Se juega mucho en las investigaciones por corrupción al primer mandatario. Ello debiera conducir, de prosperar y corroborarse los hechos, no a una detención preliminar del presidente (como advierte, cínicamente, uno de los abogados palaciegos, que sabe que eso no es posible), sino a una denuncia constitucional, que en su momento pondrá nuevamente a prueba al Congreso porque, para proceder a darle trámite, deberá pasar, primero, por la vacancia presidencial.
Se puede tolerar un gobernante mediocre o uno descaminado ideológicamente, pero la democracia debe trazar un límite cuando se trata de un presidente corrupto, que es justamente lo que el Ministerio Público trata de determinar. Si se cruza esa línea probadamente o con indicios legales suficientes, lo que cabe es expectorar de inmediato a Pedro Castillo de Palacio.