Pie Derecho

La combinación de una situación política que empieza a alterarse a causa de la distancia paulatina que la derecha está anteponiendo respecto del gobierno (habiendo sido las declaraciones de Keiko Fujimori las más impactantes al respecto) y la débil reacción de los indicadores macroeconómicos (todos los especialistas han reducido sus expectativas de crecimiento para este año), puede poner en riesgo la confiada declaración de la presidenta en el sentido de que su mandato culminará el 2026, “ni un día antes ni un día después”.

Eventual crisis política y mayor empobrecimiento de las clases medias (“el desempeño de la actividad económica obligaría no solo a revisar las cifras de junio, sino también las proyecciones para el segundo trimestre. El PBI crecería 1.3%, lejos de la previsión de 2% de marzo, de acuerdo con el Focus Economics Consensus Forecast de junio. Y, para el 2023, los analistas estiman un crecimiento de 1.9%”, señala Semana Económica), son el telón de fondo propicio para que cualquier gobierno democrático se tambalee. Y si tomamos en consideración que, en el caso peruano, el Ejecutivo carece de bases parlamentarias, sufre una tremenda desaprobación, los conflictos sociales están a flor de piel y la desconfianza es generalizada, podemos vislumbrar que el camino político de acá a tres años no está necesariamente allanado.

Dina Boluarte tiene que andar con pies de plomo a la hora de arriesgar políticamente o dar declaraciones presuntuosas, pero ser muy ágil y dinámica en cuanto a la administración de la cosa pública. Y bueno, pues, parece que lo está haciendo al revés. Comete groseros dislates verbales y políticos y, a la vez, víctima de lo que hemos considerado su vizcarrización, ha plantado al Estado, salvo en los sectores en los que la calidad particular de los titulares de los pliegos ministeriales rompe con la inercia a la que el Ejecutivo parece encadenado.

No hay forma de que de persistir ese talante, el gobierno no esté libre de un zamaquón callejero o parlamentario que se lo lleve de encuentro. La política peruana es imprevisible, pero sí se puede prever que un gobierno mediocre tiene pocas posibilidades de durar.

La del estribo: notable la puesta en escena de Nací para quererte, el musical, producido por Denisse Dibós, codirigido por Juan Pablo Lostaunau y Tommy Párraga, con la dramaturgia de Mateo Chiarella, y un gran elenco de actores y actrices, además de bailarines, entre los que destacan Paul Martin, el querido Hugo Salazar, Sandra Muente, etc. Va en el Teatro Municipal y solo quedan cuatro funciones, desde hoy hasta el domingo. Entradas en Teleticket.

 

 

 

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Dina Boluarte, Keiko Fuimori, PBI, política peruana

Dos grandes desafíos geopolíticos tiene que resolver la Cancillería en el corto y mediano plazo. Hasta el momento, la canciller Ana Gervasi se viene manejando con solvencia y profesionalismo y digitando correctamente ambos ejes de acción, pero es preciso trazar un derrotero que luego sigan los eventuales futuros ministros de Relaciones Exteriores y también los próximos gobiernos.

Uno de ellos, el de corto plazo, es el desafío que plantea la hostilidad manifiesta de los gobiernos de México y Colombia, socios de la Alianza del Pacífico, cuyos mandatarios, Manuel López Obrador y Gustavo Petro, se niegan a reconocer la legitimidad constitucional de Dina Boluarte e insisten en la ilusión de que Pedro Castillo regrese al poder, soslayando el rol corrupto, mediocre y golpista del correctamente encarcelado exmandatario.

Frente a ello, prudencia, mantenimiento de las relaciones comerciales y gestos diplomáticos de protesta reiterados, es lo que corresponde. Como López Obrador y Petro responden a una lógica ideologizada, no van a entrar en razón, pero el Perú debe actuar en función de sus propios intereses sin esperar que reconvengan dos gobernantes insensatos.

A mediano plazo es que se juega la alta diplomacia, y corresponde al lugar que debe ocupar el Perú frente al choque de dos potencias globales como los Estados Unidos y China, ambos con intereses económicos y geopolíticos en América Latina y con mayor agresividad la potencia oriental (aunque ya con mañas punibles como las que acaba de denunciar la ministra de Transportes).

¿Nos toca alinearnos con una de ellas? Todo parece indicar que el Perú debe jugar a mantener una prudente distancia respecto de un conflicto del que no somos parte y frente al que nos conviene guardar la mayor neutralidad posible (tanto los Estados Unidos como China son nuestros principales socios comerciales). Hay mayor cercanía geopolítica con Washington que con Beijing, pero la ascendente potencia económica de China debe llevarnos a una mirada pragmática y centrada en los intereses de Estado del país.

Se espera que el profesionalismo institucional de nuestra Cancillería, probado en reiteradas ocasiones (acuerdo de paz con Ecuador, tratados de libre comercio, fallo de La Haya con Chile, etc.), se mantenga y sepamos dar los pasos pertinentes en función de los intereses nacionales y no de los gobiernos, siempre pasajeros.

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El transfuguismo es una de las peores calamidades que viene asolando nuestro sistema político. Fuera de casos aislados de migrantes partidarios, previos a los 90, es en el 2000 que este fenómeno se estrena, con la compra de voluntades políticas perpetrada por el montesinismo, que, con rumas de billetes, logró brindarle a Fujimori la mayoría congresal que necesitaba para su fallido periodo de gobierno 2000-2005.

Luego de ello, durante la transición democrática, hubo un periodo de relativa calma, porque los gobernantes supieron establecer pactos de gobernabilidad que otorgaron estabilidad y, por ende, hicieron innecesario el transfuguismo digitado. Así, Toledo pactó con el FIM, Alan García con el fujimorismo y Ollanta Humala con Perú Posible.

La desgracia volvió a sobrevolar los predios de nuestra política cuando Kuczynski amañó los votos del grupo de Kenji Fujimori en base a ofrecimiento de prebendas de gasto social a diversos congresistas regionales, logrando con ello, los votos que evitaron su vacancia (cuando se destapó el escándalo con los “mamaniaudios”, PPK tuvo que renunciar a la Presidencia).

El problema, sin embargo, siguió escalando y durante el gobierno de Castillo llegó a su cúspide, con el reclutamiento de los bautizados “Niños”, quienes a cambio de cargos públicos para allegados, proyectos en sus regiones y demás gollerías, simplemente, sin dejar sus bancadas, votaban a favor del gobierno en cuanta ocasión era necesario.

El transfuguismo es una perversión del voto popular. Altera el sentido del sufragio y daña a la democracia y al juego político limpio. ¿Cómo desterrarlo? Por lo pronto, emprendiendo la principal reforma política que el establishment político se niega a aprobar: las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), que fueran sugeridas, sin éxito hasta ahora, por la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política, presidida por Fernando Tuesta.

Con ello, se acota la posibilidad de que ingresen a una lista de candidatos los que más dinero sucio ponen sobre y debajo de la mesa, se asegura una mejor selección de postulantes y futuros congresistas, y disminuye ostensiblemente la posibilidad de que los así elegidos vayan a ser materia prima dispuesta a venderse por un plato de lentejas al gobierno de turno.

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En entrevista publicada hoy en El Trome, Keiko Fujimori no descarta la posibilidad de volver a postular, contra toda crítica hecha al respecto por sus adversarios y analistas políticos independientes, pero lo más relevante, a juicio de este columnista, es su señalamiento de que anda buscando un candidato de consenso.

Acierta en ello Keiko Fujimori. Se necesita que los principales partidos de centro y derecha aglutinen esfuerzos y lancen un candidato potable, capaz de derrotar al autócrata que va a surgir de las canteras de la izquierda antisistema (felizmente, hoy la izquierda se ha fraccionado y lanzará al menos siete candidatos).

Y en este esfuerzo no puede haber principismos infantiles (“nada con el fujimorismo” o “nada con el aprismo”) que ya se empiezan a escuchar en algunos pasillos políticos de las nuevas agrupaciones derechistas surgidas. Se debe buscar un consenso básico entre la derecha liberal, el fujimorismo, el aprismo, Alianza para el Progreso, Renovación Popular y Avanza País (si mantiene el talante liberal que le imprimió Hernando de Soto). Por allí va la cosa o debería ir.

No solo se trata de una acción política pensada en pasar a la segunda vuelta y allí triunfar, sino en la urgencia de asegurar una cuota parlamentaria importante en el próximo Congreso, que lo blinde al futuro gobierno respecto de la inestabilidad política que ha caracterizado los últimos lustros al país.

Va a tener que haber renuncias no solo electorales sino eventualmente doctrinarias menores, pero así ocurre siempre que se establecen pactos como el sugerido por la principal candidata de la centroderecha y lideresa indiscutida de un sector importante del país (no por gusto ha pasado a tres segundas vueltas en las últimas elecciones).

Se va a necesitar un candidato de consenso que luego pueda gobernar con relativa calma y superar los dos más graves problemas que nos aquejan: la zozobra política y la parálisis económica. Con ello resuelto, será posible atender otros problemas estructurales: salud y educación públicas, inseguridad ciudadana, regionalización, reforma político-electoral, etc. Es importante que Keiko Fujimori haya dado un paso político en esa perspectiva.

-La del estribo: gran puesta en escena de Patricia Villalobos y Javier Valdés, en la obra Pequeñas infidelidades, confirmando satisfactoriamente las expectativas anunciadas en este espacio hace un par de semanas. Va en el Teatro de Lucía y puede adquirir sus entradas en Joinnus.

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Hace bien el Congreso en buscar la reconsideración de la votación parlamentaria para lograr la ansiada bicameralidad. Es una reforma política importante, significativa en cuanto a su impacto en la mejora institucional democrática y que, por ende, tendrá efectos positivos en la marcha económica del país (ya está más que probado que a mejor democracia mayor crecimiento económico).

El Perú, en general, es un país de bajísima representación parlamentaria y haría bien en aumentarla, y aprobando luego mecanismos adecuados (distrito electoral múltiple, renovación por tercios, etc.) lograr que este poder del Estado no vea evaporarse tan rápidamente su legitimidad.

Algunos medios de comunicación se han abocado a hacer campaña en contra con argumentos falaces y haría bien el propio Congreso en lanzar una estrategia informativa que genere simpatías ciudadanas y que, además, permita lograr los votos suficientes en el Legislativo, para evitar el imprevisible pase a referéndum, que es como se tendría que hacer si prima la última votación, donde no se alcanzaron los 87 votos necesarios para que califique como primera votación en aras de una reforma constitucional plena y legítima.

El gran argumento de los que se oponen a esta reforma es, señalan, que se está metiendo de contrabando, entre otras cosas, la posibilidad de que los actuales congresistas puedan postular al Senado. Bueno, efectivamente ello se está permitiendo, pero eso no es malo, es muy bueno. Una de las peores desgracias de las reformas vizcarristas es haber prohibido la reelección parlamentaria y si al menos, con esta reforma bicameral, se logra acotarla, en buena hora.

Aprobar la bicameralidad es una gran reforma, muy positiva para la democracia y el país. Le otorgaría una mejor y mayor institucionalidad a uno de los contrapesos del poder que más desprestigio arrastra en las últimas décadas, y cuya desventura irradia, sin duda, también hacia el Ejecutivo.

Es una estupidez soberana y pone de manifiesto un alma política mezquina, oponerse a ella simplemente porque los autores del proyecto son los miembros de la bancada de Fuerza Popular. El antifujimorismo ciego y torpe no puede llegar a extremos de delirio tales que conduzcan a torpedear una reforma a todas luces benéfica para el país.

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Antifujimorismo, Bicameralidad, Congreso

«Llamo a estas personas que nuevamente están anunciando la ‘tercera toma de Lima’ o la ‘nueva toma del Perú’, ¿cuántas muertes más quieren por el amor de Dios, acaso no les duele en el alma haber perdido a más de 60 personas en estas movilizaciones violentas? Ninguna de esas muertes la ha provocado ni la ha buscado el Gobierno», señaló la presidenta Dina Boluarte respecto de la anunciada protesta que grupos de izquierda han convocado.

Hay un error conceptual y moral de base en la declaración de la presidenta. Los muertos no se ocasionaron solos o los causaron los protestantes. Como se ha acreditado, fueron obra y gracia de excesos policiales y militares. ¿Qué nos quiere decir la gobernante? ¿Que de producirse nuevas protestas violentas, el gobierno reaccionaría represivamente igual que en diciembre y enero y, por ende, se volvería a producir la carnicería que se produjo?

No hay justificación alguna para lo sucedido, y las investigaciones fiscales presentes o futuras deberán acreditar las sanciones penales de quienes resulten responsables (Dina Boluarte y Alberto Otárola incluidos en la pesquisa) y ser debidamente castigados judicialmente.

Por más violenta que sea una protesta, por más que se tomen carreteras, bloqueen puentes, incendien locales públicos o privados, o se tomen aeropuertos, la respuesta no puede ser la muerte de sus autores. No hay pena de muerte para tales delitos (definitivamente, lo son). Lo que corresponde es la detención inmediata de los violentistas y su procesamiento penal.

El uso de las armas por parte de la policía o de las fuerzas armadas, cuando se les encarga labores policiales, solo es justificable legalmente cuando está en riesgo la integridad o la vida de los propios hombres de uniforme o de terceros civiles, por acción de los manifestantes que protestan. Así corresponde en un Estado de Derecho, como el que supuestamente nos ampara.

Eso es algo que, lamentablemente, la presidenta Boluarte no parece entender y por ello sus declaraciones, ignominiosas para los deudos y para la sociedad civil aún indignada por lo sucedido, indignación que, entre otros factores, explica el inamovible grado de desaprobación del régimen. Los muertos seguirán lastrando al gobierno mientras éste no enmiende, repare o haga justicia.

 

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Alberto Otárola, Dina Boluarte, Muertos, tercera toma de Lima

El Congreso se siente impune, cree que sus actos no generan consecuencias políticas, que su desprestigio no afecta a todo el establishment político, que las barbaridades que se perpetran y las corruptelas que se develan pasan debajo del radar de la irritación ciudadana.

Porque en el caso de la presidenta Dina Boluarte se entiende de alguna manera su desaprobación, más allá de lo que haga. Que haya sucedido a un mandatario que tenía la aprobación de un tercio del país y que, además, haya ocasionado las muertes conocidas, justamente en las zonas castillistas, es un pasivo que difícilmente la abandonará, y que explica en gran medida los altísimos niveles de desaprobación que exhibe y de los que no se puede librar desde que asumió la posta presidencial.

¿Pero el Congreso por qué tiene tan alta desaprobación? Es verdad que el fenómeno es global, que los Legislativos no gozan de simpatías y que en el Perú en particular la gente lo aborrece (alguna vez un congresista me refería que al día siguiente de haber juramentado ya le mentaban la madre en la calle), pero el desastre nacional tiene otras causas.

A los sótanos a los que ha llegado el Parlamento actual, solo se llega con empeño y premeditación. Una tras otra, este Congreso ha dado muestras de mediocridad y corrupción, además de absoluta indolencia respecto de los pesares ciudadanos (la condecoración y develamiento del retrato de la expresidenta del Legislativo, Maricarmen Alva, no es, si no, un síntoma más de ese desprecio por la opinión pública).

Si a ello le sumamos, la ausencia total de un programa de reformas o iniciativas legislativas orgánicas, que se basen en la relativa mayoría congresal obtenida, se entiende por qué el desenganche, aparentemente irreversible, de este poder del Estado de la gracia ciudadana.

Y en ese plan, se llevan de encuentro el prestigio de las élites políticas, abonando y allanando el camino de un autócrata próximo, que prometa arrasar con el establishment. Tamaña irresponsabilidad debe ser denunciada y los integrantes de la clase política que no tiene curules deben mostrar la mayor distancia crítica posible de este engendro legislativo que las elecciones del 2021 parieron.

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Ha salido con todo Keiko Fujimori a zarandear al gobierno de Dina Boluarte. Le ha enrostrado “una actitud triunfalista y con cero autocrítica”. “Después de ver eso, nos debe llevar a nosotros a un cambio de actitud porque si ella y su Gobierno no es capaz (sic) de hacer los cambios que corresponde, debemos nosotros de señalar justamente cambios en el gabinete”.

Así, ha pedido la salida de los ministros de Salud, Energía y Minas, Salud e Interior, nada menos. Y, por cierto, tiene razón. Son ministros que no dan la talla para las urgencias del momento y afectan directamente la viabilidad del régimen, contribuyendo a su permanente nivel de desaprobación ciudadana.

¿Le hará caso la primera mandataria? Es un juego gana-gana el de Keiko. Si le obedecen, reforzará su perfil opositor y de poder. Si desoyen su solicitud, la alineará con mayor distancia respecto de un gobierno con el que la ciudadanía la identificaba. Buen negocio político por donde se le mire.

Esta paulatina lejanía del fujimorismo y del oficialismo, puede traer, sin embargo, más allá del impacto político general referido, consecuencias directas en la gobernabilidad congresal y la anuencia facilista con la que hasta ahora contaba Dina Boluarte.

Una bancada grande como la de Fuerza Popular es el fiel de la balanza en muchas de las decisiones que se toman en el Legislativo y si se encrespa respecto de la voluntad palaciega, le puede ocasionar más de un problema. Baste mencionar la ola de interpelaciones y censuras que podrían venir (como ya ha insinuado la propia Keiko Fujimori).

Alguna vez lo dijimos: Dina Boluarte durará en Palacio, el tiempo que le demore a la derecha darse cuenta de que su permanencia allí afecta sus intereses políticos y particularmente electorales.

No ha llegado aún ese momento de ruptura total, pero es el primer paso de lo que podría ser un distanciamiento que luego sea seguido por otras bancadas de derecha, que sumadas a las de la izquierda resentida, siempre dispuesta al contragolpe, podrían reducir las probabilidades de que Dina Boluarte gobierne sin sobresaltos hasta el 2026.

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