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Por la mañana, en la plaza de armas del distrito de Tacabamba (provincia de Chota, Cajamarca), las canciones al ritmo de huayno y cumbia salen disparadas desde un parlante ubicado en el balcón de una antigua casona. En medio de las melodías, se escuchan las frases de campaña: «Este 6 de junio, marca el lápiz. No más pobres en un país rico».

 

Sudaca llegó el pasado miércoles a este distrito, lugar de nacimiento de Pedro Castillo y donde el pasado 11 de abril arrasó en las urnas. Según los resultados electorales de la ONPE, en la primera vuelta, el 79,51% de los electores tacabambinos votó a favor del candidato del lápiz; es decir, 7.338 personas de las 12.560 habilitadas. Su contendora de segunda vuelta, Keiko Fujimori, obtuvo el cuarto lugar con el 2.32%, o sea solo 137 votos.

El profesor Jorge Bocanegra conoce al candidato presidencial y a su esposa, Lilia Paredes, hace más de 30 años, cuando ambos estudiaban pedagogía en el instituto ‘Octavio Matta Contreras’, situado en el distrito también cajamarquino de Cutervo. Bocanegra cuenta que, tras conocer la decisión de su colega de candidatear a la Presidencia de la República, en octubre del año pasado, un grupo de docentes decidió realizar aportes económicos para su campaña. Señala que hubo profesores que mensualmente han hecho colaboraciones de entre S/50 y S/100. En Tacabamba, una amiga de ellos ha puesto su casa para que funcione como local del partido. 

«El profesor Castillo ha trabajado en escuelitas muy alejadas. Y, finalmente, ha llegado a ser profesor en Puña [una localidad del distrito de Tacabamba], la tierra donde ha nacido. Qué oportunidad y qué orgullo que, como hijo de esa comunidad y como niño que esa comunidad ha visto crecer, llegue allí [a la Presidencia] como profesor, como docente al servicio de la niñez», dice Bocanegra emocionado.

El profesor Luis Arturo Díaz es otro viejo amigo de Pedro Castillo. Dice a Sudaca que se conocieron en los años 90, cuando ambos trabajaban en la escuela N°10449 ‘Genoveva Díaz Loayza’, donde el candidato presidencial fue entrenador de la selección de fútbol y vóley de los estudiantes de primaria.

 

 

Equipos de futbol de Pedro Castillo
El profesor Pedro Castillo aparece junto al excapitán de la selección de fútbol, Roberto «El Chorri» Palacios, vistiendo la camiseta de la selección de fútbol de Tacabamba. Fue en el 2017. En la foto de abajo, un recuerdo de cuando fue entrenador del equipo de vóley de la escuela N° 10449 ‘Genoveva Díaz’, también de ese distrito. Las fotografías son del profesor Luis Arturo Díaz, quien aparece en las mismas imágenes.

Díaz aparece junto al candidato presidencial en una fotografía tomada el 12 de septiembre de 2017, durante un partido de fútbol en el que enfrentaron los equipos de profesores de Tacabamba y sus pares de Anguía, un distrito vecino donde tiene su residencia Castillo. «Aquella vez, Pedro jugó de delantero y metió un gol», recuerda Díaz. El resultado terminó en empate, 3 a 3, y el invitado especial al encuentro fue el excapitán de nuestra selección de fútbol, Roberto «El Chorri» Palacios, quien anotó dos veces.

El partido de confraternidad se realizó una semana después de haber acabado la huelga magisterial, desarrollada a nivel nacional y liderada por el profesor Pedro Castillo entre junio y la primera semana de septiembre de 2017. Luego de paralizar al sector educación, los huelguistas consiguieron que el piso del salario mensual del magisterio se incremente a S/2.000 (ahora es de S/2400).

La mañana del jueves nos dirigimos a Chugur, en el distrito de Anguía. Según el censo de población del año 2018 del INEI, es uno de los 20 distritos más pobres del país. Allí tiene su casa Pedro Castillo. Al frente del inmueble, hay una sede de la evangélica ‘Iglesia del Nazareno’ y en el mismo frontis de su vivienda, un lema en inglés: «Jehova is my shepherd (Jehová es mi pastor)».

Raúl Oblitas -hijo de Lelis, la hermana de su esposa- cuenta que a su tío lo mueve una fe inquebrantable que proviene de su adhesión a esta iglesia. En el desayuno electoral del pasado 11 de abril, esta quedó evidenciada ante las cámaras de televisión, cuando junto a su esposa y a sus tres hijos se tomaron de las manos y realizaron una oración.

 El sobrino de Pedro Castillo, Raúl Oblitas, aparece en el patio de la casa de su tío, en la localidad de Chugur. Se puede ver la frase: «Jehová es mi pastor» (fotos: Juan Carlos Chamorro)

 

«La iglesia tiene un promedio entre 40 y 50 años [de fundación]. Hay templos en todo el país. El profesor Castillo llega [a la iglesia] por medio de su esposa. Mi mamá ha sido profesora aquí [se refiere a que ha sido instructora del evangelio]. Su hermana, también, como asistente. Sus hijos [del profesor] se han criado acá. Es un tema de formación personal», señala Raúl, que estudia ingeniería civil. Si bien no es militante de Perú Libre, en algunas ocasiones ha acompañado a su tío a Chota durante la campaña electoral. 

 

Iglesia del Nazareno-Chugur
La ‘Iglesia del Nazareno’ de Chugur se levanta frente a la casa del candidato de Perú Libre (foto: Juan C. Chamorro).

Los preparativos en Tacabamba

Pasan las horas y varias personas que se alejaron de Tacabamba, principalmente por trabajo, van retornando a este distrito para emitir su voto. Es el caso de Geiser Olivera, quien se dedica a la venta de caballos y toros. «Voy a votar por Pedro Castillo, porque es un líder humanista y porque, además, es campesino», apunta.

 

Los distritos de Tacabamba y Chota están separados por solo una hora y media de distancia (infografía: Leyla López).

 

La tarde del jueves, un nutrido grupo de profesores y amigos del candidato presidencial, entre los que está Jorge Bocanegra, se reúne en la base de campaña del partido del lápiz. Alistan los últimos detalles para recibir los resultados electorales del domingo. Aún no está confirmado si el profesor Castillo retornará hoy, viernes, o mañana a Cajamarca, luego de su cierre de campaña en la capital.

Cuando Castillo retorne, se detendrá en Tacabamba, donde recibirá los resultados electorales. La mayoría de los docentes de este distrito estuvo con el candidato presidencial de Perú Libre el pasado 11 de abril en el local de campaña ubicado a tres cuadras de la plaza de armas, esperando los resultados de la primera vuelta, en la que obtuvo el primer lugar y su pase a la instancia final junto a Keiko Fujimori.

 

La plaza de armas de Tacabamba será el escenario de la celebración en caso el profesor Castillo gane las elecciones este domingo (fotos: Juan C. Chamorro).

 

El sobrino del profesor Castillo, Raúl Oblitas, confirma a Sudaca que, a las siete de la mañana, según la agenda programada, el profesor Castillo tomará el desayuno junto a su familia y la prensa. El menú estará compuesto por una clásica sopa verde y tamales. Después, acompañará a su esposa Lilia Paredes a votar al colegio ‘Arturo Osores Carrera’, en el distrito de Anguía. Antes del mediodía, emitirá su voto en el colegio N° 10446 ‘Salomón Díaz’ de Tacabamba. Y, por la tarde, esperará los resultados en el local de campaña de este distrito.

«Hay un apoyo decidido [de los profesores]. Estamos hartos de la corrupción. Todo se ha centralizado en Lima. El profesor [Pedro Castillo] va a ser el Presidente y esperemos que gobierne para el pueblo» asegura el profesor Almansor García Delgado, que conoce al candidato presidencial hace más de 15 años, cuando ambos trabajaban en la escuela N° 10475 de Chugur. Mientras, sus colegas cargan una pancarta que será colgada en la entrada del distrito: «Pedro Castillo, Presidente del Perú, con justicia y con verdad».

 

La base principal de campaña de Perú Libre de Tacabamba está ubicada a dos cuadras de la plaza de armas (foto: Juan C. Chamorro)

 

(*) Foto de portada: Juan Carlos Chamorro

Los profesores y colegas de Pedro Castillo, Almansor García Delgado, Óscar Guevara, Wilson Carranza, Juan Chamaya, Jorge Bocanegra y Tomás Gálvez, aparecen en el local de campaña de Perú Libre de Tacabamba. Allí, el candidato presidencial recibirá los resultados del domingo 6 de junio.

 

 

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La lección del último quinquenio fue clara: ningún presidente de la República puede sentirse fijo en su cargo. Censuras, vacancias y renuncias fueron parte del menú político de los últimos años. Como el escenario de inestabilidad no ha mejorado (sino, lo contrario), hay una alta probabilidad de que ello se repita. Y los llamados a cubrir el hueco serán –nuevamente– los vicepresidentes. Estos son los perfiles y las ‘credenciales democráticas’ de quienes podrían asumir la conducción del país.

 

 

Galarreta: a la cabeza del obstruccionismo

Luis Galarreta, candidato a la primera vicepresidencia de Fuerza Popular, es –de todos los postulantes– el que más recorrido tiene en la política peruana. Su kilometraje incluye haber ocupado una curul de manera ininterrumpida desde el 2006 hasta el 2019, cuando el Congreso fue disuelto por Martín Vizcarra. Antes de eso, también fue regidor provincial de Lima.

En estas elecciones, Galarreta postuló al poco conocido Parlamento Andino y fue elegido como representante del fujimorismo. En declaraciones para América Noticias, a mediados de marzo, aseguró que su candidatura a ese órgano supranacional se dio por un pedido de su partido, y agregó que dentro del Congreso había cumplido con “lo que corresponde” y que para él “la política no es una aventura, es una carrera”.

Parte de esa ‘carrera en la que ya cumplió’ incluye haber sido la cabeza del Congreso obstruccionista, término que su propio partido hoy acepta. Galarreta presidió el Parlamento entre el 26 de julio del 2017 y la misma fecha del 2018, uno de los periodos más conflictivos de la relación Legislativo-Ejecutivo del último quinquenio. Durante su presidencia se le negó la confianza al expremier Fernando Zavala y pasaron las dos mociones de vacancia contra Pedro Pablo Kuczynski (PPK).

Además, fue cuestionado por la compra de televisores, frigobares y flores meses antes del Mundial Rusia 2018. Cuando fue increpado por los medios, defendió las adquisiciones y aseguró que aprobarían “otra ley para que saquen la publicidad de algunos medios mermeleros”, en alusión a la llamada ‘Ley Mulder’.

Un año antes, cuando era vocero de la bancada naranja, se hizo público el chat de Telegram “Mototaxi”, donde la agrupación liderada por Keiko Fujimori coordinaba sus movimientos legislativos. En medio del debate para censurar al entonces ministro de Educación, Jaime Saavedra, Galarreta escribió: “Jaja recién leo que está temblando… pero para jodernos era valiente!”. La decisión de tumbarse a Saavedra ya estaba tomada.

 

 

Aunque el ex congresista parezca un fujimorista de larga data, lo cierto es que milita recién desde el 2018. Antes militó en el PPC y en Renovación Nacional. Hoy es secretario general del partido naranja y, como tal, está involucrado de lleno en la campaña. Esto incluye ser consejero de la nueva bancada electa, la que tendrá la labor de limpiar la cara del fujimorismo en el Legislativo.

De darse el caso que Fujimori gane las elecciones y luego deba dejar Palacio, ponerse la banda presidencial será un déjà vu para Galarreta. En marzo del 2018, como presidente del Congreso, la vistió brevemente tras la renuncia de PPK y antes de la toma de mando de Martín Vizcarra.

A pesar de ser un acto simbólico –y durar unas cuantas horas– Galarreta no desaprovechó la oportunidad de posar campante con la banda presidencial. Junto a sus colegas de bancada improvisaron una sesión fotográfica mientras esperaban a Vizcarra. La sonrisa entonces no cabía en su rostro. ¿Tendrá la oportunidad de revivir ese momento en el futuro?

GalarretaBandaPresidencial
Galarreta cuando tuvo la fortuna de utilizar la banda presidencial brevemente. A su lado Luz Salgado, colega fujimorista.

 

Juárez: del amarillo al naranja

La plancha presidencial del fujimorismo la completa, en la segunda vicepresidencia, Patricia Juárez. Aunque sus posibilidades de asumir son pequeñas, ‘Patty’ ya ganó en estas elecciones: será congresista fujimorista por Lima, cargo que había intentado alcanzar en el 2011 con Solidaridad Nacional.

Precisamente, su pasado político es totalmente amarillo. Juárez fue regidora provincial y teniente alcaldesa de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) entre los años 2014 y 2018. Como tal, fue una férrea defensora de la gestión de Castañeda Lossio hasta que el sol del partido se apagó.

El ex burgomaestre es hoy investigado por el Equipo Especial Lava Jato y la acusación salpicó a ‘Patty’. Ambos son acusados de haber favorecido a la constructora brasileña OAS con la entrega de peajes, presuntamente a cambio de un aporte de US$480 mil para la campaña municipal del 2014, donde Juárez fue electa regidora.

La ex funcionaria edil enfrenta un glosario de delitos: concusión, negociación incompatible, tráfico de influencias, asociación ilícita y cohecho pasivo propio. El caso recién está empezando, según reveló el portal Convoca.

Con esa mochila infame la hoy candidata a la vicepresidencia abandonó a Castañeda en el 2018, y renunció a su partido. Divagó brevemente, pero al año siguiente se reubicó como secretaria general del último bastión solidario: Miraflores. Luego llegó Patricia Juárez a Fuerza Popular, otro partido que también tiene problemas con las palabras “Lava Jato”. Intercambiando el amarillo por el naranja, la ex teniente alcaldesa aceptó la invitación de Keiko Fujimori a finales del año pasado.

 

Boluarte: las denuncias por maltrato

En las últimas semanas apareció en televisión una representante de Perú Libre que, hasta ese momento, había pasado desapercibida para la mayoría de la prensa. Su nombre era Dina Boluarte y, con mayor solvencia que el propio Castillo, defendió a su partido ante las cámaras. Esta vocera inesperada también es la candidata a la primera vicepresidencia del lápiz.

La única experiencia en el sector público que lista en su hoja de vida es la de jefa de la oficina de Reniec en Surco desde el año 2007, al que hoy ha pedido licencia sin goce de haberes. Tras su crecimiento como figura mediática y vocera de su partido, un sector de la prensa empezó a escudriñar su gestión en esa entidad registral. Encontró unas cuantas cosas.

Boluarte tiene, según Canal N, tres denuncias policiales entre los años 2011 y 2020. Dos de ellas ocurrieron alrededor de su local laboral, la Reniec.

La primera fue en mayo del 2015. Paula Parina denunció a Boluarte por lesiones ante la Policía. «La denunciante trabaja como lava carros en el lugar de los hechos y a eso de las 4 p. m. se presentó Boluarte, la misma que agredió físicamente a la denunciante, debido a que su espacio de estacionamiento estaba siendo ocupado por otro vehículo», describe el parte policial.

El otro incidente en la Reniec de Surco es más reciente. En febrero del 2020 la activista transexual Marina Kapoor la denunció por maltrato. Luego de esperar varias horas para que la atiendan en la oficina que dirigía Boluarte, Kapoor pidió el libro de reclamaciones. Esto, según su versión, hizo estallar a la hoy candidata a la vicepresidencia de Perú Libre.

“Escuchó ‘libro de reclamaciones’ y la señora es la que más bien se exaltó. Salió de su oficina y comenzó a decir al vigilante ¿quién ha dejado entrar a este señor aquí, cuando se dio cuenta de que era una mujer transexual”, explicó la denunciante a Canal N.

Frente a ambas revelaciones Boluarte respondió, nuevamente, en una pantalla televisiva. Y a nivel internacional. Frente a la pregunta de Fernando del Rincón sobre estas denuncias en CNN la candidata aseguró que “sus manos están bien limpias”, que no tiene “ni un acto de corrupción” y se quejó porque no “dicen nada del otro lado” en referencia al fujimorismo.

 

 

La funcionaria registral está ligada a Perú Libre hace años, aunque milita solo desde finales del año pasado. Su cercanía incluye dos postulaciones previas. La primera fue a la alcaldía de Surquillo en el 2018 –cuando el partido aún se llamaba Perú Libertario– y la segunda al Congreso en el 2020. En ambas oportunidades fracasó.

También intentó postular este año al Parlamento, pero fue excluida por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) porque la personera legal del lápiz presentó documentación de subsanación sobre su candidatura fuera de plazo. ¿Cambiará su suerte si sale ganador Castillo?

 

El excluido

La fórmula presidencial de Perú Libre solo tiene a Boluarte como candidata a la primera vicepresidencia. La razón: el otro vicepresidente fue excluido por tener una sentencia firme de corrupción.

Se trata de Vladimir Cerrón, el fundador y secretario general del partido. Cerrón también es autor del ideario que fue presentado como plan de gobierno en primera instancia al JNE. Este documento fue actualizado después porque, entre otros graves problemas, no tenía ninguna mención relevante sobre la pandemia.

A pesar de no ser el candidato presidencial, Cerrón ha tenido un rol protagónico en esta campaña. Como ideólogo del lápiz, ha hecho trabajo político en redes sociales, aunque no siempre parece hacerlo a favor de Castillo.

Su simple presencia política ya es cuestionable. El llamado “médico del pueblo” fue gobernador de Junín en dos periodos entre el 2011 y 2019. Su segunda gestión terminó abruptamente cuando fue sentenciado por el delito de negociación incompatible.

La justicia determinó que Cerrón, junto a otros miembros de su gobierno regional, favorecieron al Consorcio Altiplano mediante el pago de S/850 mil por “gastos adicionales” en la ejecución de un proyecto de saneamiento en La Oroya en 2011, durante su primer gobierno regional. Por este delito Cerrón tendrá que cumplir cuatro años de prisión suspendida y está inhabilitado de ejercer cargos públicos durante un año. La decisión fue ratificada a mediados de abril.

Tanto Castillo como otros representantes de Perú Libre se han cansado de decir que Cerrón no fue sentenciado por corrupción, sino “por la corrupción”. Un juego de palabras que lo victimiza e ignora las pruebas en su contra.

Incapaz de volver a postular a la presidencia –lo hizo en el 2016 cuando su partido aún se llamaba Perú Libertario– quiso pasar “escondido” dentro de la plancha presidencial del lápiz, pero el Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1 declaró improcedente su candidatura.

CerrónBandaPresidencial
Vladimir Cerrón con su banda presidencial durante su gobierno regional en Junín.

Como Galarreta, el fundador de Perú Libre ya sabe lo que es usar la banda presidencial. Al menos una imitación. Durante su gobierno regional Cerrón se lucía en eventos públicos portando una muy parecida a la original, pese a que ese no era el protocolo. Mientras dure su sentencia se quedará con las ganas de tentar la verdadera.

 

**Fotoportada: Leyla López (Fuente: Andina)

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Abel -el nombre ficticio que usaremos para proteger su identidad- cuenta que era funcionario del Gobierno Regional de Junín (GRJ) cuando a mediados del 2020 sus jefes inmediatos le dijeron que él y su familia tenían que afiliarse al partido que estaba gobernando. “Tienes que conseguir [militantes para el partido]”, recuerda que le dijo uno de sus superiores.

 

Y así lo hizo. Según el Registro de Organizaciones Políticas (ROP), él se registró al partido, que hoy disputa la Presidencia de la República, el 22 de septiembre de 2020. Cuatro miembros de su familia y un amigo también lo hicieron ese mismo día, según pudo corroborar Sudaca. En ese momento, Abel estaba trabajando en la Agencia Agraria Concepción, un área de la Dirección Regional de Agricultura de Junín. 

Vladimir Cerrón, líder de PL y elegido gobernador regional para el periodo 2019-2022, había dejado su puesto a mediados del 2019 luego de ser sentenciado por el delito de negociación incompatible. Estuvo en prisión unos meses, hasta que a fines de ese mismo años, la Corte Superior de Junín decidió que afronte su pena en libertad. Lo que no se modificó fue el pago de una reparación civil de S/850.000.

Al año siguiente, Cerrón seguía sin pagar, por lo que su libertad estaba en riesgo. Entonces a Abel le pidieron que aporte dinero para ayudar al fundador de Perú Libre. Debía hacerlo a una cuenta mancomunada. “Más o menos en noviembre mi jefe me manda un mensaje donde dice que tenemos que pagar porque, si no, a Vladimir Cerrón lo iban a encarcelar”, señala.

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Uno de los titulares de la cuenta que aparece en el mensaje de WhatsApp es el ingeniero Rolando Salazar Cordova, actual director regional de Producción, puesto que es designado por el mismo gobernador regional según la web del GRJ. El otro es Jonny Vargas Gutiérrez, militante de Perú Libre desde el 2014 y trabajador del GRJ durante aquel 2020.

Abel aportó S/300. “No me sentí presionado, sino obligado porque era mi jefe quien me mandó ese mensaje […] Hemos estado sometidos. Todo el grupo de poder es así. Si trabajas, tienes que pagar”, agrega.

No es un caso aislado. Ginés Barrios Alderete, exconsejero regional del 2011 al 2014, durante la primera gestión de Vladimir Cerrón como gobernador regional, explica que durante esos años a él le llegaron denuncias de trabajadores del GRJ a los que se les descontaba parte de su sueldo.

“Yo puedo asegurar [que ese tipo de acciones ocurre] porque en una sesión de consejo yo presenté unos recibos en los que se descontó parte de su sueldo a trabajadores. Yo cuestioné eso y les dije que no me parecía correcto, que cómo era posible que el personal que se ha incorporado a las planillas del Estado tenga que estar sujeto a una obligación de dar parte de sus remuneraciones a un partido político [Perú Libre]”, asegura Barrios. 

El exconsejero agrega: “Según dijeron era un aporte voluntario, pero a mí no me parece. Ningún trabajador que se incorpore a la administración pública puede tener, más allá de su contrato laboral, un contrato al margen para regentar un porcentaje de su sueldo permanentemente, eso afecta a la gestión pública”. 

Dentro del consejo regional había mayoría oficialista de Perú Libre, así que la denuncia de Barrios no prosperó.

Durante aquella primera gestión, el 2013, el diario Correo denunció además que trabajadores del GRJ recolectaban firmas en horario de trabajo para poder inscribir a Perú Libre, hasta ese año movimiento regional, como partido de alcance nacional. 

Según pudo identificar el diario, entre los trabajadores que acudieron a recolectar firmas, bajo amenaza de despido, se encontraban funcionarios de la Procuraduría, quienes supuestamente se encontraban “de comisión” realizando trámites. El exconsejero Ginés Barrio pidió investigar el hecho, pero nuevamente la mayoría oficialista no lo permitió.

A Abel le pasó algo similar años después, ya durante la segunda gestión regional de PL. Cuenta que su jefe le dijo que tenían que ir a Lima para apoyar a Cerrón, pero él respondió que no podía porque tenía que trabajar. “Ahí es donde me han odiado”, asegura. Fue en ese momento cuando uno de sus compañeros de trabajo le explicó la razón del porqué él sí había decidido ir a apoyarlo.

«A mí no me paga el sueldo el Estado, a mí me paga Vladimir Cerrón», es la frase que Abel recuerda haber escuchado.

“Yo estaba triste por lo que me dijo mi amigo, que es ingeniero. ‘No hay principios, no hay valores’, pensé. Vladimir puede hacer esto con la gente, hacer que piensen que dependen de él», cuenta. Cuando terminó su contrato, en diciembre de 2020, no le renovaron.

Ginés Barrios confirma que esto es algo común durante los gobiernos de PL. “Cada vez que había manifestaciones que tenían que ver directamente con las actividades del partido de este señor [Cerrón], las sedes del Gobierno Regional se quedaban sin trabajadores”, dice.

 

Silenciar al que opina distinto

El pasado 7 de mayo, el congresista César Combina (APP) hizo público un informe interno de la Municipalidad de Huancayo. El documento estaba dirigido a la subgerencia de Gestión de Recursos Humanos y daba cuenta de dos opiniones que Julio Nieto Tinoco, un trabajador de la comuna, había realizado en su cuenta de Twitter y que luego habían replicado algunos medios. La comuna huancaína es uno de los bastiones de Vladimir Cerrón. Su alcalde es Juan Quispe Ledesma, electo por Perú Libre.

 

informe contra Julio Nieto

 

Julio Nieto es el responsable del área de Beneficios Sociales y Laborales de esta municipalidad. El 11 de abril (el día de la primera vuelta), escribió en Twitter: “La mayoría de peruanos no tiene idea quién lidera Perú Libre, si supiera que es un sentenciado por corrupción y que tiene tomada las municipalidades y el GRJ y que Castillo solo es y será monigote de Vladimir Cerrón”.

El tuit fue reproducido en el diario Correo al día siguiente, lo que produjo malestar en sus superiores, según declaraciones de Julio Nieto. No era la primera vez que hacía este tipo de comentarios.

“En varias ocasiones ya hice comentarios en contra de Perú Libre, por la gestión en general, porque acá en Junín ese partido tiene gran parte de los municipios provinciales y también tienen el gobierno regional. Como ciudadano y como representante de un partido político [APRA], hago opiniones sobre la situación administrativa, política que sucede”, explica Nieto a Sudaca.

Como es trabajador permanente, no lo pueden despedir sin más. Pero según Nieto buscan otras formas de hostigarlo. “Cuando ellos iniciaron su gestión en el 2019 y yo hacía mis comentarios, empezaron a molestarme. Me rotaron en dos ocasiones de una gerencia a otra, y de otra a otra. Y ahora que estoy comentando, los funcionarios de turno me dicen ‘Julio deje de escribir, porque los de arriba se están molestando, los de arriba quieren que te saque’”, apunta.

Sobre este caso, el congresista Combina, férreo opositor de Cerrón y la persona que difundió el documento, asegura que ante la imposibilidad del despido, lo que se estaría buscando es acumular sobre Nieto distintas llamadas de atención para sacarlo sin que parezca un despido arbitrario. De hecho, por los tweets recientes, dice Nieto, el subgerente de Recursos Humanos ya le avisó que volverían a rotarlo de puesto. 

Para otros trabajadores, sin embargo, es más difícil conservar sus empleos dentro de los municipios dominados por Perú Libre. Los que no tienen contratos o los que están contratados por un tiempo limitado están sujetos a despidos o a la no renovación de sus contratos, como el caso de Abel.

“Este tipo de acciones son recurrentes en esta gestión. La municipalidad básicamente es gobernada por PL y el representante máximo es el señor Vladimir Cerrón (..)  PL son un grupo muy radical, muy fuerte. Da un poco de temor [hablar] ”, sentencia Nieto.

Por enésima vez, Sudaca contactó a Vladimir Cerrón para este informe, pero prefirió no contestar.

 

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Si hay alguien en Fuerza Popular que no puede negar conocer a Jorge Barata ese es Luis Carranza Ugarte, el jefe del plan económico de la candidata Keiko Fujimori. 

La empresa de Carranza fue una socia clave de la constructora Odebrecht en el consorcio Rutas de Lima SAC, el mismo que a inicios del 2013 había obtenido un sospechoso contrato de más de $498 millones para mejorar las carreteras y administrar los peajes de nuestra capital por un periodo de 30 años.

 

El economista era entonces presidente del directorio de Sigma Capital, una empresa que es parte de la firma Sigma Safi y que asesora a esta en la administración de un fondo de inversión llamado, redundantemente, Sigma FI.

Este fondo coloca recursos de sus clientes -entre estos algunas AFP- en distintos proyectos de infraestructura. “Somos el vehículo por el cual los fondos de pensiones pueden entrar en el capital de proyectos de infraestructura, como Rutas de Lima”, explicó el mismo Carranza en una nota del diario La Primera, el 21 de octubre de ese año, ocho meses después de que Rutas de Lima firmase el contrato con la comuna limeña.

Para ese momento el jefe del plan económico naranja aún no se hacía directivo del consorcio, pero meses después, el 7 de julio del 2014, las cosas cambiarían.

Durante una reunión del directorio Rutas de Lima, hasta entonces conformada por representantes de Odebrecht, se decidió aumentar el capital en el consorcio. Sigma FI, el fondo que ayudaba a administrar Carranza, decidió transferir a la sociedad $37 millones de dólares y hacerse con el 10% del accionariado.

 

De Sigma FI a Rutas de Lima SAC. Este documento del BCP, acreditado por la notaría Laos de Lama, acredita la transferencia de 37 millones de dólares a la cuenta N° 193-2177359-1-33 del consorcio en el que participaba Oebrecht, como parte del aumento de capital. Este aporte le permitió a Luis Carranza ser parte del directorio junto a Jorge Barata, entonces presidente de Odebrecht Latinvest.

 

Con la transferencia hecha a través de una cuenta del BCP, Luis Carranza fue nombrado en el directorio que ya conformaban Jorge Barata, Nelson Vieira de Bulhoes, Ricardo Boleira Sieiro Guimaraes y Fernando Antonio Ocampo Vásquez. Todo consta en un acta de aquella fecha inscrita en la Notaría Eduardo Laos de Lama a la cual Sudaca pudo acceder.

En el documento se puede leer que la sesión del acuerdo estuvo dirigida por el mismo Barata, como presidente de Odebrecht Latinvest, quien después de casi dos años y medio de esa fecha, a inicios de 2017, comenzaría a confesar sus coimas en el Perú. Aunque la fiscalía brasileña ya tenía en la mira a la constructora al menos desde el 2013.

 

El acuerdo del directorio en el que se acepta el aporte de Sigma FI a Rutas de Lima SAC fue presidido por Jorge Barata (arriba) y fue legalizado notarialmente.  Después, el directorio de Rutas de Lima, con Luis Carranza como flamante director, fue inscrito en Registros Públicos (abajo).

 

Rutas de corrupción

La historia de Rutas de Lima empezó en septiembre del 2012, durante la gestión de Susana Villarán como alcaldesa de Lima, cuando la comuna capitalina le adjudicó el proyecto “Vías Nuevas de Lima”. El 9 de enero del 2013, dos meses antes de la consulta de revocatoria contra Villarán, el contrato se firmó.

“La MML [Municipalidad de Lima] entregó la explotación de los peajes de las vías metropolitanas por 30 años [Rutas de Lima] y 40 años [Línea Amarilla] sin una proyección adecuada de la recaudación a obtener en esos plazos. Las concesionarias, con poca inversión, recuperarían su capital en poco tiempo y aumentarían sus ganancias muy por encima de lo declarado en su iniciativa privada, en agravio de las finanzas de la MML y del bolsillo de los usuarios de los peajes”, se lee en el informe del 2018 elaborado por la comisión Lava Jato, que entonces presidía la excongresista de Fuerza Popular Rosa Bartra.

El informe señala, entre varias de las irregularidades, que la municipalidad de Lima contrató “los servicios de asesoría legal externa del estudio de abogados Rebaza Alcázar & De las Casas para el análisis del proceso de iniciativa privada”.

Según el informe, el estudio tenía como consultor externo a Fernando Antonio Ocampo Vásquez, quien a la vez era director de Rutas de Lima. El bufete de abogados participó del acto de revisión de los documentos solicitados para el contrato de concesión.

No solo eso. Uno de los socios del estudio, Gonzalo de las Casas, era director junto a Luis Carranza en el negocio de los fondos de inversión de Sigma.

El 2017, además, se terminó por confirmar que para hacerse del proyecto, Odebrecht había pagado coimas. Los gastos aparecían en las planillas del Departamento de Operaciones Estructuradas de Odebrecht de febrero y octubre del 2014. El receptor era José Miguel Castro, exgerente municipal de la gestión de Villarán.

Carranza renunció al directorio de Rutas de Lima el 2016 y lo reemplazó el ya mencionado Gonzalo De las Casas. 

Si bien ni él ni los exdirectores del consorcio son investigados por la Fiscalía -únicamente están siendo procesados los funcionarios públicos-, la Procuraduría Ad Hoc ha solicitado, en enero pasado, la incorporación de la Constructora Norberto Odebrecht y del consorcio Rutas de Lima como terceros civiles responsables en las investigaciones contra Susana Villarán.

Según el abogado penalista Luis Lamas Puccio, la  figura del “tercero civil responsable” no impide que en el camino se pueda encontrar responsabilidad individual de los directivos de una empresa para conocer si era política de la compañía realizar actos irregulares, como pago de coimas o, simplemente, si sus directivos “lo sabían”. ¿Cómo se puede descubrir eso? “A través de los testimonios de los involucrados”, responde Lamas Puccio.

Carranza ya ha desfilado por el Ministerio Público cuando fue llamado a declarar por el caso de la Línea 1 del tren eléctrico. Él había sido uno de los ministros de Alan García que firmaron decretos que terminaron permitiendo la ejecución y la adjudicación de la obra, según contó el exsecretario de Palacio Luis Nava.

Según Registros Públicos, Carranza sigue figurando como presidente de Sigma Capital. Al cierre de esta edición, el exministro no había respondido nuestras consultas.

 

(*) Focomposición de Portada: Leyla López

Fotografías tomadas de Andina en la que aparecen Jorge Barata (izquierda) y Luis Carranza (derecha), y atrás de ambos, el peaje administrado hoy por Rutas de Lima.

 

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Por Alba Ñaupas y Alessandro Azurín

A lo largo del Río Ene transitan diariamente los asháninkas buscando “caracolitos”, como cariñosamente le llaman a este animal, el caracol, que usan para preparar su comida. En marzo de este año, miembros de la comunidad de Potsotincani, ubicada en el distrito de Río Tambo (Junín) se encontraban realizando esa labor cuando se toparon con un grupo de 40 personas armadas, entre hombres y mujeres, que los observaban con actitud amenazante. 

 

“Los armados les preguntaron a los asháninkas ‘¿qué hacen ustedes acá?’. Ellos respondieron que era su territorio. Los señores les dijeron que tenían que irse de ahí porque, si no, los iban a desaparecer. Los asháninkas se asustaron y escaparon”, cuenta Ángel Pedro Valerio, presidente de la Central Asháninka del Río Ene (CARE), organización que agrupa a 53 comunidades de las cuencas de ese río.

Potsotincani está a cuatro horas de San Miguel del Ene, Vizcatán, escenario de la masacre del domingo 24. El episodio que relata Valerio revive lo peor de épocas pasadas para los asháninkas y no es el único. La visita de estos personajes armados ocurre cada vez con mayor frecuencia. “Seguimos en estado de emergencia porque actualmente enfrentamos problemas como el narcotráfico. Cada año va creciendo el sembrío de hoja de coca en la frontera de Cuzco con Junín y Ayacucho. Siembran su coca, instalan cosas para macerarla y convertirla en droga. Todo eso hemos tenido que sufrir las comunidades sin el menor apoyo del gobierno. Hemos denunciado, pero no obtenemos respuesta”, afirma Valerio.

Según Rubén Vargas, presidente de la Empresa Nacional de Coca (Enaco) y especialista en tema de seguridad, el 90% del narcotráfico está focalizado en nueve distritos de los 69 que agrupa el Vraem. Además de Vizcatán del Ene, están Pichari, Sivia, Kimbiri, Santa Rosa, Llochegua, Samugari, Canayre y Río Tambo (acá se ubica Potsotincani). “En el Vraem se cultivan un poco más de 26.000 hectáreas de hoja de coca y se procesan 450 toneladas de cocaína anualmente. Eso representa el 70% de toda la cocaína a nivel nacional”, agrega el también exministro del Interior.

vraem narcotrafico mapa
Nueve distritos de los 69 que agrupa el Vraem son los que focalizan el 90% del narcotráfico en el país. Infografía: Leyla López.

 

Ni ese dato ni lo ocurrido el domingo 24 en Vizcatán sorprende a los asháninkas. Como si fuese una advertencia siniestra, Pedro Valerio le aseguró a Sudaca que en los últimos meses su comunidad venía reportando cádaveres desfilando por el río Ene. “Hemos visto tal vez siete cuerpos estos meses, pero debe haber muchos más porque el río es grande y no podemos ver todos. Eso no es novedad para nosotros, cuando hay muertes en la parte alta del Ene los botan al río”, explica. 

Según Valerio, tanto el desfile de muertos en el río, como los cruces con los narcoterroristas fueron reportados por su gente a las Fuerzas Armadas. Sin embargo, ignoraron sus denuncias. “No ha habido una respuesta rápida para ver qué está pasando. A raíz de esto, las comunidades se sienten inseguras. Lo que está pasando en Vizcatán del Ene en cualquier momento puede suceder en nuestras comunidades”, detalla.

La sociedad del narco-terrorismo

“Nuestra comunidad está en constante peligro porque hay presencia del narcotráfico, [nuestros territorios] son corredores de los cargachos que llevan drogas, de los remanentes terroristas que son guardaespaldas de los cargachos”, dice Valerio.

El dirigente asháninka se refiere a la perversa sociedad que existe en la zona entre narcotraficantes y los remanentes de Sendero Luminoso, denominados hoy el Militarizado Partido Comunista del Perú (MPCP). La Policía y las Fuerzas Armadas responsabilizan a este grupo terrorista de la masacre de Vizcatán.

Esta facción escindida del Sendero original ha hecho sentir su presencia con al menos 20 atentados terroristas que bañaron de sangre al valle en los últimos 13 años. Liderado por Víctor Quispe Palomino, está conformado por aproximadamente 330 personas entre adultos, niños y ancianos, explica el general Óscar Arriola, jefe de la Dircote.

Según estimados de esta unidad especializada, la principal fuerza armada de esta organización -la que se dedica a cometer los atentados- está formada por aproximadamente 30 terroristas. Los otros 300 no son partícipes directos de estas incursiones, sino que se dedican a la cosecha, el sembrío y a cuidar a los niños. Arriola dice que, aunque no participan de las acciones armadas, al fin y al cabo forman parte de la organización.

El general señala que la mayoría de los jóvenes que forman parte del MPCP nacieron al interior de la organización y “no conocen otra cosa que no sea la organización criminal del terrorista Sendero Luminoso”. Actualmente ya no hay muchos niños dentro de la agrupación, porque ‘José’ habría dado la orden de ya no procrear más.

Aunque anteriormente los terroristas tenían presencia en más distritos del Vraem, ahora su centro de operaciones se ha reducido a Vizcatán del Ene. Las huestes del grupo terrorista viven encapsuladas ahí y tienen problemas para expandirse. Este distrito, en el que el 56% de sus habitantes no tiene acceso a los servicios de salud según el exministro Rubén Vargas, es un lugar estratégico para el camarada ‘José’ y sus secuaces.

Y no es hogar para cualquiera. Como explica el general en retiro José Baella, exjefe de la Dircote, las temperaturas en la noche bajan mucho y en el día hay demasiado calor. También hay una vegetación de árboles de entre 30 y 40 metros que hace que la orientación sea casi imposible. “Solamente la gente que sabe, que conoce el terreno, es la que sobrevive ahí. Es una geografía muy difícil, por eso es una fortaleza para ellos, están bien escondidos ahí”, afirma Baella. 

De acuerdo a estimaciones de la Dircote, el 33% de la droga elaborada en el Vraem transita por el distrito de Vizcatán del Ene. Ahí los terroristas resguardan los laboratorios en donde se produce la cocaína, cobran por cada hectárea de hoja de coca sembrada y brindan seguridad a los ‘cargachos’, que transportan la droga a pie por las zonas que tienen controladas. 

“[Los terroristas] se financian con el tráfico ilícito de drogas. Cuando los mochileros pasan por las zonas que ellos controlan les cobran por cada kilo de droga entre $8 y $9”, explica Baella.

Sin embargo, esa modalidad de traslado, operada por los ‘cargachos’, no es la principal. “Hay una importante ruta área. Se traslada cocaína usando avionetas con destino a Bolivia o Brasil. La modalidad de los ‘cargachos’ se ha ido dejando porque [los traficantes] están usando mecanismos más sofisticados y en mayores volúmenes, como las rutas aéreas”, asegura Rubén Vargas.

Según fuentes confiables, en promedio parten 10 avionetas diarias del Vraem en temporada de verano, pues en invierno no es posible trasladar la ilegal mercancía por aire debido a las intensas lluvias.

Las fuerzas del orden, sin embargo, no son bien recibidas en determinados sectores del Vraem. Fuentes en la Dirandro cuentan a Sudaca cómo la población del valle cocalero les manifestó su rechazo el pasado 27 de abril. Esa tarde, realizaron un operativo en el distrito de Putis, Ayacucho, porque habían recibido información de que en esa zona “llegaban los mochileros que cargaban 800 kilos” de droga. Como si fueran un imán de problemas y no los responsables de protegerlos, los policías fueron expulsados por la población local.

“No duramos ni dos horas porque el presidente de la comunidad nos dijo que teníamos que irnos o tomarían medidas contra nosotros. La gente tenía miedo. Cuando vimos ese movimiento, antes de las 8, ya teníamos que irnos. Esa es una zona de traslado de ‘merca’ desde Llochegua. Los tucos [terroristas] dan la seguridad y cobertura para que la gente pueda mover su ‘merca’”, explica un oficial que participó del operativo.

Putis es el mismo lugar en el que el 13 de diciembre de 1984, efectivos militares ejecutaron a 123 pobladores locales, según el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR).

Angel Pedro Valerio CARE
Pedro Valerio, presidente de CARE, denunció la presencia de hombres armados en las comunidades asháninkas y la aparición de cuerpos en el río Ene. Ambos hechos lo atribuye al narcotráfico. Fuente: Dirección Regional de Agricultura de Junín.

 

Hay otras comunidades al interior del Vraem, sin embargo, que piden a gritos la presencia policial y militar para que atiendan sus denuncias. Y también para que no los dejen desprotegidos. La Central Asháninka del Río Ene (CARE) señala, por ejemplo, que el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas pretende desactivar sus comités de autodefensa alegando que no hay presencia terrorista o de narcotráfico, dejándolos indefensos ante cualquier ataque.

“Si nos van a quitar armamento y no nos van a reforzar nuestro Comités de Autodefensa, fácilmente van a ingresar los narcotraficantes, los remanentes del terrorismo. El narcotráfico va ganando territorio. Si nos dejan sin nuestros comités, nos dejan totalmente vulnerables”, se queja Pedro Valerio, presidente de la CARE.

Sudaca contactó al jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el General César Astudillo, pero no respondió nuestra solicitud de entrevista.

Cifras de abandono

“La realidad de los pobladores del Vraem es muy diferente. No solo se trata de llevarle protección, sino también apoyo a esa población que muchas veces no tiene acceso a educación”, dice José Baella, exjefe de la Dircote.

A Baella no le falta razón. Según el último censo del INEI (2017), en la zona no hay una adecuada disponibilidad de docentes de educación regular y el 39% de los colegios en todo el valle cocalero necesita la sustitución total de su infraestructura. No solo eso. El analfabetismo afectó al 20,6% de la población mayor de 15 años y la brecha digital es enorme: hasta el 2017, 129,157 hogares (96,5%) no contaban con servicio de internet.

Los índices de pobreza, además, apuntan que el 22,51% de la población se encuentra en situación de pobreza y el 42,81% son pobres extremos, según cifras del ministerio de Inclusión Social al año 2019.

En salud, los indicadores también son lamentables. Según las estadísticas del Instituto Nacional de Salud del 2017, el 25,8% de los niños del Vraem entre los 0 y 3 años se encuentra en situación de desnutrición crónica. Y si nos fijamos en los niveles de anemia infantil, casi la tercera parte, el 34% de los niños, padece de esta enfermedad por falta de una buena alimentación. 

En los distritos donde se produce la mayor cantidad de cocaína, los habitantes no tiene acceso al servicio de salud, siendo Vizcatán del Ene (55,8% no cuenta con el servicio), Canayre (47,9%) y Pangoa (47,6%) los afectados en mayor porcentaje por esa carencia.

Otras cifras revelan las consecuencias del narcotráfico en el medio ambiente. Así, entre los años 2000 y 2016, de acuerdo a información del Ministerio de Ambiente, se han reportado alrededor de 98.171 hectáreas de bosques perdidos, siendo los distritos más críticos el de Río Tambo, Pangoa y Mazamari.

Otro problema que afronta el Vraem en términos ambientales es el alto nivel de contaminación del agua con insumos químicos relacionados a la producción de cocaína. Un estudio realizado por DEVIDA en el 2013 encontró que el agua de muchas de estas microcuencas afluentes del río Apurímac contiene altos niveles de elementos nocivos para la salud, como fosfato, cromo, níquel y plomo, haciéndola no apta para el consumo humano.

Además, se encontraron niveles alarmantes de turbidez y coloración del agua, lo que constituye importantes riesgos para la salud de la población. Las cifras fueron utilizadas por el Ejecutivo para la elaboración de la “Estrategia de Intervención para el Desarrollo del Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro Estrategia VRAEM 2021”.

Pero no es la única manera en la que el narcotráfico contamina las aguas del Vraem. Pedro Valerio denuncia también que los cuerpos que aparecen en las corrientes del Ene contaminan sus ríos, perjudicándolos “no solo para tomar, sino también para sobrevivir: si el río está contaminado no tenemos para comer”.

Evitar la expansión del narcotráfico en el Vraem es un problema más que el nuevo gobierno deberá afrontar. Y no se trata solo de una lucha policial, como hemos visto.

 

*Fotoportada: Leyla López

 

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Son cerca de las tres de la tarde de un miércoles y en el cruce de las avenidas Angamos y la Vía Expresa el semáforo cambia a verde. En ese momento, un hombre a bordo de una camioneta vocifera antes de acelerar: «¡Fuera venezolanos de mierda, regresen a su país!».

 

Una docena de ellos, que venden chocolates y limpian lunas en ese punto, voltean, lo ven irse y vuelven a trabajar. Así es un día normal en la vida de estos migrantes, quienes han encontrado en este oficio una oportunidad para sobrevivir.

Según ellos, consiguen entre 30 y 50 soles diarios, y suelen trabajar de lunes a domingo, con algunas excepciones. Haciendo un cálculo simple, el ingreso mensual que perciben es entre 900 y 1.400 soles.

«No me alcanza para vivir cómodo, pero sí para el día a día, me paga el alquiler. Prefiero echar agua antes de robar. A veces me entienden y a veces no. Sé que molesta que tire el agua de frente a los parabrisas, pero si pido permiso, me van a decir que no, porque piensan que les voy a robar. Prefiero que piensen que sí quiero trabajar», dice a Sudaca Tulio Maurera (25), quien en los últimos cuatro años ha estado en Ecuador y Colombia. Siempre huyendo, dice él, de la xenofobia.

Su historia no difiere mucho de las de varios de estos venezolanos que trabajan en la calle. Jóvenes que llegaron ‘muleando’ (viajando en camiones) durante varios días, hasta semanas, para llegar al Perú. Pensando que encontrarían otras oportunidades, se toparon -aseguran- con un insulto cada 3 o 4 días.

Postura

Las últimas semanas ha surgido una iniciativa que hace que estos venezolanos vayan a buscarse el pan uniformados. Ataviados con polos blancos que dicen ‘No al comunismo’, han dividido a los limeños que pueden darles comentarios positivos o seguir con los insultos, aunque esta vez con tintes políticos.

Bryan Castellanos, conocido como ‘huesito’ por su delgadez, tiene 19 años y fue uno de los primeros en vestir una de estas camisetas. La moda que han impuesto empezó hace cerca de dos meses cuando en un auto se les acercaron unos compatriotas para preguntarles si les gustaría llevar estas prendas.

«Nos los regalaron, aunque a veces genera inconvenientes. Un señor vino la semana pasada y nos empezó a insultar. Acá hay varias peleas, mucho racismo que viene de la nada y hasta nos tiran el carro encima», dice Castellanos.

‘Huesito’ piensa que el Perú puede convertirse en el lugar del que él huyó. «Si sale el socialismo, me pongo a pensar adónde voy a emigrar. Yo no quiero ver peruanos por Latinoamérica. No hay nada más bueno que estar con tu familia al lado, es una emoción impresionante cuando te toca vivir lo que a nosotros nos pasó», cuenta.

«Se dice que Castillo quiere sacarnos», añade preocupado.

Pedro Castillo ha hablado de expulsar a los venezolanos que delinquen en nuestro país. Un anuncio nada novedoso, porque ya existen los mecanismos legales para hacerlo. “Que los venezolanos solucionen sus problemas. Le digo al señor Maduro que se lleve a sus compatriotas que han venido a delinquir al pueblo y que se ocupe él de lo que tiene que hacer con ellos, que yo me ocupo de los míos”, apuntó el pasado 26 de abril durante una entrevista en ATV.

Lo que ha generado el temor entre los migrantes es la generalización. «Es inhumano e irresponsable. Entendemos que hay muchos de nosotros que han delinquido, que son de la mala vida, pero generalizar causa el miedo que tiene la comunidad venezolana en el Perú», lamenta Carlos Rivas (34), un venezolano que radica en Perú hace tres años y que tiene un negocio de comida rápida

Rivas dice ser el personaje detrás de la iniciativa de los polos. Él, junto a otros cuatro compatriotas, es parte de los cerca de 800.000 venezolanos que residen en el país, pero que no tienen derecho al voto el próximo 6 de junio.

«Nos reunimos unos cuantos y queríamos dar nuestra opinión. No queremos el comunismo para el Perú. Keiko, pese a todo, representa esta democracia que ha gobernado ya un tiempo y una estabilidad económica», dice a Sudaca.

El ciudadano venezolano afirma que, pese a que tiene conocimiento sobre el fujimorismo y sus golpes a la democracia en el pasado, prefiere a Keiko por ser una opción más factible para la estabilidad económica por encima de Castillo.

Rivas niega que la iniciativa se lleve a cabo por encargo de algún partido político y que el motivo ha sido la solidaridad con la que fueron recibidos en el país. «Hemos entregado polos a los venezolanos que están en las calles y que han decidido ponerse estos por lo que han vivido. No queremos acercarnos a un partido porque nos van a ver como comprados», señala.

El financiamiento de la campaña que ha impulsado, asegura, viene de parte de venezolanos que se van sumando para sacar más ‘franelas’, como le dicen a los polos en su país. En un primer momento, confeccionaron cerca de un millar de polos y ahora han logrado sacar adelante 8.000 más. El objetivo es llegar a más ciudades, además de Lima.

Para Gerardo Távara, exsecretario general de Transparencia, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), así como el JNE, sí pueden fiscalizar este tipo de actividades. El objetivo: determinar si se trata de propaganda electoral o no y, además, para indagar sobre quiénes son los financistas.

Consultados sobre si habían supervisado los polos de «No al comunismo», desde el área de comunicaciones de la ONPE respondieron que «para ello está la fiscalía y el JNE». Agregaron que sí han pedido información a la empresa que ha colocado paneles publicitarios con el mismo mensaje. 

Miedos

Para Nancy Arellano, directora de la asociación sin fines de lucro Veneactiva, que busca apoyar a los migrantes, el miedo que sienten reside en la creación de una Asamblea Constituyente que podría replicar la génesis del modelo dictatorial impuesto por Hugo Chávez en Venezuela. Para ella, es una probabilidad por las relaciones de Vladimir Cerrón con Cuba.

Arellano asegura que no es un tema de derechas o izquierdas. Sino de cómo se percibe la crisis humanitaria en su país. «Es indignante cuando hay personas como Cerrón que dicen que eso [la crisis] no existe en Venezuela», afirma.

Los otros venezolanos menos favorecidos, como Bryan, Tulio y sus compañeros de esquina, aseguran que no apoyan a Keiko, sino que están en contra de lo que representa, para ellos, Castillo: la posibilidad de migrar una vez más sin rumbo conocido.

 

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Elecciones 2021, Keiko Fujimori, Pedro Castillo, Racismo, venezolanos

«No señor, su línea de crédito ya no es de S/2.000, le han ampliado a S/4.000», recuerda Jaime Panez que un asesor de la Tarjeta Oh!, el producto ofrecido hasta el cansancio en los supermercados Plaza Vea y las tiendas Oeschle, le dijo a fines de 2019. Semanas antes había sufrido el robo de su tarjeta en Pasco, la provincia donde trabaja. Su esposa, en Lima, solo pudo bloquearla al día siguiente del robo, por la mañana. Panez es mecánico automotriz y vuelve con regularidad a la capital para ver a su familia. 

 

La tarjeta es parte de la oferta de Financiera Oh!, uno de los tentáculos del grupo Intercorp, la firma liderada por uno de los hombres más poderosos del país, Carlos Rodríguez Pastor. Y, además de las tiendas mencionadas, permite beneficios en otras que son parte de este conglomerado empresarial.

La ampliación de la línea de crédito de Panez no solo era una mala noticia porque no recordaba que le hubiesen consultado esa decisión, sino por lo que su estado de cuenta mostraba: el delincuente había hecho uso de S/3.000 de su tarjeta de crédito el mismo día del robo.

“Encima había una cuenta por mora, que ya estaba como en S/3.500 más o menos”, cuenta a Sudaca. Su nombre aparecía entonces en la Central de Riesgos de la SBS con una mala calificación crediticia. La información la recogerían luego sistemas privados como Infocorp o Sentinel. Con ello las puertas de otras entidades financieras se cerraron. Ocurrió en el momento menos indicado: Panez necesitaba un crédito para realizar algunas reparaciones en su vivienda.

“En todo ese tiempo, la Financiera Oh! me puso en alerta roja, ya no podía sacar préstamos de ningún banco […] Como ya estábamos en alerta, buscamos los medios por otro lado, algún pariente, familiar, para obtener unos préstamos y hacer algunas reparaciones que necesitábamos en casa”, relata.

No es el único caso. Un ejemplo es lo ocurrido con Jacqueline Guzmán en Cusco, un mes después de lo de Panez. Delincuentes sustrajeron de su tarjeta más de S/ 16.000 a través de 18 operaciones bancarias que no coincidían con el patrón de consumo de la usuaria. La financiera sostuvo ante Indecopi haber identificado la falta de coincidencia desde la primera operación, pero que, al no lograr comunicarse con la usuaria, decidió no intervenir.

Otra historia de impotencia vivió Celmira Huachaca, en Cusco, cuando la financiera le facturó por segunda vez los de S/ 409 de los consumos hechos con su Tarjeta Oh! en agosto de 2019. También en Cusco, Marisa Pantigoso pasó por una experiencia similar cuando, ya iniciada la pandemia, se vio en la necesidad de pedir una reprogramación de parte de su deuda con Financiera Oh!. Sin embargo, esta realizó la reprogramación bajo condiciones menos favorables a las ofrecidas.

Todos ellos lograron que el Indecopi sancionara a la empresa y se eliminaran sus deudas. Pero el camino no fue fácil ni rápido, como veremos más adelante.

La estrategia de los ‘beneficios’

Financiera Oh! no solo lidera el ranking de sancionados del sistema financiero, sino de todos los sectores en el periodo 2017-2021. Y de lejos. Solo desde el inicio de la cuarentena, en marzo de 2020, Indecopi le ha impuesto 431 sanciones firmes. El 90% de las sanciones son por falta de idoneidad del producto (168), operaciones no reconocidas (124) y mala atención de reclamos (95). Casi todas estas sanciones tienen que ver con el servicio de las tarjetas de crédito.

Financiera Oh! supera en número de sanciones a los cuatro bancos más grandes del país: Banco de Crédito, BBVA Perú, Interbank y Scotiabank.

Entre las conductas de Financiera Oh! que le ha sancionado Indecopi bajo la categoría de “falta de idoneidad” del producto, según data proporcionada por la Dirección de la Autoridad Nacional de Protección del Consumidor a Sudaca, figuran cobros indebidos de cargos o comisiones, reportes indebidos a la Central de Riesgo de la SBS, cobros de deudas ya canceladas, cobros indebido de intereses, sobregiros no autorizados y cálculos indebidos de deudas.

En 2009 el grupo Intercorp creó la financiera con el objetivo puntual de vender créditos que financiasen compras en sus tiendas Oechsle y algunos otros establecimientos afiliados, pero rápidamente los objetivos fueron más ambiciosos. En 2013, el banco del grupo, Interbank, cedió sus tarjetas Vea —con las que sus clientes accedían a ofertas exclusivas en el supermercado— a la Financiera Oh!. Ello le significó a esta última mayor participación en el segmento de créditos de consumo.

Desde entonces es usual ver esta exclamación —Oh!— una y otra vez al ingresar a un local de Plaza Vea u Oechsle. La encuentras incluso en el uniforme de sus trabajadores.

Foto: Luisa García

Financiar el consumo en todas sus tiendas es la estrategia que Intercorp ha replicado de actores chilenos como Falabella, Ripley o Cencosud.

No hay otro grupo financiero que tenga bajo su paraguas a tantas marcas o tiendas retail (ventas al por menor) como Intercorp. Mass, Makro, Inkafarma, Mifarma o Promart son algunas. Sus ofertas son exclusivas para clientes con Tarjeta Oh! y la web de la financiera, de hecho, no lleva su nombre sino el de la tarjeta.

“He usado la tarjeta en Promart, en Plaza Vea también, para comprar un televisor y alguna cosa más. O sea, prácticamente en las tiendas autorizadas por la tarjeta”, cuenta Panez.

Entre la gama de ofertas, también figuran descuentos en productos de su vasta red de aliados: desde un seguro de salud en la Clínica Javier Prado hasta un curso en Cibertec o ISIL. 

Y es que a las tarjetas de puntos y millas, han ido sumándoseles aquellas que otorgan “beneficios” al comprar en tiendas vinculadas. Son los “Oh! Beneficios” los que suelen persuadir a personas como Jaime Panez, que adquirió su tarjeta hace alrededor de 7 años.

En 2012, luego de culminar un MBA (Master in Business Administration) en Londres, el especialista en gestión de la información Alfredo Ramírez fundó ‘Compara bien en Lima’. Una plataforma online que compara características claves de las tarjetas de crédito, entre otros servicios financieros. Su organización —hoy presente en siete países de Latinoamérica— ha identificado a los “beneficios” como una de ellas.

Ramírez explica que la gente no solo compra por impulso una vez que ya tiene la tarjeta, sino que esto puede ocurrir a la inversa: adquirir la tarjeta por el impulso de comprar algo. “Inclusive a uno le ofrecen la tarjeta y por impulso dice ya. Porque quiere comprarse un televisor, por ejemplo, y con la tarjeta sabe que va a tener un descuento”, explica Ramírez.

“Es lo que incentiva a los bancos o financieras a trabajar en estos programas de beneficios para poder direccionar sus productos a un grupo de gente específico. Obviamente los grupos de tiendas retail que son grandes van a preferir siempre eso, porque benefician al grupo comercial”, agrega.

El viacrucis por la justicia

Jaime Panez no sabía que su reclamo le tomaría alrededor de un año y medio. En el trayecto de su denuncia, él advirtió un factor que dificulta que los reclamos a la financiera del grupo Intercorp lleven un proceso efectivo: “Cuando me pasó esto, yo fui a varios puntos. Fui al Mall de Santa Anita, al Jockey Plaza, buscando una oficina donde pudiese hablar con algún gerente, para explicarle el caso. Pero no hay, no hay [gerentes]. En Atención al cliente [Centro de Tarjetas Oh!], cuando vas te dicen: ‘no señor, tú debes y tienes que pagar’, ‘pero, señor, acá está mi denuncia policial’, no hacen caso”.

Plaza Vea del Óvalo Higuereta, en Surco. En vez de una red de oficinas, Financiera Oh! posee una red de pequeños centros de atención en las tiendas Plaza Vea y Oeschle. Foto: Luisa García.

Panez se vio en la necesidad de contratar los servicios de un estudio de abogados para poder llevar el proceso ante el Indecopi. Una inversión que, recuerda, ascendió a alrededor de S/600. Luego de obtener un fallo a su favor y una apelación de la financiera, la confirmación de la primera sentencia llegaría en abril último. Recién a inicios de este mes, Financiera Oh! eliminó de su historial la deuda de los S/3.000 más los S/1.941 de intereses que ya había acumulado.

Sin embargo, los gastos legales, de tiempo o transporte no son recuperables. Indecopi solo ordena el reembolso de “las costas y costos” de la denuncia, lo cual asciende a S/36.

Por su parte, a Guzmán le demoró un año y dos meses conseguir que se haga justicia. El pasado 6 de enero, Indecopi confirmó en segunda instancia la sanción a la financiera “por infracción del artículo 19° del Código, al no haberse acreditado el cumplimiento de las medidas de seguridad vinculadas a la activación del sistema de monitoreo”.

Una cantidad similar de tiempo demoró en resolverse los otros dos casos reseñados al inicio de este informe. Y es que los mecanismos para reclamar ante la misma Financiera Oh! parecen estar hechos para aburrir a los clientes.

En Plaza Vea del Óvalo Higuereta, por ejemplo, se encuentra uno de los centros de atención de la tarjeta, un pequeño módulo con dos agentes que reciben consultas, quejas y reclamos. En 30 minutos de observación, al menos 10 personas pasaron por allí, al tiempo que tres promotores de Tarjeta Oh! se acercaron a preguntar si ya contábamos con una tarjeta.

Una usuaria que pidió pagar en una sola cuota y le dividieron el pago en varias y otra cansada de las constantes llamadas que recibe por las cuotas que adeuda fueron dos de los casos que pudimos advertir aquella tarde.

Solo desde marzo de 2020 hasta la actualidad, el Indecopi ha sancionado a la financiera 95 veces por malas atenciones a reclamos. En el detalle estadístico figuran: ‘falta de atención’, ‘atención inadecuada o incompleta del reclamo’, ‘demora’ o mala calidad del servicio de atención de reclamos.

El 90% de las sanciones a Financiera Oh! se concentran en las categorías de «falta de idoneidad», «operaciones no reconocidas» y «atención de reclamos».

A través del área de prensa del grupo Intercorp, Sudaca solicitó una entrevista a Financiera Oh! para conocer su lectura sobre su liderazgo en el ranking de proveedores sancionados por Indecopi, pero decidieron no participar en este informe.

Los casos de Panez, Guzmán, Huachaca y Pantigoso reflejan, sin embargo, un círculo vicioso que se coteja en las cifras: una deficiencia en el servicio contratado (en el sistema de seguridad por ejemplo) deriva en un cargo indebido o en el cobro de una operación no reconocida por el usuario; y lo que sigue es la pesadilla de ejercer tu derecho a reclamo. ¿Te suena conocido?

Fotocomposición de portada por Leyla López. Imágenes: Rankia y Pixabay.

 

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Cocinar en el Perú resulta cuatro veces más caro que en Bolivia. Acá, el precio del balón de gas licuado de petróleo (GLP) de uso doméstico está entre S/30 y S/45, mientras que el mismo producto en el país del sur cuesta entre S/8 y S/12.

El experto boliviano Álvaro Ríos explica que una razón central es el subsidio del estado boliviano durante los últimos 15 años, gracias a las ganancias de sus exportaciones. El equipo económico de Perú Libre, sin embargo, responsabiliza al “fracasado modelo de contratación” de Perupetro con las empresas transnacionales y que ha permitido que se priorice la exportación de gas en vez de satisfacer la demanda interna.

 

Para cambiar esas condiciones, el plan de un eventual gobierno de Pedro Castillo propone primero sentarse a conversar con las empresas que explotan los lotes gasíferos y petroleros del país. El objetivo no es sólo abaratar el precio del balón de gas doméstico, sino recaudar más dinero para el tesoro público. De no llegar a acuerdos satisfactorios, los contratos se renegociarán “desde posición de fuerza”, según un documento interno de su equipo económico al que accedió Sudaca

Cambio en las reglas de juego

En Perú Libre apuntan a aumentar la recaudación de las regalías y del impuesto a la renta que pagan estas compañías transnacionales. ¿A cuánto asciende ese monto actualmente? El exministro de Energía y Minas, Carlos Herrera Descalzi, nos ayuda con algunos cálculos.

Nacionalizacion Gas by Juan C Chamorro

Este es el plan del equipo económico de Perú Libre para nacionalizar el gas.

 

Herrera Descalzi apunta que en nuestro país sólo las empresas que participan en la producción de gas (Pluspetrol, Repsol y Hunt Oil, las principales a través del consorcio de Camisea; seguida de Orazul, que administra Aguaytia Energy) pagan 37,24% por regalías y 30% por impuesto a la renta, unos $328 millones anuales. Y si consideramos que estas mismas empresas también realizan la producción, el transporte y distribución del GLP (derivado del gas), diésel y gasolina, la recaudación asciende a $828 millones. 

Según fuentes del equipo económico de Perú Libre el objetivo es “recaudar hasta el doble de esa cantidad”. Esto permitiría, según dicen, incrementar los presupuestos en educación y salud, uno de los caballitos de batalla de Pedro Castillo.

¿Cómo lograrán que las empresas se sienten a conversar? Con una estrategia de año y medio cuya principal ficha será el conjunto de multas que varias de estas compañías tienen debido a pasivos ambientales. “El sistema de fiscalización ambiental [será] con colmillos. Multas se pagan y sólo después se pueden judicializar. Presuponer mala fe del administrado”, se lee en el informe.

Para Herrera Descalzi, lo que busca Perú Libre es “crear una deuda”, es decir, juntar todo lo que deben las empresas por los pasivos ambientales y que de esa forma se vean obligadas a renegociar los contratos que, en el caso del sector hidrocarburos, son mayores a los 30 años.

Pluspetrol, por ejemplo, posee una deuda medioambiental que superaría los mil millones de dólares por su explotación del lote petrolero 192, tal como publicó Sudaca en enero pasado. Esa deuda se encuentra en litigio.

NuevoModeloEconómico-JuanPari by Juan C Chamorro
El nuevo modelo económico del gobierno de Pedro Castillo se llamará «economía popular de mercado», que se dará a través de una economía mixta. Este es el plan del equipo económico.

 

De acuerdo al documento interno del equipo económico, les tomaría un año identificar los pasivos ambientales que tienen estas empresas y los costos de remediación y compensación a los afectados. Para este paso será fundamental la participación del OEFA, el Ministerio de Energía y Minas y Perupetro.

Ese mismo año se realizarían las negociaciones con las empresas para las nuevas condiciones contractuales. Pero en Perú Libre parecen prever un escenario en el que las conversaciones no lleguen a buen puerto. 

En los seis meses siguientes, calculan en el partido del lápiz, se promulgará “el nuevo marco normativo” que obligue a las empresas a renegociar “desde una posición de fuerza”, añaden. Para que esto último suceda deberá modificarse, por ejemplo, la ley de promoción para el desarrollo de la industria petroquímica, el reglamento de transporte de hidrocarburos por ductos, la ley de construcción GSP, la ley de seguridad energética de GSP y la ley de modernización de refinería de Talara.

El documento señala incluso la necesidad de una reforma en la Constitución, pero no precisan de qué artículo. Según fuentes del equipo económico de Perú Libre, en este punto plantearían también la reducción del costo del GLP.

Según el diagnóstico del equipo de Pari, nuestro país tuvo que importar 20% de GLP destinado para el uso vehicular y doméstico, cifra que consideran es demasiada. “Está dentro de lo posible que haya habido un 20% de déficit en el 2020. Lo que pasa es que se estarían agotando las reservas de GLP en los lotes petroleros 56, 57 y 88”, explica a Sudaca Herrera Descalzi. 

El exministro asegura que es posible que pueda haber una renegociación de los contratos de gas, pero el éxito dependerá de lo que ofrezca el Estado y de lo que estén dispuestos a aceptar las empresas. “Lo que temo es que el Estado pueda usar la fuerza, como en la época de [el expresidente Juan] Velasco”, comenta.

“Cuando eres gobierno puedes hacer lo que se te dé la gana porque, al final, sacas una norma legal, así sea ilegal, y das por culminado un contrato, ¿no? El hecho inmediato es que nos llevan a una demanda internacional a Washington [al tribunal internacional de arbitraje CIADI]”, cuestiona el expresidente de Petroperú, César Gutiérrez.

El exfuncionario apunta que el elevado precio del balón de gas se puede corregir no con un nuevo contrato sino con una demanda ante el Indecopi. A su criterio, existe un oligopolio de cuatro o cinco empresas, entre ellas Solgas, que están cobrando un promedio de 20% por encima de su precio original. 

¿Cuándo empezará todo el proceso de nacionalización? Juan Pari responde a Sudaca que “desde el comienzo” del gobierno de Pedro Castillo, aunque reconoce que será un proceso “un poco más complejo”. “Los tiempos sociales, políticos y de diálogo esperemos que no sean traumáticos, sino que partan desde el diálogo nacional y con los que estén involucrados”, apunta.

El informe no deja de lado el tema de la conexión de gas y propone poner en marcha el proyecto del Gasoducto Sur Peruano, pero “bajo otros términos”. No se descarta que pueda ser una empresa nacional o mixta la que lleve adelante este proyecto, priorizando el mercado interno y la industria petroquímica y energética. Esta iniciativa se encuentra dentro del Plan de los 100 primeros días de gobierno de Perú Libre.

*Fotocomposición de portada: Leyla López

 

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“Nunca, en casi 30 años, he escuchado ni visto un ataque así. Han lanzado fuego abierto. Han podido matarlos a todos”, dice Alejandro Atao, alcalde del distrito de Vizcatán y residente del poblado de San Miguel del Ene. Este es el escenario que dejó la reciente masacre que habría perpetrado el Militarizado Partido Comunista del Perú (MPCP), la facción que se separó de Sendero Luminoso y que hoy concentra gran parte de sus ganancias en el narcotráfico.

 

La incursión criminal en este poblado de la provincia de Satipo (Junín) se saldó con 16 víctimas mortales, entre ellos dos niñas de cinco años. Tres personas más resultaron heridas. Estaban todos en dos locales a los que la población local llama ‘cuchipampas’, que no son otra cosa que bares que funcionan, además, como prostíbulos. Ambos inmuebles eran alquilados por foráneos, según cuenta a Sudaca Leónidas Casas, juez de paz del distrito y una de las primeras autoridades que se acercó a constatar los hechos.

Los locales están separados por un riachuelo, a menos de 100 metros el uno del otro. Conforme se fueron relajando las medidas contra la pandemia, abrían casi todos los fines de semana. “Yo vivo en el lugar de los hechos, en San Miguel del Ene. Todo ocurrió aproximadamente a las 10 de la noche del 23 de mayo. Atacaron los dos lugares. Son cantinas donde atendían también chicas. Han matado a quienes encontraron y en el segundo lugar los han quemado”, dice Atao. El ruido de los vecinos lo despertó por esas horas y, aunque no vio a los atacantes, pudo ver el resultado.

Aquella madrugada, dos personas aparecieron en la chacra de Casas, que además de juez de paz es excandidato al Congreso por el Frente Amplio. Le contaron que había ocurrido un crimen en su comunidad. “Yo no entendía nada, pensé que estaban bromeando”, cuenta él.

Cuando llegó a la escena del crimen, después del alcalde Atao, encontró un panorama tenebroso. “Ingresé al primer local y vi casquillos de bala de armas de largo alcance. Había tres muertos, las mesas botadas, las botellas de cerveza rotas. Una señora parecía que había tratado de abrir la puerta trasera y murió ahí, tratando de escapar”, relata.

leonidas casas vizcatan
El juez de paz de Vizctatán del Ene, Leonidas Casas, fue una de las primeras autoridades en llegar a la escena del crimen. «Estaba calcinada la gente allí dentro, entre varones y mujeres», cuenta.

En el segundo local, Casas vio a un hombre sentado, tapado con una colcha. Había muerto en esa posición. Avanzó un poco más y vio que salía humo de una habitación. “Estaba calcinada la gente allí dentro, entre varones y mujeres”, dice.

Sobre una mesa de madera, Casas divisó varios comunicados impresos con la siguiente proclama: “Limpiar al Vraem y el Perú de antros de mal vivir, parásitos y corruptos”. El escrito estaba firmado por el MPCP, un grupo narcoterrorista liderado por Víctor Quispe Palomino. Según la Dircote, Vizcatán es la guarida y la base de operaciones de esta organización.

Casas guardó uno de los comunicados en su bolsillo y lo entregó a la Policía local. El juez de paz confirma que se trata del panfleto que viene circulando en distintos medios, con fecha del 10 de mayo, y en el que se llama a boicotear las elecciones y a votar blanco o viciado. También califica de traidores a quienes votarán por Fuerza Popular. El alcalde de este distrito, Alejandro Atao, llegó al sillón municipal por ese partido.

Antes del mediodía de ayer, la noticia se empezó a manosear con fuertes tintes políticos de uno y otro bando. La prensa capitalina afirmaba que los ataques provenían de Sendero Luminoso. La situación no fue bien tomada por los vecinos del distrito del Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem).

“Como autoridad política, hago saber la indignación que está teniendo la población de Vizcatán del Ene, que está viendo todo lo que está afirmando la televisión. Nosotros como autoridades no sabemos quiénes han hecho ese acto. La población pide que se esclarezcan estos hechos”, dice Nélida Mansilla, subprefecta del distrito.

“Nosotros justamente para tener esa ayuda [descubrir la verdad], nos hemos acercado a la Policía. Para saber si son o no son los señores del monte [se refiere a los narcoterroristas]. A eso nos hemos acercado, pero al rato ya había un comunicado del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas”, se queja Leónidas Casas. Los militares responsabilizaron a Sendero Luminoso, sin hacer la precisión de que quienes operan en el Vraem son un grupo de remanentes que se desligó políticamente de Abimael Guzmán hace varios años.

Al cierre de esta edición, Ojo Público había dado a conocer el testimonio de una sobreviviente del ataque. “Eran civiles. No eran policías, no tenían polos negros de Sendero [Luminoso]. Era gente normal, vestidos con ropa a colores. No usaban botas. Dicen que los terroristas dejan su lema, que los terroristas son así y asá, pero no decían nada señor, solo mataban”, contó la mujer.

quispe palomino 2019
Un panfleto firmado por los narcoterroristas en enero del 2019 amenazaba a las ‘cuchipampas’, o prostíbulos de la zona. «Expulsar o ejecutar a homosexuales, prostitutas, drogadictos, alcohólicos, a los llamados parroquianos, a padres de familia que visitan a los prostíbulos», añadía. Un comunicado similar se halló en la escena del crimen.

En la Dircote, sin embargo, ven el caso como el posible corolario de una serie de amenazas previas, que hasta ahora no se habían materializado. El 2016, por ejemplo, luego de las elecciones que dieron como ganador a PPK, el MPCP lanzó un comunicado con el título: “¡Expulsar a los cuchipampas de todos los poblados del Vraem!”.

En enero del 2019, fueron más específicos. Y en los puntos 18 y 19 de un comunicado, los narcoterroristas llamaban a atentar contra estos locales:

-Destruir los cuchipampas-prostíbulos y expulsar a sus dueños.

-Expulsar o ejecutar a homosexuales, prostitutas, drogadictos, alcohólicos, a los llamados parroquianos, a padres de familia que visitan a los prostíbulos, a mujeres que abandonen a su marido e hijos por hacer fechorías con otro, por parásita y corrupta.

El documento también amenaza a la población por la vestimenta que usan y hasta por los productos que consumen. “A los varones que usan aretes hay que arrancharlos, si se pintan las uñas hay que rascarlos, si tienen tatuajes advertir los que se hagan limpiar y, si no obedecen hay que tajarlos, que tengan vestimenta y corte normal de los cabellos y no de acuerdo a la podrida moda capitalista”, se lee.

Otro párrafo añade: “Por ignorante, necio y zombi, no tragar arroz “Tonderito”, porque es sintético y es “comida” basura. A aquellos que transporta este veneno vamos a dinamitarlo e incendiarlo e incendiarlo. Consuman arroz que producen los campesinos del VRAEM y del Perú”.

Leónidas Casas, sin embargo, no conocía estas advertencias. Dice que no tenían mayores roces con los narcoterroristas. “En los 90 sí los veía, pero luego de diez años en adelante ya no teníamos ningún caso acá como para decir que son los remanentes. No sé qué ha ocurrido”, cuenta.

En las últimas horas, un grupo de agentes de la Dircote viajaba a Junín para investigar los hechos. La Fiscalía Supraprovincial Especializada en Delitos de Terrorismo y Lesa Humanidad de Huánuco y Selva Central está a cargo del caso.

 

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