Pie Derecho

Con la detención de Andrés Hurtado, Chibolín, su puesta a derecho, y su probable acogimiento a la colaboración eficaz, nos enteraremos una vez más de lo podrido que está el sistema institucional destinado justamente a combatir a la corrupción (policía, fiscales y jueces).

El caso Cuellos Blancos quedará corto si es verdad todo lo que se supone que se movía detrás de un operador mafioso camuflado bajo el disfraz de un animador de televisión dedicado a obras de bien social.

Y una vez más, tendremos que ponernos a revisar en detalle la urgencia de reformar un sistema corrupto desde la entraña, que amaña colaboraciones eficaces, disfraza resoluciones, persigue a adversarios políticos o mediáticos, abusa de su poder cuando le viene en gana, falsea documentos de intervención policial, manipula sentencias y demás.

Tendrá que ser una reforma bien diseñada, por supuesto, no el mamarracho parchado que ahora están perpetrando en el Congreso, pero de que debe hacerse no cabe duda alguna, lo que implica hacerlo desde la cabeza -la Junta Nacional de Justicia- hasta el juez o fiscal ubicado en la escala más baja.

Es verdad que se ha intentado muchas veces hacerlo, desde adentro y desde afuera, y todas han fracasado, pero ello, lejos de diluir la urgencia de hacerlo, acrecienta su perentoriedad. No es posible que vivamos en una democracia con un Estado de Derecho mediatizado, con policías corruptos, fiscales y jueces venales sin mayor preparación jurídica, pero con un poder gigantesco.

Hay muchos temas por exigir a los candidatos a la presidencia el 2026, desde la crisis económica, la inseguridad ciudadana y la lucha anticorrupción, pero dentro de esta última juega un rol crucial la reforma radical del sistema de justicia vigente. La supervivencia democrática futura depende de ello. El statu quo ya no da para más y lo ha probado hasta la saciedad con los desmadres judiciales que hemos apreciado en los últimos años.

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La presidenta Dina Boluarte ha querido estrenar un discurso populista a consecuencia de la negativa del Congreso a autorizarle un viaje a la Asamblea General de la ONU. Así, y no es la primera vez que lo hace, ha hablado de malos peruanos que se dedican a obstruir la marcha del gobierno.

Patético amago de populismo. El populismo era normalmente entendido por los liberales como cualquier plan heterodoxo en economía. Al final, ha predominado la visión de que es una fórmula política que busca crear una confrontación con una élite o un grupo social y lanza toda su artillería en contra de aquellos para galvanizar cierto apoyo popular.

Personalmente pienso que es necesaria una dosis de populismo en países como el Perú para que sea gobernable. Pero, obviamente, estamos hablando de gobiernos que quieren desplegar políticas de Estado confrontacionales o controversiales, no un viajecito a Nueva York, lo cual dice mucho de la diluida densidad política de nuestra primera mandataria.

Fujimori arremetió contra la partidocracia, Chávez contra la oligarquía venezolana, Milei lo hace contra la “casta” kirchnerista, Vizcarra lo hacía contra el fujiaprismo. ¿Contra quién combate Boluarte? Contra unos cuantos congresistas -porque la mayoría la apoya por alianzas non sanctas- que osaron negarle un permiso.

Boluarte no está emprendiendo ni una sola política pública que merezca fragor político. Lo suyo es la nada, la indolencia, la vacuidad absoluta. No tenemos gobierno y mucho menos un enemigo contra el que aquel deba arremeter.

Ya lo hemos dicho: después del de Castillo, éste es el peor gobierno que hemos tenido en los últimos lustros. Es incapaz de asumir responsabilidades mínimas de gobierno y se dedica a sobrevivir a cuenta de concesiones políticas pueriles a sus aliados principales, como Fuerza Popular y Alianza para el Progreso.

Confío en que no tarde la calle en reaccionar. Es de espanto la banalidad del gobierno y su impune soslayo de las preocupaciones esenciales de los ciudadanos de a pie: crisis económica, inseguridad y corrupción. Si no se pronuncia el activismo callejero, habremos sembrado un voto antisistema vigoroso para el 2026.

Ojalá el Congreso no reconsidere la votación que le negaba a la presidenta Boluarte el permiso para ausentarse del país para acudir a la Asamblea General de la ONU.

Demasiado viaje inútil en medio de una situación de absoluta ingobernabilidad nacional. Con el caso Petroperú arreglado desastrosamente, con incendios forestales que han arrasado y siguen haciéndolo con miles de hectáreas de bosques sin que el gobierno atine a nada, con la inseguridad ciudadana creciendo impunemente sin ningún control, con un Congreso desatado proponiendo leyes cada vez más antidemocráticas sin que el Ejecutivo imponga cierto criterio.

Dina Boluarte claramente no gobierna, pero el problema para ella es que está obligada constitucionalmente a hacerlo. No se puede escabullir de esa responsabilidad, como al parecer simbólicamente le representan psicológicamente estos viajes sin sentido.

Y está muy bien que el Congreso le ponga un alto a esa estancia vacacional permanente en la que parece hallarse la primera mandataria. Pocas veces se ha visto una gobernante tan frívola como la actual, carente de todo sentido de compromiso con los problemas nacionales confiada con que cuenta con el aval vergonzoso de bancadas como la de Fuerza Popular, a cambio de prebendas políticas.

Un “estáte quieto” a Palacio podría servir para enderezar la psique presidencial y a ver si se pone a pensar un poco más en las obligaciones que por su condición le corresponden y deja de vivir esta fiesta de inauguraciones irrelevantes y protocolos pomposos (los funerales de Alberto Fujimori parecieron diseñados para ella).

Nos va a costar muy caro esta indolencia presidencial. La furia popular sigue creciendo y si no explota socialmente lo va a hacer en el encuentro con las urnas, el 2026 o antes (si se alinean los astros de la protesta social y termina precozmente su mandato).

Los radicalismos desquiciados que ya vemos prodigarse, son hechura de la inutilidad gubernativa que sufrimos. Cada día que transitamos ese sendero, esos radicalismos se van engordando y asomándose con posibilidades electorales que luego lamentaremos, pero de los que no podremos sorprendernos.

Por supuesto que el populismo vende. Lo demostró Fujimori y más recientemente Vizcarra. Arremeter contra la partidocracia rinde frutos políticos que se manifiestan en índices de aprobación ciudadana muy altos (hasta ahora Vizcarra, a pesar de sus tramposerías infames, conserva márgenes de popularidad que ya quisieran tener sus adversarios).

Pero la otra clave del éxito ciudadano estriba en una política pública que en el Perú no puede ser soslayada, que es la microobra popular. Fujimori mantiene recordación en los sitios más alejados del país porque construyó colegios, postas, puso luz, agua, desague, hizo caminos rurales (que, como ha demostrado Richard Webb, cambiaron la faz económica de las zonas agrarias históricamente abandonadas).

Cualquier gobierno que asuma las riendas del país el 2026 va a requerir contar con altos márgenes de aprobación si no quiere ser desbordado por una situación legislativa adversa (es tal la fragmentación electoral que difícilmente algún partido va a conseguir mayoría legislativa).

Experiencias exitosas como la de Foncodes, la de los comedores populares, la de los caminos rurales, etc., deben ser replicadas a nivel nacional y ello supone operadores políticos afiatados y conocedores de las necesidades locales (como lo era Absalón Vásquez para Fujimori). Eso no se improvisa y no pasa por regalar fondos -como hace Dina Boluarte- a los corruptos gobiernos regionales y locales.

Fujimori tuvo un plan específico que acompañaba la estrategia macroeconómica y la pacificación nacional. Sus visitas permanentes a las zonas donde estrenaba esas pequeñas obras a años luz de las megaobras, pero grandiosas para los poblados que las recibían, le han permitido conservar hasta ahora una memoria popular agradecida y en su momento un respaldo político masivo en los sectores más marginados de la sociedad.

La coyuntura del 2026 en adelante va a ser muy difícil porque el descrédito del establishment político es brutal y va a afectar al gobierno que asuma el poder desde el primer día. Si no acompaña la gestión de una narrativa anti statu quo con un despliegue extraordinario de recursos en este tramado de microobras populares, su futuro político se asoma sombrío.

Una de las tantas razones que explican el éxito en la gestión administrativa del fujimorismo de los 90, fue la convocatoria por parte de Alberto Fujimori de operadores políticos, capaces de cruzar transversalmente las divisiones normativas del Estado peruano, entonces mil veces más endiablado que el de hoy.

Así, contó con un tándem de operadores de primer nivel: Santiago Fujimori, encargado de la convocatoria de cuadros tecnocráticos, Jaime Yoshiyama de las reformas económicas, y Absalón Vásquez de la microobra popular y el populismo asistencial.

De otra manera hubiera sido imposible derrotar al Estado elefantiásico heredado de los 80, que ni Belaunde ni García se atrevieron a desmontar de la herencia militar. No se movía un alfiler del Estado sin veinte cartas selladas. Sin estos operadores, que movilizaban recursos logísticos, que cruzaban transversalmente el Estado y además tenían cuadros trabajando a nivel del Congreso, gran parte de las reformas o actos de gobierno positivos de los 90 hubieran sido imposibles de llevarse a cabo.

Lamentablemente, Fujimori se dejó llevar de las narices por Montesinos y terminaron todos ellos apartados de mala manera del ejercicio gubernativo en el segundo mandato de Fujimori y allí se halla una de las tantas razones de la parálisis reformista de ese segundo lustro.

Pero a lo que íbamos. Hoy también se va a necesitar que quien gobierne el país, del 2026 en adelante, cuente con operadores semejantes. El Estado intervencionista y empresario de los 80 ya no existe más, pero desde el gobierno de Ollanta Humala, el modelo de libre mercado consagrado en la Constitución del 93 ha ido poco a poco desmontándose, llegándose hoy a una situación de sobrerregulación que traba de manera superlativa el flujo de inversiones privadas.

Y a ello se le suma el empeoramiento de un mal proceso de regionalización emprendido con Toledo y que ha construido una trama corrupta e intervencionista que coadyuva, aún más, a la ralentización del crecimiento económico. Estos poderes regionales, que no existían en los 90, deberán sumarse a la red de influencia que los operadores políticos deberán añadir a su cartera de poderes a ser gestionados.

El gobierno aliancista que nos gobierna, entre el Ejecutivo y el Legislativo, va a dejar un legado destructivo que va a costar tiempo remediar y desde ya debería ser plan de gobierno de la centroderecha liberal, si quiere marcar una postura antiestablishment que le permita competir con relativo éxito frente a las izquierdas radicales y el revitalizado keikismo.

Es de horror el plan destructivo de la institucionalidad democrática, comparable solo a la que desplegó el fujimorismo en los 90. La ventaja es que vivimos en una relativa democracia y el Poder Judicial y el Ministerio Público resisten la embestida, pero no se puede saber si al final lograrán su cometido con la complicidad de un Tribunal Constitucional dócil y solícito.

En materia económica el régimen nos deja un brulote indigerible con la operación Petroperú, que la oposición, por supuesto, dejará pasar por agua tibia a cambio de prebendas y favores. Y lo que es más grave, ha aprobado una reforma del sistema de pensiones que empeora el sistema que ya existía desde los 90 porque ahora incluye en la extracción de rentas a favor de los grupos de poder a la masa de ciudadanos independientes (favores que se pagan por las millonarias donaciones de campaña, sin duda).

Y la situación se va agravar porque al Ejecutivo y al Congreso les importa un comino el repudio popular del que son justificadas víctimas. No registran o no quieren hacerlo, el nivel creciente de furia popular que solo busca un detonante para estallar.

Allí está, en todo caso, el guión para los sectores moderados de la izquierda y la derecha. Dar inicio a una oposición radical al pacto Ejecutivo-Legislativo, al statu quo, al orden vigente. Que la ciudadanía sienta a plenitud la disconformidad de este sector ideológico con el estado de cosas.

De otra manera, serán desbordados por la narrativa radical de las izquierdas, la inercia que ya coloca a Keiko Fujimori en la segunda vuelta, y el pasivo de la fragmentación punible de la centroderecha.

-La del estribo: una maravillosa experiencia leer El corazón de las tinieblas, de Joseph Conrad, escritor polaco británico. Gracias nuevamente a Alonso Cueto y su club del libro. Las páginas de Conrad, debe decirse, inspiraron a Francis Ford Coppola a filmar la grandiosa Apocalypse Now. Conrad fue admirado por Borges y, sobre todo, por Mario Vargas Llosa. Un escritor notable.

Dos grandes desafíos tendrán al frente los movimientos moderados de la derecha y la izquierda. Por el lado derechista, la revitalización del fujimorismo, fruto del fallecimiento del líder histórico, Alberto Fujimori. La centroderecha liberal va a tener que aguzar el ingenio para lanzar propuestas divergentes que la diferencien del fujimorismo y le hagan entender a la población del desastre que supondría una elección de Keiko Fujimori.

El mercantilismo, autoritarismo y devaneos con la corrupción de Fuerza Popular lo tornan inaceptable como opción de desarrollo. Baste ver el mamarracho mercantilista que ha supuesto la reforma del sistema de pensiones que nos han endilgado y que solo beneficia a los grupos de poder que las manejan. Y si a ese combo le sumamos el conservadurismo que Keiko le ha agregado al movimiento, se entenderá que lo suyo no constituye una apuesta por la modernidad.

Por el lado de la izquierda, la centroizquierda democrática tiene frente a sí a propuestas radicales hasta el desquiciamiento, que se encaraman en la furia popular existente contra el statu quo y a la que será muy difícil combatir, si no se pliegan de alguna manera a lanzar propuestas disruptivas. Y claro que hay un arsenal ideológico capaz de movilizar los afectos negativos de la población sin caer en el delusivo plan de un Antauro, Bellido o Bermejo.

Una izquierda democrática, que entienda que la economía de mercado es el motor de la inversión, pero que debe ser ecualizada por un Estado presente, y que además haga de la democracia formal un valor supremo, inviolable, podría tener éxito si logra romper los parámetros de la “normalidad” discursiva o narrativa.

El desastre gubernativo de Dina Boluarte hace difícil que las propuestas moderadas se impongan sobre las que prometen patear el tablero, pero tendrán que hallar la forma de distinguirse del statu quo y a la vez marcar distancia de los radicalismos que de ambas orillas van a surgir.

De hecho, el fallecimiento del líder histórico del fujimorismo, Alberto Fujimori, con la imagen de unidad precedente que había logrado galvanizar con su familia, supondrá una inyección anímica política a favor del keikismo.

Si ya, según las encuestas, Keiko mostraba índices de potencial votación cercanos al 10%, seguramente aquellos subirán y la colocarán ya, casi segura, en la segunda vuelta del 2026.

De allí la urgencia de clamar por la unidad de la centroderecha liberal. Le haría daño al país que llegue al poder la opción populista, mercantilista, autoritaria y conservadora que representa Keiko Fujimori, que ha heredado lo peor del legado de su padre y le ha agregado un ingrediente conservador que su progenitor no tenía.

Debe evitarse a toda costa que el país se vea envuelto nuevamente en la tesitura de tener que votar por Keiko Fujimori como mal menor frente a un Antauro Humala o un Guido Bellido, como sucedió en el 2021 frente al nefasto Pedro Castillo.

El país merece una opción de derecha moderna, democrática e institucionalista, ya no el modelo ajado del keikismo, pero si no se produce una conjunción de esfuerzos políticos le estarán regalando el pase a la segunda vuelta a Fuerza Popular.

Y lo peor es que lo más probable es que pierda esa elección. En los predios naranjas confían en que esta vez sí la harán porque Antauro es un cuco mayor que Castillo. Se equivocan de cabo a rabo. Antauro es mejor candidato que Pedro Castillo y, además, postula encaramado sobre una mayor furia popular que la que existía el 2021.

Si queremos a un desquiciado proyecto político sentado en Palacio el 2026, asegurémonos de que Keiko Fujimori pase a la segunda vuelta. Para evitarlo, no nos cansaremos de reiterarlo, ello pasa por lograr un gran frente centroderechista, con equipos tecnocráticos y un buen programa de gobierno (además de, por supuesto, un buen candidato).

Alberto Fujimori ha sido, sin duda, la figura central de la política peruana en el siglo XX. Con claroscuros inevitables de mencionar, pero su paso por el poder marcó un antes y un después que hasta hoy perdura.

En su haber figuran la gran transformación económica, que revirtió el régimen estatista instaurado por el otro gran reformista del siglo pasado, Juan Velasco Alvarado, la misma que les permitió a Toledo y García llevar el crecimiento económico y la reducción de la pobreza a niveles impensados.

Fue responsable político también del cambio de estrategia antisubversiva que arrinconó a Abimael Guzmán y a Sendero Luminoso, aunque en ese trance haya tolerado la existencia de grupos paramilitares como el grupo Colina y se haya hecho de la vista gorda con violaciones a los derechos humanos (no obstante lo cual, resulta arbitraria su sentencia como autor mediato de las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta).

Revolucionó el interior del país con una política de infraestructura popular (luz, agua, desague, colegios, postas, caminos rurales), con instituciones superlativas como Foncodes, que nunca antes se habían plasmado en el Perú (quizá su antecedente más cercano sea Cooperación Popular de Fernando Belaunde).

Contra lo previsto, logró firmar con gran inteligencia estratégica de Torre Tagle la paz con el Ecuador, un logro que se subestima mucho en el Perú pero que ha tenido un impacto mayúsculo en nuestra colocación geopolítica en la región.

Pero Fujimori fue un dictador explícito entre 1992 y 1995 y encubierto entre el 95 el 2000, cuando permitió que Montesinos destruyera las instituciones democráticas y la corrupción haga metástasis de una manera como hasta entonces nunca se había visto.

La segunda reelección lo terminó de pervertir al punto de paralizar, inclusive, las reformas económicas que había emprendido en su primer lustro (fruto de ello, hoy tenemos a Petroperú y Sedapal y un Estado elefantiásico, como muestras de lo dicho).

Fujimori fue extraordinario en lo bueno y en lo malo. Su recuerdo seguirá albergando por ello amores y odios eternos que seguirán marcando la política los siguientes lustros. Lo cierto es que pesar sus pasivos, entregó un país bastante más viable que el que recibió, que estaba al borde del colapso. El balance final lo hará la historia larga.

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