Pie Derecho

El comunicado de la Embajada de los Países Bajos respecto del transporte de las vacunas es muy discreto y sutil, pero claramente está desmintiendo al gobierno respecto de que haya sido la aerolínea connacional KLM la responsable del retraso logístico del tema. Si aquel no fuese tan diplomático dejaría en muy mal pie al gobierno y de hecho constituiría un torpedo político para un régimen que ya se encuentra duramente golpeado ante la opinión pública (según el IEP ha sufrido un desplome en sus niveles de aprobación del 58 al 21%).

La imagen que se le está endosando al gobierno por parte de sus adversarios es de que es izquierdista, primero, y de que es inepto, segundo. Lo primero es un disparate que solo la extrema derecha puede afirmar y creer, pero lo segundo sí está arraigando paulatinamente en la población, sobre todo por la demora en proveer la llegada de las vacunas y en la capacidad logística para manejar el tema de las camas UCI y la cobertura de oxígeno.

No se entiende la poca claridad del Ejecutivo respecto del tema de la llegada de las vacunas. ¿Los guía una desesperación tan extrema que los hace capaces de decir medias verdades en tema tan delicado? El país no necesita de mentiras piadosas.

No extrañaría que reverdezcan los pedidos de vacancia contra el Presidente, so pretexto de su aparente inutilidad para manejar la pandemia (no es excusa que gran parte de los pasivos y errores provengan de la gestión de Vizcarra, menos aún si la ministra de Salud, Pilar Mazzetti, fue parte de la gestión cuestionada, y ha sido mantenida en el cargo por Sagasti).

Tampoco es atenuante la constatación del inútil y paquidérmico Estado peruano, que no sirve prácticamente para nada y vive dominado por la inercia burocrática y la indolencia administrativa. Si hay propósito de sacar algo adelante pues se patean puertas y se empujan los obstáculos hasta lograr el cometido. Nadie en su sano juicio va a esperar a que algún iluminado empiece la ansiada reforma del Estado.

El anuncio de hoy a inicios de la tarde de que se ha firmado contrato con Pfizer se desdibuja cuando se conoce la mísera cuota de vacunas que nos llegará en marzo y abril de dicho laboratorio y nuevamente pone en entredicho a un gobierno que suma a dudas sobre su eficacia, una pésima estrategia comunicativa.

El panorama electoral parece conducirnos a un escenario en el cual probablemente habrá que esperar hasta el final de la primera vuelta para entonces, de acuerdo a como van las encuestas, terminar eligiendo al menos malo entre los dos que mayor chance tengan. Patética perspectiva para las elecciones del bicentenario.

En medio de la rampante mediocridad de la mayoría de candidatos, que confían más en su campaña publicitaria, en el manejo de la imagen del candidato o en la producción de golpes de efecto, hay que destacar, sin embargo, algunos intentos por ideologizar la campaña, que dadas como están las cosas parece maná caído del cielo.

Así, la propuesta insistente de Verónika Mendoza por cambiar la Constitución y el modelo económico ha obligado a algunos partidos como el fujimorismo a salirle al frente, en defensa de la carta magna del 93. Y en ello se ha generado un interesante intercambio de ideas que de algún modo recrean la vieja discusión entre si el Estado debe regir el funcionamiento de la economía o si debe ser el libre mercado.

El fujimorismo le está ganando por puesta de mano a Hernando de Soto o a Rafael López Aliaga ese lugar en el espectro ideológico. El ausentismo inexplicable del autor de El otro sendero, y la distracción del candidato de Renovación Popular en asuntos menores, le han puesto en bandeja a Keiko la captura de esa bandera programática.

Siempre se ha dicho que el debate de ideas no funciona en campañas electorales y que, más bien, quienes incursionan en aquel terminan por verse afectados negativamente. Pero en medio de una campaña tan empírica como la que hoy tenemos en curso, con candidatos impostados, carentes de ideas, con repetición cansina de lemas, cualquier intento de introducir propuestas programáticas será bienvenido.

Claramente lo que está en juego en las actuales circunstancias es si se continúa el proceso de transición democrática iniciado el año 2000, si se regresa a modelos más libremercadistas de los 90 o si se da un giro radical hacia la izquierda. Así se pueden perfilar más o menos las principales candidaturas. Lo que resulta deseable es que se pase del perfil natural a la propuesta proactiva y explícita que dé luces al electorado respecto de qué es lo que se hará desde el gobierno a partir del 28 de julio si finalmente las urnas le sonríen a cualquiera de los postulantes.

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Ideas

La única manera de zanjar el debate que se ha generado alrededor de las AFP, a propósito de un proyecto de ley de la congresista Carmen Omonte, pasa por recuperar la libertad de los afiliados de disponer de sus fondos en el momento que lo deseen, y aún antes, de decidir si quieren o no ahorrar para recibir una pensión futura.

Lo hemos sostenido desde hace muchos años. El sistema, tal cual está diseñado, supone un trasvase millonario de rentabilidades de la clase media a favor de los cuatro o cinco grupos empresariales que controlan las AFP.

Mucho mayor rentabilidad futura (para los tiempos de jubilación), logra un ciudadano invirtiendo en salud, educación o bienes inmuebles, que dejando una parte importante de su remuneración en una AFP, que si bien le otorga una buena rentabilidad en ningún caso será superior a la que le brindará su propia cartera de inversiones en las materias señaladas (por ejemplo, en una mejor educación para sus hijos).

Para evitar un daño social significativo, el Estado deberá brindar una pensión de sobrevivencia a las personas que luego de jubilarse no tengan capacidad alguna de subsistencia -como funciona hoy Pensión 65-, pero el resto -la inmensa mayoría- debe tener la libertad de decidir si le quitan de la ONP o de la AFP una parte de su sueldo para asegurarle una pensión.

Hecho ello, dispuesta esa libertad, se verá cómo inmediatamente las AFP, de la noche a la mañana, sin ninguna coacción regulatoria de por medio, aseguran menores comisiones, mayor rentabilidad y, por ende, mejores pensiones. Cuando no tengan un mercado cautivo, que no requiere esfuerzo alguno en conquistar y mantener, encontrarán la manera de hacer atractivo un producto que hoy en día solo causa irritación en la ciudadanía (por eso, el 95% de los afiliados ha retirado el total de sus fondos cuando ha podido hacerlo).

De paso, a ver si tanto entusiasta libertario por interponer recursos legales contra la cuarentena light que nos han impuesto o marchar contra ella, también se anima a hacer lo propio en contra de un sistema que coacta groseramente nuestra libertad de elegir cómo aseguramos el bienestar para nuestra futura ancianidad.

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AFP

El desplome de Julio Guzmán es lo más significativo de la última encuesta del IEP. Políticamente lo más llamativo es el ascenso previsible de Yonhy Lescano, pero estadísticamente hablando la caída del líder morado es la que más relevancia denota.

Guzmán cae de 9.1 a 4.6, casi exactamente a la mitad de la intención de voto que tenía en diciembre. ¿Qué ha pasado en el camino que explique este revés? Un factor importante, sin duda, es el efecto dominó del gobierno de Sagasti. Las encuestas golpean brutalmente la aprobación del Presidente. Cae de 58% de aprobación a 21%, casi a la tercera parte en apenas un mes (en Ipsos había caído de 44 a 34%, entre diciembre y enero).

De hecho, hay un arrastre indirecto, revelando que en términos de estrategia electoral parece haber sido un error de los morados asumir la jefatura del gobierno, en una circunstancia tan complicada como la actual y teniendo como antecedente a un mandatario del estilo de Vizcarra, mediocre y taimado, que basó su alta popularidad simplemente en mentir respecto de la estrategia sanitaria frente a la pandemia (los pasivos del desastre los ha tenido que asumir Sagasti).

A ello se suma un liderazgo timorato de Guzmán. Mucho tiempo se le reclamó su ausencia en los debates surgidos los últimos cinco años. Creía seguramente que así no arriesgaba su capital político. Se equivocó Guzmán si creyó que la ciudadanía le iba a perdonar su silencio sepulcral durante el lustro. Lo que era un candidato potable, sacado de la contienda malamente el 2016, terminó convertido en un holograma. Resultado de ello, de lo único que parece haber memoria pasada respecto de Guzmán es de su indecoroso incidente.

Mejor candidata hubiera sido Carolina Lizárraga. De lejos. Las correrías de Guzmán no han sido interpretadas como un incidente amoroso (ello, inclusive, hasta votos le pudo haber dado), sino una prueba negativa de carácter. Debió leer el daño que le hacía a su propia agrupación luego del traspiés de la última elección congresal, donde apenas colocó un puñado de parlamentarios. Por lo que se ve, el castigo parece ya definitivo.

No es el suyo, síntoma de que la polarización política ha empezado a devorarse al centro. Es solo consecuencia de una mala performance personal y una pésima estrategia política y comunicacional

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Julio Guzmán

No se entiende qué hace el gobierno enviando tanques de guerra a la frontera para impedir el tránsito. ¿Le va a lanzar munición pesada a los venezolanos que trasponen nuestra frontera? ¿Va a matar a los inmigrantes? ¿Los disparos ocurridos estos días se van a repetir a diario?

Es absurdo el tic xenofóbico que parece albergar el gobierno o, lo que sería peor, que obedezca al afán de contentar el ánimo creciente de un sector de la población en contra de los venezolanos, acusándolos, primero, de ser los causantes de la explosión delictiva que sufre el país, luego del desempleo y ahora, finalmente, de ser foco de contagio del covid19.

Lo real es que nada de eso es cierto. La inmensa mayoría del millón y pico de venezolanos que vive en nuestro país ha venido a trabajar honradamente y la proporción de delincuentes es la misma o menor que la que hay entre la población nativa.

Hasta antes de la pandemia los niveles de empleo urbano en el país seguían siendo los mismos. Nuestra economía, sobre todo la informal, había logrado absorber la mano de obra venezolana sin empujar al desempleo a la población económicamente activa nacional.

Finalmente, alucinar que las nuevas variantes anidan especialmente entre la población venezolana es un disparate mayúsculo. Esta población debe estar sufriendo exactamente los mismos rigores sanitarios o aún peores -por su situación legal no asegurada-, pero no tienen alguna particular intensidad del virus, superior a la peruana. El virus no llega por la frontera norte.

Y, por supuesto, el gobierno se volvió a olvidar de la población venezolana en la entrega de los bonos de asistencia. La base de datos de cuatro millones y medio de personas que van a recibir los 600 soles de ayuda no incluye a ningún venezolano. ¿Qué se espera? ¿Qué mueran de inanición? Linda con lo punible la indolencia asistencial con la que el Estado peruano está tratando a este millón de compatriotas latinoamericanos.

Va a arreciar el discurso xenofóbico en esta campaña. Es lamentable, pero tiene una lógica política detrás. Lo que resulta incomprensible es que el gobierno se sume a esa narrativa alimentando sentimientos nacionalistas irracionales y primitivos.

No soy amigo de las cuarentenas. Intuitivamente hablando, constato que la dispuesta por Vizcarra no funcionó en absoluto y fue aún más estricta que la que ha ordenado Sagasti. El contrafáctico de que de repente nos hubiera ido peor si no se hacía ello me resulta bastante inverosímil teniendo en cuenta que fuimos el país que más sufrió en número proporcional de muertes. Y podría argüir, inclusive, que la correlación de descenso de la primera ola más bien fue de la mano con la liberación gradual de la cuarentena. Me parece que estamos ante ciclos naturales de un virus que no dependen de la mano humana para acelerarlo o atenuarlo. Pero, en fin, no tengo la autoridad académica ni técnica para opinar más allá. Podemos aceptar lo dispuesto por el gobierno, pero anteponiendo, sin embargo, algunas consideraciones de primer orden.

1.- Ojalá esta vez sí funcione y rápido la entrega de bonos a las personas más vulnerables. En el término del plazo de la quincena. Sería inadmisible que se repita nuevamente el esquema de tardanzas y aglomeraciones que supuso la entrega de los mismos durante la gestión gubernativa anterior. Peor, inclusive, que la pandemia es la recesión concomitante a la cuarentena. Gran número de víctimas se debe al violento empobrecimiento que significa la parálisis intempestiva de labores en un país donde el 70% de PEA vive día a día.

2.- Ojalá esta vez sí se haga un monitoreo inteligente de la respuesta hospitalaria y la disposición racional del personal médico para mejorar la cobertura. Amén de la provisión de oxígeno.

3.- Ojalá se disponga rápidamente de un mini Reactiva para todas aquellas empresas que van a cerrar. Y lo más probable es que los quince días dispuestos se conviertan en treinta o más. Si se quiere evitar despidos masivos, es urgente que se diseñe un plan rápido de auxilio crediticio o de subsidio directo a la planilla.

4.- Ojalá esta vez, el ministro del Interior ordene a los mandos policiales que se establezcan cuidados especiales intrafamiliares. Fue brutal la violencia contra la mujer y la infancia durante la cuarentena del año pasado. Ello no puede repetirse. Los Centros Mujer no pueden cerrar y los miembros de las fuerzas del orden deben tener instrucciones precisas para atender inmediatamente cualquier indicio de auxilio.

5.- Ojalá se anuncien pronto nuevas compras de vacunas. El gobierno dijo que “en cuestión de días” se iba a dar buenas noticias. Que se concreten mayores y más rápidas compras puede elevar el ánimo de la población para soportar el confinamiento al que se nos obliga desde la próxima semana.

5.- Ojalá los medios no repitan el pueril espectáculo de enviar reporteros a criminalizar a la gente que se ve obligada a salir a las calles a trabajar. Y junto con ello, ojalá la policía no repita el patético show que supone armar gigantescos operativos para capturar a ciudadanos que salen a pasear a sus mascotas. Ojalá.

George Forsyth mantiene su nivel de intención de voto en las últimas encuestas. Según Ipsos, en noviembre tenía 16%, en diciembre 18% y la última de enero 17%. Sorprende que no caiga, la verdad.

Porque en su caso no estamos frente a un líder carismático, arrasador, elocuente o particularmente brillante en términos ideológicos. Tampoco ante una ex autoridad que haya hecho una gestión superlativa en la alcaldía de La Victoria, aunque eso tampoco asegura buen resultado presidencial (véase los casos de Andrade o del propio Castañeda, quien luego de su exitosa primera gestión edil no tuvo fortuna en las ligas mayores).

Algunos datos a tener en cuenta: su mayor intención de voto es limeña y urbana; además, tiene un muy buen resultado en el norte (18%), una región tradicionalmente fujimorista y acuñista (Keiko tiene 10% y Acuña 8% en esa región del país).

Hay claramente un ánimo antipolítico en el grueso de la población que lo respalda, gente que está harta, realmente hastiada, de los “nuevos” políticos tradicionales (particularmente quienes han estado en el Congreso los últimos cinco años).

En esa línea, es más probable que una mayor proporción de los que hoy aún no deciden su voto (14% blanco y viciado y 11% no precisa), se termine inclinando por una opción antipolítica como la que Forsyth representa, antes que por una identificada como parte del statu quo.

No hay nadie en el proscenio que parezca querer o poder disputarle ese perfil. Ni Keiko Fujimori, ni César Acuña (a pesar de su filón disruptivo), ni Daniel Urresti (su vinculación a Luna Gálvez es un lastre difícil de sobrellevar) y mucho menos Verónika Mendoza, para solo mencionar a los punteros. El único del tabladillo que quizás podría cosechar de ese espíritu cívico sería Hernando de Soto, pero lamentablemente está haciendo de su carrera electoral una llena de obstáculos y gazapos. Tal vez también Yonhy Lescano, una suerte de outsider sistémico, por su origen provinciano y su discurso anti establishment de siempre.

Lo primero que deberían hacer los adversarios de Forsyth, si quieren derrotarlo, es no subestimarlo. O no subestimar, mejor dicho, el trasfondo de su respaldo. Hay, alrededor de ello, toda una estrategia detrás de su candidatura. Por lo visto, contra todos los pronósticos -incluidos los de quien escribe-, si no comete un error mayúsculo o no asoma alguien que le dispute el mismo nicho, será protagonista principal de esta elección.

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Forsyth

Craso error ha cometido el ministro de Educación Ricardo Cuenca si acaso albergó la idea de desactivar los colegios de alto rendimiento, COAR, por aparentes discrepancias con el modelo educativo que está detrás de los mismos.

Al final, ha retrocedido a medias y ha anunciado que hará los esfuerzos por mantener el esquema de admisión de este año (no ha sido del todo claro), aunque la explicación de que lo hizo porque el presupuesto no le asignaba partida para este año no parece ser tan cierta, ya que sí existe ese pliego considerado. Sería deseable una mayor precisión por parte del titular de Educación.

Es verdad que el esquema de los COAR es controversial. Hay expertos en la materia que señalan que la excelencia educativa debería ser general al sistema público y no circunscrito a ciertas unidades escolares destinadas a los alumnos con mejor rendimiento o mayores capacidades intelectuales, así como otros que estiman que construir una pirámide no es necesariamente malo y que, inclusive, podría ayudar a irradiar paulatinamente mayor calidad al conjunto.

Pero lo que no admite disenso es la tesis de que si alguna decisión estratégica se va a tomar al respecto (si mantener los COAR o desactivarlos), ello no le corresponde a un gobierno de “transición y emergencia”, como el propio presidente Sagasti gusta de calificar a su administración.

Las tareas del actual gobierno son pocas y muy claras: luchar contra la pandemia, reactivar la economía y asegurar elecciones limpias. Además de ello, solo tareas administrativas que aseguren el mejor funcionamiento del Estado. No le da la tela para hacer reformas. Tampoco el tiempo. No tiene la legitimidad de origen para animarse a hacer cambios de fondo en ninguno de los aspectos de la administración pública.

Haría bien por ello el Presidente en llamarle la atención a sus ministros y funcionarios de primer orden al respecto. Si alguno de ellos quiere dejar impresa su huella digital en el portafolio que administra, pues que renuncie, se inscriba en algún partido en la contienda y espere a que gane para, con el respaldo institucional de los votos, animarse a hacer reformas de fondo para el periodo de cinco años que le correspondería.

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Elecciones distritales

Uno de los muchos riesgos que va a tener que enfrentar Sagasti en los meses que le restan de gobierno es el de la protesta social, que desbocada puede generar un estado de inseguridad e indefensión que claramente lo pondría en la mira de quienes están buscando el menor error del régimen para volver a la carga y tumbárselo.

Es un terreno minado, porque si bien la represión policial es pertinente, justificada y necesaria (como en el caso de los bloqueos a carreteras), debe cuidarse de no repetir los errores de las marchas contra Merino que claramente supusieron un abuso policial y causaron un enorme desprestigio a una institución que como la policial no es precisamente que goce de mucho prestigio, básicamente por el alto grado de corrupción que la aqueja.

El gobierno ha contribuido a mellar aún más esa imagen al manejar de manera precipitada, atolondrada, sin norte ni brújula, una poda policial que parecía necesaria luego de múltiples desaguisados cometidos por los hombres de uniforme. Pero el Ejecutivo manejó tan mal el tema que se vio obligado a efectuar dos cambios de ministros en cuestión de días.

El frente de la seguridad interna no puede ser descuidado. La calle, de por sí está movilizada. Es lo normal en periodos preelectorales, pero en esta coyuntura particular ello se acrecienta por la grosera irresponsabilidad de un Congreso populista que no se detiene en dictar normas populacheras que luego son observadas por el Ejecutivo o declaradas inconstitucionales por el Tribunal Constitucional, pero que, obviamente, generan malestar ciudadano al frustrarse expectativas.

El contrato social de cualquier colectividad moderna pasa, como piedra de toque, por el control del orden interno. No por casualidad, el Ministerio del Interior era antes llamado Ministerio de Gobierno. La paz social es condición indispensable para la buena marcha social.

Hay que tener presente que la alta popularidad de Vizcarra, al enfrentarse a la claque aprofujimorista y el cierre del Congreso, desflemó al país y nos alejó de protestas masivas como las que signaron Chile, Ecuador o Bolivia. Hoy, esos factores de desfogue no existen. Sagasti debería tener claro que un error mayúsculo en este tema puede volver a la calle contra suya en cuestión de minutos.

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