[PIE DERECHO] Sí hay un conflicto de interés en el hecho de que los congresistas actuales aprueben una reforma constitucional que permita la reelección congresal inmediata y eso los beneficie a ellos, como me señala Carlos Anderson, quien votó en contra por esa razón, pero en este tema, el bien superior supera cualquier atingencia formal menor.

La bicameralidad es superior a la unicameralidad. Bien diseñada -esperemos que lo haga en adelante el Congreso, tiene tiempo para ello- es un salto de calidad institucional política y ya lo apreciaremos en el futuro. Pero requiere reformas consecutivas: la realización de las primarias, la renovación por tercios o mitades, la puesta en marcha de un diseño institucional representativo distinto al distrito nacional, etcétera. Si no se hace ello, como bien ha dicho el constitucionalista Luciano López, solo se estaría reproduciendo la mediocridad.

De paso, nos parece una gran noticia que el Congreso vigente empiece a emprender reformas en lugar de dedicarse al oficio ruin de destruir la institucionalidad democrática del país (esperemos que no insista con su intento de descabezar la Junta Nacional de Justicia) o a dar muestras impunes de inmoralidad (niños, mochasueldos, viajeros irresponsables, etc.).

Si completara la reforma política y desplegase al menos una más -sugiero la de la regionalización- y reactivara la función fiscalizadora puesta de manifiesto esta semana con la justificada censura al ministro del Interior, Vicente Romero, ya habríase producido un upgrade congresal significativo.

El Congreso es una entidad desprestigiada acá y en las democracias de todo el planeta. Como alguna vez me dijo el excongresista Daniel Abugattás, “al día siguiente de haber juramentado, ya la gente me mentaba la madre en la calle”. Eso es inevitable, en gran medida, pero al menos se puede lograr tasas de legitimidad si se abocase a tareas que le importen a la ciudadanía.

No lo veremos ahora, nos queda claro. Este es un Parlamento infiltrado por las mafias delictivas, políticas y empresariales, y más que deberse al pueblo, la mayoría de congresistas se debe a ellas. Pero, quizás sin ser plenamente conscientes de lo que han hecho, con la aprobación de la bicameralidad y la reelección, han dado un paso virtuoso para la mejora institucional de la democracia peruana. Y eso hay que aplaudirlo.

La del estribo: si hay una persona que merece mi admiración es Mario Vargas Llosa. Por su brillantez intelectual, su entereza moral, su impresionante capacidad de trabajo y sinfín de otras virtudes que sería larguísimo enumerar. Como lector de todos sus libros, solo queda lamentar que haya decidido renunciar, por razones atendibles, a la escritura de novelas, pero se despide con una pieza magistral, Le dedico mi silencio, donde, a propósito del vals criollo, nos da una lección de peruanidad. Hay que respetar esa decisión. Quiero recomendar dos reportajes. Uno es el último capítulo -se supone- de la serie Una vida en palabras, una conversación entre nuestro novelista y su hijo, Álvaro, donde hablan de la última novela. El otro es un viaje que realiza con sus tres hijos (Álvaro, Morgana y Gonzalo) a Puerto Eten, lugar clave para entender la vida del protagonista de la novela mencionada. Documentales imperdibles. Ambos en Youtube.

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Bicameralidad, Institucionalidad, Legitimidad, Reelección congresal

[PIE DERECHO] Uno de los deseos del año ha sido que la derecha y el centro se logren aglomerar y presentar máximo dos o tres candidaturas el 2026 o cuando se produzcan las elecciones generales. No parece ser ése, sin embargo, el ánimo de sus protagonistas, quienes parecen creer que es mejor ir cada uno por separado y recién en la segunda vuelta apoyar al que pase a ella.

Es un escenario de alto riesgo. Es verdad que esa perspectiva sí podría lograr un mayor número de congresistas del perfil ideológico señalado, pero atomizaría el voto presidencial hasta niveles equivalentes, en el mejor de los casos, a los del 2016.

Bajo tal circunstancia y teniendo en cuenta la potente vocación antiestablishment de la ciudadanía -según reflejan todas las encuestas que ya preguntan por preferencias electorales-, podría ocurrir tranquilamente que sean dos candidatos disruptivos radicales los que pasen a la jornada definitoria.

Si se toma en cuenta, además, que los dos candidatos de derecha que junto a Keiko Fujimori disputaron el pase en la anterior jornada -Rafael López Aliaga y Hernando de Soto- no gozan hoy del mismo predicamento, la eventualidad de que ocurra el escenario indeseado de dos candidatos de izquierda en la segunda vuelta crece en posibilidades.

Debería existir, además, una tendencia natural al agrupamiento. La diferencia ideológica entre muchos de los candidatos de centro o de derecha que asoman en el horizonte es mínima. Tranquilamente deberían haber sido partícipes de la misma agrupación. Es absurdo que vayan por separado a una contienda.

El Perú no puede correr el riesgo de que se repita el fenómeno Castillo, quien con poco más de un año de gestión arruinó el país y sus efectos aún se sienten hasta hoy. Sería calamitoso que el 2026 triunfe un candidato de la izquierda retrógada que nos ha tocado en suerte.

Es imperativo el llamado a la conjunción de esfuerzos por parte de los sectores ideológicos que al menos coinciden en defender el modelo de una economía de mercado y el sistema democrático formal como lechos rocosos de la sociedad peruana.

Debe tenerse en cuenta, además, que adicionalmente a competir contra el ánimo disruptivo de un sector importante de la población, se enfrentará la adversa situación de tener un gobierno de derecha terriblemente mediocre como el de Dina Boluarte y que puede ser una piedra atada al cuello de dicho sector.

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Candidatos Radicales, elecciones 2026, Fragmentacion del Voto, Unidad Política

Así como los fallidos estados de emergencia distritales fueron un rotundo fracaso en la lucha contra las bandas delictivas que operan impunemente en todo el territorio nacional, lo dispuesto respecto del cierre de las tribunas populares de la U y Alianza Lima, a propósito de serios incidentes callejeros ocurrido entre barras bravas de ambos clubes, no va a servir absolutamente para nada.

Todos los días muere algún hincha identificado con ambos u otros clubes en enfrentamientos barriales por el predominio de la zona, y, que se sepa, la no asistencia al estadio no tiene racionalmente ningún sentido de escarmiento preventivo al respecto.

El premier Otárola, de la mano de las dirigencias deportivas, está haciendo demagogia al respecto. ¿Qué va a hacer cuando la violencia callejera continúe? ¿Impedir para siempre la asistencia del público a los estadios, cuando estáfehacientemente comprobado que no es en dichos recintos que ocurren esos actos violentistas? ¿Y cuándo ello, como es previsible, tampoco haga que desaparezcan los enfrentamientos callejeros? ¿Va a suprimir el campeonato? A ese nivel de absurdo escala el zafarrancho mental de quienes son los llamados s gobernar el país.

La policía sabe quiénes son los cabecillas de las barras bravas y si no lo supiera bastaría una labor de inteligencia y de infiltración para averiguarlo rápidamente. Ese es el camino a seguir para lograr que la paz vuelva a ser identificada con el deporte que más multitudes arrastra en el país.

La conclusión más terrible luego de analizar la medida tomada, es que el gobierno no tiene ni la más peregrina idea de cómo amainar el terrible problema social y político de la inseguridad ciudadana y mantiene en el cargo de ministro del Interior a un personaje incompetente para siquiera avizorar una luz de salida del oscuro túnel en el que nos encontramos.

La delincuencia creciente va a tener impacto político el 2026. El populismo punitivo, el autoritarismo, los antisistema disruptivos, gozarán de activos electorales gracias a la medianía del actual régimen para atender el que la ciudadanía ya identifica como el principal problema que la agobia, por encima de la corrupción o de la crisis económica.

Nota: esta columna se tomará unos días de merecidas vacaciones.

El ingreso de personajes como Susel Paredes, Alfonso López Chau o Jorge Nieto a las arenas presidenciales, es saludable y debe ser visto con alegría por parte de quienes creen en el capitalismo democrático como única opción potable para el futuro nacional.

Los mencionados forman parte de una centroizquierda sensata, que reconoce las bondades de una economía social de mercado y sobre ese lecho rocoso construye una opción de Estado social que se distingue de la derecha liberal en su énfasis en la salud y educación públicas, y en políticas de asistencia más amplias.

El país necesita de una izquierda democrática y liberal, en el sentido amplio del término. La izquierda tradicional peruana -incluyendo a Verónika Mendoza- se ha apartado de esos cánones y hoy profesa un radicalismo antimercado que la torna altamente nociva para el bienestar nacional.

La izquierda que da pie a esta columna, se distingue, además, de la típica izquierda llamada caviar en el Perú, cuyo sectarismo, intolerancia y espíritu excluyente de cuerpo, ha hecho que segane a pulso el repudio nacional, no solo de la derecha más rancia sino también, inclusive, de la izquierda clásica.

El mejor ejemplo es el de Francisco Sagasti -injustamente vapuleado por la derecha- que hizo un gobierno sensato, que fue capaz de convocar a un economista ortodoxo como Waldo Mendoza, y que condujo un gobierno abierto a todas las líneas políticas siempre y cuando cumplieran ciertos mínimos requisitos tecnocráticos.

Es la izquierda española, escandinava, uruguaya, chilena (hasta Boric ha tenido que ajustar sus propósitos refundacionales a golpe de realidad), la que triunfa y logra objetivos caros a su ideología, cuando entiende que el libre mercado es una fuerza que juega a su favor y no en contra.

A ello parecía conducirse Verónika Mendoza y su grupo, pero el régimen de Castillo desnudó su esencial falsía y terminó acomodándose en un régimen nefasto en términos políticos, económicos y sociales, que destruyó al país en poco más de año y medio. Hoy, Mendoza y compañía hacen gala de un radicalismo que ya no la coloca en la centroizquierda en la que en algún momento pareció instalarse.

La derecha debe mirar sin ojerizas ni prejuicios el surgimiento de una izquierda moderna, con la cual eventualmente alternarse en el manejo del poder. Ojalá la crisis actual de los partidos dé origen al surgimiento de esa tendencia ideológica.

Unas declaraciones al paso -primicia del programa de Milagros Leiva- del expresidente Alberto Fujimori han alborotado el cotarro y generado decenas de interpretaciones alrededor del fujimorismo.

Más allá de su terrible gazapo sobre Vladimiro Montesinos, qué ha dicho Fujimori: que hay un pacto con el gobierno y que no es certera la candidatura de Keiko Fujimori el 2026. Lo primero ya se sabía, por evidente, y sobre lo segundo sí hay pan por rebanar, porque o postula Keiko o el fujimorismo va en alianza con otros partidos y cede la candidatura presidencial, lo que bien merece una discusión.

Por supuesto, la primicia vale oro. Es la primera vez que el fundador de la dinastía Fujimori se pronuncia sobre temas políticos y es natural que cause el revuelo causado, pero a la vez pone de relieve la orfandad de noticias que en el ámbito político existen.

No sabemos en qué anda la treintena de candidatos a la Presidencia para el 2026. ¿Alguien los escucha o ve? ¿Alguno marca la cancha, rompe los cánones tradicionales o establece parámetros que generen discusión? Obviamente, el impacto de unas palabras dichas por Alberto Fujimori será incomparable, pero no es menor el asombro respecto de la nula presencia política del resto de actores.

Claro, la agenda mediática está hoy centrada en las revelaciones de Jaime Villanueva y en menor medida en el caso de Martín Vizcarra, pero un candidato político que se quiera perfilar no le puede sacar el poto a la jeringa y también debe pronunciarse sobre estos temas, más aún si, como vemos, comportan reflexiones sobre qué hacer con el Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia y el sistema judicial en su conjunto.

A este paso, llegaremos a las próximas elecciones con la misma incertidumbre de siempre, con candidatos sorpresivos que suben y bajan en las encuestas, por azar del humor popular, sin un basamento construido a lo largo de los años que aún restan para la campaña. Hasta en eso, Alberto Fujimori les ha dado una lección de sapiencia. En esta coyuntura hay que hacer política desde ya y no esperar los meses finales para recién comenzar a hacerlo. No hay pan para mayo.

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Alberto Fujimori, elecciones 2026, Jaime Villanueva

El gobierno ha logrado una mejoría significativa con el reciente cambio ministerial. Faltaron algunos, como el titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que no da pie con bola, pero en líneas generales la perspectiva mejora. Ya hay, además, temas relativamente descartados: una asamblea constituyente y elecciones adelantadas. Se supondría que en algunos meses, el régimen podría ir subiendo puntos en las encuestas.

Necesita, sin embargo, ampliar sus horizontes políticos. Necesita puntualmente resolver dos grandes temas de enorme vigencia y sensibilidad, como son la crisis económica y la inseguridad ciudadana. ¿Puede solo? No, requiere del apoyo congresal. ¿Lo puede conseguir? Sí. Ya lo tiene en buena medida.

Si el gobierno sale del área chica, si el premier Otárola se olvida de su disputa menuda con el hermanísimo, Nicanor Boluarte, y entiende que su rol político es primordial, podría lograr tejer una alianza reformista con el Legislativo y apuntalar los dos grandes temas que se han mencionado.

Ya no hablemos de salud y educación públicas, de regionalización, de reforma del Estado. Son palabras mayores para los que ya no da ni siquiera el tiempo. Que el gobierno, en conjunción con el Parlamento, se aboque a una agenda reformista en materia económica y de seguridad ciudadana.

Con ello habrá avanzado mucho y, sobre todo, habrá logrado una performance superlativa en términos de percepción ciudadana, que hoy le es adversa, con índices de desaprobación apenas vistos en los peores tiempos de desgobierno de Alejandro Toledo.

Dados los temas mencionados, contará con el concurso de Fuerza Popular, Renovación Popular, Alianza para el Progreso, Avanza País, Somos Perú y algunos no agrupados. Ya es bastante y podría cambiar dramáticamente la perspectiva sombría que el desenlace electoral del 2026 arroja sobre las expectativas empresariales.

Un gran pacto reformista puede ser, además, la ocasión del fujimorismo, en particular, de reivindicarse de la tragedia ocasionada por su punible irresponsabilidad el 2016, y de esa manera reasomarse el 2026 con mejor aliento del que hasta ahora muestra. La figura consejera de Alberto Fujimori parece estar jugando ya en esas ligas mayores.

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Alberto Fujimori, Otarola

Tiene razón el expresidente Pedro Pablo Kuczynski cuando advierte que muchos candidatos no recorren el país como sí lo hace Antauro y otros candidatos radicales de izquierda.

Es irreemplazable la visita física a un lugar remoto. Genera un recuerdo cognitivo y afectivo inigualable en el ciudadano que la recibe. Sobre ese recuerdo luego será más fácil que se asiente el mensaje del candidato, porque, claro está, en los pocos meses que dura la campaña propiamente dicha es materialmente imposible recorrer todo el país, y se debe uno limitar a las grandes capitales regionales y un par más de cada lugar, con suerte y buena logística.

Pero con la suficiente antelación, como la que existe hoy, con casi dos años por delante, sí es perfectamente factible emprender esa ruta de visitas permanentes, sostenidas, indetenibles.

Eso lo viene haciendo Antauro y varios más del grupete de potenciales candidatos radicales disruptivos que asoman en el horizonte preelectoral. Ya cuentan con un piso electoral importante (alrededor del 20% del electorado) y si le suman la dispersión del centro y la derecha, hoy con casi treinta candidatos, aspirarán, con éxito a pasar a la segunda vuelta, ya no solo uno quizás dos de ellos.

Mientras ellos recorren el país, palmo a palmo, qué hace la centroderecha. Sale en canal N, RRP, Willax, algún noticiero de señal abierta, escribe en diarios que ya casi nadie lee y cree que así está sembrando semillas para el futuro. A lo sumo, de vez en cuando sus portavoces ofrecen entrevistas a radios regionales, creyendo que con ello suplen el valiosísimo contacto físico real.

La centroderecha está perdiendo las elecciones del 2026. Si algo ha cambiado el país del 2021 a la fecha ha sido para peor. Y ya el 2021 se inclinó por un candidato radical. Con mayor razón, si no hay respuesta potente de la centroderecha, lo volverá a hacer el 2026.

Y si eso ocurre, a llorar al río. Habremos perdido el país, porque la izquierda que vendrá no será democrática y al desastre económico que ocasionará, le sumará la destrucción de la ya exangüe institucionalidad democrática que mantenemos. La ruta de Venezuela y Nicaragua estará a la vuelta de la esquina.

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Kuczynski, rpp, Willax

Entre la primera y la segunda vuelta del 2016, se cruzaron en una sala previa al set de un programa de televisión, José Chlímper y Mercedes Aráoz. El primero le dijo, con claridad: “Meche, si sumamos los 73 votos de Fuerza Popular, los 18 de ustedes, de Peruanos por el Kambio, PPK, y los 9 de Alianza para el Progreso, tenemos cien congresistas. Si no hacemos las reformas que el Perú necesita, las próximas elecciones las gana el comunismo”.

No se equivocó en su pronóstico el destacado empresario. El 2021, en efecto, ganó las elecciones el izquierdista radical, Pedro Castillo, y condujo al país a un caos económico, político y social, del que todavía no nos recuperamos.

La responsabilidad fue mutua. De Kuczynski,porque no supo o no quiso tender todos los puentes necesarios para entablar una alianza potente con el fujimorismo. De Keiko Fujimori, porque, infantilmente, dolida por la derrota, ordenó, desde el inicio, petardear al gobierno de PPK, hasta provocar su abrupta salida del poder, inaugurando la crisis política permanente en la que vivimos desde entonces.

El 2016 la mesa estaba servida para un gobierno de derechas que, sin zozobra, pudiese desplegar las reformas que necesitamos a gritos en varios ámbitos del quehacer público. En los pasivos históricos del fujimorismo, que pretende reeditar la performance electoral el 2026, quedará ese lastre.

Hoy, el desafío es más complicado. La tarea no consiste en administrar una mayoría parlamentaria ya alcanzada, sino en conseguirla a punta de un esfuerzo mayúsculo de conciliación multipartidaria previa a las elecciones que se efectuarán de acá a poco más de dos años.

Para decirlo con meridiana pulcritud: si la derecha no se une en torno a una figura políticamente atractiva y conforma una lista parlamentaria potente, otra vez será la izquierda la ganadora y nuevamente hará retroceder al país décadas de desarrollo.

No nos cansaremos de insistir en ello. No es buena estrategia que haya una veintena de candidaturas, bajo el pretexto de que así habrá mayor representación parlamentaria, y que luego de la primera vuelta, se endosarán apoyos. Primero, porque tal endose no existe en una segunda vuelta. Y segundo porque la dispersión puede hacer que tranquilamente pasen a la segunda vuelta dos candidatos de izquierda. Ojalá la cordura se asiente en la mente de la pléyade de personajes con ansias presidenciales, en algunos casos, absurdas y muertas de nacimiento.

Es inmensa la tarea pública que le corresponderá desplegar al gobierno que asuma las riendas desde el 2026. La magnitud del encargo supondrá la reedición de actos refundacionales, como los que emprendieron en su momento los regímenes de Velasco y Fujimori, con un desafío mayor, porque será imperativo hacerlo dentro de los cánones democráticos.

Refundar las instituciones de administración de justicia (Ministerio Público, Poder Judicial y Junta Nacional de Justicia), hacer en serio una profunda reforma político-electoral, revertir las groseras fallas del proceso de regionalización, volver a colocar el país en la senda del crecimiento económico robusto que teníamos antes de que Humala decidiera desmontar el modelo estrenado en los 90, desterrar la corrupción enquistada en todos los estamentos de la administración pública, mejorar radicalmente los índices de inseguridad ciudadana que azotan el país y que tanto impacto generan en la buena marcha económica (se calcula que por lo menos nos cuesta el 3% del PBI).

¿Es posible lograrlo? Por cierto, el carácter ciclópeo de semejantes desafíos hace imposible que una administración temporal de cinco años logre su cometido triunfal, pero mucho habremos avanzado si se acometieran desde el primer día de gobierno los pasos necesarios y pertinentes para lograr tales objetivos.

Lo que sí queda claro es que ello no va a ser posible si reeditamos el 2026 la elección de un gobierno improvisado o antisistema radical. Por el contrario, tales problemas se agravarían en gran extremo. Además, será necesario contar con suficiente representación parlamentaria para que el gobierno entrante no esté sometido a las veleidades inestables que han sufrido los gobiernos nacionales del 2016 en adelante.

No se ve otra manera de lograr ello, que no pase por la confluencia de fuerzas de centroderecha, creyentes en las bondades del capitalismo democrático, única garantía de desarrollo económico y político en el mundo y, por cierto, en nuestro país.

Consolidar un gran frente implicaría no solo la garantía de contar con fuerza parlamentaria suficiente para emprender las grandes reformas que se necesita sino, además, la convocatoria rápida a los más de dos mil tecnócratas que se requieren en el Estado para sobrellevar con éxito las políticas públicas reseñadas.

Si ello no se logra, entraremos a la espiral del azar y muy probablemente seguiremos el camino descendente de profundo deterioro en el que ha caído la sociedad peruana.

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