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El dudoso jale de Ugarte a una oficina clave del Minsa

El nuevo ministro ha designado a Luis Alberto Huamaní Palomino en una de las direcciones más importantes en la lucha contra el coronavirus. Este personaje, sin embargo, arrastra un proceso de corrupción en su contra y serias críticas a su reciente gestión como director regional de salud de Áncash.

El 25 de febrero, el ministro de Salud, Óscar Ugarte, nombró al nuevo jefe de la Dirección General de Intervenciones Estratégicas de Salud Pública (DGIESP), el órgano de su cartera que tiene a cargo el plan de vacunación contra el Covid-19. Nada menos. El elegido es el epidemiólogo Luis Alberto Huamaní Palomino (61) y su llegada se da una semana después de que la anterior cabeza de aquella dirección, Aldo Lucchetti, renunciara por ser parte de la lista VIP del caso “Vacunagate”.

Luis Alberto Huamaní, con más de 20 años de experiencia en el sector público, figura, sin embargo, en otra lista: la de 16 funcionarios del Gobierno Regional de Áncash investigados por el presunto direccionamiento de una millonaria obra en el Hospital Regional “Eleazar Guzmán Barrón”, el principal de Chimbote. La construcción −dos ambientes destinados a UCI que se levantaron a mediados del año pasado− acabó siendo un mamarracho y hoy está deshabitada. Para algunos colegas de Huamaní, la obra es un reflejo de su paso por la región. Él, por su puesto, rechaza todos los cargos.

Sospecha fiscal

Huamaní Palomino fue jefe de la Dirección Regional de Salud (Diresa) de Áncash desde mediados del 2019. Las primeras críticas en su contra, según algunos medios locales, aludían a su condición de forastero: Huamaní no es ancashino, sino arequipeño. Con la llegada de la pandemia, sin embargo, a sus colegas no les fue difícil encontrar mejores argumentos. “Su gestión fue desastrosa. La mayor cantidad de muertes se ha dado por su negligencia. Nunca implementó un plan efectivo contra el Covid”, dice el doctor Leandro Pérez, jefe del cuerpo médico del Hospital Regional “Eleazar Guzmán Barrón” de Áncash.

Esa afirmación tiene un sustento bastante gráfico: los dos ambientes de drywall al interior del terreno del hospital, cuya construcción tuvo el aval de la Diresa. La infraestructura debía albergar, supuestamente, casos graves de Covid-19, pero apenas pudo atender a los pacientes con síntomas moderados y lo hizo apenas por unas semanas. Hoy la obra luce totalmente abandonada. “Son dos ambientes que no tenían ventilación. No se pueden usar ni para hospitalización. ¡Es un cajón! ¡Si pones personal ahí, se va a contagiar de inmediato!”, se queja el doctor Leandro Pérez.

Como a casi todas las malas obras, a esta también le habría antecedido la corrupción.

El doctor Leandro Pérez, jefe del cuerpo médico del Hospital Regional “Eleazar Guzmán Barrón”. Atrás: el mamarracho sobrevalorado mandado a construir por el Gobierno Regional de Áncash.

Desde mayo del 2020, el fiscal anticorrupción Robert Rojas venía investigando el direccionamiento de este proyecto y la adquisición de equipos médicos. El monto que desembolsó la gestión regional −en ambos, estructura y equipos− fue de S/10.061.072,61, aproximadamente S/2.000.000 más de lo que el expediente técnico calculó inicialmente. El desembolso se hizo a pesar de que el contratista, la empresa Quimera SAC, no tenía experiencia en ese giro de negocio, según la Fiscalía y la Contraloría.

El problema no sólo fue la inutilidad de la obra, sino que además se realizó bajo un tipo de inversión estatal (Inversión de Optimización-IOARR) que no permite la creación de nueva infraestructura, sino únicamente la remodelación de los pabellones existentes. “Siempre se le dijo al doctor Huamaní Palomino que existía otra infraestructura abandonada que se pudo haber refaccionado. Y ahí se pudo haber hecho todo el local para el Covid”, explica el doctor Luis Johanson Arias, decano del Colegio Médico de Áncash.

En diciembre pasado, Robert Rojas lideró un operativo que terminó con la detención del entonces gobernador regional de Áncash, Juan Carlos Morillo, y logró que se le dicte nueve meses de prisión preventiva. La fiscalía anticorrupción puso en la mira a 15 funcionarios más, entre ellos, Luis Alberto Huamaní, entonces mandamás de la Diresa de Áncash.

Parte de la ampliación de investigación de la fiscalía anticorrupción contra el doctor Huamaní Palomino. Se le imputa el delito de colusión agravada.

El pasado 4 de diciembre, el fiscal amplió por ocho meses más la investigación preparatoria contra Huamaní por el delito de colusión agravada. Le imputa haber firmado un informe técnico y un “plan de reforzamiento de equipos de salud” entre el 24 y el 26 de marzo del 2020, que permitieron la construcción de marras.

Consultado por Sudaca, el funcionario rechaza estar involucrado en el direccionamiento de la obra y apunta que los documentos que firmó nada tuvieron que ver “con el proceso de elaboración y aprobación de la inversión, ni con el contrato con la empresa, ni con la supervisión y recepción [de la obra]”.

Pero en el Ministerio Público y en el cuerpo médico del Hospital Regional piensan distinto. “Su participación fue clave. Todo contó con su anuencia y dio inicio no sólo a la construcción hecha al interior del Hospital Regional, sino en otros dos hospitales”, dice el fiscal Robert Rojas. “Él [Huamaní] fue el responsable de toda esta obra, esto no podría haber pasado sin la autorización del director regional de salud. ¡Es un desastre!”, añade el indignado doctor Leandro Pérez.

El nombramiento del médico Luis Alberto Huamaní fue oficializado con una resolución del ministro Óscar Ugarte el pasado 25 de febrero. ¿No había más opciones?

Como fuese, el epidemiólogo se anima a defender la inútil construcción. “Las camas de esos ambientes, tenga la seguridad, se usaron. Otra cosa es que, cuando hubo mayor cantidad de hospitalizados, el Minsa construyó dos hospitales temporales y los pacientes pasaron ahí. Yo confío en la investigación fiscal”, apunta.

Huamaní dice, además, haberse ido de Áncash a fines de diciembre, luego de haber conseguido “logros relevantes” en su gestión y señala no conocer ninguna crítica en su contra. Más bien, afirma que la región nunca llegó a un colapso sanitario bajo su liderazgo. Pero es mentira. A mediados de junio, en el pico de contagios, los hospitales ya no recibían un paciente más: no había camas ni médicos especialistas. Y la tasa de mortalidad era la segunda más alta a nivel nacional: 6,7%, según cifras del propio gobierno regional. De hecho, cuando se empezó a levantar la cuarentena en varias regiones, a finales de ese mes, Áncash fue una de las siete que no pudo hacerlo por sus pésimos indicadores.

En el Colegio Médico de la región también tienen un recuerdo muy distinto al del flamante directivo del Minsa. “El balance de su gestión fue negativo. El plan de contingencia nunca se ejecutó al 100% y tuvo muchos errores en marchas y contramarchas, porque trabajaba con un grupo de personas que tomaban las decisiones sin consultar a los entes técnicos. Yo, como nota, le pongo 10 u 11. No le pongo más”, comenta el doctor Luis Johanson. Huamaní es ahora el responsable de la estrategia de inmunización a nivel nacional. En esas manos estamos.

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