Pie Derecho

Contra la mayoría de analistas, considero que la compra de una flotilla de aviones de combate, es una buena decisión del gobierno. Ya estaba contemplado hace años en los pliegos analíticos del ministerio de Defensa y simplemente se ha activado para el año venidero.

No es verdad, para empezar que el continente sea una región liberada de potenciales conflictos militares, en los que el Perú pueda ser parte. Un golpe militar nacionalista en Ecuador que desconozca el acuerdo de Itamaraty, la contínua expansión del narcotráfico colombiano en las fronteras con el Perú (y, como se sabe, detrás del tráfico de drogas están siempre los militares), el nunca abandonado expansionismo brasileño, una resurrección del aymarismo boliviano, la decisión geopolítica chilena de apropiarse de recursos que conforme persista el cambio climático, serán estratégicos para ese país y que el Perú posee, pueden ser tranquilamente detonantes de conflictos militares indeseados.

Ya de por sí, la historia prueba con suficiente data fáctica que un desequilibrio geopolítico constituye per se una razón para la aparición de conflictos militares. Y el Perú hoy en día es un país rico y débil militarmente, extremadamente débil, incapaz de sostener un conflicto militar con alguna solvencia defensiva.

No hay mejor garantía para la paz, que estar militarmente apertrechados de manera suficientemente disuasiva. Y ya era hora de que el país se modernice militarmente (y debe hacerlo no solo en la Fuerza Aérea sino también en la Marina y en el Ejército).

Tenemos suficiente experiencia histórica de haber perdido todos los conflictos militares por estar mal equipados militarmente. ¿Que con esos dineros se podrían construir hospitales y colegios que tanto necesitamos? Sí, por supuesto, pero calcúlese los costos de una guerra perdida y se entenderá que el nivel de catástrofe seríainfinitamente mayor.

El Perú debe estar preparado para una guerra y para que, dado el caso, sea suficientemente disuasivo para que algún afiebrado vecino lo piense tres veces antes de siquiera declararnos hostilidades.

Cuando un gobierno se halla desfalleciente y su actuación pública es inocua es mejor adelantar su final. Claramente, el régimen de Boluarte está en esa situación. No hay un solo indicador que muestre mejoría bajo su gestión, la ciudadanía lorechaza rotundamente y la crisis política se ahonda por los múltiples desaguisados en los que el propio régimen se mete (los Rolex, la cirugía, el cofre, Qali Warma, las declaraciones de Quero, etc.).

Parece como si hubiera un guionista palaciego encargado de la misión de no permitir que pase más de una semana sin un nuevo escándalo que adorne las portadas de los diarios. Y si a ello le sumamos las que, por su propia obra y gracia, un Congreso calamitoso aporta, se entenderá que vivimos la coyuntura jaloneados por el escandalete y la desvergüenza política.

Si solo fuera cuestión de esperar pacientemente a que acabe el suplicio el 2026, santo y bueno, pero lo preocupante es que el estado de cosas descrito abona políticamente en favor de los actores polarizantes de la sociedad, tanto de la izquierda como de la derecha.

Con el actual estado de cosas ganan los Antauro, los Bellido, los Torres, los López Aliaga, los Butters (ojo con su candidatura que tiene potencial enorme de crecimiento). Pierden las opciones moderadas o centradas que son mayoría en el proscenio electoral.

El problema con los candidatos disruptivos es que pueden ser un salto al vacío. En una de esas sorprenden y terminan ejecutando un gobierno eficaz y sobresaliente, pero son un disparo al aire, sin certeza del resultado que vayan a generar.

El estado de ánimo favorable a su surgimiento y crecimiento lo brinda la mediocridad galopante de un gobierno como el de Boluarte, que no acierta una y sobrevive gracias a un pacto espúreo con las bancadas de Fuerza Popular y Alianza por el Progreso, básicamente, aunque se sumen otros eventualmente (Perú Libre, Avanza País, Renovación Popular, Podemos). Estamos advertidos.

El nivel de encanallamiento moral del régimen ha alcanzado su cima con las deplorables declaraciones del ministro de Educación, Morgan Quero, respecto de los derechos humanos de las víctimas de la violencia represiva del 2022 y 2023, luego de las protestas por la caída del régimen de Castillo.

Lo peor -y que revela complicidad ética del gobierno- es la falta de reacción palaciega a semejante brutalidad. Cualquier gobierno normal, en cualquier país del mundo, ya le habría extendido ipso facto su carta de despido al ministro que se atreva a decir semejante pachotada. Acá no. No pasa nada.

En general, el gobierno ha mostrado una actitud indolente y hasta justificatoria de los desmanes represivos ocurridos entonces, sin admitir culpa, ni siquiera moral, respecto de lo sucedido, que claramente desbordó los límites de una represión justificada.

Pero al menos se conservaban las formas, medianamente, y se dejaba seguir el curso penal de las investigaciones que al respecto existen. Salvo algunas declaraciones altisonantes de la primera mandataria o de su expremier, Alberto Otárola, no había pronunciamiento oficial avalando el proceder de las fuerzas policiales y militares.

Lo que allí sucedió fue una matanza violatoria de los derechos humanos, en gran medida avalada por un gobierno que oía con placer los cantos de sirena de una derecha extrema que clamaba que hubiera tantos muertos como los que fueran necesarios para recuperar la paz (ya corresponderá a los fueros judiciales determinar si la cadena de mando llegó hasta las entrañas palaciegas para proceder a las sanciones penales correspondientes y no sean, como siempre, solo los hombres de uniforme los que carguen con todas las responsabilidades).

Quizás el ministro Quero no ha dicho otra cosa como no sea lo que se comenta en las sobremesas palaciegas, pero la responsabilidad política de haberlo expresado públicamente es ineludible y justifica sobradamente su retiro del gabinete ministerial.

Lo dicho solo alimenta la distancia sideral que existe en el sur andino respecto del gobierno y del statu quo. Aun visto desde una perspectiva política, lo declarado es una barbaridad que solo va a abonar en favor de la radicalización de una región del país que va a decidir el destino de las próximas elecciones. Mientras más tiempo dure Quero en el gabinete será tanto peor.

 

El 80% de la ciudadanía pide la salida de Juan José Santiváñez del ministerio del Interior y apenas el 4% aprueba su gestión. Claramente, es un lastre para el gobierno y no aporta nada para que la presidenta Boluarte empiece a mejorar en algo su también alicaída aprobación popular.

El propio ministro señaló que si los estados de emergencia decretados por su gestión no funcionaban, él daría un paso al costado. Claramente, dichas medidas no han dado ningún resultado y el ministro solo ha dado un paso más cerca de la presidenta que lo respalda con inexplicable entusiasmo.

No hay posibilidad de que una gestión al mando del ministerio del Interior funcione si no arremete directamente y sin tapujos contra la alta penetración de la corrupción en la policía nacional, la misma que se halla comprometida ya no solo con los famosos operativos de tránsito, sino que participa en extorsiones, hurtos, operativos bamba, complicidad con el narcotráfico o el delito organizado. Y ya no solo son elementos aislados sino que la corrupción es sistémica. Ya no es una manzana podrida sino esel barril el que hay que cambiar.

Mientras eso no ocurra, será imposible emprender una lucha cabal contra la inseguridad ciudadana, porque la policía es parte del problema, o porque es sobornada para hacerse de la vista gorda o porque ella misma forma parte del crimen organizado.

En Colombia se hizo una purga monumental de la policía, se reclutaron equipos especializados y se reemprendió la formación de los policías. Debemos seguir ese ejemplo.

Mientras la inseguridad ciudadana no se resuelva no habrá gobernabilidad democrática en el país. Toca la fibra esencial del contrato social que da origen a toda sociedad y en particular a una que se pretenda democrática. La permanencia de un ministro inefable como Santiváñez, solo contribuye a hacer más inviable este gobierno y le aporta una enorme cuota de ilegitimidad.

Hay que tener en cuenta que la inseguridad es la responsable de las marchas de protesta más importantes contra el régimen. De seguir como va, el tema va a seguir escalando y va a tener inclusive repercusiones electorales  

 

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santivañez

-¿Qué plantea la izquierda para combatir la epidemia de inseguridad ciudadana que nos azota, para remediar los males de la entronización del delito como modus vivendi? Nada, no propone nada.

-¿Qué dice la izquierda para erradicar la corrupción enraizada en todo el aparato público, inclusive en las llamadas instituciones tutelares (FFAA, Policía, Poder Judicial, Ministerio Público)? Nada, no propone nada.

-¿Qué sugiere la izquierda para arreglar la tara de la regionalización que tanta ineficiencia y corrupción han generado desde su origen en el gobierno de Alejandro Toledo? Nada, no propone nada.

-¿Qué propone la izquierda para remediar la desgracia de salud pública que tenemos, que ya mostró su real rostro durante la pandemia y que desde entonces no ha mejorado un ápice? Nada, no propone nada.

-¿Qué solución plantea la izquierda para el grave problema de la educación pública que tenemos en el Perú, que no es solo un tema de índole presupuestal? Nada, no propone nada.

-¿Qué ofrece la izquierda para resolver paulatinamente el problema de la informalidad de  nuestra economía, particularmente de la laboral? Nada, no propone nada.

-¿Qué ideas alcanza para que el Perú recupere los flujos de inversión privada necesarios para resolver los temas del crecimiento, la reducción de la pobreza y de las desigualdades? Nada, no propone nada.

-¿Qué reformas políticas y electorales plantea la izquierda para reforzar la alicaída institucionalidad que tenemos al respecto y que es causa de la crisis permanente que sufrimos? Nada, no propone nada.

-¿Qué ideas tiene para resolver al problema de las economías delictivas que asolan la democracia peruana? Nada, no propone nada.

La izquierda peruana carece de ideas fuerza. Todo la reduce a una fórmula mágica: Asamblea Constituyente. Su orfandad de propuestas la pretende esconder con la gaseosa e ilusoria idea de un cónclave tumultuoso de representación asambleística.

Ya lo comprobaremos cuando revisemos los planes de gobierno de las múltiples organizaciones de izquierda que aspiran a llegar a la presidencia de la república. Serán un listado de propuestas sesenteras, estatistas y, cómo no, la fórmula salvadora de la Constituyente. Si no fuera por el poderoso ánimo antiestablishment que existe, la izquierda no tendría opción alguna en esta venidera contienda.

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izquierda peruana

Sorprende el silencio casi absoluto de los principales partidos ubicados en la centroderecha respecto de los problemas acuciantes que soporta el país.

Ya sería hora de que Roberto Chiabra, Carlos Neuhaus, Javier Gonzáles Olaechea, Oscar Valdéz, Fernando Cillóniz, Alfredo Barnechea, Carlos Anderson, Rafael Belaunde, Jorge Nieto, o cualesquiera de los muchos que en este sector se lanzan como precandidatos, se pronuncien con claridad sobre temas que ameritan ya una propuesta orgánica sobre los mismos.

Por ejemplo, qué hacer con la inseguridad ciudadana. ¿Se van a extremar más las penas, se van a construir penales, se va reformar el sistema fiscal y judicial, se va a reformar la policía, etc.?

¿Qué se va a hacer con la corrupción que se ha vuelto endémica en el sector público? ¿Cómo se piensa enmendar rumbos? ¿Se va a cambiar el esquema de regionalización? ¿Se va a reconstruir la meritocracia? ¿Bajo qué criterios?

¿Cómo se piensa impulsar la inversión privada en el país, el shock capitalista que se requiere y reclama? ¿Qué reglas de juego se van a modificar? ¿Cómo se piensa destrabar la inversión minera, clave para el desarrollo del país? ¿Cómo se va resolver el tema de la informalidad, en particular el de la minería ilegal?

La centroderecha tiene una ventaja: la izquierda no va a entrar a ese tipo de debates, como no sea con la muletilla gaseosa de una Asamblea Constituyente. Ella confía en que el ánimo antiestablishment existente los catapulte electoralmente y sólo esperan que la rueda de la fortuna les sonría en el último tramo de la campaña electoral para encaramarse sobre el resto de competidores. Lo más probable es que hi siquiera pergeñen un plan de gobierno decente.

Sabemos de varios partidos que están preparando concienzudamente planes de acción. Ya es hora de que los que vayan desplegando. Quien muestre primero que el resto una luz al final del túnel en el que nos encontramos, partirá con ventaja respecto de sus competidores y aliviará en gran medida la desesperanza que cunde en las inmensas mayorías nacionales. Es momento de hablar.

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centro derecha del peru

Las encuestas que reflejan que para la mayoría dela ciudadanía lo del 7 de diciembre de hace dos años no fue un golpe de Castillo sino uno contra él, sumadas a las que le otorgan un caudal de intención de voto electoral, no son desdeñables y muestran que el exgobernante mantiene un índice de incidencia política que podría ser decisiva en la contienda electoral entre los candidatos de la izquierda.

Hoy descolla Antauro Humala, pero tienen un perfil potencial atendible Guido Bellido y Aníbal Torres, además de Lucio Castro, secretario general del Sutep y, eventualmente, más por el centro, Verónika Mendoza y Alfonso López Chau.

Tal como sucede en la derecha y el centro, la fragmentación probablemente se mantendrá y no habrá grandes alianzas o frentes electorales capaces de aglutinar perspectivas y potencialidades. El resultado sería, pues, muy reñido y se definirá probablemente por décimas quién de la izquierda pase a la segunda vuelta, si acaso no dos de ellos.

Allí puede jugar un papel Pedro Castillo, No es casual que haya reaparecido zarandeando a Dina Boluarte. Está haciendo política desde Barbadillo y probablemente apostará a que suba al poder en el 2026 alguien con capacidad de influencia para aminorar sus pesares judiciales.

El castillismo puede ser el gran elector de la izquierda en el país. Su pronunciamiento final a favor de alguna de las candidaturas puede sumarle al referido receptor del favor, la suma de votos suficiente para marcar distancia de sus contendores de la misma fraternidad ideológica.Será tan reducida la diferencia entre aquellos, que un caudal significativo como el castillista puede ser definitorio.

La del estribo: dos lecturas a recomendar. La primera Cuentos de Navidad de Charles Dickens, novela corta escrita en 1849, que viene a pelo por las fechas (mérito nuevamente del gran Club del Libro de Alonso Cueto). La segunda, La vegetariana, de la flamante premio Nobel, Han Kang. No se complique en estas fiestas. Regale un libro. Es de lamentar la tardía llegada al Perú de las novedades literarias -de ficción y no ficción-, pero igual se encuentra material de sobra para un buen disfrute del placer de la lectura. 

 

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castillismo, Pedro Castillo

Hoy cumple dos años en el gobierno Dina Boluarte, luego de la sucesión presidencial acaecida después del fallido intento de golpe de Estado perpetrado por el inefable Pedro Castillo.

El balance no puede ser positivo. La relativa estabilidad que le ha dado al país, luego de la vorágine de desgobierno que exhibió su antecesor, no le otorga el certificado de buen gobierno a una gestión que más allá de la reactivación económica -que, además, no es mérito suyo- no tiene nada que exhibir, como no sea una ausencia absoluta de políticas públicas eficientes y un rosario de denuncias fiscales por inconductas o delitos cometidos.

No la quiere casi nadie. Apenas un ralo 3% de ciudadanos aprueba su gestión. De arranque, la mitad del país que votó por Castillo la aborrece por lo que considera una traición suya a la persona e ideario del Atila chotano. Y la otra, que al comienzo le otorgó cierta licencia, la ha ido abandonando al son de su desgobierno absoluto y su falta de solución a los principales problemas del país, entre ellos el de la galopante inseguridad ciudadana.

Es una buena lección, de paso, para los aspirantes a sentarse en el sillón de Pizarro del 2026 en adelante. Nuestro país ya no puede seguir siendo gobernado en piloto automático. Ya lo hizo por casi veinticinco años y ya vemos los resultados políticos, más allá de la bonanza económica del primer decenio del siglo.

Un gobernante que no emprenda hiperactivamente un despliegue de reformas urgentes caerá pronto en el mismo desprestigio que Boluarte. Se requiere un gobierno 24×7 que sea capaz de emprender varias reformas a la vez, y enrumbar al país por la senda del republicanismo liberal que nos toca como cifra clave para sacar el país del estancamiento en el que se halla postrado, y que lo aleje de los abismos de la amenaza izquierdista radical que se asoma al proceso electoral conposibilidades ciertas.

No entiendo las razones según las cuales, bastará que Dina Boluarte convoque a elecciones para que, de inmediato, las hoy bancadas oficialistas aprovechen la ocasión para promover la vacancia presidencial y pretender construir ante la opinión pública una imagen de cierta distancia del régimen (ilusión vana, pero posible de existir).

¿Qué ganarían las bancadas oficialistas con ello? Si así ocurriese, ellas tendrían que tomar el Ejecutivo, reemplazando a Boluarte, y seguramente en ese escenario provocarían un estado de rechazo popular furibundo que los colocaría en peor situación que la que están ahora (lo de Merino podría ser un chancay de a medio si se le compara con lo que ocurriría si algún congresista del deslegitimado Parlamento actualocupa el sillón presidencial así sea por unos meses, previos a la convocatoria a elecciones).

Salvo que ocurra un escándalo de proporciones (lo de la nariz presidencial no alcanza ese perfil), lo más probable es que Dina Boluarte dure hasta julio del 2026. Tendría que descubrirse a Cerrón en Palacio, a Nicanor siendo visitado por la presidenta, o aparecer audios comprometedores de la propia mandataria para pensar que la coalición parlamentaria que la sostiene le dará la espalda y promoverá su vacancia.

Keiko Fujimori confía en que igual mantendrá el piso de 10% que hoy tiene y que con eso -dada la fragmentación existente- le alcanzará para pasar a la segunda vuelta. Y César Acuña, algo más despistado, confía en sus bases regionales, cuando lo más probable es que su obsecuencia respecto del régimen de Boluarte haga que ni siquiera pase la valla electoral el 2026.

Es verdad que el pueblo peruano tiene mala memoria y que, iniciada la campaña, probablemente no tenga disponible en su alforja la emisión de un castigo cívico a los cómplices de la mediocridad obscena del régimen, pero el grado de deterioro y de irritación ciudadana existentes, hacen pensar que esta vez sí habrá escarmiento para los responsables del desmadre que vivimos.En todo caso, bien merecido se lo tienen.

Entre tanto, seguirá incólume el apoyo. La distancia se pretenderá marcar con algunas interpelaciones o censuras (Rómulo Mucho ya fue censurado y probablemente ocurra lo mismo con Demartini), pero de allí no pasará.

 

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