Pie Derecho

Uno ya no sabe si está ante un cuadro de cinismo desembozado, o un estado de confusión moral e ideológica pavoroso, cuando escucha a la excongresista Indira Huillca, escamotear las inquisitivas preguntas de Jaime Chincha respecto del caso de Venezuela y si lo que allí se vive califica como dictadura, respondiendo que sí, pero que es igual a la que se vive en el Perú.

Fuera de la retórica y demagógica calificación de “dictadura congresal” que la izquierda se ha inventado para definir la prepotencia y daño democrático que nuestro Legislativo, sin duda, está perpetrando, no hay forma, ni en la más enfebrecida imaginación, que pueda hacer que se califique el gobierno de Dina Boluarte como dictatorial.

Acá el Congreso puede hacer idioteces, pero no ha sido capaz siquiera de tumbarse a la Junta Nacional de Justicia y sus leyes son desacatadas por el Poder Judicial, explícita o tácitamente (como en el caso de la prescripción de los delitos de lesa humanidad); la prensa actúa independientemente y mayoría, si no la totalidad, es crítica del régimen; la sociedad civil (ONGs y gremios empresariales) opera con libertad y autonomía y sus integrantes pueden decir, como lo hacen, lo que les viene en gana sin temer ser encarcelados al día siguiente o sufrir represalias económicas.

Hubo muertes injustificadas a fines del 2022 e inicios del 2023, y la justicia ya tiene un camino trazado para juzgar a los responsables (inclusive el Ministerio Público ha presentado denuncia constitucional contra la presidenta). En una democracia también ocurren violaciones a los derechos humanos, pero, a diferencia de Venezuela, que tiene más muertos en su haber, acá hay un derrotero de justicia que al final del día sancionará a los culpables.

¿Algo así podría ocurrir en Venezuela? Allá se detienen a los opositores, se ha acogotado a la prensa independiente hasta casi hacerla desparecer, las ONGs no existen y los gremios empresariales que osen protestar sufren de inmediato expropiaciones o severos castigos y la represión asesina a diario a opositores. Los poderes del Estado (el sistema judicial y electoral) están copados por el gobierno y éste es capaz por ello de tramitar un fraude escandaloso como el de las últimas elecciones presidenciales.

¿Puede Indira Huillca, sin ruborizarse, decir que vivimos en una dictadura como la venezolana? Eso lo dice para rebajar el calificativo que le endosa al régimen de Maduro y demuestra una vez más, lamentablemente, que un sector importante de la izquierda peruana ha involucionado y ya no tiene entre sus banderas a enarbolar la de la democracia.

Una respuesta lacerante, por los efectos corrosivos que contiene para la democracia, es aquella que responde a la pregunta de cuán interesada está la ciudadanía respecto de la política.

Según la última encuesta de Datum, al 43% le interesa poco informarse sobre política y al 28% le interesa nada, 71% a la que le resbala simplemente todo lo que tiene con ver con la política nacional.

Esta respuesta calza perfectamente con otra medición del IEP, donde al 68% de la población le interesa poco (26%) o nada (42%) la política. Un desdén por los asuntos públicos de gobierno alarmante.

Alarmante porque supuestamente transitamos por una seria crisis política, que tiene los reflectores de la prensa permanentemente prendidos sobre ella, pero que a pesar de tal, no concita el desvelo de la mayor parte de la ciudadanía, a quien seguramente la preocupa mucho más el futuro de Cueva en el fútbol peruano que lo que acontece en el damero de Pizarro o la plaza Bolívar.

Ese ciudadano “alpinchista” es el que luego, como suele suceder en el Perú, vota por joder, y así, aparecen candidatos que reflejan ese estado de ánimo y generan una ruleta de la suerte que, al final, puede tirar por la borda años de esfuerzo partidario, programático, de convocatoria de buenos equipos de gobierno o listas congresales.

Tiene que ver también este desinterés con la poca movilización ciudadana que genera el actual statu quo, con una alianza fáctica deleznable y funesta entre el Ejecutivo y el Congreso. A la mayoría no le importa. Está más preocupada -como también revelan las encuestas- en superar el páramo económico, la sensación devastadora de que la corrupción nos gobierna y la terrible incertidumbre vital que genera la descontrolada inseguridad ciudadana.

El resultado de todo ello es una anomia republicana que reviste los peores pronósticos para el 2026. Pobladores sin república debió haberse llamado el libro de Alberto Vergara. La ciudadanía es una aspiración colectiva aún pendiente.

Es tal la penetración de las economías ilegales en la política peruana, generada con mayor impunidad desde el gobierno de Pedro Castillo, pero mantenida y acentuada por el régimen actual, que recuperar el país de esas mafias le va a costar al gobernante que emprenda esa tarea una resistencia violenta y sangrienta.

De por sí, que no sorprenda si durante la campaña algún candidato que ponga especial énfasis en ello pueda ser víctima de un atentado. Los miles de millones de dólares que mueven la minería legal, la tala de maderas, el narcotráfico, la trata de personas, el contrabando, el transporte informal, los sindicatos mafiosos de la construcción civil, las bandas extorsivas de cupos, los ha empoderado al punto de animarse a infiltrar la política y las principales instituciones del país.

¿Se ha preguntado por qué no hay “operaciones Walquiria” contra estas mafias? ¿Por qué no hay megaprocesos judiciales? ¿Por qué no hay operativos policiales o recursos de inteligencia destinados a capturar a los cabecillas de estas verdaderas organizaciones criminales? ¿Por qué en el Congreso se dictan normas recurrentes a su favor? ¿Por qué los gobiernos regionales no mueven un dedo por tocar sus intereses y más bien conviven “armoniosamente” con ellas?

El país que, con sus terribles defectos y ausencias reformistas, padecimos entre el 2001 y el 2021, ya lo hemos perdido. La transición no fue hacia una mejor democracia, más arraigada y sólida, sino hacia la conformación de una sociedad cercana a la categoría híbrido criminal que portales de investigación como Insight Crime le asignan a regímenes como el de Maduro, en Venezuela.

Va a costar sangre romper ese statu quo. Laresistencia de estos grupos criminales será violenta. Ocurrirá como en México cuando el presidente Felipe Calderón decidió darle lucha frontal al narcotráfico (nunca México tuvo tantos muertos como en esa época). No vienen tiempos fáciles para el país, sobre todo, si nos toca en suerte un gobernante democrático decente, decidido a acabar con estas mafias.

Pero queda claro que esta es la primera tarea gubernativa por desplegar si se quiere que la democracia y la economía de mercado sigan siendo los ejes vitales sobre los cuales se mueve el carromato de la nación peruana.

-La del estribo: una recomendación insoslayable. ¡Acudan a ver Como una uva seca al sol, de Lorraine Hansberry, que dirige magistralmente Ebelin Ortiz, con actuaciones de primer orden de un elenco mixto, de experimentados y noveles! Es, de lejos, lo mejor que se ha puesto en teatro este año en la cartelera limeña. Va en el Centro Español del Perú hasta el 7 de octubre. Entradas en Teleticket.

–Siguiendo con la saga: a leer Crónicas con garra, del gran periodista Rubén Marruffo. No es la historia del centenario del equipo más grande del Perú, sino un conjunto de anécdotas interesantísimas, muy bien narradas y con solvencia de datos. Como dice su autor, es el “detrás de cámaras” con historias desconocidas para la mayoría de hinchas cremas.

Desmontando el Estado regulatorio que Ollanta Humala se esmeró en construir, retrocediendo en las reformas económicas estrenadas en los 90 y que fueron continuadas por Toledo y García, se podría generar nuevamente el estado virtuoso de la primera década del siglo.

La pandemia ha trastocado todo, inclusive los ánimos políticos y ha hecho estallar la disconformidad con el modelo económico, entendiendo como tal no solo los principios de una economía de mercado, sino, sobre todo, la provisión de servicios básicos de calidad (salud y educación, seguridad y justicia, particularmente).

Ese debe ser el mensaje central, empaquetado en un alejamiento extremo de los políticos tradicionales, aborrecidos hoy por la ciudadanía. El statu quo es detestado por la población y ya lo está expresando de mil maneras, incluidas las encuestas.

Fondo y forma van a ser esenciales en esta campaña electoral. Mensajes y rostros nuevos pueden tener un nivel de aceptación gradual mayor que el que albergarían los envases tradicionales y mucho peor los identificados hoy con el gobierno de Dina Boluarte.

A los nuevos candidatos que se asoman con esas características no les puede pasar lo de Vargas Llosa en los 90, que sucumbió cuando se mostraron impunes, a su costado, con una campaña publicitaria ostentosa, los rostros de Acción Popular y el PPC, dos agrupaciones entonces desprestigiadas, por hacer sido corresponsables del desastre del 80-85 (la tragedia de esa década no empezó con el apocalipsis de Alan García).

La mesa está servida para la izquierda radical, lo hemos dicho, pero hay suficiente tiempo para revertir esa tendencia, si la centroderecha hace un trabajo inteligente, despliega programas de gobierno atractivos y disruptivos y, además, se asesora en términos de marketing político con las nuevas técnicas que hoy se aplican en el mundo.

Hay que remar con fuerza e inteligencia en esa línea. Ese trabajo dará frutos, sin duda, y lo veremos apenas empiece la campaña electoral. Se debe empezar a sembrar desde ya -como algunos partidos ya lo están haciendo- y no cabe duda que el país puede dar un giro que refuerce el modelo y lo haga moderno e inclusivo, cosa que no ha ocurrido en estos 25 años de transición post Fujimori.