Pie Derecho

Cae la aprobación de Castillo de 40 a 35% en un mes, y su desaprobación crece de 42 a 48%, según la última encuesta del IEP publicada hoy en La República. Un desastre político por donde se le mire. Es claro efecto de los dislates y contramarchas de un Primer Mandatario, a quien el cargo definitivamente le ha quedado grande.

El país se puede volver prontamente ingobernable si el Ejecutivo, de la mano de Mirtha Vásquez, cuyo gabinete tiene mayor respaldo que el Presidente (43%), no traza un plan de políticas públicas claras y rotundas que compensen el rumbo errático y contraproducente del Presidente.

Ya vemos cómo empiezan a estallar conflictos sociales en distintas zonas del país, por ahora enfocadas contra inversiones mineras, pero ya se anuncian protestas de diversa índole; la economía no tiene cómo crecer más del 2% anual, a partir del 2022 (tasa insuficiente siquiera para absorber la nueva mano de obra que entra al mercado), y se generará mayor desempleo, menor inversión y, por ende, mayor pobreza; la política se va a seguir enrareciendo: por pura sensatez de la oposición congresal lo más probable es que le otorguen la confianza al gabinete Vásquez, pero no hay puentes tendidos por parte del Ejecutivo y las relaciones entre ambos poderes probablemente se sigan deteriorando.

Si a ello le sumamos que pronto viene la tercera ola pandémica, y nos cogerá nuevamente sin la preparación debida, en camas UCI y oxígeno, otra vez se generará en el país la tormenta perfecta de crisis (sanitaria, económica, política y social), que ya hizo que el país patease el tablero electoral y eligiese a un candidato disruptivo antiestablishment y que, ahora, ya con el outsider en el poder, arremeterá con furia por la decepción de un gobierno mediocre a todas luces. Y ya no habrá elecciones para desfogar el malestar ciudadano.

El riesgo de un estallido social, a lo Chile o a lo Colombia, no lo corren solamente los gobiernos de derecha. También lo han sufrido gobiernos de izquierda (Venezuela, Bolivia, Ecuador de Correa en su momento, etc.), y como vamos, nos conducimos a pie firme hacia un escenario proclive a ese estado de cosas. Por pura incompetencia de un gobierno signado por la medianía y la improvisación.

La del estribo: recomendable Dos de Ribeyro (Confusión en la prefectura y El último cliente), dos obras teatrales de nuestro notable cuentista, bajo la dirección de Alberto Isola y las actuaciones de Javier Valdéz, Sandra Bernasconi y Roberto Ruiz. Va todo el mes, de viernes a domingo, en el entrañable Teatro de Lucía.

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aprobación, Presidente Castillo, Últimas encuestas

1.- Dar el voto de confianza al gabinete presidido por Mirtha Vásquez. Hay que saber distinguir lo que ella representa respecto del impresentable gabinete Bellido. Es una superación cualitativa y no cabe gastar una bala de plata tontamente. Con la nueva ley de la cuestión de confianza, el Ejecutivo casi no puede utilizar esa arma para arrinconar al Congreso. Sería torpe e insensato gastar una de las dos que tiene el Legislativo en bajarse a un gabinete que, por el contrario, hay que ponderar respecto de lo que significa en materia política. No darle el voto de confianza a Mirtha Vásquez sería hacerle el juego a Vladimir Cerrón.

2.- Proceder a la censura de ministros como el del Interior y el de Educación. Ofenden el sentido común que se mantengan en sus puestos. Ir de uno en uno cuando la situación lo amerite, como en este caso, que se justifica sobradamente. Un ministro prococalero y otro pro Movadef no pueden estar un día más en el gabinete ministerial.

3.- Coordinar estrechamente. A nivel de los voceros de las bancadas de oposición (Acción Popular, Alianza para el Progreso, Fuerza Popular, Renovación Popular, Avanza País, Podemos, Somos Perú-Morados) o de los propios líderes de las mismas. Hacerlo con regularidad y construir así un muro de contención respecto de eventuales despropósitos de un Ejecutivo tan dado a ellos.

4.- No otorgar las facultades legislativas que en materia tributaria, fiscal, financiera y de reactivación económica ha presentado el Ejecutivo. Demasiada ojeriza -literalmente hablando- destila el titular del MEF como para entregarle carta blanca. Que presente sus proyectos uno por uno y se evaluarán en esa misma perspectiva.

5.- Ponerse de acuerdo para que los 88 votos que estas bancadas tienen alcancen para coordinar los nombres de los seis magistrados del Tribunal Constitucional a ser elegidos en marzo. Lo ideal sería que se vote en bloque y no individualmente para evitar los recelos y las sorpresas.

6.-  Acercarse a Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva, BCR, y pedirle que él sugiera los tres nombres de los economistas o profesionales que desea para completar el directorio del instituto emisor. Y votar por ellos en bloque asegurando así un buen manejo de la política monetaria para los siguientes cinco años.

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agenda, Ministro de educación, ministro del Interior, Mirtha Vasquez

La opinión pública ha centrado su atención negativa sobre todo en el ministro del Interior, Luis Barranzuela, pero le ha puesto mediana intensidad a recalar en lo que se viene haciendo en un portafolio crucial como es el de Educación, y con su titular, Carlos Gallardo.

En conferencia reciente, el ministro de Educación, en la práctica, anunció la sepultura de la reforma magisterial y en particular de la evaluación meritocrática -una de las mejores y mayores reformas que se habían efectuado en un sector carente de manejos visionarios o de largo plazo-, asentó sus vínculos con Fenate, sindicato apócrifo vinculado al Movadef y, lo que coronó la fiesta, soslayó la urgencia de reiniciar las clases presenciales en el país.

Gallardo es un incompetente mayor. Carece de autoridad y de criterio para manejar una de las carteras en las que un gobierno de izquierda debiera marcar la diferencia respecto de las administraciones de derecha, que suelen no prestarle mayor atención a las políticas públicas básicas, sobre todo las de salud y educación.

A este paso, uno llega a preguntarse, con razón, para qué tanto esfuerzo del ministro de Economía, Pedro Francke, por incrementar el presupuesto vía una reforma tributaria, si uno de los sectores receptores de ese incremento recaudatorio, va a ser un portafolio pésimamente administrado por alguien que claramente no está calificado para el cargo.

El Congreso va a tener que tomar cartas en el asunto. El camino de la interpelación y la censura -o la censura directa- se impone más en este caso que en el de Barranzuela, siendo ambos, ministros que no merecen ocupar un asiento en el consejo ministerial.

La educación pública es uno de los pilares de la inclusión ciudadana y de la mayor equidad social. En la educación pública debieran invertirse los excedentes del éxito macroeconómico del país. Pero ello requiere mano diestra para conciliar intereses propios del sector y generar consensos que permitan sobrellevar la reforma que hasta el momento se ha desplegado, profundizándola y extendiéndola.

No se puede tolerar a un ministro contrarreformista, puesto en el cargo, al parecer, solo para beneficiar a un sindicato radical que quiere aprovechar el poder político del Presidente para trazar una ruta de dominio y de hegemonía en el magisterio, siendo, en esa perspectiva, Gallardo, un monigote que piensa más en ello que en el bienestar de millones de niños y jóvenes, cuyas familias claman por recibir una educación digna, competitiva con la educación privada que solo los afortunados pueden pagar.

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Congreso de la República, fenate, Luis Barranzuela, ministro del Interior, Movadef, Pedro Francke, Presidente Castillo

Va a ser muy difícil que el Congreso apruebe la solicitud de delegación de facultades legislativas en materia tributaria, fiscal, financiera y de reactivación económica que el Presidente y la Premier han remitido ayer al Parlamento.

El proyecto demuestra consistencia y detalla, en una amplia exposición de motivos, las razones que fundamentan su solicitud. En principio, queda claro, que el gobierno apunta a un mayor peso fiscal, sea por controles de evasión o elusión, como aumento de algunos impuestos. Es, por cierto, lo que el ministro Francke se la ha pasado anunciando durante toda la campaña electoral y en esa medida no llama a sorpresa.

El problema entre manos, sin embargo, es político. ¿Cómo confiar en que el Presidente no se entrometerá en asuntos económicos que no le competen y termine generando alguna norma Frankenstein que distorsione el espíritu y el sentido del paquete que quiere aprobar el MEF?

Los exabruptos presidenciales dejan honda huella en el sector empresarial, que inmediatamente activa recelos y temores, quizás algo exagerados, pero entendibles dada la retórica inflamada que hasta hace poco exhibía el ala cerronista del régimen y el afán no descartado del Presidente de desplegar una ruta hacia la Asamblea Constituyente.

En esa medida, va a ser necesario que el ministro Francke se prodigue en los medios y eventualmente ante el Congreso a explicar con el mayor detalle posible sus proyectos, o que eventualmente los explicite aún más de lo que ya lo están en el proyecto presentado, de modo tal de reducir la incertidumbre.

Es verdad que el Congreso, a posteriori, puede corregir, anular o derogar las normas que el Ejecutivo apruebe en base a la delegación de facultades, pero ello no reduce la inquietud existente en muchas bancadas respecto de las sorpresas o bombas que desde el gobierno se puedan perpetrar en las materias señaladas (tributaria, fiscal, financiera y de reactivación económica).

A ver si este escenario termina de convencer al Primer Mandatario de la urgencia imperativa de que controle su irresponsable verbo, que entienda que está frente a una realidad política que lo contiene (un Congreso mayoritariamente opositor) y que, en esa medida, necesita mostrar tino y cautela. Los que pueden terminar pagando las consecuencias de su inimputabilidad política son la Premier, con el voto de confianza, y el ministro Francke, con la delegación de facultades.

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Congreso de la República, Facultades legislativas, MEF

La izquierda moderna y progresista, eventualmente hasta liberal, tenía una oportunidad de oro con el triunfo de Castillo para asentar sus posturas, marcar su cancha, y establecer una buena plataforma de acción para las elecciones futuras.

Pero el affaire Bellido-Cerrón terminó por desbaratar cualquier posibilidad en ese sentido. Porque una cosa es respaldar al gabinete que preside Mirtha Vásquez, con quien claramente comulga, y otra hacerlo con el anterior, cuando se tragó piedras de molino, sin rubor ni remilgo.

Por eso, los ataques que recibe provienen de ambas orillas del espectro ideológico, tildándola de acomedida y acomodada, que por una cuota de poder es capaz de digerir el peor de los sapos.

En particular, resalta el caso de Verónika Mendoza, que no solo concilió con  las posturas extremistas infantiles del cerronismo sino que las alentó y apoyó en medio de la primera crisis del régimen (en la famosa reunión en la calle Roma, la residencia del ministro de Justicia, Aníbal Torres, cuando se le pidió a Cerrón su alejamiento y la salida de Bellido: Mendoza respaldó, increíblemente, al exgobernador de Junín).

Se cargan mucho las tintas respecto de la urgencia y necesidad imperativa de que cuaje una derecha liberal, distinta a la versión mercantilista, conservadora y autoritaria que lamentablemente crece y medra a su alrededor, pero poco se dice respecto de la misma necesidad y urgencia de que en la izquierda florezca una opción semejante, no sólo democrática sino respetuosa de la economía de mercado (se puede ser de izquierda y respetarla).

Hasta el momento, su presencia en el gobierno constituye islotes que no se la juegan en defensa de sus postulados. No está en el poder, por lo que se ve, para plasmar una opción ideológica, sino simplemente, al parecer, para aprovechar todos los resquicios que Castillo y su cúpula le permiten por defección del ala radical cerronista.

Así, grita el silencio de esa izquierda cuando el Presidente lanza un disparate catedralicio, como el de la estatización de Camisea, que tanto daño produce en la comunidad inversora del país. El mutis es absoluto. Ni una sola manifestación divergente ni un pedido interno de rectificación. La izquierda light se está achicharrando en este gobierno por su docilidad política, sus afanes de poder por el poder, y su sometimiento a cualquier despropósito que desde Palacio se anuncie o se perpetre.

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Camisea, izquierda moderna, Presidente Castillo, Vladimir Cerrón

Mientras la Premier, Mirtha Vásquez, se presentaba ante el Congreso para pedir el voto de confianza, y hacía esfuerzos para desplegar un programa de gobierno, si bien de izquierda (como legítimamente le corresponde), respetuoso del Estado de Derecho y de la Constitución, el presidente Castillo no tuvo mejor idea que atizar el fuego de la confrontación, reclamándole al Legislativo que sacara una ley para estatizar Camisea e insistiendo en el caprichoso tema de la Asamblea Constituyente.

El Presidente no parece ser consciente del inmenso daño que producen sus palabras en el mundo del inversor privado, que teme que en algún momento su gobierno vaya a seguir una senda radical de estatizaciones y afectaciones a la propiedad privada, en medio de una batahola política que busque tirarse abajo la Carta Magna del 93, cuya mayor virtud es que es, precisamente, un baluarte jurídico en contra de populismos o estatismos económicos.

Por supuesto, ese camino está prácticamente vedado, dada la conformación pro establishment mayoritaria en el Congreso. Castillo solo tiene 52 votos en el Parlamento y claramente no le alcanzan para sus eventuales propósitos radicales. Y el camino del referéndum directo convocado en base a la recolección de firmas es claramente inconstitucional y el Tribunal Constitucional se bajaría en una, cualquier intento de ir por esa senda.

Castillo está, pues, felizmente atado de manos y en esa medida, la senda de la mediocre moderación que hoy exhibe, probablemente será la moneda común establecida a lo largo de todo su periodo, pero la sensibilidad inversora es alta y cualquier atisbo de saber que habita las esferas del poder un enemigo, afecta sobremanera el flujo de inversiones que, a la vez, el Perú y este gobierno necesitan que se despierte.

No merece Mirtha Vásquez que el lenguaraz Presidente le complique la vida, de modo de generar, eventualmente, que el Congreso le niegue la confianza, se lleve de encuentro todo el gabinete y se genere una nueva crisis política en poco más de cien días de gobierno. Ojalá prime la sensatez en el centro parlamentario.

Castillo es políticamente inimputable. Es muy básico y de alcances medianos. En esa medida, desde la oposición y desde el país habrá que acostumbrarse o resignarse a que irrumpa cada cierto tiempo con algún exceso o disparate, con algún nombramiento extraño que se deberá tratar de corregir, o con alguna declaración altisonante, que traerá más ruido que nueces. Así será el gobierno de izquierdas que tenemos en mala suerte.

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Asamblea Constituyente, Castillo, Mirtha Vasquez

La centroderecha debe olvidarse de la ilusión de un recorte del mandato del presidente Pedro Castillo y trazar una estrategia social y política que contemple el 2026 como horizonte de recambio.

Debe, por supuesto, mantenerse alerta. No es improbable que la volatilidad ideológica de Castillo lo lleve nuevamente a reconducirse a un escenario radical, con una estrategia de confrontación, con la vuelta de Cerrón y allegados, y nuevamente el énfasis inmediato en una Asamblea Constituyente. En ese escenario, la centroderecha debe volver a considerar la vacancia como herramienta defensiva, y solo en ese caso. La reciedumbre opositora dependerá de la sensatez gubernativa.

Pero si se consolida el nuevo escenario en el que estamos y del que probablemente no nos movamos por un buen tiempo, y quizás todo el lustro, lo que veremos será un gobierno de izquierda tratando de reconstituir algunos términos del modelo económico y poniendo el énfasis -en el mejor de los casos- en sectores como salud y educación.

Vista así la perspectiva, lo que corresponde es asumir democráticamente la legitimidad del régimen, asegurarse de una fiscalización constante y, sobre todo, de diseñar una estrategia conducente a que el 2026 no vuelva a ocurrir que un disruptivo de izquierda se alce con el triunfo.

Eso pasa por un trabajo ideológico insistente y pertinaz, pasa por la reconquista del mundo andino para la centroderecha (Puno y Junín son regiones estratégicas), pasa por la renovación de cuadros políticos, pasa por tener presencia importante en las elecciones regionales y municipales del próximo año, etc.

Fuera del hito pandémico, que trastocó todo el tablero político e ideológico del país, las encuestas siguen revelando que el país está inclinado -sigue estándolo- hacia el centro y la derecha, muy por encima de las opciones de izquierda. Resulta casi imposible que se repita la tormenta perfecta de crisis de este año (sanitaria, económica y política) que permitió que alguien como Castillo ganase la elección, y si a ello le sumamos el natural desgaste que va a tener la izquierda luego de un gobierno tan mediocre como el que padecemos, lo más probable es que el 2026 la centroderecha recupere sus fueros.

Pero hay que trabajar en ello. No dilapidar energías en intentos cuasi golpistas de vacancias irracionales y dedicarlas, más bien, a construir plataformas sociales y políticas que le permitan llegar, a futuro, a ese crucial proceso electoral, en mejor pie que con el que llegaron este año aciago para sus propósitos.

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2026, Cerrón y allegados, Pedro Castillo, Vladimir Cerrón

Sería una insensatez, políticamente suicida, que la oposición congresal le niegue la confianza al gabinete presidido por Mirtha Vásquez y que mañana se presenta ante el Pleno.

Corresponde leer con propiedad la nueva realidad política. La salida de Bellido del Premierato y la ruptura con Cerrón constituyen claramente un alejamiento, por parte del régimen, de la lógica de la confrontación ideológica y política, y en la práctica suponer arriar, al menos temporalmente, las banderas de la refundación socialista y constitucional del país.

Frente a esa nueva realidad, cabe, valga la redundancia, realismo. No es lo mismo el gobierno actual que el de hace algunas semanas. Y lo que inteligentemente corresponde a la oposición es tenderle un puente de plata a los arrestos moderados del régimen, que si bien no lo conducen al centro sino a una reafirmación izquierdista (la propia Premier es claramente de izquierda), despliega una opción más sensata y viable.

Hay un par de ministros que no merecen la confianza, es verdad. Puntualmente hablamos de los titulares del Interior y de Educación. Pues, a por ellos, que la posibilidad de interpelarlos y censurarlos la tiene a mano el Congreso, más aún ahora que el Ejecutivo ya no puede hacer cuestión de confianza por tales circunstancias.

Pero en términos globales, sobre todo el centro, debe apartarse de la lógica vacadora, lindante con el golpismo, que un sector de la derecha, fuera y dentro del Congreso, promueve a toda costa, sin importar razones.

A Castillo se le puede vacar, claro que sí, es un derecho congresal constitucionalmente establecido. Pero solo cabría ante una situación de abierta inmoralidad o sospechas fundadas de ella por parte del Primer Mandatario, o porque políticamente pretenda tirarse abajo el Estado de Derecho forzando una caprichosa disolución del Congreso para llegar, al final, a la convocatoria de una Asamblea Constituyente corporativista, que supondría el fin de la democracia y el modelo económico, de cuyas virtudes hemos gozado las últimas décadas.

Pero ni lo uno ni lo otro está cerca de ser realidad ahora. Por el contrario, la ruptura con Cerrón aleja al régimen de esa eventualidad. Esa realidad política debe ser correctamente leída por la oposición y no jugar irresponsablemente a la reciedumbre, cuando no es el momento de hacerlo. Lo era hace unas semanas, no ahora.

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Cerrón, Mirtha Vasquez, Premier

El ministro de Justicia, Aníbal Torres, ha ratificado en una reciente entrevista televisiva en el programa de Juliana Oxenford, que no está en los planes actuales del gobierno plantear la reforma de la Constitución a través de una Asamblea Constituyente.

Es una buena noticia para la gobernabilidad democrática del país que un gobierno que no tiene mayoría en el Congreso y que, además, en la primera vuelta electoral obtuvo apenas el 18.9% de la votación, se dé cuenta de que no tiene los fundamentos políticos para refundar el país.

Hubiera supuesto cruzar un Rubicón de insospechadas consecuencias. En la República romana, las legiones militares, cuando regresaban triunfales de una guerra, antes de entrar a Roma debían cruzar el río Rubicón, y para hacerlo dejaban sus armas en las afueras y de esa manera transmitían el mensaje de que ingresaban en calidad de ciudadanos respetuosos de la República. Julio César, en el 49 ac rompe con esa tradición y cruza con sus legiones armadas, rompiendo los cánones republicanos y sentando las bases para la fase imperial de la Roma antigua. Destruye la República.

Castillo no tiene los recursos legales para reformar la Constitución. No tiene 87 votos para, en dos legislaturas, lograr cambiarla, ni 66 para hacerlo en una primera legislatura y refrendarla luego en un referéndum. Solo podía hacerlo forzando al Congreso con cuestiones de confianza, por ejemplo, por la reforma del artículo 206, hasta obtener su disolución.

Hoy ya no lo puede hacer. La ley aprobada por insistencia por el Congreso excluye la posibilidad de plantearlas para temas relativos a “la aprobación o no de reformas constitucionales”, pero si el Ejecutivo se pusiera necio podría encontrar la forma de hacer cuestiones de confianza por políticas públicas inaceptables y lograr el mismo propósito: disolver el Congreso y aspirar a que el nuevo Legislativo le sea más favorable.

Solo en ese escenario hemos dicho con claridad que se justificaría que el Congreso opte, defensivamente, por la vacancia presidencial, pero, al parecer, ese riesgo insensato se ha alejado de la mente del gobierno, por lo menos así lo señala ya la Premier y un influyente ministro. Falta que lo ratifique el propio presidente Castillo, para dar la vuelta la página a una de las principales piedras en el camino de la gobernabilidad y de la sostenibilidad del régimen por el periodo de cinco años que por derecho le corresponde.

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