Además, a lo largo de los años, según estadísticas del INEI, desde el 2008 Lima estuvo más años con el Valor Agregado Bruto VAB en agricultura, ganadería, caza y silvicultura, por encima de Arequipa, cerrando el 2021 con 13% VAB (Lima) y 5.7 VAB (Arequipa).
Fuente: INEI
PerúCheck intentó comunicarse con el candidato pero no hubo respuesta.
Por otro lado según el último boletín anual del midagrien Lima Metropolitana se producen papa, lechuga, naranja, col, rabanito entre otras frutas y verduras
Con respecto a la papa
Una nota de prensa publicada el 22 de mayo del 2022 por el INEI, y compartida por el Ministerio de Agricultura, advertía que la producción de la papa en nuestro país creció en un 13,4%. La producción de este producto se incrementó considerablemente en el Departamento de Lima hasta 65%.
Conclusión
Si bien Lima no es la mayor productora de papa en el Perú, como lo son Ayacucho y Puno, sí produce otros productos agrícolas y ha mejorado su producción de este tubérculo en los últimos años. Por lo tanto, la afirmación del candidato Mayta es falsa.
Gonzalo siguió enviando correos a la empresa con la esperanza de conseguir justicia. Pero en diciembre se dio por vencido y, al final, tuvo que adquirir otros pasajes, esta vez directamente con la aerolínea. “Ya no seguí reclamando porque me di cuenta de que me iban a seguir paseando y estaba cansado. Además, vi en redes sociales otros casos que llevaban años y no les daban nada”, se lamenta.
Para dar mayor seguridad, eDestinos asegura en su página web que es una agencia suscrita al sistema BSP (Billing and settlement plan) de IATA, la Asociación Internacional de Transporte Aéreo. Contar con esta certificación supone que es una agencia seria y que, en caso de inconvenientes, puede responder. Martín La Rosa, presidente de esta organización, explica que en el Perú hay 141 agencias adscritas a dicho sistema y que la empresa polaca no es una de ellas. “Que no tenga domicilio fiscal en el país ni RUC es una alerta que imposibilita que se suscriba al BSP IATA”, explica.
NUEVO MODUS OPERANDI
Al revisar los testimonios, Sudaca descubrió otro método empleado por eDestinos. Esta técnica la usan con aquellos pasajeros que compran pasajes ida y vuelta. Los viajes de ida, por lo general, no presentan problemas. Pero a la hora de regresar, los usuarios descubren que sus viajes han sido cancelados o no existen.
El abogado Enrique Huachaca (33) había planeado pasar las recientes Fiestas Patrias en Tarapoto. Por ello, compró dos pasajes de ida y vuelta por un total de US$466. El tramo de ida se llevó a cabo, pero días antes de su fecha de retorno, Enrique empezó a escribir a la agencia para que le manden su tarjeta de embarque. Lo único que le respondieron fue que se demorarían en darle una solución.
Preocupado, el mismo día que le tocaba partir fue al aeropuerto con varias horas de anticipación. Empezó a preguntar por todos lados donde podía encontrar un counter de la aerolínea Euroairlines, donde supuestamente había comprado sus pasajes de regreso. Los trabajadores del aeropuerto solo atinaron a decirle que esa empresa no existía en Perú y mucho menos tenía sedes ahí. En efecto, esta compañía española solo realiza viajes en Europa. Sin embargo, eDestinos sigue ofreciendo en su página web viajes al interior del país con dicha aerolínea.
Enrique llamó a la agencia, les escribió correos y, nuevamente, la solución nunca llegó. “Buenas noches. Hoy fui al aeropuerto ya que compré mi pasaje de retorno para hoy 31 de julio, sin embargo, en el aeropuerto me indicaron que la aerolínea Euroairlines no tiene ninguna oficina que opera en ese aeropuerto y que no podré retornar a Lima. Solicito la devolución inmediata de mi dinero y alguna solución al respecto […] Sigo en el aeropuerto, estoy pasando frío, hambre y no puedo ir a mi centro de labores”, fue el mensaje que envió pasadas las 10 de la noche, a pesar de que su viaje estaba programado para el mediodía.
Cuando se dio cuenta de que había sido estafado, a Enrique no le quedó más opción que comprar otros boletos para poder regresar a Lima. Al día siguiente, según su testimonio, la agencia por fin se comunicó con él diciéndole que “iban a hacer la revisión de su caso para un posible reembolso”. Hasta la fecha, luego de un mes de aquel amargo episodio, lo siguen paseando. “Yo mando varios correos al día, todos los días, pero me dicen que van a resolver por orden de llegada. Yo veo comentarios de personas reclamando desde el 2019, y pienso ‘¿Cuándo me darán solución? ¿En el 2030?’”. El abogado también presentó una queja ante Indecopi y nuevamente la institución no fue de mucha ayuda.
A José Ignacio Neira, ciudadano chileno, le pasó lo mismo. Él compró pasajes en eDestinos para un viaje, ida y vuelta, de Chile al Perú. Cuando ya se encontraba en nuestro país junto a su hermana y su hijo, se enteró de que no podrían viajar de regreso porque les habían cancelado el viaje. Luego de inútiles comunicaciones con la agencia polaca, Neira tuvo que adquirir nuevos tickets. “Me arruinaron las vacaciones porque me hicieron salir horriblemente de mi presupuesto y ahora me dicen que no me devolverán nada”, comenta.
El abogado penalista Rafael Chanján explica que, por las características de esta agencia y los casos denunciados, nos encontramos ante el delito de estafa agravada “por la pluralidad de víctimas”. “Incluso podemos hablar de la posible operatividad de una organización criminal. Si es así, las penas son aún más graves”, sostiene.
eDestinos ofrece viajes con Euroairlines al interior del país, a pesar de que esta aerolínea solo opera en Europa.
UNA EN UN MILLÓN
María Cabrera (29), también ciudadana chilena, es de las pocas que tuvo suerte y logró recuperar su dinero gracias a su pronta reacción. En enero de este año, ella entró a la página de la agencia Kayak para comprar tres tickets aéreos a Antofagasta. Sin embargo, al concluir la compra, quien le había vendido los boletos era eDestinos. Al principio no se preocupó porque anteriormente ya había adquirido pasajes con Kayak y pensó que todo estaría bien, pero cuando solo le llegó un número de reserva y no el boleto, las alarmas de peligro se encendieron en su cabeza.
Para cerciorarse de que todo marchaba bien, ingresó a la aplicación de Latam Airlines y colocó los códigos enviados por eDestinos, pero se dio cuenta de que los viajes no existían. “Me asusté, me parecía muy raro y seguí investigando sobre eDestinos. Me di cuenta de que muchas personas habían comprado boletos y habían sido estafadas”.
Esa misma noche, María envió un correo a Kayak pidiendo explicaciones y también se contactó con Latam. La aerolínea le respondió que tenía que comunicarse con eDestinos porque ellos tenían sus pasajes. “Les mandé un correo enojadísima, diciéndoles que quería mi dinero de vuelta, que me parecería que eso era un proceder fraudulento y que se contacten conmigo a la brevedad”, cuenta María. A la mañana siguiente, la agencia la llamó y le dijeron que ‘liberarían’ los pasajes en un par de horas. Como es práctica habitual de esta empresa, no cumplieron con su palabra.
Para evitar que la agencia digital se quede con su dinero, María empezó un procedimiento por compra fraudulenta con el banco con el que había pagado sus viajes. “Me contacté con el banco, les dije que había bloqueado mi tarjeta y les expliqué lo ocurrido. Ellos hicieron una investigación y me dieron la razón, devolviéndome el dinero”, explica más aliviada. Sabe que es de las poquísimas personas que tuvo la suerte de no perder su dinero. “Me queda de lección no volver a comprar mediante agencias, sino de frente a las aerolíneas, aunque me salga un poco más caro”. Hasta el cierre de este reportaje, los testimonios de más afectados seguían llegando.
El secretario de la Sala Mixta de Abancay, Ebert de la Vega Chirinos, también está en la mira del Ministerio Público. Este funcionario mantuvo decenas de comunicaciones con Jorge Chávez Sotelo en 2019. Los investigadores tienen información de que recibió dinero de los abogados a través de su colega Karin León, mencionada líneas arriba.
El trato era similar con Alan Velasquez Huillca, secretario del Juzgado Mixto Grau-Chuquibambilla, de Apurimac. Jorge Chávez lo tenía registrado como ‘Alan’ en su teléfono. Ambos sostuvieron conversaciones entre noviembre del 2018 y febrero del 2019. Según el documento judicial que ordena el allanamiento de su casa, en estos mensajes “se habla de temas referentes a transferencias de dinero que se realizan al secretario judicial a través de una cuenta de ahorros del Banco de la Nación a su nombre”.
La información que maneja la fiscalía es que ese dinero fue entregado por Julio Paniura Moscoso, trabajador de Chávez, “en contraprestación a la agilización de la expedición de resoluciones judiciales favorables en los casos patrocinados por Chávez que se siguen contra Las Bambas”.
De hecho, el 20 de diciembre del 2018, Jorge Chávez exhortó a Velásquez a que haga lo posible para que se emita un fallo favorable a uno de sus patrocinados, nada menos que Javier Ochoa Núñez, actual presidente de la comunidad de Huancahuire. Le dice “que le iba a reconocer ese trabajo”. Según la fiscalía, ese mismo día se expidió la primera resolución del expediente 124-2018 que admitía la demanda.
Nos comunicamos al teléfono de Frank Chávez Sotelo, para buscar su versión de los hechos aquí narrados, pero al cierre de este informe no hubo respuesta. En los números de las empresas relacionadas a los hermanos nadie responde.
UN PERSONAJE VIGENTE
Javier Ochoa Núñez, presidente de la comunidad de Huancahuire, también es investigado por la fiscalía especializada contra el crimen organizado.
Precisamente, los investigadores también descubrieron que Javier Ochoa, el presidente de la comunidad de Huancahuire, le transfirió S/260,000 a Frank Chávez. Así se lee en la documentación judicial revisada por Sudaca. La hipótesis es que esa plata era el pago para los operadores de justicia. Su casa fue allanada esta semana.
Núñez sigue ocupando el cargo hasta hoy y ha sido protagonista de las últimas acciones de su comunidad contra la empresa. En mayo pasado, Ochoa demandó dejar sin efecto el estado de emergencia como condición para participar en la mesa de diálogo con representantes del Gobierno y de la minera.
La acusación fiscal en su contra agrava el conflicto entre las comunidades y la minera, y no permite ver con claridad las demandas justas de las comunidades. Los pobladores de Huancahuire vienen reclamando en estos momentos por la ampliación de las operaciones de Las Bambas. Denuncian que la empresa opera en el lugar inconsultamente y que contamina el medio ambiente. Sin embargo, desde el 2013, Huancahuire ha recibido más de S/170 millones justamente por la cesión de sus tierras. Intentamos comunicarnos con el dirigente y su abogado, pero no hubo respuesta. Esperemos que en esta nueva parte del conflicto asesores corruptos y dirigentes cómplices no se roben el protagonismo.
A este estancamiento se le suma la reciente Ley 31254, que en julio de 2021 prohibió la tercerización en los servicios de limpieza pública, lo que obliga a los gobiernos locales a cambiar a la modalidad de contratación directa del personal. Por más que la ley daba un año para que las entidades se adecúen, la comuna de Lima ha cumplido el mandato a medias hasta el momento: en abril de este año, se aprobó el pase a planilla de la municipalidad solo de trabajadores de zonas específicas. El resto, según la gerencia de servicios a la ciudad, sigue en proceso de adecuación.
Innova Ambiental se ha mostrado disconforme con esta ley y ha insistido a la MML que se oponga mediante medidas como acciones de inconstitucionalidad. Ante la negativa de la entidad de optar por esa vía, ellos mismos presentaron un proceso de amparo en marzo pasado. Según la empresa, la ley no debería aplicarse en el caso de servicios de limpieza pública, por más que el Ministerio de Justicia manifestó lo contrario cuando la municipalidad le consultó.
Innova Ambiental no es una empresa desconocida en la capital. Cuando aún se llamaba Relima dicha empresa se vio involucrada en 2009 en el caso Comunicore, en el cual se pagó irregularmente y de forma poco transparente la deuda que la Municipalidad mantenía con ella. Esta deuda, precisamente, se generó durante la ejecución del servicio de limpieza y recojo de basura que hoy sigue en curso.
Durante la primera gestión de Luis Castañeda fue que se realizó este pago irregular. En sus últimos años como alcalde, se aprobó la última adenda a Relima (foto: Andina)
Relima también fue la empresa que brindó el servicio de limpieza pública en Miraflores entre 2008 y 2018, según se puede constatar en un acuerdo del Concejo de aquel último año. Durante gran parte de este tiempo (2011-2018), el distrito fue liderado por Jorge Muñoz, quien luego daría el salto al sillón municipal de Lima. Durante su interrumpido mandato en la ciudad, como se ha detallado en este reportaje, no logró concretar el fin de la concesión con esta misma empresa.
Sudaca buscó comunicarse con la Municipalidad de Lima para obtener sus descargos sobre esta concesión eterna, la extraña razón por la que cancelaron uno de los concursos públicos y el efecto que esto tiene en la ciudad. Sin embargo, al cierre de esta edición, no han respondido.
Como ha contado La República, la reunión se produjo en un inmueble de Surquillo. “Quiero precisar que, como señalé antes, entendimos que nos íbamos a reunir con asesores del presidente de la República pero no conocía de qué personas se trataban. (…) En la reunión estaba el señor Alejandro Sánchez Sanchez, que nos dijo que las personas que lo acompañaban eran amigos y paisanos del presidente, que estaban en Lima para apoyarlo, dando a entender que eran conocedores del rubro de la construcción”, detalló el testigo.
Allí, esta persona pudo identificar no solo a José Nenil Medina, sino a Jackeline Castañeda del Castillo, jefa de presupuesto del ministerio de Vivienda; al ya mencionado Salatiel Marrufo y a Abel Cabrera Fernández, uno de los financistas de la campaña del presidente Castillo. Cabrera, además, ha sido identificado como el hombre que colocó a cargo de Vivienda a Geiner Alvarado. Así lo dijo el colaborador eficaz el 24 de julio pasado.
“De mucha confianza era el nexo con el Ministro de Vivienda junto con Abel Cabrera, quien fue la persona que recomendó a Geiner Alvarado como Ministro de Vivienda. Por eso ellos manejaban esa cartera a su antojo, sacaban licitaciones y todo eso”, señaló. Alvarado, entrevistado por la fiscalía el pasado 4 de agosto, admitió que Cabrera lo propuso para el cargo.
Todo este círculo de confianza del presidente habría concertado la repartija de obras. Con estos y otros elementos, el pasado 19 de agosto, el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder dispuso formalizar investigación preparatoria con la primera dama, Lilia Paredes, sus hermanos Yenifer, Walter y David y los alcaldes de Anguía, Nenil Medina; Chachapoyas, Víctor Raúl Culqui; y Chadín, César Cabrera. También se encuentran comprendidos los hermanos Hugo y Anggi Espino, quienes vienen colaborando con la justicia. En Palacio siguen jugando el papel de víctimas.
Las demás oficinas de Omega Pro –si es que existen– se encuentran en Dubai, Islas Vírgenes Británicas, Hong Kong y Singapur. “Que estén en estos lugares debe ser una bandera roja, porque no tienen entes reguladores que aseguren que no sea una captación ilegal de dinero”, sostiene Enrique Castellanos.
Omega Pro no cuenta con RUC ni oficinas físicas en el Perú. Tampoco tiene un número telefónico o un buzón de correo para recibir reclamos. Mucho menos, un representante legal. “Es un esquema que no está inscrito en los Registros Públicos; es decir, no existe legalmente en el Perú, solo es una página web creada en el extranjero y no brinda la garantía de que alguien pueda invertir su dinero con toda seguridad”, argumenta Reátegui.
Esto lo saben los promotores, pero parece no importarles. “Esta es una información importante para que entiendas el negocio. Somos un banco digital, por eso no contamos con RUC, ni oficinas físicas ni estamos regulados por la SBS. Nuestro único regulador es la FCA (Financial Conduct Authority). Ellos son la máxima autoridad de instituciones financieras en el mundo y son los únicos que nos pueden supervisar. No somos una estafa”, dice uno de los voceros con los que esta reportera pudo conversar.
Pero esta no es más que otra de sus mentiras. Omega Pro tiene su propio banco, llamado OMP Money, en el Reino Unido. Supuestamente, se encuentra supervisado por la FCA, entidad reguladora de dicho país. Sin embargo, una búsqueda rápida deja en evidencia que, aunque sí estuvo inscrita por un tiempo, actualmente ya no es así. “Esta empresa ya no está registrada en la FCA como agente de dinero electrónico de una empresa regulada y ya no puede emitir dinero electrónico ni proporcionar servicios de pago”, se lee en la página web. No se detalla por qué se les quitó el registro.
ATADOS DE MANOS
De acuerdo a las cifras de Daniel Reátegui, en los últimos dos años la SBS ha recibido cerca de 50 denuncias y consultas sobre Omega Pro. “Algunos de los correos son de personas que dicen que no se les devolvió el dinero o que los condicionan con traer a más gente a este esquema informal para que puedan entregarles sus ganancias”, explica el coordinador de supervisión de actividades informales de la entidad financiera.
Sin embargo, todos los correos son anónimos. Esto dificulta que la SBS pueda tomar cartas en el asunto, pues no pueden formular denuncias ante el Ministerio Público si es que no tienen pruebas. “Muchas veces las personas que se ven engañadas por estos esquemas no denuncian porque tienen cierto pudor y vergüenza por haber caído. O porque guardan la esperanza de que en algún momento la empresa les devuelva el dinero. Pero si no nos ofrecen las pruebas necesarias (como contratos o vouchers que acrediten que depositaron dinero) no podemos hacer mucho”, se lamenta Daniel Reátegui.
Incluso, se puede generar el efecto contrario, porque si se denuncia sin los medios probatorios suficientes y la Fiscalía no admite la demanda, la empresa podría usarlo a su favor. «Podrían hasta usarlo y decir que es legal. Ese es lo que queremos evitar», asegura Reátegui. Por ello, enfatiza, es importante que aquellos que se vieron perjudicados por Omega Pro –u otros esquemas piramidales– se atrevan a denunciarlos.
“Creemos que dichos funcionarios carecen de la catadura moral y la capacidad de seguir dirigiendo nuestra universidad (…). Dejamos constancia que, de no alcanzar justicia, la población de Jaén se reserva el derecho universal a la legítima protesta pacífica”, concluye el oficio mandado al Minedu y al Congreso, luego de mencionar los puntos explicados en este informe y otros más, como presuntas acciones represivas, malos tratos a los profesores y falta de transparencia sobre los recursos que recauda la universidad.
De pasada por Jaén
Otra queja que recogió Sudaca en sus entrevistas tiene que ver con que los integrantes de las comisiones organizadoras pueden venir de cualquier parte del país. “Como son de otros lugares, se regresan después de asumir sus funciones y nadie los juzga después”, considera Nicanor Alvarado, docente y exdefensor universitario en la UNJ.
Es el caso de los vicepresidentes de la comisión actual. El domicilio legal de Víctor Carril se encuentra en Ascope, La Libertad. Sin embargo, él ha forjado gran parte de su carrera en la Universidad Nacional de Tumbes, donde llegó a ser decano de la Facultad de Ciencias Agrarias, según un documento de la institución del 2010. Incluso, el 2017 participó en la elaboración de un informe de impacto ambiental para un distrito de esa región.
Por su parte, Abner Barzola tiene domicilio legal en Tarapoto, San Martín. Barzola, graduado como ingeniero mecánico, se quedó en su región para ejercer como docente en la Universidad Nacional de San Martín desde 1984 hasta, al menos, 2016 (según su declaración en Concytec). Por lo demás, Barzola ha sido imputado en tres casos fiscales bajo los delitos de usurpación (destrucción o alteración de límites), usurpación de funciones y peculado. Dos de ellos se encuentran archivados y el otro –el de peculado– se encuentra en sobreseimiento. Todas estas investigaciones fueron seguidas por fiscalías de San Martín.
“Lo peor es que en Jaén sí hay docentes principales que tienen el perfil para integrar la comisión, docentes de algunas facultades de la Universidad de Cajamarca que tiene su filial en nuestra provincia”, añade Nicanor Alvarado.
Cabe resaltar que los problemas de las universidades con comisiones organizadoras no son exclusivos de la UNJ. Según Teodomiro Santos, de la Fendup, también se ha tomado conocimiento de denuncias similares en la Universidad Nacional de Quillabamba y en la Universidad Nacional Diego Quispe Tito. “Yo le pedí personalmente a Juan Malpartida ,director de la Digesu [Dirección General de Educación Superior Universitaria], que revise qué está pasando en estas universidades. Esas dos son las que están en problemas más graves. Ahí, por ejemplo, las autoridades han puesto a sus familiares a trabajar en la institución. Pero no hay respuesta: en el caso de una de estas universidades, el director de la Digesu le recomendó a los colegas que reclamaban que ‘volteen la página’ y ‘trabajen juntos’”, detalla Santos.
Intentamos comunicarnos con los vicepresidentes Carril y Barzola, para que puedan dar sus descargos sobre estas acusaciones, pero hasta el cierre de este reportaje no han respondido.
Nota de edición: Después de ser publicado este reportaje, el vicepresidente Abner Barzola respondió, adjuntando un documento enviado al Congreso, refutando al oficio donde se le acusa de irregularidades. En esta respuesta, Barzola asegura que en julio de este año se cerró la compra de 300 carpetas (lo cual es una cantidad baja respecto a la población estudiantil) y casi 300 cortinas (las cuales no se han podido ver instaladas en las fotos de esta semana a las que accedió Sudaca). Sobre la falta de agua, afirma que desde junio de este año se cerró el trato con el contratista y que, pese a que han atravesado algunas dificultades, a día de hoy la UNJ cuenta con servicio de agua permanente.
Adjuntamos el oficio enviado por el vicepresidente Barzola:
Cuando Mariano González tomó las riendas del Ministerio del Interior, una de las primeras cosas que hizo fue llamar al coronel Colchado. Sabía que tenía que reorganizar la Digimin, plagada de sospechas por los nombramientos que allí hizo el gobierno de Pedro Castillo. Así que le propuso al oficial liderar la División de Búsqueda de este organismo. La resolución de su cambio se publicó el 12 de julio.
“Cuando llego al ministerio, una de las tareas que me planteé fue fortalecer el sistema de inteligencia y el principal componente es la Digimin. Como conozco el trabajo de Harvey Colchado, desde el primer momento pensé en él. Con él ahí, con Lozano (‘Bica’) en inteligencia de la Dirandro y con Moreno [se refiere al coronel Franco Moreno Panta] en la Diviac y reforzando la DIRIN, se permitía tener, digamos, un dream team de inteligencia”, cuenta González.
Días después del cambio, el equipo especial de fiscales liderado por Marita Barreto envió una lista al Mininter de los oficiales que requería para que la apoyen en sus pesquisas. Pidió que aquellos agentes sean encabezados por Colchado, a quien ya conocía de varios años atrás. La situación era agobiante al interior del Ministerio Público desde que iniciaron las investigaciones del entorno presidencial: nadie sabía en qué unidades policiales y en qué agentes confiar. Fuentesl que investigan a Pedro Castillo señalan que el coronel reclutó a varios de los agentes que fueron desterrados junto a él durante el gobierno morado.
Aunque algunos no olvidan sus rencillas, el regreso de Colchado ha generado reacciones insólitas. Cuando el ministerio del Interior amenazaba con petardear el equipo de policías, Alejandro Aguinaga, congresista naranja, dejó de lado los rencores de su partido. “Es una más de estas maniobras para evitar a la justicia, este encubrimiento que ya se ha tornado en la tónica de este gobierno», dijo a la prensa cuando el ministro del Interior expresó sus intenciones de cambiar a Colchado. Hoy los ataques llegan desde Palacio.
