Fiscalía

Acompañaron a Mávila en este programa Waldemar Cerrón, congresista y vocero de Perú Libre y César Azabache, exprocurador anticorrupción.

Waldemar Cerrón, sobre la decisión de la Fiscal de la Nación de abrir investigación al presidente Castillo pero dejarla suspendida hasta que acabe su mandato, dijo que es “muy inteligente lo que hizo la fiscal en este caso”. Además, sobre las declaraciones del Defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, al respecto, consideró que “se está fijando en querer vacar al presidente y desestabilizar la democracia” y agregó que Gutiérrez tiene una cuestión personal contra el presidente Castillo. Por otro lado, reveló que “en estos días posiblemente debe haber un cambio de gabinete. El pueblo mismo está pidiendo el cambio de este gabinete que no da para más”.

César Azabache, sobre el mismo caso, dijo que la decisión tomada por la Fiscal de la Nación, es “inoportuna e inapropiada”. Y agregó que “usar la misma resolución de octubre 2020 sin ver las condiciones actuales que son diferentes no tiene sentido”. De otro lado, consideró que desde el punto de vista penal, en el caso de Castillo todavía hay incertidumbres no despejadas que se deben seguir investigando. “En este caso cualquiera (de los otros implicados) podría acogerse a la colaboración eficaz”, finalizó.

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Fiscalía, investigaciones, Pedro Castillo

Por Melissa Pérez Huaringa

Hace seis años Patricia Chirinos Venegas, fallida promotora de la vacancia presidencial y entusiasta de los hornos para incinerar corruptos, fue señalada de tener estrechos lazos con el hampa. El 11 de setiembre del 2015, un testigo protegido de la Fiscalía contó que, durante su gestión como alcaldesa de La Perla, la actual tercera vicepresidenta del Congreso le pagaba cupos a la organización criminal “Barrio King”, liderada por el peligroso Gerson Gálvez Calle, alias “Caracol”. Lo habría hecho, según el delator, a través de una empresa municipal de limpieza pública: ESLIMP Callao.

¿El pago a los criminales significaba que las autoridades eran víctimas de extorsión o más bien -a la luz de las políticas de Chim Pum Callao- se había montado una red clientelar para favorecer y favorecerse de los delincuentes? El fiscal a cargo del caso nunca lo averiguó. Tres meses después de brindar su manifestación, el 2 de diciembre, el testigo fue acribillado de 25 balazos por dos sicarios al servicio de “Caracol”.

De acuerdo a la página 234 de la sentencia judicial del caso “Barrio King” -del 25 de febrero del 2019-, el hombre que cantó los detalles de esta trama criminal era el exconvicto Wilbur Castillo Sánchez. Le habían asignado el código S/N-2-2015

Sus deudos acusaron directamente a Chirinos, la ‘Woman’ del Callao, de ser una de los autores intelectuales del crimen que aún sigue sin resolver. Pero ese homicidio no es el único escándalo del caso. El fiscal que pudo haber desentrañado los vínculos entre Barrio King y las autoridades chalacas demoró tres años en archivar todo lo concerniente a los cupos en la empresa de limpieza pública. 

Con tanto tiempo perdido, ciertos políticos, hoy vigentes -así como  jueces y fiscales-, podrían haberse salvado bajo un manto de impunidad. Esta es la historia.

 

LOS PAGOS A ‘BARRIO KING’

Wilbur Castillo Sánchez era el testigo estrella del fiscal supraprovincial de crimen organizado Víctor Raúl Luna Castillo. Luna estaba a cargo de investigar a los 34 miembros de “Barrio King” acusados de asesinato, hurto agravado, asociación ilícita y extorsión de varias empresas, entre ellas la Empresa Municipal de Servicio de Limpieza Pública (ESLIMP) del Callao.

En noviembre del 2015, el fiscal ya reconocía (en su formalización y continuación de investigación preparatoria)  que existían  «elementos que direccionan la influencia de la organización criminal ‘Barrio King’ en cargos públicos o personas en la esfera política, funcionarios de la administración pública”. Luna hablaba expresamente de funcionarios penitenciarios y de la municipalidad de La Perla, ESLIMP, regidores, jueces y efectivos de la PNP.

El escrito agregaba: “Si bien es cierto su finalidad primordial [la de ‘Barrio King’] es la obtención de beneficios económicos a través de la extorsión -cobro de cupos- o cualquiera de las diversas formas de influencia política, social o económica, esta también se ve condicionada a futuros favores como paralizaciones, apoyo en campañas y otras”. Es decir, el fiscal sabía que más allá de la extorsión, el pago a los criminales significaba un intercambio de favores para las autoridades.

Fue Wilbur Castillo quien reveló al fiscal Luna los estrechos vínculos de “Caracol” con autoridades locales del Callao, entre ellas ‘Patty’ Chirinos. Dijo también que los pagos a los delincuentes se hacían a través de la empresa de limpieza de la municipalidad provincial del Callao -la mencionada ESLIMP-, donde un regidor oficialista de la gestión de Chirinos era el gerente.

“La señora Patricia Chirinos Venegas, ahora alcaldesa de La Perla, paga cupos a los integrantes de ‘Caracol’ como si estos fuesen trabajadores. [Lo hace] a través del señor Cochella, quien es su regidor y a la vez gerente general de la ESLIMP Callao”, contó.

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Declaración de Wilbur Castillo: «La señora Patricia Chirinos Venegas, ahora alcaldesa de La Perla, paga cupos a los integrantes de ‘Caracol’ como si estos fuesen trabajadores».

El testigo se refería a Joaquín Cochella Maldonado, gerente general de ESLIMP entre el 2011  y el 2019, y regidor del municipio de La Perla en la gestión de Chirinos entre el 2015 y el 2018. Ambos llegaron a sus cargos públicos cobijados por Chim Pum Callao. Ella era militante chimpunera y él fue invitado. “El señor Cochella entregaba 100 sobres de S/1.500 al ‘Cholo Papo’ para que este entregara a los sicarios de ‘Caracol’. Últimamente, este ya no entregó […] Ese es el motivo de la muerte de este sujeto”, le dijo Castillo al fiscal Luna. El ‘Cholo Papo’, Jorge Luis Vargas Villa, figuraba como “locador de servicios” de la empresa de limpieza. Fue asesinado el 1 de julio del 2015.

El testigo protegido explicó que la red criminal de ‘Caracol’ estaba “incrustada” desde la municipalidad de La Perla hasta el mismo Gobierno Regional del Callao. “La gran ambición de ‘Caracol’ es tener el control de todo el Callao, el cobro de cupos, sacar el dinero de las municipalidades y Gobierno Regional”, dijo. Y contó que las autoridades del gobierno regional “forman supuestos programas de ayuda social para los barrios del Callao para sacar el dinero” de sus arcas.

¿A qué se refería con eso último? Para ese momento, dirigentes sociales del Callao, extrabajadores de ESLIMP y exfuncionarios de la región ya habían denunciado que sus autoridades pagaban cupos en planillas fantasmas a criminales a cambio de protección, apoyo en sus campañas y amenazas a sus opositores.

De hecho, en su gestión como alcalde provincial, entre 1996 y 2006, Alex Kouri creó el programa de resocialización de exconvictos que terminaban brindando seguridad en los municipios. Entre ellos estaban Wilbur Castillo y el conocido delincuente Federico “el Loco” Perochena. Luego, como gobernador regional, Kouri logró obtener la gestión del penal Sarita Colonia gracias a un convenio con el Ministerio de Justicia.

La protección continuó años después. El exgobernador regional Félix Moreno promovió que se contrate excriminales en los hospitales chalacos. Un caso es el del Hospital de Ventanilla, donde se denunció la contratación de personal fantasma.

En una fotografía que aún sobrevive en redes sociales, el mismo Wilbur Castillo aparece sosteniendo una radio de comunicación a distancia junto a la actual congresista Patricia Chirinos y otros personajes ataviados con camisas azules. Alberto Paz de la Vega, dirigente de la Coordinadora Recuperando al Callao, indica para este informe que el 2012 Chirinos presentó al grupo «Los azules  de La Perla», liderados por Castillo, como los que se encargarían de brindar seguridad a dicho distrito. Ella era en ese entonces consejera regional del Callao.

La relación entre Wilbur Castillo y Patricia Chirinos, sin embargo, luego estuvo marcada por denuncias de ida y vuelta. Castillo fue detenido en enero del 2013, luego de que la actual parlamentaria lo denunciara por extorsión. Castillo denunció entonces que en su detención, los policías, entre ellos Francisco Samamé, le sembraron un arma. Samamé también fue investigado en el caso ‘Barrio King’.

Castillo salió libre en enero del 2014, con Chirinos aún como consejera del Gobierno Regional del Callao que encabezaba Félix Moreno. Ese mismo año, denunció que la entonces militante de Chim Pum Callao y candidata a la alcaldía de La Perla amenazó de muerte a su madre. 

El 2015, Wilbur Castillo decidió colaborar en la investigación que Víctor Luna Castillo seguía contra ‘Barrio King’. El día de su asesinato, en diciembre del 2015, su hermano Robert dijo en Canal N: “Acá hay una mafia que la manejan la presidencia de la región, la comisaría, un general. ‘Caracol’ trabaja con Samamé [el suboficial Francisco Samamé Vidal], que es policía, con Patty Chirinos y Félix Moreno”.

El hombre denunció a Moreno, Chirinos y a Rogelio Canches (entonces congresista) de ser los autores intelectuales del crimen y “haber contratado a sicarios y mafias del Callao y crear un narcodistrito”. Robert Castillo fue asesinado de diez balazos en el 2020.

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Wilbur Castillo junto a Patricia Chirinos. Un dirigente de la Coordinadora Recuperando al Callao indica para este informe que, el 2012, Chirinos presentó al grupo «Los azules de La Perla», liderados por Castillo, como los que se encargarían de brindar seguridad a dicho distrito.

 

VERGONZOSO ARCHIVAMIENTO

Luna tenía, además del testimonio de Wilbur Castillo, escuchas telefónicas registradas entre mayo y setiembre del 2015 que revelaban la trama de corrupción en ESLIMP. En una de ellas, los miembros de “Barrio King” mostraban su preocupación porque “Renzito” (Renso Brisolesi Espinoza, líder de una organización rival) “había chapado ESLIMP con Cochella”.

En otro audio, “Colorao” (Juan Romero Echevarría), a cargo del cobro de cupos, le indicó a Alexander Joel Muñoz Vásquez, lugarteniente de “Barrio King: “Necesito el libro para hacer los documentos y dejárselo a Cochella. Los camiones de ESLIMP están trabajando en la Municipalidad de La Perla”.

El 16 de octubre del 2018, tres años después, el fiscal Luna presentó su acusación penal ante el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional. Denunció a “Caracol” y a los demás miembros de su organización de varios delitos por los que hoy purgan prisión, pero increíblemente pidió sobreseer la investigación contra “Caracol” por la presunta extorsión a la empresa de limpieza pública. ¿Qué había pasado?

Luna no buscó desentrañar la intromisión de “Caracol” en los municipios chalacos, ni en el Gobierno Regional, ni buscó saber qué autoridades y políticos estaban influenciados por “Barrio King”. Tampoco escarbó en los apoyos que recibieron los políticos del puerto en sus campañas. Para Luna, “la manifestación del testigo con clave de identidad S/N-2-2015 no ha sido corroborada con otros datos objetivos”. 

Para ese 2018, Luna había reducido el caso a una simple extorsión. Y para el fiscal, las víctimas de aquella extorsión eran los que supuestamente pagaban los cupos de trabajadores fantasmas: el gerente general de ESLIMP o la propia Chirinos. No se percató, o no quiso hacerlo, de que los cupos también podrían significar una alianza entre autoridades y delincuentes, como él mismo lo sugería en su formalización de investigación preparatoria del 2015, mencionada líneas arriba.

Por supuesto, los involucrados negaron todo. Joaquín Cochella dijo a la Fiscalía que la alcaldesa de La Perla no le dio dinero para pagar cupos de trabajo y negó haberse reunido con “Colorao”. ¿“Renzito»? Pues dijo no conocerlos. Chirinos declaró recién el 26 de abril del 2017, a año y medio de abierta la investigación. Dijo no haber sido víctima de coacción o extorsión por “Caracol” o algún miembro de “Barrio King” para el pago de cupos.

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El fiscal Luna archivó todo lo concerniente al caso ESLIMP en 2018.

Contradictoriamente, el 15 de octubre del 2015, cuando Luna ya estaba a cargo de este caso, la actual parlamentaria había dicho a los medios que su comuna era víctima de extorsionadores que le exigían cupos de trabajo y que había despedido a 20 trabajadores fantasmas.

En setiembre del 2016, 50 serenos del municipio de Chirinos denunciaron que dicha comuna les quería hacer firmar irregulares contratos de trabajo quitándoles beneficios y que además habían encontrado en la planilla a trabajadores fantasmas.

Y el 21 de enero del 2019, el entonces alcalde electo de La Perla, Aníbal Jara Aguirre, declaró que a solo días de asumir el cargo, su gestión ya había detectado 200 trabajadores fantasmas en su comuna, en las áreas de serenazgo y mantenimiento, por los que se desembolsaban mensualmente S/200.000. Jara agregó que en la provincia y distritos chalacos se pagaban planillas fantasmas desde hacía más de 20 años.

La Contraloría también halló irregularidades en la gestión de Chirinos como alcaldesa de La Perla respecto a distintas contrataciones. Por ejemplo, el personal CAS (de limpieza, promotores y serenazgo) contratado en el 2015 no tenía hojas de vida documentada y, a diciembre del 2018, los legajos del personal CAS no tenían DNI, partidas de nacimiento, antecedentes policiales ni penales, etc.

En junio del 2018, cuando ella había dejado el cargo para postular a la gobernación regional, hubo un robo de documentos de la oficina de la alcaldía, de recursos humanos y otras áreas. Noticias sobre pérdidas de documentos también han ocurrido en el municipio de Bellavista y en el Gobierno Regional chalaco.

 

GROSEROS YERROS DEL FISCAL

La muerte de Wilbur Castillo fue clave para enterrar esta investigación, pero no fue lo único. Increíblemente, Víctor Luna esperó tres años para poner en conocimiento a la fiscalía anticorrupción de sus hallazgos en el caso de ESLIMP. Recién el 2018 informó sobre los pagos indebidos de esta empresa a dos integrantes de “Barrio King” que cobraban sus sueldos mientras estaban presos: Wilmer Farfán Ruiz y Juan José Romero Echevarría, alias “Colorao”.

También dio a conocer las escuchas telefónicas atribuidas a dos trabajadoras del Gobierno Regional que hablaban sobre el manejo de cupos de trabajo y entregas de dinero a “Barrio King”, y dio información sobre el sembrado de pruebas falsas por policías del Departamento de Investigación Criminal de Bellavista a los rivales de “Barrio King”.

Luna prefirió mirar a otro lado a pesar de que otras fiscalías ya habían puesto el ojo en ESLIMP y en funcionarios como Joaquín Cochella. En octubre del 2016, por ejemplo, la prensa había revelado contrataciones de miembros de “Barrio King”, por lo que la fiscalía anticorrupción abrió una investigación de oficio.

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Fiscal de Crimen Organizado, Víctor Luna. Pudo hacer mucho más.

Ese mismo año, la Fiscalía de Lavado de Activos del Callao también inició investigación contra Cochella, el exalcalde provincial Juan Sotomayor y exfuncionarios de ESLIMP y del municipio provincial que captaban recursos de la empresa de limpieza a través del pago de planillas y servicios fantasmas. Pedimos información al coordinador de las fiscalías anticorrupción, Omar Tello, sobre el estado de todas las investigaciones contra Cochella, pero no obtuvimos respuesta.

“En el caso ‘Barrio King’, el fiscal [Luna] debió derivar su investigación a la fiscalía anticorrupción en la etapa inicial. Hacerlo en la etapa de acusación, en el 2018, fue muy tarde y, estando muerto el testigo, no podía investigar”, dice un fiscal consultado especializado en este tipo de casos.

La misma fuente señala que Luna debió desacumular la declaración de Wilbur Castillo desde un principio, recabar más elementos para poder derivarla a sus colegas especializados en delitos de corrupción de funcionarios y que estos pudieran entrevistar al testigo. Otro camino era pedir al Fiscal de la Nación que ampliara sus competencias e indagar él mismo la trama de corrupción chalaca. “Luna no hizo nada de esto, no puede decir que no había elementos de convicción pues no los buscó”, señala el fiscal.

Otro despacho fiscal hizo lo que no hizo Luna. En enero del 2020, fueron detenidos preliminarmente los principales miembros de la organización criminal “Rich Port II”, liderada por Juan Sotomayor (alcalde provincial del Callao entre el 2010 y 2018) e integrada también por el excongresista Víctor Albrecht. Cochella tuvo suerte: la fiscalía pidió para él comparecencia restringida.

Esta investigación, sin embargo, analizó solo hechos ocurridos desde abril del 2019. Desde esa fecha, cuando Joaquín Cochella dejó la gerencia general de ESLIMP, la organización criminal “Rich Port II” extorsionó a la nueva gestión para que siga pagando planillas fantasmas. Según las pesquisas, sin embargo, Cochella habría seguido ligado desde afuera al manejo de la empresa de limpieza y habría tramitado dichas planillas. La red habría ganado más de S/6 millones hasta que cayeron. 

El cobro de planillas fantasmas era un hecho de larga data. Algo que no quiso ver Luna Castillo.

 

NO VIO A LOS “CUELLOS BLANCOS”

Fuentes fiscales con conocimiento del caso indican que Luna tenía interceptaciones telefónicas que revelaban cómo los miembros de “Barrio King” eran favorecidos por jueces y fiscales, y pudo haber identificado a la red judicial al servicio de “Caracol”. Dicha red fue descubierta el 2017 y -con el tiempo y el acceso a más escuchas- llegaba hasta “Los cuellos blancos del puerto”.

Desde el 17 de setiembre pasado, la autora de este informe pidió, reiteradamente, a través del área de prensa del Ministerio Público, entrevistas con los fiscales Luna Castillo, Jorge Chávez Cotrina (coordinador de las fiscalías especializadas contra la criminalidad organizada) y Octaviano Omar Tello Rosales (coordinador de las fiscalías de corrupción de funcionarios), pero no respondieron.

Patricia Chirinos también optó por no participar de este reportaje. “No hay nada que decir, solamente que no conozco a esa gente. Gracias», escribió.

Moisés Vega de la Cruz, procurador especializado en delitos de orden público, señala que se debe analizar con qué argumentos se pidió el sobreseimiento sobre el caso de ESLIMP dado a conocer por Wilbur Castillo. Afirma que “habría que ver el caso ‘Rich Port II’ y pedir que se investiguen a los funcionarios públicos que se mencionaron en el caso ‘Barrio King’.

Vega se comprometió a realizar acciones. “Vamos a revisar este caso. Voy a conversar con el fiscal y, si nos da mayor información sobre los cuadernos de colaboración eficaz, veremos qué acciones podríamos hacer como Procuraduría. Cabe la posibilidad que el Ministerio Público amplíe denuncias en el caso ‘Rich Port II’ por hechos vistos en ‘Barrio King’ o ampliar otros hechos contra más personas […] Si aparecieran testigos que involucren a Chirinos, se puede investigar”, apunta.

La presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, también conoce de las sindicaciones contra Chirinos en el caso “Barrio King”. El 9 de agosto pasado, la Coordinadora Recuperando al Callao y la Mesa de Lucha contra la Corrupción de esa región le pidieron que le solicite a Chirinos un informe sobre su situación en este caso y que pida al fiscal Luna detalle de sus hallazgos. También fueron notificadas las bancadas de Perú Libre, Juntos por el Perú, Acción Popular y el Partido Morado.

Los fantasmas del pasado, en forma de testigos con clave, pueden volver para atormentar a la exchimpunera.

*Fotoportada: Darlen Leonardo

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barrio king, Callao, crimen organizado, Fiscalía, Patricia Chirinos

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La trama del caso Cuellos Blancos tiene un último capítulo de riñas intestinas. Y son las autoridades que realizan las pesquisas a la red de la mafia judicial -un policía, un fiscal y un juez- las partes enfrentadas.  La pugna ha llegado hasta la Junta Nacional de Justicia y ha sido el teniente de la Policía, Jorge Rodríguez Menacho el que desató la tormenta. Él era el encargado de analizar las interceptaciones y el rastreo de llamadas en la investigación. 

El 23 de septiembre pasado Rodríguez, analista de comunicaciones de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac), denunció ante esa instancia que el Poder Judicial autorizó el rastreo de las llamadas, ubicación y mensajes de texto de su teléfono móvil. Es decir, dio luz verde para que el rastreador sea rastreado. 

El teniente Rodríguez presentó una queja contra el juez supremo de investigación preparatoria, Hugo Núñez Julca.  El oficial tomó acción luego de la publicación de Sudaca del 16 de septiembre pasado, titulada “Una dudosa decisión fiscal abre un frente de ataque al caso Cuellos Blanco”. El informe daba cuenta del polémico pedido del fiscal Jesús Fernández Alarcón para dejar sin efecto el rastreo de las comunicaciones a veinte personas por un “error en la redacción”. 

(Nota de edición: En un principio, fuentes del Poder Judicial aseguraron que el juez supremo de investigación preparatoria, Hugo Nuñez Julca, autorizó el rastreo de las llamadas, en una resolución del 23 de mayo del 2019. Sin embargo, el magistrado Nuñez pidió a Sudaca precisar que él no dio luz verde a la medida.  Y dice que la autorización la dio el exjuez supremo Jorge Castañeda Espinoza. Señala que en aquella fecha estaba de viaje en Puerto Rico, en una capacitación. Para acreditar la información presenta un documento que lo autoriza a viajar entre el 13 y 24 de mayo del 2019).

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23 de septiembre. Jorge Rodríguez Menacho, teniente de la Policía y analista de comunicaciones de la Diviac, presenta una queja en la Junta Nacional de Justicia contra el juez Hugo Núñez Julca por autorizar el rastreo de las llamadas, ubicación y mensajes de texto de su teléfono móvil.

Jorge Rodríguez no es un agente cualquiera en la Diviac. Es el encargado de analizar las llamadas en el caso Cuellos Blancos desde el 2018. Al día de hoy ha elaborado cerca de 300 reportes por el levantamiento del secreto de las comunicaciones para los fiscales que investigan la trama de corrupción.  

El origen de esta historia se remonta al 2019. En aquel año el número del analista de comunicaciones de la Diviac estaba en una lista de veinte teléfonos móviles, elaborada por uno de los fiscales que investiga el caso Cuellos Blancos, Jesús Fernández Alarcón. Fernández pidió en aquel momento al juez Núñez identificar a los titulares de esos números y conocer el “detalle del tráfico de llamadas (entrantes y salientes) y mensajes de texto (SMS) con indicación de fecha, hora y tiempo de duración de las llamadas”. El magistrado accedió a la petición.

En aquel año, según pudo conocer Sudaca, el teniente Rodríguez Menacho, encargado del análisis de las llamadas en el megacaso de corrupción, se llevó una gran sorpresa al ver el número de su teléfono móvil como uno de los autorizados para hacerle seguimiento.

De acuerdo a una fuente policial, Rodríguez fue a quejarse con Fernández en compañía del entonces jefe de la Diviac, Harvey Colchado, por solicitar el rastreo de su celular sin tener una investigación abierta. “Fernández dijo en aquel momento que se trató de un error y que no se haría seguimiento al teléfono del teniente Rodríguez”, dice la fuente. Sin embargo, en ningún momento el juez lo sacó oficialmente de la lista de rastreados. 

La controversia entre el fiscal y el agente de la Diviac tenía, en realidad, otro trasfondo. Es la pugna interna entre Fernández, quien ve los casos de jueces y fiscales superiores, y la entonces fiscal Rocío Sánchez, quien tocaba los asuntos de autoridades de menor jerarquía. Eso salpicó a todos. Fernández y Sánchez andaban enfrentados por falta de coordinación. 

El analista de comunicaciones gozaba más de la confianza de Sánchez que de Fernández y esto hacía que el fiscal mirase con recelo al policía, según fuentes del Ministerio Público.

Pese a las diferencias, el asunto pareció quedar ahí. Todo cambió cuando el fiscal Jesús Fernández solicitó, en agosto de este año, dejar sin efecto la resolución que autorizó el rastreo de las comunicaciones a veinte personas, entre ellas el actual juez supremo Héctor Lama More. El fiscal no tiene competencia para investigar a un juez de alto rango.

La gota que derramó el vaso fue cuando, en una exposición interna y reservada, Fernández y sus adjuntos atribuyeron responsabilidad al teniente Rodríguez y dijeron que éste “al parecer traspapeló u ocultó” información de seis de las personas rastreadas.

En medio de este clima de acusaciones, el 14 de septiembre pasado, el fiscal Fernández envió un oficio al actual jefe de la Diviac, el coronel Miguel Cayetano, exigiéndole no usar los informes con el análisis de las llamadas de las personas rastreadas. “Se solicita la confidencialidad de lo solicitado en resguardo de la reserva de la investigación”, dijo Fernández en el escrito.

14 de septiembre. Jesús Fernández Alarcón, uno de los fiscales del caso Cuellos Blancos, solicita al jefe de la Diviac, Miguel Cayetano, no utilizar los reportes con análisis de las llamadas de diez personas rastreadas.

El contraataque del agente de la Diviac no se hizo esperar y recurrió al arma que tenía a la mano: el “error” del fiscal de incluirlo en la lista de los rastreados el 2019.  El teniente Rodríguez presentó su queja contra el juez Hugo Núñez Julca por autorizar el rastreo de las llamadas sin justificación alguna. El policía enfiló sus baterías contra el magistrado por ser el que toma la decisión final. 

“No se aprecia en el desarrollo de la justificación interna y externa por qué el magistrado supremo realiza una medida limitativa de mi número telefónico. No aparece ningún elemento fáctico que acredite vinculación de mi número con los presuntos integrantes de la Organización Criminal ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’”, dice el teniente Rodríguez en su escrito.

Y luego añade: “(…) la Fiscalía Suprema realiza un acto malicioso pues conocía desde hace tres años que el número me correspondía al tener comunicaciones constantes con personal fiscal de ese Despacho”.

La queja del policía ha ocasionado que el juez voltee a echarle la culpa al fiscal Fernández. Así lo confirma una fuente cercana a Núñez, quien dice que el magistrado está tranquilo por la denuncia ante la Junta Nacional de Justicia y que atribuye responsabilidad a la Fiscalía de lo sucedido.

Desde el Ministerio Público aseguran que el fiscal supremo provisional, Jesús Fernández, es blanco de ataques de los investigados en la trama de corrupción. Y que quieren tumbarse las pesquisas a toda costa, aprovechando el más mínimo error. La tormenta judicial en el caso Cuellos Blancos está lejos de amainar.

Informe
Enero, 2020. Informe de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) sobre rastreo de llamadas enviado al fiscal del caso Cuellos Blancos, Jesús Fernández Alarcón. El reporte ya no sería usado en la investigación.

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María Cristina Nina Garnica es alcaldesa de San Juan de Miraflores desde enero del 2019. Llegó al cargo de la mano de Acción Popular y todavía está registrada como militante de ese partido. El 29 de noviembre del año pasado se encontró en el Instituto Gilda Ballivian Rosado con agentes de seguridad y otros funcionarios de la municipalidad de su distrito. La reunión fue clave para la fiscalía anticorrupción. 

De acuerdo a una investigación fiscal, allí se acordó que los funcionarios municipales participaran activamente en las elecciones internas de Acción Popular, que se llevaban a cabo ese día. El objetivo era elegir la lista presidencial y a los candidatos al Congreso que representarían al partido de Nina Garnica en las elecciones generales de abril pasado.

La orden de la alcaldesa habría sido apoyar las precandidaturas de Edmundo del Águila Herrera, quien se postuló para ser el candidato presidencial, y de la docente Melissa Bottger Alor, quien acababa de dejar el cargo de subgerente de la Mujer, Salud y Poblaciones Vulnerables de este municipio y pretendía postular al Congreso.

Además, gracias a escuchas autorizadas por el Poder Judicial, la fiscalía conoció que “en el desarrollo de las elecciones congresales del 26 de enero de 2020, la presunta organización liderada por la alcaldesa apoyó a su partido político Acción Popular con personeros y secretarios, […] encargándoles labores ajenas a su función y en horario de trabajo”. Servidores públicos pagados con los impuestos de los contribuyentes al servicio de un partido político. 

El último viernes la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios detuvo a ocho funcionarios de la municipalidad de San Juan de Miraflores. Los acusa de usar recursos del municipio para fines de partido, además de cobro de cupos a empresas y amenazas a quienes se les ponían al frente. Los investigadores han bautizado a esta presunta organización criminal como “Los elegantes de San Jhon”.

Según la resolución judicial que ordena las detenciones -la cual Sudaca revisó en detalle-, esta organización nació el primero de enero de 2019, apenas María Cristina Nina Garnica se sentó en el sillón municipal. Lo peor: no es el primer caso dentro de un partido en el que el clientelismo descarado ya parece una práctica sistemática. En marzo, este medio reveló las sospechosas movidas al interior de la Municipalidad de Ate del correligionario José Arriola, entonces candidato y hoy flamante congresista de la República por la lampa.

La alcaldesa de SJM María Nina y su pareja Walter Huamán liderarían la presunta organización criminal «Los elegantes de San Jhon».

Redes clientelares

María Nina es sindicada como la principal cabecilla de la organización junto a su pareja Walter Huamán Hidalgo, también militante accionpopulista. De acuerdo a la hipótesis fiscal, “Los elegantes de San Jhon” habrían usado dinero del Estado para apoyar a postulantes al Congreso y a la presidencia en las elecciones internas de noviembre del 2020.

Tanto Nina como Huamán son cercanos a Edmundo del Águila. Esto le habría valido al entonces precandidato para que el subgerente de Abastecimiento y Control Patrimonial de la comuna, Alex Guardia Bayona, ordenase colocar su foto a colores junto a la alcaldesa en la cuponera de los tributos municipales del 2020. Para ello, se efectuaron “gastos de diseño, papel e impresión” con dinero público, apunta la resolución judicial.

Consultado por Sudaca, Del Águila confirmó que conoce a la alcaldesa de SJM y que recibió apoyo de los militantes de ese distrito. “Efectivamente, ella me apoyó, al igual que muchos otros alcaldes y correligionarios. No se olvide que en las elecciones internas lo que uno trata es buscar el apoyo del mayor número de militantes. Lamentablemente yo perdí las elecciones”, responde.

Sobre las cuponeras con su foto, asegura que “no tenía idea de su existencia” pero que es una asociación “un poco rara porque las cuponeras se emiten en enero y las elecciones fueron en noviembre”. 

Según la resolución de la fiscalía, se habría usado dinero de la municipalidad para apoyar candidaturas de accionpopulistas como Edmundo del Águila.

Situación similar habría ocurrido con el excongresista por la región San Martín Rolando Ruiz Pinedo. La hipótesis de la fiscalía es que, con el fin de apoyar su campaña para llegar al Parlamento del 2020, la alcaldesa María Nina le dio un puesto de trabajo a su hija, Diana Angie Ruiz Mesia, como subgerente de Imagen Institucional y Protocolo de San Juan de Miraflores en el 2019.

Para estrechar aún más los lazos, señala la documentación judicial, Ruiz Mesia se alojó en la casa de María Nina a cambio de que Walter Huamán, el esposo de la alcaldesa, fuese contratado como asesor técnico del congresista, cargo que ocupó hasta el último momento. Todo habría quedado entre correligionarios y familiares.

Estos no son los únicos casos. Walter Huamán tentaba una curul en las pasadas elecciones. De acuerdo a la resolución judicial, no tuvo mejor idea que entregar a varios trabajadores municipales paquetes de 200 volantes sobre la limpieza de las calles junto con una ficha de inscripción a Acción Popular para ganar seguidores. Su estrategia, a la luz de los resultados del 11 de abril, no funcionó.

Huamán tenía injerencia en las decisiones que se tomaban en la municipalidad, a pesar de no tener oficialmente ningún cargo. Su única autoridad era ser pareja de Nina, la única mujer que logró una alcaldía en Lima en las últimas elecciones municipales. 

“Walter Huamán junto a la alcaldesa tenían el control sobre todos los funcionarios que designaron al punto que Huamán monitoreaba todo lo que ocurría en la municipalidad, lo que significaba que nadie podía hacer lo contrario a lo que disponía”, sostiene un testigo protegido, citado en la resolución judicial.

El control del esposo de la alcaldesa era tal que los mismos exfuncionarios de la municipalidad denunciaron a través de redes sociales no soportar “las intromisiones en el ejercicio de sus funciones y el manejo de los cargos por parte del cabecilla Walter Huamán”. Algunos ejemplos de estas intromisiones los veremos más adelante.

 

Cobro de cupos

“Los elegantes de San Jhon” no solo habrían aprovechado su poder para apoyar a los candidatos de su partido, sino que también solicitaba pagos de S/1.000 mensuales a cada uno de los establecimientos comerciales del distrito. Lo recolectado iba a parar a la “bolsa de dinero en favor de la alcaldesa”, de acuerdo a una denuncia hecha por propietarios hoteleros a los que les clausuraron sus negocios por negarse a seguir pagando.

Las escuchas legales permitieron determinar que a aquellos que pagaban los cupos no los clausuraban y los dejaban trabajar tranquilos. «Ya está pagao [sic] y no lo clausuren», se le escucha decir a Carlo Lopez San Martín, exsubgerente de Fiscalización, en un audio transcrito en la resolución judicial. López hacía referencia a un centro comercial del distrito.

La presunta organización criminal cobraba pagos de S/1.000 mensuales a cada uno de los establecimientos comerciales del distrito para la bolsa de dinero en favor de la alcaldesa María Nina.

Los centros de salud también estaban en la mira de los funcionarios, en medio de la pandemia. La fiscalía descubrió que no se clausuró el Policlínico San Juan de Miraflores a cambio de una dádiva por parte de una trabajadora, pese a que dicho centro había sido denunciado por ofrecer falsos resultados negativos de pruebas Covid-19.

En tanto Huamán, el proactivo esposo de Nina, ordenó no intervenir la empresa informal de mototaxis Danny S.A.C., cuyo dueño había estado en la cárcel y con quien él habría acordado protección a la burgomaestre. 

Pero otros familiares también estaban metidos hasta el cuello en esta trama. La investigación determinó que la cuñada de la alcaldesa, la señora Gina Jesussa Martinez Gutierrez, tramitaba licencias de funcionamiento para distintos establecimientos comerciales a cambio de sumas de dinero. Sin ser funcionaria y con la venia de María Nina.

Por último, la fiscalía halló que se hicieron compras sobrevaloradas de drones e insumos para vehículos municipales. Además, hubo direccionamientos para contratar con empresas “amigas” que tenían el mismo propietario, que incluso compartían un mismo domicilio o que no se dedicaban al rubro requerido. Asimismo, se habría realizado la adquisición ficticia de botas por S/62.820 y se habrían ejecutado órdenes de servicios fantasmas por montos mayores de S/60,000. Esto podría ser apenas la punta del iceberg de las compras estatales en el distrito.

 

“GUERRA AVISADA NO MATA GENTE”

Con el propósito de mantener su poder, la alcaldesa y su pareja no dudaban en apartar a todo aquel que los estorbase. Es el caso del regidor Daniel Castro Segura, opositor de la gestión, a quien intentaron vacar de su puesto.

La resolución judicial sostiene que María Nina, a través de un tercero, captó a Estelita Gutarra Romero, miembro de la Directiva del comedor popular del Asentamiento Humano Nadine Heredia, para que presente un pedido de vacancia contra el regidor Castro. En dicho proceso, la propia alcaldesa votó a favor de la vacancia junto a los regidores que siempre la apoyaban. Sin embargo, el pedido no prosperó.

Esto no fue lo único a lo que tuvo que enfrentarse el regidor. Un grupo de “inteligencia” de la organización criminal le hizo seguimiento, captándolo en escenas amorosas con la regidora Vanessa Cuadros Aquije, fotografías que luego fueron publicadas en la página de Facebook “San Juan New”, donde usualmente se ataca a los opositores de la gestión municipal.

Ni la familia se salvó del amedrentamiento. De acuerdo a la fiscalía, los presuntos actos de corrupción de “Los elegantes de San Jhon” eran de conocimiento del primo de la alcaldesa, Antony Herrera Garnica. Y eso era un peligro. Con la finalidad de quitarle su celular -en donde tendría las evidencias que los comprometían-, los cabecillas de esta organización contrataron, con dinero de la municipalidad, a un grupo de policías para que lo detengan por encontrarse requisitoriado.

Otra forma de mantener a raya a los trabajadores para que no los denuncien, era a través del grupo de WhatsApp “SGFSA-EQUIPO”, cuyas siglas la fiscalía asocia a la Subgerencia de Fiscalización, Control y Sanciones Administrativas. El grupo era administrado por el entonces subgerente Carlos López Martín. En este se enviaban mensajes con órdenes y amenazas al personal de dicha área “para que no filtren información de actos presuntamente ilícitos”. En uno de esos mensajes, López les recordaba a los empleados que estaban sujetos a contratos CAS y terminaba con la siguiente frase: “Guerra avisada, no mata gente”.

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El 1 de enero del 2018, seis internos armados del penal de Huacariz, en Cajamarca, intentaron fugar a bordo de una camioneta del Instituto Nacional Penitenciario (INPE). Aunque lograron burlar la seguridad interna del penal, fueron intervenidos por personal policial que se encontraba en el exterior. Entonces se produjo un enfrentamiento a balazos, y un policía y un interno resultaron heridos. 

¿Cómo es que los reclusos obtuvieron armas dentro del penal y se hicieron con una camioneta? “No se descartaba la complicidad de algún agente del INPE”, decía proféticamente uno de los tantos periodistas que presentó la noticia en aquella oportunidad. Los agentes de la Dirección Nacional de Inteligencia del Ministerio del Interior se preguntaron lo mismo y empezaron a investigar.

Sus detectives determinaron que Luis Álvarez Rojas, Edwin Ortiz Marreros, César Carrasco Montoya y Hugo Blas Leyva, entre otros -todos agentes del INPE-, fueron los que planificaron y coordinaron el intento de fuga. Pero esa revelación era apenas la punta del iceberg.

El fiscal provincial de Cajamarca, Marco Terán Arribasplata, a cargo de las pesquisas, encontró que en este penal funcionaba una organización criminal integrada por directivos y trabajadores del INPE. La bautizó como “Los Piaras de Huacariz”. Las autoridades no solo exigían cupos a los presos a cambio de una variedad de servicios. Increíblemente, también los coaccionaban para que -a través de celulares brindados por los mismos agentes- realicen extorsiones a los ciudadanos de Cajamarca. Parte del dinero recaudado iba a los bolsillos de estos malos funcionarios públicos.

“Les cobraban por todo a los presos: por usar los teléfonos celulares que ellos mismos metían, por traficar con drogas, incluso hasta para utilizar los baños les cobraban. Todo tenía precio en este penal. Era muy corrupto. Es decir, los presos [también] estaban siendo extorsionados por funcionarios del INPE”, asegura el coordinador de las fiscalías contra el crimen organizado Jorge Chávez Cotrina. Él participó del megaoperativo que se realizó el martes pasado, para arrestar a 21 miembros de esta presunta organización criminal. Solo 13 de ellos cayeron en aquella redada, de acuerdo a Chávez.

 

Hablan los testigos

La corrupción en [el penal de] Cajamarca es total, todos los alcaides [jefes de seguridad del penal] y supervisores entran a cobrar por la tenencia de celulares […] Ellos pasan y no sucede nada [no confiscan los celulares], pues todo ya está arreglado”, contó un testigo protegido a la Fiscalía sobre los cupos en el penal de Huacariz. Su relato está consignado en la resolución judicial que ordena las detenciones y a la que Sudaca tuvo acceso.

INPE
Declaración de testigo protegido sobre los cupos en el penal de Huacariz

Pero esta organización no solo estaba integrada por supervisores, alcaides o agentes de seguridad en general, como menciona el testigo, sino que todo ocurría con la venia de los mismos directores y subdirectores del penal, quienes obtenían una buena tajada de las coimas. 

“Para que un interno tenga equipo celular, al Supervisor se le pagaba S/5 [diarios], el Alcaide recibía S/10 por cada servicio, el Jefe de Seguridad recibía S/1.000 semanales, al igual que el Subdirector y el Director de dicho recinto penitenciario”, detalló otro testigo protegido.

La resolución también señala que los funcionarios usaban “medios coactivos, intimidatorios o violentos” para exigir a los internos que cometan “actos de extorsión [y estafa] en agravio de la ciudadanía”, y así obtener dinero para pagar los cupos a sus custodios. “Tú ponte las pilas, ya cómprate tu huaco [se refiere al celular], aquí tienes que pagar diario y semanal”, les decían los agentes del INPE a los internos, de acuerdo a la documentación judicial.

Según la tesis del fiscal Marco Terán, esta organización operaba al menos desde 2016, cuando Ismael Montenegro Álvarez ostentaba el cargo de director del penal de Huacariz. Luego lo sucedieron en el cargo Pedro Fernando Lazo Moreno y Percy Hugo Blas Leyva, quienes continuaron con el mecanismo delictivo. En el 2019, Edwin Ortiz Marreros, alias ‘Marrano’ según la Policía, asumió la dirección del penal y siguió cobrando las coimas. Para todos ellos se ordenó la detención preliminar.

De derecha a izquierda, los directores del penal entre 2016-2020: Ismael Montenegro Álvarez, Pedro Lazo Moreno, Hugo Blas Leyva y Edwin Ortiz Marreros. El último es sindicado como el líder según la Fiscalía.

La fiscalía descubrió, además, que esto no era nuevo para ‘Marrano’, sino que lo venía haciendo desde hace años, cuando fue subdirector del centro penitenciario entre 2016 y 2018. De acuerdo a la resolución que ordenó su captura, en esos mismos años también era el encargado de vender droga, la cual ingresaba al penal a través de ambulancias para luego comercializarla al interior de la cárcel.

Según la documentación, Ortiz cobraba en una semana normal S/100 a cada preso por la posesión de celulares, pero en Fiestas Patrias o Navidad, cobraba con ‘aguinaldo’ incluido y recibía unos S/500. 

Los testigos protegidos cuentan que, aprovechándose de su poder, una noche ingresó mareado al pabellón de mujeres para seguir tomando con las internas, a quienes acostumbraba tocarle las nalgas y hacerles propuestas indecentes o actos de connotación sexual.

 

Cobros crueles

Los agentes del INPE eran muy duros con quienes se negaban a pagar los cupos. A quienes no lo hacían, los agentes les “caían” de sorpresa mientras usaban los equipos celulares e informaban a la Fiscalía para que sean procesados por posesión indebida. Otra forma de intimidarlos era amenazarlos con llevarlos a las zonas de castigo -una de ellas conocida como “El Hueco”- o con sanciones injustificadas.

Los que sí accedían a pagar los cupos, en cambio, podían hacer “lo que les venga en gana, como estafar, extorsionar, etc.”.

En el Establecimiento Penitenciario Huacariz también se podían comprar celdas. Elegir una podía costar entre S/400 y S/1.000. El 2018, por ejemplo, la encargada de cobrar ese dinero para el director Hugo Blas Leyva, de acuerdo a la resolución judicial, era la Dra. Carmen Esther Guzmán Torres, jefa del Órgano Técnico de Tratamiento.

También se pagaba por el uso de sus derechos recreacionales, como poder participar de las festividades por el Día del Interno o Día de la Canción Criolla, o por vender comestibles en dichas festividades. Así mismo, por mantener ‘economatos’ (puestos de ventas), “Los Piaras de Huacariz” cobraban la “módica” suma de S/600 o S/700 mensuales. Y por abrir uno de estos puestos, S/7.000.

Para tener acceso a la visita de su familia y otras personas en días que no les correspondía, los agentes también pedían cupos. Y lo más cruel, sin dudas, era cobrarles a los reclusos por permitirles el acceso al tópico, por atenciones médicas o por ser evacuados al hospital.

Edgar Burgos Bobadilla, el ‘llavero’ del penal, era quien cobraba entre S/5 o S/10 soles “por llevarte al tópico, a la panadería, a la juguería». «Cobraba de acuerdo a como le caías”, señala la resolución. Según declaraciones de los testigos, lo llamaban ‘fumón’ porque se drogaba dentro del centro penitenciario.

El martes 20 de junio se detuvo a 13 de los 21 presuntos miembros de «Los Piaras de Huacariz» en el megaoperativo desarrollado en las ciudades de Cajamarca, Chiclayo, Trujillo y Yurimaguas.

“Con el pasar del tiempo, estos malos funcionarios del INPE han sido cambiados, rotados, a diferentes penales del país, pero la investigación continuaba. Entonces hemos tenido que ir a buscarlos a donde estaban trabajando. Afortunadamente, esta organización llegó a su fin con la intervención [del martes 20]”, sentenció el fiscal superior Chávez Cotrina. En los próximos días se llevará a cabo la audiencia de prisión preventiva contra esta mafia. Esperemos que el Poder Judicial esté a la altura.

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