[PIE DERECHO] Por lo general, la temperatura política en los meses del verano, marcha al revés que los grados Celsius ambientales: se enfría a la par del receso legislativo, las vacaciones ciudadanas y la sensación de reseteo psicológico que alberga el inicio de un nuevo año.

Momento feliz para que los gobiernos, mas aún los precarios como el de Dina Boluarte, ensayen un periodo de revisión de lo actuado, además de reflexión sobre las mejoras que cabría efectuar.

En esta columna somos muy críticos de la gestión gubernativa, pero hoy debemos saludar que haya vuelto a convocar al Consejo para la reforma del sistema de justicia, estrenado el 2019, pero suspendido por la administración nefasta de Pedro Castillo, quien no entendía nada de políticas públicas y de administración del Estado.

Este Consejo llegó a proponer nueve metas estructurales de cambios: Gobernanza de datos e interoperabilidad; Acceso a la justicia; Modernización de los procesos no penales; Modernización de los procesos penales y sistema penitenciario; Recursos humanos; Ejercicio y formación para la abogacía; Políticas anticorrupción, control ético y disciplinario; Combatir la violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar; Predictibilidad de las decisiones judiciales y adecuación normativa. Inclusive, presupuestó su implementación en cuatro mil millones de soles.

Esta propuesta, para alcanzar mayor consenso, podría ser trabajada también, al alimón, con el Legislativo, y producir cambios en un sector clave del quehacer cívico peruano, sobre todo en los últimos tiempos de abundancia de acusaciones penales contra la clase política.

Lo que un sistema de justicia eficaz debe cautelar, es la vigencia del Estado de derecho, y sin éste es imposible que prospere una economía de mercado competitiva, como se aspira a instalar en el país. Ambas tareas siguen siendo parte del déficit republicano que arrastramos desde la Independencia.

Este año, que se conmemora la real fecha de nuestro proceso independentista -con las victorias en las batallas de Junín y Ayacucho-, debería ser uno dado a este tipo de reformas estructurales, no sólo en el ámbito económico sino también el institucional, siendo parte esencial de estas, la reforma judicial.

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Desarrollo cívico, Estado de Derecho, independencia, Reforma judicial

[PIE DERECHO] En principio, corresponde denunciar la carencia absoluta de una visión respecto de la importancia gigantesca que tienen los espacios públicos en una urbe ciudadana. Por ejemplo, en lugar de construir 60 puentes que, en su mayoría, no van a resolver problema alguno del tránsito, el alcalde de Lima debería destinar esos fondos a subsidiar el ingreso gratuito de la población a los parques zonales, hoy llamados clubes metropolitanos. O, siendo más ambiciosos, debería dedicar esos millonarios montos a terminar de habilitar la Costa Verde para uso playero (hoy solo el 25% del litoral costero capitalino es utilizable para los bañistas).

Al mismo tiempo, la autoridad del gobierno central debería determinar de inmediato, la expropiación de las pistas que forman parte de los clubes privados de las playas del sur de Lima e incorporarlas al sistema vial nacional para así permitir el ingreso de cualquier ciudadano y que se corte de raíz el concepto de playa excluyente que los sectores acomodados del país albergan.

Otro acto significativo y simbólico de recuperación del espacio público sería la eliminación de las rejas que inundan las calles de todas las principales ciudades del país. Al respecto, se podría buscar un acuerdo con los vecinos, para que no se sientan desprotegidos, una suerte de “sereno por reja” para así no dejar al barrio a expensas de la delincuencia.

Lo mismo con los parques, algunos enrejados por las propias autoridades ediles y otros por infeliz iniciativa de los vecinos que los circundan, determinando quiénes pueden entrar y en qué horarios. So pretexto de la seguridad, se han terminado invadiendo, cual traficantes de terrenos, espacios que deberían ser de solaz abierto y libre.

El día que se revalorice la importancia de los espacios públicos para la mejor calidad de vida ciudadana, la mayor integración social e, inclusive, el impacto en la disminución de la delincuencia, la convivencia urbana en el Perú será cualitativamente superior.

La del estribo: a falta de teatro, recomendaciones luego de una maratón cinematográfica esta semana (los chascos no son referidos): Cerrar los ojos (España), director: Víctor Erice; Maestro (EEUU), director: Bradley Cooper; Priscilla (EEUU), directora: Sofía Coppola; Fallen Leaves (Finlandia), director: Aki Kaurismaki; Inshallah a boy (Jordania), director: Amjad Al Rasheed; Anatomía de una caída (Francia), director: Justine Triet; Io capitano (Italia), director: Matteo Garrone; The Pigeon Tunnel (Reino Unido), director: Errol Morris; el documental Angels of Sinjar (Polonia), directora: Hanna Polak; otro documental, Les Filles d´Olfa (Túnez), director: Kaouther Ben Hania; La sociedad de la nieve (España), director: Juan Antonio Bayona; la primera temporada de la serie 1923, con las actuaciones estelares de Helen Mirren y Harrison Ford, y la dirección de Ben Richardson.

 

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Apropiación espacios públicos, Convivencia urbana, Inclusión social, Playas peruanas

[PIE DERECHO] El solo hecho de que ante la presunción de su salida, el aún ministro de Economía, Álex Contreras, haya pretendido irse tirando un portazo al gobierno que lo ha colocado en el puesto que ocupa, acusando “falta de transparencia”, ya debería ser causal de despido.

Si a ello le sumamos una gestión ineficaz, mediana, que no está a la altura del desafío enorme que tiene al frente, sobran las razones para que la presidenta Boluarte o el premier Otárola, busquen su reemplazo en el lapso más inmediato posible.

El manejo económico no requiere arreglos cosméticos sino una reingeniería estructural. El modelo económico instaurado en la década de los 90, ha ido siendo trastocado a paso lento, pero firme, desde el gobierno de Ollanta Humala, y los efectos los sufrimos hoy, con la recesión en curso, la pérdida de confianza, las bajas tasas de crecimiento (cuando nuestro potencial es alto) y el terrible dato del aumento de la pobreza.

No basta por ello con respetar el manejo monetario del BCR o ajustar las cuentas fiscales (lo que, dicho sea de paso, este gobierno no está haciendo), para que la economía se enderece y volvamos al círculo virtuoso de aumento de la confianza empresarial, inversión privada, crecimiento del PBI y reducción de la pobreza.

Se debe volver a desregular las actividades económicas, potenciar los organismos reguladores, fomentar la inversión promercado, sacar los proyectos mineros trabados, privatizar lo que resta por privatizar (Petroperú, Sedapal, Córpac, etc.), y la suma de todo ello generará la atmósfera económica necesaria para volver a enrumbar al país por la senda del desarrollo que habíamos seguido hasta el 2011, con los impresionantes resultados obtenidos.

La única forma de revertir la espiral descendente de la economía pasa por hacer reformas estructurales nuevamente. Si no se hacen, seguiremos atrapados en la recesión o el bajo crecimiento, que ya no se explican solo por la pandemia o por las protestas de fines del 2022 e inicios del 2023.

Un ministro que se presta a la lógica política de diseñar un aumento exorbitante del gasto público, tan solo para revertir la baja popularidad del régimen, y que cree que con ello basta para remediar la crisis económica, no es lo que el Perú necesita en estos momentos.

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Desafíos Económicos, Economía, Gestión Ministerial, Reformas estructurales

[PIE DERECHO] A pesar de los conflictos militares que involucran a Rusia y Ucrania, y a Israel y Gaza, el gran trasfondo internacional del 2024 será la creciente disputa hegemónica entre los Estados Unidos y China, según reportan los principales medios de comunicación internacionales especializados.

El país de Norteamérica sigue siendo la principal potencia económica y militar del planeta, pero el coloso oriental emerge con tal fuerza que es previsible alcance la cúspide antes de la primera mitad del siglo. Y como suele suceder en semejantes trances, los conflictos militares salen a flor de piel (nunca olvidaré las clases con el brillante historiador y periodista Efraín Trelles y su insistencia en leer la historia bajo esos ejes interpretativos).

Y esa disputa coloca al Perú en una situación expectante porque somos uno de los países con mayor presencia inversora china en la región y ya EEUU ha lanzado advertencias sobre los riesgos de esa espiral de crecimiento transoceánico.

El camino correcto, parece quedarle claro a los últimos gobiernos que hemos tenido, es mantener la equidistancia necesaria. No estamos para hacerle ascos a la inversión china, por más que la mayor parte de ella provenga del propio Estado chino y no de empresas privadas y quepa el riesgo, por ende, de que puedan albergar, dados ciertos momentos, una lógica política contraria a nuestros intereses.

Corresponderá, al respecto, a los organismos reguladores nacionales evitar que un abuso de las posiciones de dominio que eventualmente ejerzan las empresas chinas (como ocurrirá con la distribución eléctrica en Lima, por ejemplo) cruce las fronteras de lo permisible en una economía abierta y presuntamente competitiva.

Y en materia política, cabrá a la Cancillería diseñar una estrategia de largo plazo que sepa aquilatar los ejes internacionales que no controlamos, pero que debemos transitar. Hoy más que nunca se impone una mirada geopolítica del planeta, más aún cuando es pasible de ocurrencia la aparición de conflictos en nuestra propia región (el cambio climático y su devastadora lógica de recursos escasos y apetencias imprevistas, desatará problemas que calentarán las fronteras, inevitablemente).

No es un exceso pedirle a la tríada Boluarte-Otárola-Gonzáles Olaechea, que incorporen esa mirada en su manejo de la política exterior. Es parte de las obligaciones básicas de un gobierno atender las políticas de Estado, la perspectiva geopolítica y la sapiencia diplomática, más aún en un periodo altamente tenso que amenaza con explosionar en distintos frentes en el momento más inesperado.

 

 

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Disputa EEUU-China, Estrategia Internacional, Geopolítica, inversiones

[PIE DERECHO] Según señala un último informe de Apoyo Consultoría, desde el 2019, las denuncias per cápita por casos de extorsión han aumentado más de 400%. “En el 2023, de acuerdo con una encuesta realizada por Ipsos, más de un millón de peruanos reportó pagar frecuentemente algún tipo de cupo para poder trabajar y el 82% afirmó sentirse inseguro al caminar por las calles en Lima”, señala textualmente el mismo.

Las cifras son de espanto. Ya no se descubre nada diciendo que nuestro país está gobernado por la delincuencia. Una oligarquía del delito, porque unos pocos, organizados en bandas, someten la voluntad de la mayoría de ciudadanos peruanos de bien, pacíficos y respetuosos del orden social.

El daño que eso le genera a la viabilidad democrática del país es enorme. No solo porque desafecta a las víctimas, quienes sienten la ausencia del Estado y alimentan un resentimiento por ello, sino porque alienta la aparición de fenómenos políticos autoritarios que prometen la solución fácil frente a la problemática descrita.

Además, golpea duramente a la economía. Según la referida encuesta de IPSOS, “realizada para APOYO Consultoría y Backus, el 86% de las bodegas encuestadas en Lima califica a la inseguridad o extorsión como un problema grave para el crecimiento de su negocio, porcentaje que asciende a 90% en el norte”.

Uno esperaría que ante un problema de carácter social y, por ende, responsabilidad de los gobiernos, éstos actúen buscando una solución al mismo, con estrategia y conductores afinados, pero no, se aprecia absoluta indolencia y desaprensión. Baste decir que en los últimos cinco años, hemos contado con 20 ministros del Interior y 11 jefes de la Policía Nacional del Perú (PNP). Inestabilidad que atenta contra el despliegue de una política pública que pretenda ser eficaz.

No debemos esperar a que el 2026 advenga un nuevo gobierno que plantee y ejecute soluciones efectivas al respecto. Debemos exigirle ello al gobierno actual. No debería equivaler a pedirle peras al olmo. Por más mediocre que el régimen de Boluarte sea, tiene entre sus obligaciones básicas la resolución de dos problemas: la inseguridad ciudadana y la crisis económica. Si no es capaz de resolverlos, debe dar un pase al costado, por mano propia o congresal. No podemos aguantar como sociedad que la situación siga empeorando dos años y medio más.

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Extorsión, Gobierno, Informe Apoyo Consultoria, inseguridad ciudadana

[PIE DERECHO] El gobierno no puede confiar en su frágil alianza con el Congreso para permanecer incólume hasta el 2026. La precariedad de los propios grupos políticos que componen el Legislativo hace que esa apuesta sea de alto riesgo. Apenas se den cuenta en el Parlamento de que su simbiosis de intereses con el Ejecutivo arruinaría las posibilidades electorales futuras de los partidos que conforman esta suerte de alianza tácita, se producirá un quiebre que, si coge al Ejecutivo pasmado, se lo llevará de encuentro.

Muchos en el gobierno, particularmente el premier Otárola, parecen convencidos de que haber superado relativamente airosos la confrontación social violenta que aconteció al poco de tiempo de haber asumido la transición post Castillo, ya los blinda frente a cualquier otro escenario de aparente menor intensidad, y ello quizás sea el motivo por el cual su gestión brilla por su medianía y ausencia de objetivos de trascendencia.

Se equivoca garrafalmente el Ejecutivo si comparte esa hipótesis. Más que ninguno otro, el actual régimen está obligado a hacer dos o tres cosas bien (entre ellas, resolver la crisis económica y el lacerante problema de la inseguridad ciudadana) si quiere mejorar en sus niveles de aprobación en las encuestas y obtener así capital político que eventualmente le dé sostén, desalentando al Congreso a enfrentársele.

El inefable Vizcarra, sin bancada, pero con una inmensa aprobación, fue capaz de tumbarse un Congreso adverso, pero sin ese respaldo ciudadano no lo hubiera podido hacer. Esa lección debe ser extraída por Boluarte. Si ella no eleva dramáticamente sus índices de popularidad, hoy tan ralos, no tendrá parapeto alguno frente a un Legislativo que empiece a ponerse arisco conforme se acorten los plazos electorales.

La única manera de que el gobierno dure hasta el 2026 no será en base a astutas jugadas de intercambios políticos con el Congreso, porque éste no dudará un segundo en vacar a Boluarte si así lo considera conveniente para sus intereses. En cambio, si el gobierno crece en su aprobación popular, será difícil que un Legislativo que anda casi a la par en impopularidad, se atreva a destronarlo (al gobierno emergente de esa situación le pasaría algo semejante a lo que le pasó a Merino).

La dupla Boluarte-Otárola está obligada a gobernar superlativamente mejor si quiere llegar hasta el final de su mandato constitucional. Si no lo hace, seguirá siendo un factor de inestabilidad, desconfianza y precariedad política, causando un efecto perverso de obstaculización de las propias expectativas de mejora.

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Congreso, Estabilidad Política, Gobierno peruano, Popularidad Gobierno

-Que Alianza le renueve contrato a Carlos Zambrano y a Christian Cueva.

-Que en la U, Alex Valera no falle tantos goles, en desproporción de las oportunidades que él mismo contribuye a generar. Si acertara un 30% las que se encuentra, nos garantizaría el bicampeonato anhelado.

-Que a Fossati, a pesar de no haberle jugado correctamente a la U, le vaya bien con la selección y que su esquema 3-5-2 (del cual no se mueve ni aunque lo amenacen de muerte) encuentre los jugadores para desplegarse con éxito.

-Que Vargas Llosa acabe pronto su libro de ensayos sobre Sartre, a ver si en una de esas se anima y saca fuerzas para entregarnos una nueva novela.

-Que a las librerías les vaya bien y no se vean obligadas a cerrar.

-Que se acaben las mafias que aprisionan nuestro mayor imán turístico, Machu Picchu.

-Que Francisco I tenga el vigor de hacer la purga masiva que la iglesia católica necesita, dada la abrumadora cantidad de casos de pedofilia.

-Particularmente, que las autoridades eclesiásticas tomen la decisión de disolver el Sodalicio, incautar sus bienes y ponerlos a disposición de alguna otra orden o de alguna institución social de la propia iglesia.

-Que acabe la persecución judicial a los colegas Pedro Salinas y Paola Ugáz.

-Que vuelvan César Hildebrandt y Rosa María Palacios a la televisión abierta.

-Que Hildebrandt en sus trece resista y no deje de salir, aun cuando a veces los valientes y acuciosos colegas que lo componen le agreguen demasiado barullo a sus notas.

-Que acabe la campaña alcanterillesca contra un periodista honesto y corajudo como Gustavo Gorriti.

-Que los directores de diarios entiendan de una vez por todas que ya no pueden ofrecer noticias como producto central de sus impresos. Si siguen haciéndolo, van a desaparecer. Los kioskos no pueden convertirse en bodeguitas ambulatorias.

-Que retorne la paz a Medio Oriente, bajo la asunción de que se reconozca al Estado israelí, pero también al Estado palestino y su territorio originalmente asignado.

-Que a Putin lo saquen del poder como sea y acabe la prepotente invasión a Ucrania, que tanto daño le ha hecho a la economía mundial.

-Que a Milei le vaya bien en Argentina. Si ocurre ello, será un envión anímico para las derechas liberales de la región.

-Que se produzca un milagro y fenezcan las dictaduras de Cuba, Venezuela y Nicaragua, y que sus conductores acaben en la cárcel por tiranos y por corruptos.

-Que el fiasco de Boric en Chile sirva de lección continental.

-Que se empiecen a construir las líneas 3 y 4 del Metro de Lima, sin esperar a que acabe la 2.

-Que se contrate a una consultoría especializada y, sin necesidad de construir puentes o bypasses, se resuelva el problema del tránsito en la capital peruana.

-Que saquen a los ministros de Economía y del Interior, una nulidad para resolver los dos más grandes problemas del país: la recesión económica y la inseguridad ciudadana.

-Que se entienda que la ola delincuencial que sufre Lima no es producto de la bienvenida migración de compatriotas venezolanos. Que no suframos de la xenofobia que en otros países ha sido el caldo de cultivo para el surgimiento de derechas autoritarias y extremadamente conservadoras.

-Que el centro y la derecha peruanas no cometan el suicidio de ir con más de veinte candidatos y este año se empiecen a consolidar alianzas.

-Que el país madure políticamente y se aleje de las narrativas radicales de los Aníbal Torres, Antauro Humala o Guido Bellido.

-Que en Barranco vuelva la bioferia, punto de encuentro colectivo que le hacía mucho bien a la vida cívica del distrito.

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Alianza Lima, Deseos 2024, Economía Perú, seguridad ciudadana

[PIE DERECHO]  -Que saquen al ministro de Economía, que no da pie con bola, que no sabe qué hacer frente a la recesión, que confía en que el gasto público sea determinante, que no aporta un gramo en la recuperación de la confianza inversora, que nos hará crecer –si se queda en el cargo el año entrante- solo por rebote estadístico y no por una robusta recuperación de la economía. Ojalá Dina Boluarte o Alberto Otárola, el poder detrás del trono, sepan calibrar el lugar que ocupa, según todas las encuestas, la crisis económica, en el sentir de los peruanos.

-Que el otro gran problema que asola el territorio nacional, el de la desbordada inseguridad ciudadana, sea aliviado de alguna manera. Estamos aburridos de “soluciones a largo plazo” o de “planes multisectoriales”. Lo que se quiere es acción efectiva, una policía menos corrupta y más eficiente, un Ministerio Público y un Poder Judicial liberados de la amenaza de las bandas delincuenciales, de un ministro del Interior con horizonte para salirse de la caja y con capacidad, por ende, de resolver el mayor problema de violencia civil que hemos vivido desde la caída del terrorismo de Sendero Luminoso y del MRTA.

-Que se encuentre algún remedio a la metástasis de corrupción que agobia a los ciudadanos y empresarios del país, en beneficio de burócratas o funcionarios llanos a extorsionar a los primeros a cambio de licencias, permisos o autorizaciones que deberían obtenerse porque así lo dispone la ley, pero que, puestas entre sus manos, se convierten en puerta de acceso a dinero sucio. Igual que con el tema de la delincuencia, se necesita de alguien que salga de la caja y encuentre una solución que implica desde el paje hasta el rey de nuestra precaria democracia.

-Por último y no menos importante, que la U obtenga el bicampeonato en el año de su centenario y que quien finalmente sea su entrenador, sepa mantener el estilo de juego que históricamente ha caracterizado al plantel merengue: técnica, velocidad, pundonor, juego vertical y garra, que es el que este año ha hecho que se bata el récord nacional de asistencia a los estadios en el Monumental de Ate. De paso, que Fossati repita con la selección el éxito obtenido con el cuadro de Odriozola y permita que el seleccionado nacional tenga un papel protagónico en la Copa América y que se vuelva a colocar en el partidor de posibilidades clasificatorias para el siguiente Mundial.

-¡Feliz Año para todos!

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corrupción, Deportes, Desafíos 2024, Economía, seguridad ciudadana

[PIE DERECHO]  El 27 de marzo de este año Sudaca publicó un informe donde revelaba que el fiscal encargado de la Tercera Fiscalía Corporativa de Santa Rosa, Abelardo Caycho Ramos, había redactado un acta fiscal, elevada a la secretaría general del Ministerio Público, en la que daba cuenta de presiones indebidas de los fiscales Andy Rodríguez y Max Castro para archivar un caso contra el sentenciado Walter Ríos, cabecilla de Los Cuellos Blancos.

A renglón seguido, Sudaca no recibió una carta aclaratoria, no sufrió una querella por difamación ni ningún desmentido por parte de los imputados. ¿Qué hicieron? Violentando todo el orden legal vigente y abusando de su poder, incluyeron al suscrito, junto al periodista César Romero de La República, en una investigación reservada, bajo la hipótesis absurda de pertenencia a una presunta organización criminal, y en base a ello ordenaron el seguimiento, reglaje, chuponeo telefónico y videovigilancia de los mencionados desde el 5 de abril hasta fines de noviembre, cuando el caso es archivado por la inexistencia de indicio alguno que probara una imputación antojadiza, utilizada como excusa legal para espiar a periodistas y descubrir sus fuentes informativas.

Al respecto, se han pronunciado IPYS, la Sociedad Interamericana de Prensa y el Consejo de la Prensa, condenando un hecho escandaloso y que podría estar afectando en estos momentos a otros colegas de prensa, inadvertidamente, porque se hace bajo la ladina figura de “investigación reservada”.

La Junta Nacional de Justicia debería actuar de oficio en este caso y proceder a evaluar la conducta procesal de los fiscales mencionados, quienes siguen en funciones, y son un peligro para la normalidad jurídica de cualquier democracia que se precie de serlo.

No es posible que se violente el derecho a la intimidad, en función del abuso de poder de un par de fiscales denunciados por haber cometido irregularidades en un proceso como el de Los Cuellos Blancos, teñido de sombras, como ha denunciado Sudaca en reiteradas ocasiones.

Nos reafirmamos en que el Ministerio Público, en general, necesita ser acotado en sus prerrogativas legales, puesto que, en manos de fiscales inescrupulosos, se convierte en una chaira que no se arredra en violentar la libertad de prensa con tal de lograr sus turbios propósitos.

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Espionaje Abuso de Poder, Libertad de prensa, Los Cuellos Blancos, Ministerio público
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