Sin embargo, sí sabemos que, en ningún momento, los Comités de Autodefensa fueron pensados como una “fuerza auxiliar” de la policía o del Ejército. Encargados de llevar a cabo “acciones de prevención de la delincuencia común, el tráfico ilícito de drogas y terrorismo” portando armas, las cuales pueden ser adquiridas o donadas por el propio Estado o particulares como lo estipula la ley aprobada recientemente. El mensaje es claro, el Estado abdica de su rol de garante de derechos. Los congresistas olvidan que al Estado le compete garantizar la seguridad de los ciudadanos, protegerlos y no exponerlos a la acción de delincuentes, a narcotraficantes o terroristas. Olvidan también lo que se dice en la Declaración Universal de los Derechos Humanos al respecto: “todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”. Hace poco algunos de ellos han expresado su interés de “corregir” algunos artículos de la ley. ¿Serán capaces de enmendar tamaño e inconstitucional “error”? Poco probable la verdad.
