Sería una insensatez, políticamente suicida, que la oposición congresal le niegue la confianza al gabinete presidido por Mirtha Vásquez y que mañana se presenta ante el Pleno.

Corresponde leer con propiedad la nueva realidad política. La salida de Bellido del Premierato y la ruptura con Cerrón constituyen claramente un alejamiento, por parte del régimen, de la lógica de la confrontación ideológica y política, y en la práctica suponer arriar, al menos temporalmente, las banderas de la refundación socialista y constitucional del país.

Frente a esa nueva realidad, cabe, valga la redundancia, realismo. No es lo mismo el gobierno actual que el de hace algunas semanas. Y lo que inteligentemente corresponde a la oposición es tenderle un puente de plata a los arrestos moderados del régimen, que si bien no lo conducen al centro sino a una reafirmación izquierdista (la propia Premier es claramente de izquierda), despliega una opción más sensata y viable.

Hay un par de ministros que no merecen la confianza, es verdad. Puntualmente hablamos de los titulares del Interior y de Educación. Pues, a por ellos, que la posibilidad de interpelarlos y censurarlos la tiene a mano el Congreso, más aún ahora que el Ejecutivo ya no puede hacer cuestión de confianza por tales circunstancias.

Pero en términos globales, sobre todo el centro, debe apartarse de la lógica vacadora, lindante con el golpismo, que un sector de la derecha, fuera y dentro del Congreso, promueve a toda costa, sin importar razones.

A Castillo se le puede vacar, claro que sí, es un derecho congresal constitucionalmente establecido. Pero solo cabría ante una situación de abierta inmoralidad o sospechas fundadas de ella por parte del Primer Mandatario, o porque políticamente pretenda tirarse abajo el Estado de Derecho forzando una caprichosa disolución del Congreso para llegar, al final, a la convocatoria de una Asamblea Constituyente corporativista, que supondría el fin de la democracia y el modelo económico, de cuyas virtudes hemos gozado las últimas décadas.

Pero ni lo uno ni lo otro está cerca de ser realidad ahora. Por el contrario, la ruptura con Cerrón aleja al régimen de esa eventualidad. Esa realidad política debe ser correctamente leída por la oposición y no jugar irresponsablemente a la reciedumbre, cuando no es el momento de hacerlo. Lo era hace unas semanas, no ahora.

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Cerrón, Mirtha Vasquez, Premier

El ministro de Justicia, Aníbal Torres, ha ratificado en una reciente entrevista televisiva en el programa de Juliana Oxenford, que no está en los planes actuales del gobierno plantear la reforma de la Constitución a través de una Asamblea Constituyente.

Es una buena noticia para la gobernabilidad democrática del país que un gobierno que no tiene mayoría en el Congreso y que, además, en la primera vuelta electoral obtuvo apenas el 18.9% de la votación, se dé cuenta de que no tiene los fundamentos políticos para refundar el país.

Hubiera supuesto cruzar un Rubicón de insospechadas consecuencias. En la República romana, las legiones militares, cuando regresaban triunfales de una guerra, antes de entrar a Roma debían cruzar el río Rubicón, y para hacerlo dejaban sus armas en las afueras y de esa manera transmitían el mensaje de que ingresaban en calidad de ciudadanos respetuosos de la República. Julio César, en el 49 ac rompe con esa tradición y cruza con sus legiones armadas, rompiendo los cánones republicanos y sentando las bases para la fase imperial de la Roma antigua. Destruye la República.

Castillo no tiene los recursos legales para reformar la Constitución. No tiene 87 votos para, en dos legislaturas, lograr cambiarla, ni 66 para hacerlo en una primera legislatura y refrendarla luego en un referéndum. Solo podía hacerlo forzando al Congreso con cuestiones de confianza, por ejemplo, por la reforma del artículo 206, hasta obtener su disolución.

Hoy ya no lo puede hacer. La ley aprobada por insistencia por el Congreso excluye la posibilidad de plantearlas para temas relativos a “la aprobación o no de reformas constitucionales”, pero si el Ejecutivo se pusiera necio podría encontrar la forma de hacer cuestiones de confianza por políticas públicas inaceptables y lograr el mismo propósito: disolver el Congreso y aspirar a que el nuevo Legislativo le sea más favorable.

Solo en ese escenario hemos dicho con claridad que se justificaría que el Congreso opte, defensivamente, por la vacancia presidencial, pero, al parecer, ese riesgo insensato se ha alejado de la mente del gobierno, por lo menos así lo señala ya la Premier y un influyente ministro. Falta que lo ratifique el propio presidente Castillo, para dar la vuelta la página a una de las principales piedras en el camino de la gobernabilidad y de la sostenibilidad del régimen por el periodo de cinco años que por derecho le corresponde.

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Ha hecho bien el Congreso en limitar, mediante ley, la cuestión de confianza. Su carácter absoluto, aplicable a cualquier tema que se le ocurriese al Ejecutivo, era una espada de Damocles permanente y generaba un desequilibrio de poderes enorme, ya que era sumamente fácil deshacerse de un Congreso opositor.

El gobierno ha anunciado que irá al Tribunal Constitucional. Dada la actual composición del tribunal supremo en la materia va a ser muy difícil que declare la inconstitucionalidad de la norma, de modo tal que lo más probable es que la ley mantenga vigencia hasta que, de repente, se constituya un nuevo TC en marzo del próximo año y éste decida acometer el tema.

Entre tanto, se equilibra la balanza y, contrariamente a lo que algunos analistas piensan, lejos de ser el primer peldaño hacia un proceso de vacancia, termina por alejar también ese peligro político del horizonte. Como estaban dadas las cosas, solo la amenaza de una disolución del Congreso hubiera podido movilizar los 87 votos necesarios para vacar a Castillo (si pretendía disolver caprichosamente el Congreso bien merecida hubiera tenido la vacancia, por cierto).

Lo que corresponde a mediano plazo es reformar la Constitución en ambos puntos: limitar la cuestión de confianza en dos legislaturas, de modo de blindar cualquier modificación legislativa futura o su declaratoria de inconstitucionalidad de un futuro TC, y reemplazar las causales de vacancia moral, ajustándolas a un proceso de juicio político, en lugar del mamarracho que existe hoy y que, a su vez, también permite zafarse de un gobernante por la sola sumatoria de los votos, sin que importen las razones de fondo.

Lo cierto es que, en lo inmediato, va a ser saludable para la gobernabilidad que el Ejecutivo tenga rienda corta. No se aprecia hasta el momento un proyecto revolucionario, marxista leninista, en ejecución, ni un plan en ese sentido, pero la cercanía de elementos políticos que se declaran abiertamente leninistas o maoístas no deja de generar incertidumbre, sobre todo si se tiene en cuenta un Primer Mandatario tan volátil como el que hoy nos gobierna.

El parteaguas es el tema de la Asamblea Constituyente y la única vía que el Ejecutivo tenía parar lograr convocarla, pasaba por disolver el Congreso. Hoy, gracias a la ley congresal, esa eventualidad ha sido acotada a su mínima expresión.

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La derecha política, y en particular la derecha liberal, debería marcar claro distingo de los grupos extremistas, reaccionarios y violentos, que empiezan a prosperar en sus cercanías.

Plagados de libertarios conservadores o abiertamente fascistas (basta ver su simbología para darse cuenta de ello), estos grupos se dedican a hostilizar a cuanto personaje o entidad consideren ellos caviar o izquierdista, recurriendo a métodos coercitivos que colisionan con los criterios mínimos de un Estado de Derecho.

Su última víctima ha sido Francisco Sagasti, pero seguramente serán otros, si no se les pone pronto atajo. Y los primeros que deberían empezar a hacerlo son los representantes políticos (congresales o no) de la derecha política realmente existente.

La Carta sobre la tolerancia de John Locke, publicada en 1690, hace más de tres siglos, es el texto fundacional del liberalismo, y en aquel, el filósofo inglés trazó los límites que el ejercicio del poder debe tener, en cualquiera de sus formas, respecto de las creencias y valores ajenos. Harían bien los llamados liberales peruanos en releerlo, o leerlo, porque parece que algunos nunca lo han hecho.

¿Es verdad que los mismos que hoy se indignan por lo ocurrido hace unos días, aplaudieron entusiastas el puñete al congresista Ricardo Burga, el conazo a Carlos Tubino, la asonada en la vivienda de Beto Ortíz o el apaleo a Luis Alva Castro en los exteriores de la residencia del embajador de Uruguay? Sí, es cierto. Hay que admitirlo porque es menester corregir conductas de ambos lados del espectro ideológico nacional.

Ni el filofascismo criollo ni el supremacismo moral caviar pueden dictar la agenda pública. Se requiere construir, ahora más que nunca, que llegamos a un tiempo donde la transición democrática ha sido dilapidada por gobernantes mediocres y corruptos, a la revalorización de criterios de convivencia ciudadana.

La mediocridad rampante del gobierno de Castillo, y esa extraña coexistencia de magros resultados y excesivo ruido político, exacerbarán aún más los ánimos de sectores que ya se polarizaron durante la campaña. En ese ambiente crecientemente hostil, es imperativo llamar al orden democrático y defender la tolerancia como valor supremo de las libertades. Se juega mucho, en términos del futuro nacional, si miramos de soslayo estas muestras crecientes de fanatismo agresivo y violentista.

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