Rafael Lopez Aliaga

El litigante compulsivo

Una empresaria a la que le arruinaron la vida, un periodista demandado después de rectificarse, un sindicato al que quieren disolver, una docena de funcionarios denunciados por hacer su trabajo y un socio que reclamó, alguna vez, jugadas fraudulentas para tomar el control de una empresa. Sudaca buceó entre expedientes judiciales que muestran un lado poco amigable de Rafael López Aliaga. La palabra “intimidación” se repite entre los entrevistados

Rafael López Aliaga parece haber convertido el litigio en una afición compulsiva. Desde el 2006, su nombre figura en 71 carpetas fiscales: 11 de ellas como demandado y todas las demás como el hombre que gatilla las acusaciones. Sus empresas son protagonistas de decenas de expedientes más. La aplastante maquinaria legal al servicio del hoy candidato no sólo lo ha sacado de apuros en más de una ocasión, sino que ha sometido a sus rivales, en una demostración de músculo legal, a largos y estresantes procesos judiciales.

 

María Escalante Aragón, por ejemplo, tuvo que enfrentarse por cuatro años al staff de abogados de PeruRail, la empresa ferroviaria cuyo directorio López Aliaga preside desde hace varios años. La razón: un delito que no cometió. “Nunca podré ser la persona próspera que era antes. Lo perdí todo gracias a la empresa PeruRail”, dice.

 

Escalante es gerente de la empresa Promoturs, que durante años vendió los tickets del tren que lleva turistas a Machu Picchu a cambio de una comisión. Todo se hacía a través de sistemas de cómputo. En el 2012, PeruRail la acusó de haber clonado tarjetas de crédito para vender los tickets y quedarse con un porcentaje de las ventas. Tuvo que enfrentar un largo proceso por hurto agravado.

 

“El 26 de enero del 2012, me encontraba en oficinas de PeruRail depositando dinero. Me llamó mi secretaria diciendo que había mucho policía, muchos periodistas en el local de Promoturs. Cuando llegué, los agentes sacaron todo. La fiscal me dijo que me estaban acusando de comprar boletos con tarjetas clonadas. Se llevaron los equipos de cómputo y los papeles”, cuenta Escalante.

 

Cuando el caso pasó de la policía de Cusco a la Dirincri de Lima, la acusación se desmoronó. Fue el 2014. “En las investigaciones se determinó que el 27 de enero aparecieron registros de boletos comprados con tarjetas clonadas. Eso fue un día después de la incautación cuando se supone que las computadoras estaban en manos de la policía de Cusco”, explica Escalante.

 

La mujer muestra a Sudaca la resolución de marzo del 2015 que finalmente archivó su caso. Pero no fue una verdadera victoria: en el curso del proceso perdió amigos y la confianza de otros empresarios. La veían, dice, como una estafadora. Parte del daño colateral fue terminar su matrimonio y abandonar los planes de estudios que tenía para sus tres hijos. Su negocio quebró.

 

El 2016, le escribió al ahora candidato López Aliaga por redes sociales. “Quería llegar a un acuerdo, porque aún estaba a tiempo de recuperar a mis clientes. Me habían dicho que era una persona muy noble, amable. Le escribí a su Facebook, pero me bloqueó”, se lamenta.

 

María Escalante empezó entonces un juicio de indemnización por daños y perjuicios que fue admitido en Cusco. Durante el proceso, PeruRail acreditó un robusto staff de 10 abogados, cuyos nombres quedaron registrados en una resolución judicial. María Escalante apenas podía costearse uno, y nunca llegó a confiar al 100% en quienes la asesoraron.

 

Hace dos años pasó por un peritaje psicológico ordenado por el juez, que determinó que estaba pasando por un cuadro de depresión. “Se encuentra en una situación de frustración puesto que también ha sido afectada a su familia, específicamente a su menor hijo, al cual le hicieron bullying porque le decían que su madre era una ladrona, así como a su esposo le condicionaron el contrato en la Universidad Andina (…) [Escalante] viene presentando un trastorno distímico”, se lee en el análisis de la perito psicológica Yulia Loaiza Manrique, el cual se menciona en una resolución del 2019.

 

Unos meses antes, en una resolución del 19 de junio, los peritos contables que solicitó el juzgado calcularon que le correspondería una indemnización de S/1.054.046. El brazo legal de la empresa, sin embargo, ha hecho que el proceso se alargue, según el abogado de Escalante.

 

“Estamos a la espera de que la jueza pueda emitir sentencia. Se ha demorado el proceso porque se han demorado en realizarse los peritajes y porque PeruRail ha tomado medidas dilatorias. Ha observado los peritajes psicológicos y contables. Desde que contestaron la demanda, presentaron varios abogados. Como si la empresa tuviera una política de intimidar a mi patrocinada”, dice el abogado Aarón Medina. Además de los abogados de la empresa, en este proceso PeruRail también recibió asesoría del prestigioso estudio Rodrigo, Elias y Medrano.

 

María Escalante Aragón
María Escalante Aragón: “Lo perdí todo gracias a la empresa Perú Rail”

Sindicato, no

Los líos judiciales de las empresas de López Aliaga se extienden a la cadena hotelera Belmond, donde es director desde 1999. Actualmente, y según información del Sindicato de Trabajadores del Hotel Monasterio del Cusco, al menos ocho exempleados buscan su reposición a través de juicios por despido arbitrario. Y hay contraofensiva: el sindicato mismo enfrenta un proceso que pretende disolverlo.

 

“El sindicato de trabajadores de Perú Belmond se crea el 2012, con un total de 60 personas. Lamentablemente empezó un proceso de amedrentamiento hacia los afiliados para que renuncien al sindicato y esto fue mermando la cantidad de asociados. Al no contar con el número mínimo, la empresa inició un proceso de disolución del sindicato. Pero en el tiempo que toma el trámite, logramos llegar a la cantidad necesaria de afiliados. A pesar de ello, el proceso judicial sigue hasta hoy”, explica a Sudaca Hernán Flores Siancas, secretario general del gremio.

 

Sus miembros tienen que arreglárselas para contratar un abogado que los defienda. Al otro lado del cuadrilátero, sin embargo, se sienta la crema y nata del litigio laboral cusqueño. “Los primeros años de negociación colectiva hablábamos solamente con el apoderado y el jefe de recursos humanos, pero hace algunos años contrataron a un bufete de abogados acá en Cusco: el estudio Salinas. Es, se podría decir, el estudio de abogados más caro de Cusco. Pagarle al estudio, pienso yo, es más caro que [pagar] los beneficios sindicales que conseguimos en las negociaciones colectivas”, apunta Flores, que nos atiende telefónicamente.

Rafael López Aliaga es un viejo conocido de los juzgados cusqueños. Su nombre figura en 17 carpetas fiscales, cuatro de ellas como imputado en casos de retención de remuneraciones, falso testimonio y corrupción de funcionarios. Todos estos casos, sin embargo, han sido archivados.

 

Arremetida sin sentido

A fines de febrero del 2017, cuando era columnista del diario Perú21, Luis Davelouis citó un extracto de una nota periodística publicada en ese mismo medio: “El buscapleitos de Castañeda”. La nota revelaba que Rafael López Aliaga había realizado 170 demandas ante la Fiscalía y el Poder Judicial. La autora colocó los descargos del ahora candidato de Renovación Popular. “Si usted publica algo de mí y de esas denuncias, yo la denuncio ante el Poder Judicial, al igual que ya tiene una denuncia por difamación su director”, consigna que le dijo.

 

Ese año, el director del periódico era Fritz Du Bois. “Yo me topé con el artículo, llamé a Fritz y le pregunté si podía usar esa cita. Me dijo que sí y que tenga cuidado con que [López Aliaga] me vaya a querellar como lo había querellado a él. Me lo dijo por teléfono”, recuerda Davelouis.

 

Su columna se tituló “Ley de medios y embudos” y contenía estas líneas: “Siendo director de este diario, Fritz Du Bois fue demandado por difamación por Rafael López Aliaga (sí, el «tío» de Butters que lamenta el recorte de la «libertad» de Phillip de insultar a quien le dé la gana). ¿Se imaginan que hubiesen botado a Fritz por la denuncia de alguien que utilizaba dicho mecanismo como amenaza?”.

 

López Aliaga entonces lo emplazó públicamente a rectificarse, negando que haya querellado al director del diario. Según dijo en su querella posterior, se le atribuía “ser una persona capaz de interponer una denuncia contra un periodista con la finalidad de amedrentarlo, lo que nunca ha realizado, y claramente perjudica su reputación”. Ello, incluso después de que el periodista se había rectificado.

 

“Finalmente me rectifiqué porque no encontré la demanda, pero igual me querelló. Era ridícula [la querella] porque yo no lo estaba difamando y ya me había rectificado. Si voy y le digo que es un ladrón y que me ha robado, entonces sí tengo que ir a demostrarlo. Pero estoy usando sus propias palabras”, dice el periodista. “A pesar de la exigencia de rectificación, el querellado no cumplió con hacerlo dentro del plazo establecido por la ley”, se justifica en la denuncia de López Aliaga.

 

El abogado de Davelouis, Julio Arbizu, recuerda que en todo el proceso tuvieron que enfrentar distintos asesores legales contratados por López Aliaga y que las notificaciones llegaban constantemente a su despacho. De acuerdo a Arbizu, los abogados de López Aliaga intentaron ingresar esa querella hasta en tres ocasiones, pero en todas fue rechazada. Arbizu pronto se dio cuenta de que estaban “ruleteando” la demanda. Es decir, intentando ingresarla de juzgado en juzgado hasta que alguien la admita. Eso terminó pasando hace un año.

 

El 18 de febrero del 2020, la Corte Suprema de Justicia de Lima admitió a trámite la querella. “No es que tú te puedas defender solito, tienes que contratar abogados. Es una situación estresante e incómoda. Hasta tres veces [se rechazó la querella] y se fueron a la Corte Suprema y, por una razón absolutamente extraña, dicen que todo vuelva a foja cero. O sea, me puede volver a querellar y seguimos cuatro años más en esto”, se queja Davelouis.

 

Luis Davelouis
La columna de marzo del 2017 por la que Luis Davelouis fue querellado.

Competencia en el ferrocarril

Tampoco los empleados públicos se han librado de las arremetidas del candidato ultraconservador. A fines del 2009, López Aliaga denunció a una decena de funcionarios del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y del Ositran por haber modificado normativa para abrir la competencia en el ferrocarril turístico a Machu Picchu, que hasta entonces PeruRail operaba en forma exclusiva. El caso fue archivado por la fiscalía.

 

«RLA es el tipo de persona que usa y abusa del sistema judicial para intimidar funcionarios y personas que se oponen a sus objetivos. Sin importar si sus objetivos son o no correctos. Alguien que asume el sistema legal como un arma de coacción, puede ser muy peligroso en una posición de poder político”, escribe a este medio una de las personas demandadas por López Aliaga en aquella ocasión, quien pidió mantener su identidad en reserva precisamente por temor a represalias legales.

 

Una junta y los Panamá Papers

En abril del 2011, Lorenzo Souza Debarbieri había sido absuelto de un proceso por difamación en su contra iniciado por su socio, Rafael López Aliaga. En paralelo, la conocida guerra entre ambos empresarios tenía un capítulo oculto: el hoy candidato presidencial fue acusado de tomar el control de una empresa hotelera de manera fraudulenta.

 

En el 2011, Souza le dijo a la fiscalía que López Aliaga y su socio Edward Yabar Gutiérrez, ambos accionistas de la empresa Perú Hotel Monasterio, habían celebrado una Junta de Accionistas ilegal en donde se nombraron nuevos representantes en el directorio y se reasignaron funciones.

 

López Aliaga tenía una medida cautelar que lo nombraba administrador judicial de varias empresas, incluida Perú Monasterio, desde el 15 de octubre del 2008. Pero Souza había conseguido que dicha medida caduque el 26 de agosto del 2011. Aun así, en setiembre de ese año, un mes después, López Aliaga celebró la junta de accionistas, de acuerdo la demanda.

 

Ante la fiscalía, el hoy candidato señaló que la resolución que declaró la caducidad de la medida no tenía “calidad de firme” al momento de celebrarse la junta. “La defensa de este procesado ha sido en todo momento demostrar que los hechos atribuidos a su persona, entre ellos la convocatoria y celebración de la junta, los realizó dentro de los alcances de las medidas cautelares que le favorecían”, se lee en un oficio fiscal a la que accedió Sudaca.

 

expediente falsedad
La denuncia por falsedad genérica realizada por Loreno Souza de Barbieri contra sus socios Rafael López Aliaga y Edward Yabar consignada en un oficio de la 5° Fiscalía Superior Penal de Lima.

 

Desde el 2016, los abogados de López Aliaga intentaron tirarse abajo el caso. Sobre el mismo hecho, se abrieron tres carpetas fiscales. En la fiscalía que llevó la investigación, sin embargo, explican que en dos de estas el Ministerio Público se allanó a la prescripción del caso. “No es que se le haya declarado inocente, es que los delitos prescribieron y la fiscalía se allanó a eso. Es lo que sucedió con Alan García, por ejemplo”, dice una fuente de la 19° Fiscalía Penal de Lima.

 

Quisimos hablar con el candidato de Renovación Popular sobre las frecuentes incursiones de sus abogados en distintos juzgados, pero al cierre de esta edición no recibimos respuesta de su equipo de prensa. Tampoco contestaron el teléfono que consigna el candidato en su sitio oficial de Facebook. Su staff legal debe estar ocupado en el proceso por lavado de activos que se le sigue al postulante por el caso Panamá Papers. La semana pasada pidieron una “audiencia de control de plazos”, argumentando que el tiempo establecido para las investigaciones preliminares ya concluyó. Aunque buscaban que el caso se archive bajo esos supuestos, el Poder Judicial rechazó su pedido. Es la tercera vez que piden lo mismo. Queda claro que chamba no les falta.

 

 

(*) Fotocomposición: Leyla López

Fecha de publicación: 6 de abril del 2021

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Tags:

Panama papers, PeruRail, Poder Judicial, Rafael Lopez Aliaga, Renovación popular

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