Informes

 

Una serie de mensajes de WhatsApp y una nota de inteligencia comprometen al congresista oficialista Edgar Tello en un caso de presunto tráfico de influencias. El favorecido era un consorcio que, en diciembre pasado, ganó la buena pro para la construcción de la Casa de la Mujer en San Juan de Lurigancho. Por eso, el último miércoles, la fiscal de la Nación decidió abrir una investigación preliminar contra el parlamentario por 60 días.

El 23 de diciembre del 2021, el consorcio Casa de la Mujer -conformado por las empresas Iconsa SA y  Construyendo Infraestructura SAC- recibió la buena pro de la licitación realizada por la comuna de SJL. El costo de la obra era de S/15 millones, pero el contrato no  llegó a suscribirse “por observaciones de orden formal”, señala la resolución firmada por Zoraida Ávalos que abre indagación por estos hechos. Y es que a uno de los consorciados el OSCE no le había entregado su «constancia de libre contratación», un documento que certifica el monto por el cual un proveedor aún puede seguir siendo contratado.

Por ese motivo, a inicios de enero, un empresario llamado Miguel Ángel Salinas Cámac buscó contactar al mismísimo alcalde del distrito, Álex Gonzáles, y al congresista de Perú Libre, Edgar Tello, para que lo ayuden a destrabar el proceso y que se firme el contrato de una vez. Salinas, según fuentes que ven el caso, no es parte del consorcio, pero fue el encargado de hacer el lobby a favor de la empresa.  Uno de los consorciados lo niega. «En lo particular, yo como representante de Construyendo Infraestructura, no lo conozco. Hasta la fecha, mi socio también está sorprendido», dice Jairo Mendoza Martínez.

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Miguel Ángel Salinas, presunto líder de una organización criminal, fue el encargado del lobby, según la Fiscalía.

Lo cierto es que días después de las gestiones de Salinas, el 19 de enero, este lobista fue capturado por pertenecer a una presunta organización criminal denominada ‘Los Incorregibles’. Esta mafia se había apoderado de millones de soles de municipalidades y gobiernos regionales vulnerando el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF), desde donde se realizan todas las operaciones de entidades gubernamentales.

Ya detenido, la policía y la fiscalía especializadas identificaron conversaciones en su celular que mostraban su nexo con el parlamentario Edgar Tello. No solo le había pedido que lo contacte con Álex Gonzáles -de quien Tello es cercano, a decir de varias fotografías-, sino también que realice gestiones ante el OSCE y el MEF. Los agentes, además, ya habían captado al de Perú Libre y a Salinas en una reunión, antes de que el empresario cayese en desgracia.

El congresista Edgar Tello y el alcalde de SJL, Álex Gonzáles, en octubre del 2021.

 

MENSAJES COMPROMETEDORES

Miguel Salinas, actualmente con prisión preventiva, tenía registrada conversaciones con  una persona a la que agendó como “Alayo Congresista”. Según la fiscalía, se trataría de Wilfredo Alayo Jiménez, excandidato al Congreso por Unión por el Perú y un visitador del despacho del congresista Edgar Tello.

Alayo ha visitado al parlamentario de la llamada ‘bancada magisterial’ en dos ocasiones, entre setiembre y octubre del 2021. Además, lo acompañó a una reunión con el ministro de Educación, Rosendo Serna, la tarde del 6 de enero pasado. Al encuentro también asistieron otros congresistas de Perú Libre, como Jhakeline Ugarte, Pasión Dávila y Alex Paredes Gonzáles.

Según consta en el registro de visitas, Alayo figura como un representante más del Congreso de la República, aunque no tiene ningún contrato con esta entidad. “Yo no trabajo en el Congreso. Yo puedo visitar a cualquiera, señor”, responde a Sudaca el aludido, quien el 2017 fue condenado a cuatro años de prisión suspendida por el delito de negociación incompatible.

El parlamentario Edgar Tello no quiso responder sobre su vínculo con este personaje.

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Izquierda: Wilfredo Alayo Jiménez. Derecha: Sus incursiones junto a Edgar Tello al Minedu. Alayo fue condenado el 2017 por negociación incompatible.

Como fuese, entre los chats que la fiscalía le atribuye a Wilfredo Alayo, figura uno del 8 de enero en el que el empresario Salinas le envió los datos del consorcio y luego le escribió: “Amigo, ¿el hombre ya sabe del tema?”. Alayo, según los registros fiscales, le contestó: “Claro, hermano, escuchaste. Delante tuyo le dije. Ya coordinó el congresista mañana te llamo”. Minutos después agregó: “Hermano, es positivo”.

Esa misma noche Salinas tiene la siguiente conversación con Edgar Tello:

Salinas: Una ayuda con lo conversado.

Tello: Claro, mañana me reuniré.

Salinas: Ok, me avisa. O voy donde me indique.

Tello: Belisario Suarez 845, SJM. Lo espero.

Esta dirección corresponde al domicilio del congresista, según su ficha del Reniec.

Las gestiones del lobista Salinas siguieron en los días posteriores. El objetivo ya no solo parecía ser contactar al alcalde Álex Gonzáles, sino que se presione a otras entidades del Estado, como el OSCE. Según Jairo Martínez, socio de Construyendo Infraestructura, el organismo supervisor no le entregó a tiempo su «constancia de libre contratación», lo que le impedía al consorcio firmar el contrato. Martínez, sin embargo, niega que haya enviado a algún emisario a que resuelva ese problema.

El 12 de enero, sin embargo, en un nuevo mensaje atribuido a Alayo, este le dice a Salinas: “Que ya el OSCE se va a comunicar nos han dicho”. Y al día siguiente, le envía una inusual lista de comestibles:

-100 bolsas de arroz de un kilo.

-100 bolsas de ½ kilo de arroz.

-100 botellas de aceite de ½ litro

-100 bolsitas de avena 3 ositos

-100 panetones de esos que están en oferta.

100 bolsas de ½ kilo de lentejas

-100 atunes el más barato.

-100 tarros de leche

-100 bolsas de fideo para sopa

Como mensaje final, agregó: “Esto es todo para la canasta, amigo. Solo falta buscar bateas y celofán, eso lo compramos nosotros”.

En comunicación con Sudaca, Wilfredo Alayo no reconoce estos chats como suyos, pero la resolución fiscal dice lo contrario. Además, se ha dispuesto recabar su testimonio como parte del proceso. “No sé de qué empresario me habla. Se ha confundido”, apunta el excandidato al Congreso.

Edgar Tello, por su parte, no desmiente la autenticidad de los mensajes, pero niega haber participado de algún hecho ilícito. “Yo recibo en mi despacho a todos los ciudadanos, dirigentes, sindicalistas. Toda la ciudadanía que me conoce, me envía mensajes. Eso es materia de investigación”, apunta.

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Conversación atribuida a Miguel Salinas y Wilfredo Alayo, el 8 de enero, en la que el lobista le comparte el nombre del consorcio y le pregunta si «el hombre ya sabe del tema». Alayo le responde: «Ya coordinó el congresista».

 

REUNIÓN EN KALLPA

Pero no es lo único que tiene el Ministerio Público en su carpeta. Como parte del caso ‘Los Incorregibles’, los investigadores ya le seguían los pasos a Miguel Ángel Salinas. Y el 14 de enero lo captaron al interior del club Kallpa, en San Juan de Miraflores, junto a unas 20 personas. “Es preciso indicar que dentro del área se encontraba también el actual congresista Edgar Tello Montes”, se lee en un informe de inteligencia de la PNP.

Luego de aquella reunión, los mensajes de Salinas al congresista siguieron por algunos días más. El 16 de enero, Edgar Tello le escribió: “Ya solucionaron, que el MEF dé el visto bueno y listo”. El Ministerio Público indaga de qué visto bueno hablaba el parlamentario.

Ese mismo día, el empresario fue alertado de que estaba siendo objeto de seguimiento por parte de una unidad de inteligencia. En una conversación que Salinas mantuvo con una policía llamada Rosario Escobal, esta le dice que incluso tenían registrada su reunión con Edgar Tello.

Rosario: Me están confirmando que son de la Diviac.

Salinas: Ese día estaba con el congresista.

Rosario: Ahorita voy a averiguar, pero no quiero decirle nada al congresista aún porque ele [sic] dijo que mañana lo tuyo sale sí o sí. Si le digo lo que está pasando, no te apoyará en nada por miedo.

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Informe policial que da cuenta de la reunión en el club Kallpa. Allí estuvieron Salinas y Edgar Tello el 14 de enero.

 

DÁDIVAS

Como la solución aún no llegaba para el empresario y lobista Miguel Salinas, el 17 de enero este le insistió a Tello en un mensaje de WhatsApp: “Por favor, puede confirmarme si va a ser viable”. A lo que el parlamentario respondió: “En eso estoy, amigo, no te preocupes. Ahora debo coordinar y aclarar eso”. Esa noche, el docente le envió el número telefónico de un funcionario de la municipalidad de San Juan de Lurigancho.

Pero, al final, de nada sirvieron las gestiones. El 19, dos días después, Salinas fue capturado junto a decenas de sus presuntos cómplices en el caso de ‘Los Incorregibles’.

En ese momento, como hemos visto, se descubrieron sus nexos en el Parlamento. Del análisis de las conversaciones y el seguimiento policial, la fiscalía concluyó: “Se puede advertir que el presunto integrante de una organización criminal, Miguel Salinas, tenía directo interés en el otorgamiento de la buena pro a favor del consorcio Casa de la Mujer que venía participando sin cumplir con las condiciones legalmente exigidas”.

La resolución que abre indagación por estos hechos añade que el empresario “habría tratado de buscar personas allegadas al alcalde de dicha municipalidad”. “En dicha gestión, tuvieron participación la miembro policial Rosario Escobal y una persona identificada como Alayo, quien de acuerdo con la información obtenida sería Wilfredo Freddy Alayo Jiménez, una persona del entorno del congresista Edgar Tello”, se lee.

La Fiscalía sospecha que la ayuda de Tello al empresario fue a cambio de dinero. “El congresista se habría reunido y mantenido comunicación mediante WhatsApp con Miguel Ángel Salinas Cámac, a quien le habría ofrecido interceder ante el alcalde de la municipalidad de San Juan de Lurigancho a cambio de beneficio económico”, apunta la resolución.

Jairo Mendoza, uno de los consorciados, no se anima a poner las manos al fuego por nadie más que por él en este caso. «Por mi lado, no tengo conocimiento. Espero que se esclarezca qué sucedió, cómo sucedió, ver realmente cuál es el trasfondo del asunto», asegura.

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Conversación del 8 de enero entre Miguel Salinas y Edgar Tello. El parlamentario lo cita en la dirección que figura como su domicilio en el Reniec.

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La rectora de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), Jerí Ramón Ruffner, es acusada por sus colegas de haber presentado documentos falsos para ser nombrada presidenta de la Asociación Nacional de Universidades Públicas (ANUPP). Este es un gremio que -según su sitio web y al revés de lo que viene haciendo Jerí- “busca el fortalecimiento institucional y la calidad académica” de las casas de estudio estatales.

Hasta julio del año pasado, el presidente de la asociación era Orestes Cachay, exrector de la San Marcos. Pero su periodo como cabeza de la Decana de América venció y Ramón fue elegida su sucesora. Ella, entonces, era la llamada a culminar el período de Cachay al frente de la ANUPP, hasta febrero de este año.

Para formalizar su cargo, lo único que faltaba era convocar una asamblea con los demás rectores y que estos la reconozcan como la nueva presidenta. El 29 de noviembre del año pasado, ante la Sunarp se presentaron documentos que acreditaban que la reunión se había dado. Los escritos llevaban, incluso, el sello de una notaría del Callao que ‘certificaba’ su validez. Sin embargo, Sudaca ha conversado con varios rectores que señalan que dicha asamblea nunca se llevó a cabo.

 

ANUPP Jeri Ramon documentos falsos
En noviembre del año pasado se presentaron ante la Sunarp documentos de una asamblea donde se nombró a Jerí Ramón como presidenta de la ANUPP. La reunión nunca se realizó. La lista de los que supuestamente asistieron también es falsa y sorprendió a los aludidos, quienes niegan siquiera saber de la existencia de la asamblea.

¿Por qué se recurrió a documentos falsos para nombrar a Jerí Ramón al frente de la ANUPP? Un exrector ensaya una explicación que tiene que ver con los intereses de la actual rectora de la San Marcos para desarticular a la Sunedu. Aquí la historia.

 

DOCUMENTOS DE LA DISCORDIA

Según los documentos que revisó este medio, uno de los escritos ingresados a la Sunarp fue la convocatoria a la supuesta asamblea de agosto del 2021. Con solo seis días de anticipación, se invitó a los rectores de varias regiones del país a asistir presencialmente. La reunión se iba a desarrollar en la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI).

También se adjuntó una lista de 22 rectores que supuestamente acudieron al lugar y, para hacer más creíble la farsa, se presentó un acta donde se explica a grosso modo lo sucedido en la reunión. Pero esto es lo más grave: se ingresó, además de todo eso, una declaración jurada donde el entonces vicepresidente de la ANUPP, Roberto Supo Huallasi, da fe “de la identidad de los asistentes y firmantes”. Él firmó todos los documentos, certificando su veracidad. Supo, como veremos más adelante, dice que fue embaucado por Jerí Ramón y por el apoderado judicial de la San Marcos.

Yo no participé. Me enteré meses después de que se había hecho un acta con la intención de que se legalice la presidencia de la Dra. Jerí Ramón, pero ninguna de esas personas [que figuran en los documentos] asistió. Incluyéndome”, asegura un indignado Policarpio Chauca Valqui, rector de la Universidad Nacional Toribio Rodriguez de Mendoza y miembro activo del Consejo Directivo de la ANUPP. Su nombre figura entre los 22.

Edith Luis Vasquez, exrectora de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión, también niega haber asistido a la dichosa asamblea, aunque su nombre es el primero de la lista. “Yo no fui, ni siquiera era rectora en esa fecha”, dice. Agrega, además, que mandó una carta notarial desmintiendo su supuesta participación.

 

Carta jeri ramon anupp
Carta notarial enviada por la exrectora de la universidad Daniel Alcides Carrión donde desmiente haber asistido a dicha reunión

 

Ninguno de los integrantes de la ANUPP fue convocado en julio ni asistió a la fantasmal reunión, como se intentó hacer creer a los Registros Públicos. Alfonso López-Chau, rector de la UNI, niega que la asamblea se haya realizado en las instalaciones de la universidad que representa. “Yo he consultado en la UNI y no sabemos nada de la reunión”, asegura a Sudaca.

¿Quién había ingresado tales documentos a la Sunarp? Los agremiados apuntan al apoderado judicial de la Universidad Nacional Mayor de la San Marco, Abelardo Rojas Palomino. El 5 de agosto de 2021, Jerí Ramón le otorgó un poder especial para que represente a esta casa de estudios.

“La responsabilidad directa es del apoderado judicial de la San Marcos, que se presenta ante los registros públicos y trata de nombrar a la doctora Jerí como presidenta con una asamblea que nunca existió”, se queja Orestes Cachay. Y agrega: “Pero no lo ha hecho solo, porque él no tiene nada que ver con la ANUPP. Lo más seguro es que haya recibido indicaciones de la rectora”.

El pasado 12 de enero, luego de que el engaño de la asamblea fantasma fuera puesto en evidencia, el notario que certificó la validez de los documentos falsos solicitó a la Sunarp dejar sin efecto los papeles presentados.

 

DESCUBRIENDO EL ENGAÑO

Los rectores de la ANUPP se enteraron de la farsa cuando, en diciembre, la Sunarp emitió una tacha contra los documentos presentados. Uno de los motivos para esto fue que Roberto Supo, que había dado el visto bueno a la supuesta asamblea en su calidad de vicepresidente, no figuraba con ese cargo en los Registros Públicos.

Entonces, en el grupo de WhatsApp de los rectores de las universidades que integran este gremio, ardió Troya. “Señores miembros de la ANUPP, consulto: ¿hemos tenido Asamblea General Nacional Extraordinaria el 4 de agosto del 2021 como dice esta esquela? ¿Por qué la tacha de Registros Públicos habla de una constancia de quórum?[…] Como miembro oficial del Consejo Directivo de ANUPP, informo que no se me ha informado sobre esta convocatoria”, escribió Policarpo Chauco.

 

ANUPP Jeri Ramon denuncia
Chat grupal de los rectores de la ANUPP. Niegan tener conocimiento de la asamblea donde se nombró a Jerí Ramón como presidenta del gremio.

 

Días después de ese primer mensaje, Roberto Supo Hallasi, el exvicepresidente que firmó todos los documentos presentados a la Sunarp, envió una carta al grupo de WhatsApp en la que acusaba a Jeri Ramón Ruffner y a Abelardo Rojas Palomino, el apoderado judicial de la UNMSM, de haberlo engañado para que firme aquellos papeles.

“Me siento con ira, con cólera y con rabia al haber sido sorprendido por un abogado asesor de la Dra. Jeri Ramon Ruffner, quien vino en el mes de diciembre a mi hotel. Argumentando que debo firmar documentos para viabilizar el reconocimiento de los miembros de ANUPP, [Abelardo Rojas] me llevó de manera apurada a una notaría y firmé documentos. Repito: era para regularizar y argumentaba que era el único que faltaba firmar”, asegura Supo en la carta que mandó al Whatsapp.

Según su testimonio, la propia rectora de la San Marcos, la universidad más antigua de América, lo llamó pidiéndole que firme. “Recuerdo también que me llamó en dos oportunidades la Dra. Jeri Ramón Ruffner, pidiéndome lo mismo, que firmara documentos para regularizar. A su pedido confié, pero ahora me califico como un incauto”, apunta. Nos comunicamos con Supo, pero no atendió nuestras llamadas ni mensajes.

Un dato que no es exacto dentro de la explicación de Supo Hallasi es que, según él, lo hicieron firmar en diciembre. Sin embargo, los documentos fueron presentados a los Registros Públicos, de acuerdo a la documentación revisada por Sudaca, a fines de noviembre.

La carta de Supo termina con una interrogante que muchos, hasta ahora, se hacen. “Me pregunto: ¿qué intención tuvo de hacer este embrollo administrativo el señor asesor? ¿Será el asesor que tuvo la mala intención de generar daño a los miembros de ANUPP?”.

 

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Carta enviada por el exrector de la Universidad Jorge Basadre, Roberto Supo. En ella cuenta que el apoderado judicial de la UNMSM lo hizo firmar con engaños y que la misma rectora Jerí Ramón lo llamó para insistirle.

 

Nos comunicamos con Jerí Ramón y Abelardo Rojas para hacerles la misma pregunta, pero ninguno atendió nuestras llamadas ni mensajes.

 

DEBILITAR A LA SUNEDU

“Ella sabía que la ANUPP iba a oponerse a la contrarreforma universitaria y al descabezamiento de la Sunedu. Sabía que si convocaba asambleas, el 90% de nosotros no iba a estar de acuerdo con la posición que tiene ahora, que es bajarse a la Sunedu”, dice un exrector de una universidad pública que pide anonimato. Ensaya de esta manera una explicación a por qué Jerí Ramón no siguió el procedimiento legal para ser nombrada presidenta del gremio.

En efecto, la rectora de la San Marcos se ha presentado públicamente con el título de “presidenta de ANUPP”, aunque ni los Registros Públicos ni sus compañeros la reconozcan como tal. Y la postura que lleva, explican sendos miembros del gremio a Sudaca, no es la posición de la asociación, sino su opinión personal.

Por ejemplo, el 16 de noviembre del año pasado, Ramón Ruffner se presentó ante la comisión de Educación del Congreso y opinó sobre el proyecto de ley que busca restablecer la supuesta “autonomía” de las universidades, colocando a representantes de las casas de estudio en el Consejo Directivo de la Sunedu. En realidad, busca restablecer un sistema similar al de la antigua ANR, donde los regulados controlarían la institución que los regula.

En dicha ocasión, la rectora de la San Marcos mostró su respaldo a la iniciativa legislativa, que sería el certificado de defunción de la reforma universitaria. Sus intervenciones fueron aprovechadas por algunos congresistas, quienes empezaron a cuestionar a la superintendencia por cerrar universidades con licencia denegada.

No fue la única vez que Jerí Ramón se pronunció en contra de la Sunedu. El jueves 3 de febrero se reunió en las instalaciones del Ministerio de Educación con el titular de esta cartera, además de otros rectores que están a favor de la “autonomía” de las universidades. Entre ellos, había miembros de la ASUP, gremio que ha petardeado la reforma universitaria desde sus inicios. Ese mismo día, en Radio Exitosa, acusó al Partido Morado de tener “el control” de la superintendencia.

 

 

Varios profesores, alumnos y egresados de la San Marcos ya se manifestaron rechazando la postura de su rectora, acusándola de usar el nombre de la casa de estudios y de actuar a espalda de los sanmarquinos “en pro de intereses particulares”. Ahora, los exrectores y los rectores actuales de la universidades que conforman la ANUPP la desconocen como su presidenta. “La desconocemos y ya se lo dijimos en una reunión que tuvimos”, dice Policarpio Chauca. Y lo increíble es que tienen fundamentos sólidos para hacerlo.

 

 

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Un personaje que siempre aprovecha toda oportunidad para ensalzar los logros regionales es Hernán Condori, director de la red de Salud Chanchamayo, quien sería uno de los principales voceros de la portátil del presidente regional”. Así describían periodistas de Huancayo, hace ocho años, al ahora ministro de Salud: como un seguidor incondicional de Vladimir Cerrón.

 

Antes de que Junín se convirtiera en el bastión de Perú Libre, Hernán Condori no era muy relevante. “Él era más o menos conocido en el distrito de Perené, donde nació y vivió, pero salta a la palestra pública cuando es elegido director de la Red de Salud Chanchamayo, nombrado por Cerrón en su primer periodo”, dice Jorge Camposano, reconocido periodista de esa provincia juninense.

La gestión de Condori en Chanchamayo (2011-2014) estuvo marcada por la adquisición de un tomógrafo que resultó ser casi inútil, pero eso no importaba a la hora de resaltar la imagen de su líder. “Doctor Vladimir, ya estamos también a punto de inaugurar el tomógrafo que nos ha comprado el gobierno regional”, dijo el incondicional de Cerrón en una conferencia de prensa del 2012

Cinco años después, la Contraloría hallaría responsabilidad administrativa en Condori, como director de la Red de Salud Chanchamayo, por la compra del tomógrafo. Esto, por no presentar informes de conformidad, ni verificar la calidad del producto y el cumplimiento de las condiciones del contrato. En la auditoría se evidenció que, a pesar de no tener todos los documentos necesarios, el gobierno de Junín pagó S/1.250.000 por el aparato.

El tomógrafo, además, fue calificado como un «elefante blanco» por la consejera Janet Huari. “Como no hay médicos especialistas, los enfermos son derivados a Huancayo o Lima”, dijo al diario Correo.

Apenas un mes después de que acabó esa primera gestión, en marzo del 2014, Condori se afilió al por entonces movimiento regional Perú Libre. Y esa militancia rindió frutos cuando Cerrón regresó al gobierno regional el 2019. Condori fue nuevamente nombrado director de la Red de Salud Chanchamayo, que es un cargo de confianza del gobernador.

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Desde que Junín se convirtió en el bastión de PL, a Hernán Condori no le ha faltado trabajo en las redes de salud.

 

ACÉRRIMO DEFENSOR

En los últimos años, Condori ha salido a defender a su líder cada que este ha sido criticado. Por ejemplo, ante los cuestionamientos por la construcción del hospital de Satipo. Cuando ya se tenían listos los estudios, el presupuesto y hasta el terreno para empezar la obra, Cerrón decidió que el hospital debía cambiar de categoría. Eso significaba empezar a buscar una nueva ubicación y volver a foja cero.

Hernán Condori, entonces, fue a sacar cara por su líder hasta las instalaciones de la radio ‘La Ruta’, en Satipo, que estaba a dos largas horas de su oficina. “Es por esa entrevista que lo conocí. Fue algo inusual su visita porque nadie lo invitó a la radio. Vino desde otra provincia a defender un capricho de Cerrón. El tema del hospital fue un tremendo problema aquí en Satipo”, cuenta Miguel Mateo, el periodista que lo entrevistó en esa oportunidad.

“Doctor Hernán Condori, ¿usted viene enviado por Vladimir Cerrón aquí a Satipo para poder informar?”, le preguntó. “[Estoy aquí] a título de director de la red de Salud Chanchamayo y en mi situación de preocupación. Para nadie es desconocimiento de que en estos momentos hay un tema controversial, […] Vengo acá a sensibilizar a las autoridades, a la población”, respondió el ahora ministro de Salud del Gabinete de ‘ancha base’.

Hasta el día de hoy, el dichoso hospital sigue sin construirse.

Luego de que Cerrón fuera suspendido como gobernador regional, el también perulibrista Fernando Orihuela lo sucedió en el cargo. Y como en el feudo de Perú Libre los militantes son la prioridad, Hernán Condori fue nombrado director de la Dirección Regional de Salud (Diresa) Junín el 2 de enero del 2020.

Pero esta nueva experiencia solo le duró seis días, pues el 8 de ese mismo mes, fue removido del cargo. ¿Qué pasó? Según dos fuentes con las que conversó Sudaca, hubo un cortocircuito entre el nuevo ministro de Salud y el círculo de confianza de quien había reemplazado a su líder.

“Luego de que condenaron a Cerrón, entró Orihuela y convocaron a Hernán para el cargo de confianza. Pero él no era muy amigo del nuevo gobernador regional [aunque ambos sean militantes de PL] y era parte de los incondicionales de Cerrón”, cuenta un amigo de Condori. “Como es incondicional de Cerrón, chocó con la gente de Orihuela. Él solo recibe órdenes de Cerrón”, confirma un periodista de la región.

Meses después de dejar el cargo, la misma Diresa descubrió extrañas designaciones durante el paso de Condori como jefe de la Red de Salud Chanchamayo. En consecuencia, anuló el nombramiento de ocho trabajadores que este había colocado entre noviembre y diciembre de 2019.

Según los documentos de esa investigación, se advirtió que no se había realizado un procedimiento regular porque “los miembros de la comisión de nombramiento han obviado esperar la recepción de los informes del MINSA y Gore Junín para la validación del informe final”. Una de las nombradas fue Ana Elizabeth Inga Fuentes, quien se convertiría en militante de Perú Libre el 2020.

Hoy Condori ya no solo enfrenta los problemas de Cerrón, sino también los suyos propios. El ministro es investigado por una fiscalía anticorrupción por los presuntos delitos de cobro indebido y negociación incompatible. Esto, a raíz de hechos ocurridos en el 2019, durante su gestión como director de la Red de Salud de Chanchamayo.

Como informó el portal Epicentro, esta entidad organizó una convocatoria para contratar personal. De acuerdo a la documentación fiscal, el ahora ministro de Salud y otros funcionarios, “abusando del cargo que ostentaban”, realizaron cobros indebidos a los postulantes bajo el concepto de “derecho de trámite documentario”. Los montos variaban entre S/10 a S/20 por cada participante, a pesar de que dicho cobro no se encontraba contemplado en ninguna norma.

Y sobre Condori Machado hay incluso más sombras y dudas. Por ejemplo, no se sabe exactamente cuál es su especialidad. Dice ser obstetra y tiene un consultorio particular donde ofrece dichos servicios, pero el decano del Colegio Médico del Perú Raúl Urquizo ya aclaró que Condori está registrado solo “como médico cirujano, médico general”.

Lo que sí queda absolutamente claro es que es un fan incondicional del secretario general de Perú Libre. “Siempre ha sido cuestionado por obedecer los caprichos de Cerrón”, concluye un periodista de Junín que se dedicó por años a investigar al exgobernador.

Nos comunicamos con el Ministerio de Salud para pedir una entrevista con Condori Machado, pero el área de prensa nos respondió: “hasta el momento no tenemos contacto con él”.

 

 

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Keiko Fujimori está en problemas. El caso de los presuntos aportes ilícitos a las campañas de 2011 y 2016 tiene ya 14 aspirantes a colaboradores, de acuerdo a la acusación fiscal presentada en marzo del 2021. Hoy José Domingo Pérez, a cargo del caso, está cerca de sumar un delator más. Y es uno clave para confirmar todo lo encontrado hasta el momento.

Se trata de Giancarlo Bertini Vivanco, acusado en este mismo proceso, quien fue parte del círculo más cercano de Jorge Yoshiyama Sasaki, el colaborador eficaz más importante de la investigación y sobrino del exsecretario general del partido naranja, Jaime Yoshiyama. Bertini tuvo el encargo de reclutar falsos aportantes para la campaña de Fuerza 2011 -el nombre que usaba el fujimorismo aquel año-, la cual se financió con dinero de Odebrecht, Credicorp y el grupo Rasmuss. En total, serían más de US$10 millones inyectados a esa fallida candidatura.

Según pudo confirmar Sudaca, la Fiscalía y la defensa de Bertini ya sostuvieron una reunión con el objetivo de que el empresario se someta a un proceso de colaboración eficaz. Esta primera cita ocurrió días antes de su llegada al Perú, el jueves pasado, procedente de Italia. Allí permanecía prófugo desde el 2018.

Bertini quiere acogerse al proceso de entrega de información a cambio de beneficios, pero aún sus abogados no han solicitado esto de manera formal ante el Ministerio Público. En tanto, él permanece detenido. El pasado 4 de febrero, el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria dispuso el internamiento de Bertini en un centro penitenciario del país, para que cumpla con la orden de prisión preventiva que se le dictó en octubre de 2018. De acuerdo a la resolución, la medida terminaría el 3 de febrero de 2025. La colaboración eficaz podría dejarlo libre antes de esa fecha.

¿Pero, qué es lo que podría aportar Bertini sobre la trama de lavado de activos presuntamente liderada por Keiko Fujimori? En la acusación fiscal, José Domingo Pérez sostiene que antes de que acabe la campaña del 2011, en junio, Jorge Yoshiyama habría ido a la casa de su tío Jaime para informarle del reclutamiento de Bertini en la simulación de aportes. Aquella vez, tío y sobrino fueron a una habitación donde se ubicaba la caja fuerte, y este recibió US$100.000.

“Yoshiyama Sasaki se constituyó al domicilio de Jaime Yoshiyama Tanaka en un promedio de seis o siete oportunidades con el objetivo de que Yoshiyama Tanaka provea de activo ilícito a Sasaki, efectivo que iba a ser materia de ingresos a las cuentas del partido Fuerza 2011 (blanqueamiento de activos)”, se  lee en la acusación. Jorge recibió de Jaime Yoshiyama un monto total de US$480 mil.

El testimonio del sobrino de Jaime Yoshiyama Tanaka ha sido clave para el caso que tiene a su cargo el fiscal José Domingo Pérez. Sin embargo, la información que aporte Bertini robustecerá la acusación fiscal contra Keiko Fujimori en sus puntos claves, pues fue este quien ‘pitufeó’ el dinero a través de falsos aportantes, incluida su esposa.

Cabe recordar que la Fiscalía sostiene que Keiko Fujimori conocía sobre la operación de lavado de activos. “Tanto Jaime Yoshiyama como Keiko Fujimori sabían que sí había dinero donado por la empresa Odebrecht a Fuerza 2011 para la campaña electoral. Y es que en una visita familiar que hice a la casa de Jaime Yoshiyama, él me informa que ha hablado con Keiko Fujimori y que ella le dijo: ‘Jaime, por si acaso, debemos afirmar que no hemos recibido ningún aporte de Odebrecht, hay que negar todo en relación a esta campaña y su relación con nosotros’”, dijo Yoshiyama en su declaración.

También afirmó que Fujimori fue quien le pidió buscar falsos aportantes para Fuerza Popular en la campaña electoral de 2016. “Ella me pide buscar falsos aportantes para el partido Fuerza Popular, me manifiesta que lo haga como lo hice en el año 2011”, señaló.

El testimonio de Giancarlo Bertini también servirá para corroborar lo dicho por su esposa, Patrizia Coppero del Valle, quien firmó un acuerdo de colaboración el 17 de diciembre de 2020. Coppero declaró ante la Fiscalía que su pareja le presentó recibos impresos de donación para Fuerza 2011 y le pidió que los firme hasta en tres oportunidades. En total, fueron cinco o seis recibos que sumaban alrededor de S/80.000, aseguró. Bertini, según su esposa, le contó que esa era su contribución a la campaña de Keiko Fujimori.

Y esa es, precisamente, la modalidad conocida como ‘pitufeo’. Una que,  aplicada a gran escala -con más aportantes fantasma-, habría servido para camuflar todo el dinero ilícito en la campaña fujimorista. «Luego me enteré que también mi esposo Giancarlo Bertini le solicitó a otras personas que le hagan el mismo favor de firmar los recibos como aportantes a favor de la campaña electoral. Es decir, que presten su nombre a fin de realizar depósitos de dinero a la cuenta del partido Fuerza 2011 como aportantes a la campaña, por encargo del señor Jorge Yoshiyama», declaró la mujer.

“En otra oportunidad fui testigo de una llamada que recibió Jorge Yoshiyama estando en mi oficina, que era [la llamada] de Keiko Fujimori, quien le hablaba acerca de cómo iba la campaña. Luego colgó y [Yoshiyama] nos contó que le había llamado Keiko para señalarle que estaba preocupada por la campaña y que había que seguir apoyándola”, agregó Coppero.

El fiscal José Domingo Pérez ha solicitado 30 años y 10 meses de prisión contra Keiko Fujimori por los presuntos delitos de crimen organizado, lavado de activos, obstrucción a la justicia y falsa declaración en procedimiento administrativo. Además ha acusado a otros 39 imputados.

 

 

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Giancarlo Bertini, Jorge Yoshiyama, Keiko Fujimori

 

Sin autocrítica y con una cerrada defensa de sus polémicos asesores, Pedro Castillo arma en estos momentos su cuarto Gabinete en seis meses. El presidente se resiste a cambiar su caótica forma de gobernar, más allá del nombre del nuevo primer ministro, señalan a Sudaca algunas personas que han conversado con él en estos días decisivos. “Es la última oportunidad”, le dijo, en esa línea, Vladimir Cerrón al jefe de Estado en el encuentro que tuvieron ayer lunes por la noche en Palacio, según una fuente cercana al líder del lápiz.

Castillo llamó a Cerrón el lunes por la tarde para tener una reunión inmediata. El secretario general de Perú Libre, que se encontraba en Lima luego de obtener permiso judicial para viajar, decidió ir con Richard Rojas, jefe de campaña del partido y cuyo nombramiento como embajador en Venezuela fue anulado porque está investigado en el caso “Los Dinámicos del Centro”.

 

Cerrón Castillo
Vladimir Cerrón y Pedro Castillo en una reunión en Palacio de Gobierno el pasado 7 de enero. Fuente: Presidencia.

Entre Castillo y Cerrón, que desde diciembre han empezado a acercarse nuevamente, reina cierta desconfianza. De acuerdo a una fuente palaciega, al presidente no le agrada que el líder del lápiz lo quiera manejar, pero lo convoca porque necesita de la bancada de Perú Libre. Por su parte, el exgobernador regional de Junín se siente traicionado por Castillo, dado que este no tomó en cuenta a su partido en el Gabinete encabezado por el violento Héctor Valer.

Para el premierato, Cerrón puso sobre la mesa el nombre de Roger Nájar, integrante del buró político de Perú Libre, pensando que podría convencerlo de aceptar el cargo pese a que se ha negado. Pero Castillo respondió que tiene una mayor consideración por César Landa, el actual canciller, y Jorge Nieto Montesinos, exministro en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. En el bolo también están el ministro de Salud, Hernando Cevallos, quien ya rechazó una vez la PCM, y Roberto Sánchez, titular de Comercio Exterior.

Nájar, por cierto, conversó tres horas con Castillo el sábado. En la interna de Perú Libre, el veterano político ha descartado ocupar el cargo de primer ministro argumentando razones personales. Y en Palacio aseguran que Nájar es resistido por el “Gabinete en la sombra” porque tuvo una hija con una menor de edad en 1987 y afrontó, en su momento, una demanda de alimentos. Un caso que puede producir una avalancha de cuestionamientos, como la que sepultó a Valer.

En la cita, Cerrón también planteó la necesidad de que se pueda sumar al nuevo Gabinete a algunas bancadas, para neutralizar a la feroz oposición parlamentaria. Se habló de Somos Perú, Juntos Por el Perú y hasta de Acción Popular. Pero Cerrón dejó en claro que no iría ni a la esquina con el recién creado grupo parlamentario Perú Democrático, de Guillermo Bermejo y Héctor Valer.

“El Congreso debe poner fin a este tipo de seudobancadas que dañan el sentido de la representación democrática. Si el parlamentario no está de acuerdo con el partido que le dio la curul, debe convocarse al accesitario”, escribió el líder de Perú Libre en su cuenta de Twitter el 5 de febrero.

En el encuentro con Castillo, Cerrón apuntó nuevamente a la salida del Gabinete de Betssy Chávez, actual ministra de Trabajo, y de Dina Boluarte, vicepresidenta y titular del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Ambas acabaron en malos términos con Perú Libre. Propuso, además, el nombre de la congresista perulibrista Kelly Portalatino para el Ministerio de Salud.

En el caso de Dina Boluarte, esta no goza de la confianza del “Gabinete en la sombra”, según una fuente en Palacio. El motivo: ser aliada de Carlos Jaico, exsecretario general del Despacho Presidencial y adversario de los sinuosos asesores presidenciales.

Pedro Castillo también se reunió con el ala magisterial de la bancada oficialista el lunes por la tarde. Con esto busca granjearse el apoyo de las dos facciones. “Le hemos dicho al presidente que no puede haber más errores y que tiene que tener asesores que apoyen y que no chantajeen”, dice a Sudaca Óscar Zea, congresista del ala magisterial de Perú Libre por Puno.

“Con el presidente es complicado hacer pronósticos. Hoy día te dice que está súper bien, te da la mano y al día siguiente cambia. El presidente escucha a quien le impone, lo obliga, no a quien sugiere”, dice a Sudaca el parlamentario de Acción Popular por Arequipa, Edwin Martínez, quien también sostuvo una reunión con el mandatario el sábado, aunque precisa que fue a título personal.

Martínez dice que Pedro Castillo le mencionó como opciones para ser primer ministro a Nieto, Roberto Sánchez, Landa, Roger Nájar y Aurelio Padilla, exrector de la Universidad Nacional de Ingeniería.

En Palacio también llamaron al congresista del Partido Morado Edward Málaga para dirigir las riendas del Ministerio de Ambiente, ocupado ahora por un inexperto Wilber Supo, un bachiller en geografía cuya única experiencia era el de profesor de colegio. Málaga rechazó el ofrecimiento.

 

EL MISMO CAOS

El presidente Castillo cocina un nuevo Gabinete sin cambiar su estilo de gobernar, con vocación al error y suicidio político. Así lo dejó claro en el extraño comunicado que publicó ayer y que no llevaba el logo de Presidencia de la República.

Castillo recalcó que es víctima de una “campaña mediática que tiene como objetivo promover la vacancia presidencial”. Y salió, de manera tácita, en defensa de sus asesores al enfilar sus baterías contra la exprimera ministra Mirtha Vásquez; el exministro del Interior, Avelino Guillén; y el exministro de Economía, Pedro Francke, quienes cuestionaron a las personas que rodean al mandatario.

“Sus afirmaciones son, en todos sus extremos, falsas. Desde el inicio de mi gestión, he sido respetuoso de las decisiones de los ministros de Estado”, dijo Castillo. Esta declaración no tiene correlato con la realidad, puesto que Castillo no respetó, por ejemplo, la decisión de Guillén de sacar al teniente general Javier Gallardo como cabeza de la Policía por pugnas internas.

El presidente de la República ha prometido un Consejo de Ministros “más participativo y de ancha base”, pero todo lo reduce a un cambio de nombres en el premierato, no a un estilo de gobernar. Hasta el momento, Castillo no ha permitido que los primeros ministros armen su propio Gabinete y les ha impuesto nombres en sectores considerados claves por él, como Educación, Transportes, Vivienda e Interior.

Y en la búsqueda para reemplazar a Valer, el mandatario ha dialogado más con sus habituales visitantes (Nájar, Cerrón, profesores), según el registro de visitas de Palacio, y muy poco con personajes fuera de su círculo. Así las cosas, no se avecinan grandes cambios.

 

Héctor Valer
Héctor Valer Pinto, defenestrado presidente del Consejo de Ministros al ser acusado de agredir a su esposa e hija, aún ejerce el cargo a la espera de un reemplazo. Fuente: Andina.

 

Una prueba de fuego será su encuentro con Jorge Nieto, en caso de darse. El exministro de PPK ha planteado romper con el círculo de confianza del actual presidente, si es nombrado premier. Y remover a ministros cercanos a Pedro Castillo, como Juan Silva (Transportes) y Aníbal Torres (Justicia). Sin embargo, fuentes en Palacio aseguran que no cayó bien que Nieto ventilase sus exigencias en los medios de comunicación antes de sentarse con el mandatario. Por ello, esta opción se ha desinflado en las últimas horas.

 

Jorge Nieto
Jorge Nieto Montesinos, exministro de Cultura y Defensa en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, entró en la órbita del gobierno para ocupar el premierato. Fuente:Andina.

 

Castillo, quien no ha hecho un mea culpa, insiste con su estilo caótico en medio de la peor crisis de su gobierno. Y lo hace cuando se multiplican los llamados a la renuncia del jefe de Estado.

El Congreso, con un mayor consenso entre las bancadas de oposición, también analiza fórmulas para sacar a Castillo del poder. Susel Paredes, del Partido Morado, presentó un proyecto de ley para suspender de manera indefinida al presidente de la República involucrado en casos de corrupción. El asunto ya se ve con celeridad en la Comisión de Constitución. El presidente no tiene margen de error.

 

 

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Pedro Castillo, Vladimir Cerrón

 

Personajes reciclados de la cuestionada gestión de Mario Carhuapoma cuando fue jefe de EsSalud y sin experiencia en el campo deportivo son los jales estelares de Julio ‘Coyote’ Rivera como flamante jefe del Instituto Peruano del Deporte (IPD). Hoy ocupan puestos claves en la entidad, que maneja un presupuesto de S/130 millones, y en el equipo de transferencia de gestión. “No es gente que conozca el IPD”, asegura a Sudaca un extrabajador de la institución sobre los recientes nombramientos, a los que dice haber visto preguntando “qué se hace aquí”.

Como cereza de la torta: el ‘Coyote’ Rivera es cercano a algunas de estas personas también porque compartieron con él su paso por Unión por el Perú, el partido aliado de Antauro Humala, entre el 2020 y el 2021.

 

EL FACTOR CARHUAPOMA

El 26 de enero, un día después de que nombraran al ‘Coyote’ Rivera como mandamás del IPD, Mario Carhuapoma Yance, expresidente ejecutivo de EsSalud, ingresó a las instalaciones de la institución, según el registro de visitas. No fue solo. Carhuapoma llegó acompañado de Leonardo Campos Acasiete, miembro del Consejo Directivo Nacional del Colegio de Químicos Farmacéuticos. El exjefe del seguro social ha sido decano de dicha institución.

¿Qué hacían dos químicos farmacéuticos en el IPD? Consultado por Sudaca, Carhuapoma asegura que solo fue “un saludo protocolar”. Campos Acasiete, por su lado, evitó responder nuestras consultas. Lo cierto es que esa no fue la única vez que visitaron a Rivera.

El 28 de enero, día en el que Perú y Colombia se enfrentaban para pelear su pase al Mundial, ambos volvieron a visitar al ‘Coyote’. Según fuentes del IPD consultadas por Sudaca, “vieron el partido juntos en la alta dirección”. Las horas de ingreso y salida coinciden con las de la victoria blanquirroja.

Todo apunta a que la relación entre el exfutbolista y el expresidente de EsSalud es muy cercana. Incluso, durante la misa de inicio de la nueva gestión que se llevó a cabo el 31 de enero, Carhuapoma y Campos también estuvieron presentes. Normalmente a estos eventos asiste “la familia y amigos cercanos del presidente”, explica un trabajador del IPD.

 

Carhuapoma y Rivera IPD
Al medio, con camisa blanca, el nuevo presidente del IPD Julio Rivera. A su costado, el expresidente ejecutivo de EsSalud Mario Carhuapoma. La foto se tomó en la misa institucional celebrada el 31 de enero último.

 

“Carhuapoma ha venido al IPD a saludar al presidente como consejero de EsSalud, porque todavía es una autoridad. Estamos viendo posiblemente más adelante establecer una relación institucional entre el IPD y EsSalud”, dice a Sudaca el gerente general de la primera institución, César Nieto Serpa, sin explicar en qué consistirá dicho vínculo.

El propio Nieto, sin embargo, es un ejemplo de cómo en el IPD se vienen reciclando los exfuncionarios de la gestión Carhuapoma en el seguro social.

 

DE ESSALUD AL IPD

Una de las primeras designaciones de Julio Rivera fue precisamente la de su nuevo gerente general, César Nieto Serpa. Este personaje lo visitó el 26 de enero, el mismo día que Carhuapoma. Al día siguiente, fue nombrado en su nuevo cargo.

Nieto Serpa es alguien conocido para este gobierno, que le abrió las puertas de arranque. Esto a pesar que, desde el 2011, de acuerdo a la revista Sudor, ha participado en 10 procesos de selección para acceder a puestos en el Estado sin éxito. En la mayoría de ellas, no superó las etapas de evaluación de conocimientos.

Su nombre se hizo público cuando, en agosto del año pasado, Mario Carhuapoma lo nombró gerente central de Gestión de las Personas en EsSalud, a cargo del recurso humano de la entidad. Pero tan pronto como asumió el cargo, tuvo que renunciar por haber incurrido en nepotismo.

Y es que, dos días después de su designación, EsSalud contrató al abogado Roberto José Bedón Serpa, medio hermano de Nieto Serpa, como asesor nivel III y con un sueldo de S/11.650. La resolución de nombramiento no solo fue firmada por Carhuapoma, sino también por el mismo Nieto.

Tras estos hechos, Nieto Serpa renunció al cargo. Pero en el gobierno del lápiz las oportunidades sobran para los amigos. Seis meses después, y mientras su exjefe visitaba la oficina del presidente del IPD, fue designado en la gerencia del ente deportivo más importante del país. Y a su medio hermano también se le ha visto desfilar por las instalaciones de esta institución.

Según ambos, la visita del familiar fue solo para saludarse. “Él no tiene ningún tipo de vínculo laboral con la institución ni mucho menos. No hay nada de temas laborales”, dice Nieto Serpa a Sudaca. “Fue un tema personal, un saludo protocolar, por su designación y nada más. No por ningún puesto”, explica Bedón Serpa.

No es la única visita que llama la atención. Boris León Elguera, también vinculado a la gestión de Carhuapoma en EsSalud, acudió el 4 de febrero a las instalaciones del IPD y se reunió con César Nieto. Hoy, según El Peruano, fue designado como jefe de la Oficina General de Administración, un puesto clave del instituto deportivo que está a cargo de los despachos de Personal, Logística e Informática.

 

César Nieto y Boris León
Los altos funcionarios de confianza del IPD nombrados por Rivera. A la derecha, César Nieto Serpa, gerente general. A la izquierda, Boris León Elguera, recientemente nombrado como jefe de la Oficina General de Administración.

 

El nombre de Boris León salió a la luz pública cuando, en septiembre del año pasado, la misma gerente general de EsSalud alertó al Órgano de Control Institucional que este había sido designado días atrás en la Gerencia Central de Gestión de las Personas. Esto a pesar de no cumplir con los requerimientos para el puesto.

Mientras estas designaciones ocurren, dentro y fuera del IPD ven con decepción lo que viene pasando. “Mi preocupación es que, como todo el mundo piensa que es una institución del gobierno, cualquiera puede ir. Y no es así. Este es un organismo técnico, deportivo. El entorno de EsSalud que está llegando preocupa”, dice un exfuncionario de la gestión saliente del IPD que pidió anonimato. No le falta razón.

 

MÁS RECICLAJE

El día en que el ‘Coyote’ Rivera fue nombrado jefe del Instituto Peruano de Deporte también se reunió con su inmediato antecesor, Gustavo San Martín. El expresidente del IPD cuenta a Sudaca que el hijo de ‘doña Peta’ no estaba solo, sino que lo acompañaban Edwin Ivancovich Gamero y Juan Cáceres Sedelmayer. Aunque ellos oficialmente no tienen ningún cargo, según San Martín, ambos fueron presentados como asesores.

“Normalmente es un gesto muy protocolar [reunirse antes de asumir el cargo]. En este caso, yo me comuniqué con el señor Rivera y me dijo que iba a ir con dos asesores. No los conozco, […] tengo más de 20 años en el ámbito deportivo y a estas personas no las tengo registradas”, dice San Martín.

No fue la única jornada de estos «asesores» en el IPD. Al día siguiente, ambos ingresaron y salieron juntos de la institución. Según el registro de visitas, Ivancovich figura como “asesor del sr. Julio Rivera”. Pero dentro de la institución no hay claridad sobre sus cargos. “Algo que me llamó la atención es que [Ivancovich] se presenta como asesor y aún no lo es formalmente”, cuenta a Sudaca un funcionario del IPD.

Y si bien no son oficialmente “asesores”, Ivancovich y Cáceres sí participan de la comisión de transferencia. De acuerdo a un documento al que Sudaca tuvo acceso -y que lleva la firma del ‘Coyote’ Rivera- los dos son parte del equipo revisor “para el desarrollo de las actividades del mencionado proceso de transferencia”. También es parte de este equipo el mismo Nieto.

La cuarta persona que integra la comisión de transferencia es la decoradora de interiores María Evelina Merino Chong, quien el año pasado tentó suerte en las elecciones congresales con el partido Democracia Directa. Su única experiencia laboral, según su hoja de vida presentada al JNE, es haber sido gerente comercial en la empresa Chong Corp Service M y A Estructuras.

“No sé qué cargos tienen, pero están todo el día en las oficinas de presidencia. Vienen a conocer qué hacen las direcciones, porque parece que no saben cómo es el funcionamiento de las líneas […] Llegar a un lugar sin conocer los principales instrumentos de gestión del sistema deportivo nacional me parece un despropósito”, cuestiona una fuente con conocimiento de la interna.

Ivancovich Gamero ha sido asesor del exministro de Educación Carlos Gallardo, quien en diciembre del año pasado se convirtió en el primer ministro del gobierno de Castillo censurado por el Congreso. El motivo: la filtración de la última prueba docente. “Para ser asesor debe haber una resolución que determine ese cargo. Que más adelante me lo propongan o no, ya será una decisión personal mía”, responde Ivancovich a Sudaca.

 

Gustavo San Martín-IPD
Gustavo San Martín, expresidente del IPD, asegura que en sus más de 20 años de experiencia nunca escuchó los nombres de los nuevos jales del ‘Coyote’ Rivera.

Juan Cáceres Sedelmayer, por su lado, dice que Rivera lo convocó “por ser especialista en deportes con más de 30 años en diferentes áreas deportivas”.  Según su información en Facebook, ha trabajado en la Federación Peruana de Fútbol y luego en el IPD como asesor desde el año 2020. Sin embargo, el expresidente San Martín niega conocerlo. “En el 2020 yo ya era presidente, pero no conozco a ese señor ni he escuchado de él en el IPD”, apunta.

Le pedimos a Cáceres que sea más específico sobre su experiencia en esta área y respondió escuetamente: “Estuve haciendo varias funciones, porque en ese tiempo era necesario desarrollar varias funciones”.

Sudaca ha podido conocer otro vínculo que une a Juan Cáceres, Julio Rivera y César Nieto: los tres fueron parte de Unión por el Perú, el partido aliado de Antauro Humala. Los ahora funcionarios del IPD coincidieron en las filas de aquel movimiento entre el 2020 y el 2021. Cáceres niega que en ese momento haya surgido algún tipo de amistad.

Lo cierto es que las alarmas sobre el futuro del IPD ya se encendieron, no solo por las visitas ligadas a Mario Carhuapoma, sino también por la capacidad de las personas que rodean al ‘Coyote’.

 

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ESSALUD, IPD

 

Un día antes de firmar un nuevo contrato con el Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma, el pasado 17 de enero, ocho habituales proveedores se enteraron que estaban impedidos de participar en el proceso de selección que ya habían ganado. Esto, como sanción por presentar documentos falsificados durante -nada menos- 20 procesos de compra realizados el año anterior en las sedes de Lima Metropolitana y Callao, Loreto y Pasco. ¿Qué había pasado?

Los proveedores de Qali Warma -entidad adscrita al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social- entregan alimentos como avena, fideo, leche u otros; pero es el fabricante de los productos el que les proporciona el certificado de calidad. Este debe ser emitido por un laboratorio acreditado por el Instituto Nacional de Calidad (Inacal). El certificado que se presentó durante la licitación del 2021 fue el origen de todos los problemas.

“Es evidente que ese certificado nunca fue falsificado por nosotros, fue emitido por un laboratorio acreditado por Inacal hasta la fecha. Si uno obtiene un certificado que supuestamente ha pasado todos los filtros de Inacal, uno confía en que es verdadero”, indica a Sudaca Erick Serna, representante de la Corporación de Productos Alimenticios Enriquecidos (Corpalen), una de las sancionadas.

Lo mismo le ocurrió a los proveedores Consorcio Valle, Consorcio IZAMM, Consorcio Flash, Consorcio Gal, Consorcio Orient Mark, Group Inversiones J & JK E.I.R.L., y Consorcio Betania. Todos ellos tienen en común que los fabricantes de los productos les entregaron certificados de calidad emitidos por el laboratorio Certificaciones Alimentarias Hidrobiológicas y Medio Ambientales S.A.C. (CAHM), cuyo representante y gerente general es Alejandro Ricardo Mendiola Chávez.

El asunto, que involucra a 20 contratos, se descubrió a fines del año pasado y se les comunicó recién en enero. Para ese momento, las empresas ya habían ganado nuevos concursos públicos y estaban a punto de firmar los contratos. Pero estos procesos han tenido que ser cancelados y reiniciados después del escándalo.

 

EL ORIGEN

La denuncia anónima llegó el año pasado a la mesa de partes del Inacal, entidad adscrita al Ministerio de la Producción. Inmediatamente se investigó el caso y, en noviembre de 2021, el instituto determinó que cuatro informes de análisis microbiológico, los cuales estaban dentro de los certificados entregados por el laboratorio CAHM, eran falsos.

Dichos informes corresponden a sendos lotes de productos que los fabricantes habían entregado a los ya mencionados ocho proveedores, para que estos abastecieran a Qali Warma. ¿Cómo se descubrió el fraude? Los documentos falsos habían sido supuestamente elaborados por el laboratorio Certifical, pero esta compañía se lo negó al Inacal.

Tanto CAHM como Certifical figuran en el directorio de organismos de inspección debidamente acreditados, y es común que se subcontraten entre ellos para los análisis que componen el certificado final. Sin embargo, hay un detalle que fabricantes y proveedores no tomaron en cuenta: el Inacal precisa a Sudaca que estos laboratorios se acreditan de forma voluntaria solo para un determinado “alcance”. Es decir, un servicio específico en el que demuestran su competencia técnica.

“Certificaciones Alimentarias Hidrobiológicas y Medio Ambientales S.A.C. [CAHM], como organismo de inspección, no se encuentra acreditado por el INACAL en el alcance de ‘Inspección por Muestreo de Lotes’, lo que es materia de la denuncia”, dice el Inacal en respuesta a un cuestionario enviado para este informe.

De acuerdo a la entidad gubernamental, CAHM sí está acreditada para otros “alcances”, como buenas prácticas de manufactura, condiciones higiénico sanitarias, entre otros. “El Inacal no tiene competencias sobre aquellas actividades que realicen estos Organismos de Evaluación de la Conformidad [el laboratorio], fuera del alcance de la acreditación otorgada por nuestra institución”, agregan.

El instituto de calidad no tiene cómo aplicar sanciones en este caso, pero ya ha remitido la denuncia a la Procuraduría Pública del sector.

INACAL
Informes de Ensayo investigados por INACAL que fueron identificados en 20 contratos de proveedores del programa Qali Warma

 

CERTIFICAL
Memorando Múltiple interno de Qali Warma donde se recoge la versión del laboratorio CERTIFICAL sobre los Informes de Ensayo

LA MAGNITUD DEL PROBLEMA

Para Erick Serna, es injusto que el proveedor -hasta ahora- sea quien se lleve toda la sanción, porque no había forma de que ellos supieran de la falsificación. “Estamos agotando todos los medios para proteger lo que ya nos habían adjudicado. Lamentablemente, el tiempo juega en contra de nosotros. Va a ser muy difícil ver qué hacer, porque ya la mayoría de productos se han comprado. En mi caso, son 500 toneladas de alimentos al cash entre leche, fideos y otros. Solo en mi caso son entre S/6 millones a S/7 millones invertidos”, dice el empresario.

 

Corpalen iba a atender a unas 1.900 entidades educativas. Pero sumando a todos los proveedores sancionados, Serna calcula que se puede llegar a unas 5.000 escuelas que podrían verse perjudicadas por el retraso en el proceso de licitación. En Qali Warma, sin embargo, niegan que esto vaya a pasar.

Fredy Hinojosa, director ejecutivo del programa que brinda alimentos a colegios públicos de todo el país, considera que no puede hablarse de afectaciones en este caso porque los contratos aún no estaban suscritos. Asegura, además, que el abastecimiento para los escolares este año está garantizado.

“Este caso muy puntual de los ocho proveedores no afecta en lo mínimo a la provisión del servicio y en el caso de estos ocho proveedores, inmediatamente, estos comités de compra han adoptado las medidas administrativas de acuerdo a la normatividad”, indica. Los comités de compra de cada unidad territorial están conformados por representantes de la municipalidad, del gobierno regional, subprefectos locales y padres de familia.

Hinojosa también asegura que, independiente de los certificados falsos que fueron presentados, Qali Warma ha determinado que los alimentos en cuestión eran inocuos.

El problema, sin embargo, parece ser a gran escala. Las empresas sancionadas sostienen que hay más proveedores que han presentado certificados de CAHM. Sudaca pudo conocer que, a fines del mes de enero, se ingresó otra denuncia al Inacal contra el mismo laboratorio, donde no se habla ya de cuatro, sino de otros 122 informes que estarían presuntamente falsificados. El instituto de calidad confirmó para este informe que sí recibieron una nueva denuncia y que, actualmente, se encuentra en trámite.

“El procedimiento continúa y vamos a ser mucho más exhaustivos en hacer una verificación a profundidad. Lo que le garantizo es que, de advertirse una situación similar en el futuro, inmediatamente actuaremos con todo el rigor jurídico, en aplicación estricta de nuestra normatividad”, señala Fredy Hinojosa.

En el portal de Inacal, a la fecha, solo seis laboratorios cuentan con la acreditación para “muestreo de lotes” dirigido a programas sociales. Para esta publicación, se le envió una serie de consultas a CAHM que, al cierre de esta nota, no fueron respondidas.

CAHM
En el registro de proveedores del Estado, el laboratorio CAHM sí aparece como habilitado y sin sanción de ninguna índole.

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Qali Warma

Las universidades del país se vienen preparando para un 2022 complejo, entre la presencialidad y la virtualidad. Por eso, la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), una de las más prestigiosas, buscó desde agosto del año pasado a una empresa que le diera el servicio de proctoring. Es decir, un sistema de supervisión para exámenes virtuales.

La empresa que resultó escogida fue Seidor Technologies Perú SAC. Esta tiene una amplia experiencia en el rubro, pero no necesariamente positiva. En julio del 2020 fue contratada por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) para supervisar sus evaluaciones virtuales durante un año. En ese periodo se realizó el primer examen de admisión virtual de dicha casa de estudios, que terminó con denuncias de todo tipo. Hubo desde capturas de pantalla donde los postulantes compartían sus respuestas, hasta personas -miles- que no pudieron ingresar al sistema.

A pesar de ese antecedente, la UNI decidió otorgarle la buena pro a Seidor el pasado 13 de enero. El proceso de contratación estuvo marcado por irregularidades y cambios tardíos que han levantado sospechas. Además, la compañía ofreció el mismo sistema que utilizó en la San Marcos durante el examen fallido. La denuncia sobre este caso ya llegó a la Contraloría General de la República.

 

Experiencia manchada

Seidor es una multinacional tecnológica con presencia en 32 países del mundo. En el Perú le han brindado sus servicios a diversas casas de estudio. Entre sus clientes se encuentran la Universidad Cayetano Heredia, la UNI y la San Marcos.

A la Decana de América, Seidor le dio el “servicio de monitoreo de actividades y seguridad informática en la aplicación de exámenes virtuales” desde el 15 de julio del 2020 hasta la misma fecha del año siguiente. Por esta labor recibieron S/575.422,30, de acuerdo al portal del OSCE.

Durante ese periodo, el 2 y 3 de octubre del 2020, se realizó el primer examen de admisión virtual de la San Marcos. Una evaluación que terminó convirtiéndose en un martirio para los postulantes. La plataforma que utilizó la universidad en el examen se llama Smowl. Así lo detalla uno de los tantos comunicados que sacaron para limpiar su imagen luego del escándalo. 

Ese el mismo servicio que ganó el concurso para supervisar los exámenes de la UNI. Se trata de un “sistema continuo de autenticación y monitoreo de estudiantes utilizando el reconocimiento facial”, de acuerdo a la documentación que presentó Seidor a la universidad de ingeniera en el proceso que acaba de ganar. Ahí también, bajo declaración jurada, se acreditan como representantes de Smowl en el Perú.

Pero aunque Seidor lo venda como el mejor sistema, para Alejandra Vela fue más que un dolor de cabeza en octubre del 2020, cuando quiso postular a la San Marcos. “El servicio Smowl, por el cual se desarrolló el examen virtual, nos pedía una determinada capacidad de memoria, velocidad de Internet, nitidez de la cámara. Una serie de requisitos que excluía a los postulantes que somos de bajos recursos”, asegura la joven, exvocera de la Coordinadora de Postulantes de la UNMSM, organización que reúne a los perjudicados por ese proceso de admisión. Ella tuvo que trasladarse de su casa en Comas a San Juan de Lurigancho donde le prestaron una computadora que sí cumplía con las expectativas de Smowl.

“En mi caso me dejaron en la sala de espera, aguardando que el anfitrión me dé acceso, a pesar de que ingresé a tiempo. Como parte del procedimiento, debías ingresar a una especie de intranet y luego a un Google Meet. No fui el único caso”, explica Esteban Godofredo, otro expostulante que no pudo rendir la prueba aquel día.

Ese examen del 2020 estuvo marcado por los reportes de alumnos que no pudieron ingresar por fallas del sistema, pero también por las denuncias de plagio. “El examen de admisión se había filtrado. Hubo capturas del programa Discord [una red social] donde habían transmitido el examen. También mensajes de WhatsApps donde se pedían las claves [de las respuestas]. Además, denuncias de alumnos que entraron sin cámara, algo que las autoridades dijeron que no estaría permitido”, señala Alejandra Vela.

Para José Luis Pérez, en ese entonces consejero universitario y hoy representante del Tercio Estudiantil de la San Marcos, no hay dudas en las fallas del sistema informático. “La universidad mencionó que el programa tenía una inteligencia artificial que detectaba cuando estabas mirando a otro lado. Si te movías o te salías del enfoque, ese sistema supuestamente enviaba una alerta para que verifiquen si estabas ahí. Eso no se dio. En la práctica, una compañera incluso pudo ir al baño y nadie le observó el examen”, recuerda el dirigente estudiantil.

Seidor se defiende diciendo que su sistema no evita plagios, sino que solo los reporta. Sobre las quejas de los alumnos que no pudieron ingresar al sistema, sin embargo, no dicen nada.

“Efectivamente Seidor trabajó en el examen de admisión del 2020 con la UNMSM, fuimos sus proveedores tecnológicos del proctoring, el cual en ningún momento falló. Smowl no es una herramienta restrictiva que bloquea el navegador y por tanto no restringe que los usuarios no puedan copiar texto, pantallazos o demás actos indebidos. La herramienta lo que hace es monitorear de principio a fin lo que hace el estudiante para que al finalizar el examen, los supervisores (la institución) revisen los informes que han detectado todos estos actos”, contestó Seidor a Sudaca. 

De acuerdo a Alejandra Vela, en esa evaluación fallida postularon alrededor de 28.000 personas, de las cuales 14.000 no pudieron dar el examen por fallas del sistema. Godofredo y ella tuvieron rendir la prueba al año siguiente e ingresaron, pero aseguran que aún existen reclamos de algunos jóvenes a los que no les han devuelto el dinero. Dependiendo del colegio de procedencia y el tipo de examen, estamos hablando de entre S/350 y S/1.600.

 

Extraño proceso

El camino que recorrió Seidor para obtener la buena pro de la UNI y supervisar sus próximos exámenes remotos estuvo, por decir lo menos, marcado por irregularidades. Mediante concurso público, la Oficina Central de Admisión de la universidad (OCAD) convocó a empresas nacionales a comienzos de agosto del año pasado. Se presentaron dos. Una fue Seidor y la otra Cipli Research Center SAC. 

El pedido de la OCAD fue para el monitoreo de 58.400 evaluaciones virtuales de todo tipo, no solo de admisión. Luego de hacer un estudio de mercado, fijaron el valor estimado del servicio en S/980.536. La oferta de Seidor fue de S/1.035.961,94 y la de Cipli de S/1.062.720. Después de analizar ambas, la UNI colocó primera en el orden de prelación a Cipli.

El cuadro de evaluación económica del concurso público declarado desierto. Cipli había quedado primera en el orden de prelación.

Sin embargo, el 28 de agosto del 2021, el comité de selección de la UNI declaró desierto el proceso, acusando falta de presupuesto, y rechazó la oferta de Cipli. “Esta dependencia no cuenta con la disponibilidad presupuestal para cubrir el excedente”, se lee en el acta. La diferencia entre el valor que habían estimado para el servicio y la oferta de Cipli era de poco más de S/80.000. 

Un proceso queda desierto cuando no se reciben ofertas o ninguna es válida, de acuerdo a la Ley de Contrataciones del Estado. Cuando existe un problema presupuestal, según Cristian Castillo, abogado especialista en la materia, el área encargada de la contratación puede negociar con el ganador. “Normalmente lo que sucede es que le mandan una carta o correo al postor ganador diciéndole que el presupuesto alcanza hasta cierta cantidad y piden que se rebaje el precio. Es decisión del postor, en este caso Cipli, si acepta o no”, explica. 

Sin embargo, eso no ocurrió. “Nunca se nos acercaron. Si lo hubieran hecho, hubiésemos aceptado”, asegura Lester Vargas, directivo de Cipli en comunicación con Sudaca. Lo que hizo la UNI fue reiniciar el proceso, bajo la figura de adjudicación simplificada, y convocó a las empresas el 22 de diciembre del 2021. Antes la universidad envió un mensaje a los postulantes que, además de ilegal, parecía dejar todo decidido. 

En su solicitud de cotización a Cipli, a fines de octubre pasado, la UNI le pidió una marca en específico: la plataforma Smowl y su versión avanzada Smowl+. Este era, precisamente, el servicio que ofrecía el otro postor y futuro ganador, Seidor. La plataforma que ofrecía Cipli se llama FractalUp.

La primera cotización que envió la UNI a Cipli donde consignaban la marca «SMOWL y SMOWL+» que ofrecía Seidor, el otro postor y posterior ganador.

Este tipo de especificaciones está prohibida por la Ley de Contrataciones del Estado, de acuerdo al abogado Cristian Castillo. “Yo no puedo lanzar una convocatoria para carros diciendo que deben ser Toyota. Eso sí sería irregular”, explica. 

Cipli pidió una explicación a la universidad y le respondieron en una carta que se trató de “un error” y que sería corregido de forma inmediata. Dicho y hecho, en una posterior versión del pedido de cotización ya no aparecía el nombre de Smowl. Pero el anuncio de la marca de su preferencia ya estaba dado.

En el nuevo proceso también se cambiaron las cifras de forma incomprensible. En el concurso anulado, de agosto, el pedido era que el servicio cubra a 58.400 cuentas online por un valor estimado de S/980.536. Para la adjudicación simplificada, la cantidad de cuentas ascendió a 90.000. Lo lógico, al crecer el pedido, hubiese sido que aumentara el valor referencial. Sin embargo, este se redujó a S/955.800.

Es decir, el pedido de la UNI aumentó considerablemente, pero el valor referencial para el servicio decreció. Lo mismo ocurrió con la oferta que hizo la empresa que había perdido en primera instancia y que ahora, terminaría siendo la ganadora. Y es que Seidor bajó su oferta a S/ 946.132,31. Solo Cipli, viendo que le exigían un servicio mayor, la aumentó a S/1.285.020.

Así, el pasado 13 de enero la UNI le otorgó la buena pro a la compañía protagonista del accidentado examen de San Marcos del 2020. En respuesta a Sudaca, la UNI atribuye los cambios en las cifras al nuevo estudio de mercado realizado para la adjudicación simplificada. 

“Dicho monto es el resultado de las actuaciones preparatorias, esto es, solicitar a los potenciales proveedores sus respectivas cotizaciones a efectos de conocer el monto estimado para el servicio a contratar. Prueba de ello, es que se obtuvo tres cotizaciones”, dice un comunicado de esta casa de estudios. Si bien la universidad menciona tres ofertas, en el cuadro de evaluación económica sólo aparecen dos: Seidor y Cipli.

La UNI continuó con este proceso de contratación a pesar que en diciembre, un mes antes de otorgar la buena pro, acordaron mediante resolución rectoral que el examen de admisión 2022-1 será presencial.

Para David Ramos, presidente de la Asociación de Centros de la Universidad Nacional de Ingeniería (ACUNI), máximo órgano estudiantil de la universidad, esto se debe a que la UNI no descarta que la pandemia empeore. “Nosotros como estudiantes hemos exigido un examen presencial. Se logró, pero no podemos ser ingenuos. Por x razones en marzo podría darse una cuarta ola y las restricciones serían importantes. Obviamente esto [el servicio contratado] no está dirigido solo al proceso de admisión”, aclara. 

Ahora queda por ver si en los próximos exámenes virtuales de la UNI se repite el escándalo de la admisión de San Marcos en el 2020. 

**Fotoportada por Darlen Leonardo

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La muerte de un hombre persigue al flamante primer ministro desde hace cinco años. Administrar el camal municipal de Coronel Portillo, en Pucallpa, Ucayali, no solo le trajo a Héctor Valer una denuncia por colusión, sino también una investigación por homicidio culposo. El hecho ocurrió en junio del 2017 y al interior del recinto que, en ese entonces, manejaba su empresa: el Consorcio Industrial de Carnes de Ucayali (Coincar).

La municipalidad provincial le había entregado el camal en concesión a fines del 2016. Esto, “sin someterlo a un proceso de evaluación; afectando la eficiencia, transparencia y legalidad con la que deben regir las decisiones que adopte el Concejo Municipal y la entidad”, según una nota de prensa de Contraloría de la época.

La tarde del 13 de junio, el presidente de la Asociación de Comerciantes de Carnes Rojas de la región, Aster Diaz Ruiz, llegó al lugar para retirar diez cabezas de ganado que había adquirido previamente. Antes, sin embargo, tenía que marcarlas. Como no había personal que realice esa tarea, él mismo entró al corral y empezó a pintar sus iniciales en el cuerpo de las vacas. Una lo atacó de un cuernazo por la espalda.

Toro- ataque
Así informaba la prensa local aquel junio del 2017. Resultó que el ataque fue de una vaca y no un toro.

El hombre murió seis días después en el hospital regional. Su familia denunció a Coincar porque no tenía trabajadores capacitados para el manejo de los animales, a pesar de que los Díaz pagaron S/1.150 por ese servicio. Sudaca ha accedido a una serie de disposiciones de la Fiscalía Provincial Penal de Yarinacochas, que abrió investigación preparatoria el 27 de junio del 2017, en las que se cuenta el suceso con detalles.

En la denuncia presentada por el hijo de la víctima, Maxcel Díaz Moreno, se menciona una situación que era común en el camal: “adolece de personal idóneo y capacitado encargado de realizar tales labores, por lo que su señor padre tenía que ejecutarlas”. El familiar dice, además, que aquel día “únicamente se encontraba una persona que hace las veces de guardián, el mismo que desconoce sobre las actividades de manejo de ganado”. Y añade: “Coincar cobra por estos servicios, a pesar de que no tiene personal capacitado, en un claro abuso de poder y de derecho”.

Díaz Moreno apuntó al mandamás del consorcio, Héctor Valer. “No ha cumplido con brindar las garantías y seguridad al personal externo que ingresa animales para el sacrificio al camal, con personal idóneo y capacitado para realizar tales labores”, aseguró. Durante las diligencias preliminares, el ahora premier replicó que sí tenía personal y que el local era constantemente inspeccionado por el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa). Además, le echó la culpa al ganadero, a quien acusó de haber ingresado a los corrales burlando la seguridad. 

Los hijos de Díaz, sin embargo, presentaron a la Fiscalía el contrato de compra-venta que suscribieron por los animales y el comprobante del pago de S/1.150 a favor de Coincar a cambio de los servicios de faena. Cuando los investigadores le preguntaron al chofer que llevó a Díaz al camal por la seguridad del recinto, este respondió: “no cuenta con las garantías necesarias para brindar ese servicio”.

Apenas ocurrió la muerte, la Asociación de Comerciantes de Carnes Rojas de la región inició un paro indefinido. Y ese mismo año, el Órgano de Control Interno de la municipalidad detectó las ya mencionadas irregularidades en la concesión del recinto.

Camal Municipal
El 2019, la nueva gestión municipal encontró en pésimas condiciones el camal municipal que administraba la empresa de Valer.

Resulta que el Consejo Municipal había incorporado el camal a un proceso de asociación público-privada en setiembre del 2016, pero ese acuerdo fue desconocido en diciembre del mismo año. El Consejo, entonces, le permitió al alcalde darlo en “administración temporal”, algo que -según la fiscalía que ve el caso- no estaba contemplado en la Ley Orgánica de Municipalidades. La propuesta de Valer para manejar el lugar llegó el 9 de diciembre. Tan solo cuatro días después se le dio el visto bueno. 

El contrato fue suspendido tras el escándalo por la muerte del ganadero y la intervención, en paralelo, de los auditores. Coincar tuvo que abandonar el camal y fue dada de baja en abril del 2018. A inicios del 2019, la nueva gestión municipal inspeccionó el lugar y encontró un escenario lúgubre: puertas y ventanas rotas, áreas administrativas destruidas, techos deteriorados, la zona de sacrificio de reses y porcinos en pésimo estado. En general, todo el procesamiento de vísceras se realizaba en condiciones inapropiadas, según una nota informativa de la comuna.

“Hay equipos que han desaparecido”, agregó Rafael Paredes Delgado, entonces gerente de Servicios Públicos y Gestión Ambiental de la municipalidad. La Fiscalía también señala que Valer mantuvo el lugar en condiciones insalubres. “Hubo contaminación, olores fétidos, problemas inclusive en los sistemas de evacuación, residuos sólidos y otros factores que, en la práctica, provocaron mayores daños a la entidad pública y al servicio”, le dijo el fiscal Gomer Santos, que investiga las irregularidades en la concesión del camal, a El Comercio.

En tanto, el caso de la muerte de Aster Díaz pasó a la etapa de investigación preparatoria en el 2018. La fiscal provincial Karen Yzaguirre se pronunció a fines del año pasado a favor de sobreseerlo, pero ahora parece haber dado marcha atrás. “Hay un pronunciamiento en ese sentido y va a ser objeto de absolución de parte de la Fiscalía. Pero dado que el caso se ha hecho emblemático, parece que está ampliando su investigación”, dice el abogado de Valer, Millet Tello Salazar.

Y así fue. El 18 de enero de este año, el despacho de Yzaguirre decidió recabar más testimonios durante febrero. Según el abogado de los deudos, la fiscal tuvo que recular luego de que sus superiores no aceptaran el archivamiento del caso. “El juzgado, al ver la inconsistencia del sobreseimiento, ha elevado la consulta a la fiscalía superior y esta ha ordenado a la provincial que continué la investigación”, explica el doctor Marco Antonio Texeira. Sudaca llamó a la fiscal del caso, pero no obtuvimos respuesta.

Providencia Fiscal
En enero de este año, la fiscalía dispuso seguir recogiendo testimonios.

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Hector Valer, homicidio, Ministerio público
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