoritarios manotazos institucionales del otro.

El personaje políticamente más inteligente del gobierno es el premier Alberto Otárola. En su haber figuran el control de la conflictividad social y el aseguramiento de un pacto con el Congreso que garantiza la estabilidad política del régimen, pero él debe saber que ambos logros no son ni remotamente suficientes para alcanzar una cuota de virtud en una gestión mediocre como la que regenta.

Como se ha dicho, pedirle reformas al gobierno de Dina Boluarte es un exceso político. Lo que sí cabe exigirle, sin embargo, es que en dos materias de gobernabilidad básica, como son la salida de la crisis económica y el alivio de la inseguridad ciudadana, arroje resultados tangibles.

Ambos temas están en la cancha de Otárola, el todopoderoso. La presidenta confía aún en él (a pesar de sus fricciones con el hermanísimo), pero ese cheque interno en blanco, no lo está sabiendo usar el Premier, como no sea en asegurar su permanencia, olvidándose de que su tarea primordial es mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Ese es el quid de todo gobierno y parece estar fuera de la agenda oficial.

La del estribo: notable el ciclo de cine peruano que organiza el Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Películas como El caso Monroy, El sueño de Ariana, Las cautivas, Rojo profundo, La decisión de Amelia, La erección de Toribio Bardelli y otras, en temporada que va hasta mediados de febrero. Entradas en el propio CCPUCP y en Joinnus.

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Crisis económica, Economía, Premier Otárola, Urgencia de Reformas

[PIE DERECHO]  El concepto de empresas públicas es caro a la izquierda, por lo menos a la izquierda retrógrada que tenemos en el Perú y en casi toda la región, pero desde ningún punto de vista es un precepto de modernidad administrativa.

Sólo el afán de lucro puede lograr que actividades tan importantes, como la refinación de petróleo, su exploración y explotación, su transporte por el oleoducto, la provisión de agua potable o la administración de aeropuertos, hagan coincidir el interés privado con el buen servicio público.

Privatizar Petroperú, Córpac y Sedapal (además de todas las empresas municipales de agua potable del país), coadyuvará a que el Perú recupere una dinámica de inversiones capaz de evitar el derroche, el mal servicio y la corrupción (tanto empresarial como sindical) que hoy afecta a las empresas mencionadas, alejándolas de todo propósito social o de beneficio colectivo.

En estos temas ya no necesitamos entrar a discusiones ideológicas. Es un tema práctico gerencial. El sector privado es infinitamente más eficiente que el Estado para administrar empresas y su gestión le evita, además, a todos los peruanos el riesgo de que ante una situación crítica, sea el erario nacional (es decir, todos los peruanos) el llamado a meter la mano en el bolsillo y solventar las pérdidas, como es el caso actual de Petroperú y su escandalosa solicitud de nuevos desembolsos del fisco para seguir con vida.

Ya no debería ser motivo de debate que el mercado debe ser el gran motor de la economía y el Estado, no siendo débil, cumplir un rol regulador y ecualizador de las fallas del mercado (que sí existen, a pesar de la prédica en contrario de los libertarios). Ese es el Estado del siglo XXI que garantiza el desarrollo de las naciones.

Lamentablemente, ni la izquierda ni la derecha peruanas parecen tenerlo claro. Ambas parecen ancladas en el siglo pasado, planteando fórmulas anacrónicas. Se necesita de una nueva derecha y, con más urgencia, de una nueva izquierda, que sepan coincidir en lo dicho en párrafos anteriores y diriman sus diferencias en el perfil que le quieran dar a la función mínima del Estado y a la amplitud de políticas morales (aborto, drogas, políticas de género, etc.).

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Corpac, Petroperú, Privatización, sedapal

[PIE DERECHO]  La decisión del Ejecutivo de promulgar, sin observaciones, la ley aprobada en el Congreso que elimina la obligatoriedad de las elecciones primarias, constituye un grave retroceso en el esfuerzo por democratizar a los partidos, en primer lugar, por mejorar la representación parlamentaria, en segundo lugar, y por establecer filtros que eliminen la proliferación de candidaturas en los próximos comicios, por último.

Encima de ello, de contrabando, la ley consolida el perverso sistema del voto preferencial y eleva a futuro (no afecta a los partidos con inscripción en curso) los requisitos para anotar una agrupación partidaria, exigiendo la friolera de 500 mil firmas para lograrlo (resucitando el tráfico corrupto de firmas para lograr semejante condición).

Resultado más tangible de esta contrarreforma: vamos a tener el 2026 una treintena de partidos, cuyas listas serán designadas a dedo por las cúpulas, y con un infame trasiego de dineros ilegales sosteniendo candidaturas que cainitamente se enfrentarán por conquistar el voto preferencial.

La desgracia democrática que hoy vemos en el Congreso de la República es producto del sistema legal que el susodicho poder del Estado ha decidido perpetuar. Es decir, vamos a tener más de lo mismo en el periodo político que se estrena el 2026. Adiós a la estabilidad política por tantos añorada. Salvo que se produzca un aluvión electoral que involucre a la votación parlamentaria, vamos a tener un Congreso fragmentado, con una alta cuota de transfuguismo y precariedad de los partidos que alcancen un sitio en su seno.

Es una calamidad lo que se avecina. Por lo menos habrá una treintena de partidos de todas las coloraturas y la impronta del fenómeno Castillo (un outsider improvisado apareciendo en el firmamento) hará que nadie dé su brazo a torcer y en el fondo de su alma aspire a reeditar una situación similar a la del 2021, destruyendo así la eventualidad de que se conformen frentes electorales que consoliden una propuesta ideológica.

En esta columna hemos venido luchando por crear un espacio de convicción respecto de la necesidad de que se conforme una gran coalición centroderechista, alejada de una izquierda que no tiene nada que aportar al país en el presente y de una ultraderecha bruta y achorada que tampoco tiene perspectivas de país. Como están dadas las cosas, esa gran coalición parece una quimera que sucumbirá a los egos políticos de todos los candidatos que se sienten presidenciables.

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elecciones primarias, Estabilidad Política, retroceso político, voto preferencial

[PIE DERECHO]  Lima es no solo la capital del país sino su ciudad más poblada, casi el 30% de la población del país vive en la capital y aporta más del 40% del PBI nacional.

Su rasgo más distintivo es el de la migración. Lima es una ciudad de migrantes. Casi el 40% de su población proviene de otras regiones del país y a ello hay que agregarle el 1.1 millones de migrantes venezolanos que ha acogido en la última década, con lo cual casi la mitad de su población no es limeña de nacimiento.

Muchos limeños de las élites perciben este fenómeno con espanto y lo identifican como el origen de todos sus males (lo mismo sucede en otras ciudades peruanas, como Arequipa, donde sus sectores altos requintan por la migración puneña). La verdad es que esa amalgama migratoria las ha hecho lo interesantes y ricas que son; como ocurre, dicho sea de paso, con todas las ciudades del planeta que han transitado por procesos similares.

Lima es la muestra étnica y cultural de todo el Perú, y a pesar de sus inmensos problemas, es una ciudad bullante, compleja, culturalmente muy rica (de paso, no comparto el chauvinista calificativo de “capital gastronómica” que algunos le endosan: no hay acá muchos lugares que ofrezcan comidas de otros países, como debiera tener una megaurbe como Lima; no hay ni siquiera un buen restaurante español).

A la par de esta asimilación de los flujos migratorios sin la edificación de ghettos excluyentes (estamos mejor, en ese sentido, que urbes del primer mundo, que no han sabido administrar el tema), se han ido edificando polos de desarrollo económico pujantes, propios de la cualidad migratoria de sus habitantes (el migrante es un megaindividuo, un protocapitalista al que la informalidad nacional le ha permitido florecer, sin necesidad de apoyos estatales o gubernativos).

Por ello, es Lima una ciudad derechista, reñida con aventuras radicales, como las que el postergado sur andino alberga, a pesar de ser una región también signada por el emprendedurismo popular comercial. Dicho sea de paso, hay allí un chip potencialmente positivo que las élites no han entendido que deben instalar para agregar al sentimiento nacional procapitalista a casi un 20% de la población nacional y hacerlo parte de lo que José Matos Mar llamó desborde popular y Hernando de Soto, “el otro sendero”.

Corresponde celebrar las características del poblador de esta conjunción de valles, que es la capital de la república. Lima, a la que le ha dedicado tantos cantos la música criolla y a la que aún falta que la épica de la cumbia, la música popular del presente, le cante igual.

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Aniversario, Diversidad cultural, Lima, migrantes

[PIE DERECHO]  La última encuesta anual de Lima como vamos, ratifica, en Lima y Callao, lo que sucede a nivel nacional: el principal problema, de lejos, es el de la inseguridad ciudadana. Así lo considera el 70.9% de los habitantes de Lima y Callao. Muy lejos, en segundo lugar, la limpieza pública, con 34.9%, seguido de corrupción de funcionarios (33.8%), contaminación ambiental (32.8%) y, además de otros, calidad del transporte público (24.7%).

Un 87% se muestra insatisfecho con la seguridad ciudadana y curiosamente, el problema es percibido más significativamente en el sector A (con 82.1%), a diferencia del E, donde un 58.6% lo considera el problema más importante. Da para un análisis más profundo esa diferencia sociológica del mapa del delito, ya que los medios parecieran transmitir la percepción de que éste ocurre con mayor intensidad en las zonas más empobrecidas de la ciudad.

De otro lado, preguntada la población respecto de qué medidas la harían sentirse más segura, barre la respuesta de “patrullaje continuo de la policía o del serenazgo (con 72%), cámaras de seguridad (54.8%), casetas de serenazgo (34.1%), iluminación de calles (32.1%). Es decir, se reclama mayor presencia del Estado.

Sorprende ingratamente, al respecto, ya no solo la ineficaz respuesta del gobierno frente a esta situación (en sus últimas decisiones ha demostrado no saber qué hacer sobre la materia), sino, sobre todo, la inexistencia de propuestas por parte de la clase política nacional. No hay precandidato alguno que haga del tema su eje programático y no plantee, por ende, una solución o una alternativa respecto de qué hacer frente a este problema, lo que explica en gran medida el malestar ciudadano expresado en las encuestas sobre la democracia.

Una democracia incapaz de asegurar el cumplimiento de la cláusula primera del contrato social, es decir, la provisión de seguridad, la defensa de los derechos a la propiedad y a la vida, es una democracia fallida.

No sorprendería, si se pudiera hacerle la pregunta al millón y medio de peruanos que ha migrado al extranjero en los dos últimos años, que la inseguridad ciudadana sea una de las razones consideradas para tomar esa decisión radical. Si desde ya, como otra encuesta ha señalado, más de un millón de peruanos paga cupos a las mafias de la extorsión, se entenderá que la zozobra que ello conlleva pueda dar sustento a decisiones de esa envergadura.

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Democracia, inseguridad ciudadana, Migración, Propuestas políticas

[PIE DERECHO]  Como lo venimos sosteniendo desde hace años -y lo seguiremos haciendo hasta el hartazgo-, los riesgos de la democracia peruana y su proyección económica, no provienen solamente de una izquierda que, como la peruana, no tiene nada que aportar al país, como no sea autoritarismo y destrucción de la economía, sino también de una ultraderecha populista, que felizmente no ha agarrado cuerpo y difícilmente lo hará luego del fiasco gubernativo de Rafael López Aliaga.

Con mayor razón la urgencia de que se consolide un frente de centroderecha, cuya centralidad transite por la necesaria reconstrucción de instituciones como el Ministerio Público (hoy absolutamente degradado), el Poder Judicial, la Policía y las Fuerzas Armadas, la reforma política, la construcción de un eficaz sistema de salud y educación públicas, etc., pero que no descuide un ápice la urgente e imperativa apuesta por una vigorosa economía de mercado, capaz, solo ella, de hacernos recuperar la senda del crecimiento económico, única vía de reducción de la pobreza y de reinstalación en la pendiente progresiva que habíamos logrado entre mediados de los 90 y la primera década de este siglo.

En el Perú reciente no se ha hecho casi reforma alguna en los últimos lustros, ni siquiera en los tiempos de vacas gordas, y ese déficit nos estalló en la cara con el triunfo de Pedro Castillo. Lamentablemente, nos ha tocado en suerte un gobierno cargado de medianía como el de Dina Boluarte, del cual sería iluso esperar reformas de algún tipo, y esa estabilidad mediocre abona en favor de los candidatos que ofrecen patear el tablero del statu quo el 2026.

Con mayor razón se impone una urgente coalición democrática que no solo aumente las posibilidades de un triunfo electoral, sino que el mismo vaya acompañado de un respaldo parlamentario que la libre de las recurrentes crisis políticas que han hecho que en los últimos siete años tengamos cinco mandatarios.

Desde la sociedad civil sería saludable que haya presión hacia la clase política ubicada del centro hacia la derecha liberal, para que constituya un gran frente electoral, que sirva de contención a la izquierda en su conjunto (ni la versión moderada se salva) y a la ultraderecha conservadora y autoritaria que insiste en alcanzar protagonismo impulsado por la ola regional.

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#Reconstruccion Institucional, centroderecha, Democracia, Economía
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