Sería bueno que los casi cuarenta partidos de centroizquierda y centroderecha que se hallan inscritos o al borde de hacerlo, estrenen un perfil opositor del gobierno actual que los diferencie del establishment conformado por Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Somos Perú y Podemos, que hoy forman parte de la coalición parlamentaria que sostiene al régimen de Boluarte.

No basta con conformar un partido, con pergeñar un programa de gobierno o con reclutar cuadros técnicos calificados. Deben mostrar su rostro político desde ya. Esa sería su mejor campaña política, ya que brindaría muchos beneficios y no acarrearía el perjuicio del desgaste por aparecer tan prematuramente.

No puede guardar silencio frente a una realidad política lacerante para la inmensa mayoría de peruanos, hartos del Ejecutivo y del Congreso y que prestarían resonancia a un discurso opositor fuerte y reiterado, como hoy no existe.

A la derecha le permitiría, además, marcar un perfil disidente que compita con la beligerancia de la izquierda respecto del gobierno y, sobre todo, que le brinde una identidad política alejada de la fuerza derechista más significativa hasta el momento, como es el fujimorismo, que a pesar de su desastrosa gestión parlamentaria mantiene un caudal de intención de voto que podría volverlo a llevar a la segunda vuelta.

Tarea difícil la que le toca a las fuerzas de centro existentes, pero que debe marcar el inicio de su campaña, además de la agotadora búsqueda de consensos mínimos que permitan formar alianzas electorales (tarea ardua y compleja, llena de obstáculos y sobresaltos).

Estamos en el mejor momento de empezar a hacerlo. Recién a mediados del próximo año empieza la campaña propiamente dicha. Si antes de ello, se logra perfilar una identidad opositora del statu quo, se podrá competir con relativo éxito frente las tendencias antisistema arraigadas en el sentimiento de la mayor parte del pueblo peruano, más allá de identidades ideológicas.

La del estribo: tres películas de primer orden. Cónclave, bajo la dirección de Edward Berger y con la actuación estelarísima de Ralph Fiennes; la sobresaliente y notable Emilia Pérez, dirigida por Jacques Ardiad, que le mereció el premio Cannes a la mejor actriz a Karla Sofía Gascón, artista trans; Die Mittagsfrau, dirigida por Barbara Albert. Todas con su proveedor favorito ya que, para variar, no existen en la cartelera cinematográfica nacional.

 

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El juez Concepción Carhuancho se debe sentir un héroe de la justicia por mandar a prisión preventiva a todos los imputados que pasan por sus manos. No le interesa que no se cumplan los requisitos mínimos para que dicha medida proceda (probados elementos de convicción de la comisión de un delito superior a cuatro años, y, concurrentemente, peligro procesal; si no hay los dos, la prisión preventiva no procede).

Por eso, luego, en segunda instancia, la mayoría de sus casos son suspendidos y la prisión preventiva levantada, pero en ese trance se envió a gente cuya culpabilidad no está sentenciada a la cárcel. Fiscales abusivos y jueces caneros han formado una alianza nociva para el sistema de justicia penal en el país.

Demasiados casos de flagrante injusticia se están cometiendo en el Perú y la solución no parece pasar por la propia institucionalidad judicial. Y la Junta Nacional de Justicia actual no ha servido para nada en cuanto a la corrección de esas inconductas (ojalá la nueva JNJ -a la que la izquierda se quiere bajar con malas artes- corrija los entuertos señalados).

Hemos transitado de una justicia garantista a una punitiva por razones mediáticas. Concepción Carhuancho está mirando más los titulares de la prensa que los artículos que debería del código de procedimientos penales. Como muchos jueces, se llevan de las narices por fiscales avezados, excesivos, abusivos en la interpretación de la ley.

Es mil veces preferible un culpable libre que un inocente preso. Y acá se sobrepasa la ley con las detenciones preliminares y las prisiones preventivas, utilizadas más como mecanismo de extorsión a los imputados a cuenta de que se acojan a procesos de colaboración eficaz, teñidos de invalidez de antemano por la forma en que se consiguen.

Lo decimos una vez más. El próximo gobierno -porque de éste mejor no esperar nada y mucho menos del Congreso ilegítimo que tenemos– debe colocar entre sus prioridades gubernativas la reforma radical del sistema de justicia en el Perú.

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Carhuancho, JNE, Jurado Nacional de Elecciones

El grado de fuerza que van a tener las candidaturas radicales disruptivas en las elecciones del 2026 obliga a que las fuerzas que van de la centroizquierda a la centroderecha evalúen seriamente unirse, inclusive entre sí, si quieren afrontar con relativo éxito dicha propensión social.

Porque, además, el adversario a vencer no será solamente ese radical outsider sino el fujimorismo, fuerza del statu quo que mantiene un nivel de intención de voto, que, de mantenerse la fragmentación, tiene asegurado su pase a la segunda vuelta, por defecto del resto.

El centro tiene un bolsón electoral importante, pero se va diluir si se mantienen incólumes las cuarenta candidaturas de dicho segmento que hasta el momento ya figuran entre los partidos inscritos y los por lograr dicha inscripción.

Una derecha que valore más el Estado de Derecho y una izquierda que haga lo propio con el mercado, son relativamente factibles de unirse en un proyecto común. Un frente de ese perfil, disruptivo por su propia constitución, sí sería capaz de enfrentar a Keiko Fujimori, Antauro o Aníbal Torres con posibilidades efectivas de imponerse.

Y su novedad política la otorgaría el carácter antisistema que va a predominar en esta elección, no por razones ideológicas, sino por el estado de ánimo ciudadano, harto del establishment, irritado en extremo con la coalición mafiosa de Ejecutivo y Legislativo y sobrecargado de resentimiento por la mediocridad de un régimen que no es capaz de construir siquiera una sola política pública decente que lleve el Estado a las zonas más empobrecidas del país (las mayorías se sienten respecto de la inseguridad ciudadana o de la corrupción, como se sentían frente al vendaval de la pandemia y un Estado incapaz de brindarles auxilio).

Es difícil labrar un pacto político. Ya lo es tan solo constituir un partido programático, mucho más lo es pensar en unir esfuerzos con una fuerza política diferente. Pero el desafío que nos toca enfrentar el 2026 es de tal envergadura que requiere esfuerzos extraordinarios.

Como bien ha dicho Rafael Belaunde, las de acá a dos años serán una de las elecciones más importantes de nuestra historia republicana, solo equiparables a las de después de la guerra con Chile o las de 1990, luego de que el país estuviera al borde de la inviabilidad. Razón mayor para pensar en un acto de voluntad política extraordinario.

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La Comisión de Justicia del Congreso de la República aprobó con 12 votos a favor el dictamen del proyecto de ley 2803, que establece la unión civil entre dos adultos que quieren formalizar su convivencia, sin importar si son del mismo sexo o de sexos opuestos.

Siempre he pensado que en este tema del reconocimiento a las parejas homosexuales era mejor ir con todo (matrimonio, derecho de adopción, etc.), pero quizás resulta mejor la estrategia de ir avanzando de a pocos y paulatinamente llegar a la meta de los logros señalados.

En esa medida, se debe saludar la iniciativa impulsada por el congresista Alejandro Cavero, porque abre la puerta al camino de ir logrando derechos civiles para todos los peruanos sin distinción de género. Y hay que felicitar a los congresistas que se han allanado al proceso y que probablemente no lo hubieran hecho si se iba por más.

Entre los derechos que otorga la unión civil se encuentran las decisiones médicas prioritarias, la inclusión en seguridad social, los bienes adquiridos durante la convivencia, el derecho a pensión, beneficios económicos, prestación de alimentos, así como los derechos sucesorios, todos ellos derechos legales hoy proscritos y que tantos problemas generaba en la vida real a parejas homosexuales.

El Perú es uno de los países más rezagados en derechos civiles de la región. No sólo en lo concerniente al tema vinculado a los derechos de homosexuales, sino en asuntos como el aborto, los métodos de control de la natalidad a nivel de servicio público, etc. Es hora de ir poniéndonos al día y lograr poco a poco la constitución de un Estado de Derecho inclusivo, moderno y liberal.

Ojalá el Pleno del Congreso ratifique esta iniciativa legal y los conservadores rancios -que abundan no solo en la derecha sino también en la izquierda, como se ha visto en la votación de la comisión de Justicia- no impongan sus prejuicios y aversiones medievales, ante un proyecto moderno y profundamente democrático.

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La paupérrima aprobación de 3% que le otorga Datum a la presidenta Boluarte y la desaprobación de 94% -históricas ambas- debería permitirnos extraer algunas conclusiones políticas que le sirvan a quienes nos vayan a gobernar del 2026 en adelante.

Ya no basta con prodigarse en aparecer en inauguraciones -que de eso abunda el régimen actual- o que sus ministros esta vez -a diferencia de los anteriores- se permitan apariciones recurrentes frente a la prensa. Ya no es un tema formal el que define la aprobación o no de un gobierno.

Peor aún cuando Boluarte empezó su mandato con un pasivo enorme, con los muertos luego de las protestas surgidas luego de su asunción de mando, que hasta ahora no hallan justicia ni reparación por parte del Estado, y que, por tanto, es una herida abierta que no termina de cerrar y constituye un dren de impopularidad basal que el gobierno no va a superar mientras no responda efectivamente.

Lo que la ciudadanía espera es resultados concretos frente a los problemas que la aquejan. La inseguridad ciudadana que asola el territorio nacional no encuentra remedio alguno y va empeorando en medio de declaraciones ridículas del titular de Interior, que, como sus antecesores, no tiene la más remota idea de qué hacer para enfrentar el tema. La corrupción se extiende como metástasis -involucra hasta al hermano de la primera mandataria- y el gobierno se hace el sueco al respecto (por ejemplo, el titular del Midisya debería haber sido sacado del cargo luego de las denuncias de Qali Warma).

La salud pública sigue siendo un desastre y no hay siquiera una política pública desde el Ministerio de Salud o desde el gobierno que prometa reconducir el problema. Y la sensibilidad ciudadana al respecto es enorme luego del desastre que fue el manejo estatal de la pandemia.

Los candidatos que aspiran a llegar a Palacio deben saber no sólo que el pueblo les va exigir propuestas claras y verosímiles frente a estos problemas, sino que, si llegan a cumplir su meta palaciega, se les exigirá que echen a andar una maquinaria estatal hiperactiva que establezca un horizonte de mejoría tangible en los problemas concretos señalados.

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La Fiscalía es la institución menos considerada, según revela la última encuesta de Datum. Un 80% de la ciudadanía no confía en ella, seguida de los jueces (muy cerca con 77%) y la policía nacional (63%), el trípode sobre el cual descansa la justicia en el Perú.

Menuda tarea le corresponde desempeñar a la flamante Fiscal de la Nación, Delia Espinoza. Tiene que reconstruir radicalmente una institución devaluada por la politización de casos como el de Lava Jato, la corrupción al interior del Eficcop y la inaceptable conducción de una magistrada como Marita Barreto, o las tropelías cometidas, por ejemplo, alrededor del caso de ZamirVillaverde, que con valentía viene denunciando diariamente Beto Ortiz. Por donde se mire se encuentra podredumbre o perversión de la función fiscal.

Por lo pronto, ya se esperaría de la autoridad de control que actúe sobre las denuncias periodísticas efectuadas en los últimos días, en tanto la magistrada Espinoza repiensa con pulcritud cómo recomponer una institución que ha sido destruida desde sus cimientos por malos fiscales.

Resultado en gran parte de una actuación institucional lamentable de la Junta Nacional de Justicia, pronta a acabar sus funciones felizmente, tanto el Ministerio Público como el Poder Judicial se han llenado de profesionales bamba, con títulos mal habidos, diplomas truchos y credenciales morales tachables.

La corrupción es, junto a la inseguridad ciudadana, uno de los mayores problemas nacionales, según reflejan todas las encuestas. Ese mal no va a poder ser resuelto mientras no haya una justicia proba en la cual la gente confíe, como viene sucediendo ahora.

Tarea urgente y primordial de la fiscal Delia Espinoza es proceder rápidamente a una purga moral de la institución que preside. Si deja supervivir el statu quo, terminará devorada por la inercia institucional enquistada en el edificio de la avenida Abancay, hoy maloliente y abrumadoramente desacreditado ante la opinión pública.

Luego de la explosiva declaración de la empresaria Mirtha Gonzáles, respecto de haber sido extorsionada para que a cambio de una millonaria suma de dinero sea excluida del proceso de investigación de organización criminal en la que está incursa (en el mismo caso de quien escribe, en clara muestra de abuso fiscal), es menester e imperativo que la autoridad de control y la propia Fiscal de la Nación tomen cartas en el asunto.

Algo turbio se maneja en el Eficcop y en el equipo de fiscales comandado por el fiscal Niño, brazo derecho de Marita Barreto. Trascendidos a los que uno tiene acceso informan de manipulación de declaraciones de aspirantes a colaboradores eficaces -particularmente de Jaime Villanueva- para inventar cargos o testimonios que involucren a personas a las que la fiscal Barreto aborrece, entre ellos mi persona.

A falta de prueba alguna, de no haber encontrado nada en los peritajes a los equipos electrónicos incautados, se le ha conminado a Villanueva a buscar cualquier cargo que se le ocurra para involucrarme en un caso que no tiene asidero alguno (explícitamente, se señala en el expediente que se me incluye en el tramado de la organización criminal -y se me ha allanado, por ello con el afán de mancillar mi honra-, por el solo hecho de haber publicado tres informes que Barreto no perdona que se hayan publicado porque la afectaban directamente a ella). Todo ello cuando hay jurisprudencia clara en la Corte Suprema de que no puede considerarse delito, bajo ningún concepto, la publicación de informes periodísticos.

En el caso de la empresaria Mirtha Gonzáles el caso reviste especial gravedad porque, según se reveló anoche en el programa Contracorriente, ella puso al tanto de la extorsión al propio fiscal Niño y simplemente no se actuó nada. Peor que eso, hoy se pretende pedirle prisión preventiva a la extorsionada y el extorsionador anda feliz, libre, sin investigación alguna.

Tiene que extirparse el tumor Barreto de la Fiscalía. Está probada su falta de pergaminos profesionales y académicos para haber llegado a ocupar ese cargo (por eso, ha sido suspendida). Es una fiscal rencorosa y vengativa, presta a violar la ley y el debido proceso a cuenta de sus rencores o discrepancias ideológicas con quienes ella estima adversarios. Y cuenta con el arsenal extorsivo de malos elementos de la fiscalía y de la policía y la certeza de que tiene entre sus colaboradores a un corrupto probado como Jaime Villanueva, cobarde y mentiroso, capaz de lo que sea para librarse de la cárcel, que es lo que le debería corresponder por no haber aportado hasta ahora prueba alguno de sus dichos contra varias personas (incluidos fiscales y periodistas).

Es un hecho que los populismos y la radicalización serán factores presentes en la campaña del 2026. Los ejemplos exitosos de Milei, Bukele y Trump harán surgir émulos creyentes en que ese es el camino correcto para ganar las elecciones y su discurso polarizante enervará la posibilidad de que surjan candidatoscentrados y sensatos.

Los candidatos que apuesten por una modernidad liberal serán vapuleados por los extremos, tanto de la derecha como de la izquierda. La intensacampaña anticaviar en el fondo es una resistencia no al pensamiento izquierdista que presuntamente alberga este sector, sino un rechazo a los principios liberales políticos que enarbolan, y que comparten con la derecha democrática.

Va a ser una tarea difícil para el centrismo derechista o izquierdista resistir indemnes este avasallamiento radical, pero es un desafío que no pueden soslayar, ya que lo peor que podrían hacer es disfrazarse de extremistas cuando claramente no creen en ello y no es, además, el camino que le corresponde al Perú para salir de la crisis en la que se encuentra.

Lo que sí cabe es que hallen propuestas disruptivas, que claramente tomen distancia sideral del establishment, que denuncien el orden de cosas degradante al que el Ejecutivo y el Congreso están conduciendo paulatinamente a la institucionalidad democrática, y de esa forma afrontar un proceso en el que parten con el marcador en contra.

El norte está relativamente claro: reconstruir la economía proinversión que existía hasta el 2011 y construir una institucionalidad estatal de buen servicio público, en aspectos como la salud y la educación pública, seguridad ciudadana y lucha anticorrupción. Hacer adicionalmente algunas reformas (la regionalización, reforma política electoral, del Estado, etc.) y así reconducir rápidamente al país a la senda del desarrollo económico que tenía desde los 90 hasta finales del segundo gobierno de García y emprender la tarea que la transición democrática descuidó por completo (las reformas de segunda generación).

Y deben tener claridad de que necesitan romper los esquemas con una campaña de marketing electoral ingeniosa y cautivante, porque para hacer lo que se propone (que suena fácil, pero es toda una reingeniería del Estado), se requiere mayoría parlamentaria, propia o con pactos que les permita alcanzarla. Por allí está el camino para enfrentar la pauperización política a la que el mundo democrático liberal -y de lo cual no estamos exentos- se conduce.

 

 

[REPORTAFUR] Hay un ministro que está jugando con fuego y que está haciendo tiempo en un partido muy delicado. Que por quedar bien con sus amigos va a meter a este gobierno en la peor crisis de todas y no se da cuenta que esta vez, su conflicto de intereses ha llegado demasiado lejos.

Un ministro que tendría razones muy poderosas para amarrar un tema demasiado peligroso para el país.

El perverso retraso de Rómulo Mucho en presentar una nueva fórmula para solucionar el problema de la minería artesanal nos está llevando directo a un precipicio de desalojos y muertes que puede terminar con el débil gobierno de Dina Boluarte.

Todos los detalles a continuación en el reportafur MUCHO PELIGRO.

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