Pie Derecho

Alberto Fujimori, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, disolvió el Congreso peruano, cerró el Poder Judicial y tomó poderes absolutos el 5 de abril de 1992, una medida que, vista desde la perspectiva de estos 33 años, resuena como un triste recuerdo de nuestro gusto latinoamericano por caudillos y soluciones autoritarias.

En el Perú de entonces, con el caos del terrorismo de Sendero Luminoso y la debacle económica heredada de Alan García, el autogolpe fue recibido por muchos con alivio, como si la democracia fuera un lujo prescindible, ante la urgencia de la supervivencia. Fujimori prometió orden y prosperidad, y por un tiempo pareció cumplir: la captura de Abimael Guzmán y la estabilización económica bajo un modelo liberalizador le otorgaron un aura de redentor. Pero la historia, como juez incansable, nos recuerda que no hay atajos hacia la nobleza.

La valoración, en el transcurso de estas tres décadas, es ambivalente pero igualmente sombría. Es cierto que Fujimori salvó a Perú de un abismo, pero también lo arrojó a otro, al abismo de la corrupción institucionalizada y la erosión de las libertades. Su régimen, aliado con Vladimiro Montesinos, tejió una red de sobornos, espionaje y violencia que distorsionó el alma misma del Estado. El grupo Colina, la corrupción institucional, y el saqueo de los fondos públicos no son costos incidentales de su gobierno, son el costo inevitable de su lógica autoritaria. La democracia es esa delicada obra del hombre que no puede esperar a un mesías que se crea por encima de ella.

Hoy, las cicatrices de esos años aún persiguen alPerú. La estabilidad económica vino a costa de enclaves corporativistas, y la siembra de desconfianza en las instituciones se refleja en nuestra persistente inestabilidad política. Fujimori es la encarnación de la paradoja de un hombre que fue tanto salvador como verdugo. La historia no lo exonera ni lo condena; pero sí lo revela como un reflejo de nuestras propias contradicciones, nuestra incapacidad para equilibrar libertad y progreso, que nos lleva al abrazo del autoritarismo.

La del estribo: como es habitual, viendo en desorden las series de televisión. Ya terminé de ver 1883, la precuela, estoy viendo la otra precuela, 1923, y acabo de empezar con la serie matriz Yellowstone. Una saga de Taylor Sheridan que nos ayuda a entender la psique de buena parte de los Estados Unidos.

 

Lo que ha sucedido con la fiscalía en el caso Cocteles es un desastre predecible, una prueba más de lo que muchos ya sabían y temían: nuestro sistema judicial se ha convertido en víctima de la sobrepolitización, de una plaga que socava el mismo ADN de la justicia.

La anulación del juicio oral por parte de la Corte Suprema no es un error procesal; es una señal clara de que las instituciones supuestamente encargadas de garantizar el orden y la equidad están al servicio de intereses ajenos al bien común. Como ha sucedido tantas veces en nuestra historia, la justicia se ha transformado en un juego de poder en el que los hilos invisibles de la política tiran de los destinos de los casos más relevantes, como si fueran marionetas.

Lo que está en juego no es solo el destino de un caso en particular, ni de los implicados en éste, sino la misma idea de justicia, que está siendo relegada cada vez más al trasfondo. La politización de la justicia no solo comete una barbaridad contra aquellos que dependen de la protección de la ley, sino que también amenaza el mismo núcleo de la democracia, ya que el principio de imparcialidad, que debería ser el fundamento de cualquier sistema judicial, se desvanece en un caldo impregnado de manipulación e intereses oscuros.

Y lo más triste es: al perder este juicio no solo perdemos un caso: perdemos años de esfuerzo, de una lucha por la verdad. Los fiscales ahora se enfrentan a un sistema que los abandona y el ciudadano común se encuentra una vez más desencantado, aplastado y convencido de que en el Perú, la justicia es solo un espejismo, una quimera que nunca se realiza.

Debemos preguntarnos si estamos listos para seguir permitiendo que la justicia ceda ante la voluntad de aquellos que, desde las sombras del poder, manejan los hilos de los destinos de todos nosotros.

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La política peruana, una vez más, está atrapada en la espiral de interpelaciones, que dejaron de ser un mecanismo de control y supervisión del poder para convertirse en un espectáculo vacío y estéril.

El Congreso, que debería ser el bastión de la democracia y la deliberación política, se ha convertido en un circo donde se ejerce todo, menos el interés común. Un Congreso, que es cómplice del gobierno en lo sustancial, quiere aparentar una distancia crítica que a nada bueno conduce porque es inocua.

El ping pong de las interpelaciones ministeriales -ya hay como seis ministros amenazados con ello y el Premier ya ha sido citado- evidencia una señal segura de degradación de la clase política, incapaz de asumir responsablemente la tarea que se les ha encomendado. En lugar de debatir y legislar para resolver los problemas de raíz que aquejan al país —con la pobreza, la corrupción o la inseguridad sobre la mesa—, el Congreso entró en una espiral de acusaciones, donde lo que importa no es el fondo, sino la exposición pública.

Esto no es meramente un asunto de ineficacia política; está en juego la propia salud del orden democrático. Estas interpelaciones difícilmente son un ejercicio de transparencia, sino más bien son espectáculos de estilo circense donde los problemas causados por el gobierno se exhiben como si tuvieran su propio reality show, y cualquier posible solución es solo humo y espejos, sin diálogo honesto. Es un espectáculo de gestos y represalias, en el que personas en un podio intentan llamar la atención, no por una visión o plan real, sino por sus bombas retóricas e interrogatorios que no logran tracción.

Lo más trágico es que el país, enterrado en la desigualdad y la alienación social, aún no recibe respuestas serias. Mientras los líderes políticos muestran una guerra de egos —los ciudadanos en las trincheras, y sin fe en sus instituciones— las perspectivas de un mejor mañana se desmoronan.

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La concurrencia de factores sociales y políticos en el ascenso de la izquierda marxista radical en el Perú no es solo ideológica. Tal ideología marxista, en sus versiones más extremas, ha tenido en la historia mundial un precio relativamente alto de descrédito, debido a fracasos en otras partes del mundo, pero lo que a menudo ha resonado con el electorado peruano es su capacidad para canalizar la frustración y el enojo hacia el orden establecido.

La izquierda radical ha logrado presentarse como la voz de los desposeídos, las personas que sienten que el sistema político y económico tradicional no ha logrado ofrecer oportunidades ni atender a sus necesidades. El pueblo peruano no es marxista, ni siquiera es mayoritariamente de izquierda, como ratifica la última encuesta del IEP, pero sí va contra el statu quo y alienta opciones de ese perfil, dentro de los que encajan las opciones marxistas señaladas.

El descontento aboga en favor de propuestas que, más allá de su contenido ideológico, se postulan como una ruptura con el statu quo, específicamente en el sur andino, donde las desigualdades sociales, la pobreza y el abandono estatal son más profundos. Es por eso que los líderes cuyo ascenso se debe, aunque sea poco acorde al marxismo, a la contextualización de una crisis en la legitimidad de las instituciones del país están volviéndose cada vez más populares.

Dentro de este contexto, la ideología marxista deja de ser una idea abstracta y se convierte en una herramienta de protesta social, un medio para aquellos actores hartos de las promesas vacías.

Los líderes de este movimiento no son vistos como ideólogos extremistas sino como representantes de una lucha popular contra un orden excesivamente centralizado percibido como ajeno y opresivo para las provincias. Entonces, más allá de su ideología, el peligro de este ascenso radica en la profundidad de un malestar colectivo que podría empujar al país por un callejón sin salida, poniendo en riesgo la democracia y la estabilidad institucional.

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Javier Milei y Donald Trump, dos figuras emblemáticas de la política de derecha contemporánea, están unidos por una retórica incendiaria y un populismo que resuena con amplios segmentos frustrados con los sistemas políticos tradicionales. Sus trayectorias, sin embargo, sus enfoques y estilos, presentan diferencias significativas que, en cierto modo, representan a sus respectivos países y los contextos políticos que los moldearon.

Milei, un economista de formación, es un defensor pronunciado y radical del liberalismo económico. Su retórica es de austeridad fiscal, reduciendo el tamaño del estado y oponiéndose a lo que él llama «socialismo» en las estructuras de poder. Su personalidad está impregnada de una retórica casi apocalíptica que promete la destrucción de estructuras políticas que considera corruptas e ineficaces, e imponiendo un orden más «liberal».

Este extremismo económico no llega solo: va acompañado de una defensa feroz de los valores tradicionales argentinos, especialmente en materia social, y ya le viene dando resultados importantes en lucha contra la inflación y reducción de la pobreza.

Trump, en contraste, no es ni economista ni teórico político, sino un empresario que entró en la escena política con un mensaje populista motivado por la superioridad nacionalista y el odio a la élite globalista. Aunque también recorta impuestos y es proteccionista, su enfoque económico es más pragmático y menos ideológico que el de Milei.

Trump no tiene tanto deseo de destruir el sistema como de reformarlo desde dentro: su «América Primero» rechaza el enfoque tradicional en política exterior, favoreciendo presuntamente a la clase trabajadora estadounidense (a la que la inflación ya existente se la está devorando).

Ambos tienen una crítica contundente de la izquierda y una especie de retórica incendiaria que trata el caos y la indignación como combustible para los motores políticos. Pero mientras Milei encarna una visión de austeridad y reforma económica general, Trump prospera en el nacionalismo y una crítica contundente del sistema político estadounidense.

Así, mientras Milei habla de una reconstrucción económica a través de la cruz de una liberalización dolorosa, Trump es un avatar de resurrección nacional arraigado en el proteccionismo y el orden. Milei es ultraliberal, Trump es ultraconservador. Ambos son iconos de la desilusión, pero ofrecen diferentes caminos hacia el futuro.

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El gobierno ha anunciado que presentará un proyecto de ley que busca revertir y mejorar la opinión pública generada por actos de inseguridad ciudadana, obligando a los medios de comunicación audiovisuales a transmitir y publicar información, en cualquier formato, que cumpla con una imagen positiva de estas acciones.

Es un despropósito por donde se le mire. Este movimiento, justificado como un paso hacia la protección del bien común, ha generado olas de rechazo entre periodistas y activistas que defienden una prensa libre. Y no sin justificación, porque lo que realmente se oculta bajo la creencia superficial en una verdad oficial es una censura encubierta que pone en peligro los principios básicos de una sociedad democrática.

La libertad de prensa no es solo un derecho individual, sino también un pilar crucial de la democracia. Como vigilante del poder, la prensa tiene la misión de proporcionar una perspectiva plural, objetiva y crítica de los acontecimientos. En lugar de ser un megáfono del gobierno, necesita mantener su independencia y responsabilidad, para proporcionar a los ciudadanos la mejor imagen posible de la realidad.

Imponer solo una narrativa positiva sobre la guerra contra la inseguridad en los medios, pervierte este principio, porque impone una única verdad, la del poder, en lugar de permitir la confrontación de ideas y la discusión pública.

Tales medidas evocan períodos aterradores en la historia, cuando la información estaba sujeta a restricciones bajo un edicto autoritario. En lugar de rendir cuentas a la sociedad, el gobierno quiere controlar la opinión pública de manera monopólica, como si la información fuera un producto que puede ser moldeado a la conveniencia de quienes están en el poder.

Pero, más seriamente, al hacerlo cierra el espacio para la crítica, para la reflexión, y por lo tanto para la búsqueda de soluciones auténticas a los problemas de inseguridad.

Lo que la sociedad peruana no necesita es una prensa de cualquier tipo que esté domesticada, controlada por prescripciones. Lo que requiere es una prensa libre y valiente dispuesta a reportar la verdad, por muy inconveniente que esta sea para el poder. La democracia genuina solo puede arraigar en una sociedad plural, donde diferentes voces puedan coexistir.

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Las crisis, especialmente una tan destructiva como la provocada por la pandemia de 2020, dejan cicatrices profundas en los cimientos de la economía. Y el segmento más doloroso no es la contracción en sí, sino las huellas que dejó atrás, en decenas de miles de empresas que pueden estar abiertas, pero siguen luchando desesperadamente por recuperarse. Hoy, el proyecto de ley 9433 puede verse más que nunca como una medida vital para prevenir una catástrofe económica aún mayor, especialmente para las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes).

Las Mipymes, que representan el 99,5% de las empresas formales en el país, fueron las más afectadas durante la pandemia. Muchas de estas empresas, que aún están lidiando con sus deudas, han sido incapaces de mantenerse a flote con pérdidas que ascienden a millones. Sin la aprobación de esta ley, el futuro de más de 600,000 negocios formales es sombrío. No poder trasladar sus costos ni contar con un mecanismo para compensar sus pérdidas amenazaría la existencia de más de 300,000 de ellas. Y con ello, la economía nacional perdería más de un millón de empleos formales.

La política tributaria mencionada en el proyecto de ley 9433 es extraordinaria, y es una amnistía no para los impuestos en sí, sino para que las empresas puedan recuperarse y operar en la economía formal. Se propone que las pérdidas de las Pymes puedan compensarse hasta el año 2032, sin exceder los S/ 500 millones. En el caso de que la ley no pase, el cierre masivo de empresas puede promover la informalidad, lo que reducirá aún más la base tributaria y comprometerá los ingresos del Estado.

Lo que está en juego aquí no es solo la supervivencia de las empresas, sino también la estabilidad del país. Sin un tejido empresarial, no habrá florecimiento económico. Esta ley no representa un favor para las empresas, sino más bien para el futuro económico de todos los peruanos.

La ley debe debatirse y aprobarse cuanto antes en el pleno del Congreso y ser promulgada por el gobierno de inmediato. Solo la visión cortoplacista de algunos funcionarios del MEF que andan medio despistados podría creer que una norma como esta les haría perder ingresos tributarios. Todo lo contrario. Ponga un poco de orden en su sector señor Salardi y deje un legado a largo plazo, como es su objetivo.

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Hacer que la nave del Estado navegue hacia un puerto seguro con un gobierno y un parlamento con cerca de un 2% de aprobación -según la encuesta del IEP publicada hoy en La República- es una lucha interminable. Es una perspectiva sombría, donde la legitimidad del poder se evapora y la autoridad se siente como un espejismo más que una realidad tangible.

La política peruana, especialmente, se encuentra en un torbellino de desconfianza, divisiones y corrupción sistémica que impide cualquier posibilidad de reforma seria.

Parece una tarea irredimible al principio, pero nada es definitivo en política, como en la vida. Lo que el Perú requiere es una redefinición del pacto social, un esfuerzo titánico para recuperar la confianza, una tarea que no se puede lograr con discursos llenos de buenas intenciones y promesas vacías. Lo que necesita, en su lugar, es un esfuerzo determinado para recuperar el terreno que la democracia ha perdido.

El poder debe ser consciente de que su propósito no es preservarse a toda costa, sino devolver al pueblo la sensación de que tiene el control de su destino. La legitimidad no proviene de la arrogancia de quienes creen poseer la verdad, sino de escuchar, ceder y reconstruir consensos rotos.

Se requiere una transformación radical en el comportamiento de la clase política, que es incapaz de entender que no se gobierna mediante la manipulación, el clientelismo o el interés personal. Se necesita un pacto de gobernabilidad para elevarse por encima de la lucha de egos y asegurar reformas estructurales que aborden las raíces de la corrupción, la desigualdad y el clientelismo.

La del estribo: Mario Vargas Llosa acaba de cumplir 89 años. Peruano universal, personaje admirable, nuestro Nobel ha vivido varias vidas en una y será tarea de los historiadores irla descifrando. Por lo pronto, a empezar a hacerlo con dos libros que prometen: Vargas Llosa, su otra gran pasión, de Pedro Cateriano y Mario Vargas Llosa: palabras en el mundo, de Alonso Cueto.

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La cercanía de un ciclo electoral renovado en el Perú se cierne como una nube negra que no solo garantiza fricción en las aguas políticas, sino que también hará explotar las fracturas internas de la sociedad.

Como en un laberinto sin salida, el país seráarrastrado por la violencia política, una especie de maldición que, lejos de disiparse, se alimenta de la creciente presencia del crimen organizado. En lugar de ser un ejercicio de democracia, este enfrentamiento electoral se puede convertir en el caldo de cultivo de los peores vicios de la política: populismo, corrupción y, sobre todo, violencia.

El baile de los narcotraficantes contra los políticos, como muestran ejemplos de países como Colombia o México, ha sido lo que ha marcado allí los caminos del poder: sombría advertencia. Por supuesto, debemos recordar que armaron en Colombia durante el siglo XX la violencia periódica en campañas de forma institucionalizada, donde mataban candidatos o los obligaban a someterse a los intereses del crimen organizado. En México, las mafias han penetrado tan eficazmente las estructuras de poder que las elecciones se convierten en campos de batalla entre intereses criminales y legítimos.

En el Perú, la historia puede ser similar. El narcotráfico, la minería ilegal y demás perlasdesafían tanto el estado de derecho como penetran las estructuras de poder, creando un legado de impunidad.

Esta campaña electoral será una manifestación más de un Perú dividido, y la democracia se encuentra rodeada de un enemigo invisible: el crimen organizado. La violencia política no es meramente consecuencia de la crisis económica o social, sino un síntoma de una enfermedad de larga data que amenaza con aniquilar la confianza en el sistema político y las instituciones que deben garantizar la paz y el bienestar.

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