Una buena noticia es que la centroderecha se está moviendo. Fernando Cillóniz, Carlos Añaños (sorpresivas, en el buen sentido, sus últimas apariciones mediáticas), Keiko Fujimori, Roberto Chiabra, Rafael Belaunde, Hernando de Soto, etc., empiezan a calentar la campaña.

Falta aún mucho trecho por recorrer y se espera que se consoliden alianzas, pero ya de por sí es alentador que veamos un panorama preelectoral en el que no se le deja la iniciativa monopólica a la izquierda radical (ojo con Bellido, que no solo Antauro es el peligroso).

El Perú tiene que ir por la ruta de la derecha, por lo menos un par de gobiernos sucesivos para aspirar a que, si lo hacen bien, encontremos una salida definitiva a la crisis económica, volvamos a los niveles de crecimiento que permitieron la reducción de la pobreza, y que esta vez se haya aprendido de los errores de la transición post Fujimori, que dejó en el abandono reformas cruciales, como las de la seguridad ciudadana, la salud y la educación públicas, la regionalización , la reforma profunda del Estado.

Si eso se logra, el país será otro, seremos nuevamente un ejemplo mundial de crecimiento y fortaleza macroeconómica, pero le habremos agregado pasos para constituirnos en nación al borde de ser desarrollada. Con diez años de dos buenos gobiernos derechistas se habrá logrado asentar las bases para que nunca más el riesgo de un candidato antisistémico reaparezca.

Eso pudo haber ocurrido cuando ganó PPK, quien, si lo hacía bien, apoyado por el keikismo, habría provocado que Keiko Fujimori le hubiera sucedido el siguiente periodo y habíamos tenido esa década sostenida de políticas promercado. Pero la mezquindad de Keiko y la frivolidad de Kuczynski tiraron por la borda lo que hubiera sido un logro histórico.

Tenemos el 2026 una nueva oportunidad, esta vez apremiante, de que así ocurra. Apremiante porque los fracasos políticos de la transición han anidado un sentimiento antiestablishment poderoso, que llevó a Castillo al poder el 2021 y podría volver a llevar a otro semejante el 2026, si la derecha y el centro no logran sumar esfuerzos y evitar la corrosiva fragmentación que hasta hoy se aprecia, pero que, al parecer, empieza a dar paso a esfuerzos de conjunción.

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El economista ultraliberal, presidente de Argentina, Javier Milei, ha conseguido un triunfo importante al lograr que el Parlamento le apruebe la Ley Base, que le permitiría acometer una buena parte de sus propuestas de campaña (algunas las tuvo que retirar para evitar su denegatoria).

Lo cierto es que viene avanzando el proyecto liberal más ambicioso de la región en un país maniatado por la demagogia populista del peronismo, que había llevado a la Argentina a la ruina absoluta y a la pérdida de confianza en el futuro.

Hay discrepancias, por cierto, respecto de la velocidad que le está imprimiendo Milei a los cambios. Algunos hubieran querido mayor celeridad y radicalidad en algunos temas como el cambiario, pero en líneas generales, el país sigue viendo con expectativa la promesa de ir de a pocos desmontando el monstruo peronista que contaminaba todos los aspectos de la sociedad argentina.

Personalmente, discrepo de su actitud hostil a las subvenciones culturales, que como la salud y la educación públicas, deben ser un pilar inclusivo de una sociedad liberal. El radicalismo de Milei le impide ver eso.

Es muy importante, geopolíticamente hablando, que a Milei le vaya bien. Renovará el impulso liberal en una región que nuevamente estaba retomando los cánones populistas y que en el Perú en particular amenazan con conquistar las urnas el 2026.

Si de acá a un año, Argentina empieza a mostrar signos de un robusto crecimiento de la economía y, por ende, de reducción de la pobreza, ello va a tener eco en el Perú y en otros países de la región.

Es crucial que en el Perú se retomen las ideas de la libertad económica y se emprendan las reformas que quedaron inconclusas desde principios de siglo, por culpa de la inercia de los gobernantes de la transición democrática. Un país querido y referencial, como lo es Argentina para el Perú, sería un extraordinario acicate para que esas ideas arraiguen y se expandan entre la ciudadanía, la misma que podría empezar a mirar con mejores ojos algunas propuestas que ya empiezan a cuajar en partidos en esta coyuntura.

La del estribo: notable la puesta en escena de Ricardo III o el sueño del jabalí, de William Shakespeare, gracias a la extraordinaria dramaturgia y dirección de Laura Silva. Las actuaciones, todas ellas sobresalientes. Confirma la maduración de Emanuel Soriano, que está muy bien acompañado de Anaí Padilla, Vera Castaño, Irene Eyzaguirre y Sebastián Rubio. Va en el teatro Británico hasta el 21 de julio. Entradas en Joinnus.

Nota: esta columna se tomará unos días de vacaciones.

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Javier Milei, Juan Carlos Tafur, Milei., tafur

Hacen bien los gremios empresariales en pronunciarse en contra de las tropelías del Congreso. Hoy es por temas políticos, pero mañana, sin duda, tendrán que hacerlo por temas económicos que les incumbirán directamente.

Es previsible que conforme se acentúe la desaprobación del Congreso y se aproximen las elecciones, desde los escaños surjan propuestas presuntamente de buena acogida popular. Ya ha habido algunas, como la rebaja del IGV a las peluquerías y el control de las comisiones por transferencias interbancarias. Con seguridad, van a venir más.

Y el problema es que asistiremos a una escalada de propuestas intervencionistas o sobreregulatorias provenientes no solo del sector de la centroderecha congresal, que al menos garantiza cierto acotamiento, sino que las mismas provendrán de la izquierda radical, con posibilidades de éxito en su aprobación en el Pleno.

Se ha instaurado un trueque mafioso entre las diversas bancadas del Congreso, que implica un trasiego de votos: yo te doy mis votos para tu proyecto a cambio de que tú me des los tuyos para el mío. Y sin importar qué tan bueno o malo sea el proyecto de marras termina aprobándose.

Si esto ocurre, además, en una situación en la que el MEF ha perdido toda capacidad de influencia o veto preliminar a tales iniciativas, y que el Ejecutivo en general se termina por allanar a lo aprobado en el Congreso, el panorama que se avecina es preocupante.

Nos esperan dos años de populismo económico desembozado. Las bancadas que van a buscar ser reelegidas para el Senado o Diputados, buscarán a toda costa subir sus índices de popularidad y echarán mano al recurso más manido: aprobar normas demagógicas, sin que les importe un pepino el daño que puedan ocasionar. Simplemente buscarán el supuesto contento del pueblo bajo la falaz idea de que eso les va a subir los bonos para el 2026.

Se espera que entonces, los gremios empresariales y la comunidad académica económica, sepan alzar la voz e impedir el desmadre populista que se avecina. Ya suficiente ha hecho el Parlamento con golpear severamente la institucionalidad democrática para que ahora la emprendan contra el modelo económico que, a pesar de todo, sigue funcionando y sosteniendo al país.

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Es absurda la intención de prohibir la candidatura de Antauro Humala, reforma constitucional, que al final anoche naufragó en medio del fuego cruzado de intereses con el fujimorismo, que aspira a tener a Alberto Fujimori como carta en una posible baraja electoral (presidencial o parlamentaria), y que no podría haberlo hecho de haberse aprobado la norma.

La pretensión es eliminar la posible aparición de un candidato disruptivo radical, hoy representada por el líder etncocacerista. Pero basta leer con esmero las encuestas para percatarse de que si no es Antauro será otro el que aparezca. De hecho, vamos a tener a uno – si no, dos- candidatos de ese perfil en la segunda vuelta.

En reciente encuesta de Ipsos, el 51% de la ciudadanía considera que a Pedro Castillo, el Congreso le dio un golpe de Estado y el 43% estima que fue Castillo, como efectivamente sucedió. Tamaña distorsión de la realidad solo se explica por una querencia política subsistente a pesar del fiasco que fue el régimen castillista. Si a ello le sumamos la altísima desaprobación de un régimen como el de Boluarte, sostenido por la derecha congresal, y las altísimas cifras de disidencia del gran sur andino, queda más que claro que aparecerá con visos de triunfo un candidato de semejante sesgo.

Eso no se entierra sacando de carrera a Antauro Humala. Si no fuera él sería Guido Bellido, Aníbal Torres o cualquiera que surgiese en el horizonte (la cosa está tan sombría que si Pedro Castillo postulase seguramente pasaría a la segunda vuelta).

La derecha y el centro no la están viendo y actúan con punible irresponsabilidad no solo atizando la fragmentación sino avalando tácitamente a un régimen absolutamente deslegitimado como el de Boluarte. Se están enterrando ellos solos, salvo muy honrosas excepciones.

El fujimorismo es también gran responsable de esa perspectiva porque ha decidido jugar solo el partido, bajo la presunción de que la base electoral sólida que tienen, les alcanza para pasar a la segunda vuelta. Les conviene la fragmentación de la centroderecha y, lo que es más grave, les conviene -parecen creer- que crezca un candidato como Antauro Humala, el que, estiman, el pavor que despierta en sectores importantes de la población, le permitiría esta vez el triunfo de la eterna derrotada, Keiko Fujimori.

Como parte de un miserable trasiego de votos -te doy los míos a cambio de los tuyos para mis proyectos- el Congreso aprobó recientemente el nombramiento automático de 200 mil maestros, sin pasar por concurso de méritos. Cerca de un tercio del total de maestros, lo que no es poca cosa.

El estreno de la meritocracia en el sector educativo proviene desde la época del segundo mandato de Alan García y buscaba, como es obvio, mejorar la calidad docente para que ello redunde, a su vez, en una mejora de la enseñanza, en una mejor educación para nuestros niños y adolescentes. Ello luego fue consolidándose y contábase con la unánime aprobación de los sectores involucrados en la educación (el Sutep es uno de los principales defensores de la meritocracia educativa).

Ello ha sido tirado por la borda. Le ha importado un pepino a la mayoría congresal la cualificación de la educación escolar en el Perú, que ameritaba una mejoría urgente y la continuidad del proceso de reformas iniciado hace más de una década.

Así está funcionando el Congreso. La izquierda y la derecha han firmado un pacto indecoroso por medio del cual se aprueban normas de interés de unos u otros, sumando sus respectivas votaciones, con el objeto de arrasar con la institucionalidad. ¿Qué hay detrás en este caso? La menuda pretensión de la izquierda de engrosar su base de apoyo electoral en esos maestros beneficiados con un nombramiento irregular.

Sin importar la absoluta falta de legitimidad del Legislativo, se está destruyendo buena parte de la poca institucionalidad alcanzada en los últimos años. El caso educativo es flagrante. Primero se tumbaron la Sunedu, después quieren tirarse abajo la reforma universitaria. Y ahora meten las narices en la educación escolar.

«Se buscaría autorizar el nombramiento automático de miles de docentes con más de 3 y 5 años de contratados; lo cual representaría la estocada final para mellar la Ley de Reforma Magisterial, basada en el reconocimiento al mérito y capacidad de los maestros, protegiendo la defensa de una educación de calidad para nuestros niños«, advirtió IPAE Acción Empresarial en reciente comunicado, con el que no quedaba si no coincidir. Lamentablemente, cayó en saco roto.

A la afectación de la institucionalidad democrática que el Congreso viene perpetrando al caballazo con un sinnúmero de proyectos, le suma otros temas de no menor importancia (ley anti ONGs, contrarreforma del transporte, legislación contra el cine, etc.), que a su manera forman parte también del tejido institucional que una sociedad democrática debería albergar.

Se llama infructuosamente a la calle a manifestarse. Lamentablemente, no lo hace. Por temas de menor importancia (ley pulpin, por ejemplo), se armó batahola, hoy ni siquiera los colectivos más conocidos salen a protestar.

No se entiende por qué la apatía. Puede ser un efecto reactivo a la violencia de las protestas del 2022 y 2023, quizás la percepción de que éste es un gobierno de salida, el inicio anticipado de la campaña electoral (ya hasta se lanzan candidaturas presidenciales) o la lejanía que la ciudadanía siente cada vez más de las instituciones democráticas y por eso le importa poco su afectación, pero lo cierto es que de un movimiento callejero importante va a ser difícil esperar algo que frene los arrestos antidemocráticos del Parlamento.

Lo que llama poderosamente la atención, sin embargo, es el silencio de la derecha liberal frente a lo que está sucediendo. Salvo aisladas excepciones, los principales voceros de los nuevos partidos que se están conformando dizque de ese perfil, no se pronuncian al respecto. Lo hace solo la izquierda, capturando el monopolio de la protesta frente al statu quo.

Porque se debe marcar distancia no solo de un Ejecutivo mediocre e incapaz sino también de un Congreso prepotente y antidemocrático, que sin importar su falta de legitimidad, legisla sobre asuntos de vital importancia zurrándose en la opinión pública y en la legalidad, en explícita complicidad con un Ejecutivo maniatado y débil, que solo está interesado en sobrevivir como sea hasta el 2026, a cambio de conceder absolutamente todo.

Este silencio le va a pasar factura electoral a la derecha liberal en gestación. No basta con criticar con acritud a Dina Boluarte. Eso es fácil. También hay que enfrentarse a los todopoderosos partidos que conforman la mayoría congresal, donde van a recibir seguramente dura respuesta. Pero si no están dispuestos a dar esa batalla, mejor que líen sus bártulos y busquen otra ocupación, que las tareas del 2026 en adelante van a requerir no solo claridad ideológica sino también mucho empaque para sobrellevar las reformas, muchas de las cuales van a tener que ver con el desarme de las que este Congreso está aprobando.

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A este paso, si no se hace nada, va a haber como cuarenta o más agrupaciones políticas compitiendo para las presidenciales del 2026 y no se ve en el Congreso que nadie piense nada para atenuar ello, que lo único que va a hacer es lograr tal atomización del voto que bastará con tener el 7 u 8% de la votación para pasar a la segunda vuelta, con la consecuente ingobernabilidad para el siguiente lustro.

Propongo tres planteamientos que podrían ayudar a paliar esa tendencia y que solo requieren ley, no reforma constitucional. Se pueden aprobar en una legislatura con 66 votos. 1.- reponer las PASO (primarias abiertas, simultáneas y obligatorias), que exigían cierto nivel de participación para poder continuar en la carrera. Es la más difícil porque claramente los partidos que controlan el Congreso no las quieren y ya las acotaron. Es difícil que den marcha atrás, pero igual la expongo como opción. 2.- asumiendo que se mantiene la normativa vigente, que se establezca una valla en la participación de los afiliados en las elecciones internas de delegados, por ejemplo, que participen, de los 25 mil afiliados, el 25 o el 30%. Lo mismo para la elección de los delegados, que haya una valla mínima a sortear si se quiere mantener la inscripción y poder competir. 3.- que se elimine el punto adicional (1%) de la votación que hoy se exige a las alianzas por cada partido que se sume, para poder tener presencia y mantener la inscripción. Hay que alentar las alianzas, no desalentarlas. Solo, como las otras, requiere ley.

Sería una desgracia anticipada que se permita que clubes de amigos aspiren a ocupar el sillón presidencial y que además tengamos un Congreso infinitamente más fragmentado que el actual. Cualquiera que llegue a la Presidencia en esas condiciones no va a poder gobernar y se mantendrá la crisis política por cinco años más, con las consecuencias devastadoras que ello tendrá en materia social y económica.

Necesitamos romper la espiral de la crisis que sufrimos desde el 2016, pero para ello se requiere que el Congreso se detenga a pensar seriamente cómo atemperar el desastre previsto si no se cambian las reglas de juego.

 

Una presidenta con 5% de aprobación -la tasa más baja de los últimos 44 años-, según la última encuesta de Datum que ha publicado El Comercio, coloca la crisis política peruana en una situación límite.

Son dos los riesgos que una situación así genera. El primero es que ante cualquier chispazo se encienda la pradera del conflicto social y por allí deriven las energías disidentes que en estos momentos definen al ciudadano peruano. Pudo ser el caso Rolex, puede ser el alza de tarifas del agua, puede ser un proyecto de ley equívoco o una declaración infeliz.

El inicio de la campaña electoral -porque ya empezó- contiene un poco la protesta porque la gente ya la ve como una gobernante de salida y en esa medida le concede una agonía tranquila. Pero lo cierto es que este gobierno no resistiría una asonada como la de finales del 2022 e inicios del 2023 (quizás a ello se debe su pacto de tolerancia con las mafias económicas ilegales, que son las que suelen financiar las protestas, como sucedió entonces).

El otro riesgo es que sus sostenedores políticos en el Congreso asuman que su apoyo les va a resultar muy oneroso en el venidero proceso electoral y decidan cortar ese apoyo y sumarse a una vacancia que interrumpa el mandato de Boluarte. Aquí, lo que lo está evitando es que los congresistas saben que la ciudadanía no aceptaría que solo se convoquen elecciones presidenciales sino que exigiría que sean generales. Y, claro está, los señores parlamentarios no se quieren ir hasta el 2026 y quizás confíen en que, al final, el electorado no se inclinará por sancionar a los aliados de Boluarte (ese fenómeno ya ha pasado antes en la historia política peruana).

Lo cierto es que una desaprobación tan alta -nunca antes vista en el Perú desde que se hacen mediciones estadísticas- contribuye al desasosiego ciudadano y, lamentablemente, en lugar de llamar a la reconvención política del gobierno, a éste parece importarle poco tan magros resultados. Boluarte no hace nada para subir algunos puntos, por el contrario, acentúa las conductas que la población rechaza, como si hubiera arribado a una suerte de psicopatía política que la torna inmune al rechazo popular. Malos tiempos los que tendremos que sobrellevar de acá hasta julio del 2026, si nada extraordinario ocurriese y el actual mandato perdura.

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En 1988 trabajaba en Arequipa y Sendero Luminoso atacó la comisaría de Cotahuasi, hecho que llamó la atención porque Abimael Guzmán nunca había ejecutado un atentado en su región natal (aunque Cotahuasi esté más cerca de Ayacucho que de la Ciudad Blanca).

Con el equipo de prensa de Radio Televisión Continental decidimos ir a la zona a cubrir el hecho, a pesar de que mi especialidad no era ni nunca fue el tema subversivo sino el quehacer político, tarea intensa en esos momentos del aciago primer mandato de Alan García.

En el trayecto parábamos en diferentes poblados a entrevistar a sus vecinos y para mí fue una sorpresa descubrir que la gente le tenía más temor a la policía o a las fuerzas armadas que al propio Sendero Luminoso, por las barbaridades que las fuerzas del orden cometían contra la población civil no involucrada en el conflicto.

Ahora que desde el Congreso se busca amenguar de alguna manera la situación penal de esos militares y policías, y algún congresista ha llegado a plantear inclusive una amnistía, es preciso recordar que una gran lección que nos debe dejar el periodo de la lucha antiterrorista es que las fuerzas del orden cometieron excesos brutales, injustificados, imprescriptibles, sin que importe la entrada o no en vigencia del Estatuto de Roma en determinada fecha. Los crímenes de guerra se castigan siempre. El terrorismo de Estado, que lamentablemente se ejecutó, especialmente durante los gobiernos democráticos de Fernando Belaunde y Alan García, no puede ser soslayado bajo amnesias selectivas o legales.

Es más, una gran conclusión a extraer -y para eso existen el Informe de la Comisión de la Verdad, el Lugar de la Memoria o El ojo que llora, tan aborrecidos por la extrema derecha- es que el peor daño que la subversión causó es que el Estado se olvidó sus límites legales. En el caso peruano, con mayor razón debe recordarse que fue cuando se cambió la estrategia de “tierra arrasada”, que se pudo derrotar al terrorismo (el GEIN fue más eficaz que el Grupo Colina o el Comando Rodrigo Franco).

La del estribo: mucho por hacer en Lima. Hasta hoy está la muestra Chancay de a mil, que reúne 225 piezas de cerámica de los valles de Chancay y Huara, de la colección del escultor peruano Benito Rosas. Va en el Museo de la Nación y el ingreso es libre. También es imperdible visitar el Museo de Arte Contemporáneo, MAC, a apreciar la muestra El buen lugar, pinturas y dibujos 2017-2024, de Ramiro Llona (empieza el 18 de junio); y también Forastero en la tierra, de Rafael Hastings.

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