Pie Derecho

¿Cómo puede manipularse tanto la opinión publica pretendiendo bautizar como la ley del perro muerto” al proyecto de ley de viabilidad de los equipos profesionales de fútbol, si la norma precedente ha permitido que el club más popular del balompié nacional empiece a salir a flote, luego de años de malos manejos, y -lo que es más importante- empiece a pagar sus deudas?

Universitario de Deportes ha pagado 35 millones de soles de deuda corriente en tres años y está a la espera de que el Pleno del Congreso ratifique lo aprobado en la Comisión de Economía, para plantear un cronograma de pagos no solo del resto de la deuda corriente sino también de la deuda concursal.

Sorprende la alianza espúrea de Gremco y Alianza Lima para socavar este proyecto de ley, cuando uno ha sido el artífice principal del descalabro financiero y deportivo de la U y el otro, a pesar de manejarse a través del Fondo Blanquiazul hace cuatro años, no ha reducido su deuda prácticamente en nada, contrastando con lo hecho por la administración de Jean Ferrari.

Cabe preguntarse con propiedad si la intención del Fondo Blanquiazul no radicaría acaso en nunca pagar su deuda para seguir manejando el club a su antojo, a diferencia de la U que, en plazo determinado, si se aprueba, como se espera, esta ley, termine devolviéndole el club a sus verdaderos dueños, los socios.

El fútbol mueve pasiones y bien manejado constituye una amalgama social sin parangón en la realidad social peruana. El Congreso tiene la palabra en un momento clave para enrumbar el deporte estelar del país y empezar a dar los pasos para sanear lo que era, hasta no hace mucho, un dolor de cabeza que no hallaba visos de solución.

Alianza Lima deshonra su tradición deportiva, sumándose al cargamontón irracional contra un proyecto cuyo único nombre propio es el fútbol peruano en su conjunto. Su actual administración ya ha hecho gala en innumerables ocasiones de una mezquindad y de una conducta antideportiva que le hace daño al fútbol peruano. El Congreso no puede hacer eco de esa mala entraña de algunos malos dirigentes, llegados al control de un maravilloso club como el victoriano, por el azar del dinero.

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Alianza Lima, fondo blanquiazul, gremco

Es tan enrevesado el camino que les quedaría por delante a Keiko Fujimori y su padre Alberto, que se torna difícil imaginarlos de protagonistas de una campaña electoral normal. A ellos solo les convendría el escenario de una centroderecha hiperfragmentada y uno o dos candidatos radicales que metan miedo a la mitad del país.

Inclusive, podría uno pensar que la estrategia de Keiko es levantar la figura del padre para volver a cosechar del albertismo, como lo hizo el 2021, a sabiendas de que el panorama judicial de su progenitor es más complicado que el suyo (el caso cocteles se va a caer en primera instancia judicial, no tiene ni pies ni cabeza). En cambio, el de su padre, con el caso Pativilca y la reciente ampliación de la extradición, además de los problemas de salud propios de su edad, navega cuesta arriba.

El fujimorismo tiene un núcleo duro de 8 o 9%, que normalmente debiera colocarlo fuera de la carrera por la segunda vuelta, pero si ya el 2021, con cinco candidatos de centroderecha, le alcanzó para pasar a la jornada definitoria, en ésta, del 2026, con veinte, le sobraría para poder hacerlo.

Ello sería una desgracia política para el país. El fujimorismo es un monstruo del pasado que no dio el paso de convertirse en un movimiento liberal popular; Keiko Fujimori conservadurizó el movimiento y generó una antipatía mayor que la de su propio padre, que ya es y era bastante grande.

Lo más probable es que una segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Antauro Humala o Guido Bellido, conduzca al triunfo de la opción radical. Con tamaño antivoto keikista, la lideresa de Fuerza Popular debería repensar su candidatura y optar, más bien, por sumarse a alguno de los esfuerzos de integración multipartidaria que se están cocinando (como parte de un frente, el antikeikismo se diluiría).

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elecciones 2026, Fujimori

Lo sucedido recientemente en Bolivia debe ser una clarinada de alerta en la región respecto de los riesgos de un retorno del militarismo golpista. La insatisfacción con la democracia es tan alta, que una cúpula militar irresponsable puede pergeñar la idea de que una toma violenta del poder podría ser bien recibida por la ciudadanía.

En 1978 marcamos un récord, había catorce dictaduras simultáneas en la región. En Cuba (Fidel Castro), Nicaragua (Somoza), Paraguay (Stroessner), Guatemala (Lucas García), Argentina (Videla), Chile (Pinochet), Honduras (Junta Militar), Brasil (Junta Militar), Bolivia (Bánzer), Haití (Duvalier), Panamá (Torrijos), Uruguay (Aparicio Méndez), Ecuador (Junta Militar) y Perú (Morales Bermúdez). 

El siglo XXI nos agarró en medio de una primavera democrática, solo rota por Cuba y Nicaragua, pero las democracias le han fallado a las expectativas de la ciudadanía de una manera terrible. En el caso del Perú, cuando en 1980 salimos de la dictadura militar de Velasco y Morales Bermúdez, el país respiraba optimismo y se mostraba exultante respecto del futuro. Fue, sin embargo, esa década, la peor de la historia peruana reciente, en cuanto a crisis económica y desplome del Estado por la violencia terrorista.

En los 90, llega al poder Alberto Fujimori, como síntoma de la crisis y él mismo rompe la continuidad democrática al perpetrar el autogolpe de 1992, con una enorme cuota de popularidad. Hoy las encuestas ratifican que Alberto Fujimori sigue gozando de simpatías y que mucha gente vería con solaz que se produzca un golpe militar que ponga orden en la casa democrática alborotada, consecuencia de una transición fallida en reformas estructurales necesarias.

Abortó felizmente lo de Bolivia, pero ya la semilla está plantada y no faltará algún engalonado local que crea que es su momento de gloria y que puede imponer el peso de las armas sobre los votos y el sistema de contrapeso de poderes de la democracia, ya encima muy dañado por un Congreso abusivo y mediocre que está destruyendo la endeble institucionalidad democrática del país, reconstruida a trompicones desde principios de siglo.

Hay que estar alertas. Con todos sus inmensos defectos, la democracia representativa es la mejor compañera de un sistema capitalista competitivo. Su divorcio es siempre causa de males mayores que los que su difícil convivencia puede albergar.

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dictadura en bolivia, Golpe bolivia, tafur

Una buena noticia es que la centroderecha se está moviendo. Fernando Cillóniz, Carlos Añaños (sorpresivas, en el buen sentido, sus últimas apariciones mediáticas), Keiko Fujimori, Roberto Chiabra, Rafael Belaunde, Hernando de Soto, etc., empiezan a calentar la campaña.

Falta aún mucho trecho por recorrer y se espera que se consoliden alianzas, pero ya de por sí es alentador que veamos un panorama preelectoral en el que no se le deja la iniciativa monopólica a la izquierda radical (ojo con Bellido, que no solo Antauro es el peligroso).

El Perú tiene que ir por la ruta de la derecha, por lo menos un par de gobiernos sucesivos para aspirar a que, si lo hacen bien, encontremos una salida definitiva a la crisis económica, volvamos a los niveles de crecimiento que permitieron la reducción de la pobreza, y que esta vez se haya aprendido de los errores de la transición post Fujimori, que dejó en el abandono reformas cruciales, como las de la seguridad ciudadana, la salud y la educación públicas, la regionalización , la reforma profunda del Estado.

Si eso se logra, el país será otro, seremos nuevamente un ejemplo mundial de crecimiento y fortaleza macroeconómica, pero le habremos agregado pasos para constituirnos en nación al borde de ser desarrollada. Con diez años de dos buenos gobiernos derechistas se habrá logrado asentar las bases para que nunca más el riesgo de un candidato antisistémico reaparezca.

Eso pudo haber ocurrido cuando ganó PPK, quien, si lo hacía bien, apoyado por el keikismo, habría provocado que Keiko Fujimori le hubiera sucedido el siguiente periodo y habíamos tenido esa década sostenida de políticas promercado. Pero la mezquindad de Keiko y la frivolidad de Kuczynski tiraron por la borda lo que hubiera sido un logro histórico.

Tenemos el 2026 una nueva oportunidad, esta vez apremiante, de que así ocurra. Apremiante porque los fracasos políticos de la transición han anidado un sentimiento antiestablishment poderoso, que llevó a Castillo al poder el 2021 y podría volver a llevar a otro semejante el 2026, si la derecha y el centro no logran sumar esfuerzos y evitar la corrosiva fragmentación que hasta hoy se aprecia, pero que, al parecer, empieza a dar paso a esfuerzos de conjunción.

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derecha peruana, tafur

El economista ultraliberal, presidente de Argentina, Javier Milei, ha conseguido un triunfo importante al lograr que el Parlamento le apruebe la Ley Base, que le permitiría acometer una buena parte de sus propuestas de campaña (algunas las tuvo que retirar para evitar su denegatoria).

Lo cierto es que viene avanzando el proyecto liberal más ambicioso de la región en un país maniatado por la demagogia populista del peronismo, que había llevado a la Argentina a la ruina absoluta y a la pérdida de confianza en el futuro.

Hay discrepancias, por cierto, respecto de la velocidad que le está imprimiendo Milei a los cambios. Algunos hubieran querido mayor celeridad y radicalidad en algunos temas como el cambiario, pero en líneas generales, el país sigue viendo con expectativa la promesa de ir de a pocos desmontando el monstruo peronista que contaminaba todos los aspectos de la sociedad argentina.

Personalmente, discrepo de su actitud hostil a las subvenciones culturales, que como la salud y la educación públicas, deben ser un pilar inclusivo de una sociedad liberal. El radicalismo de Milei le impide ver eso.

Es muy importante, geopolíticamente hablando, que a Milei le vaya bien. Renovará el impulso liberal en una región que nuevamente estaba retomando los cánones populistas y que en el Perú en particular amenazan con conquistar las urnas el 2026.

Si de acá a un año, Argentina empieza a mostrar signos de un robusto crecimiento de la economía y, por ende, de reducción de la pobreza, ello va a tener eco en el Perú y en otros países de la región.

Es crucial que en el Perú se retomen las ideas de la libertad económica y se emprendan las reformas que quedaron inconclusas desde principios de siglo, por culpa de la inercia de los gobernantes de la transición democrática. Un país querido y referencial, como lo es Argentina para el Perú, sería un extraordinario acicate para que esas ideas arraiguen y se expandan entre la ciudadanía, la misma que podría empezar a mirar con mejores ojos algunas propuestas que ya empiezan a cuajar en partidos en esta coyuntura.

La del estribo: notable la puesta en escena de Ricardo III o el sueño del jabalí, de William Shakespeare, gracias a la extraordinaria dramaturgia y dirección de Laura Silva. Las actuaciones, todas ellas sobresalientes. Confirma la maduración de Emanuel Soriano, que está muy bien acompañado de Anaí Padilla, Vera Castaño, Irene Eyzaguirre y Sebastián Rubio. Va en el teatro Británico hasta el 21 de julio. Entradas en Joinnus.

Nota: esta columna se tomará unos días de vacaciones.

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Javier Milei, Juan Carlos Tafur, Milei., tafur

Hacen bien los gremios empresariales en pronunciarse en contra de las tropelías del Congreso. Hoy es por temas políticos, pero mañana, sin duda, tendrán que hacerlo por temas económicos que les incumbirán directamente.

Es previsible que conforme se acentúe la desaprobación del Congreso y se aproximen las elecciones, desde los escaños surjan propuestas presuntamente de buena acogida popular. Ya ha habido algunas, como la rebaja del IGV a las peluquerías y el control de las comisiones por transferencias interbancarias. Con seguridad, van a venir más.

Y el problema es que asistiremos a una escalada de propuestas intervencionistas o sobreregulatorias provenientes no solo del sector de la centroderecha congresal, que al menos garantiza cierto acotamiento, sino que las mismas provendrán de la izquierda radical, con posibilidades de éxito en su aprobación en el Pleno.

Se ha instaurado un trueque mafioso entre las diversas bancadas del Congreso, que implica un trasiego de votos: yo te doy mis votos para tu proyecto a cambio de que tú me des los tuyos para el mío. Y sin importar qué tan bueno o malo sea el proyecto de marras termina aprobándose.

Si esto ocurre, además, en una situación en la que el MEF ha perdido toda capacidad de influencia o veto preliminar a tales iniciativas, y que el Ejecutivo en general se termina por allanar a lo aprobado en el Congreso, el panorama que se avecina es preocupante.

Nos esperan dos años de populismo económico desembozado. Las bancadas que van a buscar ser reelegidas para el Senado o Diputados, buscarán a toda costa subir sus índices de popularidad y echarán mano al recurso más manido: aprobar normas demagógicas, sin que les importe un pepino el daño que puedan ocasionar. Simplemente buscarán el supuesto contento del pueblo bajo la falaz idea de que eso les va a subir los bonos para el 2026.

Se espera que entonces, los gremios empresariales y la comunidad académica económica, sepan alzar la voz e impedir el desmadre populista que se avecina. Ya suficiente ha hecho el Parlamento con golpear severamente la institucionalidad democrática para que ahora la emprendan contra el modelo económico que, a pesar de todo, sigue funcionando y sosteniendo al país.

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Ministerio de Economía y Finanzas, Populismo, tafur

Es absurda la intención de prohibir la candidatura de Antauro Humala, reforma constitucional, que al final anoche naufragó en medio del fuego cruzado de intereses con el fujimorismo, que aspira a tener a Alberto Fujimori como carta en una posible baraja electoral (presidencial o parlamentaria), y que no podría haberlo hecho de haberse aprobado la norma.

La pretensión es eliminar la posible aparición de un candidato disruptivo radical, hoy representada por el líder etncocacerista. Pero basta leer con esmero las encuestas para percatarse de que si no es Antauro será otro el que aparezca. De hecho, vamos a tener a uno – si no, dos- candidatos de ese perfil en la segunda vuelta.

En reciente encuesta de Ipsos, el 51% de la ciudadanía considera que a Pedro Castillo, el Congreso le dio un golpe de Estado y el 43% estima que fue Castillo, como efectivamente sucedió. Tamaña distorsión de la realidad solo se explica por una querencia política subsistente a pesar del fiasco que fue el régimen castillista. Si a ello le sumamos la altísima desaprobación de un régimen como el de Boluarte, sostenido por la derecha congresal, y las altísimas cifras de disidencia del gran sur andino, queda más que claro que aparecerá con visos de triunfo un candidato de semejante sesgo.

Eso no se entierra sacando de carrera a Antauro Humala. Si no fuera él sería Guido Bellido, Aníbal Torres o cualquiera que surgiese en el horizonte (la cosa está tan sombría que si Pedro Castillo postulase seguramente pasaría a la segunda vuelta).

La derecha y el centro no la están viendo y actúan con punible irresponsabilidad no solo atizando la fragmentación sino avalando tácitamente a un régimen absolutamente deslegitimado como el de Boluarte. Se están enterrando ellos solos, salvo muy honrosas excepciones.

El fujimorismo es también gran responsable de esa perspectiva porque ha decidido jugar solo el partido, bajo la presunción de que la base electoral sólida que tienen, les alcanza para pasar a la segunda vuelta. Les conviene la fragmentación de la centroderecha y, lo que es más grave, les conviene -parecen creer- que crezca un candidato como Antauro Humala, el que, estiman, el pavor que despierta en sectores importantes de la población, le permitiría esta vez el triunfo de la eterna derrotada, Keiko Fujimori.

Como parte de un miserable trasiego de votos -te doy los míos a cambio de los tuyos para mis proyectos- el Congreso aprobó recientemente el nombramiento automático de 200 mil maestros, sin pasar por concurso de méritos. Cerca de un tercio del total de maestros, lo que no es poca cosa.

El estreno de la meritocracia en el sector educativo proviene desde la época del segundo mandato de Alan García y buscaba, como es obvio, mejorar la calidad docente para que ello redunde, a su vez, en una mejora de la enseñanza, en una mejor educación para nuestros niños y adolescentes. Ello luego fue consolidándose y contábase con la unánime aprobación de los sectores involucrados en la educación (el Sutep es uno de los principales defensores de la meritocracia educativa).

Ello ha sido tirado por la borda. Le ha importado un pepino a la mayoría congresal la cualificación de la educación escolar en el Perú, que ameritaba una mejoría urgente y la continuidad del proceso de reformas iniciado hace más de una década.

Así está funcionando el Congreso. La izquierda y la derecha han firmado un pacto indecoroso por medio del cual se aprueban normas de interés de unos u otros, sumando sus respectivas votaciones, con el objeto de arrasar con la institucionalidad. ¿Qué hay detrás en este caso? La menuda pretensión de la izquierda de engrosar su base de apoyo electoral en esos maestros beneficiados con un nombramiento irregular.

Sin importar la absoluta falta de legitimidad del Legislativo, se está destruyendo buena parte de la poca institucionalidad alcanzada en los últimos años. El caso educativo es flagrante. Primero se tumbaron la Sunedu, después quieren tirarse abajo la reforma universitaria. Y ahora meten las narices en la educación escolar.

«Se buscaría autorizar el nombramiento automático de miles de docentes con más de 3 y 5 años de contratados; lo cual representaría la estocada final para mellar la Ley de Reforma Magisterial, basada en el reconocimiento al mérito y capacidad de los maestros, protegiendo la defensa de una educación de calidad para nuestros niños«, advirtió IPAE Acción Empresarial en reciente comunicado, con el que no quedaba si no coincidir. Lamentablemente, cayó en saco roto.

A la afectación de la institucionalidad democrática que el Congreso viene perpetrando al caballazo con un sinnúmero de proyectos, le suma otros temas de no menor importancia (ley anti ONGs, contrarreforma del transporte, legislación contra el cine, etc.), que a su manera forman parte también del tejido institucional que una sociedad democrática debería albergar.

Se llama infructuosamente a la calle a manifestarse. Lamentablemente, no lo hace. Por temas de menor importancia (ley pulpin, por ejemplo), se armó batahola, hoy ni siquiera los colectivos más conocidos salen a protestar.

No se entiende por qué la apatía. Puede ser un efecto reactivo a la violencia de las protestas del 2022 y 2023, quizás la percepción de que éste es un gobierno de salida, el inicio anticipado de la campaña electoral (ya hasta se lanzan candidaturas presidenciales) o la lejanía que la ciudadanía siente cada vez más de las instituciones democráticas y por eso le importa poco su afectación, pero lo cierto es que de un movimiento callejero importante va a ser difícil esperar algo que frene los arrestos antidemocráticos del Parlamento.

Lo que llama poderosamente la atención, sin embargo, es el silencio de la derecha liberal frente a lo que está sucediendo. Salvo aisladas excepciones, los principales voceros de los nuevos partidos que se están conformando dizque de ese perfil, no se pronuncian al respecto. Lo hace solo la izquierda, capturando el monopolio de la protesta frente al statu quo.

Porque se debe marcar distancia no solo de un Ejecutivo mediocre e incapaz sino también de un Congreso prepotente y antidemocrático, que sin importar su falta de legitimidad, legisla sobre asuntos de vital importancia zurrándose en la opinión pública y en la legalidad, en explícita complicidad con un Ejecutivo maniatado y débil, que solo está interesado en sobrevivir como sea hasta el 2026, a cambio de conceder absolutamente todo.

Este silencio le va a pasar factura electoral a la derecha liberal en gestación. No basta con criticar con acritud a Dina Boluarte. Eso es fácil. También hay que enfrentarse a los todopoderosos partidos que conforman la mayoría congresal, donde van a recibir seguramente dura respuesta. Pero si no están dispuestos a dar esa batalla, mejor que líen sus bártulos y busquen otra ocupación, que las tareas del 2026 en adelante van a requerir no solo claridad ideológica sino también mucho empaque para sobrellevar las reformas, muchas de las cuales van a tener que ver con el desarme de las que este Congreso está aprobando.

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