Pie Derecho

El Perú es ese país donde los bribones más hábiles, los actores de la impostura, terminan cosechando impunidad mientras otros, menos hábiles o con peor suerte, pagan las consecuencias con su pellejo o su vida.

Martín Vizcarra, aquel presidente que se encaramó en el poder disfrazado de moralista y adalid anticorrupción, ha vuelto a salir bien librado de un pedido de prisión preventiva. Una vez más, la justicia, esa señora bizca, lo ha dejado pasar sin más que una palmada y una advertencia tibia.

No se trata aquí de venganza ni de linchamiento mediático, sino de simple coherencia. En general, somos enemigos de las prisiones preventivas, pero no deja de llamar la atención la celeridad con que a algunos se les aplica y su inviabilidad cuando de alguien ideológicamente afín a la mayoría que controla el Ministerio Público y el Poder Judicial, se trata.

¿Cómo es que a Alan García, con acusaciones mucho menos documentadas que las que pesan sobre Vizcarra, se le persiguió con tal saña que acabó en tragedia? ¿Por qué razón otros exfuncionarios, ministros, empresarios y alcaldes están tras las rejas mientras Vizcarra desfila por los canales de televisión como si fuera un perseguido político y no el responsable directo de actos de corrupción probados?

Durante su presidencia, Vizcarra no solo manipuló el aparato judicial y el Congreso con astucia maquiavélica, sino que se sirvió del drama de la pandemia para consolidar su imagen de salvador. Pero los hospitales colapsados, los cadáveres en las calles, la falta de oxígeno y los contratos turbios hablan más claro que cualquier discurso. Hoy, con serios indicios de corrupción en su contra —vacunagate incluido—, continúa libre, como si nada hubiera pasado.

¿Es Vizcarra más hábil que los demás, o simplemente ha tenido la suerte de una justicia controlada, asustada o simplemente cómplice? El caso es una muestra más del doble rasero nacional, de ese país en el que la ley se aplica no al que delinque, sino al que pierde poder.

Vizcarra podrá caminar libre, pero políticamente, si el país tuviera memoria digna, estaría muerto. La historia lo recordará no como un redentor, sino como un taimado que burló al país mientras este lloraba a sus muertos.

Las elecciones del 2026 constituirán una de las encrucijadas más cruciales en la historia republicana del Perú. No exagero cuando digo que está en juego el alma de este país; debemos regresar a un patrón de capitalismo democrático que, a pesar de todos sus defectos, ofrece el crecimiento económico más sostenido y la mayor reducción de pobreza que hemos logrado en la historia moderna. Ese modelo, aunque fue arduamente ganado y contra las probabilidades desde sus raíces en las reformas de los años 90, luego consolidado bajo el régimen de Toledo y el segundo mandato de Alan García, fue muy probablemente el experimento modernizador más exitoso que el Perú ha visto en generaciones.

Sin embargo, esa trayectoria fue interrumpida y luego lentamente desgarrada con la desviación populista y estatista que comenzó con el gobierno de Ollanta Humala. La política económica ha estado bajo el control de una combinación letal de oportunismo, mediocridad y dogmatismo desde entonces. Con la propagación del estancamiento social y la debilidad de las funciones del estado, incluso llega el 2021 la peligrosa fase del discurso antisistema en la que se entroniza el escepticismo ciudadano y la fatalidad.

Es en este sentido que el país necesita más que un buen gobierno. Se requiere un ciclo de al menos dos presidentes consecutivos guiados por una visión liberal moderna, de respeto ilimitado por el estado de derecho, de apertura económica y reformas estructurales que liberen las energías creativas de los peruanos. Solo de esta manera podremos sacudirnos el subdesarrollo y construir un país verdaderamente libre, próspero y justo.

Para lograrlo, se debe invocar un proyecto político que pueda persuadir no solo a las élites ilustradas, sino a los sectores populares, que están cansados de la exclusión, pero susceptibles a los cantos de sirena de líderes mesiánicos.

Si los liberales democráticos no responden a este desafío con audacia y generosidad, estamos perdidos. Las elecciones del 2026 serán una cita con la historia. La elección ahora es clara: o volvemos al camino de la libertad o descendemos al abismo del retroceso y el autoritarismo.

El pasado del Perú está lleno de paradojas, pero pocas son tan tristemente patéticas como la que ahora se desarrolla en vista del 2026. La izquierda, esa torre de Babel ideológicamente centrífuga, en la que todas las distintas facciones hablan sus propios idiomas mientras llueven anatemas con el mismo entusiasmo con que otros denuncian el imperialismo, por una vez ha hecho algo que hasta ahora parecía impensable: van llegando a consensos. Y no hablamos solo de una mera coalición electoral, sino de un entendimiento práctico que podría traducirse en un segundo intento viable de tomar el poder por parte del populismo radical, como ya sucedió el 2021.

Mientras tanto, a su lado, la derecha y el centro, con un apoyo mayoritario según las encuestas, mantienen una mirada fija, aunque marcada por el combate entre sí, en esta guerra de locura y orgullo, con una atmósfera histérica de desconfianza mutua. Sus líderes, la mayoría de los cuales son decentes y bien intencionados, parecen ignorar una verdad fundamental: las elecciones venideras no las gana sino quien logre armar frentes coaligados. Y hoy, esa virtud táctica ha sido apropiada por la izquierda.

No es que la izquierda radical haya refinado su propuesta, o incluso su discurso. La historia allí sigue siendo la misma: estatista, autoritaria, simpatizante de líderes mesiánicos, hostil a las instituciones. Lo que ha cambiado es su instinto político. Han comprendido que en un país que ya ha tenido suficiente con la esperanza, donde la indignación popular la ha suplantado, cualquier promesa de cambio se vuelve atractiva. Y si a eso se le suma el desempeño necio de sus contrincantes, entonces el camino al poder se despeja con facilidad.

Sobre todo, en un Perú que tiene una necesidad tan urgente de una alternativa moderna, democrática y liberal, solo corre el riesgo de volver a caer en la pesadilla de los extremismos. La izquierda no avanza porque haya conquistado los corazones de muchos, sino porque sus adversarios están, a través de sus acciones, regalándole el futuro.

Si no responden, el 2026 no será simplemente una elección fallida; será una repetición del error. Y, como ocurre tan a menudo en nuestro país, el pueblo pagará el precio.

Uno de los espectáculos más tristes de la política peruana contemporánea es la claudicación de una izquierda que alguna vez soñó y lideró aspiraciones de modernidad, reformismo democrático y justicia social dentro del marco de instituciones. Esa última izquierda parece haberse rendido. En su lugar aparece una caricatura de sí misma, dispuesta a hacer acuerdos con los representantes de lo peor del autoritarismo criollo: Pedro Castillo y Antauro Humala.

Juntos por el Perú, que pretendía estar a favor del progresismo, con una vocación institucional y sensibilidad social, ha elegido sumergirse en el pantano del caudillismo más primitivo. La futura alianza con el golpista y desacreditado expresidente Castillo, cuyo mandato fue una debacle ética e intelectual, y con el violento etnocacerista Antauro Humala, cuyo discurso militar racista recuerda el peor delirio fascista, es un gesto no solo de desesperación política, sino de una alarmante regresión ideológica.

Lo que estas alianzas revelan es más que ineptitud estratégica. Muestran una traición a los principios democráticos más básicos. Porque, a pesar de sus consignas igualitarias y su retórica política sobre el pueblo, estos personajes — y los que hacen tratos con ellos — odian la libertad, desconfían del pluralismo y apuestan por el caos, en lugar de por el institucionalismo. Son, en el fondo, antidemócratas, enemigos de la crítica, la disidencia y la ley.

Lo que el Perú requiere es una izquierda moderna, similar a la que tuvo éxito en Chile, Uruguay o incluso Colombia. Una izquierda que pueda hacer propuestas serias, sin incendiar la economía ni derribar todas las instituciones. Pero en el Perú, un sector de la izquierda parece empeñada en su autoaniquilación, cayendo en las trampas populistas y autoritarias de antaño, y aglutinándose tras sus peores elementos.

La tragedia es que en este abrazo con la barbarie arrastra tras de sí las pocas esperanzas de verdadera renovación política. La izquierda que pacta con Castillo y Antauro no es digna de gobernar. Ni siquiera merece representar a alguien.

El Ministerio Público y el Poder Judicial, tal como están hoy, son instituciones mayormente corruptas, ineficientes y, además, a ojos de la opinión pública, deslegitimadas (salvo honrosas excepciones). Y su papel de impartir la ley de manera firme, honesta e independiente ha acabado en manos de camarillas mafiosas, intereses de segunda categoría y una densa mediocridad institucional.

La reforma es necesaria, sí, pero no cualquier reforma. Y, ciertamente, no una impulsada por un Congreso que no representa a nadie más que a sí mismo y una lista opaca de «intereses especiales».

¿Se puede creer que un poder del Estado que está podrido hasta la médula, cuyos legisladores desprecian la legalidad, que hacen leyes para comprar votos y dictan normas a la medida para protegerse, tengan la autoridad moral para «reorganizar» la justicia? Sería como poner a un incendiario a cargo del cuartel de bomberos. El resultado no sería la purificación de la justicia, sino su transformación definitiva en un arma política de venganza, extorsión y autoritarismo.

El Perú requiere una buena justicia. No perfecta, pero respetada. Para ello se necesitará una cruzada cívica, no un pacto parlamentario. Es el papel de la sociedad civil, los colegios profesionales, la academia y los medios de comunicación libres, liderar una reforma que pueda hacer al ciudadano volver a creer que existe el estado de derecho. Y este cambio debe ser profundo, técnico, institucional, pero, sobre todo, democrático. No se cura el cáncer con veneno.

Cualesquiera sean los méritos de la idea de evitar un Irán con armas nucleares, ese bombardeo llevado a cabo por órdenes de Donald Trump anoche es un acto inaceptable de provocación, una nueva manifestación de este neocolonialismo militar que Estados Unidos ha estado decidido a llevar a cabo con la arrogancia del pasado, como si el mundo no hubiera cambiado después de la caída del Muro de Berlín.

Lo que se pretende como una operación defensiva quirúrgica para la seguridad internacional no es más que una maniobra retórica, característica del corazón megalómano del expresidente, que no hace diferencia entre espectáculo y tragedia en su populismo.

No para contener el conflicto, sino para liberar sus demonios es lo que ha hecho Trump. Irán tomará represalias, el mundo islámico radical explotará y los aliados europeos mirarán estupefactos ante una elección que no compartieron ni les fue consultada. Pero la pregunta más importante es el precedente: si Washington va a intervenir donde le plazca intervenir, ¿por qué no dejar que Pekín tome Taiwán con un espíritu similar? ¿Por qué el mundo no permitiría que Moscú escale su cruzada imperial en Ucrania?

La crudeza de esto va más allá de su efecto inmediato respecto del mensaje que transmite: que el orden internacional puede ser desechado si un líder con obsesiones mesiánicas así lo decide. Trump también ha socavado la posición de Estados Unidos como juez internacional y ha invitado a otras potencias con una mentalidad similar, China, Rusia e incluso otras más pequeñas, a sentirse igualmente autorizadas para adoptarlo.

Esto no es un acto de defensa discursiva; es un acto de vanidad vanagloriada bajo el disfraz de virtud. Y, como ha sido tan a menudo cierto en la historia, cuando los imperios actúan con soberbia, lo que sigue no es paz, sino catástrofe. La especie humana aún parece no haber aprendido a discriminar entre la lógica de la razón y el capricho de la fuerza bruta.

–La del estribo: extraordinaria puesta en escena la de Querido Evan Hansen, bajo la dirección general de Roberto Ángeles, la dirección de movimiento escénico de Vania Masías y la dirección vocal de Denisse Dibós. Ganadora del premio Tony, en Broadway, la obra va en el Teatro Nos hasta el 13 de julio. Entradas en Teleticket.

Ojalá, sí, ojalá que la segunda vuelta presidencial del 2026 nos devuelva un país en donde la política no sea el arte de incendiar la pradera, sino el noble oficio de gobernar con sensatez y firmeza. Porque ya basta, de una vez por todas, de los extremos que han convertido al Perú en un campo de batalla entre fanáticos de uno y otro signo. La izquierda ciega que añora la hoz y el martillo; la derecha obtusa que idolatra la mano dura y el mercantilismo salvaje. Ambas, en su radicalismo pueril, están dispuestas a dinamitar lo que queda de institucionalidad.

La democracia no sobrevive con demagogos, ni con caudillos. Necesita líderes. Y nombres hay, afortunadamente, aunque les falte aún estructura partidaria o empuje electoral. Alfonso López Chau, sobrio y académico; Lucio Castro, con su vocación por la educación pública; Rafael Belaunde y Carlos Espá, liberales con sentido del Estado; Carlos Anderson y Jorge Nieto, progresistas sin veleidades populistas; Alfredo Barnechea, sensato e ilustrado; Roberto Chiabra, con el temple de un militar que cree en la ley. Ninguno perfecto, pero todos mejores que la jauría antisistema que acecha.

Deseamos que el Perú encuentre en ellos, o en otros de similar talante, una alternativa posible. Porque más allá del color ideológico, lo urgente es recuperar el espíritu republicano: el respeto a las formas, la vigencia del derecho, la economía responsable, y una ética pública que no sea mero discurso.

De lo contrario, seguiremos atrapados en esta espiral de desgobierno, histeria y ruina. Y será entonces el país el que pague —como ya viene pagando— el precio de haber convertido la política en un circo donde solo gritan los más locos. Nos merecemos algo mejor.

En los Andes peruanos, esa tierra altiva y castigada, se está gestando el posible renacimiento de una izquierda que, bajo diversas máscaras, no ha dejado de estar presente allí. No se trata ya de un caudillo aislado ni de un exabrupto electoral. Esta vez, la izquierda tiene posibilidades reales. El sur andino, siempre olvidado, indignado y doliente, representa casi el 20% del electorado nacional y, según todos los indicios, votará en un 80% por opciones que se reivindican antisistema, antiempresariales, anticapitalistas.

Si a ese núcleo le sumamos los votos del centro y norte andino, así como los bolsones de pobreza y frustración en las periferias urbanas de Lima, Trujillo o Arequipa, el resultado podría ser una masa electoral cercana al 25% del total nacional. Lo suficiente, incluso, para que no uno, sino dos candidatos de izquierda disputen la segunda vuelta. No sería la primera vez que el Perú elige con el hígado, pero sería, tal vez, la más peligrosa.

Ante esta amenaza, la derecha —incluida la derecha bruta y achorada que se parte hasta en tres o cuatro pedazos— continúa actuando con una irresponsabilidad suicida. Dividida en más de una decena de candidaturas, interesada en disputarse los despojos del poder antes que en construir una opción liberal moderna, le está regalando el pase libre a los agitadores.

El Perú, si no reacciona con lucidez, corre el riesgo de repetir su peor historia. Los populistas, ya sea de izquierda o derecha, prosperan cuando los demócratas vacilan o se pulverizan en la intrascendencia. El voto andino, harto de promesas incumplidas, buscará venganza, no esperanza. Y el país entero puede pagar, una vez más, el precio de su ceguera.