Pie Derecho

El nuevo ministro del Interior del Perú, quien reemplazará al censurado Juan José Santivañez, tendrá una gran responsabilidad por delante. Es crucial que esta persona cuente con las capacidades necesarias para enfrentar los desafíos actuales.

Sin duda, el nuevo titular del Interior debe ser un profesional con experiencia en seguridad y gestión pública. No podemos permitir que alguien sin el conocimiento adecuado asuma este cargo solo por una amistad con la presidenta. Se necesita un líder, no un escudero.

No se trata solo de hacer pequeños ajustes; es una oportunidad para revitalizar un sector que es esencial para la vida de todos. Los recientes acontecimientos han demostrado que la extorsión y el crimen siguen siendo una constante en nuestra sociedad.

Este nuevo líder necesita ofrecer una visión clara, un enfoque estratégico y la habilidad de implementar políticas efectivas que aborden la inseguridad y el crimen organizado. También es fundamental que trabaje para restaurar la confianza pública en nuestras instituciones. Estas son tres áreas críticas que deben ser abordadas con seriedad.

La experiencia es clave. Sería ideal que el candidato tenga un historial en roles que le permitan comprender a fondo el sector y sus complejidades. Debería saber cómo colaborar con las fuerzas del orden, pero también con la comunidad.

Un enfoque colaborativo que involucre a la sociedad civil es esencial para construir un entorno seguro donde todos se sientan respetados. Este es un momento en el que todos debemos unirnos frente a la crisis, sin la necesidad de una figura autoritaria que dicte qué hacer, sino con ciudadanos comprometidos trabajando juntos.

Además, es fundamental que cuente con las herramientas y el respaldo político necesarios para combatir la corrupción dentro de las instituciones. Establecer mecanismos que permitan la supervisión pública de las acciones del ministerio podría ser un paso decisivo hacia la legitimidad. Muchos de los problemas criminales no podrían existir sin la complicidad de elementos corruptos dentro de las fuerzas del orden, algo que no debería sorprendernos. Es urgente una purga radical.

Por último, el nuevo ministro debe ser un buen comunicador, capaz de transmitir su visión y generar empatía con la sociedad. La seguridad no es solo un problema técnico; es un tema que impacta la vida diaria de cada ciudadano.

Frente a la situación actual, el liderazgo que inspire confianza y trabaje en beneficio de todos los peruanos será fundamental. En definitiva, una combinación de experiencia, integridad y una visión renovadora es lo que realmente necesita el Ministerio del Interior para lograr un cambio significativo y duradero.

Ahora, solo queda esperar a ver qué decisiones toma la presidenta Boluarte en las próximas horas: si continuará debilitando la institución o si, por el contrario, optará por rejuvenecerla de manera responsable. La seguridad ciudadana es crucial, tanto en el presente como en el contexto electoral futuro, así que mucho está en juego.

La del estribo: leyendo al gran Tolstoi. Ana Karenina en mis manos. Hay polémica entre Ana Karenina y Guerra y Paz, así como si es más predominante el Vargas Llosa de Conversación en la Catedral que el de La guerra del fin del mundo, o el García Márquez de Cien años de Soledad frente al de El amor en los tiempos del cólera. Cuando termine de leerla tomaré partido.

Hay quienes avizoran un futuro político incierto para Dina Boluarte luego de la censura al ministro del Interior, Juan José Santiváñez, y resucitan la especie de que luego de convocadas las elecciones en abril, su permanencia en el puesto es más que precaria.

La hipótesis se sustenta en que convocadas las elecciones, Boluarte podrá ser vacada sin riesgo de que el Congreso se vea compelido a convocar a elecciones y a recortar su mandato, que es lo que finalmente les preocupa a nuestros padrastros de la patria.

La hipótesis, sin embargo, se cae de irrealidad política. Todos en el Congreso saben que si vacan a Boluarte tendrán que colocar en su reemplazo a un congresista y que, dado ese escenario, las calles producirán otro “merinazo”, comoacertadamente lo ha calificado el almirante Montoya, y que a la postre se verán obligados a convocar elecciones a trompicones y apresuradas, porque nadie va a soportar un mandatario surgido de un poder del Estado tan o más desprestigiado que el Ejecutivo.

La censura al ministro Santiváñez ha sido una pulseada, torpemente alentada por el Ejecutivo al insistir en su permanencia, pero no supone una ruptura del pacto Ejecutivo-Congreso ni mucho menos. El mismo sigue sólido como una roca y probablemente se refuerce con el nombramiento del nuevo ministro, seguramente surgido de canteras fujimoristas (ya se habla de Rospigliosi como nuevo titular del Mininter).

A pesar del descontento popular, la fragmentación de la oposición dificulta la formación de una mayoría sólida que respalde un proceso de vacancia. Además, Boluarte ha buscado alianzas estratégicas, lo que le otorga un respiro temporal. La necesidad de estabilidad hace que su permanencia en el cargo parezca preferible para muchos. Así, la vacancia no se vislumbra como una opción viable en este contexto.

 

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-Hoy le toca al Congreso demostrar que puede, eventualmente, tomar distancia de los intereses del Ejecutivo y votar a favor de la merecida censura al ministro del Interior, Juan José Santiváñez, quien no solo ha demostrado ineficiencia en el cargo sino que se halla comprometido en sinfín de denuncias que ponen en duda su solvencia moral para desempeñar el cargo. Todo apunta a que la censura prosperará, pero en este Legislativo nunca se sabe qué negociaciones tras bambalinas pueden estar ocurriendo, por lo cual es mejor esperar al desenlace final. Pero sin lugar a dudas sería saludable para la democracia que el Parlamento le ponga un estáte quieto a un gobierno malacostumbrado a la indolencia e ineficacia más rampante sin que le ocurra nada.

-A la sociedad civil también le toca jugar un partido crucial. Se ha convocado a una marcha por la paz, luego del asesinato de un conocido cantante de cumbia, y la convocatoria ha prendido. Ya es hora también que de que las calles se hagan sentir organizadamente respecto de un régimen que no solo la seguridad sino toda política pública la trata como asunto de segunda importancia. Los altos niveles de desaprobación y el repudio popular que convoca a su paso por las calles este gobierno, ya ameritaba una respuesta colectiva organizada de la sociedad. Puede ser un parteaguas significativo respecto del tramo restante del quehacer gubernativo.

-La pena de muerte y el servicio militar obligatorio son dos propuestas populistas y efectistas que a nada contribuirán para contener la ola delincuencial. Más bien demuestra que el gobierno no ata ni desata sobre la materia y que requiere un cambio de mando en las autoridades que ven el tema. La fórmula está cantada: mayor presupuesto para investigación, control de la corrupción policial, inversión en penales, eficaz coordinación con Fiscalía y Poder Judicial. Y, por supuesto, un liderazgo claro de la cabeza.

-¿Puede una jueza que ve asuntos tributarios tener un hermano que trabaja en el MEF -parte interesada en todos esos temas- y ocultarlo impunemente? No, no puede ni debe. Por eso, luego de la denuncia presentada por Sudaca un congresista ha presentado una demanda ante la Junta Nacional de Justicia acusando el hecho. Esperemos que la JNJ resuelva con prontitud.

La pena de muerte, tan ventilada estos días por la presidenta Boluarte, lejos de ser una solución efectiva para los problemas de inseguridad que aquejan a nuestras sociedades, se revela como una trampa moral y una falacia disuasoria.

A menudo se argumenta que el miedo a la ejecución puede frenar el crimen, pero la realidad nos dice otra cosa. En Estados Unidos, donde la pena capital sigue vigente en varios estados, las estadísticas de criminalidad no muestran una disminución clara (menos criminalidad hay en estados que no la consideran). Los delincuentes, impulsados por la desesperación o el impulso, no contemplan la posibilidad de una condena final en el momento de cometer sus actos.

El enfoque debe ser trasladado hacia la prevención y la rehabilitación, y los resultados serán claramente positivos: las tasas de crimen disminuirán. Por lo demás, más disuasorio es constatar que un delincuente va a ser capturado y procesado, no la magnitud de la pena, sin contar que el sistema de justicia peruano es absolutamente falible. Si un delincuente sabe que va a ser detenido y apresado, se inhibirá mucho más de cometer un delito que si cree que le inaplicarán una sanción máxima.

Con la pena de muerte se opta por una respuesta simplista y brutal que perpetúa un ciclo de violencia. Este enfoque erosiona la confianza en un sistema judicial que debería ser, ante todo, un pilar de la civilización.

En última instancia, lo que necesitamos es un sistema que garantice que no habrá impunidad. Lo que alienta al delito -reiteramos- es la seguridad de que la justicia no caerá encima del delincuente, sin importar la pena que se le imponga, como sucede hoy en el Perú.

Se trata de una falaz cortina de humo lanzada por la primera mandataria, para distraernos de las reales causas del aumento delincuencial en el país, como es la incompetencia absoluta del ministro del Interior y del sistema de justicia.

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La inseguridad ciudadana se erige como un fenómeno que trasciende la mera estadística delictiva y se adentra en las profundidades de la convivencia social y la salud democrática de un país. Al deteriorar el contrato social, la inseguridad no solo afecta la calidad de vida de los ciudadanos, sino que socava la confianza en las instituciones.

Esta fractura genera un caldo de cultivo propicio para que surjan discursos autoritarios que prometen soluciones rápidas y efectivas a problemas complejos, apelando a la desesperación de un electorado ansioso por la seguridad.

En este contexto, las elecciones del 2026 podrían convertirse en un escenario de polarización extrema. La inseguridad, al debilitar la percepción de un Estado de derecho robusto, puede favorecer a candidatos que se presentan como salvadores, aunque sus propuestas carezcan de un fundamento democrático sólido.

La tentación de abrazar medidas drásticas o populistas puede llevar a la ciudadanía a ceder libertades a cambio de promesas de orden y control, lo que resulta en una erosión gradual de los principios democráticos.

La retórica de estos candidatos, a menudo antisistema, se alimenta del miedo y la desconfianza en el statu quo. En lugar de fomentar el debate constructivo y la participación ciudadana, se promueve un clima de confrontación y división. La democracia, que debería ser el espacio para la deliberación y el consenso, se convierte en un campo de batalla donde la seguridad se prioriza sobre la libertad.

Así, el impacto de la inseguridad ciudadana en la democracia es profundo y multifacético. La fragilidad del contrato social se traduce en una mayor vulnerabilidad ante discursos que prometen soluciones simplistas, pero que en última instancia amenazan con desmantelar los cimientos democráticos.

Las elecciones del 2026 podrían ser un punto de inflexión, donde la elección no solo defina un rumbo político, sino que determine la capacidad de la sociedad para reconstruir su tejido social y recuperar la confianza en sus instituciones.

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La situación política en nuestro país ha alcanzado un punto crítico, y la figura del ministro del Interior, Juan José Santivañez, se ha convertido en un símbolo de ineficacia y desconfianza. Su gestión ha estado marcada por una serie de decisiones cuestionables y múltiples denuncias fiscales en su contra, que han generado descontento tanto en la ciudadanía como en diversos sectores de la sociedad. Es imperativo que la presidenta tome acciones decisivas y considere su salida.

En primer lugar, la creciente ola de criminalidad que azota nuestras calles es innegable, como se ha apreciado con brutal crudeza este fin de semana. La falta de una estrategia clara para enfrentar el crimen organizado y la inseguridad ha dejado a la población en un estado de vulnerabilidad. Santivañez ha demostrado incapacidad para implementar medidas efectivas que garanticen la seguridad de los ciudadanos. La confianza en la policía se ha visto erosionada, y esto se traduce en un clima de miedo y desasosiego.

Si bien su relación con la policía no ha sido tensa, el ministro ha fallado en motivar y proporcionar el respaldo necesario para que las fuerzas del orden operen de manera efectiva. Es fundamental que los policías se sientan apoyados y valorados en su labor, y esto no se ha logrado plenamente bajo su liderazgo.

Además, las múltiples denuncias fiscales en su contra han añadido un manto de sospecha sobre su gestión. Estas acusaciones no solo comprometen su credibilidad, sino que también afectan la percepción pública sobre la integridad del Ministerio del Interior. La falta de una respuesta contundente ante estas denuncias ha alimentado la percepción de que se encuentra desconectado de la realidad que enfrenta el país.

En conclusión, la salida de Juan José Santivañez no solo es necesaria, sino urgente. El país necesita un líder que asuma el reto de la seguridad con determinación y visión. Solo así podremos comenzar a reconstruir la confianza en nuestras instituciones y garantizar un futuro más seguro para todos.

El gobierno parece empeñado en resguardarlo (ello se deduce del mensaje anoche del Premier). Comete un grave error, que podría ocasionar una crisis política que termine llevándose de encuentro ya no solo al titular del Interior sino al gabinete.

-¿Por qué decimos “al promediar las dos de la tarde” o “asistió un promedio de 30 mil personas”? Es “aproximadamente a las dos de la tarde” o “un aproximado de 30 mil personas”. Promedio es la media entre varias cifras. “En la fecha asistió un promedio de 15 mil personas”. Y lo dicen y escriben profesionales de comunicaciones.

-¿Por qué el periodismo deportivo se dedica a inventar términos? El último de moda es “referenciar”. “Fulano ya referenció a Zutano”. ¿De dónde sacan ese castellano? Cómo se nota que los cursos de redacción casi han desaparecido de las facultades de ciencias de la comunicación.

-¿Por qué nos zurramos en los pases peatonales y, por el contrario, cuando vemos a un pobre ciudadano tratando de cruzar por allí una calle, aceleramos para impedirle el paso? Igual, cómo se nota que educación cívica dejó de ser curso obligatorio en los colegios y cuando se dicta no incluye las normas de tránsito, que deberían ser parte importante del curso.

-¿Por qué las citaciones judiciales o fiscales, o los fallos, son tan imbricados que no los entiende nadie que no sea un abogado ducho en la materia? ¿Dónde llevaron un curso que les indicara que el derecho debía ser críptico y casi hermético?

-¿Por qué una jueza con claro conflicto de interés (léase la nota https://f.mtr.cool/gkuuhwtuuk ) no renuncia o se inhibe en los casos que involucran ese conflicto? Cosas del Orinoco. El manual de deontología ha sido birlado de los anaqueles de nuestros magistrados.

-¿Por qué seguimos usando relojes de pulsera, cuando ya tenemos los teléfonos que nos dan la hora? No entender.

-¿Por qué no usamos audífonos cuando vemos videos o escuchamos audios en los celulares? ¿No se dan cuenta que joden al resto, sobre todo cuando uno va en un vuelo?

-¿Por qué tenemos que apoyarnos en el respaldar de los asientes que están delante nuestro en los cines o teatros? ¿No nos percatamos que zamaqueamos al pobre ciudadano sentado allí?

La del estribo: ¿Por qué no ir a ver una buena obra de teatro, si es domingo mejor, para librarse de los aburridos o deprimentes programas dominicales? Vayan a ver La persona deprimidaen el teatro La Plaza, dirigida por Carla Valdivia, escrita por el gran Daniel Veronese y protagonizada por Katia Condos. Va del 25 de marzo al 13 de abril. Entradas en Joinnus.

El Congreso sigue, impertérrito, en su avance contra la sociedad civil, sin medir las consecuencias antidemocráticas que tal proceder contiene.

La ley de supervisión de las ONG, so pretexto de fiscalizar el destino financiero de dineros recibidos por cooperación internacional (lo cual está bien, porque hay más de un avivato que se aprovecha de la condición legal de las ONG para lucrar en beneficio propio), impone una serie de restricciones que abiertamente atentan contra el libre funcionamiento de organizaciones de defensa ambiental o de derechos humanos, que si no hicieran estas ONG no haría nadie.

Los excesos cometidos por algunas ONG no pueden invalidar el valioso trabajo que la mayoría de ellas realiza en beneficio de la sociedad peruana. Y la ley aprobada en el Congreso busca maniatarlas y las amenaza con multas y cierres de acuerdo al arbitrario criterio subjetivo de la autoridad de la APCI.

Al mismo tiempo, entre gallos y medianoche, el Congreso ha modificado el código penal en la concerniente al delito de difamación, en lo que constituye una grave amenaza contra el ejercicio de la libertad de prensa. Ya ese tema está más que regulado y no hacía falta modificarlo, pero el Congreso busca maniatar el ejercicio periodístico, labor fundamental también de la sociedad civil.

Ya la Sociedad Interamericana de Prensa había advertido el grave deterioro de las libertades informativas en el Perú. Hoy le deberá sumar una ley a todas luces antiliberal y retardataria, que solo busca socavar la labor profesional de la prensa libre.

Parece que el Congreso solo quisiese que hubiera poderes públicos y que el sector privado se constriñera a empresas individuales sin capacidad de cohesión o acción sobre temas que al Estado le son irritantes (como la defensa de los derechos humanos o la libertad de prensa).

Una desgracia es el Congreso actual. No lo detiene nadie en este avance autoritario y deberá ser tarea del próximo Parlamento -ojalá- desmontar el tinglado de normas intrusivas y violatorias del Estado de Derecho democráticoque perpetra el actual Legislativo.

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-Debería postergarse la salida y entrada del nuevo aeropuerto Jorge Chávez. Es inviable y antitécnico haber construido tan moderno terminal para que su ingreso y salida se produzcan por una zona precaria, sucia, impresentable y, sobre todo, insegura, y que va a exponer a los millones de pasajeros a asaltos diarios con absoluta impunidad (ya deben estarse preparando las bandas para asaltar a cuanto turista transite por allí). Que el ingreso siga siendo por el actual lugar y que internamente LAP provea un servicio de traslado al nuevo terminal, hasta que el viaducto Santa Rosa (planificado para el 2029) no esté concluido. No hay otra opción saludable frente a uno de los hechos de desidia burocrática más escandalosos que se han visto en décadas en el Perú.

-Razones familiares graves habrían llevado al excanciller Javier Gonzáles Olaechea a suspender su militancia y participación como precandidato presidencial por el PPC. No viene el caso especular sobre ello, pero queda claro que con la salida anterior de Cillóniz se le acortan las posibilidades al viejo partido fundado por Luis Bedoya Reyes. Quedan en pie Carlos Neuhaus y Oscar Valdéz. Visto desde fuera, Neuhaus no es una posibilidad viable. No es un buen candidato aunque probablemente en la interna tenga todas las de ganar. Debería renunciar también y dejar solo en carrera a Valdéz, quien tiene mayores posibilidades de triunfo. Militar, serio, ideológicamente consistente, exponente de mano dura (si por él fuera Conga ya habría entrado en funciones, pero Humala arrugó a última hora) y, además, capaz de galvanizar un voto que recoja las expectativas de derrotar a la inseguridad, el mayor flagelo y preocupación ciudadana a la fecha.

-Exceso injustificable. ¿Qué puede llevar a la Corte Suprema a dictarle ocho años de prisión al excongresista Daniel Salaverry por haber, supuestamente, mal utilizado diez mil soles de gastos de representación durante su gestión parlamentaria? Tanto el Ministerio Público como el Poder Judicial están en fase delusiva y solo hacen méritos para que les metan el caballazo de una reforma radical de ambos poderes del Estado. El populismo punitivo del Congreso parece haber hecho eco en las esferas fiscales y judiciales que han perdido toda sindéresis.

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