La Fiscalía es la institución menos considerada, según revela la última encuesta de Datum. Un 80% de la ciudadanía no confía en ella, seguida de los jueces (muy cerca con 77%) y la policía nacional (63%), el trípode sobre el cual descansa la justicia en el Perú.

Menuda tarea le corresponde desempeñar a la flamante Fiscal de la Nación, Delia Espinoza. Tiene que reconstruir radicalmente una institución devaluada por la politización de casos como el de Lava Jato, la corrupción al interior del Eficcop y la inaceptable conducción de una magistrada como Marita Barreto, o las tropelías cometidas, por ejemplo, alrededor del caso de ZamirVillaverde, que con valentía viene denunciando diariamente Beto Ortiz. Por donde se mire se encuentra podredumbre o perversión de la función fiscal.

Por lo pronto, ya se esperaría de la autoridad de control que actúe sobre las denuncias periodísticas efectuadas en los últimos días, en tanto la magistrada Espinoza repiensa con pulcritud cómo recomponer una institución que ha sido destruida desde sus cimientos por malos fiscales.

Resultado en gran parte de una actuación institucional lamentable de la Junta Nacional de Justicia, pronta a acabar sus funciones felizmente, tanto el Ministerio Público como el Poder Judicial se han llenado de profesionales bamba, con títulos mal habidos, diplomas truchos y credenciales morales tachables.

La corrupción es, junto a la inseguridad ciudadana, uno de los mayores problemas nacionales, según reflejan todas las encuestas. Ese mal no va a poder ser resuelto mientras no haya una justicia proba en la cual la gente confíe, como viene sucediendo ahora.

Tarea urgente y primordial de la fiscal Delia Espinoza es proceder rápidamente a una purga moral de la institución que preside. Si deja supervivir el statu quo, terminará devorada por la inercia institucional enquistada en el edificio de la avenida Abancay, hoy maloliente y abrumadoramente desacreditado ante la opinión pública.

Luego de la explosiva declaración de la empresaria Mirtha Gonzáles, respecto de haber sido extorsionada para que a cambio de una millonaria suma de dinero sea excluida del proceso de investigación de organización criminal en la que está incursa (en el mismo caso de quien escribe, en clara muestra de abuso fiscal), es menester e imperativo que la autoridad de control y la propia Fiscal de la Nación tomen cartas en el asunto.

Algo turbio se maneja en el Eficcop y en el equipo de fiscales comandado por el fiscal Niño, brazo derecho de Marita Barreto. Trascendidos a los que uno tiene acceso informan de manipulación de declaraciones de aspirantes a colaboradores eficaces -particularmente de Jaime Villanueva- para inventar cargos o testimonios que involucren a personas a las que la fiscal Barreto aborrece, entre ellos mi persona.

A falta de prueba alguna, de no haber encontrado nada en los peritajes a los equipos electrónicos incautados, se le ha conminado a Villanueva a buscar cualquier cargo que se le ocurra para involucrarme en un caso que no tiene asidero alguno (explícitamente, se señala en el expediente que se me incluye en el tramado de la organización criminal -y se me ha allanado, por ello con el afán de mancillar mi honra-, por el solo hecho de haber publicado tres informes que Barreto no perdona que se hayan publicado porque la afectaban directamente a ella). Todo ello cuando hay jurisprudencia clara en la Corte Suprema de que no puede considerarse delito, bajo ningún concepto, la publicación de informes periodísticos.

En el caso de la empresaria Mirtha Gonzáles el caso reviste especial gravedad porque, según se reveló anoche en el programa Contracorriente, ella puso al tanto de la extorsión al propio fiscal Niño y simplemente no se actuó nada. Peor que eso, hoy se pretende pedirle prisión preventiva a la extorsionada y el extorsionador anda feliz, libre, sin investigación alguna.

Tiene que extirparse el tumor Barreto de la Fiscalía. Está probada su falta de pergaminos profesionales y académicos para haber llegado a ocupar ese cargo (por eso, ha sido suspendida). Es una fiscal rencorosa y vengativa, presta a violar la ley y el debido proceso a cuenta de sus rencores o discrepancias ideológicas con quienes ella estima adversarios. Y cuenta con el arsenal extorsivo de malos elementos de la fiscalía y de la policía y la certeza de que tiene entre sus colaboradores a un corrupto probado como Jaime Villanueva, cobarde y mentiroso, capaz de lo que sea para librarse de la cárcel, que es lo que le debería corresponder por no haber aportado hasta ahora prueba alguno de sus dichos contra varias personas (incluidos fiscales y periodistas).

Es un hecho que los populismos y la radicalización serán factores presentes en la campaña del 2026. Los ejemplos exitosos de Milei, Bukele y Trump harán surgir émulos creyentes en que ese es el camino correcto para ganar las elecciones y su discurso polarizante enervará la posibilidad de que surjan candidatoscentrados y sensatos.

Los candidatos que apuesten por una modernidad liberal serán vapuleados por los extremos, tanto de la derecha como de la izquierda. La intensacampaña anticaviar en el fondo es una resistencia no al pensamiento izquierdista que presuntamente alberga este sector, sino un rechazo a los principios liberales políticos que enarbolan, y que comparten con la derecha democrática.

Va a ser una tarea difícil para el centrismo derechista o izquierdista resistir indemnes este avasallamiento radical, pero es un desafío que no pueden soslayar, ya que lo peor que podrían hacer es disfrazarse de extremistas cuando claramente no creen en ello y no es, además, el camino que le corresponde al Perú para salir de la crisis en la que se encuentra.

Lo que sí cabe es que hallen propuestas disruptivas, que claramente tomen distancia sideral del establishment, que denuncien el orden de cosas degradante al que el Ejecutivo y el Congreso están conduciendo paulatinamente a la institucionalidad democrática, y de esa forma afrontar un proceso en el que parten con el marcador en contra.

El norte está relativamente claro: reconstruir la economía proinversión que existía hasta el 2011 y construir una institucionalidad estatal de buen servicio público, en aspectos como la salud y la educación pública, seguridad ciudadana y lucha anticorrupción. Hacer adicionalmente algunas reformas (la regionalización, reforma política electoral, del Estado, etc.) y así reconducir rápidamente al país a la senda del desarrollo económico que tenía desde los 90 hasta finales del segundo gobierno de García y emprender la tarea que la transición democrática descuidó por completo (las reformas de segunda generación).

Y deben tener claridad de que necesitan romper los esquemas con una campaña de marketing electoral ingeniosa y cautivante, porque para hacer lo que se propone (que suena fácil, pero es toda una reingeniería del Estado), se requiere mayoría parlamentaria, propia o con pactos que les permita alcanzarla. Por allí está el camino para enfrentar la pauperización política a la que el mundo democrático liberal -y de lo cual no estamos exentos- se conduce.