Rafael Lopez Aliaga

Pagando los impuestos de Belmond

El contrato entre el gobierno regional y Perú Belmond, además, establece que esta última es responsable de “satisfacer todo tipo de impuesto […] que afecte directamente a la explotación de la concesión”. Por lo tanto, le corresponde pagar el Impuesto General a las Ventas (IGV) de las retribuciones fijas y variables, como la misma empresa ha reconocido a este medio. 

Sin embargo, la compañía alega que en el 2011 la SUNAT les informó que las retribuciones que pagaba al Gobierno Regional no deberían estar sujetas al IGV. Ese mismo año los representantes de Perú Belmond presentaron un recurso legal ante el Tribunal Fiscal solicitando la confirmación “de que debíamos seguir pagando el IGV al Gobierno Regional”. Este proceso legal duró 7 años y durante todo ese tiempo se produjo una situación contradictoria. Aunque sostenía que sí le correspondía pagar el IGV, la empresa administradora dejó de hacerlo entre 2011 y 2018. Los funcionarios del GORE, entonces, usaron parte del incompleto monto que llegaba a sus arcas –provenientes de las retribuciones fija y variable– para pagarle a la SUNAT. Así, la entidad asumió “el pago de este impuesto por más de 6 años” con recursos públicos, como evidencia el informe de la Contraloría. 

empresa vinculada a López Aliaga no pagó el IGV

“Ellos [Perú Belmond] informaron al GORE que, como tenían una controversia con la Sunat, ya no iban a pagar el IGV. Lo que la entidad debió hacer en ese momento es exigir que sigan con los pagos, porque es parte de sus obligaciones. Si se negaban, se podía rescindir el contrato por incumplimiento. Sin embargo lo único que hicieron los funcionarios del gobierno regional fue que, del monto que depositaba Belmond por las retribuciones, hacían el descuento para cubrir el IGV, porque este llegaba a nombre de la institución”, explica el procurador de Cusco.

Finalmente, en noviembre de 2018, explica la empresa, el Tribunal Fiscal determinó que ellos tenían razón y que “nuestros pagos al Gobierno Regional de Cusco debían estar sujetos al IGV”. Luego de ese veredicto, Perú Belmond le pidió al GORE que le facture el importe que debía cancelar por concepto de dicho impuesto y pagó “debidamente la suma total de 1,34 millones de dólares”, según señala un comunicado que compartió a este medio vía correo electrónico.

Sin embargo, quedaría un saldo por pagar. En un oficio enviado en mayo de este año por la gerencia de Administración del gobierno regional se le informó a la empresa administradora del Sanctuary Lodge que, cuando se calculó cuánto le correspondía devolver por los años que no pagó, “no se consideró dos cartas”, que juntas suman US$7,530. Dicho monto se encuentra “pendiente hasta la actualidad”, según el informe de la Contraloría. Y a ello habría que agregar los “intereses legales generados y multas”, según señala el mismo documento.

Un contrato cuestionado

No es la primera vez que la Contraloría advierte irregularidades en la administración del Hotel Sanctuary Lodge. Ya en enero de este año, el organismo de control advertía que el hotel vinculado al excandidato presidencial funcionaba de manera irregular. Y es que, inicialmente el periodo de concesión era solo hasta el 2015. Pero mediante una polémica adenda llena de vicios, firmada por el expresidente regional de Cusco, Jorge Acurio Tito, y representantes de Perú Belmond Hotel, se amplió la vigencia del contrato hasta el 16 de mayo de 2025.

De acuerdo con un informe de auditoría del año pasado, para que la adenda suscrita en noviembre de 2013 tenga validez se necesitaba que conste en escritura pública. Esto, sin embargo, se concretó recién el 27 de diciembre de ese año. Para entonces, Jorge Acurio Tito ya no era gobernador regional. Unos días antes había sido sentenciado e inhabilitado para ejercer cargos públicos por el Poder Judicial, por lo que su firma en la adenda ya no tenía validez. 

La adenda express, además, fue tramitada “sin sustento técnico legal y/o financiero” que argumente las variaciones económicas que debían adoptarse, de acuerdo al mismo informe de la Contraloría. Tampoco se tomaron en cuenta los documentos emitidos por algunos consejeros regionales para sustentar su oposición a la renovación del contrato. 

“La población de Cusco incluso ha rechazado la ampliación del contrato. Este gobierno regional actual y el consejo también estamos de acuerdo con que esta adenda sea revisada y anulada”, dice el consejero Néstor Velasco. Por ello, en 2017 el GORE Cusco presentó una demanda ante el Poder Judicial para buscar la nulidad de la adenda. Sin embargo, el año pasado se rechazó el pedido porque, según explica el procurador regional, “el caso debe llevarse mediante un arbitraje”. 

La solicitud de arbitraje se presentará este mes, adelanta Pedro Galicia. Además, por todo lo evidenciado en los informes de la Contraloría, el GORE Cusco llevará a un segundo arbitraje a Perú Belmond Hotel S.A. “Esto se estaría presentando a más tardar en un par de meses”, afirma el procurador. Pero mientras estos procesos no se resuelvan, Perú Belmond seguirá administrando el Hotel Sanctuary Lodge.

 

 

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Cuzco, Empresa, Rafael Lopez Aliaga

Quizás sea el fujimorismo –por su mayor arraigo popular y protagonismo histórico– el llamado a dar el primer paso, anunciando que Keiko Fujimori no volverá a postular a la presidencia y, en cambio, asegurar su aporte a la búsqueda de un candidato del perfil señalado (que no encaja, por cierto, tampoco, con los de López Aliaga y De Soto, quienes también deberían dar un paso al costado).

Hay en la sociedad civil personajes que podrían ocupar ese lugar. Ninguno tiene aún la figuración necesaria, pero es buen síntoma el activismo derechista de los últimos meses. Es, “simplemente”, cuestión de esperar que se alineen los astros y la base social propicia concilie con la aparición de un candidato nuevo, capaz de hacerle frente al centro aguachento y a la izquierda ideológicamente desquiciada que lamentablemente predomina en el Perú de hoy.

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derecha peruana, Gobierno, Hernando De Soto, Keiko Fujimori, Rafael Lopez Aliaga

De este problema tampoco es ajeno la sociedad civil (mundo empresarial, académico, tecnocrático), que ha dejado de producir insumos técnicos e ideológicos que alimenten o exijan a los políticos a mejorar su bagaje intelectual y elevar, por ende, el nivel de la política peruana, que debe ser uno de las más pobres de la región y del planeta.

El panorama de mediano plazo en el país no se ve promisorio. Quizás la mayor fortuna a la que podamos aspirar es a que llegue al poder alguien que simplemente gobierne con corrección, respete el modelo macroeconómico y minimice los escándalos. Y punto, paremos de contar. Grandes gobiernos reformistas requieren un arsenal de ideas claras que ninguno de los que asoma en el proscenio electoral peruano parece albergar.

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Daniel Urresti, Lava Jato, Rafael Lopez Aliaga

Va a ser difícil sumar a este esfuerzo a Acción Popular, Alianza para el Progreso o Podemos. Bueno, pues, habrá tres o cuatro candidatos de centro, pero no ocho, como amenaza con ocurrir de no mediar un pacto, dispersando el voto de una manera fatal para la aspiración de que la segunda vuelta la disputen un candidato de derecha conservadora contra uno de centro liberal.

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Rafael Lopez Aliaga, Renovación popular

López Aliaga tiene una ventaja sobre el resto de contendores mencionados: es disruptivo. Y eso, en una contienda que va a ser polarizada, es una ventaja enorme. La izquierda tradicional no tiene ninguna chance, pero sí la radical (Antauro, Aduviri, Bellido, etc.) y frente a ella, se necesitará un candidato que también funja de antiestablishment.

López Aliaga, por lo que se ve hasta ahora, es el mejor candidato de la derecha. Si afina su discurso, gira un poco al centro y, sobre todo, deja de lado sus actitudes matonescas, podría crecer en su nivel de aceptación ciudadana. Ojalá la derecha -salvo que surja un candidato mejor- se agrupe e impida así que la disgregación del 2016 favorezca que un izquierdista radical pase a la segunda vuelta con apenas 19%.

El centro, por su parte, tiene que hacer lo suyo. No puede ser que se presenten seis o siete candidatos del mismo perfil. Tiene que haber un gran pacto de centro, en donde participen Alianza para el Progreso, Acción Popular, Somos Perú, los morados, Nieto, Cillóniz, etc. (no menciono a Podemos porque, al parecer, José Luna, les apesta a todos).

Si así ocurriese lo más probable es que la segunda vuelta del 2026 sea, como corresponde a la sociología electoral e ideológica del país, entre un candidato de derecha y uno de centro.

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Hernando De Soto, Keiko Fujimori, Rafael Lopez Aliaga

INVESTIGADA

Otro nombre que resalta en la lista es el de Maria Payet Bedoya, nieta del fundador del PPC y actual regidora de Lima por ese partido. En 2019, Payet presidió la comisión que investigaba las concesiones de la Línea Amarilla y de Rutas de Lima, que habían hecho las gestiones de Luis Castañeda y Susana Villarán. Los casos se vienen ventilando en el Equipo Especial Lava Jato de la Fiscalía. “No hallaron nada. Esa comisión, prácticamente, ha sido un cero a la izquierda”, asegura el regidor Víctor Aguilar, de Podemos Perú.

3. Maria Payet PPC
Maria Payet Bedoya fue elegida como regidora este periodo con el PPC. Ahora va con Renovación Popular (foto: Facebook)

En las conclusiones del informe final, por ejemplo, la comisión atribuyó la responsabilidad en el caso de Línea Amarilla solo a los exalcaldes, cuando hay más personas involucradas. Vale la pena recordar que un ferviente defensor de la concesión de la Línea Amarilla a favor de la empresa brasileña OAS fue el mismísimo López Aliaga, cuando era regidor de Lima. De acuerdo a un acta de sesión de Concejo de junio de 2009, cinco meses antes de que se firmara el contrato, este insistió en lo beneficioso que sería que esta empresa contrate con la Municipalidad: “es una muestra de confianza muy grande a nuestro país. Estamos hablando de inversiones con recuperación de la inversión de capital al año 7-20, sin garantías auxiliares”, sostuvo en su intervención, convencido de que la actitud de la empresa era desinteresada. “Parece un trabajo honesto”, añadió.

Paradójicamente, la regidora Payet no solo siguió el caso Lava Jato desde la municipalidad; también está siendo investigada dentro del mismo. Desde hace tres meses, la Fiscalía la ha incluido en la investigación preliminar por el caso del proyecto Olmos, junto a más exfuncionarios como Yehude Simon. Durante el gobierno de Alejandro Toledo, ella fue asesora legal en Proinversión, el organismo adscrito al MEF que evaluó y licitó los proyectos investigados. 

“Han incluido a la mayoría de gente que ha trabajado en proyectos que ganaron estas empresas constructoras. Yo no era una persona importante, era una asesora legal más, solamente recomendaba. Si alguien ha tenido que ver, ha tenido que ser de un nivel más alto, como el presidente”, se defiende Payet cuando le consultamos por este tema.

‘LA RESISTENCIA’

Más allá de los líos judiciales y extrajudiciales, la lista de aspirantes a regidores está marcada por el ADN conservador del líder del partido. Hasta el extremo de simpatizar con grupos violentistas. La número 12 de la lista, Ahura Rocha Salazar, por ejemplo, quien fue regidora en 2003 por Solidaridad Nacional. Ella ha compartido en sus redes sociales los plantones y marchas protagonizadas por el violento grupo ‘La Resistencia’.

4. La resistencia
Una de las publicaciones compartidas por la candidata Rocha simpatizando con La Resistencia

Giuliana Calambrogio Correa, número 14 de la lista, es otra ardorosa defensora de posiciones ultraconservadoras. En sus redes sociales ha llegado a referirse sobre una mujer trans como “un hombre disfrazado y confundido” y ha compartido fake news, como la historia de un supuesto restaurante que ofrece en su menú embriones humanos. Ella ha sido vocera del colectivo ‘Padres en Acción’, presidenta de la ‘Asociación Peruana de Familias Numerosas’ e integrante del colectivo ‘Peruanos por la igualdad’, que se opone a la implementación del enfoque de género en la currícula escolar.

5. Calambrogio
Dos tuits de Calambrogio en los que insiste que las personas trans son personas con ‘disforia de género

Estos son algunos de los nombres que integran la lista de Renovación Popular rumbo a los comicios municipales de este año. A juzgar por esta lista, la renovación es solo de nombre.

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elecciones municipales, Rafael Lopez Aliaga

La declinación de Rafael López Aliaga a su candidatura presidencial y su invitación a que Keiko Fujimori haga lo propio, y a que, buscando un nuevo candidato, se conforme una coalición de derechas, es una propuesta sensata e inteligente.

Si además de ello, dicha coalición logra convocar a algunas fuerzas de centro identificadas con una economía de mercado (es el caso de sectores de APP, Somos Perú, Morados, Acción Popular o el PPC), podría constituirse una gran opción de centro derecha, capaz no solo de ganar las elecciones presidenciales venideras sino, sobre todo, de asegurar la gobernabilidad del régimen por un mandato completo.

Es menester que el Perú ingrese a una continuidad de regímenes proinversión, promercado, democráticos e inclusivos, para lograr acercarnos al estadio de desarrollo que ya habríamos logrado si la transición post Fujimori no hubiera sido tan reticente en el empeño de continuar las reformas estructurales que quedaron pendientes después de los 90.

Ya no se necesita un centro aguachento, mucho menos una izquierda anquilosada, como este gobierno ha permitido mostrar en su real dimensión, sino una derecha firme en sus convicciones y liberal en sus perspectivas políticas y económicas (este liberalismo es una tarea pendiente en la derecha peruana, sobre todo por el desembozado mercantilismo fujimorista).

La coalición es necesaria, porque la división reduce las respectivas votaciones y favorece que se entrometa algún candidato disruptivo (como fue el caso de Castillo), a pesar de que, según todas las encuestas, casi el 80% de la ciudadanía se autodefine ideológicamente como de centroderecha. Ese riesgo hay que evitarlo a toda costa, para no derivar en la ruleta de las segundas vueltas, más propensas a un voto emotivo, más actitudinal que racional.

Candidatos hay y surgirán nuevos. En ese sentido, la prisa más bien debería ir por consolidar ese gran pacto y después, con paciencia, decidir quién será el portavoz electoral. Y debería empezar a dialogarse al respecto con prontitud, ya que, por lo que se ve, este gobierno está haciendo todo lo necesario para no culminar su mandato el 2026. Podría haber elecciones antes de lo previsto y sería bueno que coja a la derecha preparada y dispuesta al desafío.

El mensaje de la derecha, si lo elige con pertinencia, puede ser muy potente: reactivación económica a fondo, resolución del caos delincuencial, reformas institucionales, nuevo Estado descentralizado, etc. Los problemas más urgentes de la ciudadanía hechos propuesta política. Si se logra, constituiría una brisa de real optimismo en medio de la desesperanza que hoy padecemos.

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Keiko Fujimori, Pedro Castillo, Rafael Lopez Aliaga

 

Desde hace doce años, Esteban Uceda Guerra-García no paga la pensión alimenticia de su hijo. Oficialmente adeuda S/48.500, según calculó un perito judicial solo hasta el 2019. “Él nunca se ha hecho cargo de su hijo. Ni siquiera le hizo una llamada telefónica”, se queja Diana Arias Stella Diez, que terminó demandando a Uceda. Hace 25 años que tuvo un hijo con este político. Durante gran parte de su vida, el joven no ha recibido el dinero que le corresponde de parte de su padre.

Las deudas de Uceda podrían crecer. En las últimas elecciones generales, tentó suerte al Congreso. Lo hizo de la mano de Hernando de Soto, en las filas de Avanza País. Y aunque afirma a Sudaca que es un “respetuoso de la ley”, no cumplió con presentar los informes de gastos e ingresos de su campaña. Por ello, la ONPE podría sancionarlo con hasta S/138.000.

Esta es la historia del precandidato a la alcaldía de La Molina por “el único partido en defensa de la vida y la familia”.

 

MAL PADRE

Antes de continuar, una precisión: Esteban Uceda no usa su nombre de pila. Prefiere hacerse llamar Diego y promocionarse como tal. “Todo el mundo me conoce como Diego porque en mi certificado de bautismo me pusieron Esteban Diego”, explica.

Desde que el hijo que tuvo con Diana Arias Stella nació, en 1997, “Diego” se desentendió. El político no había pagado ni un solo centavo entre mayo de ese año y abril de 2010, lapso en el que le tocaba abonar S/450 mensuales. Así lo señala una resolución judicial de setiembre de aquel 2010. En total, debía S/53.587 por los cerca de 13 años que no pagó.

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Resolución del juzgado de paz que en 2010 declara deudor alimentario moroso a Diego Uceda.

En ese momento, el juzgado de paz que lleva el proceso ordenó que Uceda sea declarado deudor alimentario moroso. El 2011 un medio publicó la historia de la deuda del entonces vocero de Solidaridad Nacional. “Él pagó en el 2011 y de ahí no volvió a pagar nunca más”, dice Arias Stella.

En efecto, desde mayo del 2010 hasta el mismo mes del 2019, el juzgado calculó que Uceda había dejado de pagar S/48.500. Esto a pesar de que sus ingresos de hace tres años fueron de S/186.000, según su hoja de vida. Incluso, ese mismo año, el 2019, hizo “un fiestón de rompe y raja” por su onomástico número 60, donde asistieron alrededor de 500 invitados, como el expremier Ántero Flores Aráoz, la excongresista Martha Chávez y hasta la conductora de televisión Magaly Medina. Prioridades, le dicen.

A inicios de diciembre del 2021, hace poco más de un mes, el mismo juzgado de paz ordenó que Uceda pague su deuda; de lo contrario, sería declarado deudor alimentario moroso. Lo curioso es que, hasta la fecha, el flamante precandidato a la alcaldía de La Molina no figura como tal en la web del Poder Judicial. “Yo volví a solicitar desde diciembre del año pasado que lo pongan en el registro de deudores alimentarios [porque no ha pagado], pero todavía no lo han puesto. Justo estoy reclamando porque se están demorando mucho”, dice Arias Stella.

Uceda no parece muy interesado en el asunto. En varias partes de la entrevista con Sudaca deja ver que no sabe cuál es la edad de su hijo. Y responde –al mismo estilo que López Aliaga cuando se le pregunta por sus deudas con la Sunat– que no pagó porque no fue “notificado en ningún momento”.

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A la izquierda, la resolución de diciembre de 2021 que ordena a Uceda pagar su deuda por alimentos. A la derecha, la solicitud de Arias Stella donde detalla el periodo y monto de la deuda.

Uceda también recalca que “desde hace 21 años tengo un hogar bien constituido con mis hijos universitarios, con los que tengo una buena relación”. Por supuesto, entre esos hijos no cuenta al que tuvo con Arias Stella. Asegura que, si tiene que pagar la deuda, lo hará porque “es un hombre de bien”.

Contradictoriamente, luego dice que apelará la resolución y hasta que se hará una prueba de paternidad. Pero durante todo el proceso judicial que le dio la razón a Arias eso nunca fue puesto en duda. “Una persona no necesita que un juez le diga que pague por su hijo. Congresistas o alcaldes así no necesitamos […] espero que pague o lo pongan de una vez en la lista de deudores”, dice Diana Arias Stella.

 

DESVENTURAS POLÍTICAS

Diego Uceda no solo ha dado qué hablar por su vida familiar, sino también por su perfil camaleónico en la política. Al mismo estilo de César Combina, el hombre de las mil camisetas, Uceda ha pasado de un bando a otro “de acuerdo a sus intereses personales”, como menciona una excongresista fujimorista que lo conoció.

Uceda inició su vida política en Acción Popular, donde permaneció 18 años. Sin embargo, en 1992 se fue del partido porque “pertenecía a una corriente que quería reconocer los logros del gobierno de Alberto Fujimori”, como él mismo contó hace años en una entrevista para La República. Incluso, apoyó el autogolpe de Fujimori. 

Su carrera política no terminó ahí. Como era de esperar, no tardó en unirse a las filas del fujimorismo. Fue uno de los fundadores del movimiento “Vamos Vecino”, posteriormente llamado “Sí Cumple”, donde fue vocero y subsecretario general. Este movimiento conformó la alianza que lanzó a Alberto Fujimori a la re-reelección. En el 2006, Uceda renunció, según él, “de manera voluntaria por discrepancias con dirigentes como Jaime Yoshiyama”. Sin embargo, en ese entonces Carlos Raffo declaró que Uceda había sido “expectorado del partido por dudoso proceder”.

Luego de salir del fujimorismo, se unió a Solidaridad Nacional. Esto a pesar de que el 2002 fue candidato para la alcaldía de Lima y le tocó competir contra Luis Castañeda Lossio.

Años después, en el 2015, Uceda renunció al partido. Su más reciente aventura política fue junto al economista Hernando de Soto. Mientras este aspiraba a ser el nuevo presidente del Perú, Uceda candidateó con el número 12 para ser congresista. No logró alcanzar un escaño, pero sí llamó la atención de la ONPE.

El 5 de enero de este año, el organismo electoral le abrió un proceso sancionador por no cumplir con presentar los informes de los gastos e ingresos de su campaña. Según la ley de financiamiento de partidos políticos, los candidatos deben entregar dos informes. El primero se presenta hasta 30 días antes de las elecciones; el segundo, hasta 15 días luego del proceso electoral. Uceda no presentó ninguno. 

Diego Uceda volvió a cambiar de camiseta política y ahora acompaña, paradójicamente, al partido profamilia de Rafael López Aliaga. La foto corresponde a una entrevista que brindó durante el lanzamiento de su candidatura con Renovación Nacional.

Según Heber Campos Bernal, abogado experto en derecho electoral, presentar estos informes es importante por “un tema de transparencia”. “Los candidatos deben tener la capacidad de decirle a sus electores y al país quiénes han sido sus aportantes […] La idea es que, a través de estas supervisiones, se garantice que los candidatos financien su campaña de forma leal, de acuerdo a lo que el marco jurídico establece”, explica.

Uceda dice que no presentó los informes porque no hizo campaña política. “Yo no hice campaña y me negué a ser congresista. A mí el señor Hernando de Soto me ofreció ser candidato al Parlamento Andino con el N° 1, pero luego los personajes nefastos, por los cuales Hernando se fue de Avanza País, no me inscribieron al partido y desconocieron que debía ser candidato al Parlamento Andino. Por eso yo dije que no iba a hacer campaña. Y no lo hice. Usted no va a ver ningún cartel mío”, sostiene Uceda, que finalmente fue colocado en la lista del partido al Congreso.

Sin embargo,  durante el periodo electoral, Diego Uceda asistió a varias entrevistas y debates donde exponía sus propuestas. Lucía el número 12 y el tren de Avanza País en el pecho. Por no presentar los informes, a Uceda le corresponde una multa que va entre los S/46.000 y S/138.000, según la ley de financiamiento.

“Parece poco creíble que no se haga campaña porque, cuando uno postula a un cargo, para ganar necesita difundir sus propuestas, necesita hacer campaña para convencer a sus posibles electores. Pero en el supuesto de que no se haya gastado nada, igual tiene que haber una declaración donde se señale eso”, dice Heber Campos.

A puertas de las elecciones municipales, Uceda ha regresado a Solidaridad Nacional, ahora convertido en Renovación Popular y dirigido por Rafael López Aliaga. ¿Qué dirá el excandidato presidencial que suele hablar de la importancia de la familia?

 

*Fotoportada: Darlen Leonardo

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EL PODCAST DIARIO DE OPINIÓN DE JUAN CARLOS TAFUR.

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