Pie Derecho

La única manera de zanjar el debate que se ha generado alrededor de las AFP, a propósito de un proyecto de ley de la congresista Carmen Omonte, pasa por recuperar la libertad de los afiliados de disponer de sus fondos en el momento que lo deseen, y aún antes, de decidir si quieren o no ahorrar para recibir una pensión futura.

Lo hemos sostenido desde hace muchos años. El sistema, tal cual está diseñado, supone un trasvase millonario de rentabilidades de la clase media a favor de los cuatro o cinco grupos empresariales que controlan las AFP.

Mucho mayor rentabilidad futura (para los tiempos de jubilación), logra un ciudadano invirtiendo en salud, educación o bienes inmuebles, que dejando una parte importante de su remuneración en una AFP, que si bien le otorga una buena rentabilidad en ningún caso será superior a la que le brindará su propia cartera de inversiones en las materias señaladas (por ejemplo, en una mejor educación para sus hijos).

Para evitar un daño social significativo, el Estado deberá brindar una pensión de sobrevivencia a las personas que luego de jubilarse no tengan capacidad alguna de subsistencia -como funciona hoy Pensión 65-, pero el resto -la inmensa mayoría- debe tener la libertad de decidir si le quitan de la ONP o de la AFP una parte de su sueldo para asegurarle una pensión.

Hecho ello, dispuesta esa libertad, se verá cómo inmediatamente las AFP, de la noche a la mañana, sin ninguna coacción regulatoria de por medio, aseguran menores comisiones, mayor rentabilidad y, por ende, mejores pensiones. Cuando no tengan un mercado cautivo, que no requiere esfuerzo alguno en conquistar y mantener, encontrarán la manera de hacer atractivo un producto que hoy en día solo causa irritación en la ciudadanía (por eso, el 95% de los afiliados ha retirado el total de sus fondos cuando ha podido hacerlo).

De paso, a ver si tanto entusiasta libertario por interponer recursos legales contra la cuarentena light que nos han impuesto o marchar contra ella, también se anima a hacer lo propio en contra de un sistema que coacta groseramente nuestra libertad de elegir cómo aseguramos el bienestar para nuestra futura ancianidad.

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AFP

El desplome de Julio Guzmán es lo más significativo de la última encuesta del IEP. Políticamente lo más llamativo es el ascenso previsible de Yonhy Lescano, pero estadísticamente hablando la caída del líder morado es la que más relevancia denota.

Guzmán cae de 9.1 a 4.6, casi exactamente a la mitad de la intención de voto que tenía en diciembre. ¿Qué ha pasado en el camino que explique este revés? Un factor importante, sin duda, es el efecto dominó del gobierno de Sagasti. Las encuestas golpean brutalmente la aprobación del Presidente. Cae de 58% de aprobación a 21%, casi a la tercera parte en apenas un mes (en Ipsos había caído de 44 a 34%, entre diciembre y enero).

De hecho, hay un arrastre indirecto, revelando que en términos de estrategia electoral parece haber sido un error de los morados asumir la jefatura del gobierno, en una circunstancia tan complicada como la actual y teniendo como antecedente a un mandatario del estilo de Vizcarra, mediocre y taimado, que basó su alta popularidad simplemente en mentir respecto de la estrategia sanitaria frente a la pandemia (los pasivos del desastre los ha tenido que asumir Sagasti).

A ello se suma un liderazgo timorato de Guzmán. Mucho tiempo se le reclamó su ausencia en los debates surgidos los últimos cinco años. Creía seguramente que así no arriesgaba su capital político. Se equivocó Guzmán si creyó que la ciudadanía le iba a perdonar su silencio sepulcral durante el lustro. Lo que era un candidato potable, sacado de la contienda malamente el 2016, terminó convertido en un holograma. Resultado de ello, de lo único que parece haber memoria pasada respecto de Guzmán es de su indecoroso incidente.

Mejor candidata hubiera sido Carolina Lizárraga. De lejos. Las correrías de Guzmán no han sido interpretadas como un incidente amoroso (ello, inclusive, hasta votos le pudo haber dado), sino una prueba negativa de carácter. Debió leer el daño que le hacía a su propia agrupación luego del traspiés de la última elección congresal, donde apenas colocó un puñado de parlamentarios. Por lo que se ve, el castigo parece ya definitivo.

No es el suyo, síntoma de que la polarización política ha empezado a devorarse al centro. Es solo consecuencia de una mala performance personal y una pésima estrategia política y comunicacional

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Julio Guzmán

No se entiende qué hace el gobierno enviando tanques de guerra a la frontera para impedir el tránsito. ¿Le va a lanzar munición pesada a los venezolanos que trasponen nuestra frontera? ¿Va a matar a los inmigrantes? ¿Los disparos ocurridos estos días se van a repetir a diario?

Es absurdo el tic xenofóbico que parece albergar el gobierno o, lo que sería peor, que obedezca al afán de contentar el ánimo creciente de un sector de la población en contra de los venezolanos, acusándolos, primero, de ser los causantes de la explosión delictiva que sufre el país, luego del desempleo y ahora, finalmente, de ser foco de contagio del covid19.

Lo real es que nada de eso es cierto. La inmensa mayoría del millón y pico de venezolanos que vive en nuestro país ha venido a trabajar honradamente y la proporción de delincuentes es la misma o menor que la que hay entre la población nativa.

Hasta antes de la pandemia los niveles de empleo urbano en el país seguían siendo los mismos. Nuestra economía, sobre todo la informal, había logrado absorber la mano de obra venezolana sin empujar al desempleo a la población económicamente activa nacional.

Finalmente, alucinar que las nuevas variantes anidan especialmente entre la población venezolana es un disparate mayúsculo. Esta población debe estar sufriendo exactamente los mismos rigores sanitarios o aún peores -por su situación legal no asegurada-, pero no tienen alguna particular intensidad del virus, superior a la peruana. El virus no llega por la frontera norte.

Y, por supuesto, el gobierno se volvió a olvidar de la población venezolana en la entrega de los bonos de asistencia. La base de datos de cuatro millones y medio de personas que van a recibir los 600 soles de ayuda no incluye a ningún venezolano. ¿Qué se espera? ¿Qué mueran de inanición? Linda con lo punible la indolencia asistencial con la que el Estado peruano está tratando a este millón de compatriotas latinoamericanos.

Va a arreciar el discurso xenofóbico en esta campaña. Es lamentable, pero tiene una lógica política detrás. Lo que resulta incomprensible es que el gobierno se sume a esa narrativa alimentando sentimientos nacionalistas irracionales y primitivos.

No soy amigo de las cuarentenas. Intuitivamente hablando, constato que la dispuesta por Vizcarra no funcionó en absoluto y fue aún más estricta que la que ha ordenado Sagasti. El contrafáctico de que de repente nos hubiera ido peor si no se hacía ello me resulta bastante inverosímil teniendo en cuenta que fuimos el país que más sufrió en número proporcional de muertes. Y podría argüir, inclusive, que la correlación de descenso de la primera ola más bien fue de la mano con la liberación gradual de la cuarentena. Me parece que estamos ante ciclos naturales de un virus que no dependen de la mano humana para acelerarlo o atenuarlo. Pero, en fin, no tengo la autoridad académica ni técnica para opinar más allá. Podemos aceptar lo dispuesto por el gobierno, pero anteponiendo, sin embargo, algunas consideraciones de primer orden.

1.- Ojalá esta vez sí funcione y rápido la entrega de bonos a las personas más vulnerables. En el término del plazo de la quincena. Sería inadmisible que se repita nuevamente el esquema de tardanzas y aglomeraciones que supuso la entrega de los mismos durante la gestión gubernativa anterior. Peor, inclusive, que la pandemia es la recesión concomitante a la cuarentena. Gran número de víctimas se debe al violento empobrecimiento que significa la parálisis intempestiva de labores en un país donde el 70% de PEA vive día a día.

2.- Ojalá esta vez sí se haga un monitoreo inteligente de la respuesta hospitalaria y la disposición racional del personal médico para mejorar la cobertura. Amén de la provisión de oxígeno.

3.- Ojalá se disponga rápidamente de un mini Reactiva para todas aquellas empresas que van a cerrar. Y lo más probable es que los quince días dispuestos se conviertan en treinta o más. Si se quiere evitar despidos masivos, es urgente que se diseñe un plan rápido de auxilio crediticio o de subsidio directo a la planilla.

4.- Ojalá esta vez, el ministro del Interior ordene a los mandos policiales que se establezcan cuidados especiales intrafamiliares. Fue brutal la violencia contra la mujer y la infancia durante la cuarentena del año pasado. Ello no puede repetirse. Los Centros Mujer no pueden cerrar y los miembros de las fuerzas del orden deben tener instrucciones precisas para atender inmediatamente cualquier indicio de auxilio.

5.- Ojalá se anuncien pronto nuevas compras de vacunas. El gobierno dijo que “en cuestión de días” se iba a dar buenas noticias. Que se concreten mayores y más rápidas compras puede elevar el ánimo de la población para soportar el confinamiento al que se nos obliga desde la próxima semana.

5.- Ojalá los medios no repitan el pueril espectáculo de enviar reporteros a criminalizar a la gente que se ve obligada a salir a las calles a trabajar. Y junto con ello, ojalá la policía no repita el patético show que supone armar gigantescos operativos para capturar a ciudadanos que salen a pasear a sus mascotas. Ojalá.

George Forsyth mantiene su nivel de intención de voto en las últimas encuestas. Según Ipsos, en noviembre tenía 16%, en diciembre 18% y la última de enero 17%. Sorprende que no caiga, la verdad.

Porque en su caso no estamos frente a un líder carismático, arrasador, elocuente o particularmente brillante en términos ideológicos. Tampoco ante una ex autoridad que haya hecho una gestión superlativa en la alcaldía de La Victoria, aunque eso tampoco asegura buen resultado presidencial (véase los casos de Andrade o del propio Castañeda, quien luego de su exitosa primera gestión edil no tuvo fortuna en las ligas mayores).

Algunos datos a tener en cuenta: su mayor intención de voto es limeña y urbana; además, tiene un muy buen resultado en el norte (18%), una región tradicionalmente fujimorista y acuñista (Keiko tiene 10% y Acuña 8% en esa región del país).

Hay claramente un ánimo antipolítico en el grueso de la población que lo respalda, gente que está harta, realmente hastiada, de los “nuevos” políticos tradicionales (particularmente quienes han estado en el Congreso los últimos cinco años).

En esa línea, es más probable que una mayor proporción de los que hoy aún no deciden su voto (14% blanco y viciado y 11% no precisa), se termine inclinando por una opción antipolítica como la que Forsyth representa, antes que por una identificada como parte del statu quo.

No hay nadie en el proscenio que parezca querer o poder disputarle ese perfil. Ni Keiko Fujimori, ni César Acuña (a pesar de su filón disruptivo), ni Daniel Urresti (su vinculación a Luna Gálvez es un lastre difícil de sobrellevar) y mucho menos Verónika Mendoza, para solo mencionar a los punteros. El único del tabladillo que quizás podría cosechar de ese espíritu cívico sería Hernando de Soto, pero lamentablemente está haciendo de su carrera electoral una llena de obstáculos y gazapos. Tal vez también Yonhy Lescano, una suerte de outsider sistémico, por su origen provinciano y su discurso anti establishment de siempre.

Lo primero que deberían hacer los adversarios de Forsyth, si quieren derrotarlo, es no subestimarlo. O no subestimar, mejor dicho, el trasfondo de su respaldo. Hay, alrededor de ello, toda una estrategia detrás de su candidatura. Por lo visto, contra todos los pronósticos -incluidos los de quien escribe-, si no comete un error mayúsculo o no asoma alguien que le dispute el mismo nicho, será protagonista principal de esta elección.

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Forsyth

Craso error ha cometido el ministro de Educación Ricardo Cuenca si acaso albergó la idea de desactivar los colegios de alto rendimiento, COAR, por aparentes discrepancias con el modelo educativo que está detrás de los mismos.

Al final, ha retrocedido a medias y ha anunciado que hará los esfuerzos por mantener el esquema de admisión de este año (no ha sido del todo claro), aunque la explicación de que lo hizo porque el presupuesto no le asignaba partida para este año no parece ser tan cierta, ya que sí existe ese pliego considerado. Sería deseable una mayor precisión por parte del titular de Educación.

Es verdad que el esquema de los COAR es controversial. Hay expertos en la materia que señalan que la excelencia educativa debería ser general al sistema público y no circunscrito a ciertas unidades escolares destinadas a los alumnos con mejor rendimiento o mayores capacidades intelectuales, así como otros que estiman que construir una pirámide no es necesariamente malo y que, inclusive, podría ayudar a irradiar paulatinamente mayor calidad al conjunto.

Pero lo que no admite disenso es la tesis de que si alguna decisión estratégica se va a tomar al respecto (si mantener los COAR o desactivarlos), ello no le corresponde a un gobierno de “transición y emergencia”, como el propio presidente Sagasti gusta de calificar a su administración.

Las tareas del actual gobierno son pocas y muy claras: luchar contra la pandemia, reactivar la economía y asegurar elecciones limpias. Además de ello, solo tareas administrativas que aseguren el mejor funcionamiento del Estado. No le da la tela para hacer reformas. Tampoco el tiempo. No tiene la legitimidad de origen para animarse a hacer cambios de fondo en ninguno de los aspectos de la administración pública.

Haría bien por ello el Presidente en llamarle la atención a sus ministros y funcionarios de primer orden al respecto. Si alguno de ellos quiere dejar impresa su huella digital en el portafolio que administra, pues que renuncie, se inscriba en algún partido en la contienda y espere a que gane para, con el respaldo institucional de los votos, animarse a hacer reformas de fondo para el periodo de cinco años que le correspondería.

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Elecciones distritales

Uno de los muchos riesgos que va a tener que enfrentar Sagasti en los meses que le restan de gobierno es el de la protesta social, que desbocada puede generar un estado de inseguridad e indefensión que claramente lo pondría en la mira de quienes están buscando el menor error del régimen para volver a la carga y tumbárselo.

Es un terreno minado, porque si bien la represión policial es pertinente, justificada y necesaria (como en el caso de los bloqueos a carreteras), debe cuidarse de no repetir los errores de las marchas contra Merino que claramente supusieron un abuso policial y causaron un enorme desprestigio a una institución que como la policial no es precisamente que goce de mucho prestigio, básicamente por el alto grado de corrupción que la aqueja.

El gobierno ha contribuido a mellar aún más esa imagen al manejar de manera precipitada, atolondrada, sin norte ni brújula, una poda policial que parecía necesaria luego de múltiples desaguisados cometidos por los hombres de uniforme. Pero el Ejecutivo manejó tan mal el tema que se vio obligado a efectuar dos cambios de ministros en cuestión de días.

El frente de la seguridad interna no puede ser descuidado. La calle, de por sí está movilizada. Es lo normal en periodos preelectorales, pero en esta coyuntura particular ello se acrecienta por la grosera irresponsabilidad de un Congreso populista que no se detiene en dictar normas populacheras que luego son observadas por el Ejecutivo o declaradas inconstitucionales por el Tribunal Constitucional, pero que, obviamente, generan malestar ciudadano al frustrarse expectativas.

El contrato social de cualquier colectividad moderna pasa, como piedra de toque, por el control del orden interno. No por casualidad, el Ministerio del Interior era antes llamado Ministerio de Gobierno. La paz social es condición indispensable para la buena marcha social.

Hay que tener presente que la alta popularidad de Vizcarra, al enfrentarse a la claque aprofujimorista y el cierre del Congreso, desflemó al país y nos alejó de protestas masivas como las que signaron Chile, Ecuador o Bolivia. Hoy, esos factores de desfogue no existen. Sagasti debería tener claro que un error mayúsculo en este tema puede volver a la calle contra suya en cuestión de minutos.

Si a Sagasti le va bien, crecen las posibilidades electorales de Julio Guzmán, candidato del mismo partido. Si al actual Presidente le va mal, afectará significativamente las naturales expectativas del candidato morado.

¿De qué depende de que a Sagasti le vaya bien? Básicamente de dos temas, que ya están siendo suficientemente álgidos: la llegada de las  vacunas y el desborde social. Lo primero no es culpa suya, sin duda, sino más bien de la mediocre gestión ejecutiva de Vizcarra, pero la opinión pública mira con atención qué solución le va a dar al problema. Si llegamos a enero o febrero sin luz en el horizonte, el descrédito va a ser mayúsculo. Y si encima sobreviene una segunda ola, mejor que Guzmán vaya pensando en buscarse otro empleo que no sea el de candidato.

Respecto de la protesta social, puede haber algo de manipulación de algunos partidos de izquierda, pero no explican el problema. Hay embalse de expectativas y las calles son el mecanismo para resolverlas. Si el gobierno no dispone los adecuados canales de diálogo y en los casos que sea necesario, no dispone una correcta represión policial, el tema puede escapársele de las manos y provocar una crisis política suficientemente poderosa para arrastrar con ella las tasas de aprobación a la gestión gubernativa.

Sagasti está recibiendo fuego cruzado tanto de la derecha como de la izquierda (lo que, de paso, le hace la campaña a los morados), pero lo cierto es que hasta el momento, en los dos frentes señalados, se juega el todo por el todo. Se espera que Mazzetti enmiende los groseros errores cometidos y que un correcto José Elice arregle el entuerto generado por sus antecesores.

Muchos de los ataques provienen, sin duda, del intento de afectar a Guzmán, a quien se ve como potencial protagonista de una jornada electoral que será muy reñida: si continúa el descenso de Forsyth vamos a llegar a las postrimerías de la primera vuelta con un pelotón de candidatos, ninguno de ellos con dos dígitos.

La suerte de Guzmán va a estar atada obviamente a su propio desempeño. Lo ayuda, además, tener una buena bancada, responsable y proactiva, pero Sagasti es su referente principal. Puede ser su ancla como su boya salvavidas.

Llama la atención que el candidato con mayor antivoto sea Ollanta Humala. Según la última encuesta de Ipsos, un 73% “definitivamente no votaría por él”, superior al 71% de Keiko Fujimori, supuestamente la bestia negra de la política peruana.

A diferencia del 2006 o el 2011, en esta ocasión Humala no podrá argüir que ello se debe a su postura antisistema y divergente del statu quo ideológico. En su primera elección fue hábilmente colocado por Alan García como el monstruo chavista y no pudo librarse de esa etiqueta perdiendo la elección. En su segunda participación, ya contra Keiko Fujimori, competía con otra candidata con enorme antivoto, pero no obstante ello tuvo que quitarse el polo rojo y colocarse el polo blanco, cambiar la “gran transformación” por la “hoja de ruta” para poder hacerse del triunfo en la segunda vuelta.

Esta vez la cosa es muy distinta. Ollanta Humala ya no es el candidato radical, cuyas ideas despiertan temores en los sectores altos de la sociedad peruana. El etnocacerismo dejó de ser hace tiempo su leit motiv y hoy no pasa de ser un candidato centrista más, del montón. La propia Verónika Mendoza, ella sí claramente de izquierda, tiene menos rechazo (48% de antivoto, de gente que jamás votaría por ella).

Lo que se aprecia en las encuestas es el duro castigo que las urnas le están dando a quien tiró por la borda la enorme esperanza popular que lo llevó a la Presidencia. Enhorabuena que haya migrado al centro y haya dejado el chavismo que lo inoculaba antaño, pero moderarse no quiere decir que uno ejerza un gobierno mediocre, sin ningún ánimo reformista.

Salvo la reforma educativa emprendida por su ministro Jaime Saavedra y la creación de la Sunedu, lo suyo no pasó de lentificar la inversión privada y emprender algunos programas sociales, dejando al Perú peor de lo que estaba cuando lo recibió, cinco años previos.

Y a ello se suma el justo castigo a quien hizo del nacionalismo una farsa, al hipotecarse financieramente al chavismo primero (en la campaña del 2006), y a las empresas brasileñas después (en la campaña del 2011), dándoles luego enormes beneficios que hoy se investiga si tienen connotación delictiva (el equipo de fiscales Lava Jato está convencido de ello).

En un país desmemoriado, nadie está descartado. Ollanta Humala tiene 4% de intención de voto. Está en el pelotón de los presidenciables. Pero de antemano parte con un merecido descrédito que difícilmente podrá revertir.

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Ollanta Humala
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