La conducta obtusa de Renovación Popular, Fuerza Popular y un sector de Avanza País –la derecha congresal-, que ahora pretende dar un golpe contra los organismos electorales, demostrando no haber asimilado aún que la derrota de Keiko Fujimori fue legítima, corrobora la hipótesis de que es necesaria una gran coalición de agrupaciones de centro derecha liberal que le haga frente a las huestes supervivientes de la izquierda, que ha demostrado, a pesar de todo, no haber fallecido luego del desastroso paso de Castillo por el poder, pero que a la vez mantenga distancia de la ultraderecha conservadora, autoritaria y mercantilista, que no puede tener sitio en esa gran coalición, o si lo hace, debe ser subordinada y en ningún caso protagónica. Solo se le convocaría por sus votos, no por sus ideas o planteamientos, claramente discordantes del sentir ciudadano.
Están surgiendo varios nombres y partidos. A punto de inscribirse están Libertad Popular, de Rafael Belaunde y Pedro Cateriano, Roberto Chiabra con Unidad y Paz, Jorge Nieto con el Partido del Buen Gobierno; se espera que hagan lo propio Fernando Cillóniz y Carlos Anderson; junto a ellos figura Alianza para el Progreso con Richard Acuña, quizás Podemos con Daniel Urresti, Acción Popular –si hace una purga de corruptos- y Somos Perú.
Se necesita un gobierno con mayoría parlamentaria –eso solo lo va a lograr un gran frente de varias agrupaciones-, que sea capaz, por ende, de garantizar la mínima gobernabilidad de la que hemos carecido desde el 2016, y ello le facilite emprender las reformas necesarias que han sido postergadas por la ineficacia y corrupción del periodo denominado de “transición democrática” (los gobiernos post Fujimori).
Se necesita un shock capitalista, similar al emprendido por el segundo gobierno de Alan García, pero nunca más exento de las reformas urgentes que se requieren en ámbitos ciudadanos básicos como la salud y educación públicas, la acelerada construcción de infraestructura, las reformas políticas y electorales que hacen tanta falta, la conversión del fallido proceso de regionalización en uno que efectivamente destierre el nocivo centralismo, pero no lo reemplace por un corrompido sistema como el que actualmente tenemos, etc.
Se juega mucho el 2024. Lo imperativo es mantener el orden constitucional vigente desde 1993, sobre todo el capítulo económico, y sobre ese lecho rocoso transformar las políticas públicas y el Estado para convertirlo en un agente de inclusión social y no en uno de marginación de gruesos sectores de la ciudadanía.
