Pie Derecho

Suelo dar charlas de análisis político a empresarios o gremios empresariales desde hace décadas y sorprende ver, en el presente, la ceguera casi absoluta del sector respecto del abismo al que podemos caer el 2026 si toda la sociedad civil en su conjunto no reacciona y participa activamente, cada uno desde sus responsabilidades y posibilidades.

Se malcree que la relativa estabilidad alcanzada por el gobierno de Dina Boluarte antecede a una acción colectiva de acá a dos años en favor de las políticas de mercado y pro democracia que, mal que bien, este gobierno mantiene como líneas directrices. Se basan para ello en la casi inexistente protesta social respecto del régimen y asumen que esa paz sostenida con pinzas es el mejor anticipo de que el 2026 no ocurrirá ningún sobresalto.

Las encuestas, miradas en perspectiva y multidimensionalmente, muestran, sin embargo, otro panorama. Se viene al galope la insurgencia de candidatos radicales disruptivos y no uno sino varios. La inmensa desaprobación de un gobierno que es percibido de derechas, la refractaria postura del sur andino, la atomización de los partidos de centroderecha y otros factores psicosociales apuntan, claramente a que disputaremos una segunda vuelta con al menos un candidato radical, y si el panorama actual no cambia de repente hasta con dos (que no sorprenda una jornada definitoria entre Antauro, Bellido o Aníbal Torres).

Los empresarios tienen mucho por hacer al respecto. Primero, no financiando a candidatos aislados sin exigir como condición previa cierto afán de concierto. Segundo, apoyando con dinero bien habido a las varias ONGs que ya existen en el país y tratan, con enorme esfuerzo, por la carencia de financiamiento, de generar un cambio de actitudes ideológicas en los sectores populares (conozco por lo menos tres iniciativas al respecto y a pesar de haber pasado el sombrero a los principales grupos económicos no han recibido ni migajas).

En ese plan mezquino, vamos a perder el país que hasta hoy conocemos, que amerita correcciones urgentes, pero bajo la matriz de la economía de mercado y la democracia representativa. Si no se actúa, vamos a transitar en menos tiempo del esperado por los senderos del populismo estatista radical del chavismo o algo aún peor, y tardaremos décadas en poder librarnos de ello, porque nadie va a acudir en nuestro auxilio. Ojalá los empresarios recapaciten y asuman su cuota de responsabilidad en el asunto

El eventual desencadenamiento de una conflagración bélica mundial generará, de inmediato, una ola migratoria sin precedentes en el mundo. Y América Latina, al ser un continente marginal, donde los arrestos militares no tocarán sus costas, se convertirá seguramente en un destino ineludible de cientos de miles de ciudadanos del mundo que buscarán acá la paz y la esperanza que sus países bombardeados a diario no tendrán.

¿Qué hacer frente a ello? Ya debería ser una parte de la agenda de la Cancillería. El riesgo de una tercera guerra mundial es enorme y que ésta escale a niveles nucleares factible. En ese escenario se repetirán las oleadas migratorias al continente que ocurrieron en las dos guerras mundiales anteriores o en conflictos de menor escala, como la Guerra Civil española.

Al respecto, surgirán, por supuesto, voces xenófobas que tratarán de cosechar políticamente el tema, pero felizmente creemos que la mayoría de peruanos no hace eco de esos discursos. No lo ha hecho con el millón y medio de venezolanos, difícilmente lo hará con cientos de miles provenientes de otros lugares de la tierra.

El Perú ha tenido una actitud ejemplar en el caso venezolano. La migración de ese país se ha adaptado perfectamente al status nacional, desperdigándose por todo el territorio, sin conformar guetos, como ocurre en Europa con los migrantes, y si bien hay un problema delincuencial asociado a los venezolanos, los hechos demuestran, empíricamente, que se trata de una porción menor de inmigrantes la involucrada en ello y que más allá de la bulla mediática irresponsable, la delincuencia ha crecido por la inacción policial, la pobreza producto de la recesión última y la alta corrupción de las autoridades. Es decir, dicho aumento implica también a enormes bandas peruanas, muchas de ellas asociadas a las mafias ilegales, las cuales son propiamente autóctonas.

El Perú debe prepararse para recibir oleadas migratorias importantes si estalla una conflagración mundial. Somos, a pesar de la crisis política recurrente, un país atractivo para quienes pueden buscar algo de esperanza vital. Nos asolan grandes problemas de calidad de vida, pero nuestros activos sociales pueden pesar más en la balanza. Ojalá predomine, si tal escenario se desencadenase, una actitud global, abierta y liberal, frente al tema, y no una actitud nacionalista, obtusa y populista

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migracion masiva, migración venezolana

La mejor manera para la centroderecha no solo de afrontar con éxito las elecciones del 2026 sino de ejercer luego un gobierno afiatado y viable, es reeditar la experiencia del Frente Democrático que organizara Mario Vargas Llosa en 1990 con el concurso de Fernando Belaunde y Luis Bedoya Reyes.

En esa ocasión no solo se armó un frente electoral de diversas agrupaciones sino que se dispuso una comisión de plan de gobierno que hizo un trabajo formidable y, además, se armaron cuadros técnicos preparados para tomar las riendas del poder y administrar el Estado eficiente y honestamente.

Se perdieron las elecciones, es verdad, pero no por las acciones señaladas sino por groseros errores de campaña cometidos y un candidato poco dúctil para entender la realidad cambiante de la política y la sociedad. Ello permitió que un outsider, como era entonces Alberto Fujimori, se hiciera del gobierno.

¿Puede ocurrir lo mismo? Sí, sin duda. Ya hay varios candidatos disruptivos que asoman en el horizonte con posibilidades (Antauro, Álvarez, Bellido, etc.), pero lo cierto es que si se cae derrotado frente a ellos no va a ser por organizarse sino todo lo contrario, por no hacerlo. Se les enfrentará mejor con un gran frente, un buen plan de gobierno y un equipo de tecnócratas ya organizado de antemano, listo para actuar desde el 28 de julio del 2026.

En la izquierda clásica ya está habiendo esfuerzos para aglutinarse. Que no sorprenda que haya un frente de izquierdas, más allá de los radicales o de una prima donna como Verónika Mendoza que cree que, sola ella, puede evitar un nuevo fracaso, sin percatarse de que la sumatoria de errores cometidos, la convierten ya en la Lourdes Flores de la izquierda peruana (no tiene ninguna posibilidad).

Le corresponde a la centroderecha organizar un gran frente, o dos a lo sumo, que evite que la atomización de candidaturas (hasta ahora ya hay más de veinte de ese perfil ideológico), le sirva en bandeja el triunfo a los radicales, que aprovecharán que tienen un bolsón de partida en el sur andino (15% de votación asegurada), y que, dado el caso, podría llevarnos al indeseado y terrible escenario de una segunda vuelta entre dos candidatos de izquierda.

Alan García se suicidó hace cinco años y aún seguirá en discusión el balance de su historia política. Si acaso, qué pesará más en la balanza, su desastroso primer gobierno o su eficiente segundo gobierno, con superlativo éxito económico.

Me inclino a pensar que más allá de las controversias sobre su moralidad personal, que es lo que finalmente lo convierte en un personaje que despierta tantos odios como afiliaciones, el término del balance se tendrá que inclinar favorablemente. Lo que logró en su segunda gestión en términos de reducción de la pobreza (y no fue solo por los altos precios de las materias primas, como mezquinamente se señala) fue extraordinario, pero al mismo tiempo sembró el terreno para su desgracia política posterior.

Porque un clasemediero emergente, como los millones que surgieron gracias a su buena gestión, elevaron sus exigencias exponencialmente, como suele suceder. El pobre puede resignarse a su desgracia, el ciudadano de ingresos crecientes exige buena educación, mejor salud, seguridad, calidad de vida.

Y es ese ciudadano el que, al parecer, no le perdonó a García que en su segunda gestión no emprendiese reforma alguna en materia institucional. Su maníaca disposición a alentar inversiones privadas no fue acompañada de una dinámica similar para lograr una mejora de la paupérrima salud pública, la abandonada educación estatal, etc.

Apristas cercanos a él con los que he conversado me señalan que nunca se pudo explicar por qué, a pesar de su buen segundo gobierno, el pueblo lo rechazó de la manera tan brutal como lo hizo en las elecciones del 2016, las últimas en las que participó, aliado torpemente al PPC y a una figura tan poco carismática como Lourdes Flores (apenas pasó la valla electoral con 5.83% de los votos válidos).

La razón de ello es mencionada líneas arriba y, por lo mismo, debiera servir de lección futura para quienes aspiren a ocupar el poder el 2026. La pandemia arrojó a la pobreza a millones de peruanos y eso explica el voto airado del 2021 por alguien como Castillo. Hoy que empieza la recuperación económica, lo más probable es que el 2026 la agenda de necesidades ciudadanas vuelva a ser la de mejor salud, educación, seguridad, transparencia gubernativa, etc. Quien quiera ganar, desde la centroderecha, tendrá que poner especial relieve en ello, si quiere enfrentar con éxito a las fuerzas centrífugas que el inmenso malestar ciudadano hará que muchos se inclinen por opciones radicales. Que el caso de un animal político inédito, como Alan García, sirva de espejo a los nuevos liderazgos.

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Alan García, Apra, apristas, clase media, Partido Aprista Peruano

El general retirado Roberto Chiabra ha anunciado que se lanza a la presidencia para el 2026. Lo acompañan buenos augurios.

Es congresista. Ingresó por las filas de Alianza para el Progreso, de la cual rápidamente se alejó. No carga, no obstante, con el desprestigio de los congresistas. No se le ve como parte de la claque parlamentaria, con bajísimos niveles de aprobación y enorme rechazo popular.

Está ubicado en unas coordenadas ideológicas propicias. Es alguien de centroderecha, sin resquemores de ninguno de ambos sectores, pudiendo ser capaz, por ende, de aglutinar esfuerzos multipartidarios y encabezar un frente político amplio y convocante, con mayor posibilidad de pasar a la segunda vuelta en medio de la atomización brutal de la oferta electoral.

Tiene activos políticos importantes, el principal, haber sido el líder de la lucha militar contra Ecuador en la guerra del Cenepa, goza de elocuencia y energía, suficientes como para enfrentar los arrestos de la izquierda radical y en particular de alguien como Antauro Humala, la bestia negra de los radicales disruptivos. Tiene biorritmo, a diferencia de muchos lanzados a las arenas electorales y cuya aguja vital no mueve ni conmueve a nadie.

Su condición de militar, además, le otorga créditos en materia de la inseguridad ciudadana y le roba así el protagonismo bukeliano que algunos quieren enarbolar (Antauro, Álvarez, etc.).

Ojalá entienda la urgencia de armar su propio partido y no depender de un vientre de alquiler, de la necesidad de conformar equipos técnicos suficientes y, sobre todo, del imperativo de armar coaliciones de diversas agrupaciones.

Su presencia puede romper la terrible pendiente que a muchos ya aterroriza, como es una segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Antauro Humala.

Su presencia, asociada a la defensa de un modelo de mercado y la institucionalidad democrática, le puede dar nuevos bríos a un sector de centro que hasta hoy no hallaba un candidato con liderazgo suficiente para tomar las riendas del sector ciudadano más amplio del país. Y la derecha no lo ve mal, pudiendo también capitalizar de allí (no sería de extrañar que la guerra sucia que, sin duda, le caerá encima, provenga no de la izquierda, sino de sus pares del centro o la derecha).

Asoma un buen candidato y si actúa con inteligencia y modulación, seguramente será protagonista principal de la justa electoral venidera.

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Alianza Para el Progreso, Roberto Chiabra

Contra las mafias delictivas que se han adueñado de grandes porciones del territorio nacional (minería ilegal, narcotráfico, bandas extorsionadoras, tratantes de personas, etc.) no hace falta mano dura, tan solo, sino, sobre todo,mano inteligente.

Su combate se ve entorpecido porque han infiltrado y cooptado buena parte de las instituciones públicas (Congreso, autoridades locales y regionales, Poder Judicial, Ministerio Público, Policía Nacional, Fuerzas Armadas), porque manejan miles de millones de dólares y basta que una porción minúscula de esos montos la destinen a la corrupción estatal y habrán logrado su cometido criminal de alcanzar impunidad.

¿Cómo enfrentarlas si lo más probable es que cualquier orden ministerial o, inclusive, presidencial, para combatirlos se va topar con toda esa trama de permisividad que les facilita la impunidad final (aun si son inicialmente capturados)?

La firmeza de su combate debe ir acompañada de la conformación de un equipo de élite, con miembros correctamente seleccionados de los institutos policiales y castrenses. Hoy en día el GEIN o los servicios de inteligencia de los institutos uniformados, carecen de recursos mínimos para operar.

Y la Junta Nacional de Justicia, que tan mediocre labor ha realizado en su mandato, debiera responder rápidamente sancionando a los malos jueces y fiscales que liberan a los mafiosos capturados. Es muy rápida para reaccionar cuando se trata de casos mediáticos, como el de la exfiscal Patricia Benavides, pero cuando se habla de casos graves de acción de las mafias señaladas brilla por su ausencia.

Se debe actuar con prontitud, además, si no queremos tener, de acá a dos años, dos cámaras infestadas de parlamentarios subyugados al financiamiento electoral de estas mafias. Error, dicho sea de paso, de la comisión de alto nivel de la reforma política limitar el financiamiento privado, porque lo que a la postre ha logrado es que las poderosas mafias delictivas hagan a su antojo al respecto sin ningún control, porque operan en las sombras.

El principal enemigo de la democracia peruana hoy en día es el poder impune ejercido por estas mafias delictivas. Corremos el riesgo de ver consagrado al delito a las más altas instancias del poder político si de acá al 2026, este gobierno no hace nada para subyugar dichas mafias y ponerlas tras las rejas, como corresponde.

El escándalo de los Rolex ha paralizado al gobierno, que no halla rumbo fijo, que deambula sin norte, y que ha imbuido de la misma inopia a todo el gabinete ministerial y la principal burocracia pública (veámos lo que pasa en Indecopi, en Proinversión, etc.).

Atrapado, además, en las garras de un Congreso mediocre y corrupto, que responde a intereses subalternos (en pocos días ha destrozado la carrera pública magisterial, ha favorecido a las mafias mineras ilegales, augura hacer lo propio con el transporte público), no ata ni desata respecto de cómo enfrentarlo sin poner en riesgo su propia estabilidad, ya de por sí precaria, con los bajísimos niveles de aprobación con los que se maneja y, adicionalmente a ello, sin bancada congresal propia.

Hay decisiones importantes que tomar. En el aspecto legislativo falta reglamentar correctamente, por ejemplo, la bicameralidad. Sin una correcta definición de las circunscripciones electorales, de poco o nada servirá haber aprobado las dos cámaras. Lo mismo sucede con la eliminación del voto preferencial, piedra de toque de una buena elección. Corresponde ello al Legislativo, pero el Ejecutivo tiene voz, y potente, para hacerse sentir en la materia, pero no lo hace porque anda enredado en su propio laberinto sin saber cómo escapar.

Justamente, una de las maneras de salir del atolladero en que se encuentra pasa por tomar iniciativas políticas importantes. Liderar la reforma política, acometer la reforma de la descentralización, hoy tan urgente, conocidos los enormes casos de despilfarro, ineficiencia y corrupción que anidan en ese ámbito, disponer una estrategia integral, ejecutiva y célere sobre el lacerante problema de la inseguridad ciudadana, acometer un potente impulso a la inversión privada, en base a la estabilidad macroeconómica de la que aún gozamos, a pesar de todo, etc.

Si el gobierno no se mueve, mejor será rogar que pronto estalle todo, porque lo peor que le podría pasar al país es que ese estallido social contenidoen la indignación popular creciente, lo haga en las elecciones del 2026. El mediocre gobierno de Dina Boluarte está sembrando las semillas de la disrupción radical en el venidero proceso electoral y la clase política sana -no la que está en el Congreso, obviamente-, tiene que ejercer presión para que se mueva y actúe en consecuencia.

La del estribo: dos buenas lecturas esta semana. Tanta vida yo te di, de Fernando Ampuero, y La lealtad de los caníbales, de Diego Trelles Paz. Y esta noche a ver F*ck Cáncer, con la dramaturgia de Anahí de Cárdenas y Josué Méndez y la dirección de este último. Va hasta el 28 de abril en el Teatro La Plaza. Entradas en Joinnus. ¡Promete!

Me parece bien que no se le haya inhabilitado al exPremier, Aníbal Torres. La moción consideraba tan solo sus expresiones beligerantes como razón para dicha inhabilitación, lo cual hubiera constituido un despropósito democrático tremendo.

Otra cosa sería si el Poder Judicial finalmente determina que tuvo efectiva participación -como todo lo hace pensar- en el fallido golpe de Estado perpetrado por Pedro Castillo. En tal caso, la inhabilitación caería por su propio peso, pero en tanto ello no suceda, solo estamos, claramente, ante un intento antidemocrático de excluir candidatos que se considera riesgosos (una última encuesta de Ipsos lo coloca en lugar expectante).

Lo mismo sucede con el manido afán de algunos congresistas de reformar la Constitución para impedir que Antauro Humala pueda postular el 2026. También es claramente antidemocrático. La razón -señalan- es que su mensaje no se condice con los valores democráticos y que la democracia se debe defender. Pregunto: ¿deben prohibirse entonces todos los partidos comunistas? Eso no ocurre en ningún país desarrollado del mundo, a pesar de que claramente dichos partidos trastocarían el orden político vigente.

O, para medir con la misma vara, entonces que el fujimorismo también sea excluido de cualquier contienda electoral ya que tiene probada solera antidemocrática y riesgo latente de reeditar el autoritarismo de los 90.

Lo peor de todo es que semejantes actos de exclusión no tendrían ningún efecto práctico, como el que desean sus promotores. ¿Creen realmente que si excluyesen a personajes como Aníbal Torres o Antauro Humala, la izquierda radical desaparecerá del escenario electoral venidero? Claramente eso no va a ocurrir. Surgirán otros en su reemplazo. Hay una pulsión antiestablishment radical en el país, asentada sobre todo en el sur andino, que se va a expresar por los mencionados o por cualquiera que asome el rostro el 2026, por más exclusiones que la derecha congresal perpetre.

A la izquierda radical se le debe desterrar del país. Es un peligro para la economía de mercado y la institucionalidad democrática, pero se la debe derrotar en las calles y las urnas, no mediante leguleyadas que, además, fácilmente podrían ser revertidas en instancias legales, nacionales o supranacionales.

Se asoma un horizonte electoral de alto riesgo, pero por culpa, sobre todo, de la irresponsabilidad política del centro y la derecha. Que no pretendan zafar responsabilidades excluyendo adversarios inconstitucionalmente y destruyendo los parámetros electorales democráticos.

Tomo conocimiento de una más reciente encuesta de Ipsos sobre identidades ideológicas de la población. Fue realizada a pedido de IDEA Internacional entre el 18 de enero y el 5 de febrero de este año.

Allí los resultados son los siguientes: 10% se define de izquierda, 37% de centro y 12% de derecha, corroborando de alguna manera el perfil ideológico que otras encuestas señalaban. Pero lo más relevante es el dato de que un enorme 42% no precisa ninguna identificación.

Razón adicional para confirmar el temor de que el 2026 aflore un candidato radical antiestablishment, sea de izquierda o de derecha, que rompa la inercia de los partidos ya tradicionales e, inclusive, de los nuevos que se asoman al horizonte, pero que no se caracterizan precisamente por ser disruptivos.

Es una incógnita el pensamiento de ese 42%. Pueden ser peruanos hartos de la política, pueden ser indiferentes anómicos, o simplemente desinformados o desinteresados. Del perfil precedente que tengan dependerá, en gran media, el pronóstico que pueda hacerse respecto de cuál será su inclinación final para las elecciones presidenciales venideras.

Lo que sí queda claro, sin embargo, es que hay mucho terreno por desbrozar de acá al 2026. La mayoría de la ciudadanía no tiene una idea precisa de qué va a hacer el día de la elección y ni siquiera tiene en claro cuál es su preferencia ideológica. Es un público por el momento amorfo, llano a ser conquistado por los candidatos, si se animan, claro está, a salir de su tour mediático formal, que a nada los conduce, y empiezan a recorrer las calles con mayor énfasis.

Hay nuevas tecnologías de campaña, que apuntan a la microsegmentación ciudadana, que trascienden la ya manida fórmula de las radios regionales y las redes sociales, estrategia en base a la que algunos candidatos pretenden basar su campaña, creyendo que lo que fue bueno antaño va a volver a funcionar.

Por allí va a ir el desenlace de una estrategia que debe partir de que un inmenso bolsón ciudadano no anda pendiente de las discusiones ideológicas y lo tiene sin cuidado. Definirse de centro radical, izquierda democrática o derecha liberal, importará poco a la hora de la conquista de las voluntades particulares. Habrá que hilar muy fino para capturar esas mentes hoy no clasificables.

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