Pie Derecho

La falta de una explicación clara de la expectoración del historiador Manuel Burga de la dirección del Lugar de la Memoria, LUM, no hace sino alimentar las suspicacias respecto de que no es más que otra concesión a los deseos de la derecha más rancia que sostiene al gobierno en el Congreso.

Esa derecha ha visto siempre con malos ojos este museo, considera que el Informe de la Comisión de la Verdad debería ser traspapelado y revisar la memoria histórica de lo sucedido entre 1980 y la década del 90. Básicamente, lo que la resiente es el manifiesto despliegue de la verdad respecto de los excesos ominosos cometidos por las fuerzas del orden en la lucha antisubversiva, contra población civil inocente.

Burga venía conduciendo el LUM con dinamismo y sindéresis, a diferencia de muchos de sus antecesores, quienes cedieron a visiones ideológicas que contaminaron su quehacer.

Particularmente, tengo críticas al LUM. Creo que hay un sesgo antifujimorista en su narrativa, cuando los excesos más brutales de la represión ocurrieron en el periodo democrático de los 80 (Belaunde y García), no se muestra a cabalidad el horror de tales excesos (no es necesario equipararlos a los de Sendero, para mostrarlos en su real dimensión) y, finalmente, no se subraya que al final de todo, fue la democracia peruana la que obtuvo la victoria contra las huestes antisubversivas que querían convertir al país en un infierno (ello no se pondera adecuadamente).

Pero ello, con la dinámica propia de museos vivos como éste, va cambiando durante el tiempo y se ajustan las clavijas conforme la propia verdad se abre paso correctamente. En eso andaba la última dirección del LUM y ahora reina la incertidumbre respecto de las reales intenciones del mInisterio de Cultura a propósito del futuro de la institución.

Lo peor que le podría pasar al LUM es que se convierta en una institución edulcorada, pasiva, muerta, con una narrativa unilateral de lo sucedido en esos años, como pretende un sector de la derecha peruana y de la clase política involucrada en los desmanes antisubversivos (particularmente Acción Popular y el Apra).

La gran pregunta que la centroderecha y la centroizquierda se deben formular es cómo lograr enfrentar a los candidatos radicales disruptivos -tanto de izquierda como de derecha- que abrevan de la altísima irritación ciudadana y que, con seguridad, serán protagonistas en la disputa electoral del 2026.

¿Hay un margen para que la moderación alcance un grado de representación electoral importante? Sí lo hay. Percibo cierto hastío respecto de los discursos maniqueos y es probable que pueda aparecer un escenario electoral donde candidatos moderados se impongan.

Pero para ello deberán cumplir algunos requisitos. Primero, aglutinar fuerzas, lo que pasa o por firmar alianzas o por convocar a personalidades plurales tanto en las planchas presidenciales como en las listas congresales. Quizás esto último sea más viable dada la reticencia ya manifestada por firmar pactos entre agrupaciones diversas.

Segundo, desplegar un arsenal programático de primer orden, un plan de gobierno seriamente preparado y que ofrezca soluciones bien explicadas y claras sobre aspectos claves de la coyuntura actual (por ejemplo, será inviable un candidato que no asegure tener la capacidad y las ideas para derrotar el flagelo de la inseguridad ciudadana).

Tercero, una hiperestricta revisión de los antecedentes políticos y penales de los candidatos que incorporen a sus listas presidenciales o parlamentarias. Es tal el grado de lumpenización de la política peruana (acabamos de ver una denuncia contra un congresista por violación sexual), que la gente no tolerará el más mínimo atisbo de sombras morales en quienes los quieran representar. Ello se va a apreciar con inusitada beligerancia en la campaña venidera. Si los partidos no quieren que los reciban a botellazos en las plazas públicas, no podrán albergar en sus equipos a personajes cuestionados o con antecedentes sospechosos.

Hay espacio para que posturas moderadas tengan cabida, en medio de la batahola de una polarización que acusa de fascistas a cualquier candidato de derecha, así sea liberal, o de comunista a cualquiera que hable de derechos humanos y democracia (Sagasti es un comunista para la DBA y Rafael Belaunde un fascista para la izquierda radical). Es imperativo que hagan la tarea y le eviten al país el abismo de la radicalidad autoritaria.

Por más que a la izquierda le parezca una majadería de los medios de comunicación peruanos que reiteradamente les inquieran su opinión valorativa de la dictadura de Maduro, es imprescindible que la prensa local incida en ello, porque va a servir de prueba ácida de la real convicción democrática de los candidatos de ese segmento del espectro ideológico.

Este viernes seguramente Maduro se entronizará como dictador. Edmundo Gonzáles será hecho prisionero si pisa territorio venezolano, y, salvo que haya una insurrección miliar endógena o una movilización popular masiva y contundente, tendremos dictadura venezolana por buen tiempo.

Frente a ello, la izquierda peruana suele esquivar el tema de un pronunciamiento respecto de si lo que acontece en Venezuela es un proceso dictatorial o no, o sobre cómo debe actuar la diplomacia peruana al respecto (felizmente, el gobierno peruano acaba de reconocer a Gonzáles como ganador de las elecciones venezolanas y, por ende, legítimo gobernante, luego de un paréntesis de soslayo después del paso del excanciller Gonzáles Olaechea, quien la tenía muy clara al respecto).

Candidato que se muestre renuente a señalar a Maduro como un dictador, es un peligro democrático (como lo es, también, respecto de Cuba y NIcaragua, con quienes nuestra izquierda también se muestra contemplativa). Quiere decir que sus convicciones respecto de la democracia formal y representativa son endebles y que de llegar al poder será capaz de recorrer el camino de Venezuela, de ir destruyendo la democracia desde adentro y luego entronizarse en el poder, dejando de lado las “pelotudeces” democráticas, como con sinceridad que se agradece expresó el congresista Guillermo Bermejo.

Ya suficiente daño ha sufrido nuestra democracia gracias a los legicidios del Congreso actual, como para que del 2026 en adelante sobrevenga un gobierno que explícitamente se proponga demoler la raída institucionalidad democrática que sobreviva a los arrestos legislativos. Se juega mucho el país el 2026, no solo en materia económica -con una izquierda que se quiere traer abajo el modelo que tantos éxitos ha tenido- sino, sobre todo, en materia política, porque el triunfo de la izquierda radical puede significar el final de la democracia peruana y el tránsito hacia las rutas que en la región ha seguido Cuba, Nicaragua o Venezuela. Hace bien la prensa peruana, por ello, en insistir en exigirle a los candidatos de izquierda que se pronuncien claramente al respecto.

Ha sorprendido a muchos la altisonancia con la que se ha referido a Keiko Fujimori, el burgomaestre limeño Rafael López Aliaga, señalando que le importaban un rábano las opiniones de la lideresa naranja.

Es, sin embargo, la actitud correcta que la derecha tiene que desplegar frente al fujimorismo, el gran adversario a derrotar en los comicios del 2026, junto con la izquierda radical que de todas maneras va a ser protagónica.

Tiene que erigirse una derecha antifujimorista, que sepa endosarle, además, al fujimorismo las culpas graves de la crisis política por la que transitamos, que empezó el 2016 con la labor de zapa contra PPK y que ha continuado ahora con la connivencia pueril con la que el fujimorismo sostiene al régimen de Dina Boluarte y con la profusa lista de desaguisados legislativos que desde el Congreso las huestes naranjas han avalado y seguirán avalando hasta que culmine el mandato mediocre que nos gobierna.

Es indefendible políticamente la actuación de Keiko Fujimori y no merece por ello consideración estratégica alguna. Es más, Keiko Fujimori no es precisamente un faro político o de pensamiento ideológico cono para que sus opiniones sean tomadas en cuenta como referente a tener predicamento.

Hace bien López Aliaga en marcar distancia del fujimorismo. Es algo que la centroderecha debería también hacer y no mostrarse acomedida o mirar de soslayo la crítica durísima que el fujimorismo merece. La derecha debe tomar distancia clara y frontal del gobierno a la vez que de su aliado, el fujimorismo.

Si quiere evitar otra vez una segunda vuelta en la que Keiko Fujimori, con su 10%, sea dirimente contra un candidato de la izquierda virulenta y antisistema, la derecha y la centroderecha deben empezar desde ya a desgastar ese núcleo duro que Fuerza Popular mantiene, y ello pasa por ejercer una implacable y dura campaña que denuncie las tropelías que las fuerzas naranjas han desplegado con fruición estos años.

Según la última encuesta de Datum, Rafael López Aliaga sube sus niveles de aprobación de 29 a 33% y su desaprobación cae de 67 a 62%. Le está rindiendo frutos el cumplimiento de algunas de sus promesas (como lo de las motos) y, sobre todo, el inicio de megaobras y noticias positivas como la del tren Lima-Chosica, vía una donación (no se le puede mezquinar el logro).

A ello se suma una constante aparición en los medios de parte del burgomaestre, tanto en conferencias de prensa como en entrevistas abiertas. De paso, le podría servir de ejemplo a la primera mandataria, que rehúye como la peste las relaciones con la prensa y mantiene bajísimos niveles de aprobación.

López Aliaga reúne varias condiciones para ser considerado ya un precandidato presidencial de peso: presencia mediática permanente, discurso derechista disruptivo, posición crítica frente al gobierno.

Como van las cosas, esta vez podría tentar mejor suerte que el 2021 y hasta disputarle el lugar a Keiko Fujimori quien no parece sopesar el lastre que significa su apoyo al régimen y cree que el piso de 10% que hoy exhibe le alcanza para pasar a la segunda vuelta.

Porky parte con ventaja respecto de otros candidatos que podrían disputarle ese lugar antiestablishment, como Carlos Álvarez o Phillip Butters, y no sería de extrañar ni debería sorprender a nadie que podamos verlo pasando a la jornada definitoria.

Superó una primera etapa de descrédito -llegó a tener 69% de desaprobación y apenas 25% de aprobación en su peor momento, según Datum- y hoy parece que más bien todo irá cuesta arriba, si mantiene el mismo perfil que hasta el momento exhibe y la suerte municipal le sigue sonriendo.

–La del estribo: películas muy buenas a recomendar. Anora, de Sean Baker; Dahomey, de Mati Diop; No other Land, documental de Rachel Szor, Yuval Abraham y Basel Adra; Sustancia de Coralie Fargeat; Perfect Days, de Win Wenders. Algunas en plataformas de streaming, otras con su proveedor favorito.