Pie Derecho

El próximo gobierno tiene que tener en claro que son dos las grandes responsabilidades que debe asumir en caso de llegar al poder: reconstruir el Estado, que está hecho flecos, lo que implica prácticamente todo el sector público y sus prerrogativas (salud, educación, seguridad ciudadana, justicia, regionalización, etc.); y poner el pie en el acelerador en la conversión del Perú en una economía de mercado proinversión, capitalista a la vena.

Tenemos que recuperar los niveles de inversión privada de la época Fujimori-Toledo-García, que lamentablemente Ollanta Humala empezó a ralentizar, que implique la disminución extraordinaria de la pobreza que hubo, además del crecimiento y la reducción de las desigualdades.

Eso implica recuperar la autonomía profesional de los organismos reguladores (lo que, dicho sea de paso, se está haciendo con Osiptel ahora, es de horror), relanzar Proinversión, sacar adelante la cartera de proyectos mineros estancados a pesar de tener todos sus papeles en regla (incluidos sus estudios de impacto ambiental), seguir firmando acuerdos de libre comercio, reducir los costos laborales; emprender, en suma, una revolución capitalista.

Alan García se preguntaba por qué si su gobierno había sido tan exitoso en materia económica y había sacado de la pobreza a millones de peruanos, cuando se presentó a las elecciones del 2016 tuvo tan desastroso resultado. La razón se explica en su abandono de la primera tarea: la de reconstruir un Estado ausente para la mayoría de los peruanos, incapaz de proveerles de servicios públicos básicos. Junto con García, toda la transición post Fujimori adoleció de ello y eso explica, entre otras razones, el triunfo de Pedro Castillo el 2021.

Pero esa tarea es imposible sin los recursos fiscales que una dinámica acelerada de crecimiento capitalista puede proveer. El Perú tiene un potencial enorme. Si se desatan los nudos que amarran el flujo de inversiones privadas, podemos alcanzar tasas de crecimiento significativas, sin mayor sobresalto y así alcanzar el círculo virtuoso de enriquecimiento y reforma del Estado que se necesita para salir del statu quo inmóvil en el que nos encontramos desde el 2016 y que alimenta, justamente, a los candidatos disruptivos de izquierda.

La mejor noticia política que el Perú democrático, con proyección liberal y republicana, podría tener,es que el fujimorismo no pase a la segunda vuelta y empiece así su proceso de extinción.

Keiko Fujimori hoy encabeza las encuestas de preferencia electoral, pero con su tradicional piso cercano al 10%. No le alcanza para tener asegurado el pase a la jornada definitoria. Basta que un candidato de derecha o de centro despunte y así la sacaría de carrera (estamos dando por descontado que por lo menos algún candidato de la izquierda va a pasar: Antauro Humala, Guido Bellido, Aníbal Torres, Lucio Castro, entre los que más posibilidades tienen).

La actitud política puesta de manifiesto por el fujimorismo en este periodo congresal ya no deja lugar a dudas de su entraña crecientemente autoritaria, conservadora y mercantilista. Lo de PPK no fue un capricho, fue un sentimiento arraigado en el keikismo, que ha desnaturalizado la heredad fujimorista de los 90 en buena parte de sus contenidos.

Lo que está haciendo el fujimorismo en alianza con César Acuña, le va a costar caro. Su apoyo incondicional al régimen de Boluarte no se lava ni siquiera con una vacancia de acá a medio año. Es un pecado imborrable y el electorado lo tendrá en cuenta a la hora de acercarse a las urnas.

Ni siquiera su eventual libramiento judicial del mamarracho de acusación del caso cocteles le servirá a Keiko Fujimori para presentarse como una opción refrescada y renovada frente al electorado. Su actuación política en el Congreso la condena.

Cabe pensar, inclusive, que en el fujimorismo eso ya lo tienen claro. El otorgamiento de poderes superlativos al futuro Senado implica un menoscabo al Ejecutivo. ¿Acaso eso constituye el escenario ideal para un gobierno electo? Pareciera que ya el fujimorismo tiró la esponja, se ha percatado que teniendo predominancia congresal alcanza cuotas de poder enormes y beneficios mercantilistas ostentosos, sin necesidad de asumir los costos de tomar las riendas del Ejecutivo.

Una soberana cachetada ciudadana merece el fujimorismo. Ojalá las urnas así lo expresen en abril del 2026 y nos libremos de una vez por todas de una tara política que ya no merece la definición electoral y el beneficio del mal menor, como sucedió en la segunda vuelta con el inefable Pedro Castillo.