El chofer tumbesino Carlos Durand Neyra (31) teme por su vida. Durante los últimos tres años, según una investigación de la División de Investigaciones de Delitos de Alta Complejidad (Diviac), estuvo al servicio de una mafia de traficantes de madera. Uno de los presuntos cabecillas de esa organización es Hammer Aleman Izquierdo. La tarde del pasado 6 de abril, Durand Neyra lo delató ante la Policía de Tumbes. Pidió protección para él y para su familia.
“En el transcurso de lo que llego acá, me he dado cuenta de que desconocía que mi disque amigo Hammer falsificaba mi firma, realizaba viajes ilegales y transportaba productos ilegales, por lo que solicito ordenar garantías para mi vida, porque conozco que Hammer tiene una vida desordenada y tiene amigos delincuentes que le pueden hacer daño a mi familia y a mi persona”, declaró.
El día de su declaración, llevaba una semana detenido. Cayó en un megaoperativo organizado por la Diviac y la Fiscalía contra el Crimen Organizado de Tumbes junto a otras 13 personas. Entre ellas, funcionarios regionales, policías locales y comerciantes, como Aleman Izquierdo. A todos se les acusaba de haberse coludido para traficar carbón vegetal hacia Lima, un producto que termina principalmente en restaurantes de pollo a la brasa.
La mafia conseguía el carbón quemando la leña de los árboles de algarrobo situados en áreas protegidas. Para que el negocio se hiciera sin problemas, recurrían a funcionarios del gobierno regional de Tumbes, quienes fraguaban los permisos que eran usados durante todo el proceso. Gracias a los seguimientos y escuchas legales, se descubrió, por ejemplo, que los cargamentos no salían de esa región, sino de Lambayeque.
Según el informe policial de 1.473 páginas al que accedió Sudaca, los funcionarios de la Dirección Regional de Agricultura de Tumbes (DRAT) simulaban inspecciones a los supuestos locales donde la madera del algarrobo era procesada. Con ello podían crear documentación que permitía moverla ilegalmente hasta Lima. También emitían guías de transporte con datos falsos.
Carlos Durand Neyra (31) reconoció los delitos y dijo el pasado 6 de abril que teme por su vida. Hoy quienes pueden hacerle daño también están libres.
“Luis Saldarriaga [uno de los detenidos], por ejemplo, es uno de los ingenieros forestales que debía ir a las plantas de transformación, verificar, constatar y elaborar un acta de verificación forestal del material. Pero en esas plantas de transformación no había carbón ni árboles. Levantaban acta de verificación forestal y elaboraban las guías de transporte para que puedan extraer carbón de otras zonas no autorizadas y transportarlas hacia Lima”, explica una fuente que investiga el caso.
Para inicios de marzo pasado, los detectives ya habían recolectado testimonios de testigos clave, un colaborador eficaz y hasta tenían escuchas legales. Incluso, habían levantado el secreto de las cuentas bancarias de los investigados. Por si todo eso no fuera suficiente, tras el operativo del 26 de marzo consiguieron que algunos detenidos se quiebren y cuenten lo que sabían. Durand Neyra fue uno de ellos.
“Cuando iba a realizar los trámites a la DRAT, por órdenes de Hammer, los ingenieros Correa y Saldarriaga [se refiere a dos trabajadores del gobierno regional] me entregaban las actas de verificación forestal de forma rápida, por lo que suponía que ahí ya había una conversación previa entre Hammer y estos ingenieros. Y Hammer me decía que los ingenieros de la DRAT lo habían picado con dinero”, confesó, acorralado por las pruebas.
José Ramos Vilela (36), otro de los detenidos, es uno de los personajes que puso al servicio de la mafia una planta procesadora. Allí supuestamente convertían el algarrobo en carbón vegetal. Según los papeles entregados por los funcionarios de Tumbes, de allí también salía la madera hacia Lima. Pero la policía descubrió que nada de lo que estaba en el papel era cierto. Ramos Vilela también terminó admitiendo el delito frente a los detectives.
“Quiero precisar que cuando se realizaban estos viajes ilegales, el vehículo y su chofer, en la mayoría de ocasiones no ingresaban al departamento de Tumbes, ni mucho menos llegaban a mi planta de transformación forestal. Sin embargo, las guías y actas ya se encontraban realizadas (…) A consecuencia de ellos, yo recibía sumas de dinero”, dijo.
El organigrama de la mafia tumbesina.
Un fiscal con historia
Con las confesiones y las pruebas acumuladas por tres años, la suerte de los detenidos parecía estar echada. El caso era sólido. Los detectives, sin embargo, vieron con asombro cómo Rogelio Pita Jiménez, fiscal provincial especializado en la lucha contra el crimen organizado, boicoteó el pedido de prisión preventiva contra los detenidos
El despacho de Pita Jiménez tenía a cargo la investigación. Los últimos tres años, la fiscal que designó para llevar a cabo las diligencias fue la doctora Crisell Ordinola Nima. “Ella durante la etapa de investigación sí cumplió con lo necesario, tan es así que el juez nos dio la autorización para detener y allanar las casas de los investigados por 15 días”, dice una fuente relacionada al caso. Se refiere al operativo del 26 de marzo.
Lo que correspondía luego era que el Ministerio Público sustente la prisión preventiva. Pero sospechosamente, durante las audiencias llevadas a cabo a inicios de abril, Pita ordenó esta tarea a una fiscal que recién se empapaba del caso. Se trata de la fiscal adjunta Nathaly Ruiz Miranda, quien repite a Sudaca lo que dijo ante la jueza: “Yo no soy la fiscal a cargo. Para el día de la audiencia me la asignaron (…) Desconozco las razones del doctor [Roger Pita]. Eso [el por qué la designó] tendría que responderlo él. Una sólo tiene que acatar las disposiciones del provincial”.
Al cierre de esta edición, Ordinola Nima no respondió a nuestras preguntas. Ruiz Miranda, por su parte, se comprometió a decirle a Pita Jiménez que nos contacte, pero este nunca lo hizo. Como fuese, la evidente negligencia del Ministerio Público llevó a la jueza a liberar a los detenidos.
“Los representantes del Ministerio Público que estuvieron en el desarrollo de las audiencias no mostraron una conducta apropiada, pues era evidente que no conocían el caso y no tenían un manejo adecuado de la carpeta fiscal (…) Incluso en dos oportunidades se solicitaron recesos para evaluar si se continuaba o no con el pedido de prisión preventiva. Lo que a todas luces hacía ver que los señores fiscales que sustentaron el requerimiento de prisión preventiva no estaban de acuerdo”, apuntó la jueza Shirley Monterroso durante una de las audiencias. Su decisión quedó plasmada en una resolución del 26 de abril.
Gracias al boicot de Pita Jiménez, este fallo deja en libertad a los miembros de la mafia.
Pita Jiménez es reincidente. En 2018 permitió que un extorsionador quede libre, a pesar de sus graves delitos, cuando el fiscal ordenó pedir comparecencia con restricciones, según confesó uno de sus subordinados al semanario ‘Hildebrandt en sus Trece’. Dos años después, el liberado fue detenido por haber secuestrado a una menor de 15 años.
En junio del año pasado, el autor de esta nota también informó en la misma revista que el despacho de Rogelio Pita fue el responsable de dejar en libertad al líder de una mafia de extorsionadores y asesinos, Jhon Rivera Pisfil, a pesar de que este había confesado sus crímenes. Pita no había presentado la acusación a tiempo. Meses después de su liberación, Pisfil fue detenido por posesión ilegal de armas, pero la justicia tumbesina lo volvió a liberar.
Fuentes a cargo del caso del algarrobo convertido en carbón dicen que Pita Jiménez ha tirado al tacho tres años de investigación policial. Pero lo más urgente es lo que pueda pasar con los testigos y el colaborador eficaz que han ayudado a desentramar la historia de los taladores. Sus vidas corren peligro.
La primera planta que entregó la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), en el marco del convenio firmado con el Ministerio de Salud el año pasado, sigue sin poder llenar balones de oxígeno. Se trata de aquella que llegó al Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas del Sur (Iren Sur) en Arequipa el 3 de febrero. “El booster, que es la pieza que permite [la compresión del oxígeno y] el llenado de los balones, no ha sido instalado”, explica la gerenta del centro de salud Berenice Rodríguez. Hoy el hospital, que también tiene a su cargo pacientes con oxígeno domiciliario, depende de un proveedor externo para la recarga de los cilindros.
Lo mismo sucede con otras dos plantas instaladas en marzo pasado, en Chota, Cajamarca (Hospital de Apoyo de Chota José Soto Cadenillas), y en Huaral (Hospital San Juan Bautista). La UNI ha informado al Minsa que recién dentro de un mes y medio (45 días) completarán las piezas faltantes en las plantas. Aquí el detalle de cuáles son, de acuerdo a información proporcionada a Sudaca por la Dirección de Equipamiento y Mantenimiento (DIEM) del Minsa.
Fuente: DIEM-Minsa.
Pero la universidad podría salir bien librada gracias a una conciliación firmada con el Minsa el pasado 12 de mayo, que increíblemente no contempla penalidades por las tres plantas incompletas y tampoco por el incumplimiento en la entrega de un total 47 a las que se había comprometido inicialmente en el convenio ya mencionado. Así lo revela el acta de este acuerdo a la que accedimos para este informe.
El tira y jala de la conciliación
La UNI había recibido en noviembre pasado S/42,5 millones de parte del Minsa, equivalente al 50% del valor de 47 plantas de oxígeno que se había comprometido a implementar. Sin embargo, no cumplió con la primera entrega de 18 plantas al 24 de enero (una fecha límite que era ya un plazo ampliado). Aun así, el Minsa siguió esperando por varias semanas y dio un ultimátum el 5 de marzo. Una semana después, la cartera que dirige Óscar Ugarte resolvió el convenio y ambas entidades entraron en un pesado proceso de conciliación.
Hubo al menos dos intentos previos de concretar un acuerdo. En ambos, la UNI —en el colmo de la desfachatez— exigía incrementos presupuestales o adelantos de dinero que el Ministerio de Salud no estaba dispuesto a desembolsar, según documentación a la que hemos podido acceder. El acuerdo final de la conciliación —firmado el miércoles pasado— proponía finalmente que la universidad entregue, en un plazo de 45 días, las piezas faltantes en tres de las plantas instaladas y dejar funcionando otras cuatro plantas más en el plazo de un mes.
Pero el acuerdo también eliminaba las penalidades ante el incumplimiento de la UNI. “Los señores [de la UNI] se pusieron en esa posición, de que no vayan [los puntos] 1.5 [sobre Aplicación de penalidades] o el 1.6 [Solución de controversias]. Lo retiramos en ese momento del acta, pero no es que por otro canal el ministerio no pueda reclamar esas penalidades”, sostiene el director ejecutivo de Equipamiento y Mantenimiento (DIEM), Wilfredo Solis, en entrevista con este medio. El funcionario comenta que un arbitraje o proceso judicial serían las dos opciones que le quedan al Minsa y que las están analizando.
Extracto del Acta de conciliación entre el Minsa y la UNI.
Según Solis, el Minsa seguirá un proceso de liquidación cuyo objetivo será determinar si todo lo entregado por esta casa de estudios (las 18 plantas iniciales y las cuatro que se han comprometido a entregar) equipara o no los S/42,5 millones que se le adelantó a la universidad. Aquello implica la revisión del expediente técnico de cada planta, la verificación de sus piezas y el levantamiento de observaciones. El área que dirige Solis es clave en el tema de plantas de oxígeno.
—¿Cuánto dura y cuándo piensan hacer este proceso de liquidación?
—En el acta de conciliación, se ha establecido plazos que van entre cuatro a doce semanas, en función de que estén completas las plantas. De las 18 plantas, hay tres que no están completas. Lamentablemente, esas tres necesitan algunos equipos de importación. Por eso es que la universidad nos está pidiendo que después de 45 días que importen esos equipos [piezas faltantes], recién vamos a poder hacer todos los pasos [de la liquidación] que le he mencionado.
—Solo entonces van a saber si es que tendrán dinero de regreso de parte de la UNI.
—Correcto.
—De haber devolución, ese dinero se invertiría en la compra de equipos para suministrar oxígeno, según han explicado. Entonces es una demora tremenda terminar la liquidación recién dentro de tantas semanas.
—Correcto, como le digo: nosotros lo único que podemos hacer es evidenciar en dónde están los aspectos críticos de esta demora.
Quedan alrededor de cuatro meses y medio para ese nuevo capítulo. Dos de aquellas cuatro plantas que la UNI deberá entregar irán para hospitales que hasta el momento habían quedado fuera del plan de acción del Proyecto Especial Legado, un programa que ha recibido el encargo del Minsa de adquirir 20 de las plantas que la UNI dejó a la deriva cuando naufragó, como informóSudaca a fines de abril.
Sin embargo, aún hay siete hospitales sin un claro presupuesto asignado. Son los siguientes:
Diseño: Leyla López.
—Son siete hospitales los que han quedado en el limbo, de la UNI no recibieron ni recibirán sus plantas de oxígeno ni figuran en el plan que el Proyecto Legado está ejecutando ahora mismo. ¿Cuándo les llegaría las plantas comprometidas?
—En este momento no podría decirle… ni siquiera en semanas podría, porque estamos esperando el informe técnico [del Proyecto Legado sobre su ejecución presupuestal].
Con este documento, se sabrá si el presupuesto ya asignado a Legado también podrá cubrir el costo de las siete plantas que quedan en el limbo por el fracaso de la UNI. Solis remarca la importancia de esperar por dicho informe, aunque anticipa que muy probablemente sea necesario desembolsar otro presupuesto para dichas plantas.
—¿Cuándo deben recibir este informe?
—Todavía no tengo fecha, le mentiría si le dijera una fecha porque, como estamos trabajando varios temas… Para comenzar no hemos recibido nada oficial todavía.
Mientras la burocracia hace lo suyo, los hospitales viven una situación crítica. Hasta el Hospital de Yunguyo, al sur del Lago Titicaca y en la frontera con Bolivia, por ejemplo, el Ministerio de Salud debió llevar una planta de oxígeno a inicios de año. Pero hoy solo hay muros a medio avanzar para albergar las plantas. Continúan dependiendo del escaso oxígeno de Puno capital, a dos horas en auto.
“El mes de febrero ha sido crítico. En el mismo Puno, había colas inmensas para recargar los balones. Un día llegó un paciente a las seis de la tarde con requerimiento de 15 m3 de oxígeno por minuto, lo máximo que se puede dar con un balón. Le hemos dado otro balón, otro más, otro. A las cinco de la mañana falleció, no teníamos más. Es triste, no podíamos hacer más. Y no es uno sino varios los que han pasado por lo mismo”, relata el médico Anatoly Montalvo, director del Hospital de Yunguyo. Hoy suman más de 41 fallecidos por la Covid-19 en lo que va del año.
“Necesitamos el oxígeno, atendemos una gran cantidad de pacientes Covid, tenemos 30 camas [netamente para ellos]. Estamos muy preocupados por el incumplimiento. (…) Tenemos mucho temor por esta tercera ola que se viene”, asegura Carlos Tavera, director del Hospital San Martín de Porres, en la provincia de Carabaya, también en Puno. Es otro de los hospitales de los siete centros de salud a la deriva. Hoy traen el oxígeno desde una empresa en Arequipa, recargan dos veces por semana los 50 balones con los que cuentan y en viajes que toman 8 horas.
Atrás, obras paralizadas a la espera de la planta de oxígeno de la UNI en el Hospital San Martín de Porres en Carabaya, Puno. Adelante, infraestructura a medio acabar en el Hospital Amazónico, en Yarinacocha, Ucayali.
Una imagen muy parecida es la que se ve en el Hospital Amazónico, en Yarinacocha, Ucayali. “Hace un mes atrás dijeron que la planta iba a llegar en 10 días, hasta ahora no hay nada. (…) [En abril] A diario morían entre 20 a 30 personas por día por falta de oxígeno”, comenta Luis Tejada, técnico de enfermería del hospital.
En el sur de Lima, el cuerpo médico del Hospital de Emergencias de Villa El Salvador continúa en busca de que alguien les done una planta de oxígeno. La historia es conocida y paradigmática, como ya contó Sudaca en varios informes. “Todas las semanas tenemos una situación particular que atender. A veces se presenta una empresa minera que quiere apoyar al Estado y nos ofrece una planta. Estamos a la expectativa que en el momento más oportuno podamos responder a la necesidad de Villa el Salvador”, dice Wilfredo Solis del Minsa.
Al parecer, a aquellos siete hospitales solo les queda esperar un golpe de suerte.
El Partido Morado (PM) se desmorona. De la plataforma que hace seis meses colocó a Francisco Sagasti en la presidencia, tras una audaz negociación parlamentaria, hoy queda un páramo arrasado por riñas intestinas y un grupo de dirigentes tratando de recoger los escombros para volver a construir. Los sueños electorales se apagaron con el fracaso de abril, y el cariño entre el gobierno y el aparato partidario está roto.
Los dirigentes que aún quedan junto a Julio Guzmán culpan de su derrota en las urnas a Sagasti. Ello pese a que, en lugar de servirle como pararrayos natural ante los embates de sus adversarios, eligieron un discurso de distanciamiento retórico. “¿De dónde sale esa absurda separación?”, reclamó ayer por la noche Carlo Magno Salcedo, en una reunión virtual con otros 375 militantes a la que Sudaca pudo infiltrarse.
Salcedo es asesor presidencial desde noviembre. Pidió licencia a sus cargos partidarios, pero ha sido un personaje clave en la construcción de la doctrina republicana que ha adoptado el PM. Como tal, es el nombre más pesado entre los 14 dirigentes −nacionales y regionales− que ayer renunciaron públicamente a un proyecto político en naufragio. A solo dos años de conseguir su inscripción, el Partido Morado está a poco de perderla. Y en las bases se cocinan más dimisiones.
#LoÚltimo Se termina de romper el Partido Morado. Esta es la renuncia pública de un grupo de militantes, entre ellos varios con cargos de responsabilidad nacional y regional. Acusan a la dirección partidaria de ser ‘argollera’ y de una «subordinación autocrítica» a Julio Guzmán. pic.twitter.com/3B9cVdGSRu
Para entender por qué los que se van acusan a los que se quedan de ‘argolleros’ e incapaces, mientras que al revés son condenados como desleales y revanchistas, queda por contar la historia de los últimos seis meses. Y no es este apenas un lío de blancos, sino el ocaso de una organización a la que todavía está afiliado el presidente de la República.
Sentimiento centralista
“Si el ciudadano Sagasti es presidente, es porque hubo un morado en cada región del país recolectando firmas”, dijo uno de los que participaron en el Zoom disidente de anoche, al que se llamó ‘Conexión Republicana’. Tal como los apristas se llaman “compañero” y los accionpopulistas “correligionario”, los morados han agregado un “ciudadano” antes de referirse los unos a los otros.
Esta no es la única costumbre que el partido ha copiado de la política tradicional. La otra es el manejo centralista de las decisiones clave, en desmedro del poder de las bases regionales. Así lo indican hasta cinco fuentes con las que conversó Sudaca para esta nota. Y lo acepta como error de esta última campaña el propio secretario general del partido, Rodolfo Pérez. “Sí, esta fue una campaña que no tuvo un mensaje para las regiones”, dice.
Wilder Mamani, secretario de plan de gobierno de Arequipa y otro de los renunciantes, asegura que el malestar de sus bases tiene varios meses. Se queja de las decisiones de su bancada y, luego, de la democracia interna. En octubre del año pasado, un mes antes de las elecciones internas que dieron como vencedor a Guzmán, militantes arequipeños enviaron un oficio al actual congresista José Antonio Núñez pidiendo que se investigue la inscripción irregular de “aproximadamente 400” nuevos militantes y advirtiendo la intención del guzmanismo de, con ello, “asegurar una elección interna”.
El 19 de diciembre del año pasado, en una reunión con las bases de esa región, el ya electo Julio Guzmán le dejó claro a Mamani lo siguiente, de acuerdo a un audio al que pudo acceder Sudaca: “El comando de campaña va a tomar decisiones sobre la gente que confíe, y que confíe no solo en el jefe de campaña, sino que confíe y crea en el candidato presidencial. Todos aquellos que lamentablemente tengan dudas o no crean o están confundidos o lo que sea, no van a ser parte del equipo. Porque para esto […] hay que estar convencidos de que la fórmula presidencial Guzmán-Pablo va a ganar”.
Después de Lima, Arequipa es el segundo bastión de los morados. En estas elecciones, fue la única circunscripción además de la capital donde pelearon una curul. La perdieron contra el partido de su acérrimo enemigo Rafael López Aliaga. Fue la región que quedó más molesta tras el último 11 de abril.
“Los candidatos al Congreso [de Arequipa] tuvieron que cargar una mochila muy pesada en función a los errores de campaña del partido […] El efecto arrastre de la candidatura presidencial fue más un ancla”, se queja Mamani. Señala dos ejemplos ya clásicos: el spot del bus morado y la conversación sobre marihuana. Agrega que se trató el tema agrícola “como si fuera solo semillas, vacas y créditos agropecuarios, demasiado simplón para un partido con un reto nacional”.
Desde el 13 de abril, Sudaca adelantó que las bases regionales se preparaban para pedir la cabeza de Guzmán y, de no tener éxito, dimitir. El comunicado publicado ayer combina −a partes iguales− firmas de militantes vinculados a la Secretaría de Doctrina con dirigentes regionales de Arequipa, Lambayeque, Junín, Huancavelica y Áncash. Decenas de militantes de las bases departamentales discuten sumarse al pronunciamiento de sus cabezas.
El documento de los renunciantes detalla los errores de Guzmán y su círculo: “su profunda incapacidad para generar espacios de decisión colegiada y de diálogo que empoderen a la militancia, su opción por las argollas, y la acomodada y falsa lealtad personal (o subordinación acrítica) al líder”.
En las internas, la congresista Carolina Lizárraga ya había llevado la bandera de la representación de las regiones en contra del centralismo de Guzmán. Perdió rotundamente, aunque sus seguidores acusaron irregularidades en el proceso. Pedro Gamio, exintegrante de la plancha de Lizárraga y otro de los renunciantes, asegura que ella no renunciará al partido hasta que acabe su mandato como congresista, pese a que desde hace mucho no hace vida institucional.
Todas las fuentes que hablan sobre centralismo político acompañan su afirmación con un nombre: Jonathan Reynaga. Huancaíno radicado en Nueva York, ha hecho su carrera y su vida en Estados Unidos. Está tan afianzado en la cultura norteameriana que incluso hoy habla el español con la sintaxis del inglés y un ligero acento gringo.
Reynaga, exasesor del británico de Tony Blair, fue uno de los socios fundadores de la productora de contenido de entretenimiento Tiny Horse, que se vendió por US$30 millones hace un año, según la revista Variety. Es amigo de Daniel Olivares y de Guzmán, y también dirigió su campaña ‘contra los dinosaurios’ en el 2016. Asegura creer en el proyecto morado, pese a la cantidad de anticuerpos que este medio ha podido comprobar que tiene en la interna.
Mamani, por ejemplo, dice haberse sentido “ninguneado” por el jefe de campaña. Otras fuentes que pidieron anonimato recalcaron su molestia con la selección de los invitados que él tuvo a cargo.
Reynaga se defiende brevemente en diálogo con Sudaca. “Después de las elecciones internas, los que perdieron saboteaban a los ganadores. Y los ganadores estaban más concentrados en [las municipales del] 2022. El compromiso de hacer campaña no estaba ahí”, dice sobre el fracaso electoral fuera de Lima.
Jon Reynaga (el segundo de la izquierda) junto a otros tres socios fundadores de Tiny Horse, la empresa estadounidense que vendieron el año pasado.
La grieta de origen
Si el barco morado hoy se hunde, es porque se empezó a agrietar hace varios meses. Según lo que explicó en el Zoom de anoche Salcedo, exmiembro del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) y de la Comisión Política, Guzmán tomó junto a su círculo cercano la decisión de separar al gobierno de Sagasti de la bancada y la militancia apenas este asumió. En lugar de abrazar su rol como partido que gobierna, buscó que los posibles errores del presidente no afecten la campaña morada. Obtuvo 2,3% de los votos.
La grieta entre el Ejecutivo morado y el partido del mismo color se agrandó en diciembre, cuando Sagasti firmó dos decretos supremos que autorizaban a una minera fantasma a adquirir derechos mineros en la convulsionada zona de frontera de Tambogrande, en Piura. La congresista morada de esa región, Angélica Palomino, movió a su bancada para solicitar en conjunto la derogación de ambas normas.
El gobierno cedió y anuló los decretos luego de unos días. Sin embargo, Palomino se sintió desairada por el presidente, a quien pensó poder llegar con mayor facilidad. El trato que recibió en el interín, cuentan dos fuentes cercanas a ella, la hizo tomar una actitud casi de oposición de allí en más. Un congresista de su región confirma que se sentía defraudada porque esperaba ser recibida con más amabilidad por un presidente de su partido.
Según dijo Salcedo en el Zoom, el gobierno quedó desamparado políticamente ante sus adversarios. En tienda morada tienen especialmente presentes los ataques de programas como el de Beto Ortiz, en Willax TV. Fuentes del partido alegan que, de haber tenido un aparato institucional como respaldo político, el gobierno habría podido responder con más contundencia a sus ‘informes’ sobre la vacuna de Sinopharm, que retrasaron el proceso de inmunización.
En el Zoom de anoche, Salcedo aseguró que el gobierno ha podido conversar con sus congresistas en los últimos seis meses apenas de forma individual, como en los casos de Olivares y Gino Costa, pero no con la bancada como un bloque. Fuentes cercanas a la presidencia de la República confirman que incluso el vínculo entre Sagasti y Guzmán se ha resquebrajado.
Tras el desastre electoral del último 11 de abril, y pese a la retórica de distanciamiento que intentaron poner en medio, el guzmanismo ha hecho circular en la interna una explicación sobre la derrota que tiene como pilar la baja aprobación de Sagasti. Así lo confirma a Sudaca Rodolfo Pérez, quien atribuye la mala performance electoral a tres factores: “un serio problema de posicionamiento político”, los ataques de Willax y compañía, y el gobierno de Sagasti.
Pérez dice que a Sagasti hoy “no le ayuda que su asesor principal [Carlo Magno Salcedo] esté tomando este protagonismo político” y acusa a Gamio de esgrimir un “revanchismo infantil” por perder en las internas. Asegura que no entiende a los firmantes del comunicado, porque ya hay un proceso interno de reestructuración, en el que primero se está escuchando a la militancia y “analizando los errores”. Pero el presidente sigue siendo el mismo que perdió. «No hay voluntad de enmienda», reclama Gamio.
La gota que terminaría hundiendo al barco que Guzmán se niega a abandonar cayó el último lunes 10. Según tres fuentes, Salcedo −quien intentó regresar a los espacios políticos del partido en las últimas semanas− fue expectorado de un Zoom partidario en que estaba Reynaga. Este niega haberlo sacado de la reunión virtual, pero con ese confuso incidente la grieta terminó de quebrarse.
Salcedo, quien presidió la Secretaría de Doctrina, fue el enlace entre el descontento regional y el nacional, confirman sus firmantes. Así fue que se terminó alumbrando el comunicado que señala: “denunciamos la decisión manifiesta de la mayoría de la dirección nacional de no asumir responsabilidades, de no rectificar y, por lo mismo, liquidar a una organización política que estuvo llamada a hacer la diferencia en el país”.
Pérez, del ala guzmanista, y Zenaida Solís −quien tuvo un choque con Sagasti recientemente por la promulgación de la Ley Antimonopolio− han asegurado que lo que le ocurre al Partido Morado no es una rotura. A menos que tengan éxito en una eventual impugnación, la próxima tarea que tendrán para reflotar el barco es la reinscripción partidaria.
Además de los 14 dirigentes que firman el comunicado, han renunciado ya Raúl Salazar, socio de Macroconsult y exjefe del plan de gobierno y Marco Zevallos, ex personero legal. El columnista de este medio Daniel Parodi también ha manifestado su alejamiento. La mayoría de ellos había abandonado al guzmanismo. Y aún más: ahora el PM podría quedar solo con invitados en el nuevo Congreso.
Tocará ver si Guzmán asume la responsabilidad en la derrota política o se coloca nuevamente al frente del nuevo partido cuando se reinscriba, que probablemente tenga el mismo nombre porque él lo ingresó bajo su titularidad en Indecopi. Lo que sí es claro es que será un proyecto distinto al que está naufragando.
Luego de la actuación aplastante de su mayoría parlamentaria, la nueva bancada de Fuerza Popular dice querer enmendar los errores del pasado. ¿Qué hace para lograrlo? Buscan los consejos de quienes les hicieron ganarse a pulso la etiqueta de obstruccionistas.
Aumentar el presupuesto en educación y salud es una de las prioridades del plan de emergencia para los 100 primeros días del gobierno de Pedro Castillo, en caso sea electo presidente. El documento de 17 páginas, publicado ayer por Perú Libre en sus redes sociales, traza el camino para lograrlo: la «nacionalización de nuestras riquezas»; la creación de impuestos a las sobreganancias; y, por último, la reforma de la administración tributaria.
Este último punto no es más que la “reestructuración” de la Sunat. Entre sus objetivos está empezar a cobrar millonarias deudas tributarias que grandes empresas aún mantienen en litigio. Sudaca ha podido acceder a un informe preliminar del equipo económico de Perú Libre, cuyo coordinador es el excongresista e ingeniero economista Juan Pari Choquecota, en el que explican cómo y por qué -según el equipo del lápiz- es necesario hacer cambios en la administración tributaria.
“Actualmente, mientras los pequeños empresarios son coaccionados por la Sunat por unos pocos soles [que adeudan], los grandes deben miles de millones y nadie les cobra”, dice el documento. El texto, al que llamaremos “Plan Pari”, no precisa el número ni el monto de dinero específico de la deuda que tienen las grandes empresas con el Estado.
El informe preliminar del equipo económico de Juan Pari presenta el porqué se debe reestructurar la Sunat y da las justificaciones para crear nuevos impuestos a la riqueza.
Un reciente fallo del Tribunal Constitucional (TC), de septiembre de 2020, impidió que S/9.256 millones en deudas tributarias impugnadas por 158 grandes empresas del país prescriban. Entre las que se habrían visto beneficiadas estaban, por ejemplo, Buenaventura, Antapaccay, Telefónica, Latam Airlines, Supermercados Peruanos, Unacem, Odebrecht, Southern o Interbank.
Muchas de estas deudas tributarias, sin embargo, aún no son cobradas. Ello puntualmente no se debe a la inacción de la Sunat -que peleó en el TC para que no prescriban-, sino a que siguen en litigio tras no haber prescrito. Las grandes empresas juran que los montos no son correctos y tienen capacidad financiera para apelarlos hasta las últimas instancias legales.
Pero desde Perú Libre echar mano de ese dinero parece ser crucial. Según el documento del equipo económico, han detectado que algunas empresas deudoras “reciben una devolución equivalente al 10% de sus ingresos”. Se refieren a la devolución fiscal que hace la propia Sunat, de la cual el sector minero ha sido el más favorecido en los últimos años. «Esto es inaceptable», concluyen.
Cabe precisar, no obstante, que la devolución del IGV a las exportaciones (como son los minerales) es estándar global. Ello, bajo la lógica de que «los impuestos no se exportan», lo que haría menos competitivos a nuestros productos.
La SUNAT será reestructurada, para cobrar a los grandes deudores. Hoy lamentablemente hay una SUNAT que castiga a los pequeños empresarios, los persigue y hasta los asfixia, no educa solo castiga y los grandes deben miles de millones y nadie les cobra
Este es el tuit del coordinador del equipo económico de Perú Libre, Juan Pari, en el que confirma el presente informe.
Nuevos impuestos a los más ricos
El análisis que hace el informe de Perú Libre es que “este gobierno [el de Francisco Sagasti] reconoce que la presión tributaria peruana (16.9% para el 2019) está por debajo de los estándares de América Latina (23.2%) y de la OCDE (34.3%). Se recauda aquí menos que el promedio de América Latina”.
El diagnóstico apunta su artillería contra los funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas a quienes tilda de defender “los intereses de los más ricos”. Según el documento, en el informe de proyección económica llamado Marco Macroeconómico Multianual (2021-2024) elaborado por el MEF “no hay ningún cambio y ningún tributo aplicable a los estratos de mayores ingresos del país”.
De acuerdo al partido del lápiz, esta realidad desnivela la cancha entre los grandes y pequeños empresarios y contribuyentes. “Los funcionarios del MEF, en vez de hacer lo posible para que cada uno pague en función a la riqueza, proponen aumentar los impuestos municipales y los dirigidos a profesionales y pequeños empresarios formales”. Esta situación, añade el documento, “promueve la informalidad, la elusión y la evasión [de impuestos]”.
Otro análisis que brindan los técnicos de Perú Libre es que las grandes empresas cada vez pagan menos impuestos: “La recaudación tributaria por el Impuesto a la Renta es cada vez menor en el tiempo (…) Y en el 2020, con pandemia, mucho menos”, remarca el documento. Por lo tanto, añaden, “los trabajadores tienden a contribuir más a la recaudación tributaria. ¿Es eso equitativo?”, se preguntan en el partido del lápiz. La recaudación por Impuesto a la Renta suele ir de la mano con el crecimiento (o ralentización) de la economía.
El “informe Pari” le desinfla la llanta al sector minero y dice que es un mito que la minería sea el que aporta la mayor carga tributaria en el país. “Los resultados de la recaudación tributaria por actividad económica muestran que no es la minería la que aporta más. Son los impuestos recaudados a los servicios, a la industria no primaria y al comercio los que aportan en su conjunto el 81% frente al aporte del 7% de la minería en el año 2020”, dice el informe que muestra cifras de la Sunat.
“Los registros de la Sunat muestran que las empresas nacionales y los trabajadores que no gozan de ningún convenio de estabilidad tributaria son los que contribuyen más. Los pequeños empresarios, transportistas, comerciantes y trabajadores son además sujetos a sanciones de diverso tipo y cobranzas coactivas”, concluye.
El informe, en esa línea, propone “la eliminación de las devoluciones a sectores económicos que no generan industria ni tecnología” y la “transformación” de la estructura tributaria “hacia otra que enfatice los impuestos directos (Renta), bajo el principio de equidad y justicia fiscal”.
Aunque no entra en detalles, también promete eliminar todos los “trucos” contables y de gestión en las empresas para evadir impuestos, que hacen que se pague poco o nada en tributos por parte de las empresas y propone la “elevación” del impuesto selectivo al consumo (ISC) a actividades como casinos y similares.
En el debate de los equipos técnicos del próximo domingo 23 de este mes, organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), en el que participará Juan Pari, se conocerán más detalles de este plan programático.
Poco tiempo después del lanzamiento de ‘Aprendo en Casa’, a fines de marzo, varios de sus trabajadores han sido separados del programa ancla del Ministerio de Educación (Minedu). Y no solo eso: al menos cuatro de las seis fuentes consultadas para este informe reclaman que aún no se les paga por sus servicios pese a que se han presentado informes de sus trabajos que incluyen jornadas de más de 12 horas diarias.
Las personas que hablaron con Sudaca−que han pedido su anonimato para este reportaje, dado que ya fueron víctima de represalias− aseguran que la decisión de los ceses vino después de dos situaciones: la primera, una carta enviada a la alta plana del ministerio y que fue firmada por los “supervisores de comunicación” del programa. En esta, manifestaban una serie de situaciones adversas que perjudicaba el desarrollo de su trabajo.
“Nos avisaron que no nos van a contratar más por la nota que sacaron ustedes. Hemos quedado en nada y tengo compañeros bastante desolados porque estamos en una coyuntura bien complicada [de pandemia]», cuenta a este medio una extrabajadora recientemente cesada a la que, en el colmo de la desfachatez, se le pidió recomendaciones para ver quién sería su reemplazo.
Carta premonitoria
El pasado 20 de marzo, los supervisores de comunicación del Minedu−hasta entonces intermediarios entre el equipo pedagógico del ministerio y la productora contratada para la realización de los programas−, enviaron una carta a Nora Delgado, directora general de Educación Básica Regular; María Luisa Chávez, directora de Educación Primaria; y Maribel Aguilar, directora de Educación Secundaria.
En la misiva −la cual revisó Sudaca− los firmantes se quejan de la falta de lineamientos claros para la redacción de los guiones y una burocracia desmedida en la revisión del material que terminaba retrasándolos. “En el caso de secundaria […] el equipo pedagógico ha hecho pedidos y observaciones sobre la presentación de algunos insumos que luego, en las reuniones de esta semana, han venido contrariando a esas observaciones iniciales que se recibieron”, se lee en el oficio.
Los supervisores indican, además, las faltas a los cronogramas establecidos para aprobar los guiones y se quejan de las contradicciones en las directivas, de la excesiva cantidad y duración de reuniones, y de la ausencia de claridad en los roles de trabajo. No solo eso. También dejan constancia de que se les está haciendo trabajar hasta 14 horas diarias.
“Hace un mes venimos trabajando 14 horas al día, en promedio a más, muchos sin tomarnos descansos ni para almorzar (almorzamos trabajando) y trabajando los fines de semana. El trato inicial con cada uno de los firmantes incluyó la propuesta de que este puesto no nos demandaría trabajar durante los fines de semana (que se presentó como mejora al año pasado)”, se lee en el documento.
Los trabajadores del Minedu terminan recomendado que se tome como experiencia lo hecho el año anterior, pero ninguno de sus reclamos fue tomado en cuenta. A algunos se les empezó a excluir de algunos correos y reuniones, según denuncian varios colaboradores y excolaboradores del Minedu. “Cortaron la comunicación con el equipo de comunicaciones”, cuenta un actual trabajador del Minedu. Valga la redundancia.
En paralelo −pocos días antes y también después de la carta interna presentada por los trabajadores− se hicieron públicos dos informes de Sudaca que dejaron al descubierto el caos y la improvisación con la que se estaba trabajando. Ambos factores habrían desencadenado la ira de las cabezas del Minedu, tras lo que se decidió no renovar el contrato de varias personas a fines de marzo.
Otra de las consecuencias fue que, en la práctica, según las fuentes, la responsabilidad de coordinar el trabajo pasó del equipo de “supervisores de comunicación” a la empresa productora elegida para la realización de los programas: Marketing Táctico.
Calidad cuestionada
Todos los entrevistados coinciden en que el material que se está emitiendo no alcanza los estándares de calidad esperados, al punto de que ‘TV Perú’ lo transmite con un anuncio donde se señala que el canal no se responsabiliza por los contenidos. “Desde el viceministerio de Gestión Pedagógica, dirigido por Killa Miranda, surgieron órdenes directas para abaratar los costos de producción, simplificando los contenidos”, cuenta un actual trabajador del Minedu.
“Vi un par de episodios y me dio pena. Están super mal hechos. Querían hacer un programa de Netflix sin ser conscientes de los recursos y la realidad. A eso se suma una productora improvisada”, revela una fuente que fue separada de la producción.
Un exmiembro que se retiró por voluntad propia del equipo de editores detalla que la realización partió mal desde un inicio porque se usó el mismo número de profesionales del año pasado, en el que solo trabajaron contenidos de secundaria. La diferencia es que este año se ha contemplado primaria, secundaria y otras áreas. Más chamba con la misma cantidad de gente.
La misma fuente confiesa que, al tener poco personal y estando tan cerca de la emisión, entregó el contenido a TV Perú siendo consciente que “era cualquier cosa”. “La producción estaba muy desorganizada y había solo una persona que veía todas las observaciones de todos los grados, lo cual es imposible. Era inviable, íbamos a patinar. Luego me retiré porque profesionalmente no era atractivo”, agrega.
“Nos duele profundamente ver cómo nos piden que saquemos programas sin coherencia entre ellos. El desorden y la improvisación son el pan de cada día de esos programas”, cuenta un miembro del equipo de postproducción.
De acuerdo a un informe interno de mediados de abril, al que también pudo acceder Sudaca, trabajadores ya han advertido la falta de coherencia en algunos episodios y han sugerido mejoras en los programas. Un ejemplo es la representación de una niña con vestimenta típica de la calurosa selva peruana, pero que vive en la fría sierra de Junín.
Sudaca se puso en contacto con Guido Vaccaro, gerente general de Marketing Táctico, pero se excusó de responder hasta el cierre de esta nota. La responsabilidad principal, sin embargo, recae en un nombre: Killa Miranda, viceministra de Gestión Pedagógica.
Cuando este reportero la contactó, la funcionaria sólo atinó a decir que el canal para solicitar sus descargos es el de área de prensa del Minedu. “Me parecen tan raras sus preguntas”, le escribió al autor de este informe. Desde el despacho de prensa se limitaron a responder sobre los ceses: “Los contratos se acaban, eso sucede en el ámbito laboral”. Parece que en el Minedu no aprenden.
“Si votas en blanco, votas en rojo” es una de las frases que ha circulado por Facebook apoyando la candidatura de Keiko Fujimori. Al menos 27 anuncios similares fueron pagados por la agencia de publicidad Algoritmo, de acuerdo a la biblioteca de anuncios de Facebook. Esta misma empresa ha sido seleccionada por la ONPE como parte del plan de medios de la franja electoral, un mecanismo a través del cual los partidos políticos compran espacios publicitarios con fondos públicos.
Son tres las empresas postoras que ofrecen espacio en redes sociales: Radio Onda Sideral, Ozono Networks y Algoritmo. Perú Libre, quizá sin saber de los anuncios naranjas de la empresa, eligió solo a esta última. El monto: S/60 mil que le da la ONPE.
Fuerza Popular, por su lado, ha apostado por no tener presencia en redes sociales con dinero del Estado. No tiene porqué. El fujimorismo ya tiene aliados en ese espacio, la mayoría ‘anónimos’, que han impulsado las iniciativas “Por mi familia” y “Unidos por un Perú mejor”.
Uno de los financistas de la campaña “Por mi familia” es justamente Algoritmo, una empresa fundada en 2013 cuya razón social es Go Digital Perú S.A.C. La página, creada el 29 de abril pasado, promueve el voto a favor de Fujimori, a quien califican como el “mal menor”. En unos videos publicados el 10 y 11 de mayo, se puede ver a la bailarina Vania Masías asegurando que no es “pro Keiko” y que, aunque le va a costar, va a marcar la K “por mi familia, porque no quiero que pasen por lo que ya pasamos”.
En otro de los videos pagados por Go Digital y difundidos el pasado 7 de mayo, aparecen figuras conocidas como Inés Melchor y Renzo Reggiardo hablando sobre no perder lo que ya ganaron, en alusión al comunismo, y “no votar con odio, sino por el Perú”.
No todos los videos publicados asociados a esta campaña fueron pagados por Algoritmo. Según el medio Ojo Público, la semana pasada Facebook eliminó tres anuncios virales en contra de Pedro Castillo −publicados en la página “Por mi familia”− porque no identificaron al financista detrás de la propaganda política.
Como explica Facebook en su biblioteca de anuncios, estas publicaciones pagadas se pusieron en circulación “sin un descargo de responsabilidad”, es decir, no se advirtió quién las había financiado. Una vez publicadas, se determinó que cada una de ellas “era un anuncio sobre temas sociales, elecciones o política, y que requerían la etiqueta [de propaganda política], así que lo quitamos”.
Los videos que no se eliminaron fueron los de Algoritmo, precisamente porque en ese caso sí se identificó que esta empresa fue la que pagó la pauta publicitaria a favor de Keiko Fujimori.
¿Confidencialidad?
Consultados por el financiamiento de los anuncios pro fujimoristas, Algoritmo respondió que ellos solo son “una agencia de compra de medios digitales”, que sirven como intermediarios y que la campaña “Por mi familia” no fue financiada por ellos, sino por un cliente, “el cual debemos mantener en confidencialidad por nuestras políticas internas”.
Iván Lanegra, secretario general de Transparencia, explica que las empresas están prohibidas de hacer aportes a las campañas electorales. Ante el argumento de que esta publicidad fue financiada por un tercero, Lanegra agrega que sería importante que la ONPE intervenga para conocer quién financió estos anuncios, tal como sucedió con el caso de los carteles de “No al comunismo”, por un tema de transparencia.
Hasta el cierre de esta edición, no recibimos respuesta de parte de la agencia de publicidad Algoritmo a la pregunta explícita de quién es el cliente que habría financiado los videos.
Aunque la ONPE es responsable de asegurar la neutralidad y transparencia en el proceso electoral, Benito Portocarrero, jefe de prensa del organismo estatal, nos respondió que “no habría ningún impedimento legal” para financiar particularmente la campaña publicitaria de un candidato y, al mismo tiempo, ser el encargado por la ONPE de la campaña del competidor.
Quienes pensaban que el nuevo plan de gobierno de Perú Libre iba a “moderarse” en sus propuestas podrían estar equivocados. En Perú Libre dicen que respetarán el programa primigenio presentado al JNE, es decir, el elaborado por Vladimir Cerrón que ha puesto los pelos de punta a sus críticos. ¿Cuáles son esas propuestas que no han sido removidas y por las que Castillo ni Cerrón han dado su brazo a torcer?
Una nueva Constitución, el aumento del presupuesto al 10 por ciento del Producto Bruto Interno (PBI) para salud y educación, la renegociación de contratos de empresas estratégicas y la nacionalización de los hidrocarburos -siguiendo el ejemplo boliviano- son solo algunas de estas ideas que siguen firmes en la agenda programática. El secretario de organización de Perú Libre, Arturo Cárdenas, cuenta a Sudaca algunos entretelones en la elaboración de este nuevo texto que lleva el título ‘Plan del Bicentenario, Perú Libre de Corrupción’ y se reafirma en su doctrina «marxista, leninista y mariateguista».
El nuevo plan de gobierno está aún en proceso. Lo que se presentará hoy a las 2:00 de la tarde, en La Victoria, será un plan de trabajo para los 100 primeros días.
-¿Cómo se conformó el equipo técnico que ha elaborado el ‘Plan del Bicentenario, Perú Libre de Corrupción’?
El equipo técnico, tal como ha salido en el comunicado que fue publicado ayer [jueves 13 de mayo], está a cargo del compañero Roger Nájar Kokalla. Sobre él, en este caso, se está trabajando y articulando el plan de gobierno, que solamente va a fortalecer al programa primigenio que nosotros tenemos [se refiere al “Ideario y Programa” de Perú Libre, creado por Vladimir Cerrón]. Se está puliendo y creo que en breve se va a dar a conocer [hoy sábado será su presentación].
-Lo que quiere decir usted es que el “Ideario y Programa” que presentaron como plan de gobierno al JNE antes de los comicios de abril, creado por Vladimir Cerrón, es el punto de partida de este nuevo plan de gobierno.
Claro. El programa del partido, el ideario, es fundamental. No podemos ceder ni traicionar, en este caso, al pueblo peruano.
-¿Desde cuándo se ha comenzado a trabajar este nuevo plan de gobierno?
El ideario lo hemos venido trabajando hace varios años [se refiere al documento elaborado por Cerrón]. Pero, para esta segunda vuelta, solamente se va a fortalecer. Nuestras banderas siguen primigenias: el cambio de Constitución mediante una Asamblea Constituyente y el presupuesto del 10% a los sectores de educación y salud. Entendemos que, en la actualidad, la educación y la salud son un caos. Son un caos porque está plasmado en la propia Constitución Política que es de carácter individualista, mercantilista y privatista, que para nada promueve la solidaridad. Por eso nosotros estamos convocando al pueblo peruano para que sea quien determine si vamos o no a una Asamblea Constituyente.
-¿Se podría decir que este nuevo plan se empezó a trabajar antes de la reunión con Juntos Por el Perú?
Claro, después de la segunda vuelta empezamos a trabajarlo. Antes, incluso, de la reunión con Juntos Por el Perú [del pasado 29 de abril]. Tenemos el concepto claro y eso está en el ideario: tenemos que ir al rescate del Estado, que en la realidad ha sido minimizado. Es imperceptible. Tenemos un Estado moribundo, que está siendo avasallado por la dictadura del mercado. Pese a ello, nosotros queremos rescatar ese Estado, verlo fuerte, volverlo interventor, para que regule también los precios, y eso es lo que tiene que hacerse: un Estado fuerte. Queremos afinar [el ideario]. Si bien es cierto, ningún plan ni programa es perfecto, para esta segunda vuelta estamos fortaleciendo este programa.
-¿Cuál ha sido el aporte de Juntos Por el Perú en este plan?
Bueno, como nosotros también nos hemos reunido, han dado su granito de arena, tal como lo han hecho otros intelectuales, técnicos y políticos. Todos aportan. Acá, no hay un tema de que deben tener un mayor o menor protagonismo.
La mañana de ayer viernes el excongresista y presidente de la comisión Lava Jato, Juan Pari, se reunió en una casa de Breña con el candidato presidencial Pedro Castillo. Pari será el coordinador del plan económico y estará presente en el debate de técnicos.
-En resumen, entonces, Vladimir Cerrón ha tenido conocimiento de todo lo que está coordinando Roger Nájar y el profesor Pedro Castillo en el nuevo plan de gobierno.
Por su puesto, hay un trabajo que se viene articulando, que se viene haciendo. Pero, como te digo, una cosa es la línea política ideológica que está ligada al programa de gobierno, que es fundamental para desmontar y sepultar el neoliberalismo: el fracaso neoliberal en estos 30 años.
-Se podría decir que el ideario y programa de Perú Libre se ha mejorado a través de este nuevo plan de gobierno y, al final, ¿tendrá el visto bueno de Vladimir Cerrón?
El visto bueno de nuestro candidato presidencial y el visto bueno, también, del partido. Acá no hay que confundir el rol de nuestro candidato presidencial, que es el vocero, como se ha manifestado; pero también hay un partido. La derecha es experta en capturar a los candidatos presidenciales en el gobierno. No ganan las elecciones, pero sí se encargan mañosamente en capturar a quien ha ganado las elecciones.
-Se refiere a ponerle los técnicos.
Claro, por eso te decía. Acá hay una unidad entre el partido y el magisterio. Que pueda haber fricciones, riñas y pugnas, eso es natural. Pero que, en este caso, ponemos paños fríos y estamos también viajando a las regiones para conversar tanto con el partido como con el magisterio. Vamos a acabar con esa tradición que tiene la derecha de que todo candidato de izquierda, que entra con un discurso y banderas de cambio y transformación, termine abrazado o entregado a la derecha y traicionando al pueblo peruano.
-¿Se refiere a lo que pasó con el expresidente Ollanta Humala?
No solamente con Ollanta Humala sino con Alejandro Toledo. También con el propio aprismo..
-¿Lo que quiere decir es que Pedro Castillo no va a firmar ninguna hoja de ruta como lo hizo Humala?
Ollanta Humala llega al gobierno con un partido y gobierna sin él. ¿Quiénes le ponen los ministros y los técnicos? La derecha y la Confiep. Y de la gran transformación, pasó a la hoja de ruta; y de la hoja de ruta, pasó a la traición del pueblo. Y Ollanta Humala, en la actualidad, es un cadáver político, se ha sepultado de por vida. Entonces, eso es lo que nosotros no queremos que pase con nuestro candidato presidencial Pedro Castillo. Tiene el discurso, tiene las banderas bien claras y para eso necesita fundamentalmente al partido. Y nosotros necesitamos también a nuestro candidato presidencial. Magisterio y partido, partido y magisterio. Nos mantenemos firmes. Fortalecer este plan, y de llegar al gobierno, aplicar nuestro programa. Y, lo fundamental, desmontar y sepultar el neoliberalismo en nuestro país e ir hacia otro modelo…
Por la mañana, en radio Exitosa, Pedro Castillo señaló que el exfiscal Avelino Guillén y el excongresista Hernando Cevallos serán los coordinadores del equipo técnico en las áreas de Justicia y Salud.
-¿A qué modelo económico se refiere?
Como lo hemos planteado nosotros: primero [vamos a] ir a la Asamblea Constituyente, para aplicar una economía popular con mercado. Allí, tenemos varios referentes, como Bolivia. Y también el ejemplo que ha tenido Ecuador. Los gobiernos de [Evo] Morales y [Rafael] Correa son nuestra inspiración, son el ejemplo que estamos tomando para tener un Estado regulador del mercado. El Estado tiene que regular el mercado, si no imagínate. ¿Cómo las farmacias y las clínicas han hecho su negocio?, ¿cómo han hecho su agosto en base a la muerte [en esta época de pandemia]?.
-¿La relación entre Vladimir Cerrón y Pedro Castillo está intacta?, ¿no se ha quebrado como informan algunos medios?
La relación entre nuestro secretario general y Pedro Castillo va muy bien. La relación entre nuestro partido y el magisterio va muy bien. Algunas situaciones que se puedan dar son naturales. En este caso, en el ámbito político, hemos trajinado muchos años y vamos a cabalgar esas contradicciones, más que superarlas. Las contradicciones no se superan, las contradicciones se cabalgan. Como partido, vamos a refundar la República.
-Ustedes señalan que van a nacionalizar y no a estatizar las empresas estratégicas tal como ocurrió en Bolivia; es decir, renegociar los contratos de las empresas estratégicas para obtener el control mayoritario del accionariado de estas. ¿Qué empresas van a renegociar contratos?
En nuestro país no hay hospitales ni colegios. Las carreteras están concesionadas y no solamente vamos a nacionalizar nuestros recursos estratégicos sino también vamos a recuperar nuestras 228 empresas que el fujimorismo confiscó y expropió al pueblo peruano.
-Permítame insistir, ¿cuáles son esas empresas con las que se van a renegociar los contratos?
Solgas, Puerto de Matarani, Shougang (Hierro Perú), Enafer (Empresa Nacional de Ferrocarriles), los aeropuertos y las carreteras. Tenemos que tener una aerolínea bandera…
-¿También se renegociará con Telefónica [fue vendida en la década de los 90]?
Por supuesto, vamos a recuperar el sector de telecomunicaciones. Ese cuento de que todo lo que el Estado administra es fracaso y corrupción, eso es un discurso derechoso, carachoso y neoliberal. Un discurso de aquellos que tienen los pantalones abajo ante el gran capital transnacional.
Arturo Cárdenas es el secretario nacional de organización de Perú Libre y es muy cercano a Vladimir Cerrón.
¿También se van a renegociar los contratos con las empresas de luz y agua?
Luz y agua, que están monopolizados. Los monopolios también están en los medios de comunicación, en el agua, el cemento y el oxígeno.
-¿En el nuevo plan va a seguir el punto que señala, en su “Ideario y Programa” inicial, que Perú Libre es un partido de izquierda socialista, que abraza la teoría marxista?
Esa es nuestra identidad. Nosotros no renegamos de nuestra identidad ni esencia. Acción Popular habla del Perú como doctrina y ¿cuál es su doctrina?, ¿acaso no es de derecha liberal? Nosotros también abrazamos una doctrina, una doctrina filosófica, marxista, leninista y mariateguista; insultada, difamada y calumniada precisamente por la derecha en estos 200 años. Nuestra esencia e identidad no la vamos a cambiar.
Recientemente los dueños del Grupo El Comercio decidieron, por mayoría, renovar la dirección periodística de su brazo televisivo en busca de una cobertura más dura contra Pedro Castillo.El ala de la familia Miró Quesada que tomó esta decisión tiene entre sus principales temores un cambio radical en el modelo de libre mercado. Un modelo que redujo en 38,5 puntos porcentuales la incidencia de pobreza del país en los 16 últimos años.
Sin embargo, el negocio de impresiones del grupo El Comercio −que en el 2019 facturó S/73,8 millones− no tiene un historial de cumplimiento de las reglas que deberían regir en un mercado que, por libre y competitivo, sirve al ciudadano.
La Comisión de Defensa de la Libre Competencia del Indecopi (CLC) acaba de sancionar, el pasado 5 de mayo y en primera instancia, a la Empresa Editora El Comercio y a su subordinada Amauta Impresiones Comerciales. La infracción: coordinar y pactar ilegalmente con sus principales competidores y así repartirse las licitaciones de textos escolares lanzadas por el Ministerio de Educación. Las otras tres integrantes del cartel fueron Metrocolor, Navarrete y Quad Graphics.
La figura es semejante al reparto de licitaciones que efectuaron las compañías del Club de la Construcción, entre las que está Graña y Montero.
Esta ilícita repartija ocurrió entre el 2009 y el 2016, durante gestiones ministeriales apristas y nacionalistas (desde la de José Antonio Chang hasta la de Jaime Saavedra). Nadie la tuvo en el radar hasta que El Comercio mismo decidió acogerse a la delación y pidió clemencia al Indecopi. Hoy, el conglomerado periodístico esgrime una defensa reputacional que busca capitalizar aquella veloz movida. Pero las razones que da son −cuando menos− cuestionables.
Manos invisibles
Aunque todavía queda un camino de apelación administrativa, las pruebas están al canto. A la resolución de la CLC le precede una gruesa recopilación de archivos, correos, cruces con documentos públicos y, especialmente, el testimonio de personas que aceptan lo que hicieron. Sudaca revisó el documento, difícilmente reversible en sus conclusiones esenciales en el tribunal de segunda instancia.
El Comercio, Metrocolor, Navarrete y la estadounidense Quad Graphics eran cuatro de las cinco principales empresas de un mercado en el que no todos tienen la capacidad operativa para atender contratos gordos rápidamente. Aunque la industria peruana de la impresión recibe la mayoría de sus ingresos del sector privado, la tajada del negocio que representa el sector público no es nada despreciable.
Según la investigación del Indecopi, las ventas al Estado de los miembros del cartel representaron, según cada empresa, entre el 14% y el 43% de sus ingresos totales en el período en que se coludieron. El Minedu y sus unidades ejecutoras licitaron en esos años más de S/850 millones en impresión de materiales. Más de 6 millones de alumnos acuden a la escuela pública en el Perú.
Si no es solo retórica, el modelo que defienden los dueños del grupo El Comercio presupone esta hipótesis: la libre competencia es buena porque obliga a bajar los precios, lo que se traduce en productos más baratos para el ciudadano y hace que las empresas busquen ser más eficientes para mantenerse en el mercado. Así, cuando un grupo de empresas compite por ganar una licitación pública, el monto que pagará el Estado tendría que tirar hacia abajo jalado por una mano invisible.
El problema ocurre cuando no hay verdadera competencia. Entonces el Estado desembolsa más dinero del que debería, de nuestros impuestos, mientras un grupo de empresas renuncia al esfuerzo de mantenerse a flote por sus méritos comerciales. La CLC calcula que el “beneficio extraordinario” que el cartel de las imprentas le quiso sacar al Estado −es decir, lo que esperaban ganar como miembros del pacto− suma más de S/55 millones. Solo en el caso de El Comercio, la cifra es de S/12,3 millones. El incentivo para operar ilícitamente no fue pequeño.
El beneficio extraordinario que la CLC calcula que los miembros del cartel de las imprentas apostaron ganar durante toda su operación. Gráfico: Leyla López.
Indiscutible cartel
Hasta enero del 2014, El Comercio ofrecía sus servicios de impresión directamente, a través de su Gerencia Comercial de Impresiones. En febrero de ese año, dicha unidad fue absorbida junto a un bloque patrimonial por Amauta, pero esta nueva razón social quedó bajo el control de la misma oficina del grupo que controlaba a su predecesora: la Gerencia de Servicios Empresariales. Por encima de esta, solo está la gerencia general. Para el Indecopi, “Amauta y El Comercio son consideradas como un solo agente económico” respecto a la conducta ilícita sancionada.
El negocio de impresión de los Miró Quesada no tiene nada que ver con el despacho de sus periódicos, sino con venderle a clientes −públicos y privados− desde libros hasta fascículos publicitarios. Y los directivos del grupo tuvieron durante muchos años a un hombre fuerte encargado de eso: Renzo Mariátegui Bosse.
Mariátegui Bosse fue gerente de Servicios Empresariales de El Comercio (o tuvo un cargo equivalente) durante todo el periodo en el que esta empresa se repartió las licitaciones del Minedu. Nieto de José Carlos Mariátegui, Renzo heredó de su familia la inclinación por el negocio de imprimir masivamente. En los años 20, su tío abuelo Julio César fundó junto al abuelo José Carlos la imprenta y editorial Minerva. Allí se editaron los 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana y una revista con un nombre recurrente: Amauta.
Renzo Mariátegui también es hermano del periodista Aldo Mariátegui, quien por lo demás no tiene otra vinculación con este caso.
Renzo Mariátegui Bosse, ex hombre fuerte del negocio de imprentas de El Comercio. Foto: Facebook.
La investigación del Indecopi está plagada de evidencia contra la que no hay mucho que refutar. Aquí dos ejemplos. “Renzo me acaban de llamar y quieren ir por inicial […] Hace 1 hora me dijo que sí y ahora dicen que no y que van por inicial y nos dejan Mat[emáticas] y Leng[uaje]”, le comunica a Mariátegui uno de sus entonces subordinados, Javier Wong, en febrero del 2010. Este correo se refiere a desavenencias momentáneas con Quad Graphics en la repartija de una licitación.
Otro ejemplo. “Llama por favor a Perico [ejecutivo de Quad Graphics] y dile que no fue lo acordado conmigo!!!”, se queja Mariátegui en un correo de octubre del 2009 con otro subordinado. Su molestia responde a que la empresa estadounidense parecía incumplir un trato que él consideraba ya cerrado.
Y sus subordinados también coordinaban sus propias fechorías entre ellos. “Hablé con Carlos [Ramos, de Metrocolor] va a suyo y al mío con 2175000 para pasar piola […] todos no tenemos idea de q hará Navarrete no contesta a nadie”, le advierte Brigitte Portocarrero a Guillermo Stanbury en diciembre del 2013. Ella era ejecutiva de ventas de El Comercio y él, gerente comercial de impresiones. En el organigrama, ambos están por debajo de Mariátegui.
Todos los correos recopilados por el Indecopi fueron cruzados con las actas de los procesos de selección y las declaraciones de los involucrados. Las pruebas resultan irrefutables. En su declaración ante la Secretaría Técnica de la CLC, el 24 de junio del 2019, Mariátegui reconoció haber sido partícipe de la colusión. Otros exfuncionarios de El Comercio hicieron lo mismo.
¿Cómo operó el cartel? Dividiéndose la adjudicación de ‘ítems’ −los libros de Matemática o de Lenguaje, por ejemplo− en base a dos patrones. El primero, el de “autoeliminación”: cuando las empresas a las que no les tocaba ganar presentaban propuestas no competitivas para quedar fuera. El segundo, el de “equivalencia”: implicaba que los montos repartidos debían ser equitativos entre las partes.
Todo era coordinado mediante reuniones de los altos ejecutivos de las firmas en hoteles como El Golf los Incas y El Polo, o en restaurantes como el Café Arango.
Según la resolución de la CLC, el cartel de las imprentas intentó adjudicarse la licitación de 87 ‘ítems’, con éxito en 63. Todo esto como parte de 20 proceso de licitación del Minedu y uno del INEI. Además de las cuatro empresas y Renzo Mariátegui, la Comisión ha sancionado a otros siete directivos de aquellas: Guillermo Stanbury, Javier Wong, Brigitte Portocarrero, Pedro Isasi, Emilio Presentación, Carlos Ramos y Juan José Monteverde.
Las multas para las compañías calculadas en primera instancia superan los S/46 millones (10.460 UIT). Solo la de Amauta-El Comercio −la más alta luego de un ajuste por ingresos− fue estimada en más de S/20,5 millones.
Tras los últimos años de operación del cartel de las imprentas, la facturación de Amauta al Estado cayó. Sin embargo, se recuperó durante el gobierno de Martín Vizcarra. Gráfico: Leyla López.
Si delaté, ¿soy inocente?
Pese a haber cometido sistemáticamente la infracción por la que ha sido sancionado, el Grupo El Comercio no tendrá que pagar la multa que se le ha impuesto. La razón: es el delator del grupo. En un Hecho de Importancia enviado a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), El Comercio hizo público que era parte de un proceso sancionador por las prácticas anticompetitivas del cartel de las imprentas.
En esa comunicación −cuyo correlato fue publicado en su web de noticias− El Comercio resalta que fue gracias a su delación que se pudo develar el esquema del que era parte. En comunicación con Sudaca, el actual gerente general del grupo, Mariano Nejamkis, alega algo similar. “Desde entonces hemos colaborado de manera proactiva con la autoridad. Además, ambas empresas [incluye a Amauta] reforzaron su ambiente de control y el programa de compliance”, agrega. Y no se olvida de dejar claro su “compromiso con el mercado”.
Efectivamente, la investigación del Indecopi contra el cartel de las imprentas no se habría iniciado sin la alerta lanzada por El Comercio. La versión oficial del grupo es que, en setiembre del 2017, detectaron que sus directivos y empleados del negocio de impresiones podían estar incurriendo en una práctica anticompetitiva. Luego iniciaron una “pericia forense que confirmó” la infracción, por lo que fueron a denunciarla ante el Indecopi.
Renzo Mariátegui dejó la Gerencia de Servicios Empresariales en octubre del 2017.
Dos especialistas en derecho de la competencia que pidieron la reserva de su identidad por temor a represalias mediáticas aseguraron que la versión de El Comercio no es del todo verosímil por varias razones. La primera es que muy difícilmente los altos mandos de una empresa no están enterados, durante tanto tiempo, de la estrategia comercial de una de sus unidades.
Además de gerente de línea en el grupo y hombre de confianza para el negocio de impresión, Mariátegui ha sido director de varias empresas de los Miró Quesada relacionadas al rubro. En un reporte a la SMV del 2014, por ejemplo, aparece como miembro de los directorios de Dataimágenes S.A.C. y Zetta Comunicadores del Perú S.A.C.
“En cuanto al segundo factor, vinculado con responsabilidad dentro de la empresa, el señor Renzo Mariátegui señaló que él ocupó un cargo de gerente de segunda línea y que solo cumplía órdenes. […] Durante todo este periodo, la Gerencia de Servicios Empresariales, en la que el señor Renzo Mariátegui se desempeñó, dependió de la Gerencia General de El Comercio”, asegura el punto 415 de la resolución de Indecopi.
César Pardo Figueroa fue el gerente general de El Comercio por largos 20 años, entre diciembre de 1996 y febrero del 2017, lo que incluye a todo el periodo de colusión. Su figura dentro del grupo −como uno de los primeros gerentes que no pertenecía a la familia− tuvo un peso gravitante.
“La presencia de Pardo Figueroa ha sido clave para las acciones emprendidas por el grupo El Comercio en las últimas dos décadas. Fue el periodo en el que el conglomerado mediático creció más −tanto en nuevos negocios como en lo que se refiere a sus ganancias”, escribió hace cuatro años en su blog José Alejandro Godoy, autor de “El Comercio y la política peruana del siglo XXI”.
“En rojo para Pardo Figueroa se encuentra el apoyo que dio, junto a algunos accionistas y algunos periodistas de El Comercio, a Keiko Fujimori en la campaña presidencial del 2011”, agrega Godoy, quien ha descrito al exhombre fuerte del grupo como una “bisagra” y con un rol activo en esa campaña.
Pardo Figueroa no es nombrado en el proceso por las licitaciones con el Minedu, pero sí en la sanción espejo que la CLC emitió en el contra El Comercio-Amauta −entre otros− por haber hecho algo parecido con sus clientes privados. La comisión concluyó en el 2020 que la empresa participó también de una repartija de clientes del mercado privado junto a Quad Graphics, y señala a Pardo Figueroa como uno de los responsables.
En noviembre del 2011, por ejemplo, este le envió un correo a Mariátegui consultándole si unos clientes ya estaban ‘separados’. “Favor ver si tienes algún conflicto con estos clientes”, le preguntó. A lo que Renzo respondió: “César, solo tendríamos conflicto con 4 clientes: Maestro, Metro, Boticas Arcángel y Supermercados Peruanos. Con el resto no habría problema”. Indecopi cotejó que esas cuatro empresas fueron atendidas exclusivamente por Quad Graphics.
El propio Pardo Figueroa, hombre fuerte de todo el grupo, aceptó su participación en la repartija de empresas privadas. La CLC asegura que, aún si no hubiera tenido participación activa en la infracción, la conocía y “no ejecutó ninguna acción para detenerla”. Mariátegui alegó que Pardo Figueroa “era el que delineaba la política de acuerdos [colusorios]”.
Sudaca buscó los descargos de Renzo Mariátegui por distintos canales, incluidas sus redes sociales, sin éxito.
Clemencia y desfachatez
La figura de la ‘clemencia’ en los procesos administrativos ante Indecopi es similar a la de la ‘colaboración eficaz’ en el fuero penal. Es decir, la de un infractor que acepta su culpa y delata a sus cómplices para ganarse un beneficio: una pena menos grave. Es a lo que ha apelado El Comercio en este caso. Sin embargo, ello no lo exime de responsabilidad ni del golpe reputacional.
Según una fuente consultada por Sudaca, la naturaleza misma de los programas de clemencia implica que su existencia impulse a alguno de los cómplices de un cartel a acusar al resto por miedo a ser traicionados primero. No solo por otra de las compañías concertadas, sino por funcionarios de su propia organización. Por ejemplo: un gerente que, ante el fastidio de ser removido de la compañía o al estar peleado con esta, pueda dar la voz de alerta.
La multa que fue calculada para Amauta-El Comercio por repartirse clientes privados fue de más de S/61 millones. Y aunque tampoco tenía que pagarla completa, porque ese proceso también se abrió a partir de sus delaciones, el conglomerado periodístico la apeló, sin éxito en segunda instancia. Fuentes expertas explican que esto se debería a que ese monto podría servir como base para que las empresas afectadas reclamen una indemnización fuera de la vía administrativa. Reducirlo es clave si no se quiere asumir ninguna responsabilidad
“Ambas empresas [Amauta y El Comercio] asumirán las consecuencias que correspondan”, asegura Nejamkis a Sudaca. Sin embargo, dado que el Minedu también podría buscar una reparación, queda por ver si no apelarán la resolución del cartel de las imprentas, versión sector público.
O si, en cambio, el grupo que ha decidido defender el modelo de libre mercado para afuera, pero que no lo pudo respetar hacia adentro, apelará con algún argumento similar al que esgrimió en primera instancia: que el monto de su multa −de la que igual estaba exonerado− debía ser menor porque parte de los beneficios ilícitos habían sido destinados a pagar el IGV y el Impuesto a la Renta. Habrase visto tamaña conchudez.
*El autor de esta nota fue reportero de Política del diario El Comercio hasta hace 11 meses.
