Pie Derecho

[PIE DERECHO]  Nuevamente ha reaparecido el fantasma de la xenofobia en el país, a propósito de los sucesos de Ecuador y su vinculación con bandas criminales extranjeras. Las voces que claman por el cierre de fronteras y la expulsión de los venezolanos ya se hacen sentir y han escalado al ámbito político, por lo que, seguramente, será insumo de la campaña electoral del 2026.

En esa medida, será necesario reiterar hasta el cansancio la contundencia de los datos de la realidad para contrarrestar esta ola de opinión pública basada en la desinformación. No es verdad que del millón y medio de venezolanos que ha venido a estas tierras, la mayoría sea delincuencial. No lo debe ser ni una mínima parte, la misma proporción que seguramente existe entre la población peruana y sus grupos criminales.

Por el contrario, la mayoría de migrantes son gente de paz que ha llegado huyendo de las miserias políticas y económicas del régimen de Maduro. Y que, como suele suceder con las olas migratorias, luego del shock inicial por su masividad, terminan generando inmensos beneficios sociales, culturales y económicos al país recipiente de ese flujo.

Hay que saludar la venida de compatriotas venezolanos, vecinos de la patria grande. Y darles la bienvenida, como a la postre (porque al comienzo fueron mano de obra esclavizada) se hizo con la migración china, japonesa o africana, y que hoy tantos beneficios brindan a la riqueza cultural del país.

En este tema, el Perú ha demostrado una sapiencia social que no han tenido, hasta ahora, las naciones europeas, que a sus migrantes los han encerrado prácticamente en ghettos, apartándolos del flujo cívico normal, y quejándose luego de por qué no adoptan los patrones culturales del país que los ha acogido. Eso pasa, inclusive, en naciones supuestamente modernas e inclusivas, como las nórdicas, que hoy tienen un serio problema de marginalidad social producto de malas políticas inmigratorias.

En el Perú, los venezolanos se han integrado perfectamente al tejido social. Están por todo el territorio nacional, laborando en diversas actividades y poco a poco asentándose y prosperando, sin generar la pérdida de empleo de los peruanos, que suele ser el fundamento demagógico que en muchas latitudes se utiliza para aborrecer a los migrantes. Ojalá no eche raíces la primitiva xenofobia que algunos líderes políticos tratan de inculcar en sus seguidores. Sería una desgracia sumar ella, al deplorable racismo y clasismo que subsisten en nuestra sociedad.

Tags:

desinformacion, diversidad, Integración social, migración venezolana, xenofobia

[PIE DERECHO]  Contra los rumores que arreciaron en los últimos días respecto de un inminente cambio de ministros que podía incluir al propio presidente del consejo de ministros, Alberto Otárola, este gabinete parece más sólido que nunca.

La permanencia de un ministro tan endeble como Álex Contreras en el MEF -alfil de Otárola-, quien ha debido tragarse el sapo de Petroperú -su allanamiento a su salvataje financiero muestra cuán dúctil es el titular del jirón Junín y a qué está dispuesto con tal de mantener el fajín-, revela que el tablero del Premier sigue incólume y ha resistido el embate del sector boluartista.

Fue el titular del MIDIS, Julio Demartini, bajo el manto de la presidenta, quien, a pedido de la propia primera mandataria, organizó la velada con los economistas Luis Carranza y José Arista, que tanto escozor causó en el ministro Contreras y lo llevó a amagar una renuncia que luego fue amañada por las movidas del astuto y funcional Otárola. Hoy, Demartini sufre el hielo del Premier.

Las aguas parecen haber vuelto a su nivel, aunque ello genera un estado de cosas momentáneo, dada la precariedad del régimen. Una ventisca futura puede llevarse de encuentro al gabinete Otárola y su gestión ya está bajo el acecho de algunos lobbies empresariales que quieren poner a un Premier más funcional a sus intereses (allí, para variar, encabeza la lista de premierables, un inefable expremier aprista, quien se muere de ganas de volver a disfrutar las mieles y oros del poder político y sabe que por la vía electoral ello es imposible).

Lo cierto, en todo caso, más allá de este juego de intrigas e intentos de serruche, es que, de prosperar esta estabilidad mediocre, de la cual el único que se podrá congratular es el premier Otárola, más no el país, olvidémonos de una recuperación económica consistente con nuestras potencialidades y, lo que es más grave, descartemos que se construya una estrategia eficaz contra la delincuencia organizada que nos azota, a la sazón, los dos mayores problemas vigentes que como país enfrentamos.

No ocurrirá, al menos en el corto plazo, un upgrade político en el gobierno de Dina Boluarte. Seguirá funcionado de la misma manera como lo ha hecho en su poco más de un año de gestión. Mucha medianía y poca eficacia será el denominador común del periodo que se avecina. El Perú seguirá languideciendo al son de los apetitos de poder del establishment que ha dispuesto un Premier, más dado a la supervivencia que a la transformación ejecutiva de su entorno y la solución real de los problemas que afronta.

Tags:

Desafíos Económicos, Estabilidad gubernamental, gabinete Otárola, Intrigas políticas

[PIE DERECHO]  No estamos lejos de que en nuestro país ocurra algo parecido a lo que acontece en Ecuador, con la reciente asonada violenta del crimen organizado.

Tenemos todos los ingredientes para que algo así nos suceda: debilidad del Estado democrático, corrupción de las fuerzas del orden (tanto policiales como militares) y del sistema de justicia (Ministerio Público y Poder Judicial), eslabón de partida del narcotráfico, vientre de todas las mafias habidas y por haber (narcotráfico, minería ilegal, trata de personas, contrabando, tráfico de terrenos, etc.) y proliferación de bandas criminales que empiezan por delitos comunes y luego se engranan con los grupos criminales señalados.

El Perú no es un paraíso para las inversiones -dejó de serlo hace muchos años- sino para el delito. Cualquier organización criminal que se sienta perseguida con eficacia en su país de origen verá que la migración al nuestro le abrirá una oportunidad de oro para desarrollarse, como ya ha sucedido con el sanguinario Tren de Aragua venezolano.

Toca asumir la responsabilidad de conducir el proceso de prevención y control de la inseguridad ciudadana a un gobierno débil y mediocre. Corresponde entonces a la clase política en su conjunto y a la sociedad civil, apuntalar un proceso consensual de elaboración de una estrategia eficaz respecto del crecimiento exponencial del crimen organizado, que amenaza con llevarse de encuentro no solo la paz social sino el Estado democrático.

Estamos todos los peruanos de bien en el mismo bote, por encima de cualquier opinión discrepante o parecer divergente respecto de temas ideológicos o morales. El Perú está a punto de cruzar la línea, si acaso no lo hizo ya, y de convertirse en un Estado controlado por las mafias delictivas, un peligro equivalente al que afrontamos cuando sufrimos la asonada asesina del terrorismo de Sendero Luminoso y el MRTA y que en algún momento hizo temer que capturasen el poder.

Ya no se puede mirar de soslayo el problema. La ciudadanía, con sensibilidad frente a su cotidianeidad, ya lo identifica como el principal desvelo nacional, por encima de la crisis económica. Las calles, los negocios, la vida ciudadana en general están siendo sometidas por el delito y el hartazgo frente a ello, si no encuentra solución, va a encontrar alivio con propuestas populistas o autoritarias. Por ello, la urgencia de ponerle coto, democráticamente, dentro del estado de derecho, lo antes posible.

Tags:

crimen organizado, Estado democrático, Mafias delictivas, seguridad ciudadana

[PIE DERECHO]  El pedido de prisión preventiva de 18 meses contra el suboficial de la policía, Joe Erick Torres Lobón, por la muerte del ciudadano de 22 años, Rosalino Flores Valverde, quien murió a causa de una ráfaga de perdigones el pasado 11 de enero, en Cusco, durante la realización de las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte, es ejemplar.

Primero, porque el fallo del juez va a contrapelo de los intentos institucionales de la propia policía, por encubrir al agente, modificando fechas y horarios de asistencia y entrega de armamento, para tratar de ocultar su participación en el crimen. Segundo, porque en la propia sentencia se advierte que “no fue un crimen aislado, sino una respuesta estatal desproporcionada. No solo fue afectada la vida, sino los derechos de las personas a manifestar su disconformidad”. De proceder con esta línea, habrá responsabilidades penales en el gobierno por lo sucedido.

Este hecho, inédito en el país, debería constituir un parteaguas respecto de las políticas represivas de protestas sociales. Tarde o temprano, este tipo de protestas volverá a ocurrir y se espera que las fuerzas del orden hayan aprendido que se debe responder a ellas dentro del marco constitucional.

La violencia debe ser reprimida y acarrear sanciones penales para sus gestores. Inclusive, el uso de las armas policiales debe ser autorizado en caso se ponga en riesgo la integridad vital de las propias fuerzas del orden o de la sociedad civil, pero nunca cuando se ejerce otro tipo de violencia, como toma de carreteras o puentes.

No hay pena de muerte contemplada en nuestro código penal contra la protesta social. La policía no puede, por ende, arrogarse esa función a su libre albedrío, ni siquiera cuando algo semejante, como se investiga, parece haber provenido de órdenes superiores, cuyo escalafón está aún por determinarse (Boluarte y Otárola no están exentos, a priori, de responsabilidad).

Rosalino Flores es una de las 49 personas fallecidas en las protestas y la violenta represión. Cada caso deberá merecer similar investigación judicial a la que ha conducido el juez Leodán Cristóbal Ayala, desde el Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema.

Tags:

Encubrimiento policial, Prision preventiva, Protestas Cusco, Rosalino flores

[PIE DERECHO] Por lo general, la temperatura política en los meses del verano, marcha al revés que los grados Celsius ambientales: se enfría a la par del receso legislativo, las vacaciones ciudadanas y la sensación de reseteo psicológico que alberga el inicio de un nuevo año.

Momento feliz para que los gobiernos, mas aún los precarios como el de Dina Boluarte, ensayen un periodo de revisión de lo actuado, además de reflexión sobre las mejoras que cabría efectuar.

En esta columna somos muy críticos de la gestión gubernativa, pero hoy debemos saludar que haya vuelto a convocar al Consejo para la reforma del sistema de justicia, estrenado el 2019, pero suspendido por la administración nefasta de Pedro Castillo, quien no entendía nada de políticas públicas y de administración del Estado.

Este Consejo llegó a proponer nueve metas estructurales de cambios: Gobernanza de datos e interoperabilidad; Acceso a la justicia; Modernización de los procesos no penales; Modernización de los procesos penales y sistema penitenciario; Recursos humanos; Ejercicio y formación para la abogacía; Políticas anticorrupción, control ético y disciplinario; Combatir la violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar; Predictibilidad de las decisiones judiciales y adecuación normativa. Inclusive, presupuestó su implementación en cuatro mil millones de soles.

Esta propuesta, para alcanzar mayor consenso, podría ser trabajada también, al alimón, con el Legislativo, y producir cambios en un sector clave del quehacer cívico peruano, sobre todo en los últimos tiempos de abundancia de acusaciones penales contra la clase política.

Lo que un sistema de justicia eficaz debe cautelar, es la vigencia del Estado de derecho, y sin éste es imposible que prospere una economía de mercado competitiva, como se aspira a instalar en el país. Ambas tareas siguen siendo parte del déficit republicano que arrastramos desde la Independencia.

Este año, que se conmemora la real fecha de nuestro proceso independentista -con las victorias en las batallas de Junín y Ayacucho-, debería ser uno dado a este tipo de reformas estructurales, no sólo en el ámbito económico sino también el institucional, siendo parte esencial de estas, la reforma judicial.

Tags:

Desarrollo cívico, Estado de Derecho, independencia, Reforma judicial

[PIE DERECHO] En principio, corresponde denunciar la carencia absoluta de una visión respecto de la importancia gigantesca que tienen los espacios públicos en una urbe ciudadana. Por ejemplo, en lugar de construir 60 puentes que, en su mayoría, no van a resolver problema alguno del tránsito, el alcalde de Lima debería destinar esos fondos a subsidiar el ingreso gratuito de la población a los parques zonales, hoy llamados clubes metropolitanos. O, siendo más ambiciosos, debería dedicar esos millonarios montos a terminar de habilitar la Costa Verde para uso playero (hoy solo el 25% del litoral costero capitalino es utilizable para los bañistas).

Al mismo tiempo, la autoridad del gobierno central debería determinar de inmediato, la expropiación de las pistas que forman parte de los clubes privados de las playas del sur de Lima e incorporarlas al sistema vial nacional para así permitir el ingreso de cualquier ciudadano y que se corte de raíz el concepto de playa excluyente que los sectores acomodados del país albergan.

Otro acto significativo y simbólico de recuperación del espacio público sería la eliminación de las rejas que inundan las calles de todas las principales ciudades del país. Al respecto, se podría buscar un acuerdo con los vecinos, para que no se sientan desprotegidos, una suerte de “sereno por reja” para así no dejar al barrio a expensas de la delincuencia.

Lo mismo con los parques, algunos enrejados por las propias autoridades ediles y otros por infeliz iniciativa de los vecinos que los circundan, determinando quiénes pueden entrar y en qué horarios. So pretexto de la seguridad, se han terminado invadiendo, cual traficantes de terrenos, espacios que deberían ser de solaz abierto y libre.

El día que se revalorice la importancia de los espacios públicos para la mejor calidad de vida ciudadana, la mayor integración social e, inclusive, el impacto en la disminución de la delincuencia, la convivencia urbana en el Perú será cualitativamente superior.

La del estribo: a falta de teatro, recomendaciones luego de una maratón cinematográfica esta semana (los chascos no son referidos): Cerrar los ojos (España), director: Víctor Erice; Maestro (EEUU), director: Bradley Cooper; Priscilla (EEUU), directora: Sofía Coppola; Fallen Leaves (Finlandia), director: Aki Kaurismaki; Inshallah a boy (Jordania), director: Amjad Al Rasheed; Anatomía de una caída (Francia), director: Justine Triet; Io capitano (Italia), director: Matteo Garrone; The Pigeon Tunnel (Reino Unido), director: Errol Morris; el documental Angels of Sinjar (Polonia), directora: Hanna Polak; otro documental, Les Filles d´Olfa (Túnez), director: Kaouther Ben Hania; La sociedad de la nieve (España), director: Juan Antonio Bayona; la primera temporada de la serie 1923, con las actuaciones estelares de Helen Mirren y Harrison Ford, y la dirección de Ben Richardson.

 

Tags:

Apropiación espacios públicos, Convivencia urbana, Inclusión social, Playas peruanas

[PIE DERECHO] El solo hecho de que ante la presunción de su salida, el aún ministro de Economía, Álex Contreras, haya pretendido irse tirando un portazo al gobierno que lo ha colocado en el puesto que ocupa, acusando “falta de transparencia”, ya debería ser causal de despido.

Si a ello le sumamos una gestión ineficaz, mediana, que no está a la altura del desafío enorme que tiene al frente, sobran las razones para que la presidenta Boluarte o el premier Otárola, busquen su reemplazo en el lapso más inmediato posible.

El manejo económico no requiere arreglos cosméticos sino una reingeniería estructural. El modelo económico instaurado en la década de los 90, ha ido siendo trastocado a paso lento, pero firme, desde el gobierno de Ollanta Humala, y los efectos los sufrimos hoy, con la recesión en curso, la pérdida de confianza, las bajas tasas de crecimiento (cuando nuestro potencial es alto) y el terrible dato del aumento de la pobreza.

No basta por ello con respetar el manejo monetario del BCR o ajustar las cuentas fiscales (lo que, dicho sea de paso, este gobierno no está haciendo), para que la economía se enderece y volvamos al círculo virtuoso de aumento de la confianza empresarial, inversión privada, crecimiento del PBI y reducción de la pobreza.

Se debe volver a desregular las actividades económicas, potenciar los organismos reguladores, fomentar la inversión promercado, sacar los proyectos mineros trabados, privatizar lo que resta por privatizar (Petroperú, Sedapal, Córpac, etc.), y la suma de todo ello generará la atmósfera económica necesaria para volver a enrumbar al país por la senda del desarrollo que habíamos seguido hasta el 2011, con los impresionantes resultados obtenidos.

La única forma de revertir la espiral descendente de la economía pasa por hacer reformas estructurales nuevamente. Si no se hacen, seguiremos atrapados en la recesión o el bajo crecimiento, que ya no se explican solo por la pandemia o por las protestas de fines del 2022 e inicios del 2023.

Un ministro que se presta a la lógica política de diseñar un aumento exorbitante del gasto público, tan solo para revertir la baja popularidad del régimen, y que cree que con ello basta para remediar la crisis económica, no es lo que el Perú necesita en estos momentos.

Tags:

Desafíos Económicos, Economía, Gestión Ministerial, Reformas estructurales

[PIE DERECHO] A pesar de los conflictos militares que involucran a Rusia y Ucrania, y a Israel y Gaza, el gran trasfondo internacional del 2024 será la creciente disputa hegemónica entre los Estados Unidos y China, según reportan los principales medios de comunicación internacionales especializados.

El país de Norteamérica sigue siendo la principal potencia económica y militar del planeta, pero el coloso oriental emerge con tal fuerza que es previsible alcance la cúspide antes de la primera mitad del siglo. Y como suele suceder en semejantes trances, los conflictos militares salen a flor de piel (nunca olvidaré las clases con el brillante historiador y periodista Efraín Trelles y su insistencia en leer la historia bajo esos ejes interpretativos).

Y esa disputa coloca al Perú en una situación expectante porque somos uno de los países con mayor presencia inversora china en la región y ya EEUU ha lanzado advertencias sobre los riesgos de esa espiral de crecimiento transoceánico.

El camino correcto, parece quedarle claro a los últimos gobiernos que hemos tenido, es mantener la equidistancia necesaria. No estamos para hacerle ascos a la inversión china, por más que la mayor parte de ella provenga del propio Estado chino y no de empresas privadas y quepa el riesgo, por ende, de que puedan albergar, dados ciertos momentos, una lógica política contraria a nuestros intereses.

Corresponderá, al respecto, a los organismos reguladores nacionales evitar que un abuso de las posiciones de dominio que eventualmente ejerzan las empresas chinas (como ocurrirá con la distribución eléctrica en Lima, por ejemplo) cruce las fronteras de lo permisible en una economía abierta y presuntamente competitiva.

Y en materia política, cabrá a la Cancillería diseñar una estrategia de largo plazo que sepa aquilatar los ejes internacionales que no controlamos, pero que debemos transitar. Hoy más que nunca se impone una mirada geopolítica del planeta, más aún cuando es pasible de ocurrencia la aparición de conflictos en nuestra propia región (el cambio climático y su devastadora lógica de recursos escasos y apetencias imprevistas, desatará problemas que calentarán las fronteras, inevitablemente).

No es un exceso pedirle a la tríada Boluarte-Otárola-Gonzáles Olaechea, que incorporen esa mirada en su manejo de la política exterior. Es parte de las obligaciones básicas de un gobierno atender las políticas de Estado, la perspectiva geopolítica y la sapiencia diplomática, más aún en un periodo altamente tenso que amenaza con explosionar en distintos frentes en el momento más inesperado.

 

 

Tags:

Disputa EEUU-China, Estrategia Internacional, Geopolítica, inversiones

[PIE DERECHO] Según señala un último informe de Apoyo Consultoría, desde el 2019, las denuncias per cápita por casos de extorsión han aumentado más de 400%. “En el 2023, de acuerdo con una encuesta realizada por Ipsos, más de un millón de peruanos reportó pagar frecuentemente algún tipo de cupo para poder trabajar y el 82% afirmó sentirse inseguro al caminar por las calles en Lima”, señala textualmente el mismo.

Las cifras son de espanto. Ya no se descubre nada diciendo que nuestro país está gobernado por la delincuencia. Una oligarquía del delito, porque unos pocos, organizados en bandas, someten la voluntad de la mayoría de ciudadanos peruanos de bien, pacíficos y respetuosos del orden social.

El daño que eso le genera a la viabilidad democrática del país es enorme. No solo porque desafecta a las víctimas, quienes sienten la ausencia del Estado y alimentan un resentimiento por ello, sino porque alienta la aparición de fenómenos políticos autoritarios que prometen la solución fácil frente a la problemática descrita.

Además, golpea duramente a la economía. Según la referida encuesta de IPSOS, “realizada para APOYO Consultoría y Backus, el 86% de las bodegas encuestadas en Lima califica a la inseguridad o extorsión como un problema grave para el crecimiento de su negocio, porcentaje que asciende a 90% en el norte”.

Uno esperaría que ante un problema de carácter social y, por ende, responsabilidad de los gobiernos, éstos actúen buscando una solución al mismo, con estrategia y conductores afinados, pero no, se aprecia absoluta indolencia y desaprensión. Baste decir que en los últimos cinco años, hemos contado con 20 ministros del Interior y 11 jefes de la Policía Nacional del Perú (PNP). Inestabilidad que atenta contra el despliegue de una política pública que pretenda ser eficaz.

No debemos esperar a que el 2026 advenga un nuevo gobierno que plantee y ejecute soluciones efectivas al respecto. Debemos exigirle ello al gobierno actual. No debería equivaler a pedirle peras al olmo. Por más mediocre que el régimen de Boluarte sea, tiene entre sus obligaciones básicas la resolución de dos problemas: la inseguridad ciudadana y la crisis económica. Si no es capaz de resolverlos, debe dar un pase al costado, por mano propia o congresal. No podemos aguantar como sociedad que la situación siga empeorando dos años y medio más.

Tags:

Extorsión, Gobierno, Informe Apoyo Consultoria, inseguridad ciudadana
x