Flaco favor hace el Congreso con este tipo de informes a las investigaciones que lleva a cabo el Ministerio Público, instancia donde se debe dilucidar el caso y que ha convocado peritos nacionales e internacionales para obtener claridad sobre lo que realmente ocurrió ese fatídico 15 de enero.
Hay sin duda un interés del Gobierno por aprovechar políticamente este caso. No se explica de otra manera la lentitud de la OEFA por reabrir las actividades pesqueras en la zona. En su Informe, OEFA señala que ya hay 28 áreas totalmente libres de residuos de hidrocarburo y, sin embargo, no decreta la reapertura de estas áreas de pesca. Los perjudicados son los pescadores que están sobreviviendo con los bonos que les entrega la empresa. La demora en la emisión de los informes de OEFA, con muestras desfasadas en el tiempo (muchas datan de hace cinco meses), solo perjudica al retorno de las actividades.
Este desastre ha sido muy doloroso para el país y, sobre todo, para pescadores, comerciantes y vecinos de Ventanilla y alrededores que fueron directamente impactados. Ellos esperan una investigación seria y el retorno lo más rápido posible a sus actividades. El Informe de la Comisión que presidió Margot Palacios es una muestra más de que el Congreso no debe asumir causas que no le competen ni debe buscar aprovechamiento político y dejar que el Ministerio Público profesionalmente llegue a las conclusiones que todos demandamos.
