José Saldaña Cuba, abogado y docente de la Pontificia Universidad Católica del Perú, considera que esta propuesta debe ser revisada debido a que “la competencia de la administración del LUM recae en la participación de distintos órganos del Estado”. Resalta que” otros organismos, como los ministerios de Cultura, Defensa y Justicia, tienen competencia y participación” con respecto al Lugar de la Memoria, aunque es la Municipalidad de Lima la que otorga la autorización para el funcionamiento.
Para el abogado es claro que “la Municipalidad de Lima no puede decidir de manera unilateral y mucho menos sobre asuntos de tanta importancia como el contenido de la exposición”. Además, considera esta propuesta como una “imposición ideológica que tiene como principal problema el ocultamiento de la verdad y, por supuesto, de los crímenes perpetrados por las Fuerzas Armadas”.
Desde el punto de vista legal, Saldaña Cuba cuenta que existen opciones para evitar que el pedido de López Aliaga se convierta en una realidad. “Legalmente se pueden activar mecanismos judiciales como demandas de amparo que permitan que jueces ingresen a evaluar si estas medidas se ajustan a los derechos fundamentales como el derecho a la verdad. De esta manera se podría suspender los efectos de este tipo de decisiones administrativas”, expresó.
Mientras tanto, la embajada de Alemania, país que contribuyó con más de cuatro millones de euros en la creación del LUM, emitió un pronunciamiento en el que la embajadora alemana, Sabine Bloch, invita al nuevo alcalde limeño a conocer el contenido que brinda el Lugar de la Memoria en sus exposiciones y le pone principal atención a una en la que se incluyen a los familiares de los miembros de la PNP y Fuerzas Armadas víctimas del periodo de violencia.
La propuesta de Rafael López Aliaga parece estar lejos de concretarse al depender más del Ejecutivo que de la Municipalidad de Lima. Sin embargo, por tratarse de uno de los líderes políticos con una considerable influencia en la capital, vuelve a poner en el centro de las discusiones políticas el tratamiento que se le da a un periodo de la historia peruana que todavía no ha sanado y sobre el que existe, en varias regiones del país, una percepción de impunidad en favor de las Fuerzas Armadas.
El alcalde de Lima, Rafael Lopez Aliaga, ha mostrado interes en fomentar el uso de las nuevas tecnologías y en la convocatoria para el tratamiento de los residuos sólidos.
Al cierre de este informe, el alcalde de Lima se encuentra afrontando escándalos en sus primeras semanas de gestión. López Aliaga ha cambiado su postura a varias propuestas, como es el caso de los peajes. Antes mencionaba que era necesario desaparecerlos, sin embargo, ha mencionado que convocará una sesión del Consejo Metropolitano para recuperarlos. Entonces, con respecto al caso de las propuestas ambientales, ¿cambiará la postura de López Aliaga sobre la permanencia de Innova Ambiental? Se espera que honre sus compromisos.
Eso cambia con la consecución por parte de la derecha del segundo cargo político más importante del país. Castillo agregará a sus pesares el tener a un vecino vocinglero, beligerante y abiertamente crítico de sus andares. No será un opositor acomedido ni templado, sino todo lo contrario. López Aliaga debe haberse propuesto -y en ese plan parece que lo podrá lograr- convertirse en el líder de la oposición a Castillo.
Pedirle templanza a López Aliaga constituiría una ingenuidad absoluta. No está en sus genes serlo y el poder seguramente exacerbará esos rasgos de su carácter. Pero si a ese rasgo disruptivo, le agrega una gestión eficiente y que haga realidad las promesas hechas (particularmente, el generar un shock de inversiones en la ciudad), potenciará sus perspectivas políticas y va a ser muy difícil contener sus apetitos presidenciales el 2026.
Más allá de cual sea el escenario final y para no especular en demasía, cabe corroborar, sin embargo, con claridad, que Lima, la principal plaza electoral del país se ha pronunciado a favor del contrapeso al gobierno. Gran parte del voto por López Aliaga ha sido un voto anticastillista, que identificó en su principal contendor, Daniel Urresti, una excesiva complacencia con el oficialismo por parte de Podemos, el partido que lo acogía.
No es, entonces, un patrullero de la PNP ni un vehículo oficial. No obstante, ello no significa que no haya infracción. Usar los distintivos de los vehículos de emergencia, como sirenas y circulinas, en vehículos de uso particular también está prohibido. Así lo señala el artículo 255 del Reglamento Nacional de Tránsito, “Está prohibida la instalación de bocinas en los equipos de descarga de aire comprimido, así como el uso de sirenas, campanas, pitos de alarma u otros equipos que produzcan sonidos similares. Los vehículos de emergencia y vehículos oficiales son los únicos autorizados a usar señales audibles y visibles”.
En otras palabras, no se puede disfrazar un auto particular patrullero y sacarlo a la calle.
El Reglamento Nacional de Tránsito sólo autoriza a los vehículos de emergencia y oficiales a utilizar señales audibles y visibles, como es el caso de la circulina y sirena.
El Reglamento Nacional de Tránsito también señala que esta infracción es considerada grave, se multa con el 8% de una Unidad Impositiva Tributaria (UIT), se acumulan 20 puntos en la licencia de conducir que le será suspendida por seis meses si llega a 100 y, como medida preventiva, el vehículo disfrazado de patrullero debería quedar retenido.
El vehículo disfrazado de patrullero tendría que ser retenido y el propietario debería afrontar una multa económica y acumular puntos en su licencia de conducir.
Probablemente para un hombre que presume de su gran éxito en los negocios, como López Aliaga, no sea un problema pagar esa multa. Tampoco le debe afectar mucho la retención de un vehículo del que, muy probablemente, ni siquiera sea de su propiedad. Lo que llama la atención, en todo caso, es que un candidato a la alcaldía de Lima pase por encima de normas de tránsito que –supuestamente– debería conocer. Sudaca intentó obtener las versiones de Rafael López Aliaga y Víctor Marcial, pero hasta el cierre de este informe no obtuvimos respuesta.
El contrato entre el gobierno regional y Perú Belmond, además, establece que esta última es responsable de “satisfacer todo tipo de impuesto […] que afecte directamente a la explotación de la concesión”. Por lo tanto, le corresponde pagar el Impuesto General a las Ventas (IGV) de las retribuciones fijas y variables, como la misma empresa ha reconocido a este medio.
Sin embargo, la compañía alega que en el 2011 la SUNAT les informó que las retribuciones que pagaba al Gobierno Regional no deberían estar sujetas al IGV. Ese mismo año los representantes de Perú Belmond presentaron un recurso legal ante el Tribunal Fiscal solicitando la confirmación “de que debíamos seguir pagando el IGV al Gobierno Regional”. Este proceso legal duró 7 años y durante todo ese tiempo se produjo una situación contradictoria. Aunque sostenía que sí le correspondía pagar el IGV, la empresa administradora dejó de hacerlo entre 2011 y 2018. Los funcionarios del GORE, entonces, usaron parte del incompleto monto que llegaba a sus arcas –provenientes de las retribuciones fija y variable– para pagarle a la SUNAT. Así, la entidad asumió “el pago de este impuesto por más de 6 años” con recursos públicos, como evidencia el informe de la Contraloría.
“Ellos [Perú Belmond] informaron al GORE que, como tenían una controversia con la Sunat, ya no iban a pagar el IGV. Lo que la entidad debió hacer en ese momento es exigir que sigan con los pagos, porque es parte de sus obligaciones. Si se negaban, se podía rescindir el contrato por incumplimiento. Sin embargo lo único que hicieron los funcionarios del gobierno regional fue que, del monto que depositaba Belmond por las retribuciones, hacían el descuento para cubrir el IGV, porque este llegaba a nombre de la institución”, explica el procurador de Cusco.
Finalmente, en noviembre de 2018, explica la empresa, el Tribunal Fiscal determinó que ellos tenían razón y que “nuestros pagos al Gobierno Regional de Cusco debían estar sujetos al IGV”. Luego de ese veredicto, Perú Belmond le pidió al GORE que le facture el importe que debía cancelar por concepto de dicho impuesto y pagó “debidamente la suma total de 1,34 millones de dólares”, según señala un comunicado que compartió a este medio vía correo electrónico.
Sin embargo, quedaría un saldo por pagar. En un oficio enviado en mayo de este año por la gerencia de Administración del gobierno regional se le informó a la empresa administradora del Sanctuary Lodge que, cuando se calculó cuánto le correspondía devolver por los años que no pagó, “no se consideró dos cartas”, que juntas suman US$7,530. Dicho monto se encuentra “pendiente hasta la actualidad”, según el informe de la Contraloría. Y a ello habría que agregar los “intereses legales generados y multas”, según señala el mismo documento.
Un contrato cuestionado
No es la primera vez que la Contraloría advierte irregularidades en la administración del Hotel Sanctuary Lodge. Ya en enero de este año, el organismo de control advertía que el hotel vinculado al excandidato presidencial funcionaba de manera irregular. Y es que, inicialmente el periodo de concesión era solo hasta el 2015. Pero mediante una polémica adenda llena de vicios, firmada por el expresidente regional de Cusco, Jorge Acurio Tito, y representantes de Perú Belmond Hotel, se amplió la vigencia del contrato hasta el 16 de mayo de 2025.
De acuerdo con un informe de auditoría del año pasado, para que la adenda suscrita en noviembre de 2013 tenga validez se necesitaba que conste en escritura pública. Esto, sin embargo, se concretó recién el 27 de diciembre de ese año. Para entonces, Jorge Acurio Tito ya no era gobernador regional. Unos días antes había sido sentenciado e inhabilitado para ejercer cargos públicos por el Poder Judicial, por lo que su firma en la adenda ya no tenía validez.
La adenda express, además, fue tramitada “sin sustento técnico legal y/o financiero” que argumente las variaciones económicas que debían adoptarse, de acuerdo al mismo informe de la Contraloría. Tampoco se tomaron en cuenta los documentos emitidos por algunos consejeros regionales para sustentar su oposición a la renovación del contrato.
“La población de Cusco incluso ha rechazado la ampliación del contrato. Este gobierno regional actual y el consejo también estamos de acuerdo con que esta adenda sea revisada y anulada”, dice el consejero Néstor Velasco. Por ello, en 2017 el GORE Cusco presentó una demanda ante el Poder Judicial para buscar la nulidad de la adenda. Sin embargo, el año pasado se rechazó el pedido porque, según explica el procurador regional, “el caso debe llevarse mediante un arbitraje”.
La solicitud de arbitraje se presentará este mes, adelanta Pedro Galicia. Además, por todo lo evidenciado en los informes de la Contraloría, el GORE Cusco llevará a un segundo arbitraje a Perú Belmond Hotel S.A. “Esto se estaría presentando a más tardar en un par de meses”, afirma el procurador. Pero mientras estos procesos no se resuelvan, Perú Belmond seguirá administrando el Hotel Sanctuary Lodge.
Quizás sea el fujimorismo –por su mayor arraigo popular y protagonismo histórico– el llamado a dar el primer paso, anunciando que Keiko Fujimori no volverá a postular a la presidencia y, en cambio, asegurar su aporte a la búsqueda de un candidato del perfil señalado (que no encaja, por cierto, tampoco, con los de López Aliaga y De Soto, quienes también deberían dar un paso al costado).
Hay en la sociedad civil personajes que podrían ocupar ese lugar. Ninguno tiene aún la figuración necesaria, pero es buen síntoma el activismo derechista de los últimos meses. Es, “simplemente”, cuestión de esperar que se alineen los astros y la base social propicia concilie con la aparición de un candidato nuevo, capaz de hacerle frente al centro aguachento y a la izquierda ideológicamente desquiciada que lamentablemente predomina en el Perú de hoy.
De este problema tampoco es ajeno la sociedad civil (mundo empresarial, académico, tecnocrático), que ha dejado de producir insumos técnicos e ideológicos que alimenten o exijan a los políticos a mejorar su bagaje intelectual y elevar, por ende, el nivel de la política peruana, que debe ser uno de las más pobres de la región y del planeta.
El panorama de mediano plazo en el país no se ve promisorio. Quizás la mayor fortuna a la que podamos aspirar es a que llegue al poder alguien que simplemente gobierne con corrección, respete el modelo macroeconómico y minimice los escándalos. Y punto, paremos de contar. Grandes gobiernos reformistas requieren un arsenal de ideas claras que ninguno de los que asoma en el proscenio electoral peruano parece albergar.
Va a ser difícil sumar a este esfuerzo a Acción Popular, Alianza para el Progreso o Podemos. Bueno, pues, habrá tres o cuatro candidatos de centro, pero no ocho, como amenaza con ocurrir de no mediar un pacto, dispersando el voto de una manera fatal para la aspiración de que la segunda vuelta la disputen un candidato de derecha conservadora contra uno de centro liberal.
López Aliaga tiene una ventaja sobre el resto de contendores mencionados: es disruptivo. Y eso, en una contienda que va a ser polarizada, es una ventaja enorme. La izquierda tradicional no tiene ninguna chance, pero sí la radical (Antauro, Aduviri, Bellido, etc.) y frente a ella, se necesitará un candidato que también funja de antiestablishment.
López Aliaga, por lo que se ve hasta ahora, es el mejor candidato de la derecha. Si afina su discurso, gira un poco al centro y, sobre todo, deja de lado sus actitudes matonescas, podría crecer en su nivel de aceptación ciudadana. Ojalá la derecha -salvo que surja un candidato mejor- se agrupe e impida así que la disgregación del 2016 favorezca que un izquierdista radical pase a la segunda vuelta con apenas 19%.
El centro, por su parte, tiene que hacer lo suyo. No puede ser que se presenten seis o siete candidatos del mismo perfil. Tiene que haber un gran pacto de centro, en donde participen Alianza para el Progreso, Acción Popular, Somos Perú, los morados, Nieto, Cillóniz, etc. (no menciono a Podemos porque, al parecer, José Luna, les apesta a todos).
Si así ocurriese lo más probable es que la segunda vuelta del 2026 sea, como corresponde a la sociología electoral e ideológica del país, entre un candidato de derecha y uno de centro.
