Fiscalía

Algo curioso y semejante a lo que le pasa a Iván Melgar Cáceres, ocurre con el postulante Reggis Chávez Sánchez quien ha sido removido del equipo especial del caso “Cuellos Blancos del Puerto”, en el que se venía desempeñando como Fiscal Adjunto Supremo, mediante Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº 2395-2022-MP-FN que ha sido publicada en el diario El Peruano el día 14 de noviembre del 2022. Un cambio que se produce días antes de un concurso para alcanzar una plaza de Fiscal Superior que es solo un escalón interno más bajo a la de Fiscal Supremo es preocupante y lleva a la pregunta de quién está detrás de toda información inusual y los cambios sorpresivos.

Cabe resaltar que Díaz Cabello es coordinador general del caso “Cuellos Blancos” desde el 04 de julio del 2022 y no solo tiene interés directo en lo que puede ocurrir con su postulación para ser Fiscal Superior Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios al estar en tercer lugar, sino también le preocupa la suerte de sus competidores más cercanos: Reggis Chávez Sánchez (primer lugar) e Iván Melgar Cáceres (segundo lugar).

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Cuellos Blancos, Fiscalía, Ministerio público

 Lo que llama a sorpresa es que una información secreta, confidencial y a la que solo tiene el acceso la Fiscalía del caso “Cuellos Blancos” que ha levantado el secreto de las comunicaciones al celular de Guido Aguila Grados, y de otras personas que se le mencionan en el recuadro previo, de pronto se utilice para golpear y denostar a un candidato a Fiscal Superior Anticorrupción que se encuentra en los primeros lugares del concurso público convocado por la Junta Nacional de Justicia y que no tiene alguna investigación pendiente ni en una Fiscalía penal ni en el ámbito disciplinario, con el único propósito de restarle opciones y querer sacarlo de carrera.

Si bien es entendible de que en el concurso para una plaza vacante en el Ministerio Público exista una competencia feroz y encarnizada sorprende que la información reservada que no tiene por qué manejarse como si fuera cualquier papel y que está en custodia de la Fiscalía de pronto se distribuya con el afán de meter una zancadilla al rival de turno y obtener a toda costa una plaza de Fiscal Superior.      

Algo curioso y semejante a lo que le pasa a Iván Melgar Cáceres, ocurre con el postulante Reggis Chávez Sánchez quien ha sido removido del equipo especial del caso “Cuellos Blancos del Puerto”, en el que se venía desempeñando como Fiscal Adjunto Supremo, mediante Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº 2395-2022-MP-FN que ha sido publicada en el diario El Peruano el día 14 de noviembre del 2022. Un cambio que se produce días antes de un concurso para alcanzar una plaza de Fiscal Superior que es solo un escalón interno más bajo a la de Fiscal Supremo es preocupante y lleva a la pregunta de quién está detrás de toda información inusual y los cambios sorpresivos. 

Cabe resaltar que Díaz Cabello es coordinador general del caso “Cuellos Blancos” desde el 04 de julio del 2022 y no solo tiene interés directo en lo que puede ocurrir con su postulación para ser Fiscal Superior Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios al estar en tercer lugar, sino también le preocupa la suerte de sus competidores más cercanos: Reggis Chávez Sánchez (primer lugar) e Iván Melgar Cáceres (segundo lugar).

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Fiscalía, Ministerio público

En la misma línea, en lo que respecta a la construcción de la planta de transferencia la empresa señala lo siguiente: mediante la Adenda del 25.06.1996 que modifica ese punto del contrato (segundo párrafo literal g de las bases de licitación pública internacional), la MML pone a disposición la planta de transferencia Huayna Cápac, cuya construcción había concluido. A cambio, el concesionario dejaba de cobrar S/ 66,000 mensuales por concepto de Inversión en la Instalación de la Planta de Transferencia y una reducción de 21.25% en la incidencia de dicho concepto en costos financieros, imprevistos y utilidad.

Innova Ambiental

Por otro lado, acerca de los problemas que presenta El Zapallal, las denuncias de incumplimiento de protocolos, y el impacto ambiental que supone la operación de dicho residuo sanitario, ellos responden que las buenas prácticas de Innova Ambiental en la gestión de El Zapallal se evidencian en los resultados de sus monitoreos ambientales. El último de ellos, que data de mayo de 2022, incluye estándares de calidad de aire y ruido establecidos por el MINAM y PCM correspondientemente. 

Los hallazgos concuerdan con las afirmaciones, pues los niveles se encuentran por debajo de los estándares establecidos por las autoridades. Asimismo, sostienen que la empresa es fiscalizada de forma constante por el OEFA y MML. 

Sobre la denuncia a la Fiscalía Especializada en Medio Ambiente de Lima Norte que el Comité Parlamento 10 presentó en 2021 y los reproches de que en 25 años Innova no haya creado una centralización de biogases que evite el mal olor y contaminación de la zona responden: 

“Acogiéndose al DS 010-2020-MIMNAM, el 26 de julio de 2022 Innova Ambiental remitió al MINAM un PAMA para gestionar futuras ampliaciones (seis años) de El Zapallal y mejorar procesos. Entre esas mejoras figura un sistema de centralización de biogases”. A esta declaración hay que sumar la contestación acerca de los metales pesados que un estudio de 2017 de impacto ambiental halló en la zona de Lomas de Carabayllo. 

Según este reporte, la contaminación proviene de la entrada a una mina no metálica y la zona industrial, no al relleno ni sus operaciones. De igual manera, cuando se les interrogó acerca de la vida útil del relleno sanitario, respondieron que esta no se mide en años, sino que se calcula en volúmenes. Además, ante la pregunta sobre la posibilidad de reubicar el relleno no ofrecieron respuesta. 

Por último, Innova informa a la opinión pública que cuenta a día de hoy con una certificación ISO (International Standardization Organization) Anticorrupción, la cual fue emitida en noviembre de 2019 y se encuentra en proceso de revalidación. 

La respuesta de SONARE 

Ante el descargo de Innova, fuentes en la Sociedad Nacional de Residuos Sólidos (SONARE) responden que la empresa está justificando su actividad irregular en un marco legal que no se encuentra vigente. En este sentido, el DS-010-2020-MINAM culminó en octubre de 2020, hecho por el cual ahora estarían operando sin permisos. Asimismo, de acuerdo al DL 1278, la licencia de funcionamiento del relleno sanitario debe ser otorgada por la municipalidad distrital; y ellos no cuentan con licencia, ni en Zapallal ni en Portillo. 

A pesar de todo ello, si bien ambas partes han presentado documentación que sustenta de una manera u otra sus afirmaciones, no deja de ser alarmante la pasividad de las autoridades por subsanar la concesión en materia estricta del contrato. Con todo, no deja de ser curioso que en el mismo portal institucional de INVERMET (organismo descentralizado supervisor de la municipalidad de Lima) se señala que el plazo de concesión es de 120 días, término que se sigue sucediendo en un bucle infinito desde 2015. 

Innova Ambiental

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Fiscalía, Innova ambiental, Municipalidad de Lima, Sonare

TAFUR

Es muy probable que el abogado Pedro Grández, defensor oficial de la exfiscal de la Nación Zoraida Ávalos, así como no explicita el conflicto de intereses al criticar la decisión de la Fiscal de la Nación de remover a su esposa, la fiscal Fanny Quispe Farfán del Equipo del caso “Cuellos Blancos” y de tildar a unos periodistas como rentados que celebran el logro de su campaña previa y anota que ya pueden cobrar el presunto honorario de éxito, busque influenciar en la Junta Nacional de Justicia, donde trabaja temporalmente, para que ratifique como Fiscal Suprema a su defendida y a la vez la JNJ abra proceso disciplinario a la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, que se atrevió a remover de su posición de poder a su esposa que había logrado en la gestión de Zoraida Ávalos como Fiscal de la Nación.

Audios reveladores que exponen la estrecha relación del operador Jose Luis Cavassa y el control que ejercía en el defenestrado CNM.

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Fiscalía, Fiscalía de la Nación, Ministerio público, Zoraida Ávalos

Los Fiscales: intento de decapitar a un magistrado supremo 

Por cierto, es inusual que la Fiscalía Superior presente una denuncia disciplinaria contra un juez de mayor jerarquía cuando este procedimiento normalmente queda en manos de los Fiscales Supremos, que poseen un rango similar al de los jueces supremos, y que es llamativo que la denuncia se presente cuando el recurso presentado solo se admitió a trámite y se califica positivamente la decisión de una Sala Superior que dio por concedido el recurso de casación y, lo que es más grave, se denuncia cuando no existe algún pronunciamiento sobre el fondo del caso que puede salir favorable o desfavorable.    

¿Por qué la Fiscalía Superior, y no la Fiscalía Suprema, se adelanta a un resultado judicial que le puede ser favorable si litiga sin presión mediática y a punta de denuncias? ¿Por qué se presenta una denuncia contra un magistrado que todos vinculan al caviarismo más recalcitrante –al que muchos fiscales pertenecen y lo reconocen con orgullo– y que es autor principal de la condena de Alberto Fujimori? ¿Acaso, es posible ensayar una respuesta razonable?

Analizados fríamente los hechos y los actos precedentes del Equipo Especial del caso “Lava Jato” la denuncia contra San Martín no es una queja aislada ni un actuar en solitario, lo que se busca, en realidad, es lograr que la Junta Nacional de Justicia no ratifique en el cargo de Juez de la Corte Suprema a un magistrado que está inmerso en el proceso de ratificación que ha sido convocado y que tiene su etapa crucial en la primera semana de noviembre. Para ello la denuncia ha sido presentada estratégicamente un mes antes de que pase la entrevista del proceso de ratificación. 

La idea que se maneja dentro del Equipo Especial del caso “Lava Jato” es que si se logra la no ratificación y expulsión de San Martín de la Corte Suprema y del Poder Judicial, ningún juez del Perú se atreverá a dictar fallos adversos y en contra de los intereses de los fiscales. 

La finalidad prioritaria de sancionar y expulsar a San Martín de la Corte Suprema de Justicia no es reciente y novedoso en los integrantes del Equipo “Lava Jato”. Ya en marzo del 2020 Rafael Vela presentó una denuncia a la Junta Nacional de Justicia pidiendo que se investigue a San Martín debido a que los requerimientos fiscales de uno de los casos que lleva el Equipo especial habían sido revocados en la Corte Suprema por acciones presuntamente sistemáticas de los abogados y “con decisiones de los jueces supremos que causan sospecha”, tal como lo informa el diario Gestión en su edición del 3 de marzo del 2020.

El poder de los fiscales  

La denuncia a la JNJ con fines de expulsión de la Corte Suprema de Justicia contra el magistrado San Martín no es un acto aislado de un sector del Ministerio Público.

Se debe recordar que el Fiscal Supremo Jesús Fernández Alarcón y la Fiscal Suprema Fanny Quispe enfilaron sus baterías, mientras estuvieron dirigiendo el caso “Cuellos Blancos”, contra cuatro jueces supremos titulares: José Luis Lecaros Cornejo, Elvia Barrios Alvarado, Carlos Arias Lazarte y Héctor Lama More. A José Luis Lecaros lo acusaron de haber negociado su nombramiento frustrado como representante de la Corte Suprema de Justicia en el Jurado Nacional de Elecciones en una cena en el restaurant el Polo Marino, de propiedad del empresario Salvador Ricci, con el prófugo César Hinostroza. A Elvia Barrios, la sindicaron de haber llamado al ex Presidente de la Corte del Callao Walter Ríos Montalvo para interceder supuestamente en un caso que tenía a su hermano como una de las partes interesadas. A Carlos Arias Lazarte lo acusaron de haber recibido ayuda para lograr el cargo de juez de la Corte Suprema en el concurso a jueces Supremos de la República del año 2017. A Héctor Lama lo acusaron de haber sido el candidato en reserva favorecido por el ex juez César Hinostroza Pariachi en el concurso de jueces supremos del año 2015.   

La paja en el ojo ajeno 

La Fiscalía Suprema ha vuelto a presentar el 20 de octubre del 2022 un segundo pedido de inhibición del magistrado San Martín. Se basa en que dicho juez tiene lazos de amistad con el abogado Dino Carlos Caro Coria y dicho abogado es su abogado en los procesos instaurados ante la Junta Nacional de Justicia y destaca que Caro Coria a su vez también es defensa técnica de los investigados, representantes de la empresa Enagas Internacional. Dicho pedido sería improcedente ya que se ha presentado casi un año después de que el caso llegara a la Corte Suprema de Justicia y porque Caro Coria no defiende a las personas y a las partes que han interpuesto el recurso de Casación.

Algunos abogados consultados para esta nota destacan que pocas veces se ve el empecinamiento del Ministerio Público para excluir a un magistrado de la Corte Suprema de un proceso penal, sobre todo, proveniente de un Fiscal Supremo como el fiscal Pablo Sánchez Velarde que conoce y sabe que un pedido de esta clase es a todas luces improcedente, sobre todo porque el abogado aludido no tiene ninguna relación con alguna de las partes que recurre y ha presentado la Casación a la Corte Suprema de Justicia. El actuar del Fiscal Pablo Sánchez es, además, contradictorio.

Se resalta que, por ejemplo, nunca el Fiscal Pablo Sánchez ha pedido el apartamiento de San Martín del conocimiento de algún caso en el que el abogado Miguel Pérez Arroyo ha defendido casos de narcotráfico en alguna Sala Penal de la Corte Suprema, pese a conocer que Pérez Arroyo fue secretario de confianza de San Martín Castro por muchos años. Este trato desigual y discriminatorio en el caso de la Casación N° 1095-2021 y los casos de narcotráfico que lleva el abogado Miguel Pérez Arroyo tal vez se debe a que Pérez Arroyo fue nombrado el año 2015 por Pablo Sánchez, cuando era Fiscal de la Nación, como Gerente Central de la Escuela del Ministerio Público.

Sin embargo, una de las principales razones por las que Pablo Sánchez Velarde se habría comprado el pleito personal de los integrantes del Equipo Especial del caso “Lava Jato” en la exclusión del juez San Martín reside en el ofrecimiento de ayuda que necesita de manera urgente para pasar el proceso de ratificación sumamente complicado que le toca afrontar durante la primera semana de noviembre.

Uno de los temas más delicados y controvertidos que descalifica y pone en entredicho la denuncia que presenta los fiscales Equipo Especial del caso “LAVA JATO” en contra del juez supremo San Martín Castro es que no tienen el mismo comportamiento con fiscales que le son afines y allegados suyos. Por ejemplo, el equipo especial no ha presentado alguna denuncia, queja y no han realizado siquiera algún pronunciamiento público acerca de los graves hechos, que revisten carácter delictivo, que comprometen a la ex Fiscal de la Nación Zoraida Ávalos Rivera alrededor de su irregular nombramiento como Fiscal Suprema y en el que utilizó cinco certificados falsos sobre temas de derecho realizados en el Instituto LIBREJUR y que le permitió pasar raspando los 66 puntos que se necesitaba para aprobar la etapa curricular en el concurso de Fiscales Supremos del año 2013 en el que fue apoyada por el operador fujimontesinista -y quien logró en tiempo reciente la inscripción ilegal del partido PODEMOS-, José Luis Cavassa Roncalla

Incluso, algunos Fiscales y conocedores del sistema de justicia sostienen que la denuncia presentada contra el juez San Martín Castro es la mejor cortina de humo y el distractor más eficaz para lograr que los reflectores y los cuestionamientos en la ratificación de jueces y fiscales supremos se concentren en un juez de la Corte Suprema; y de esta manera los fiscales Pablo Sánchez Velarde y Zoraida Ávalos Rivera logren pasar el proceso de ratificación por agua caliente y sin ningún contratiempo. Total, en la guerra, siempre se sacrifica al enemigo.

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César Hinostroza, Fiscal, Fiscalía, Ministerio público

Este es el mundo que Pedro Castillo nos quiere imponer y en el cual no queremos vivir. Por ello es imprescindible defender el actuar de la Fiscalía de la Nación que ha mostrado profesionalismo, entereza y determinación en conseguir los elementos probatorios suficientes para presentar una denuncia constitucional contra el presidente y varios de sus allegados ante el Congreso.
La Fiscal Benavides ya rajó el cascarón con tremendo picotazo que ha remecido a todo el gallinero presidencial.
Corresponde ahora a nuestro Congreso tomar la posta con honor, con patriotismo, con deber cívico y terminar de romper ese nefasto cascarón de realidad alterna y mafiosa, de podredumbre y oscurantismo, para librarnos de una vez y constitucionalmente, de este nefasto Mundo para Pedrus.

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Castillo, Congreso, corrupción, Fiscalía

Saludamos, en todo caso, la valiente y enjundiosa labor de la Fiscalía de la Nación y el equipo policial que la ha acompañado, para lograr acopiar el número suficiente de pruebas que ojalá nos permita librarnos de la plaga política, corrupta y mediocre, instalada en Palacio y que, de durar hasta el 2026, nos dejaría un país en escombros, con un Estado colapsado y la mayoría de instituciones destruidas. Está en manos del Congreso elevarse a la altura de las circunstancias y proceder a sacar a Pedro Castillo de un lugar al que nunca debió llegar.

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Congreso, Estado, Fiscalía, Pedro Castillo

La tesis que maneja la Fiscalía indica que estas adjudicaciones serían el resultado de los acuerdos entre Pedro Castillo y los congresistas mencionados. Se apoya, además, en que ´Los Niños´ se abstuvieron en votaciones referidas a cuestión de confianza, censura de ministros e vacancia presidencial. El allanamiento de esta mañana y el posible levantamiento del secreto de comunicaciones podría terminar de esclarecer el detrás de escena del vínculo entre el presidente Castillo y estos congresistas.

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Acción Popular, Fiscalía, Los niños, Pedro Castillo

La actual gestión, lamentablemente, está abriendo un sin fin de incertidumbres para, bajo un errado y aún desconocido concepto de evaluación del desempeño de casos de corrupción y complejos, retirar sin más (porque ningún fiscal provisional removido ha tenido a la mano previamente el informe que lo saca de las investigaciones que trabajaba, o ha tenido la oportunidad de decir algo sobre su evaluación), a fiscales de casos que involucran a operadores de justicia (incluso en actividad) e incluso a la hermana de la fiscal de la Nación. Se suma el retorno de personajes que hicieron méritos para que ya no estén en la actual historia fiscal. La contratación de personas cercanas a anteriores gestiones cuestionables, al poder político que antes tuvo impunidad, muestra que estamos en franco retroceso. El repetido “orden, firmeza y celeridad” se está haciendo violando la ley. Sí, la nueva gestión está violando la ley: ¿dónde está el respeto a la Ley de la Carrera Fiscal?, ¿dónde está la prohibición de interferir en investigaciones?, ¿dónde está la prohibición de interferir en casos de familiares?, ¿dónde está la igualdad en el ejercicio de la acción penal, o es que solo importa el caso Castillo?, ¿dónde está la igualdad en la aplicación de la ley?, ¿dónde está el respeto a la independencia de los fiscales?, ¿dónde está la institucionalidad? 

Esto compromete gravemente a la actual gestión fiscal y a todas las autoridades que deben hacer el control. Mientras el Parlamento solo tiene como agenda principal a Castillo en la que va y viene, la Junta Nacional de Justicia brilla por su ausencia. Pero la ley es la ley y los tiempos para hacerla respetar no han proscrito.

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Fiscalía, Gobierno
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