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Una ‘petroguerra’ legal entre Pluspetrol Norte SA y el Estado ha estallado. La primera bala se disparó el 8 de agosto de 2015, cuando la empresa de capitales holandeses terminó su contrato en el Lote 192, ubicado en Loreto, tras 15 años de explotación petrolera. Venía operando allí desde el 2000.

La compañía presentó, entonces, su plan de abandono del lote al Ministerio de Energía y Minas (Minem). El Minem lo rechazó. El principal motivo: la petrolera no está dispuesta a asumir la remediación de los pasivos ambientales, que comenzaron a generarse antes de que llegara a sacar petróleo de esa zona de la selva peruana. 

Según el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), sin embargo, a la compañía sí le corresponde hacerse cargo. ¿Por qué? Porque firmó un contrato de “cesión de posición contractual”. Explicaremos esta figura más adelante.

Antes, un poco de contexto: desde el 28 de agosto de 2015 la empresa canadiense Frontera Energy opera el Lote 192, aunque sus trabajos hoy están suspendidos por la pandemia. Su contrato acaba el próximo 5 de febrero. Ingresó a explotar el crudo después de que el gobierno realizara una mesa de diálogo con la población. La zona era un hervidero de conflictos sociales por la negativa de Pluspetrol para asumir su presunta responsabilidad sobre los pasivos ambientales.

El primer contratista del Lote 192 −antes llamado Lote 1AB− fue la estadounidense Occidental Petroleum Corporation of Perú, más conocida como “Oxy”. Se instaló por primera vez en ese territorio amazónico en 1971. Después, en 1985, la explotación pasó a la empresa Occidental Peruana INC, conocida como ‘Oxy Perú’, creada exclusivamente para absorber a su predecesora.

El 8 de mayo de 2000, Oxy Perú cedió su contrato a Pluspetrol Perú Corporation SA. El 1 junio del 2001, se firmó oficialmente el contrato entre la estatal Perupetro, que se encarga de negociar y suscribir los contratos de explotación de hidrocarburos del país, y la petrolera hoy cuestionada. Finalmente, mediante el decreto supremo 048-2002-EM se modificó el contrato de licencia de Pluspetrol Perú Corporation SA y este pasó a estar inscrito a favor dePluspetrol Norte SA. Ahora sí: vamos a la ‘petroguerra’ amazónica.

 

La protesta de la población en agosto de 2015, en el lote 192, tras el retiro de Pluspetrol Norte SA sin querer asumir el pago de la millonaria reparación ambiental, escribió un precedente. Desde esa fecha, Perupetro tiene que realizar una consulta previa con las comunidades antes de entregar la autorización de explotación petrolera a una empresa.

 

Las víctimas colaterales

El coordinador de la Federación de las Comunidades Nativas del Río Tigre (Feconat), José Fachín, ha asegurado a Sudaca que, desde la década del 70 hasta el 2007, las empresas petroleras que operaron en el Lote 192 −Occidental Petroleum Corporation of Perú, Occidental Peruana INC y Pluspetrol Norte SA− “revirtieron las aguas servidas de su producción a los ríos y cuerpos de agua, como aguajales y quebradas”.

Fachín explicó que el Estado, en todo ese tiempo, le dio “poca importancia” al tema y “no fiscalizó” a las empresas petroleras. Recién en el 2006, a raíz de la lucha del pueblo Achuar, en el río Corrientes, se consiguió que la petrolera trate sus aguas servidas para que no sigan siendo vertidas a los ríos.

Pero las aguas servidas vertidas por el Lote 192 han representado sólo una parte del impacto en la zona. El segundo factor contaminante, asegura Fachín, han sido los desechos químicos utilizados en la ciudad petrolera, que eran dejados a la intemperie, en el bosque. El tercero, las maquinarias inservibles que iban a parar a una especie de ‘cementerio’ en la selva. El cuarto, según el líder indígena, “fueron los derrames a raíz de una infraestructura antigua o no adecuada para la amazonía”. Los tubos se rompían constantemente.

Los ciudadanos que viven en el sector aledaño al Lote 192, una zona que congrega a unas 10 mil familias de los distritos Trompeteros, Parinari y Urarina de la provincia de Loreto, conviven con todo esto desde 1971. “La población sufre de cólicos, sobre todo los niños. Hay enfermos y muertos. No hay pescado. La gente va a sustraerlo a la frontera con Ecuador”, dice Fachín. 

El Ministerio de Salud (Minsa) realizó un estudio en el 2017, que recogió muestras de sangre y orina a 1.168 personas de los distritos aledaños al Lote 192. Ese informe, publicado en Convoca.pe, concluyó que la mitad de los pobladores presentaba metales tóxicos en su organismo, como plomo, arsénico, mercurio y cadmio, en niveles mayores a los permisibles.

El confuso laudo arbitral

Según el OEFA, tras acabar su contrato en el 2015, Pluspetrol tendría que reparar todo ese daño histórico. La petrolera no estuvo de acuerdo, y decidió llevar su reclamo a la Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial (CIAC), con sede en Nueva York (EEUU). En febrero del 2017, el CIAC emitió un fallo. El problema: el texto es un poco confuso. Y la disputa entre las partes sigue. ¿A quién favorece el fallo?

Pluspetrol Norte SA ha entrado en liquidación y señala que no pagará la deuda al medio ambiente. El abogado de la empresa, Aurelio Loret de Mola, asegura que la decisión del laudo arbitral del año 2017 (ver imagen) le favorece y no le obliga a hacerlo. 

 

En los siguientes tres años, el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) le volvió a rechazar dos veces más el plan de abandono a Pluspetrol. El abogado de esta compañía, Aurelio Loret de Mola, explicó a Sudaca que su representada no se hará responsable del pasivo ambiental porque el laudo arbitral dice que ello “no corresponde”.

“Lo que estamos sufriendo es un clarísimo atropello. Lo que el OEFA quiere, y ahora ha convencido no sé cómo al Minem y al Minam [Ministerio del Ambiente], es que nosotros incluyamos en el plan de abandono aquellos impactos ambientales que no solo no hemos causado, sino que han sido causados por las empresas que estuvieron antes que nosotros”, afirma.

Sobre todo −asegura Loret de Mola− este fragmento de la decisión del laudo arbitral es el que favorecería a Pluspetrol Norte SA: “Pluspetrol no asumió contractualmente responsabilidad u obligación de remediar afectaciones ambientales históricas causadas con anterioridad al 30 de agosto de 1985 ni causadas entre el 30 de agosto de 1985 y el 8 de mayo de 2000”.

“Los pasivos ambientales históricos, pasivos, viejos, anteriores a nosotros, esos no tenemos que remediarlos. Eso dice el laudo arbitral, que tiene categoría de cosa juzgada. Entonces, si no respetamos el derecho, si no respetamos la ley, si no respetamos el contrato y si no respetamos el laudo arbitral, simplemente no podemos continuar”, asegura.

¿A cuánto ascendería el pasivo ambiental que el OEFA quiere que Pluspetrol pague? “A más de mil millones de dólares. Yo creo que sí. Le estoy dando un número. No tengo un cálculo exacto”, estima el abogado. Hasta aquí, parecería que la balanza legal se inclina a favor de Pluspetrol, pero hay algo que Loret de Mola se ha olvidado de mencionar: la modalidad del contrato.

El especialista legal de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), Bryan Jara explicó a Sudaca que, dado que el el contrato de Pluspetrol se celebró bajo la modalidad de ‘cesión de posición contractual’, la empresa “sí tendría que asumir esos pasivos ambientales”.

“Anteriormente, Petroperú ya había suscrito un contrato. Entonces, considerando que ya había un contrato, ya habían obligaciones, y esas obligaciones también son de naturaleza ambiental”, dice Jara. Y agrega: “Entonces, sobre la remediación de estos sitios también implicaría que, cuando se celebró el contrato, en este caso específico, también se hayan asumido estas obligaciones”.

El momento de mayor tensión en este enfrentamiento petrolero ha ocurrido el último 30 de diciembre de 2020. Ese día, el Minam, el MINEM y el OEFA difundieron un comunicado en el que exhortaron a Pluspetrol a que “cumpla con sus obligaciones”. El documento pone énfasis en lo ya mencionado por la SPDA: que la modalidad del contrato con el que Pluspetrol Norte SA celebra su acuerdo con Perupetro se realiza por “cesión de posición contractual”.

 

El  MINEM, el MINAM y el OEFA publicaron un comunicado, el pasado 20 de diciembre, en el que le recuerdan a Pluspetrol Norte SA que tiene que asumir su responsabilidad por los daños al medio ambiente causados desde antes del 18 de mayo de 2000, fecha del inicio de las operaciones en el lote 192.  

 

Como consecuencia de dicha tipificación, el comunicado dice que “Pluspetrol Norte SA asume los derechos y obligaciones del cedente; y, por lo tanto, asume la responsabilidad ambiental a partir de la suscripción de dichos contratos y no [solo] desde el año 2000”. A través de un correo electrónico, el Minem respondió a Sudaca lo mismo: “La responsabilidad ambiental subsiste y deberá ser considerada como parte de las obligaciones pendientes de cumplir por parte de la empresa en liquidación”. La guerra sigue abierta.

El comunicado de las entidades públicas también abunda en números impactantes. Dice que la petrolera es responsable de más “1.500 impactos ambientales acumulados en el Lote 192 y en el Lote 8” y de la cancelación de 4000 UIT de multas coercitivas que “no ha cumplido”. Estas equivalen a más de US$4.9 millones, un monto separado del de la remediación ambiental.

Sobre ese tema, Loret de Mola aseguró a Sudaca que su representada “ha pagado todas sus multas”, que equivalen a US$30,7 millones de dólares y que ha invertido, además, US$88 millones como parte de su responsabilidad social.

¿Puede liquidarse sin pagar?

Pese a que el Minem no le ha aprobado hasta ahora su plan de abandono, Pluspetrol Norte SA tomó el último 15 de diciembre la decisión de entrar en liquidación. Tres días después difundió un aviso en el diario El Peruano, que fue publicado por Estratega Consultores SAC, la empresa contratada comandar dicho proceson. Eso fue lo que gatilló el comunicado del Minem, el Minam y el OEFA antes mencionado.

La razón para liquidarse es no asumir lo que no nos corresponde de acuerdo con la ley y que el Estado nos quiere obligar a asumir. No nos pueden obligar, porque es ilegal”, dice Loret de Mola. Según el abogado, su representada está dejando en sus arcas US$51 millones de dólares en efectivo y tanques de crudo de petróleo, valorizados en US$15 millones, que servirán para el pago de la liquidación de unas 6.800 personas que dependían directa e indirectamente de la petrolera. Son trabajadores y proveedores.

Jara, el abogado de la SPDA, afirma que en caso la empresa se liquide sin hacerse cargo del pasivo ambiental del Lote 192 “hay garantías financieras”, como la carta fianza que presentó al firmar el contrato, que “terminarían ejecutándose”. Aunque el especialista acepta que “ese monto no va a ser suficiente para la remediación de todos los sitios impactados”.

Sobre un probable embargo a las cuentas de Pluspetrol Norte SA, Loret de Mola respondió: “Si hicieran eso, le estarían quitando a los trabajadores su liquidación. Le estarían quitando a las comunidades nativas los compromisos asumidos por Pluspetrol Norte. Y le estarían quitando a los proveedores lo que le corresponde”.

Dueños y números

El control de Pluspetrol Norte SA lo posee hoy Pluspetrol Resources Corporation, una empresa offshore de las Islas Caymán. Según un documento presentado por Pluspetrol Camisea SA a la Bolsa de Valores de Lima, al 2017, Pluspetrol Resources Corporation tenía como “único accionista” a Pluspetrol Resources Corporation B.V., domiciliada en Holanda.

El Informe de Sostenibilidad de Pluspetrol (2017) recuerda que Luis Alberto Rey, exapoderado en Perú de Pluspetrol Resources Corporation, fue el creador de Pluspetrol SA en Argentina en 1977. En el año 2015, don Luis falleció y dejó su fortuna a su esposa, Edith Rodríguez. Un informe de la revista Forbes del 2019 coloca a la viuda como una de las 10 mujeres más ricas de su país, con una fortuna que bordea los US$2,000 millones.

En 2014, Pluspetrol Norte SA extrajo 14.000 barriles de petróleo por día, lo que le habría permitido obtener, solo en ese año, ingresos netos anuales superiores a los US$300 millones de dólares. Este es un cálculo que se ha hecho utilizando como base el informe ‘La situación actual y alternativas al lote 192’ (Pluspetrol, 2015).

¿Cómo se cuantifica el daño ambiental que existe en el Lote 192 desde 1971? El coordinador de la Federación de las Comunidades Nativas del Río Tigre (Feconat), José Fachín, ha manifestado a Sudaca que “faltarían ceros” para hacerlo. Fachín calcula, en sus términos, que el pasivo sobrepasaría los mil millones de dólares, estimados por Loret de Mola.

El lote 192 está ubicado cerca de la frontera con Ecuador, entre las provincias de Datem del Marañón y Loreto, en la región del mismo nombre. Posee cerca de 200 pozos petroleros en una extensión de alrededor de 500.000 hectáreas. Es atravesado por las cuencas de los ríos Pastaza, Corrientes, Tigre y Marañón.

 

El lote 192 está ubicado cerca de la frontera con Ecuador, entre las provincias de Datem del Marañón y Loreto, en la región Loreto. Posee cerca de 200 pozos petroleros en una extensión de cerca de 500 mil hectáreas.  

 

Jara, de la SDPA, recordó que existe un estudio de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos sobre los derrames de hidrocarburos en el Lote 192 que ha encontrado 32 sitios impactados y ha concluido que el monto de remediación, por esos daños, ascendería a S/680 millones. A eso habría que sumarle las multas, que Loret de Mola asegura pagadas.

Se protegen “codo a codo”

Mientras el conflicto entre Pluspetrol Norte SA con el Estado peruano continúa, el daño al medio ambiente sigue ahí. La protesta indígena de agosto de 2015 marcó un precedente en la lucha por remediarlo. Tras el término del contrato de Pluspetrol en el Lote 192, la población realizó una protesta social por los presuntos incumplimientos de la petrolera.

El conflicto acabó tras la firma de un acuerdo para evitar que las empresas evadan pagar los daños medioambientales: el 0,75% de la venta de cada barril de petróleo será destinada a un fideicomiso a favor de las comunidades. También se decidió que se realicen consultas previas con la población.

Entre el 20 y 22 de este mes habrá, en Lima, una reunión entre los representantes de seis federaciones indígenas y el Minem. Será una mesa de diálogo en la que se conversará sobre el futuro del Lote 192 y sobre la liquidación de Pluspetrol.

El corolario de esta historia, para el líder indígena, José Fachín, es que el conflicto entre Pluspetrol Norte SA, Minem, Minam y OEFA solo es una pelea mediática. ¿Por qué? Porque los funcionarios del Estado y la petrolera, dice, “se protegen”. “Hay una protección, un encubrimiento de funcionarios del Estado, sobre todo en Energía y Minas. Están codo a codo, mano a mano, con las petroleras” cuestiona.

Más salomónico, el exministro de Energía y Minas Carlos Herrera Descalzi considera que el conflicto entre Pluspetrol y el Estado  “está marcando un hito” nunca antes visto en la historia petrolera del país. Sudaca ha resumido su historia.

En septiembre del 2017, el actual ministro de Energía y Minas, Jaime Gálvez Delgado, trabajaba como gerente de desarrollo sostenible en la minera sudafricana Gold Fields. Ese mes decidió dar el salto al sector público. Pero no hay forma de cruzar la llamada ‘puerta giratoria’ sin tener, tarde o temprano, que mirar para atrás. Finalmente, ha llegado ese momento.

Gold Fields, el ex centro de labores de Gálvez, ha sido cliente de larga data de la firma de abogados CMS Grau, cuya área minera es célebre en el mundo del derecho corporativo. Este estudio fue el encargado de constituir, en noviembre del 2017, Nuevo Arcoiris SAC, una empresa creada con S/1.000, sin maquinaria y sin oficina propia. Su dirección, según los papeles, fue la misma que la del Grau: Av. Santa María, 130, Miraflores.

Nuevo Arcoiris fue creada, en estricto, como un fantasma. Una empresa sin activos significativos ni operaciones propias. Algunos de sus accionistas, incluso, son socios del área minera del bufete que le dio la vida. Luego, ocurrió lo esperable: mediante la ya conocida ‘capitalización de deuda’, el cascarón pasó a ser propiedad de una minera canadiense, Tesoro Minerals Corp.

Esa empresa, a través de Nuevo Arcoiris, acaba de obtener autorización para adquirir 21 derechos mineros en Tambogrande, una zona de frontera en Piura de la que la población ya ha expulsado antes a otra minera de la misma nacionalidad. Los dos decretos supremos emitidos a favor de Nuevo Arcoiris  (N°027-2020-EM y N°028-2020-EM) llevan la rúbrica de Gálvez y del flamante presidente, Francisco Sagasti.

Las 16.300 hectáreas de los 21 derechos mineros que se ha autorizado a Nuevo Arcoiris a adquirir. Fuente: Cooperacción.

Apuros y transacciones

Sagasti no esperó ni tres semanas tras asumir el cargo para despachar los decretos. El pasado 8 de diciembre, estos fueron publicados en El Peruano, autorizando a la empresa fantasma a algo tan valioso como un poema de Vallejo: hacer sus trámites de concesión para explorar si hay oro, plomo, cobre, zinc y plata en un territorio fronterizo con Ecuador, algo prohibido constitucionalmente para empresas de capitales extranjeros, pero permitido si es que se argumenta “necesidad pública”.

Este 2020 ha sido un año de mucha suerte para Sagasti y Gálvez. El pasado 17 de noviembre, el primero asumió la Presidencia del Perú, tras la caída de Merino y, antes, la vacancia de Vizcarra. Dos días después, el 19 de noviembre, nombró al segundo en el cargo de ministro de Energía y Minas (Minem). Hasta ese momento él tenía cuatro meses como viceministro de Minas en esa cartera.

Y parece que a Nuevo Arcoiris también se le ha presentado la virgen. Los decretos supremos indican que tiene como accionistas a la canadiense Tesoro Minerals Corp, con 99,9996%, y a Raúl Alfredo Ferreyra Martínez , con apenas 0,0004%. Ferreyra –sorpresa– es socio del área minera del Grau. Pero no siempre la empresa ha tenido esa composición en su accionariado.

El 21 de noviembre de 2017, Nuevo Arcoiris fue inscrita en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (Sunarp) con solo S/1.000. La empresa fue creada sin una oficina propia, sin máquinas, sin plana gerencial ni solvencia económica inmediata para un proyecto de envergadura, según consta en el kardex o carpeta de aumento de capital KR-401851 en la Notaría Paino.

El canadiense Patrick Jeremy Elliott adquirió, al constituirse la empresa, 999 acciones (el 99%) y la abogada María Cecilia Gonzales Guerra, también socia minera de Grau, apenas una acción. Elliott conformó el cascarón en calidad de turista, presentando apenas su pasaporte.

 Traspaso de acciones

¿Cómo se llegó a la actual composición accionarial de Nuevo Arcoiris? En mayo del 2019 hubo un aumento de capital originado por una extraña deuda con Tesoro Minerals, de S/259,712.96, registrada también en la Notaría Paino. Una empresa sin operaciones u oficina tenía una deuda de varios cientos de miles de soles con otra.

Y según consta en el documento titulado “Aumento de Capital por Capitalización de Créditos y Modificación Parcial de Estatutos”, hubo una junta de accionistas de Nuevo Arcoiris en la que se completó el premeditado traspaso de acciones. Fungió como presidente de Tesoro Minerals Corp., presentando un poder, otra socia minera del Grau: Amelia Marite Aragaki Nakahodo. Patrick Elliott, hasta entonces accionista mayoritario de Nuevo Arcoiris, estaba fuera del país.

Elliott es un ciudadano canadiense de 40 años que funge como parte del comité de asesores de Tesoro Minerals. Es un geólogo y empresario con perfil de cow-boy minero que, según su perfil de LinkedIn, ha trabajado en la búsqueda de metal en varios países de Sudamérica y hasta en la Unión Soviética. Lo ha hecho como empleado de distintas ‘junior’, que es como se le conoce a aquellas compañías que no se dedican a extraer el mineral sino a comprobar su existencia, y dimensionar los costos y necesidades de un proyecto.

La relación de Elliott con el Perú es larga. Asegura haber trabajado como geólogo en el megaproyecto arequipeño de cobre Zafranal, de capitales canadienses, y además registra un nutrido movimiento migratorio: 31 entradas y salidas de permanencia corta en el país desde el 2007. Se mueve entre México, Colombia, Brasil y Argentina. También está registrado como vicepresidente de desarrollo corporativo del grupo Globetrotters, que explora minerales en la región. Y, como casi todos los ejecutivos metidos en el mundo de las ‘junior’, se publicita como presidente de Pac Roots, una compañía dedicada al negocio legal de la marihuana.

Regresemos a la recomposición accionarial. “El presidente manifestó a la junta que la sociedad mantiene una deuda frente a su actual accionista, la empresa Tesoro Minerals Corp. por el monto ascendente a USD 78,203.24 equivalente a la suma de S/ 259,712.96. Deuda que la referida empresa tiene interés en capitalizar…”, indica el texto del kardex antes mencionado. El texto no precisa cómo se originó esa deuda si, desde su creación, Nuevo Arcoiris solo había realizado trámites preliminares para la obtención de las concesiones mineras en Piura.

En descargos enviados a Sudaca, Nuevo Arcoiris SAC aseguró que la acreencia que posteriormente se transformó en acciones de Tesoro Minerals se generó por los “trámites de conformación de la empresa, pagos de contabilidad” y “asesores externos”. “Son gastos que se deben asumir desde el día uno”, dijeron.

Los S/256 mil de deuda que tenía Nuevo Arcoiris SAC con Tesoro Minerals.

Sobre la transferencia de acciones de Patrick Elliott a Tesoro Minerals, la empresa explicó que esta se dio a través de un contrato de transferencia de acciones entre ambas personas (una natural y otra jurídica). Sudaca pidió copia del libro de matrícula de acciones para verificar todo lo señalado, pero la empresa respondió que se trata de una documentación privada.

Tesoro Minerals Corp. no posee una sucursal en nuestro país ni una partida de constitución en Sunarp. Solo tiene presencia real en el espacio electromagnético del Internet, es decir, en una página web: www.tesoromineralscorp.com. Esta es una práctica común en el opaco mundo de las ‘junior’, que aparte de Canadá o Australia suelen trabajar en países del tercer mundo abundantes en recursos naturales. “En este momento contamos con los activos necesarios para la etapa en la que nos encontramos”, dijo Nuevo Arcoiris.

El caso Manhattan

El Estudio CMS Grau ya tiene amplia –y quizás no tan buena– experiencia en Tambogrande. Curiosamente, en 1999 Miguel Grau Malachowski, de cuyo apellido toma el nombre la firma, y Juan Carlos Escudero Velando, actual managing partner de la misma, fungieron de apoderados de la minera canadiense Manhattan Minerals Corp. de cara al contrato de opción de constitución de sociedad anónima para el desarrollo de actividades mineras en ese distrito de Piura.

El derecho a la actividad minera ya había sido dado a la compañía previamente por el gobierno de Alberto Fujimori, mediante el decreto supremo 013-99-EM. Los dos decretos a favor de Nuevo Arcoiris firmados por Sagasti son estándar, casi idénticos a aquella norma.

Manhattan estuvo representada por los actuales socios del Grau, el mismo bufete legal que ahora es apoderado de Nuevo Arcoiris SAC.

En 2002, tras realizarse la primera consulta popular en Tambogrande, donde el 95% de la población dijo “No” a la minería, estallaron protestas que terminaron con la expulsión de Manhattan del país. El caso es emblemático porque se trató del primer proyecto minero de la historia en ser paralizado por oposición de una comunidad local, según la ONG Cooperacción. Desde entonces, los grandes empresarios mineros han hablado de Tambogrande como ‘el gran fracaso’ de la industria y han codiciado el momento de regresar a la zona.

La autorización para adquirir derechos mineros en Tambogrande que ha sido otorgada a Nuevo Arcoiris por el gobierno en tiempo récord está muy cerca de la zona donde Manhattan fue expulsada. Cooperacción ha publicado un reciente artículo en el que explica, a través de un mapa de geolocalización, que si bien los 21 derechos en 16.300 hectáreas no están exactamente en el mismo sitio (el proyecto de hace 20 años demandaba relocalizar todo un pueblo) la afectación sería similar porque se trata de un terreno agrícola.

El alcalde distrital de Tambogrande, Alfredo Rengifo, ha asegurado que la concesión ha sido otorgada a Nuevo Arcoiris SAC sobre hectáreas de tierras de agricultores cuyos derechos serán directamente vulnerados. Rengifo, además, ha anunciado un paro minero y la recolección de 10 mil firmas de tambograndinos para solicitar al presidente Sagasti y al Congreso la derogatoria de los decretos.

Incluso, la congresista del Partido Morado por Piura, Angélica Palomino, ha enviado un oficio –con el respaldo de su bancada, de la que hasta hace un mes formaba parte Sagasti– solicitándole al ministro de Energía y Minas la derogación de los decretos. “Dirigentes agrarios y ciudadanía […] ven con preocupación y malestar que el gobierno de transición emita dispositivos legales que deberían ser consultados previamente con las autoridades y representantes de mi región”, dice la carta.

 

 

 

El ministro Gálvez respondió a Sudaca en un correo electrónico que la concesión ha sido dada por “necesidad pública”. Aseguró que “la Ley General de Minería dispone que la industria minera es de utilidad pública y que la promoción de inversiones en la actividad minera es de interés nacional”. Ello porque “genera divisas para el país, aumenta la recaudación de impuestos, posibilita la distribución de canon”, entre otros.

Otro recuerdo: Kuntur y el gasoducto

Los elementos de la historia calzan con una conocida práctica del mundo empresarial, no solo en minería. En octubre de 2008, por ejemplo, la ‘empresa fantasma’ Kuntur obtuvo la concesión directa, sin concurso público, de la obra del primer gasoducto del sur (que luego se transformó en el proyecto Gasoducto Sur Peruano). No tenía capacidad financiera ni técnica. Al igual que Nuevo Arcoiris, fue constituida con la dirección jurídica de un estudio de abogados, el Muñiz, y carecía de oficina propia. La concesión de la obra la entregó el expresidente Alan García.

La empresa Conduit apareció después como propietaria de Kuntur, pese a que nunca hubo una relación formal entre ambas, como ocurrió entre Tesoro Minerals y Nuevo Arcoiris. Odebrecht se convirtió al poco tiempo en la encargada de construir el gasoducto para Kuntur y empezó a realizar los supuestos estudios preliminares de la obra. Como ha revelado Cuarto Poder, esto generó una millonaria deuda de Conduit con Odebrecht que aquella no podía pagar. A la postre, según documentos mostrados por el programa dominical hace tres años, fue dicha acreencia la que llevó a la brasileña a empezar la compra de acciones en Kuntur. 

El 28 de marzo de 2012, según los informes de las dos comisiones Lava Jato del Congreso, Odebrecht terminó la adquisición de Kuntur. Ya con el dominio de la zona, postuló a la nueva concesión del Gasoducto Sur Peruano y ganó. Tras estallar el ‘caso Odebrecht’, la multimillonaria obra quedó paralizada.

Conexión Canadá y los descargos 

En respuesta a un cuestionario enviado por Sudaca, el ministro Gálvez recordó que se reunió con representantes de Tesoro Minerals Corp en noviembre de 2019, en la convención minera PDAC 2019, en Canadá. Lo hizo, asegura, en su calidad de Director General de Promoción y Sostenibilidad Minera del Minem.

El ministro Gálvez no ha precisado por iniciativa de quién se realizó esa reunión formal ni ha brindado detalles de la misma. En convenciones de este tipo, empresarios mineros y funcionarios públicos se reúnen para tratar posibles futuras inversiones. Gálvez negó tener amistad ni vínculo laboral directo con Tesoro Minerals o sus abogados.

“Los decretos supremos publicados no otorgan ninguna autorización para realizar actividades mineras. Únicamente otorgan a la empresa solicitante el derecho de proseguir con sus procedimientos administrativos iniciados ante el Ingemet, a fin de obtener sus respectivas concesiones mineras”, añadió. Si bien es cierto que los trámites aún no han sido completados, los dos decretos son claros en especificar que autorizan a Nuevo Arcoiris a adquirir los derechos mineros en zona de frontera y a realizar actividad minera una vez que cumplan con el resto de requisitos legales y ambientales.

Sobre el conflicto social en la zona, Gálvez aseguró que el proyecto se desarrollará “solo si se llega a un consenso con la población” y que el proceso de participación ciudadana –cuyo resultado ya se puede adelantar de la posición del alcalde de Tambogrande– se da al final. Sobre el fallido antecedente de Manhattan Minerals, respondió que ahora “las actividades mineras han mejorado sus estándares sociales y ambientales” y que pueden coexistir con la agricultura.

Tambogrande otra vez vuelve a ser noticia, más por recovecos corporativos y cascarones empresariales que por los frutos de su tierra. Esta historia de mineras ‘fantasma’ y decretos express recién comienza.

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Francisco Sagasti, Partido morado

 

Es integrante del movimiento Fuerza Ciudadana y en septiembre, como parte de un acuerdo entre grupos políticos, se inscribió en el Partido Morado. Su intención era acompañar a Julio Guzmán en la plancha presidencial, pero ese lugar finalmente lo obtuvo la exministra de Educación Flor Pablo. Hoy defiende las coincidencias ideológicas entre el socialismo y el centrismo morado.

Ha sido gerenta de fiscalización de cuatro municipalidades: Lima Metropolitana, Los Olivos, La Victoria y Magdalena. En la última ejerció el cargo hasta el 30 de noviembre pasado. A los vendedores ambulantes afectados por sus operativos les dice que solo cumplió con la ley, que le exijan a sus alcaldes que trabajen más el área de desarrollo económico distrital y que ella buscará hacerlo como parlamentaria.

La candidata Paredes quiere llevar parte de su agenda municipal al Congreso: quiere cambiar la Ley Orgánica de Municipalidades y combatir el tráfico de terrenos. Se sigue considerando una mujer de izquierda, pero todavía no perdona a Verónika Mendoza por su fallida alianza con Vladimir Cerrón, a quien llama “misógino y homofóbico”, e insiste en que no sabe qué piensa su exjefe George Forsyth. En vísperas de Navidad, conversó con Sudaca.

En 2006 postuló al Congreso con el Partido Socialista y en 2011 con Fuerza Social. En su página web hay un texto que, refiriéndose a usted, dice: “en San Marcos conoce al Perú y al socialismo mariateguista que orienta su vida hasta el día de hoy”. ¿Se sigue considerando socialista?

Bueno, hay distintas interpretaciones del socialismo. Si el socialismo es un Estado fuerte que cobre impuestos, y estos se traduzcan en servicios y oportunidades para todas y todos, sí. Pero no estoy de acuerdo con los regímenes en los que hay partido único, control de la prensa, control del aparato del Estado por el mismo partido.

Se lo preguntaba porque el ideario del Partido Morado dice, textualmente, que el socialismo “no da una respuesta satisfactoria a las demandas y oportunidades de la vida moderna”. También dice que el republicanismo les permite superar al socialismo. ¿No encuentra cierta discordancia ideológica entre las agrupaciones?

No, porque este es un acuerdo político donde cada uno entra con sus esencias. Nosotros somos de centro izquierda. Ellos son de centro republicano. Sin embargo, encontramos coincidencias.

¿Qué coincidencia ideológica encuentran?

La del centro y los valores republicanos que de ninguna manera se contradicen con el origen socialista. Si el socialismo es una educación pública de primer nivel, soy socialista. Si la salud tiene que ser gratuita en los hospitales públicos, y que con tu receta vayas a cualquier farmacia y te la den pagada por el Estado, sí, estoy de acuerdo. Eso pasa en Francia, por si acaso, y son conquistas que la influencia del socialismo ha logrado. Lo que pasa es que en el Perú, en el afán de satanizar a la izquierda, satanizan cualquier origen ideológico que venga del socialismo. Pero eso es ignorancia pura y dura. Yo me defino como socialdemócrata.

El plan de acción de Fuerza Ciudadana es crítico con el modelo económico neoliberal e indica que, frente a eso, el Estado, como usted misma está diciendo, debe tener un rol más participativo. ¿El Partido Morado concuerda con esa idea?

En algunos puntos, sí. Por ejemplo, en la educación. ¿Quién tiene que garantizarla? El Estado, pues. Universidades públicas, salud pública, eso es un Estado fuerte. El acceso a la justicia. Todas las personas deben tener un abogado que se lo pague el Estado. ¿Hacia a dónde me quieren llevar?

La pregunta que quiero hacerle es sobre las actividades productivas del Estado.

Ajá, ya ves, ahí me quieres llevar. Para que haya productividad tienen que haber derechos. Para que un trabajador sea productivo debe tener educación de alta calidad. Pero también justicia. Primero eso, después lo otro. ¿Dónde está la contradicción? Lo que pasa es que quieren ir de frente a los temas productivos sin empezar con la esencia de la persona. ¿Tú has visitado el Loayza, el Dos de Mayo, el Bravo Chico [todos centros de salud públicos]? Parece un viaje al pasado. ¿De qué nos sirvió todo ese crecimiento? Entonces, no es una cuestión de hablar en abstracto del tema productivo, hablemos de los problemas concretos de la gente.

Postuló dos veces al Congreso y una vez a la alcaldía de Magdalena con partidos abiertamente de izquierda. A esta última lo hizo con Juntos por el Perú. 

Sí, soy una mujer de izquierda.

No tuvo buenos resultados en ninguno de esos tres procesos. No logró el objetivo de ser elegida. 

No, pero sí tuve muy buenos resultados. El problema es que la lampa arrastró. Pero le gané a los que habían invertido miles de soles en campaña. Hice toda mi campaña a pie y en bicicleta, y solo puse letreros en las casas. Y así le empaté al PPC. Respecto a las postulaciones anteriores, conquisté algo más importante que un cargo: posicionar el tema de los derechos LTGB dentro de una agenda política. Eso es un triunfo. Los éxitos electorales a veces no son el reflejo de éxitos políticos. Mi participación allanó el camino. Ahora estoy en el Partido Morado que tiene el matrimonio igualitario en su agenda parlamentaria desde antes que entre yo. ¿Eso ha sido producto del azar? No, ha sido una construcción política de la narrativa de los derechos de las personas. Creo que las preguntas que me haces es porque no creemos que exista el centro en el Perú y el Partido Morado es de centro.

De postular con partidos de izquierda, ahora lo hace con uno de centro. ¿Es un cambio de estrategia para revertir la tendencia de no lograr sus objetivos electorales?

No. Yo me voy de Juntos por el Perú. ¿Cómo vas a postular con una persona como Verónika [Mendoza], que intentó hacer un acuerdo con Cerrón, un hombre misógino, homofóbico, condenado por la justicia? Yo no podría acompañar a esa ciudadana.

¿A pesar de que ya no está con Cerrón?

No importa que ya no esté. ¿Por qué no está? ¿Porque no quiso o porque no pudo? Porque no pudo. Eso en derecho se llama delito en grado de tentativa. O sea, no lo pudiste hacer, pero lo hubieras hecho. Yo no podría estar al lado de ni tomarme una foto con el señor Cerrón. Creo que a él le daría asco tomarse una foto conmigo también, porque represento todo lo que desprecia. ¿Cuánto se demoró Verónika en decir que Venezuela era dictadura? Un montón de tiempo. Yo no.

l perfil de Susel Paredes con el Partido Socialista decía que el “socialismo mariateguista” orienta su vida.

Y si se trataba de ir con un candidato de centro, ¿no le hubiera convenido postular con George Forsyth, a quien tenía cerca y ha estado primero en las encuestas con bastante holgura?

Yo no hago política porque me convenga. Para eso hubiera escogido otros partidos, donde hubiera ganado elecciones. Yo no solamente participo para ganar, sino para afirmar posiciones. Además, no sé qué piensa el señor Forsyth.

Hace unos meses declaró a Cosas que Forsyth no tenía propuestas. ¿Todavía lo piensa?

Sí. Por ejemplo, lo de los jurados, haciendo la comparación con las películas, a mí me parece poco serio. Le tengo el mayor de los respetos, pero no sé qué quiere para el país. Yo sí sé qué quiere Julio [Guzmán] para el país, y lo puedes leer y contrastar con nuestras posiciones desde Fuerza Ciudadana. Eso nos diferencia. El señor Forsyth va con Restauración Nacional. ¿Cómo voy a postular con el partido de un pastor evangélico, que desprecia a mi comunidad, que desprecia las libertades de las personas? Aunque le cambien de nombre, mantendrá sus principios, ¿no? Nosotros pensamos que debemos tener un Estado laico.

Volvamos a un punto específico del plan de gobierno del Partido Morado. Indica que harán un referéndum para consultar el cambio de Constitución en el segundo año. ¿Cuál es su posición personal sobre el tema?

Sí habría que cambiarla, al igual que en Chile, porque es un documento promovido por un dictador: Alberto Fujimori. A nivel simbólico y político me parece que estaría muy bien que la cambiemos. Es un oprobio orientarse por esa Constitución.

¿Qué gana Fuerza Ciudadana con este acuerdo, además de que usted pueda ser candidata?

Ahora somos conocidos a nivel nacional, la gente sabe que existimos. Eso hemos ganado: visibilidad. Dos: afirmación. Tres: creemos que nuestras propuestas, que se han incluido en el plan de gobierno, van a poder hacerse efectivas.

¿Por qué no se concretó su participación en la plancha presidencial?

Es una decisión de la Comisión Política del Partido Morado. Ahora, estoy muy de acuerdo con esa decisión. Conozco muy bien Lima. La verdad es que me siento más cómoda en la lista con el número 1. Lima ha tenido un problema: sus representantes han funcionado como senadores. Muchos representantes de las regiones después han sido representantes por Lima, como [Yohny] Lescano. Yo quiero que la agenda de estos más de 10 millones de ciudadanos y ciudadanas esté presente y se trabaje. Que se represente a Lima. Por ejemplo, creo que se necesita trabajar desde la fiscalización y el control político el tema del tráfico de terrenos. Y es un tema en el que no se meten los congresistas sino para dar títulos, para hacer leyes que postergan la titulación. Con esos me voy a mechar.

Dice que siente que representa mucho a Lima.

Sí.

¿Cree que no fue incluida en la plancha presidencial para evitar que esta sea ‘muy limeña’?

Puede ser, ¿no?

Los invitados del Partido Morado han sido criticados en redes sociales por diferentes razones: por ser influencers, no tener experiencia política. ¿Qué respondería usted a esas críticas?

Que la Constitución señala expresamente que la libertad de expresión de las ideas es un derecho. Entonces, tienen derecho a opinar.

Hablemos sobre los informales. Usted ha ganado protagonismo mediático por sacar a los ambulantes de los espacios públicos.

Sí. Cumplo con lo que me dice la Ley Orgánica de Municipalidades.

Estamos en un país que es 70% informal. ¿La solución contra la informalidad es la confrontación?

No. Lo que yo planteo es que la Ley Orgánica de Municipalidades tiene que darle más fuerza a [la parte de] desarrollo económico, para que el ordenamiento del territorio tenga un correlato promotor de la economía. Entonces el enfoque de la ley no va a ser solo represivo. Ahora, yo lo que he hecho siempre es cumplir con lo que dice la ley. No cometo abuso de autoridad, cumplo. La ley dice ‘decomiso’, ‘retención’, y yo lo hago. Lo que pasa es que los que hacen desarrollo económico no tienen mi velocidad.

Quizá usted está poniendo la carreta delante de los caballos, al hacer primero la labor represiva sin que haya una continuidad de promoción.

En todo caso, han puesto la carreta delante de los caballos los congresistas, como siempre, porque la Ley Orgánica de Municipalidades ordena eso. El orden lo tiene [la gerencia de] Fiscalización y te da todas esas herramientas. Ese mismo peso no lo ha puesto en Desarrollo Económico. Entonces, hay que arreglarla, eso voy a hacer yo.

Mientras usted no esté en el Congreso y pueda cambiar esas disposiciones, ¿qué le propone a los ambulantes, a los comerciantes informales que viven de su venta, en un contexto de crisis económica?

Que le exijan a los alcaldes que hagan su trabajo. Por ejemplo, en Magdalena: la feria que hay ahora en el coliseo Chamochumbi y la de la propia plaza son iniciativas que propuso
[la gerencia de] Fiscalización. Yo, en mi experiencia, lo que he visto es que no se hace ese trabajo de promoción cuando sí se puede. Magdalena es la prueba.

Usted ha tenido un discurso de orden, autoridad y represión. ¿Cuál es su posición sobre la acción de la Policía en las protestas de trabajadores de empresas agroexportadoras?

El derecho a la protesta es un derecho que tenemos todos. Yo he protestado, el presidente Sagasti ha protestado, Julio [Guzmán] ha protestado. Soy sanmarquina, he vivido protestando. La policía tiene obligaciones, leyes, manuales y protocolos que cumplir. Entonces, esos que han disparado canicas tienen que ir presos. El señor [Manuel] Merino tiene que ir preso. El control del orden tiene reglas. En mi opinión, en el caso de la muerte de Inti y Bryan, hay responsabilidad por esos homicidios.

En el caso de los bloqueos de carreteras, ¿cree que los protestantes están haciendo vandalismo?

En el caso del volteo de la ambulancia [en Ica], por supuesto que están haciendo vandalismo. No se puede voltear una ambulancia. Esos trabajadores de la agroindustria tienen derecho a protestar, pero la policía tiene derecho a ordenar. Sin embargo, desde ambas partes tienen que controlar los límites.

¿Qué opina de la reacción del gobierno de Sagasti frente al problema laboral agrario?

Ha recibido una policía en una situación muy grave: 516 policías muertos de Covid, la institución desmoralizada. No los ha matado solo el virus, sino la corrupción. [A eso súmale] una bomba de tiempo que tenían los trabajadores del sector agroindustrial, que ya no daba para más. El Congreso debe tomar más responsabilidad y acelerar lo más pronto posible la aprobación del proyecto del nuevo régimen agrario. Sagasti está haciendo todo lo humanamente posible para resolver el problema en este contexto, pero tiene un Congreso adverso, golpista, y una policía de luto.

¿Cree que el mayor problema del Partido Morado en la campaña va a ser cargar con los errores que pueda cometer Sagasti?

Claro, el poder desgasta. Por supuesto que todo lo que haga nos afecta. Son los costos de hacer una campaña con un militante en el poder. Pero tengamos claro que este es un gobierno de transición y emergencia, este no es un gobierno elegido por el pueblo. No es un gobierno morado.

Si el Partido Morado gana y usted tiene la posibilidad de conformar el gabinete, ¿qué ministerio preferiría?

[Piensa] Bueno, estoy postulando para congresista, pero un ministerio que me encantaría, en el que creo que lo haría muy bien, sería el de Cultura.

“Durante todos estos años han querido imponer su versión como la verdad. Ellos implementan una política de mentira, de engaño. Están distorsionando la historia”, dice Carmen Amaro, hermana de Armando, uno de los nueve estudiantes de La Cantuta asesinados en julio de 1992 por el destacamento Colina. Los crímenes de lesa humanidad perpetrados por ese grupo de militares llevaron a la cárcel a Alberto Fujimori, como autor mediato.

Pero a los jóvenes estudiantes de la Escuela Naranja, el programa virtual de formación política del fujimorismo, les enseñan que el terrorismo de Estado no existió. El reportero de Sudaca que firma esta nota asistió con atención a las lecciones fujimoristas sobre el combate contra Sendero Luminoso y observó con interés los mensajes enviados por sus alumnos. ¿Qué aprendieron tras el cierre del curso?

El WhatsApp

En los últimos años se han revelado apasionadas y delatoras conversaciones entre líderes fujimoristas en grupos como‘Mototaxi’ y ‘La Botica’. La Escuela Naranja no fue ajena a esa tradición. Cada aula tuvo un grupo de coordinación en el que los alumnos compartieron indicaciones, resúmenes de clase y, por supuesto, opiniones políticas. El autor de este reportaje estuvo en el grupo denominado ‘#LaClaseDelChino-EN8’, con los más de 70 participantes del aula 8.

Uno de los temas recurrentes en el grupo fue la lucha contra el terrorismo. “Uno de los logros más importantes fue vencer al terrorismo. Salvaguardar la paz”, reiteró Keiko Fujimori en el evento de clausura de la escuela, este lunes 21, cuya foto abre esta nota. Pero para mantener el compromiso naranja con esa idea parece imprescindible encontrar antagonistas. El ‘terruqueo’ y las calificaciones de ‘rojos’, ‘caviares’, ‘comunistas’ y ‘terroristas’ a quienes no piensan como ellos son persistentes. 

“[Este] es el nuevo terrorismo, crear inestabilidad política en las calles”, escribió en el grupo, por ejemplo, una de las participantes el 17 de noviembre, sobre las marchas que derrocaron al gobierno de Manuel Merino. Ni el actual presidente de la República se salvó de esas calificaciones. “¿Sabías que Sagasti ha venido actuando en el Perú desde 1992 usando a los movimientos subversivos para lograr un sistema de gobierno con visión progresista?”, escribió uno de los alumnos.

Una de las participantes califica como ‘terrorismo’ a las protestas que derrocaron al gobierno de Merino.

“Este gobierno es de puros comunistas”, intervino otro. “Los rojos ya tomaron todo el Estado, solo ahora les toca empezar a perseguir y consolidar el gobierno inclusivo. O sea, aceitar a la gente para eso. Ya lo dijo el comunista de Sagastegui [sic], el Perú se va endeudar por 30.000”, remató un tercero.

Lecciones antisubversivas   

La currícula de la Escuela Naranja incluyó una clase sobre la acción de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el terrorismo y otra sobre la toma de las universidades por Sendero Luminoso. La primera la dictó el excongresista y vicealmirante en retiro Carlos Tubino. Se tituló “El rol de las Fuerzas Armadas en el gobierno de Fujimori” y el ponente aseguró que los cuestionamientos de violaciones a los derechos humanos fueron aislados y mínimos.

“Es falso, con ‘f’ mayúscula, que hubo terrorismo de Estado. No se dejen sorprender”, sostuvo Tubino.Según él, hubo sólo 25 mil muertos en la guerra interna y no los casi 70 mil que consigna el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR). “La historia es esta, no la que tratan de formar algunos terroristas derrotados y algunos tontos útiles, que terminan tergiversando los temas de derechos humanos”, afirmó.

“El terrorismo son acciones que tienden a crear caos y terror en la gente. En casos como El Santa o Pativilca [los militares] secuestran y desaparecen a los campesinos, y hacen pintas en alusión a Sendero Luminoso para crear terror. Por supuesto que hubo terrorismo de Estado”, responde Gloria Cano, abogada de Aprodeh. La conferencia de Tubino, sin embargo, fue alabada en el WhatsApp de los alumnos naranjas. “Muy clara y precisa la intervención de Carlos Tubino en la guerra contra el terrorismo. Es un ejemplo de lucha y valentía de nuestro héroe Alberto Fujimori”, compartió una de ellas.

Un participante en pie de lucha defiende la verdad naranja.

La exposición sobre la incursión senderista en las universidades, en tanto, fue dictada por el coronel en situación de retiro Walter Jibaja. Se tituló “Liberando a las universidades del terror”. El ponente explicó que parte de la estrategia de Fujimori para pacificar el país fue establecer bases militares en los centros de educación superior. Su conferencia también recibió halagos en el grupo de WhatsApp.

“Que buena la clase de hoy. Tenemos que agradecer que gracias al presidente Alberto Fujimori tuvieron paz nuestros hijos y los jóvenes universitarios porque fue el único que pudo parar esa masacre terrorista que había tomado las universidades, cambiándole la ideología a los jóvenes. Por eso tenemos que agradecer a nuestro chinito, el mejor presidente que tuvo el Perú. ¡Por eso! ¡Viva EL FUJIMORISMO! ¡Viva ALBERTO FUJIMORI! ¡Viva FUERZA POPULAR!”, escribió una emocionada participante.

La gran omisión naranja

Así como Tubino sostuvo que la única verdad es la que ellos cuentan, en el grupo de WhatsApp sobraron los mensajes con la misma opinión. “Es importante educar a nuestros jóvenes para que conozcan la verdad del fujimorismo y no se dejen envenenar en los colegios y universidades”, publicó uno de los participantes. Pero Tubino y Jibaja omitieron información: ninguna de las exposiciones mencionó los crímenes cometidos por las Fuerzas Armadas. La negación del terrorismo de Estado, como era de esperarse, también implica la omisión completa del accionar del Grupo Colina.

Un error de tipeo delator.

Hay peruanos que aún no saben qué fue el Grupo Colina. Algunos son alumnos de la Escuela Naranja. “¿Alguien puede confirmarme una cosilla…? Lo que pasa es que un profe está diciendo ahorita en su clase, mostrando un arte… Algo sobre gente incinerada y puesta en latas de leche gloria en el gobierno de Fujimori. ¿Esto es verdad? ¿Alguien sabe algo de eso?”, preguntó una alumna. En el grupo nadie le respondió. 

Los restos de cuerpos devueltos en cajas de leche Gloria –no en latas– fueron de algunos de los nueve alumnos y un profesor asesinados por el Grupo Colina después de ser secuestrados de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, conocida como La Cantuta. Entre ellos estuvo el hermano de Carmen, cuya declaración abre esta nota. Pero no fue el único operativo del destacamento. La matanza de Barios Altos, en la que 15 personas fueron asesinadas, incluyendo un niño de 8 años, también fue de su autoría.

Aunque es correcto afirmar que el responsable principal de los actos criminales durante la guerra interna fue Sendero Luminoso, como bien indica la CVR, el Grupo Colina es un actor que no puede dejar de ser mencionado en una clase sobre el rol de las Fuerzas Armadas en los años 90. Al menos, no en una que pretenda ser completa.

¿Por qué se debe mencionar el terrorismo de Estado al hablar sobre la guerra interna? “La importancia es que puedes empezar a abrir diálogos. El joven puede investigar por él mismo”, aclara Gladys Ayllón, magister en Derechos Humanos y doctora en Educación. Cuando se ofrece a los jóvenes una sola versión de lo que sucedió, explica, hay adoctrinamiento.

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Reclamar memoria

Los familiares de las personas asesinadas por fuerzas del Estado transitan todavía por un largo proceso de búsqueda de justicia. Y para ellos es fundamental construir memoria. El silencio y la omisión los afecta. “La verdad sobre la derrota de las organizaciones subversivas es diferente de la ‘verdad oficial’ construida en la década del 90”, dice el Informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR).

En su exposición, Tubino dijo que los cuestionamientos de violaciones de derechos humanos fueron aislados y mínimos. “Se implementó una política sistemática de violación de derechos humanos. No era un grupo aislado, había una logística. Su rol era asesinar y desaparecer personas”, responde Carmen Amaro, la hermana de Armando. Y la CVR ha sido explícita. “El despliegue incluyó procedimientos de eliminación selectiva y otras formas de violaciones de los derechos humanos”, dice en referencia a la estrategia antisubversiva de Fujimori.

Lo que sucedió, para Carmen, está claro. “Lo que nos ampara es que hay sentencias judiciales. Judicialmente se les ha ganado”, sostiene. La opinión de un familiar de una víctima, aunque imprescindible para entender a los afectados por el discurso fujimorista, puede parecer obvia. Lo imprevisto, sin embargo, es la posición de alguien que participó en la guerra desde el otro lado, empuñando las armas.

Sudaca se comunicó con un exagente de inteligencia que participó en operativos que la justicia ha determinado que estuvieron ordenados por el gobierno. Su nombre no puede ser revelado. Su posición es que la acción del Grupo Colina fue necesaria para terminar con el terrorismo, una idea que probablemente Tubino comparta. El problema es que, así la comparta, omitirla borra del mapa también a los perpetradores directos.

El exagente concuerda con Carmen en que el silencio sobre las acciones del Ejército merece revisarse.Aunque, claro, entiende por qué no los mencionan. “No vamos a esperar que reconozcan lo que tuvimos que hacer. En inteligencia nunca esperamos reconocimiento. Pero es necesario dar explicaciones”, dice. Por supuesto, él está en la orilla opuesta a los familiares de las víctimas. Sostiene que no hubo violaciones a los derechos humanos. Su posición busca justificar los hechos, no omitirlos.

Cuando se le preguntó si se sentía traicionado por el fujimorismo, respondió: “Quién no se va a sentir afectado de que no se reconozca el sacrificio que hicimos”. Y remarca que cuando salga de la cárcel quiere hablar. “Espero que en alguna oportunidad nos den el estrado y nos escuchen”, afirma. El silencio es criticado desde orillas opuestas.

Los alumnos de la Escuela Naranja están siempre muy atentos para ‘no dejarse manipular’.

Riesgos sociales

“Para cualquier persona que tiene entendimiento de lo que pasó, este negacionismo resulta ridículo. Las diversas acciones están documentadas”, resalta Cano. La abogada también explica el riesgo de subestimar las omisiones. “Me preocupa que quieran llevar esa mirada unilateral, sesgada, a las posiciones oficiales”, dice sobre un eventual gobierno fujimorista, que este medio ha evaluado improbable, pero no imposible.

Sudaca buscó los descargos de la Escuela Naranja a través de su coordinadora académica, Flor Meza. La también candidata al Congreso por Fuerza Popular prefirió no declarar. “Mi función es netamente académica”, argumentó.

La omisión naranja no es solo una anécdota. Para Cano, si no hay conocimiento de la verdad, los crímenes tenderán a repetirse. Ayllón es más radical. “Tienes gente fundamentalista. Estamos reproduciendo personas con fuerza de negación. Falta empatía hacia el otro. No podemos construir una sociedad democrática si no importa lo que siente y piensa el otro”, afirma.

“¡Muy interesante las clases de la Escuela! ¡Sería muy importante compartirlas con los jóvenes y que conozcan nuestra verdadera historia! Mis clases las compartí con ellos y mi hija, que está a puertas de cumplir 15 años lo hizo igual con sus amigas del colegio. Muchas veces estos jóvenes están llevando el odio de sus padres y desconocen mucho de nuestra historia”, escribió una de las alumnas en el grupo de WhatsApp. “Debemos unirnos, informar a nuestros hijos… y que no se dejen manipular”, publicó otra.

Carmen Amaro, la hermana de una víctima del grupo Colina, deja el mensaje que le enviaría a los alumnos de la Escuela Naranja que no conocen lo que hizo el destacamento: “antes de creer, sean investigadores”. 

Fin de curso

El fujimorismo está construyendo su propia versión de la verdad. El mes pasado Sudaca analizó el caso de la supuesta revolución educativa fujimorista, también mencionada en la Escuela Naranja, que llevó –entre otros– al caos y la precariedad del mercado universitario. Pero este caso es más grave porque involucra a víctimas mortales.

“Tengo 18 años y ahora sé que no es verdad lo que me decían del presidente Fujimori”, comentó uno de los inscritos en el evento del lunes. “La Escuela Naranja es la verdadera historia contemporánea de nuestro país”, remató otro. La verdad incompleta ha sido propagada. Al terminar el evento de clausura de la escuela, Keiko Fujimori dijo: “Gracias por defender al fujimorismo”.

Queda en manos de todos los ciudadanos definir qué verdad va a trascender en la historia. Las elecciones de abril serán un termómetro para medir la potencia de la desinformación y la exacerbación del discurso antagónico naranja. Mientras tanto, el Perú sigue bastante lejos de alcanzar la reconciliación. El silencio, para ello, es el peor veneno.

Nota de edición: Alejandro Guzmán, el autor de esta nota, también escribió el artículo La versión naranja de la educación. Ese artículo fue firmado con un seudónimo para evitar que el reportero sea sacado de la Escuela Naranja y de sus grupos de Whatsapp. El reporteo continuaba para esta segunda publicación. Ahora que ha terminado el curso, su nombre puede ser revelado sin problemas. 

En esta nota hemos decidido mantener en reserva la identidad de los alumnos del fujimorismo, dado que no se trata de autoridades ni figuras políticas públicas. Los pantallazos que acompañan el texto, así como las citas literales que se reproducen en el mismo, son apenas unos pocos fragmentos de las conversaciones que este medio ha podido recopilar. 

La primera gran marcha nacional fue el jueves 12. Manuel Merino tenía dos días en el cargo y no habían jurado aún sus ministros. La convocatoria principal fue en la Plaza San Martín, escenario de las grandes movilizaciones sociales del país. Aunque la marcha era pacífica, la policía arrojó bombas lacrimógenas como si fueran globos y disparó perdigones a la gente al estilo paintball. Y así lo hicieron también el sábado.

Pero no solo intentaron detener el paso de la gente con armas. También con infiltrados. Muchos ciudadanos advirtieron la presencia de miembros del Grupo Terna –especializado en tácticas de seguridad urbana– de la Policía Nacional del Perú (PNP), y lo denunciaron por redes sociales desde el inicio de la marcha. ¿Por qué un grupo especializado en combatir la ‘pequeña’ delincuencia acudiría a una protesta social pacífica? Fuentes cercanas a la Policía explicaron a Sudaca que esto no tiene sentido práctico ni se corresponde con las funciones para las que fue creado. 

Para explicarlo es necesario retroceder algunos años. Los Terna pertenecen a la División de Operaciones Especiales, también conocida como Escuadrón Verde, creado en el 2003. Este sector forma parte de la Región Policial Lima, y se le conoce como la Unidad de Inteligencia Táctica Operativa Urbana. Su objetivo es luchar contra bandas criminales urbanas, marcas y atracos al paso, entre otros delitos. En los operativos que realizan, varios de ellos van vestidos de civil, camuflados para intervenir los delitos en flagrancia. Otros monitorean la operación y acuden como refuerzos, pero ya con indumentaria policial, detallaron las fuentes policiales.

No fue sino hasta el 2014 que el Grupo Terna alcanzó visibilidad y apoyo político durante la gestión de Daniel Urresti en el Ministerio del Interior (Mininter). El actual congresista de Podemos Perú es el verdadero ‘papá’ de los Terna: fortaleció la división con más personal y capacitaciones. Durante su paso por el Mininter, proyectó llegar a los 10 mil efectivos. De hecho, una brigada de policías franceses especializados en criminalidad llegaron al Perú para dar cursos de observación, vigilancia y seguimiento, adiestramiento en uso de armas de fuego, intervención de inmuebles y reducción de intervenidos a mediados de su gestión, aseguró el Ministerio del Interior aquel año.

Según Urresti, los franceses felicitaron a la PNP por el nivel de los Terna. En 2014 el ex ministro precisó al extinto programa Sin Medias Tintas que los Terna están enfocados en reducir índices de delincuencia común, camuflándose como civiles. Sus intervenciones son en el momento del crimen. “Solo están dedicados a la lucha contra la microcomercialización, los carteristas, los arrebatadores, y para eso no se necesitan estudios superiores”, indicó.

Vale decir que el actual ministro del Interior, Gastón Ramírez, lideró la Región Policial Lima en el 2018, sector al que pertenecen los Terna. Quien mejor que él, entonces, para entender que, con esas credenciales tácticas del grupo, no tendría sentido que acudan a las marchas. Por sus tareas y formación, no son policías entrenados ni preparados para controlar multitudes. Aún así, ya se ha hecho costumbre en Perú que se infiltren en las manifestaciones, donde se les ha acusado de ‘sembrar’ pruebas y detener arbitrariamente a manifestantes pacíficos.

Infografía compartida durante la dirección de Daniel Urresti que resume las labores del Grupo Terna. Fuente: MININTER.

Denunciados en redes sociales

Sudaca pudo contabilizar más de 50 fotos y vídeos difundidos durante la marcha del jueves, donde los protestantes denunciaban la presencia de los Terna. Se pueden apreciar agentes de la policía vestidos de civiles, en una tarea de infiltración entre los grupos de manifestantes. Se les acusaba, además, de intervenir arbitrariamente a la gente y azuzar a los protestantes para realizar vandalismo.

Estos reportes llegaron hasta las redes oficiales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Jan Jarab, representante del organismo para la región, constató casos de detenciones realizadas por policías vestidos de civiles sin identificarse como tales. También instó a las autoridades peruanas a “poner fin a este tipo de procedimientos incompatibles con las normas internacionales de derechos humanos”. 

Al día siguiente de la primera marcha nacional, la PNP se pronunció al respecto, embarrando su credibilidad aún más:

https://twitter.com/PoliciaPeru/status/1327302946070138882

En el punto cinco del documento, niegan la presencia del Grupo Terna como parte de la estrategia policial en la marcha. Como se observa en el siguiente vídeo, un sujeto vestido con una polera negra, jeans oscuros y zapatillas blancas se aleja de unos manifestantes que le reclaman su presencia dentro del grupo. Al sentir la presión de la gente, el policía decide sacar su pistola y disparar al aire para atemorizarlos. Sin embargo, no lo consigue y junto a un compañero suyo aceleran el paso para huir por el Centro Cívico.

https://twitter.com/Tom_QM/status/1327089808460689418

El fotoperiodista Diego Miranda capturó una imagen donde se puede reconocer –a la izquierda– a un personaje vestido de forma similar al del anterior video. Junto a otros cuatro ‘compañeros’ suyos, intervienen a un manifestante horas antes del momento del disparo al cielo en el que el Terna habría escapado de la multitud

Un ciudadano es intervenido entre cinco sujetos, incluyendo al policía que horas más tarde dispararía al aire para huir de la gente. Foto: Diego Miranda.

Lo negaron

En una entrevista a Willax TV el viernes, el ministro Gastón Rodríguez, admitió que el individuo de las fotos era un policía. Pero de la Montada –a caballo– y en su día de franco (descanso). En un pronunciamiento fuera del Hospital Almenara, Jorge Lam, subcomandante general de la PNP, reconoció la presencia de los Terna en el primer día de manifestaciones –después de la vacancia de Vizcarra–, pero no el jueves en la movilización nacional.

Lam explicó que la presencia de los Terna tras la vacancia tuvo como objetivo intervenir a infiltrados violentos entre las protestas. Esto para frenar los daños a la propiedad y la agresión con diversos objetos a la policía. De hecho, Rodríguez reconoció a Lam como el responsable de desautorizar la presencia del Grupo Terna durante una reunión general de directivos de la PNP al inicio de la manifestación.

Según Lam, solo se infiltraron los Terna el lunes para proteger a la gente y a la policía contra ‘otros infiltrados’. Entonces, si la marcha del jueves estaba reuniendo a miles de personas más y tendría mayores posibilidades de sufrir por infiltración de personas violentas, ¿ya por qué se retiraría a los Terna? 

“[La presencia de los Terna] son un montón de versiones para desprestigiar a la institución encargada de velar por el orden interno”, dijeron el titular del MININTER y el líder máximo de la PNP en el transcurso de la semana. Mientras tanto, una chica grabó y publicó el momento exacto en que cinco efectivos policiales le piden retirarse del lugar, por encontrarse en una “zona de conflicto”. El video fue publicado el día jueves a las 11:33 PM.

https://twitter.com/feministakawaii/status/1327107410889216008

Durante varios segundos, se puede observar que tres de estas personas llevan gorras con la palabra “POLICÍA” y en la visera llevan la palabra “TERNA”. Además, algunos utilizan chalecos sobre ropa de civil con la frase “INTAO TERNA” a la altura del pecho. Incluso, una mujer lleva la gorra policial, pero todavía sigue vestida como civil, en una pésima estrategia de  camuflaje entre los manifestantes. La chica intervenida le exige que se identifique, pero esta persona nunca lo hace.

La estrategia de camuflaje de los Terna ya casi no es invisible para la gente, pero lo sigue siendo para las autoridades del gobierno saliente. Los reportes en las redes sociales dan cuenta de su presencia en la primera marcha nacional, y serían Rodríguez y Lam los responsables principales de autorizar su participación en las manifestaciones pacíficas. La represión policial tuvo varias caras. ¿Volverá a infiltrarse la PNP con los Terna entre las protestas pacíficas?

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Grupo Terna

Una de las consecuencias de las últimas movilizaciones ha sido el retorno del debate sobre una nueva Constitución, como parte de las reformas que el Perú necesita de cara al bicentenario de su independencia. Si se requiere una modificación total o parcial de la Carta Magna, las vías más idóneas para lograrlo y los puntos específicos que demandan un cambio urgente son hoy –con más fuerza que en los últimos veinte años– parte de la discusión pública.

Y no es coincidencia que esto haya crecido con el descontento de los jóvenes, reflejado luego en las protestas a nivel nacional. Una semana antes de que el Congreso decida vacar al expresidente Martín Vizcarra, una encuesta de Datum reveló que el 56% de los peruanos estaba a favor de tener una nueva Constitución. Otro 27% dijo estar en contra. Entre quienes apostaban por el cambio, el 31% respondió que la principal razón es incrementar los castigos a los corruptos y el 25% señaló que no podíamos continuar con la Constitución concebida luego del autogolpe de Alberto Fujimori. Un 20% consideró que se deberían incluir mayores sanciones para los delincuentes.

La opinión ciudadana –que el lector puede juzgar justa, acertada, errada o extraviada– está sobre la mesa. A la par, se ha creado una nueva bancada en el Congreso que tiene un nombre bastante explícito, Nueva Constitución, y que se suma a similares pedidos –por ejemplo– del Frente Amplio. Así, es oportuno evaluar lo más conveniente para el país. ¿Qué camino es el más viable para los cambios que la Constitución requiere? ¿Cuáles son esas reformas urgentes? ¿Es necesario el cambio total o una reforma parcial?

Las vías 

El abogado constitucionalista Luciano López recuerda a Sudaca que existen dos caminos para las modificaciones a la Constitución. El primero es a través del Congreso de la República: el artículo 206 contempla la posibilidad de que se puedan hacer reformas parciales. “Pero no soy partidario, los congresos nos han demostrado que son de visiones cortoplacistas, que se llevan por intereses de coyuntura, no han sido capaces de llevar una reforma política,el próximo parlamento que venga va a ser tan igual que este o el disuelto”, opina.

El especialista precisa que el otro camino es el referéndum: una consulta promovida por la ciudadanía. “La única posibilidad de hacer una reforma total con la Constitución actual es llamando a un referéndum. O que la presión ciudadana desemboque en una herramienta legal como el referéndum. La Constitución reconoce el derecho de los ciudadanos a convocar a referéndum”, señala.

López plantea que en esa convocatoria se consulte a la población si quiere una Asamblea Constituyente o quiere a una comisión que se encargue solo de reformas parciales. Él es partidario de la creación de una convención nacional que vea cambios específicos. “Un órgano que se dedique solo y exclusivamente a ver las reformas, terminan su trabajo y se van, plantean reformas hacia el futuro. Un Congreso no te va a ver algo así, al menos ya nos lo han demostrado”, dijo.

Su propuesta tiene un elemento clave: que el proceso no quede atrapado en el sistema político y partidario que nos llevó a la crisis. O, en otras palabras, que no sean los mismos políticos que han generado el caos del último mes los que redacten las reformas. Buscar independientes para que hagan el trabajo es un método que también podría aplicarse en caso se optara por redactar toda una nueva Constitución.

“Propongo que la convención se forme por voto popular con listas independientes para participar. De esa manera no te pones en manos de los partidos. Es más o menos lo que se hace en Chile, las elecciones para elegir a los miembros de su Asamblea Constituyente se van a hacer el mismo día que las elecciones generales en Perú, y ellos han elegido una fórmula en la que van a participar miembros de los partidos y listas independientes. Creo que podríamos buscar gente que no le interese estar en partidos pero le interese participar en una reforma estructural”, explica.

El constitucionalista dice que “lo rescatable del último quinquenio es que nos ha demostrado que el sistema político tiene una serie de fallas, no tiene como desahogar, por ejemplo, las tensiones entre Ejecutivo y Legislativo. Tenemos un sistema demasiado parlamentarizado”.

El economista y exjefe de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP Juan José Marthans, por su parte, tampoco le cierra las puertas a un referéndum como primera vía para una nueva Constitución. “Primero hay que definir qué se necesita modificar de la Constitución y en el caso extremo ponerlos a consideración de un referéndum, para que se defina si hay cambios o no, en qué espacios, en qué temas, y sobre eso se trabajen a nivel del gobierno o de Asamblea Constituyente las reformas del caso”, añade.

“Hay que propiciar el cambio de la Constitución con ciertos lineamientos. La que tenemos ahora lamentablemente se ha dado al amparo de uno de los gobierno más corruptos en la historia del Perú, eso no es una buena distinción para un peruano que tenga un mínimo de vergüenza democrática en el país”, asegura. El centro del debate pasa, entonces, del cómo –mediante cambios puntuales o un nuevo texto– al qué.

Principales reformas

¿Qué es exactamente lo que se debe cambiar de la Constitución? López considera que lo más conveniente es un cambio parcial, donde el tema prioritario son los capítulos vinculados a la estructura del Estado. “Ahí está la gran reforma, ahí sí hay que cambiar todo, requiere una profunda reforma”, dice.

“Al capítulo económico no le haría mayor modificación. La experiencia nos ha demostrado que el gran problema que tiene el Perú es la informalidad, entonces una buena estrategia puede ser establecer cambios constitucionales pero para incentivar del Estado una serie de obligaciones destinadas a la formalización de la economía”, agrega. En el capítulo 2, relacionado a derechos sociales y políticos, podrían hacerse ajustes vinculados al derecho a la salud, la seguridad social y las pensiones.

Marthans considera que la prioridad entre las modificaciones que necesita la Carta Magna está en el terreno político, pero no niega la posibilidad de que se cambie el capítulo económico. “La Constitución ha sido sistemáticamente violentada en todos sus capítulos, incluyendo el económico”.

Marthans hace un llamado sensato a los empresarios: “oponerse a una reforma va a ser un gran problema, ello podría exacerbar los ánimos, hay que ser inteligente”. “Lo ideal –matiza– es que en este último ambiente [el económico] se genere una reforma sin mellar los pilares básicos y el alcance de la definición de subsidiaridad del Estado. Creo que es esencial que se mantengan esos pilares a efectos de evitar un retroceso”.

Como primer punto a modificar propone la necesidad de reforzar los mecanismos que permitan evitar “niveles de concentración extremos” en mercados. Para eso hay que darle un rango constitucional a Indecopi, el ente regulador encargado de velar por la libre competencia, agrega. También afinar medidas para que el capítulo económico sea respetado por todos los agentes económicos, así como remarcar que el Parlamento no tiene posibilidad de iniciativa de gasto.

“Si es que se evalúa la posibilidad de una nueva Constitución, tiene que hacerse con mucho cuidado porque si se abre la posibilidad del capítulo económico y se afecta negativamente el rol subsidiario del Estado y la autonomía de ciertas instituciones con carácter institucional, entonces vamos a dar un paso atrás inmenso”, insiste.

Tanto López como Marthans son partidarios, en primera instancia, de hacer reformas puntuales al texto constitucional. Pero ninguno de los dos se horroriza con la posibilidad de redactar una nueva Carta Magna, incluso si esta decisión parte del voto popular. El debate, tanto en las calles como en la clase política, está abierto. Toca abordarlo y no huir de él.

Por Luisa García y Alejandro Guzmán

M.C. llegó a Lima, desde Bogotá, el 11 de enero en la aerolínea Viva Air. Viajó con su novio y asegura que ninguno de los dos ha recibido llamadas de seguimiento del Ministerio de Salud (Minsa) para verificar que están cumpliendo con su cuarentena. Hoy miércoles es su noveno día de confinamiento. Le quedan, teóricamente, cinco más.

Con Y.D. tampoco se ha comunicado aún el personal del Minsa. Ella arribó a Lima un día antes que M.C. desde La Florida, un estado que reportó más de 30.000 infectados el segundo día del año, según informó el New York Times. La segunda ola en Estados Unidos es gigantesca: solo dos días antes de su viaje, se contabilizaron más de 300.000 nuevos contagiados en ese país.

En un intento por dimensionar cuánto puede afectar al Perú el aumento de casos en el extranjero, Sudaca pidió a la Superintendencia Nacional de Migraciones el número de pasajeros que ingresaron al país vía aérea en lo que va de enero, así como las ciudades de origen de sus vuelos. La información, sin embargo, fue negada por la oficina de prensa. ¿La excusa? Que los datos −que normalmente sí son proporcionados como información periodística− son considerados sensibles en el contexto de la pandemia.

Pero la data ya publicada es, de todos modos, reveladora: según una nota de prensa del Minsa, 121.455 viajeros arribaron al país entre el 5 de octubre −cuando se reabrieron las fronteras aéreas para vuelos comerciales− y el 9 de diciembre. En ese periodo estuvo vigente un protocolo sanitario que estipulaba que el Minsa debía monitorear la aparición de síntomas que pudieran indicar casos positivos.

De ese monitoreo, apenas tres casos de Covid-19 fueron identificados por el Centro de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC), organismo del Minsa encargado de hacer el seguimiento a la cuarentena de los pasajeros internacionales. Tres entre más de 120.000 equivale a un insignificante 0.0024%. Ese resultado es engañoso.

Los números detrás de los números

Según el Minsa, de octubre a diciembre se realizaron 186.807 llamadas al grupo de 121.455 viajeros mencionado líneas arriba. Con una división simple, eso implicaría menos de dos llamadas por pasajero a lo largo de su cuarentena, cuando el monitoreo debería ser diario. Este medio solicitó una entrevista con un vocero del Minsa sobre el tema, pero tras varios intentos no obtuvo respuesta. También pidió en numerosas oportunidades una entrevista con el director del Centro de Epidemiología (CDC), sin éxito.

¿Qué tan eficiente fue el seguimiento para afirmar que la “Reanudación de vuelos internacionales no tuvo impacto en incremento de casos COVID-19 en el país”, como tituló el Minsa la nota de prensa donde publicaba estos números? De las mencionadas 186.807 llamadas realizadas por personal del CDC del Minsa, solo el 55.37% fueron efectivas (es decir, contestadas). Así, solo se logró establecer comunicación con el 63% de los pasajeros.

Con ese porcentaje de efectividad, se identificaron apenas 610 casos sospechosos. Sin embargo, solo al 22,39% −menos de un cuarto− de ellos se le tomó alguna prueba, ya sea la molecular o la de antígenos. Al 68.36% no se le tomó muestra por “diversos motivos”. El 8.85% de los casos sospechosos no respondió el teléfono tras varios intentos. Y no hubo mucho más que hacer con ellos.

Quizá lo más preocupante son las conclusiones erróneas −como la del titular de la nota de prensa del Minsa− a las que puede llevar una metodología mal diseñada, que no contempla una recopilación diaria de los síntomas. La médico epidemióloga de la Cayetano Heredia Larissa Otero afirma que solo luego de tener a los viajeros en constante vigilancia se podría concluir que no están siendo una fuente importante de transmisión, si es que muy pocos o ninguno desarrolló la Covid-19.

Diseño: Leyla López.

¿Sigue la coladera?

Desde el 4 de enero, el gobierno peruano exige una cuarentena obligatoria de 14 días para todos los viajeros que ingresen al país. ¿Cómo se le hace seguimiento? A través de escasas llamadas telefónicas con un bajo nivel de efectividad. Lo escaso e ineficiente de este proceso puede cotejarse con los testimonios de viajeros a los que ha entrevistado Sudaca, quienes arribaron pasada esa fecha. Algunos no han recibido ninguna llamada y, los que sí, aseguran que se trató de una o −en el mejor de los casos− dos.

El 4 de enero, el director del CDC del Minsa Luis Rodríguez actualizó el dato del porcentaje de llamadas efectivas: el 50% de los viajeros entrantes “no responden las llamadas o dan números telefónicos falsos”, mencionó. Un porcentaje aún peor que el reportado en diciembre.

“Eso es muy grave. Si efectivamente eso es real, es crítico, porque otra vez volvemos al tema de la responsabilidad individual”, opina Theresa Ochoa, médica infectóloga y profesora asociada de Epidemiología en la Universidad de Texas en Houston. “De nada nos sirven estas normas [cuarentena obligatoria para los viajeros] si el individuo no va a ser consciente de que sus acciones pueden tener una repercusión en general, para infectar a otras personas”, agrega.

“Creo que monitorizar los síntomas a diario es importantísimo”, dice Larissa Otero. También apunta que, por eficiencia de recursos, eso se podría hacer a través de una web o app a la que los viajeros estén obligados a reportar sus síntomas. Luego solo se llamaría a los que no cumplen con el monitoreo o que sí presentan algún síntoma y, como refuerzo, podría haber un contacto telefónico aleatorio con parte de los que cumplen con su reporte diario. “Esto debería usarse para viajeros y para contactos cercanos”, agrega. En el protocolo de octubre se estipulaba que los pasajeros deberían realizar un ‘autotriaje’ a través de un aplicativo del Minsa. Ninguno de los viajeros consultados por Sudaca fue informado de dicho aplicativo.

Este lunes, L.L. y su familia acabaron su confinamiento. Llegaron a Lima el mismo 4 de enero, cuando empezaba a regir la cuarentena obligatoria por dos semanas para los viajeros internacionales. Ella dice simplemente no entender cómo controlan la cuarentena, pues en su casa son tres los que viajaron y solo llamaron a su esposo y a su hijo en una oportunidad a cada uno. A ella, en ninguna.

Aunque las comparaciones son odiosas, en este caso pueden ayudar. Al igual que Perú, Chile también ha normado que los viajeros que ingresen al país deben realizar una cuarentena obligatoria. La diferencia es que el seguimiento chileno sí es diario: según estipula la normativa local, los viajeros reciben cada día un correo con una encuesta sobre su estado de salud y su ubicación, a la par de tres recordatorios de que deben llenarla como parte de su declaración jurada. Sudaca pudo confirmar, de acuerdo a experiencias de viajeros chilenos, que dichos mensajes y recordatorios llegan diariamente.

Diseño: Leyla López.

Los aeropuertos, focos infecciosos

“Recuerdo el caso de dos chicas: se hicieron pruebas el viernes en Estados Unidos, con resultados negativos. Viajaron el sábado. El martes las dos tenían pruebas positivas. Se infectaron o en el aeropuerto en Estados Unidos o en el avión o al llegar, no se sabe, pero se infectaron”, apunta el médico infectólogo Eduardo Gotuzzo. Aunque es algo que las aerolíneas preferirían no decir, el especialista considera que los aeropuertos sí son focos de contagio para personas que han dado negativo a las pruebas antes de tomar sus vuelos. Por norma, estas deben realizarse hasta 72 horas antes del viaje.

M.C. cuenta, por ejemplo, que cuando partió a Colombia, a fines del año pasado, no le exigieron usar protector facial. A los aeropuertos llegan personas que viajan a diferentes destinos, cada uno con sus propios protocolos. Antes de abordar, los viajeros deben compartir colas, procesos y salas de espera. Pero para M.C. los patios de comida son los lugares más riesgosos. Los viajeros se quitan la protección para comer, cerca de otros pasajeros. No escapa a este párrafo el Jorge Chávez.

Los pacientes demoran en promedio cinco días en manifestar sus síntomas, pero pueden contagiar a otros individuos desde antes, explica la infectóloga Theresa Ochoa. Un viajero podría creer, durante todo su trayecto, que no está infectado. Mientras en realidad está, además, contagiando a otros. Para saber si se estuvo o no frente a un viajero agente de contagio, la calidad del seguimiento de su cuarentena es clave. Es la única forma de conseguir un mapeo más acertado de los posibles infectados que llegan de otros países. Pero ya vimos que la calidad del seguimiento en el Perú no es muy útil.

Geolocalización: ¿real o no?

Al ingresar al país, M.C., Y.D. y L.L. llenaron y firmaron una Declaración Jurada de Salud y Autorización de Geolocalización de su celular. La declaración y la autorización aparecen en la web de Migraciones en un solo formulario. ¿Se realiza o no esa geolocalización para controlar que los pasajeros recién llegados no estén violando su cuarentena?

Fuentes del Minsa dijeron a Sudaca que la geolocalización no se efectúa. Las personas positivas a Covid-19, hayan sido identificadas en el Jorge Chávez o luego, sí tendrían un seguimiento diario, aseguraron las mismas fuentes, que pidieron anonimato por no tratarse de voceros oficiales o autorizados. Recordemos, sin embargo, que de octubre a diciembre solo se identificaron tres positivos entre más de 120.000 viajeros.

“Ahora con los sistemas electrónicos no debería ser tan difícil [implementar una vía de seguimiento a los viajeros]. Uno lo registra con el código de pasaporte o DNI, sus datos deberían entrar a una base [de datos], se registra su celular, lo compruebas en ese momento, y registras otros celulares de back-up“, sostiene Larissa Otero.

Los viajeros entrevistados por Sudaca tampoco recuerdan que el personal sanitario que verificó su declaración jurada al ingresar al país haya comprobado su número de celular. En su cuenta de Twitter, la periodista Alejandra Cruz llamó la atención, además, sobre la obligatoriedad de proporcionar un teléfono fijo, cuando muchos ya no tienen uno. “Creo que coloqué el de mi abuela”, dijo Y.D, por ejemplo.

A la deriva

Sin una recopilación diaria y sistemática de los síntomas de los viajeros internacionales, se deja a la deriva su seguimiento epidemiológico. La necesidad del Minsa de cambiar de metodología, a una que sí sea eficiente, es clara. Pero también hay otra urgencia: “insistir en la educación sanitaria para que seamos conscientes de cómo debemos actuar”, opinó la infectóloga Theresa Ochoa. Ella lo plantea como prioridad frente a la opción de volver a cerrar fronteras, por ejemplo. “Cualquier medida es imperfecta si la gente no cumple bien”, reflexiona su colega Eduardo Gotuzzo.

“Tenemos que apelar a ese sentido de la responsabilidad, es un sentido moral. Uno no quiere contagiar a otras personas. La gente dice: no va a pasar nada, prefiero que ya me dé Covid. ¿Pero de dónde creen que se contagiaron los que han muerto?”, cuestiona Larissa Otero.

El último viernes 8 de enero la ministra de Salud, Pilar Mazzetti, confirmó la primera detección de una persona portadora de la variante británica del virus. Una persona que reside en Perú. Lo más probable es que la variante haya entrado por el aeropuerto. Con un seguimiento epidemiológico más eficiente de los viajeros internacionales, un mejor rastreo de los contactos portadores de esa variante habría sido posible.

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Con su startup ha creado una innovadora forma de vender pescados frescos vía online. Pero para lograrlo, ha tenido que vencer estereotipos y al machismo que asegura que las mujeres, no pueden pescar.

Pucusana es un nostálgico balneario ubicado a 58 kilómetros al sur de Lima. En esta añorada caleta y rodeada de lanchas que parecen reposar sobre un manto platinado se encuentra Karin Abensur, una pescadora artesanal de 37 años que, como hija del mar, pretende hacer una oceánica revolución: empoderar a la mujer, luchar contra el hambre y fomentar la pesca sostenible en el país con su emprendimiento, Karin Ecofish.

Karin Abensur Montes de Oca fue la primera pescadora artesanal de la playa Punta Hermosa. Su historia con el mar comenzó cuando tenía doce años y entró por primera vez al océano acompañada de una tabla de surf. Ahí, surcando las olas, cayéndose y levantándose, entabló amistad con los pescadores. Aprendió sobre sus faenas, sus anécdotas. La dura vida del mar que la cautivaron y la motivaron a estudiar ingeniería pesquera en la Universidad Agraria La Molina y, para que ahora creara Karin Ecofish, su negocio online de venta de pescado fresco fileteado, envasado al vacío y con reparto a domicilio.

“Cuando entré al mar de Pucusana lo hice con un pescador que era muy conocido aquí y se hizo mi pata. Como estaba a su lado, todo el mundo lo miraba. No era bien visto que las mujeres entren al mar, de madrugada y a pescar. Entonces él les respondía: “¿Qué les pasa? ¡Es mi hija!”. Y todos callaban”, cuenta Karin.

Pero un día el pescador se fue y ella se quedó sola. La gente le preguntaba por su supuesto padre y ella respondía: ‘Él me ha mandado sola porque ya aprendí. Si no hubiera sido por él, hubiera sido más complicado ingresar a este mundo”, recuerda.

A Karin le ha tocado imponerse en un mundo dominado por hombres y el machismo. Por eso se ha encargado de luchar contra los estereotipos, esa batalla silenciosa que aún nos queda por ganar.

“Todos los seres humanos merecemos respeto y eso quiero lograr con Karin Ecofish: la igualdad. No porque soy mujer tengo que aceptar que me falten el respeto. Yo me siento con las mismas capacidades que cualquier hombre de mar”, refuta, quien fue elegida Pescadora artesanal del año 2018 por el Ministerio de la Producción. ¿Los argumentos? impulsar la pesca sostenible. ¿Qué la enamoró del mar?, le preguntamos.

“Estar en contacto con la naturaleza es más placentero que escuchar los cláxones de la ciudad. Mi meta siempre ha sido dedicarme a la pesca”, dice.

La mujer y el mar

Karin trabaja de la mano con las fileteadoras de Pucusana. A través de su empresa social no solo se encarga de darles trabajo sino de empoderarlas, capacitarlas y darles empleo para que logren una independencia económica que les permita valerse por ellas mismas.

“¿Por qué todo es para el pescador? Todo es para el hombre pescador, cuando estas señoras están fileteando y con las manos mojadas desde las 2am”, reclama, en el puerto de Pucusana.

Para el 2021 Karin Ecofish tiene dos nuevos proyectos. El ingreso de nuevos e innovadores cortes de pescados como pejerrey y especies de estación, como el bonito y el perico. Además de hacer hamburguesas de lomo de bonito y cortes parrilleros.

Los nuevos productos a base de pejerrey serán posibles gracias a que en noviembre del 2020, Karin Ecofish fue beneficiada con los fondos del Programa Nacional de Innovación en Pesca y Acuicultura.

Además, con su proyecto busca que el consumo del pescado se incremente. Para la FAO, el objetivo al 2025 es que el peruano consuma 27.6 kilos de pescados al año. Actualmente es de 17.4 kilos.

Pero para que Karin, sentada sobre su bote, pueda contar ahora su historia tuvo que pasar duras batallas. Sufrir derrotas, golpes de ola capaz de tumbar al nadador más cuajado.

No solo tuvo que vencer los prejuicios de que las mujeres no pueden ser pescadoras. También batalló contra las altas tasas de interés de los bancos que le impedían (o le dificultaban) acceder a préstamos para potenciar su negocio, además de luchar contra la informalidad de la pesca artesanal en el Perú.

Pero enfrentó esas batallas y su startup se ha convertido en una de las más innovadoras del país: ofrece ocho tipos de cortes de pescado listos para cocinar. Vienen congelados y sellados al vacío. Los cortes más solicitados son: Ceviche, Tiradito, Escabeche, Sudado, Jalea. La comercialización es vía web y los clientes pueden programar sus compras y a la vez saber el origen de los productos que están adquiriendo. Y de paso, conocer las historias de las personas que hicieron posible que aquellos productos estén en la mesa. La distribución de sus productos es directamente a la puerta de sus clientes.

Más de 1000 pescadoras

En el Perú existen más de 76 mil pescadores artesanales, según el Ministerio de la Producción. De ese total, unas 1300 son mujeres. Con un universo tan grande de pescadores, le preguntamos a Karin ¿Cómo logramos una pesca sostenible?

“Hay que fomentar la pesca responsable. Hay que ponerse la camiseta como pescador, como consumidor y también como vendedor y no fomentar el consumo del lenguado, de la chita y la corvina”, dice. Y agrega: “Son especies que viven 40 años, no los puedes matar al año porque estas colaborando a que desaparezcan”, señala.

No volver a ver una especie es cruel. Por eso Karin pretende formar la Asociación de Pescadores Responsables y que se sumen los pescadores de todo el litoral. La hora de la pesca sostenible, llegó.

Así es Karin Abensur Montes de Oca, una pescadora artesanal que lidera su propia revolución. Una mujer que rompe con los moldes, la hija del mar que desde su espacio ha sabido quebrar estereotipos, dar empleo y levantar la bandera de la sostenibilidad. Su voluntad, es tan grande como el mar.

Dato:

Los pedidos a Karin Ecofish se pueden hacer vía redes sociales. Facebook: @karinecofish1234. Instagram:  karin_ecofish. Whatsapp 987104168.

Por Gabriela García y Romina Mendoza

Lucía Guevara tiene 43 años y ha sido trabajadora del hogar desde los nueve. Cuando comenzó la cuarentena no pudo salir de su lugar de trabajo durante dos meses. “Normalmente [antes de la pandemia] trabajaba doce horas diarias. En la cuarentena tuve que quedarme a cuidar a tres adultos mayores, los cuales tenían miedo de que los contagie. Tuve que hacer todo tipo de servicios y aumentaron las labores por el mismo sueldo. El estrés era demasiado. Prácticamente me quedé encerrada en el trabajo”, cuenta.

La casa en la que Lucía trabaja no está habilitada para alojar permanentemente a más personas. Ella tuvo que improvisar para poder dormir, bañarse, comer o contar con un poco de privacidad. “Lo básico que una trabajadora del hogar necesita es tener un baño propio. Una empleadora jamás permitiría compartir el mismo wáter con su trabajadora”, menciona Guevara. Además, se vio en la obligación de atender todo el día a sus jefes. Llegó, incluso, a no dormir.

Durante la emergencia sanitaria por la Covid-19 el silencioso problema de las trabajadoras del hogar se ha agravado: despidos intempestivos, aumento de la carga laboral, reducción de sueldos, discriminación, retención en sus lugares de trabajo y falta de protocolos de seguridad. Esos son apenas algunos de los problemas a los que más de una se ha visto expuesta.

Carmen Almeida, dirigente del Sindicato de Trabajadoras del Hogar de Lima (Sinttrahol), asegura que los derechos de las trabajadoras se han visto gravemente vulnerados. “La situación para nosotras ha sido muy crítica. El 80% de nuestras compañeras fueron despedidas. Otras quedaron prácticamente secuestradas en sus propios trabajos y a muchas les han reducido los sueldos”.

Se trata de números preocupantes recopilados por más de un gremio. La Federación Nacional de Trabajadores y Trabajadoras del Hogar Remunerados del Perú (Fenttrahop) calculó en septiembre que 6 de cada 10 trabajadoras del hogar habían sido despedidas, según El Comercio. Sudaca ha recopilado algunas de las historias detrás.

Cuadro: Elaboración propia.

Denuncias laborales en pandemia

Catalina Robles (es un seudónimo, a pedido suyo), de 46 años, es trabajadora del hogar desde que tiene memoria. Su último trabajo durante la pandemia fue en una casa en Ate, en septiembre, y duró solo 4 días. “Me dijeron que me encargaría de la limpieza, cocina y lavado de ropa para tres personas. Cuando llegué, me di con la sorpresa de que eran cinco. Yo estaba mal del brazo. Pese a ello, la señora me obligaba a lavar la ropa a mano. No aguanté más. En la agencia que me contrataron me dijeron que me pagarían S/1000, pero luego los empleadores me pagaron menos porque decían que tenían que evaluar primero mi trabajo. Tampoco me querían dar el contrato. Solo cuando lloré y supliqué, me mostraron una parte”, recuerda.

La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) es el ente encargado de supervisar y fiscalizar que se cumplan los derechos laborales de las trabajadoras del hogar: condiciones de trabajo dignas, entrega de implementos de bioseguridad por parte de los empleadores, pago de horas extra por encima de las 48 semanales, gratificaciones, CTS. Todos estos derechos están recogidos en la nueva Ley de las Trabajadoras y Trabajadores del Hogar, publicada en octubre. Según la Sunafil, sin embargo, del 16 de marzo al 28 de septiembre recibieron apenas 36 denuncias de trabajadoras del hogar, de las cuales 18 se dieron en Lima Metropolitana. Lo cierto es que pocas llamadas a la central de denuncias terminan en un proceso de inspección.

Almeida, por ejemplo, reclama que en estos meses llamaron a la Sunafil para reportar 16 casos. No consiguieron que se abra un solo proceso de inspección. En el último mes también fueron ignoradas: enviaron seis denuncias mediante la plataforma virtual de la entidad, pero no obtuvieron respuesta. “Cuando llamaba, decían que en ese momento no tenían inspectores que pudieran salir a la calle, porque no tenían los equipos de protección personal. La Sunafil me decía que llamara a la Policía para que intervenga la casa en la que trabajaba la compañera y que pida que se la lleven”, afirma.

Esto lo confirma Lucía, quien intentó denunciar y no tuvo respuesta. “Cuando pasaron 60 días en los que estuve encerrada en la casa de mis empleadores, llegué a mi tope de estrés. Los señores salían a la calle todos los días y no se cuidaban. Yo vivía con miedo a que me pudieran infectar. Llamé a Sunafil, pero nadie contestó. Necesitaba que alguien tome mi llamada y pueda constatar que yo estaba ahí trabajando por si me contagiaba”, cuenta.

Denunciar ante la Policía o iniciar un proceso judicial puede llegar a ser imposible para una trabajadora del hogar. “Es muy difícil para ellas. Hay diversas trabas para constatar los hechos, en la medida en que no se puede entrar fácilmente en una casa o no existen las pruebas suficientes. En ocasiones, la trabajadora del hogar ni siquiera conoce el nombre completo de su empleador. Además, es un sector económico con remuneración básica, por lo que no se puede dar el lujo de costear un proceso judicial”, explica la abogada laboralista Andrea Chávez.

El riesgo de volver al trabajo

María Salazar tiene 45 años y trabaja desde que tenía ocho. El 12 de marzo sus empleadores la mandaron a su casa porque comenzó a tener síntomas de Covid-19. “Se enteraron que tenía la enfermedad y desde ahí no he vuelto a trabajar”, cuenta. ¿Se ha establecido algún mecanismo seguro para que las trabajadoras del hogar retomen sus labores?

Con los protocolos para la nueva normalidad y la reactivación económica, en junio el Ministerio de Salud (Minsa) promulgó dos resoluciones ministeriales: la RM N°377-2020, que obliga a cada empresa a elaborar, registrar y entregar a cada trabajador un protocolo de vigilancia, control y prevención contra el Covid-19; y la RM N°448-2020, que contiene los lineamientos de bioseguridad para la prevención del Covid-19 que deben seguir todos los empleadores y trabajadores. Ambas resoluciones incluyen los servicios de limpieza y asistencia en el hogar. Es decir, a las trabajadoras del hogar.

Cuatro meses después de que iniciara la reactivación de las actividades laborales, en octubre, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) publicó la Guía de Seguridad y Salud en el Trabajo para evitar la propagación del Covid-19. Este documento no es un protocolo de bioseguridad, sino una guía básica de consulta para que los empleadores de las trabajadoras del hogar puedan elaborar uno propio.

Sin embargo, la demora del ministerio y la deficiente fiscalización de Sunafil puso en riesgo a las trabajadoras. El Sinttrahol tuvo que realizar un protocolo propio con recomendaciones básicas. “Los empleadores no han sido cuidadosos con la salud de las trabajadoras del hogar. Así como ellos, también tenemos familia y no queremos contagiar a nuestros hijos y padres. Realmente nos cuidamos como podemos. Nosotras mismas compramos todos los implementos de desinfección”, indica Almeida.

Sálvese quien pueda

A pesar de los esfuerzos, el constante contacto con las familias y personas a las que atienden expone a las trabajadoras a mayores riesgos que los de otros empleos. Los jefes no siempre respetan el distanciamiento social y tampoco quieren asumir los protocolos. “Fue un lío porque la señora dice que no está obligada a pagar una prueba Covid. Yo compro con mi propio dinero las mascarillas, porque ella no me ha dado nada, ni lo va a hacer. Dice que no le corresponde”, afirma Lucía.

Además, por la naturaleza de su labor, las trabajadoras no pueden estar todo el tiempo con la protección correspondiente. “Normalmente utilizamos la mascarilla [en el trayecto] de nuestro hogar al lugar de trabajo. Nos cambiamos los zapatos y la ropa al entrar a la casa de la empleadora. Muchas empleadoras nos obligan a permanecer con la mascarilla, pero si estás cocinando debes probar lo que haces. No vas a ir a la cocina con mascarilla, ¿no?”, comenta Almeida.

La necesidad de generar ingresos es lo que las lleva a someterse a este tipo de prácticas, que ponen en riesgo su vida y la de sus familias. “Les hablo a mis empleadores del protocolo de seguridad, pero a ellos no les importa. Al final les dije que cada uno se cuide como pueda. Si nos vamos a morir, lo haremos juntos, porque yo ya me cansé”, finaliza Lucía.

A pesar de los protocolos ministeriales y del esforzado trabajo de sus gremios, la realidad es cruda: al final, la mayoría de trabajadoras debe cuidarse sola. Durante estos meses, muchas de ellas han tenido que lidiar con sus empleadores como una carga –antes que una ayuda– para su seguridad sanitaria. Y lo han hecho sin el apoyo de la Sunafil ni la supervisión efectiva de sus derechos. Los riesgos de la pandemia seguirán en el Perú, por lo menos, durante varios meses. ¿Seguirá la silenciosa batalla de las trabajadoras del hogar por cuidarse en casas ajenas?

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