Pie Derecho

[PIE DERECHO]  No se logra entender por qué la derecha es la que menos distancia crítica tiene del gobierno de Dina Boluarte. Según la última encuesta del IEP, aún un 16% de los que se identifican como de derecha lo aprueba (era el 27% a inicios de la gestión), mientras que entre los que se identifican de centro solo lo aprueba el 8% y entre los de izquierda el 3%.

Es verdad que el actual régimen ha logrado relativa estabilidad y ese es un anhelo caro a la derecha, pero es una estabilidad muy mediocre. Los principales problemas del país no son resueltos. Como dice Patricia Zárate, del IEP, “la percepción es que todo ha empeorado en el último año: la situación económica y política se percibe peor, con 73% y 69%, respectivamente; el 81% considera que la seguridad está peor y el 68% cree que la corrupción ha aumentado”.

Alberto Otárola es un buen operador político. Su mano activa, detrás de bambalinas, ha estado presente en el desenlace de la crisis del Ministerio Público y también en que el Congreso no haya discutido la destitución de la Junta Nacional de Justicia. Su pasado izquierdista lo ha dotado, al parecer, de capacidad de moverse en varios escenarios complejos, manejando actores y voluntades a su favor. Pero no es el Premier que mire el país con grandes soluciones. No es el líder ministerial que corrija la parálisis de algunos sectores bajo su manto ejecutivo.

Así, si según diversas percepciones y encuestas, es el verdadero poder, por encima del de Boluarte, se explica por qué la desaprobación general del gobierno. No es un Premier estadista sino uno hiperpolítico que le saca al régimen las castañas del fuego, pero no mucho más que eso.

¿Por qué la derecha avala este estado de cosas y no se solivianta respecto de anhelos caros a ella, como el orden social o crecimiento económico, por ejemplo? Ya no le pidamos que incorpore a su mochila de desvelos, una política de derechos humanos (seguramente aplaudió la represión violenta de principios de año) o una estrategia de mejora de la salud y la educación públicas, pero al menos en dos aspectos esenciales como los señalados (seguridad interna y parálisis económica) tiene argumentos de sobra para adherirse a una activa oposición.

 

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[PIE DERECHO]  Sería hilarante que la izquierda chilena o la regional celebre los resultados del plebiscito de ayer en Chile, que rechazaron la constitución pergeñada por la derecha de ese país.

Todos han perdido. Porque hubo un inmenso voto anti Boric en el “apruebo”, un voto contra la derecha, que perciben como parte de la élite, en el “rechazo”, pero por encima de todo un voto harto de este proceso constituyente de cuatro años que ha sumido a Chile en la incertidumbre y en la parálisis económica.

El estallido del 2019 tuvo como motivaciones el rechazo al sistema de salud pública, de educación estatal, el sistema de pensiones y las inequidades del modelo económico. Todo eso, después de cuatro años, ha empeorado en Chile y se malcreyó que la salida era refundar el país con una nueva Constitución, en lugar de exigirle al gobierno que cumpliera su tarea ejecutiva básica, porque los problemas aludidos se pueden resolver sin necesidad de una nueva Carta Magna.

A la postre, Boric no tendrá que gobernar con la Constitución de Kast y de la derecha, pero va a tener que acabar su gobierno -le restan dos años- con la mal llamada Constitución de Pinochet, la de “los cuatro generales”, como él mismo la calificó (en verdad, es un texto constitucional muy cambiado, sobre todo por el presidente Ricardo Lagos).

El caso chileno es un espejo en el que nos podemos ver, no solo por el fracaso del proceso constituyente y porque, ojalá, acá la izquierda entienda el despropósito de insistir con esa cantaleta, sino porque, sociológicamente, se aprecia en el vecino país, un hartazgo generalizado con toda la clase política y se teme la aparición de candidatos populistas radicales en los comicios que se llevarán a cabo el 2025, algo que algunos tememos pueda ocurrir acá el 2026, dado el conglomerado de razones psicosociales que apuntan a ello.

El resultado de ayer le da un pequeño aire a Boric. Le va a durar una semana. La ciudadanía lo desaprueba mayoritariamente. Tiene un 30% de respaldo duro, que lo mantiene a pesar de su pésimo gobierno o de que cometa eventuales errores políticos graves. Esa es su base, pero con ella, y con la composición parlamentaria que hay en Chile, donde Boric no tiene mayoría, su gobierno no andará. No tiene nada que celebrar.

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Boric, Chile, Plebiscito, Proceso Constituyente

[PIE DERECHO] Es cuestión de tiempo para que la ciudadanía, harta de los estropicios de nuestra clase política, tanto del Ejecutivo como del Congreso, asfixiada por la crisis económica, sofocada por la incontrolable inseguridad ciudadana, testigo del colapso moral de las principales instituciones, horrorizada por la corrupción rampante en prácticamente todas las entidades estatales, rompa su inercia y decida salir a protestar.

Ya lo ha hecho antes, cuando ciertos hechos detonaron su indignación. Los casos más recientes fueron las protestas de diciembre y enero últimos, la marcha espontánea por la imposición de un toque de queda absurdo, la reacción por la asunción de mando del inefable Manuel Merino, solo para citar las últimas acontecidas.

En el Perú no hay costumbre de movilizaciones. No hay antecedentes de que dos millones de personas salgan a las calles a protestar como ocurrió el 2019 en Chile o como sucede permanentemente en Argentina. Dentro de las muchas explicaciones que se enarbolan para ello, la más potable es la de la informalidad, que de por sí genera inactivismo y desaprensión de la política, pero, además, en términos prácticos, dificulta que la gente dedique horas a la protesta cuando apenas le alcanza al tiempo para cubrir una jornada laboral infrahumana.

Pero la coalición tácita del Ejecutivo y el Congreso está llenando el vaso de la indignación con sus estropicios democráticos (felizmente, una maniobra de Alianza para el Progreso impidió que se cometiera el legicidio de destituir a los integrantes de la Junta Nacional de Justicia). La semana que culmina, se destruyó la reforma política, se continuó desbaratando la mejor reforma de la las últimas décadas, la universitaria, se favoreció a las mafias al acotar el mecanismo de la colaboración eficaz, se atendió intereses delictivos, como los de los explotadores ilegales de los bosques, y todo ello con el silencio cómplice de un Ejecutivo rehén de la coalición gobernante en el Legislativo.

Hacemos votos para que la ebullición lenta del malestar que este trasiego inmoral de la clase política peruana genera, lleve pronto a las calles a manifestarse y eso conduzca a lo que desde un comienzo debió ser la salida más inteligente de la crisis política: el adelanto de las elecciones. La paciencia tiene límites que hace tiempo han sido desbordados por la desvergüenza de los principales poderes del Estado.

La del estribo: dos lecturas reconfortantes de la última sesión del Club del Libro de Alonso Cueto (mi mejor decisión del año inscribirme en él). Dos cuentos de Jorge Luis Borges, El milagro secreto y La forma de la espada. El teatro, el cine, la ópera y la literatura han hecho más llevaderos estos tiempos horribles que nos ha tocado vivir en los ámbitos político, social y económico.

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Adelanto de elecciones, corrupción, Crisis política, Protestas Ciudadanas

[PIE DERECHO]  El gradualismo finalmente elegido por el presidente argentino, Javier Milei, lo va a conducir al fracaso en el trazado de los grandes objetivos de sacar a su país del desquiciamiento fiscal y monetario al que el peronismo lo había conducido.

Influenciado negativamente por el macrismo, el equipo económico de Milei no ha optado por el corte radical del populismo precedente sino que ha preferido ir de a pocos (debió, por ejemplo, haber eliminado tajantemente el tipo de cambio oficial, pero no, ha optado tan solo por subirlo aun por debajo de su valor de mercado).

Es inocultable la preocupación que deben albergar los derechistas liberales o libertarios en la región respecto de este cambio de rumbo relativo que viene mostrando Milei. De ser un radical monetarista ha pasado a calcar el gradualismo que ya antes llevó a Mauricio Macri al fracaso absoluto y a la vuelta al poder del peronismo, bajo la figura de Alberto Fernández.

En el caso peruano preocupa doblemente porque supuestamente los resultados económicos positivos que Milei ha anunciado, se suponía que iban a notarse justamente en los momentos previos de la campaña electoral peruana del 2026. Si Milei fracasa, ello va a abonar en favor de las tesis populistas que albergan los candidatos de la izquierda peruana.

Lo bueno, relativamente hablando, es que de acá a dos años va a acabar con pena y nada de gloria el pésimo gobierno de Gabriel Boric en Chile (en ello coincide hasta la izquierda nativa) y Chile es más referencial para la política peruana que Argentina.

En el resto del panorama latinoamericano, salvo la potente influencia del pensamiento Bukele -que irradia a toda la región- no hay ningún líder que convoque esas adhesiones o animadversiones. Lula, el gobernante de la mayor potencia sudamericana, gobierna anodinamente Brasil y ya no es, ni de lejos, el eje referencial que fue en sus gestiones anteriores.

A la postre, lo que nos muestra el patio latinoamericano es que las influencias van a estar mediatizadas entre sí. Ni la izquierda ni la derecha van a poder cosechar electoralmente de ese ámbito y al final del día, serán los propios aciertos y errores políticos que cometan los candidatos locales, en sus campañas, los que determinarán el resultado final. Mal harían en querer construir una vía que utilice modelos regionales como paradigmas absorbentes.

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Argentina, Cambio Gradual, Javier Milei, Panorama Político

[PIE DERECHO]  Sin primarias abiertas, con elección por delegados (cúpulas), con voto preferencial, eliminación de multas, subida de vallas para nuevos partidos y movimientos regionales (5% de adherentes de cada circunscripción electoral), el Congreso se ha tirado abajo lo que de bueno tenía la reforma política establecida en el país, que, a pesar de sus bemoles, aportaba visos de mejoramiento respecto del statu quo previo.

Ahora se ha consagrado una oligarquía partidaria, con todos sus defectos precedentes, permitiendo que se consoliden los vicios que han llevado a la destrucción del sistema de partidos y el consecuente debilitamiento de la democracia. La reforma planteaba bajar la valla para el ingreso, pero filtraba su número con las PASO. Ahora es cancha abierta para que todos los actuales se queden tranquilos mientras se cierra la puerta de ingreso para los nuevos.

El problema es que ya hay como 25 partidos inscritos y eliminados los filtros que podían reducirlos, nos asomaremos a un escenario electoral sumamente fragmentado. Acabo de estar en Chile en un viaje relámpago de inmersión en su realidad social, política y empresarial, y allí se ha acuñado un término para definir la nueva realidad política chilena, que de albergar dos o tres agrupaciones fuertes hoy contiene alrededor de 20 agrupaciones en el Congreso sureño: se habla allí de la “peruanización de la política chilena”.

El Congreso peruano actual se ha convertido en un Atila de la democracia. Es verdad que el Perú no ha gozado, casi nunca en su historia, de una democracia impoluta, siempre hemos tenido una institucionalidad democrática precaria, politizada, maleable, pero la coalición derechista en el Congreso, a la que se suma entusiasta el cerronismo, está degradando a niveles pocas veces visto el espíritu democrático que se esperaría, primero, para que los dos años y medio que le restan a Boluarte se desenvuelvan con ciertos márgenes de salida de la crisis política y, segundo, para que las próximas elecciones se desenvuelvan en el marco de una relativa normalidad.

A eso, lamentablemente, no nos conducimos. Se ahondará la crisis política y las consecuencias de ello serán palpables y se agravarán: desconfianza empresarial, cero inversión, crisis económica y mayor pobreza. Un deterioro social, político y económico generalizado. La estabilidad mediocre que este gobierno ha construido, en todo su esplendor.

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Crisis económica, Democracia, Oligarquía Partidaria, reforma política

[PIE DERECHO] La ausencia de una narrativa opositora de centro o de derecha respecto del statu quo, es alucinante. Las encuestas señalan que los principales problemas que afectan a los ciudadanos son la inseguridad ciudadana, la corrupción y la crisis económica, materias caras a dicho sector ideológico, pero, más allá de algunos intentos de capturar esa narrativa, no hay mucha carne en el asador opositor (aunque el problema mayor es que el centro y la derecha no sean percibidos como oposición).

Es curioso que los únicos candidatos que hasta ahora tratan de imponer un discurso proseguridad ciudadana sean dos outsiders, como Antauro Humala y Carlos Álvarez. El resto no dice ni pío respecto del tema. Sobre la corrupción, corre solo el líder etnocacerista y sobre alternativas económicas hay una ausencia notable de propuestas, salvo, en alguna medida, las que pergeña, el hoy congresista Carlos Anderson, quien también busca ingresar a las lides presidenciales.

No transitamos por una crisis como la argentina (más bien, es muy parecida a la chilena), y en esa medida se acota la posibilidad de que un discurso como el de Javier Milei, prenda en el Perú, más allá de la influencia que pueda tener sobre algunos círculos libertarios en el país, la eventual repercusión que tendría si le va bien y la clara influencia respecto de la viabilidad de decir las cosas claras, sin tapujos, en dicha materia y cosechar electoralmente sin sobresaltos.

Es, más bien, la figura de alguien como Nayib Bukele quien asoma como referente que la ciudadanía podría atender. El impacto de su política de seguridad ciudadana trasciende los eventuales riesgos autoritarios que su gestión anticipa. Lo más probable es que su intento de reelección llegue a niveles altísimos de votación.

No es casual que en el Latinobarómetro, El Salvador sea el país con mayor satisfacción por la democracia (64% versus 8% del Perú) o que ante la pregunta de si se gobierna para beneficio de unos pocos, en el país centroamericano apenas el 20% lo considere así, mientras que en el caso peruano ese porcentaje llegue a un impresionante 90%.

Puede haber una mezcla de bukelización o mileización de la política peruana en los próximos años. Ambas narrativas propicias para la centroderecha y la derecha peruanas, pero lamentablemente, andan fungiendo de comparsas de un gobierno mediocre como el de Dina Boluarte, lo cual les va a pasar enorme factura el 2026.

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[PIE DERECHO] Un Congreso con 7% de aprobación, es decir, absolutamente sin legitimidad representativa, pretende, al amparo de la circunstancialidad de contar con los votos para hacerlo, aprobar una andanada de despropósitos en los plenos que efectuará desde hoy hasta el viernes.

Desde la probable destitución arbitraria de los integrantes de la Junta Nacional de Justicia, pasando por la eliminación de las PASO, el debilitamiento de la colaboración eficaz, de la extinción de dominio, la creación de una comisión para “reformar” el sistema interamericano de derechos humanos, la suspensión del financiamiento del Perú a la OEA, el bachillerato automático hasta el 2024, hasta brindarle una segunda oportunidad a universidades no licenciadas.

Una lista de insensateces que solo se explican por el regocijo del poder que siente la coalición derechista del Congreso, en algunos casos con el apoyo de la bancada de Perú Libre, que no solo dañará aún más el nivel de descrédito que adolece el Legislativo, sino que ejercerá un impacto tremendo en las posibilidades electorales de, justamente, la derecha en general (aún la no congresal), dada la identificación popular de que nos gobierna una alianza derechista entre el Ejecutivo y el Congreso, dos poderes del Estado con un inmenso rechazo ciudadano.

El Congreso se esmera en construir el escenario político propicio para que sea la izquierda, que debería pagar las consecuencias de su inefable apoyo al desgraciado gobierno de Pedro Castillo, y que hoy, gracias a cosas como las que citamos en esta columna, aprovechan las circunstancia para presentarse como virginal alternativa política.

No hay conciencia, al parecer, en el Parlamento, del inmenso bolsón antiestablishment que se está larvando y que amenaza con hacer volar por los aires el statu quo, y la relativa normalidad política, económica y social que hemos vivido los últimos 25 años. Es un Congreso cuasi inimputable que le hace mucho daño al país y, sobre todo, a las perspectivas futuras de la república democrática.

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SANTIAGO.- Cuando en una visita fugaz, pero nutritiva, a Chile, uno descubre que la informalidad en nuestro vecino sureño es del 27% y que eso les preocupa al sector empresarial y académico, no puede dejar de asombrarse de que después del estallido social del 2019 -que cambió el país para mal en todo sentido-, la fortaleza institucional chilena siga siendo envidiable.

Hay malestar en el sector inversor por la falta de confianza y, por ende, de inversión privada -como sucede en el Perú-, pero al mismo tiempo hay claridad de que la energía que se ponga en las protestas gremiales no puede saltarse a la garrocha la institucionalidad oficial del país.

Un país gobernado por la improvisación supina de Gabriel Boric, logra sobreponerse porque mantiene incólumes los pilares institucionales que le otorgaron décadas de progreso ininterrumpidos.

El propio Boric ha tenido que pisar tierra. De sentirse una suerte de Che Guevara reencarnado, llamado a tareas políticas trascendentes, ha debido reconvenir en que necesita convencer al centro del país para poder gobernar (por ello, dicho sea de paso, su reciente viaje a la asunción de mando de su antípoda Javier Milei en Argentina, a sabiendas de que no hacerlo hubiera despertado las furias del sector mayoritario de la opinión pública chilena).

No hay manera de pronosticar cuál va a ser el resultado del plebiscito constitucional de este domingo respecto del texto esta vez aprobado por la derecha chilena. Lo más probable es que se rechace, con lo cual se mantendría el statu quo. Boric no tiene salida victoriosa, sin embargo. Si se aprueba la reforma, pierde y si no se aprueba, también pierde, porque mantendría vigencia la Constitución de Pinochet (así considerada, a pesar de que ha merecido ya infinidad de cambios durante los diferentes gobiernos de la transición).

Hoy los problemas chilenos son muy parecidos a los del Perú. Encabeza la lista la inseguridad ciudadana y la sensación compartida de que el gobierno no sabe qué hacer al respecto. La ola delincuencial que sacude al país del sur es inédita en su historia republicana y genera, como es previsible, un impacto social que, entre otras consecuencias, produce cierta inmovilización política ciudadana o un menoscabo de la valía de las protestas, sobre todo si son violentas. Mucho por ver y mucho por aprender de las experiencias chilenas.

 

 

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[PIE DERECHO]  Haría bien la coalición derechista en empezar a marcar mayor distancia respecto del gobierno. No basta, por si acaso lo creyesen así, con la censura al ministro del Interior, Vicente Romero.

El fujimorismo ahora anda embelesado con Palacio por el allanamiento del Ejecutivo al indulto a Alberto Fujimori dispuesto por el Tribunal Constitucional en desacato de una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero bajo la perspectiva de su propio interés político -que es el que, imaginamos, predomina en el gabinete allegado a Keiko Fujimori-, la juntura es tóxica.

Peor aún si se toma en cuenta la aprobación del Congreso, aún menor que la de la presidenta (apenas 7%). Se entenderá que el pacto tácito entre ambos poderes del Estado, percibidos por los sectores populares como una alianza derechista, destroza y corroe las posibilidades políticas futuras de las canteras centroderechistas del país. De poco sirve que algunos congresistas aislados de este sector se empeñen en tomar la distancia crítica debida respecto de un gobierno tan mediocre y pusilánime (como lo hemos dicho, después del de Castillo, este es el peor gobierno desde el 2000 en adelante).

Según la última encuesta de Datum, publicada en El Comercio este domingo, Dina Boluarte tiene 9% de aprobación, la más baja desde que inició su mandato. Y en el sur llega apenas a 5%. Hasta un expresidente tan lerdo como Kuczynski ha salido a aconsejarle al gobierno que emprenda una cruzada en el sur andino para recuperar la legitimidad perdida. Y, descontado está, el Ejecutivo no va a hacer nada al respecto.

No se puede esperar otra cosa de este gobierno, que no sean acciones destinadas únicamente a sobrevivir hasta el 2026. Ese es su norte, su motor y motivo. No va, por ende, a recuperar niveles de aprobación ciudadana. Que las fuerzas de derecha en el Congreso la apoyen tan pasivamente, es un craso error que le va a pasar factura a todo el segmento ideológico de esa laya en los próximos comicios generales.

En tanto la derecha pierda las banderas de la oposición, se las entrega en bandeja a una izquierda corresponsable del desastre -por su complacencia con el nefasto y corrupto régimen de Castillo-, pero que ahora se presenta como virginal oposición.

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