El nombramiento de alguien como Daniel Salaverry, quien no tiene oficio ni beneficio, para un cargo técnico como el de presidente de un organismo altamente especializado como Perupetro, es el mejor indicador de la mediocridad ejecutiva de este gobierno.

La designación fallida de Mario Carhuapoma, y el nombramiento de un reemplazo prontamente cuestionado por su idoneidad, en EsSalud. La caída del proyecto Majes-Siguas por inacción del Estado, etc., son otros indicadores -entre muchos más- de una gestión paupérrima, tal cual subrayábamos en nuestra columna de ayer.

Como bien ha señalado el economista Miguel Palomino, exvicepresidente del BCR, Pedro Francke, quien es de lo mejorcito que tiene este régimen (¡pudo haber sido Juan Pari el titular del MEF!), si no fuera en este gobierno jamás hubiera sido ministro de Economía.

Y hay que sumarle a lo dicho los destrozos institucionales que vienen ocurriendo en la tecnocracia de sectores como Transportes, Educación (copado por el Fenatep), Energía y Minas, Minam, etc., para entender el oscuro porvenir que le espera al Estado peruano.

Salvo el proceso de vacunación, que ha seguido el impulso dejado por la administración anterior, en prácticamente todo lo demás, la gestion pública llega a niveles tan misérrimos que es dable temer el colapso del Estado en varios frentes de acción.

Organismos que antes constituían islas de excelencia, como Indecopi, la Sunat, Perupetro, Proinversión, y algunos más, están siendo infiltrados por funcionarios allegados al partido de gobierno, sin  ninguna experiencia ni capacidad gestora adecuada para los cargos que se les entregan graciosamente.

Ya no estamos siquiera ante un problema de izquierdas o derechas. Por cierto, ha quedado demostrado que la izquierda peruana carece de una red de profesionales y tecnócratas en capacidad de asumir las riendas de un gobierno en sus aspectos esenciales, pero los niveles a los que se está llegando, exceden ya cualquier tipología ideológica y apuntan, más bien, a una mediocridad corrupta: regalarle un puesto a alguien, solo por sus credenciales partidarias, sin estar calificado para la responsabilidad que se le encomienda, es la peor corrupción, porque genera un enorme perjuicio social, tangible y altamente costoso.

El problema es que el techo lo marca el propio Presidente de la República, un personaje altamente descalificado, en términos administrativos y politicos, para ejercer el cargo que le tocó en suerte desempeñar. Si esa es la cima, se entiende la grisura de espanto de los niveles burocráticos inferiores.

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Daniel Salaverry, Estado, Gestión del estado, Mario Carhuapoma, Presidente de la República

Al final de cuentas, el gobierno de Pedro Castillo no va a ser revolucionario, no va a convocar ninguna Asamblea Constituyente, no va remover los cimientos del modelo, no va a cambiar la primacía de la propiedad privada, no la va a afectar, no va tampoco a transformar radicalmente la salud y la educación públicas ni acometer un programa de redistribución socioeconómica trascendental. No va a ser ni Velasco ni Alan I. No le da el fuste ni para eso. El suyo va a ser el reino de un centrismo mediocre.

Ni puede -no tiene la mayoría en el Congreso, ni el respaldo masivo de las calles- ni quiere hacer algo superlativo. Rápidamente, se ha refugiado en el usufructo del statu quo, del piloto automático, pero con su añadido particular de una profunda medianía. 

En estos cinco años de gobierno, el Perú va a retroceder, pero no porque haya llegado al poder un destructor del modelo liberal, sino porque se ha instalado en Palacio un personaje tan mediocre que lo único que parece buscar es darle puestos públicos a sus allegados y desmontar las pocas buenas reformas que se habían hecho en los últimos años (magisterial, del transporte, etc.).

En el fondo, quizás sea hasta positivo para el país que la coalición de izquierdas que nos gobierna corrobore su enorme incapacidad ejecutiva, su falta de cuadros técnicos y su vocación politiquera para administrar los recursos públicos. Y que, al cabo de los cinco años perdidos de este régimen, ojalá el país entienda el desastre que supone votar por la izquierda. La peor derecha es mejor que una izquierda como la peruana, incapaz de alcanzar cuotas de modernidad que en otras latitudes exhibe.

Por su parte, la derecha haría bien en descartar el escenario improbable de la vacancia y abocarse a tareas políticamente más productivas. Solo un escándalo de corrupción que toque directamente al Primer Mandatario la justificaría. La mediocridad del gobierno no es razón suficiente para ello.

La tarea derechista, en consecuencia, debería ser mantener a raya al régimen, evitar cualquier tentación colectivista o autoritaria (ya que goza del poder suficiente para lograr ello), impulsar los cambios que pueda acometer desde el Legislativo, y prepararse para el recambio del 2026 con candidaturas potables, apostando a que sobrevenga un periodo derechista de larga duración que, esta vez sí, haciendo las reformas institucionales pertinentes, conquiste un nivel de desarrollo irreversible del país, blindándolo contra eventualidades disruptivas como las que hemos sufrido este aciago año electoral.

Nota al margen: es política editorial de la dirección de Sudaca que ejerzo, respetar en grado extremo los informes que los reporteros publican con su respectiva firma y responsabilidad. Ello se ha hecho y se hará, escrupulosamente -jamás una nota ha sido censurada desde que Sudaca empezó a existir-, asumiendo que se está ante una exposición veraz de hechos a los que el reportero, con derecho propio, agrega subjetividades editoriales. Respecto de estas cabe, sin embargo, la discrepancia, y me permito ejercerla respecto de algunos acentos de la nota publicada ayer “Hablan los amigos de César Acuña (y otros se corren)” (http://ow.ly/NBzX30s6Zbt), particularmente en el tratamiento del rol jugado estos días por Augusto Álvarez Rodrich. A pesar de su amistad con César Acuña, AAR se ha pronunciado claramente en contra de la sentencia y ha promovido, desde la presidencia de IPYS, duros comunicados al respecto y ha gestado, inclusive, activamente la vigilancia de periodistas el día de la audiencia. No se ha escabullido respecto de este espinoso tema.

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Augusto Álvarez Rodrich, César Acuña, Pedro Castillo, Primer Mandatario

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“Plata como cancha”, César Acuña, Christopher Acosta, Libertad de prensa

La Corte Suprema y la Junta Nacional de Justicia tienen que hacer un trabajo urgente de fiscalización y sanciones a muchos fiscales y jueces de primera instancia, que cuando se abocan a ver casos vinculados a la libertad de prensa, muestran una ignorancia absoluta de las protecciones legales de los periodistas, sus garantías constitucionales y sus prerrogativas profesionales.

Lo acabamos de ver en la absurda y abusiva sentencia recibida por el periodista Christopher Acosta y el editor Jerónimo Pimentel, por obra y gracia del juez Jesús Vega, condenados ambos a dos años de prisión suspendida y al pago de cuatrocientos mil soles de reparación civil, luego de una querella planteada por César Acuña. Ha bastado escuchar los argumentos del juez para darse cuenta que no entiende absolutamente un ápice -o lo entiende muy bien y es motivado por otros afanes- de los márgenes jurídicos que garantizan el ejercicio periodístico.

Algo similarmente escandaloso ocurrió hace algunos días, cuando una bufalesca montonera de policías y fiscales allanó la vivienda del periodista Pedro Salinas, por una querella interpuesta por un aparente turiferario sodálite que ha buscado un despropósito para amedrentar al periodista. En este caso, el solícito fiscal contra la libertad de prensa se llama Reynaldo Abia.

He tenido a lo largo de mi carrera periodística casi una veintena de querellas, todas perdidas en primera instancia y luego ganadas en instancias superiores (salvo una, que se halla en revisión en estos momentos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dada su grosera improbidad). Hay un tic autoritario, antilibertario, inscrito en el ADN procesal de los jueces de primera instancia que es menester corregir rápidamente, porque constituyen una serísima amenaza a la libertad de prensa.

En el Perú ya no es el poder gubernativo, como suele suceder, el que amedrenta a la prensa. Son también poderes fácticos los que aprovechando su enorme influencia y poder, atarantan o seducen a magistrados para que fallen venalmente, como en los casos mencionados.

Se espera que en segunda instancia estos groseros dislates contra la libertad de prensa sean corregidos y la sociedad peruana no vea coartada una de las mayores libertades que una democracia debe exhibir. No es un fallo, no son uno o dos periodistas los afectados. Es la democracia en sus fundamentos la que ha sido magullada estas horas.

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“Plata como cancha”, César Acuña, Christopher Acosta, Libertad de prensa

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Derecha, Keiko Fujimori, política peruana, Rafael Lopez Aliaga

La derecha peruana tiene que volver a imponer una narrativa, equivalente a la vinculada a la defensa del modelo económico, que tanto éxito político le retribuyó en los últimos 30 años. La resaca del apocalipsis económico que supuso la gestión del primer gobierno de Alan García bastó para que esa narrativa sobreviviera, potente y eficaz, a lo largo de este periodo.

Pero ese discurso claramente ya se agotó, políticamente hablando. Ya no surte efecto ni moviliza conciencias. El triunfo de Castillo demuestra fehacientemente que a las mayorías no les preocupa que ese modelo se venga abajo. Es culpa, en parte, de la propia derecha que dejó pasar, relativamente incólumes, proyectos centristas mediocres que subordinaron las prácticas procapitalistas (como fue, sobre todo, el gobierno de Humala), sin marcar una pauta crítica al respecto, pero también porque el paso de los años ha extenuado ese discurso, más aún en generaciones que no sufrieron el desastre alanista y no tienen, por ende, por qué comprarse en automático un discurso en sentido contrario.

Lo que corresponde es que la derecha, sin descuidar la defensa del modelo económico, recupere fueros en aspectos más vinculados a la democracia y la eficacia estatal. En suma, la reforma político-electoral y la ansiada reforma del Estado. La bicameralidad, la mejor representación electoral, el fortalecimiento de los partidos políticos, la descentralización, la salud y la educación públicas, la estructura del Ejecutivo, la reforma laboral y tributaria, son, por ejemplo, algunos aspectos en los que la derecha puede y debe tomar la iniciativa.

Tiene, a diferencia de la izquierda, tecnocracia mucho más calificada y expertos, en cada uno de esos campos, sobradamente más capaces que los que la izquierda puede exhibir (basta ver la orfandad programática que la coalición de izquierdas que nos gobierna, exhibe). Hay toda una generación de expertos, con estudios, inclusive, en el exterior, en las mejores universidades del mundo, que podrían aportar en esa narrativa, que rescate la lucha por construir en el Perú un capitalismo competitivo y una democracia sólida.

El problema es que la clase política de derecha es una lágrima. Nos merecemos algo mejor que la dupla Keiko Fujimori-Rafael López Aliaga. Una está involucrada en todos los entripados mercantilistas habidos y por haber (transporte informal, minería ilegal, educación trucha, etc.) y el otro solo está obsesionado por una restauración conservadora. No tienen, ni por asomo, cercanía con la modernidad de los nuevos discursos descritos sino que, además, son muy malos candidatos, ambos. La derecha merece que su nueva narrativa, si la construye, vaya acompañada de mejores portavoces.

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Derecha, Keiko Fujimori-Rafael López Aliaga, Pedro Castillo

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Costa Verde, malecón, Susana Villarán

Ahora que las restricciones de aforo de concurrencia a las playas ponen una vez más en evidencia su cortedad para atender la inmensa demanda recreativa de una megalópolis como es Lima, es ocasión de volver a poner en la palestra la urgencia de que se emprenda una gran obra pública que amplíe los espacios playeros a todo el litoral citadino.

A la fecha, solo Chorrillos, Barranco y Miraflores tienen playas habilitadas, apenas un 30% de la costa limeña y chalaca está disponible para que la gente pueda acudir a ellas como grandes espacios públicos de recreación. De los casi 22 kilómetros que tiene (entre La Herradura y La Punta), apenas 6 cuentan con playas de uso público.

Desde San Isidro hasta La Punta (en su vertiente sureña), pasando por Magdalena, San Miguel, La Perla y Callao, simplemente es un litoral agreste, inutilizable para esparcimiento playero.

En una ciudad donde pocos espacios públicos existen, y teniendo en cuenta la importancia de ellos para el desarrollo de una cultura cívica y democrática, de compartimiento social, es imperativo recuperar para la ciudad ese gran litoral, hoy inutilizado.

El mayor magnicidio urbano cometido en Lima en las últimas décadas es el que perpetró Susana Villarán al convertir la Costa Verde en una autopista. Destrozó lo que debería haber sido un gran paseo de acceso urbano peatonal y citadino.

Pero se puede y debe remediar. Habilitando playas en los distritos que no la tienen, construyendo ascensores en lugar de las complicadas escaleras de acceso (o poniendo buses gratuitos), permitiendo algunos espacios de recreación en las zonas que lo permitan, conquistando, en suma, un gran parque natural para los millones de peruanos que hoy congestionan las pocas playas a las que pueden acceder.

No se ha invertido un sol desde hace décadas en habilitar playas construyendo espigones. Nuevas tecnologías hoy hacen relativamente previsible lo que antes era un albur. Esa tarea la debería acometer el gobierno central, con un convenio de gobierno a gobierno, como gran obra pública. Es de interés primordial, transformaría la vida de la ciudad y convertiría a Lima-Callao en lo que realmente es, una ciudad costera, con el inmenso beneficio que tendría construir un espacio público de disfrute abierto y gratuito para todos. Democracia urbana con inmenso impacto inclusivo y socializador, integrador y sembrador de cultura cívica.

La del estribo: una corrección gustosa a un error cometido en un estribo anterior, respecto de la ópera Carmen, de George Bizet, que organiza el Festival Granda. La misma ya tiene fechas reprogramadas para este año. Va el viernes 20, domingo 22 y martes 24 de mayo en el Gran Teatro Nacional, conforme fue anunciado en sus plataformas, con desconocimiento de quien escribe. Valga la rectificación y bienvenida la buena ópera este año al Perú. Por si aún quedan entradas, pueden averiguar en Teleticket.

 

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Costa Verde, Susana Villarán

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gabinete Vásquez, Gobernabilidad, Pedro Castillo
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