Pie Derecho

Después del de Castillo, el peor gobierno

Por: 7.12.2023

[PIE DERECHO]  Hoy se cumple un año de la gestión del peor gobierno -después del de Pedro Castillo- desde que volvimos a la democracia el año 2000. Dina Boluarte ha hecho méritos propios para colocarse en ese escalafón por su medianía y falta de perspectivas.

Primero, porque no albergó siquiera el anhelo de emprender alguna gran reforma. En su defensa muchos señalan que no tiene capital político, al no contar con bancada congresal, pero la verdad de los hechos es que cuenta con el respaldo incondicional de la coalición derechista parlamentaria, así que bien pudo coordinar para desplegar, junto a aquella, alguna reforma estructural, de las tantas que se necesitan en el país. Pero de ello nada.

Y si nos retrotraemos a la gestión menuda, propia del quehacer gubernativo de cualquier gestión que asuma el poder en el país, allí tampoco el balance arroja cifras positivas para Boluarte. Eran tres las tareas primordiales que Palacio debía acometer: la crisis económica, la inseguridad ciudadana y la prevención del Niño. Y en las tres sale desaprobada.

En materia económica la inversión privada y la confianza empresarial se han ido al hoyo, y el titular del MEF, de peso político mediano, aparenta no saber qué hacer, creyendo, al parecer, que un shock de inversión pública es capaz de revertir los malos resultados.

En los asuntos vinculados a la seguridad ciudadana, la cosa no solo no ha mejorado un ápice desde que Boluarte asumió el poder hace un año, sino que ha ido para abajo, llegándose a niveles de inseguridad y anarquía estatal nunca antes vistas en nuestra historia republicana. Y al respecto -lo mismo que en materia económica- el gobierno da muestras claras de no tener la menor idea de qué hacer.

En el caso de la prevención del Niño, la única buena noticia es que algunos indicios científicos parecen arrojar la perspectiva de que no será tan fuerte como se temía. Pero sería una gracia divina que ello pueda ocurrir porque lo cierto es que la estrategia del gobierno es una coladera presupuestal que anticipaba ineficacia (apenas un porcentaje mínimo de los dineros destinados a ello han sido efectivamente invertidos).

Lo peor de todo -disculparán la terca insistencia en el tema- es que esta mala gestión le abre las puertas a la izquierda radical para el 2026, como ya algunas encuestan pronostican, con la complicidad de un centro y una derecha pusilánimes que, por lo pronto, no saben tomar distancia del descalabro gubernativo vigente.

Tags:

Dina Boluarte, Panorama Político, Pedro Castillo, Prevención del Niño, seguridad ciudadana

Indulto por la puerta falsa

Por: 6.12.2023

[PIE DERECHO]  Al final de la jornada de ayer, el presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Ricardo Pérez Manrique, emitió una resolución en la que requiere al Estado del Perú que, “para garantizar el derecho de acceso a la justicia de las víctimas de los casos Barrios Altos y La Cantuta, se abstenga de ejecutar la orden del Tribunal Constitucional del Perú (TC), del 4 de diciembre del 2023, en la que se dispone la ‘inmediata libertad’ de Alberto Fujimori, hasta tanto la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuente con todos los elementos necesarios para analizar si dicha decisión cumple con las condiciones establecidas en la resolución de la Corte del 7 de abril del 2022”.

El indulto amañado por el Tribunal Constitucional ha procedido de manera harto irregular. Como bien ha señalado el magistrado Manuel Monteagudo, quien no fuera consultado de la resolución del TC, “todo esto requería un pronunciamiento de fondo que tuviera en cuenta los estándares del sistema interamericano, la legislación peruana, la Constitución. Como lo dije también, no está excluida la posibilidad de acoger una solicitud de indulto, pero con los criterios que correspondan en nuestro ordenamiento”.

Había varios caminos para conseguir la libertad de Fujimori. Uno de ellos era volver a plantear el indulto humanitario, con estándares adecuados. Otro, que el Congreso modificara las leyes para permitir salidas penitenciarias a personas de cierta edad con problemas de salud. Pero no, en lugar de la puerta grande jurídica, se optó por la puerta falsa, y hoy eso coloca al Estado peruano ante la tesitura de desacatar abiertamente el ordenamiento internacional que nuestro texto constitucional reconoce.

Muchos cuestionan con razón la sentencia del juez San Martín contra Fujimori, que con una argucia legal le endilgó delitos de lesa humanidad que no solo no estaban contemplados en nuestro orden legal de entonces sino que no encajarían en los delitos efectivamente cometidos por el expresidente.

Ello es inexpugnable, pero sí podría alimentar consideraciones éticas para otorgarle la libertad a Fujimori, a contrapelo de las comprensibles resistencias de los deudos de Barrios Altos y La Cantuta o los organismos de derechos humanos. Pero ese procedimiento justiciero no puede tramitarse de la forma como se ha querido hacer y por ello, ahora, coloca al gobierno ante una disyuntiva legal insalvable, ya que no puede desconocer impunemente la autoridad de la Corte.

Tags:

Alberto Fujimori, corte interamericana, derechos humanos, Tribunal Constitucional

Un golpe que no puede olvidarse

Por: 5.12.2023

[PIE DERECHO]  A días de cumplirse un año del caricaturesco golpe de Estado perpetrado por Pedro Castillo, aún hay muchas interrogantes por resolver respecto de qué llevó al exmandatario, primero, a tomar esa decisión, y, segundo, a pensar que podía prosperar semejante exabrupto constitucional.

Respecto de lo primero, la gran duda se plantea a propósito de si fue un acto impulsivo motivado por las investigaciones fiscales que lo cercaban o acaso era parte de un plan diseñado desde que asumió el poder y que solo esperaba el momento propicio para desatarse.

Y sobre lo segundo, será menester esperar que las investigaciones en curso respecto de esa jornada del 7 de diciembre del año pasado, esclarezcan finalmente quiénes fueron partícipes y corresponsables del atentado democrático que felizmente abortó. Más de uno, sin duda, participó del hecho, hubo quienes lo alentaron y quienes le aseguraron contar con respaldos que le hubiesen permitido lograr su cometido. A todos ellos les debe caer encima el peso de la ley.

El antecedente más próximo a algo semejante -y respecto del cual casi fue calco y copia- fue el autogolpe fujimorista del 5 de abril del 92, por el cual ha habido varios que han purgado condena. En el de finales del 2021 aún falta mucha tela por cortar, mucho terreno por desbrozar.

No puede pasarse por agua tibia lo sucedido. Lo que se quiso hacer fue un delito mayúsculo y Pedro Castillo, dada su poca envergadura política, no puede haber actuado solo sino que debe haber habido, sin duda, una trama siniestra y oculta detrás.

Ojalá esta guerra civil desatada al interior del Ministerio Público no afecte las investigaciones en curso y se sepa toda la verdad de lo sucedido y que todos los responsables, directos e indirectos, terminen en la cárcel, donde les corresponde estar.

La democracia peruana es precaria y a pesar de vivir el periodo más largo, en toda su historia republicana, de sucesiones constitucionales, no ha logrado consolidarse como modelo político a seguir y no goza, por ende, de la legitimidad social que correspondería. Mayor razón para castigar a quienes la violentan o intentan hacerlo.

Tags:

Golpe de estado, investigaciones, justicia, Pedro Castillo

Fiscales ciegos frente a las verdaderas mafias

Por: 4.12.2023

[PIE DERECHO]  Según el libro “Las economías criminales y su impacto en el Perú” publicado en diciembre del 2022 y elaborado por Capital Humano y Social en cooperación con Fundación Konrad Adenauer Stiftung (KAS), las economías ilegales mueven al menos (piso estimado) US$6.657 millones al año en el país. Según otros estudios, el monto es significativamente mayor.

La mayor parte es generada por la minería ilegal de oro (US$1.777 millones), seguida por la trata de personas (US$1.300 millones) y el tráfico ilícito de drogas (US$1.134 millones). También se contempla las categorías de tala ilegal (US$880 millones), extorsión (US$530 millones), pesca ilegal (US$300 millones), contrabando (US$234 millones), piratería de software (US$209 millones) y tráfico de terrenos (US$143 millones). Es un mínimo calculado, pero todo apunta a que las cifras son superiores.

Se sabe que buena parte de ese dinero se va en pagar sobornos a todas las autoridades que puedan afectar su negocio (policía, fiscales, jueces, alcaldes, gobernadores regionales, funcionarios públicos,, congresistas, etc.). Lo que es más grave, se conoce a ciencia cierta que financian campañas electorales con ingentes recursos a cambio de que luego se aprueben normas que los beneficien o se dejen de aprobar las que los perjudican. Es, claramente, un trueque mafioso.

La pregunta es qué hace la Fiscalía al respecto. Cientos de fiscales distraen años de esfuerzo, con miles de horas-hombre, decenas de viajes, en perseguir algunos millones de dólares de aportes de campaña de empresas formales a diversos partidos políticos, cuando eso no era delito de lavado de activos en la época que se produjeron, en lugar de abocarse a la verdadera incursión mafiosa de los dineros sucios de las actividades claramente ilegales en la política peruana. Allí, no se hace nada.

Se van a caer en el Poder Judicial todos los casos que vinculan los aportes de empresas como Odebrecht a las campañas electorales, cuando no se haya probado intercambio ilícito (el único caso que se ajusta a ello es el de Susana Villarán) y, por ende, saldrán libres de la persecución centenares de personas que tuvieron la mala fortuna de participar en el proceso y que llevan años de años perseguidos por fiscales enfebrecidos en hallar allí la prueba madre de la corrupción en el Perú.

Y mientras tanto, la verdadera entraña mafiosa, que amenaza con contaminar los basamentos de la democracia -la representación política-, en base a la injerencia abierta y descarada de dineros provenientes de actividades de economías delictivas, y que, por ende, sí constituyen lavado de activos, no es tocada ni con el pétalo de una rosa por los atribulados fiscales anticorrupción.

Tags:

crimen organizado, Delincuencia organizada, economías ilegales, Minería Ilegal, tráfico ilítico de drogas, trata de personas

Bajo ataque de las mafias económicas

Por: 3.12.2023

[PIE DERECHO]  El ataque de una banda de delincuentes a la mina La Poderosa, en La Libertad, causando la muerte de nueve trabajadores, el mismo que, según las pesquisas iniciales, habría sido digitado por la minería ilegal que opera en la zona, pone una vez más de relieve la urgencia de combatir las mafias económicas que actúan impunemente en el país y que han logrado escalar no solo su campo de acción delictivo, sino infiltrar prácticamente a todo el Estado peruano y sus instituciones, poniéndolas a su servicio.

Según información aproximada, la minería ilegal en el país mueve alrededor de US$ 4,000 millones anuales, dinero suficiente para sobornar policías, fiscales, jueces, autoridades locales, funcionarios públicos y congresistas funcionales a sus intereses.

Si a ello le sumamos las economías delictivas del narcotráfico, la trata de personas, el contrabando, la explotación ilegal de madera (en San Martín, hace unos días acaban de asesinar al defensor ambiental contra la tala de los bosques, Quinto Inuma) y otras, entenderemos que estamos enfrentando un poder inmenso con un Estado famélico, incapaz de actuar a la altura del tremendo desafío de derrotar este proceder criminal que hace tiempo ha decidido atacar la economía formal, porque con ella viene el Estado y todo lo que la espanta. Ese es el sentido y objetivo último de este ataque sanguinario de ayer.

Si además agregamos las bandas delincuenciales que extorsionan a pequeños empresarios obligándolos a pagar cupos onerosos solo para poder sobrevivir con su esfuerzo de inversión, calibraremos la urgencia de colocar en el primer lugar de la jerarquía de problemas a atacar, éste de la delincuencia organizada.

Al respecto, este gobierno y el vigente Congreso han abdicado de sus tareas primordiales. El Estado peruano mismo ha olvidado que su propia existencia depende de que se respete la cláusula primera del contrato social, que consiste en otorgarle el monopolio de la fuerza al ente público. Sin ello, no hay convivencia pacífica posible y nos encaminamos a la anarquía, la peor de las situaciones para la supervivencia y fortalecimiento de la democracia y el capitalismo, la fórmula combinada que es la única que ha probado su eficacia para construir una sociedad moderna y libre.

A los candidatos a ocupar el poder en las próximas elecciones hay que anteponerles la exigencia de que presenten un plan serio y estudiado para resolver este problema, el mismo que amenaza con llevarse de encuentro la democracia peruana.

–La del estribo: a ver Cisnes, con Mirella Carbone y Raffaella Cúneo, bajo la dirección de Alberto Isola. Como reza la reseña oficial, se trata de “una historia de pasión, música y redención. Espectáculo de teatro danza a partir de fragmentos de Savannah Bay de Margueritte Duras, Sonata de otoño de Ingmar Bergman y El lago de los cisnes de Piotr Ilich Tchaikovsky”. Va en el Centro Cultural de la PUCP solo hasta el próximo domingo 10 de diciembre. Entradas en Joinnus y en la web del propio CCPUCP.

Tags:

Delincuencia organizada, Infiltración en el Estado, Mafias económicas, Mina La Poderosa

Escándalo fiscal y deterioro democrático

Por: 2.12.2023

Es una lástima -y tendrá graves consecuencias políticas- que la Fiscal de la Nación, cuyo proceder permitió que el nefasto Pedro Castillo dejara el poder (si no se hubiera visto acorralado por las investigaciones fiscales probablemente no hubiera precipitado el sainete de golpe que perpetró y seguiría hasta hoy cometiendo latrocinios en Palacio), esté involucrada hoy en el escándalo por todos conocido.

En las próximas horas se sabrá el desenlace final, si Patricia Benavides se aferra al cargo gracias a una medida cautelar, o si la Junta Nacional de Justicia la suspende, pero más allá de cuál sea el final de esta historia, ya la institucionalidad fiscal está dañada irremediablemente, y en ese proceso mella aún más la imagen del Congreso, y suma a la Defensoría del Pueblo y, quizás, hasta al propio Ejecutivo.

La llamada institucionalidad democrática, que ya estaba sumamente desprestigiada, según todas las encuestas, sufre un duro golpe con lo sucedido esta semana y generará consecuencias políticas claras y perniciosas.

Suma a los factores que desde ya vienen consolidando la pronta irrupción en el escenario político y electoral peruano de un candidato antiestablishment. Por lo pronto, ya el propio Pedro Castillo está queriendo aprovechar políticamente las desventuras de la Fiscal de la Nación, para sumar simpatías a su favor (véase su retahíla de tuits al respecto).

No tiene buen pronóstico la democracia peruana. La crisis política estrenada el 2016, cuando el keikismo decidió, por razones pueriles, destruir la posibilidad de una gobernanza de derecha eficaz y viable, se ha ido ahondando con el paso del tiempo, y no hay país que aguante, incólume, tantos años de crisis institucional.

Las consecuencias son de corto plazo. Por ejemplo, la destrucción de la confianza empresarial se debe, es cierto, a la impericia de un MEF precario, pero, sobre todo, a la crisis política. Pero es en el largo plazo que vamos a sufrir el mayor daño. Como si hubiera una mano diligente moviendo la cuna en ese sentido, los hechos acontecen, uno tras otro, en favor de la construcción de un escenario de imprevisibles efectos no sólo económicos, sino, sobre todo, políticos y sociales.

Tags:

Candidato antiestablishment, Consecuencias políticas, Crisis política, Institucionalidad democrática

Suicidio de la derecha

Por: 30.11.2023

[PIE DERECHO] La derecha está actuando muy irresponsablemente respecto de las perspectivas electorales venideras. Egos sobredimensionados, apetitos personalísimos y supina indolencia y miopía respecto de los ánimos populares, la están llevando a cometer un suicidio masivo que solo va a beneficiar a las fuerzas radicales de izquierda, que ya se preparan para tomar por asalto el poder, esta vez, inclusive, con mayoría parlamentaria.

En nuestra columna de ayer hicimos un conglomerado de la situación psicopolítica de la ciudadanía y concluimos, en base a las encuestas detalladas, que se cocina a fuego lento, pero irreversible, un escenario propicio para la aparición de uno o más candidatos radicales disruptivos que podrían, inclusive, ser los protagonistas finales de la definición electoral.

Esta semana, una encuestadora ha revelado, a un auditorio cerrado, que un porcentaje significativo de la población podría inclinarse por una candidatura como la de Aníbal Torres -a quien no teníamos en el radar- y que, inclusive, Pedro Castillo, de postular al Congreso -cosa que sí podría hacer a pesar de su condición penitenciaria- entraría con porcentajes superiores al 20% de la votación (hasta podría ser el parlamentario más votado).

Mientras ello sucede, en tanto la crisis política, económica y social, pone los cimientos del candidato antiestablishment, mientras diversos líderes de la izquierda radical recorren el país, villorrio por villorrio, la derecha se aboca a divagar en canales de cable o en prensa escrita limeña, creyendo que está haciendo alta política.

Ya hemos visto de lo que es capaz la izquierda, con el nefasto gobierno de Castillo, ya lo hemos apreciado, a más largo plazo, con el desmontaje paulatino del modelo económico construido en los 90, lo hemos sufrido con la politización banal de la justicia y su uso persecutorio.

¿Eso queremos para el futuro? ¿Una razzia de toda la derecha, conservadora y liberal, por parte de la izquierda, esta vez con las mañas aprendidas en su corto paso por el poder? Hay que recordar que un improvisado gobernante como Castillo logró controlar el Congreso y casi lo logra con las Fuerzas Armadas (se demoraron horas en tomar una decisión, que debió ser instantánea, respecto del golpe del 7 de diciembre, hay que recordarlo).

Tags:

Candidatos Disruptivos, Crisis política, Izquierda Radical, la derecha

Abriéndole el camino al candidato antiestablishment

Por: 29.11.2023

[PIE DERECHO] De acuerdo a Ipsos, 83% desaprueba la gestión de Boluarte; el IEP indica un 85%; Datum, 84%; un 82% desaprueba al Congreso, señala Ipsos; 91%, según IEP; ¿qué sentimientos le genera el Perú?, pregunta Ipsos: las respuestas son pena, 37%; decepción, 34%; impotencia, 28%; frustración, 26%; vergüenza, 21%; incertidumbre, 17%; rabia, 17%.

En diciembre del 2022, revela IEP, el 50% de la población se sentía insatisfecho con la democracia y un 30% muy insatisfecho, un 80% sumando ambos conglomerados; según la propia encuestadora, un 38% avalaría un golpe militar; el índice de optimismo/pesimismo que regularmente mide Ipsos, nos muestra una sensación de que el Perú está retrocediendo de parte del 65% de la población, un nivel solo superado por la que existía antes de que se capturara a Abimael Guzmán y se resolviera la hiperinflación delirante de Alan I.

Ipsos mide para el Latinobarómetro el grado de satisfacción con la democracia. Estamos en la cola, con apenas 8%, mientras que el promedio regional es de 28%. Nos ubicamos peor que Venezuela. Una pregunta, para la misma medición, que es dinamita: ¿diría que el país está gobernado para unos cuantos grupos poderosos en su beneficio o que está gobernado para el bien de todo el pueblo? Un 90% de peruanos se inclina por lo primero, encabezando la funesta percepción en la región, solo empatados por Paraguay.

El 67% de la población considera que el modelo económico ha sido un fracaso, revela Ipsos. Es verdad que en detalle la gente asocia el modelo económico no al manejo fiscal o monetario, a la libertad de empresa o a la economía de mercado, sino a temas como la salud o la educación pública, o la corrupción, pero igual es un indicativo de su opinión del statu quo.

En diciembre del 2022, Ipsos preguntó por cuál candidato votaría uno en las próximas elecciones presidenciales. Encabezando la lista, con 18%, Antauro Humala, seguido de Keiko Fujimori con 14%. Preguntada la ciudadanía por una segunda vuelta entre ambos candidatos, en ella ganaría el excéntrico etnocacerista.

Si a ello le sumamos la permanente crisis institucional -hoy detonada con el terremoto de la Fiscalía de la Nación-, la crisis económica, y la crisis social expresada en la inseguridad ciudadana, ¿puede alguien dudar de que el terreno está abonado para el surgimiento, apabullante, de un candidato disruptivo, abiertamente antiestablishment?

Tags:

Candidato Disruptivo, Crisis Democrática, desaprobación, Encuestas

Adelanto de elecciones, la única salida

Por: 28.11.2023

[PIE DERECHO] La situación de entrampamiento que ha generado la crisis de la Fiscalía de la Nación, al descubrirse el trasiego de votos parlamentarios a cambio de impunidad para un grueso número de congresistas, la decisión de Patricia Benavides de no renunciar, la imposibilidad de la Junta Nacional de Justicia de removerla, la implicación del Ejecutivo en el “juego de tronos” puesto de manifiesto detrás de las broncas internas del Ministerio Público, solo se va a resolver con una salida política, más allá de lo legal.

El tejido institucional del país está colapsado, el descrédito ciudadano de prácticamente todas las instituciones vigentes es enorme, la democracia se ha convertido en una quimera formal, la crisis política destruye la confianza empresarial para invertir, no hay salida a la crisis económica mientras ello perdure, el país se desangra con una pésima gestión ejecutiva del gobierno, en suma, una coalición de factores que lo único que permiten avizorar es que la situación va camino a empeorar.

Y el riesgo mayor es que esa pendiente de deterioro nos conduzca a unas próximas elecciones generales en las que el ciudadano vote con el hígado, repitiendo la debacle del 2021, en las que un candidato funesto, como Pedro Castillo, terminó de presidente, con los resultados consabidos. Al paso que vamos, si se mantiene el gobierno de Dina Boluarte hasta el 2026, el escenario va a ser peor.

Hoy más que nunca recobra sentido resetear el escenario. Y eso pasa por adelantar las elecciones generales, tanto presidenciales como congresales. Ello no resuelve la crisis institucional del Ministerio Público, de la Defensoría del Pueblo ni de la Junta Nacional de Justicia, pero abre un escenario bajo el cual, todos esos problemas pueden ser afrontados por una clase política nueva y no con la deleznable que hoy nos rige.

Lo más expeditivo sería que la presidenta Boluarte, consciente de sus limitaciones, renuncie y precipite un adelanto de elecciones, pero queda claro que ella está muy lejos de evaluar siquiera esa salida. Bueno, pues, que el Congreso, ampayado en triquiñuelas ilícitas, tome consciencia de la magnitud de la crisis y proceda a la vacancia presidencial por el tema de los muertos en las protestas, que más allá de la torpe maniobra de la fiscal Benavides, sí es un asunto que golpea la línea de flotación del régimen.

Y que sea un nuevo Congreso el que limpie la cancha y reconstruya la institucionalidad dañada del país. No se avizora otra salida a la crisis institucional del Perú. Podría irnos peor, sin duda, es un riesgo, pero al menos sabemos, a ciencia cierta, que si seguimos como estamos, vamos camino al abismo.

 

Tags:

Adelanto de elecciones, Crisis institucional, Democracia en riesgo, Fiscalía de la Nación
Página 12 de 126 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126
x