Tras 50 años y 5 meses de dedicación al Instituto de Radio y Televisión del Perú (IRTP), Gustavo Palacios (70) compartió un desgarrador relato sobre su experiencia en el trato que el IRTP acostumbra tener con sus trabajadores.
«Quiero compartir con ustedes el café más amargo que he recibido en toda mi vida (…), después de haber dedicado más tiempo diariamente a la institución que a mi hogar«, mencionó Gustavo en un mensaje que se publicó con el fin de advertir sobre las formas que se utilizaron para entregarle su carta de cese.
Palacios ha tenido una larga trayectoria dentro del IRTP, sin embargo, la pandemia de la COVID-19 no fue mezquino con él, ya que padeció de esta terrible enfermedad en más de una ocasión. Esto ocasionó que Palacios sufriera de diferentes secuelas que llegaron gravemente hasta el corazón.
Opresiones en el pecho. Falta de aire. Cansancios frecuentes. Es solo el inicio de los problemas de salud y del giro que tomaría su vida y su situación laboral. Entre todas las revisiones médicas detectaron que tenía, del 100% de funcionalidad del corazón, un 21% que no estaba funcionando adecuadamente.
Le detectaron angina e isquemia por los problemas cardíacos que venía sufriendo y que una de las arterias se encontraba obstruida. Por lo que, después de tantas intervenciones y encontrándose en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) decidieron reunirse en una junta médica para que deliberaran y finalmente llegar a la conclusión que Gustavo debía ser intervenido en una cirugía abierta de bypass coronario.
“Me encontraba internado en el Hospital Edgardo Rebagliati desde el 26 de marzo hasta el 8 de abril, pasaron 14 días sin que ninguna persona de bienestar social (del IRTP) se preocupara”, mencionó Gustavo recordando la falta de interés de la oficina.
Sin embargo, la gota que colmó el vaso de su decepción fue el trato recibido el 5 de abril, fecha en la que cumplió 70 años. En lugar de recibir muestras de apoyo o consideración por su estado de salud, la oficina de bienestar social se adelantó a entregarle, a la velocidad de la luz, la carta de cese por jubilación en su domicilio. “(El IRTP) me tenía un «presente», que resultó ser la notificación de mi cese”, mencionó.
«Lo que no estoy de acuerdo es la forma. No se preocupan por el trabajador pero sí por otras cosas», lamentó Gustavo señalando que la oficina de bienestar social dentro del IRTP debería tener otro nombre, ya que parece más preocupada por organizar ferias de antojitos y productos comerciales que atender los problemas reales de los trabajadores.
Y es que no cabe duda de su afirmación, recordemos la denuncia realizada por la colega Maria de Jesus Gonzales sobre el trato que recibió cuando no le permitieron el ingreso al canal por un tema de feriado y respeto a su contrato y la estabilidad laboral.
«No es que desconozca la ley, es automáticamente«, expresó con amargura.
La respuesta del IRTP
Cuando conversamos con Gustavo nos mencionó que mandó su malestar por medio de un correo electrónico a la Sra. Ninoska Chandia, presidenta del Instituto Nacional de Radio y Televisión, así como también, al gerente general de quien recibió respuesta.
Respuesta de Luis Vivanco Aldon, Gerente General del IRTP
Gustavo concluyó su mensaje con un llamado al sindicato para que tome en cuenta lo expuesto y tome acciones al respecto por aquellos trabajadores que aún siguen en funciones y aquellos que están próximos a la jubilación.
Este testimonio arroja luz sobre las deficiencias en el sistema de bienestar laboral dentro del IRTP y plantea interrogantes sobre la verdadera preocupación de la institución hacia sus empleados. Al cierre de este informe, el caso de Maria de Jesus Gonzales y de otros compañeros siguen en pie de lucha por ser reconocidos para beneficio de su integridad como colaboradores del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú.
La impactante historia sobre uno de los policías que pasó de ser uno de los protagonistas en operativos contra la corrupción a ser señalado como el que alertaba a los investigados.
La madrugada del jueves 29 de noviembre del 2018, la gente de Chiclayo volvía a presenciar que, al igual que había pasado años atrás con Roberto Torres, un alcalde en funciones era detenido por presuntamente liderar una organización criminal. Ese día, el burgomaestre David Cornejo Chinguel terminaría arrestado y, días después, ocurriría lo mismo con otros funcionarios de su confianza.
Si bien la caída del líder suele representar el golpe definitivo paralas organizaciones criminales, en este caso parecía que apenas estaban abriendo la puerta de un escándalo todavía mayor que no sólo había involucrado a funcionarios municipales sino que también incluía a un informante disfrazado con uniforme policial. Sudaca accedió a documentos de este insólito caso que, además, ha evidenciado una serie de irregularidades en las investigaciones posteriores.
EL INFORMANTE
Cuando se realizó el operativo en el cual se capturó al alcalde Cornejo Chinguel también fueron arrestados doce funcionarios y, como corresponde, se les tomó declaraciones para conocer su participación en la organización criminal. Uno de estos funcionario era Nilton César Monje Sampen, quien se había desempeñado en varios cargos de confianza en la Municipalidad Provincial de Chiclayo tras la llegada de Cornejo Chinguel a la alcaldía.
Por su cercanía con el alcalde arrestado se esperaba que Monje Sampen pueda aportar una declaración valiosa. Sin embargo, lo que terminó relatando fue una situación que pocos podían imaginar. En su primera declaración del 22 de diciembre del 2018, el exfuncionario reveló que, en una visita a la casa del alcalde, el propio Cornejo Chinguel le había contado que tenía un amigo en la policía que le advertía de los operativos hacia la municipalidad.
Tal como se puede apreciar en estos documentos, Monje no sólo expuso la existencia de este infiltrado sino que lo identificó como el comandante Romel Díaz y, en otra parte de la declaración, señala que este aliado del alcalde incluso le había advertido que se estaban monitoreando sus llamadas y hasta se jactaban de haber frustrado un operativo a la Gerencia de Transportes gracias a la colaboración de este policía.
Como era de esperarse, esta impactante revelación no tardó en llegar a los medios de comunicación y fue el diario Correo el que expuso a la opinión pública que el detenido alcalde de Chiclayo contaba con un policía como infiltrado para estar al tanto de cualquier operativo que lo pudiese perjudicar. Además, en dicha publicación se mencionaba que esta protección que recibía el alcalde era a cambio de diez mil soles mensuales.
Pero lejos de tomar el camino de la transparencia, este caso empezó a tomar uno que generó un sinnúmero de sospechas y el 28 de enero se produjo uno de movimientos más llamativos de esta historia cuando Nilton Monje Sampen realizó una extraña ampliación de declaración en la cual negó que Romel Díaz haya sido el policía que filtraba información. Monje alegó que, debido a un cuadro de diabetes emotiva, se refirió a Romel Díaz sólo porque fue un nombre que surgió en comentarios y, además, afirmó no conocer a Díaz en persona y que ignoraba el rango que ostentaba.
Pero esta no sería su única ampliación de declaración. En diciembre del 2019, Monje Sampen volvió a declarar y en esta oportunidad señaló que esta persona, a quien decía conocer sólo por el apellido Díaz, era un técnico de la policía que pertenecía a la religión evangélica. El exfuncionario municipal indicó que esta información la conoció por el propio alcalde Cornejo.
EL EXPEDIENTE DÍAZ
Pero esta no es la primera vez que el policía Romel Díaz es noticia. En el pasado, tal como informó Sudaca en el informe titulado Informes fantasmas y castigos reales, Díaz estuvo involucrado con la elaboración de un informe que presentaba muchas irregularidades y fue usado para conseguir la detención preventiva de varios funcionarios que fueron involucrados con el caso “Los Limpios de la Corrupción”pese a que el tiempo demostraría que esta medida era innecesaria y que no existían pruebas en su contra.
Es por esta razón que también resulta sospechoso el accionar del fiscal Juan Carrasco Millones, quien trabajó con Díaz en el caso “Los Limpios de la Corrupción”. Cuando este caso del posible infiltrado que proporcionaba datos de los operativos al alcalde cae en manos de la Fiscalía Especializada en delito de Corrupción de Funcionarios, la fiscal provincial Karim Ninaquispe le solicitó a su colega Carrasco Millones la información al respecto.
Es a partir de este punto se empiezan a evidenciar algunas decisiones extrañas en el accionar de Carrasco Millones. Por ejemplo, en el documento correspondiente a la apertura de investigación preliminar, se observa que la fecha indica 28 de enero y, al mismo tiempo, se programa una ampliación de declaratoria para el mismo 28 de enero pese a que deberían avisarse con 72 horas de anticipación.
Además, como parte de otro movimiento extraño por parte de Carrasco Millones previamente, decide citar a declarar a los policías que sólo habían sido testigos de la declaración que brindó Nilton Monjes en la cual inculpaba a Romel Díaz.
Si bien la captura del alcalde Cornejo Chinguel parecía representar el fin de una organización criminal, lo expuesto por Nilton Monjes revela un problema incluso mayor, como lo es la filtración de información de operativos. Sin embargo, pareciera que por tratarse de un infiltrado inesperado la investigación de este caso ha terminado plagada de cambios inexplicables.
Se presume que el asesinato fue para callar sus declaraciones en la Corte Suprema. Santiago Guardamino Gonzales ocupaba el cargo de presidente de la Directiva Comunal de la Comunidad Campesina de Quipan cuando a manos de sicarios se silenció su vida con 9 balas en el cuerpo. El dirigente fue asesinado a pocos metros de su casa. A pesar de ello, ¿Que hay detrás de la muerte de Guardamino?
El dirigente asume el cargo de presidente mientras la comunidad padecía una grave crisis producto de irregularidades de su antecesor. Y es que la comunidad vende un total de 10,000 hectáreas fraudulentamente por 600,000 soles a favor de la empresa Industrias Arguelles, Servicios Generales S.A.C, esto se hizo en complicidad con el entonces presidente de la comunidad, el señor Abel Cruz Mosquera Ortiz, falsificando documentación (Acta de Asamblea General y estudios topográficos y catastrales) y a un precio irrisorio que ni siquiera el cuerpo de tasadores del Ministerio de Vivienda lo hubiera calculado a sesenta soles la hectárea.
Por estos hechos Santiago Guardamino, plantea ante el 4to Juzgado de Lima Norte la NULIDAD DEL CONTRATO y realiza una denuncia penal contra la dirigencia saliente de Mosquera Ortiz. Siendo este último condenado -en primera instancia- con 5 años de prisión efectiva y -en segunda instancia- se redujo a 4 años de prisión suspendida, lo que fue motivo que en dicho proceso penal sea arribado a la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema (expediente N° 7399-2023) el cual tenia que ser resuelto el día 03 de abril de 2024 después de la declaración de Santiago Guardamino.
Sin embargo, esta complicidad de Mosquera Ortiz y la empresa Industria Arguelles y Servicios Generales S.A.C tenía como propósito crear sobre el terreno vendido fraudulentamente, el relleno sanitario “Proyecto Ecológico Sanitario Kurumi”. Entonces, por miedo a que el Contrato se anule y la propiedad retome a la Comunidad de Quipan al acreditarse el delito en la Corte Suprema fue asesinado.
Así mismo el asesinado en forma paralela inicia un proceso civil para anular la compra venta, el cual está directamente vinculado al resultado que emitirá la Corte Suprema luego de escuchar a Santiago Guardamino el día 03 de abril del 2024, lo cual ya no ocurrió debido a que fue asesinado.
Como se sabe las empresas de mayor crecimiento en la actividad dedicada a otorgar acreditaciones para productos alimenticios y empresas, actúan como facilitador para el operador, para el productor. Y, buscan que (con la certificación) este operador o productor puede comercializar tanto a nivel local como internacional sus productos.
Las empresas representadas ante el Instituto Nacional de Calidad (INACAL), que se encargada de dar las acreditaciones como laboratorio, como organismo de inspección, como certificadora, digamos son las condiciones, una vez que las empresas están acreditadas pasan a ser autorizadas si es que los alcances de la acreditación lo permiten como autorizadas para hacer labores en favor de la certificación sanitaria oficial pesquera: el Organismo Nacional de Sanidad (SANIPES), que pertenece al Ministerio de la Producción en el área de pesca; entonces, por ejemplo, si un laboratorio hace cosas para ambientales, para alimentos y, también, para la pesca.
Entonces, una vez que obtenida la acreditación que otorga INACAL en ejercicio de sus facultades que le confieren la Ley N° 30224 y el Reglamento de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Calidad, la empresa inetresada se acerca a SANIPES para solicitarle la autorización porque ya estaría en condiciones de hacer la labor, es decir, tener los apoyo que son la inspección, el muestreo y el laboratorio de sales, entonces SANIPES hace toda una evaluación profunda, inclusive más pesada que la del mismo INACAL y autoriza con una resolución ahí se está sujeto a una serie de controles y evaluaciones, y la empresa pierde la condición de acreditado o la suspenden ya sea por ene razones, también pierden la condición de autorizado en SANIPES, y ya no podría trabajar como entidad de apoyo de SANIPES hasta que no se resuelva la situación, pero, ojo, que no es tan fácil que INACAL te levante la suspensión y después se levante en SANIPES no es así, ellos te vuelven a evaluar. Este es el caso de la empresa Bureau Veritas (Inspectorate Services Perú S.A.C.) que le ha sido suspendida la acreditacióny tendría que estar suspendida en la autorización y con una resolución, el hecho concreto es que INACAL los ha suspendido y por lo tanto ellos tienen en este momento la obligación de cancelarle la autorización o suspenderle la autorización y sin embargo, siguen trabajando prestando servicios de inspección y muestreo de productos pesqueros para la exportación a las empresas pesqueras.
Leyenda: En la página web de la Dirección de Acreditación del INACAL, se puede confirmar la suspención de Inspectorate Services Peru S.A.C.
Entonces, si INACAL le ha suspendido la acreditación Inspectorate Services ha debido informar inmediatamente a SANIPES para que en conocimiento de ello mediante una resolución se suspenda la autorización, y, luego de acuerdo con las razones de la suspensión evaluar si siguen o no siguen autorizados cosa que ya es un tema de profundo análisis que tienen que hacer ellos, pero la condición en este momento es que tienen que estar suspendido de SANIPES, sin embargo, parece ser que siguen trabajando tramitando los expedientes y seguramente le han dicho a sus clientes que no se preocupen porque SANIPES no le ha emitido ninguna suspensión y eso es totalmente irregular,pero SANIPËS debe tomar acción inmediata y explicar porque razón no los ha suspendido.
Leyenda:En la relación de laboratorios autorizados como entidades de ensayo de SANIPES se sigue encontrando vigente Inspectorate Services a pesar de estar suspendida por INACAL.
INACAL explica que, como parte de las obligaciones, las empresas que están acreditadas por INACAL y también son organismos autorizados por el SANIPES, entonces INACAL sí le solicita a la empresa que comuniquen este tipo de sanciones, por ejemplo, y toman conocimiento o toman alguna acción respecto a ello, pero sí sería bueno que fuera el laboratorio el que comunique a SANIPES de esa acción o algún tipo de situación que afecte su acreditación y también su funcionamiento.
Es rarísimo lo que ha pasado, SANIPES ya debería de haber tomado conocimiento porque no podría Bureau Veritas (Inspectorate Services Perú S.A.C.) estar vigentes en un registro oficial ya que se encuentran suspendidos en el INACAL y eso si es grave porque están incumpliendo la normativa relacionada a la certificación de exportación de productos pesqueros que dice los siguiente en el artículo 5: “Cuando la acreditación de las entidades de inspección y/o ensayo o el alcance de inspección y/o método de ensayo se encuentre suspendida o cancelada, no pueden realizar las actividades y/o servicios involucrados mientras dure dicha condición.”
SANIPES al tomar conocimiento que el INACAL ha suspendido tendría que tomar acción inmediata y suspenderlos también y además investigar porque los han suspendido, digamos que podría pasar que la Municipalidad Provincial del Callao le quite haya quitado la licencia y por eso INACAL también puede suspender la acreditación, la empresa no puede atemperar y decir que la municipalidad ha sido muy drástica y les quitó la licencia, para operar como organismo acreditado se necesita licencia, sino tienes licencia no estas acreditado, sino estas acreditado no lo pueden tener autorizado así de simple.
Estelunes 01 de abrilse debe adjudicar la buena pro del alquiler de vehículos de limpieza para Lima. Innova Ambiental cuenta con muy pocos recursos a favor y se tienta con una posible salida de la capital. Esto se suma a los tantos problemas que sigue golpeando a la concesionaria que ha hecho lo imposible por aferrarse a la MUNILIMA.
Bajo el antiguo esquema, operado por Innova Ambiental, la ciudad desembolsaba 63 soles por cada tonelada de residuos, desglosados en 55 soles para el uso de la planta de transferencia y 8 soles para la disposición final de la basura en el sitio de Portillo Grande, un lugar que, pese a su uso frecuente, carece de las licencias y certificaciones necesarias para operar como relleno sanitario, funcionando más bien como un botadero informal. Este proceso requería un recorrido de 62 kilómetros para completar la disposición de los residuos generados por la metrópoli.
Contrastando radicalmente con esta práctica, el nuevo planteamiento propuesto y adoptado por la Municipalidad de Lima logra reducir la distancia a tan solo 29 kilómetros y el costo a 16 soles por tonelada, sin necesidad de recurrir a una planta de transferencia. Este cambio no solo representa una notable mejora logística sino también un ahorro sustancial de 47 soles por cada tonelada de residuos gestionados. Dado que Lima genera aproximadamente 650 toneladas de basura diariamente, el ahorro proyectado asciende a 11 millones de soles anuales.
El núcleo de esta transformación radica en la contratación de un relleno sanitario debidamente certificado y con todas las licencias requeridas, que cumple con la normativa ambiental vigente. Este cambio no solo optimiza los recursos financieros de la ciudad, sino que también aborda las preocupaciones ambientales y de salud pública asociadas con la disposición inadecuada de residuos.
Esta iniciativa de la Municipalidad de Lima es un paso significativo hacia un manejo más eficiente y sostenible de los residuos sólidos, lo que demuestra un compromiso con la mejora continua de los servicios urbanos y con la protección del medio ambiente. Con esta medida, la ciudad no solo espera ahorrar millones de soles al año sino también minimizar su huella ambiental, marcando un precedente importante en la gestión de residuos en el Perú.
¿Qué está pasando ahora?
Se está mencionando que la administración del alcalde López Aliaga pagará el doble por el manejo de residuos sólidos al optar por un relleno privado, a pesar de contar con dos rellenos propios y operativos que podrían cubrir las necesidades de la ciudad. Sin embargo, esta afirmación es falsa, ya que la implementación de un nuevo sistema de gestión de residuos sólidos ha generado un ahorro significativo para la ciudad, reduciendo el costo de disposición de residuos de 63 a 16 soles por tonelada.
Además, se menciona que la Municipalidad de Lima realizó un proceso de adjudicación directa en dos días, sin concurso público y por tres años, para la disposición final de residuos sólidos en un relleno privado, a pesar de que los rellenos de la comuna ofrecen un costo significativamente menor por la misma operación. Sin embargo, el proceso de adjudicación se llevó a cabo en cumplimiento de la Ley de Contrataciones del Estado y contó con un Comité de Selección independiente.
Por otro lado, no se puede afirmar que la clausura temporal del relleno sanitario El Zapallal se debió a un supuesto mal manejo de residuos sólidos por parte de la empresa Innova Ambiental. En realidad, la decisión se tomó debido a la falta de cumplimiento de normativas ambientales y a la necesidad de utilizar un relleno sanitario certificado que cumpla con la normativa vigente. (PAMA y certificaciones del MINSA, DIGESA y MINAM)
Al cierre de este informe, estaremos atentos al pronunciamiento de la Municipalidad de Lima sobre esta buena pro de vehículos de limpieza que tiene que dar una respuesta clara a los vecinos sobre esta gran problemática que viene perjudicando la salud y sostenibilidad de la comunidad. Problemas que se vienen generando desde las adendas que dieron una vida duradera a Innova Ambiental en la capital, así como también, con el relleno sanitario de “El Zapallal” que generó tantas discusiones y divisiones en Lomas de Carabayllo.
Sale a la luz un nuevo capítulo polémico del historial del exministro Juan Carrasco. Sudaca conversó con la protagonista de una escandalosa acusación de plagio contra Carrasco Millones.
Aunque su momento de mayor popularidad a nivel nacional fue por lo que parecía ser una labor heroica contra la corrupción, el historial de Juan Carrasco Millones parece estar plagado de más cuestionamientos que méritos por su labor en los diferentes cargos que ocupó antes de convertirse en ministro durante el gobierno de Pedro Castillo.
Tal como lo ha relatado Sudaca en informes anteriores, los casos en los que ha estado involucrado Carrasco Millones han recibido serias críticas que van desde el uso de colaboradores eficaces manipulados hasta el uso de informes de inteligencia que luego desaparecieron sin dejar rastro.
Sin embargo, en esta oportunidad, la historia que pudo conocer Sudaca lo involucra con una grave denuncia por un aparente plagio para el cual, además, habría contado con la protección de fiscales, Poder Judicial y hasta la policía, según relató un personaje clave en esta historia que habló con este medio.
UNA EXTRAÑA COINCIDENCIA
Esta historia empezó hace más de una década cuando a Segundo Montenegro Villegas y Andrés Samamé Chuque se les inició un proceso penal porque, supuestamente, eran responsables por el delito de insolvencia fraudulenta bajo la modalidad de simulación de deuda y había tenido como agraviado a Inversiones Agroindustriales UPS SAC, empresa que realiza aportes de capital y había comprado acreencias de la Corporación Agrícola Úcupe.
En septiembre del 2015, el Sexto Juzgado Penal Unipersonal de Chiclayo, con el juez José Merino Iberos a la cabeza, emitió una sentencia absolutoria en favor de Montenegro y Samamé. En base al informe técnico que proporcionó Indecopi, los acusados se libraron de la acusación fiscal debido a que la acreencia cuestionada no cumplía con lo exigido por el Artículo 209 del Código Penal para que se configure como un delito.
Sin embargo, esta historia todavía no estaba cerca de su final. Juan Carrasco Millones, quien se desempeñaba como fiscal, y Percy Panta Burga, el abogado de Inversiones Agroindustriales USP SAC que era la empresa supuestamente afectada, interpusieron el recurso de apelación en la audiencia de lectura de sentencia.
Por ello, el 14 de septiembre a las 2:38 pm, Percy Panta Burga, en nombre de Inversiones Agroindustriales USP SAC, presentó el recurso de apelación contra el fallo absolutorio que el juez José Merino había dado días atrás.
Si bien se trata de un recurso válido, llamó la atención que, poco más de una hora después, el fiscal Juan Carrasco Millones presentara un recurso de apelación con detalles muy particulares que han sido el objeto de una investigación.
“Tanto el fiscal como el abogado no sólo hayan coincidido en sus posiciones de discrepar con la decisión del juez sino que, además, han redactado los fundamentos del recurso de un modo muy inusual que, a simple vista, hace sospechar que se tratade algo más que de una coincidencia”, comentó a Rosa Chambergo Montejo, directora del semanario Expresión.
El medio que encabeza Chambergo se encargó en ese momento de investigar las extrañas coincidencias entre los documentos presentados por Carrasco y Panta. “Los cinco fundamentos que aparecían en el recurso del fiscal eran la copia textual, hasta con los mismos errores, del recurso presentado por el abogado Percy Panta Burga”, declaró Chambergo a Sudaca.
Esta investigación demostró que, en los dos primeros fundamentos del recurso de apelación, el fiscal Carrasco Millones y el abogado Panta Burga iniciaban y finalizaban los párrafos con las mismas palabras. Aunque lo que hacía que esta situación sea todavía más sospechosa era que incluso cometían los mismos errores.
Pese a que el proceso en cuestión se había iniciado en aplicación del inciso 2 del Artículo 209 del Código Penal, tanto Carrasco como Panta habían cometido el error de invocar el inciso 1 en uno de los fundamentos presentados. “Era una copia. Las palabras empleadas son las mismas”, comentó la directora del semanario regional Expresión.
CONSECUENCIAS
Un caso con tantos indicios de plagio supondría, para el criterio dela mayoría, el inicio de investigación y posterior sanción a los involucrados. No obstante, el único que debió afrontar consecuencias en esta historia fue el medio regional que expuso las extrañas coincidencias en los documentos presentados por el fiscal y el abogado.
“Nos envió una carta notarial. Nos amenazó y nosotros le dijimos que no nos rectificábamos”, relata la directora de Expresión sobre la actitud del entonces fiscal Carrasco Millones tras la publicación que hizo su medio. “Era cierto lo que nosotros estábamos publicando. No era ninguna difamación. Si nosotros no hubiésemos tenido la razón, él podría haber denunciado”, agregó Chambergo.
“Desde nuestro punto de vista, esto significa un plagio. No puede haber un escrito igual cien por ciento a otro, menos si lo presenta un funcionario del Estado”, indicó el abogado Carlos Martínez Oblitas, quien era decano del Colegio de Abogados de Lambayeque, en declaraciones al medio RPP cuando se difundió este caso.
No obstante, pese a las pruebas, este caso no derivó en ningún tipo de sanción para los involucrados. Para Rosa Chambergo del semanario Expresión, el final de esa historia no es resultado de una investigación seria y señala que “Él (Carrasco) tuvo toda la protección del Poder Judicial, policía y compañeros fiscales”.
Aunque el aparente plagio que se relata en esta historia despierta indignación y lleva a que se pierda la confianza en los encargados de velar por la justicia, lo más grave resulta que los involucrados, además, cuenten con protección de sus propios colegas pese a lo cuestionable de su accionar.
Construido con capitales chinos y peruanos en proporciones de 60 y 40 por ciento, el primer puerto privado de uso público en la costa peruana pretende convertirse en el puerto hub regional del Pacífico Sur, entendiendo que la palabra inglesa hub significa eje y que describe sintéticamente todas las actividades que se pueden realizar desde un centro que las conecte.
Esas actividades habilitarán nuevas puertas de ruta directa para mover productos desde y hacia Asia. Además, como es lógico suponer propiciará el desarrollo de cadenas de valor en diversas industrias nacionales y creará un polo de desarrollo en la zona norte de Lima, generando empleo y crecimiento económico.
Desde abril del 2011 se desarrolla el proyecto de diseño y construcción del puerto de Chancay, cuya inversión total superaría los 3,400 millones de dólares, de los cuales se ejecutarán 1,315 millones en la primera etapa.
La infraestructura del puerto de Chancay incluirá cuatro amarraderos (dos para contenedores y dos multipropósito), 730,000 metros cuadrados de área de operaciones de muelle y contará con 270,000 metros cuadrados de área auxiliar integral en el complejo de ingreso, que tendrá un equipamiento de grúas.
Debido al enorme tamaño del proyecto y a sus ramificaciones en aire, mar y tierra, algunas organizaciones ambientalistas han señalado una enorme cantidad de perjuicios para las personas y el ecosistema marítimo, pero sobre todo por su particularidad de ser un puerto privado de servicio público.
Es exactamente ese último punto el que ha desatado una guerra de varios contendientes conocidos y otros que operarían detrás de estos.
Así las cosas, hace poco más de una semana un influyente ex ministro ha revelado que operadores marítimos chilenos a través de abogados peruanos han lanzado un desafío legal cuestionando las prerrogativas otorgadas al puerto de Cosco Chancay Ports. Dichos abogados argumentan que el puerto carece de estatus de puerto privado y, por lo tanto, debe estar sujeto a intervención y regulación de entidades concesionadas.
A partir de ese pedido, la Autoridad Portuaria Nacional ha solicitado al procurador abrir una investigación sobre el directorio anterior y habría generado un clima de incertidumbre al cuestionar los derechos de los inversionistas chinos.
Horas antes que comience el feriado por Semana Santa, una cadena de televisión y otra radial dieron a conocer los acuerdos del actual directorio de la Autoridad Nacional Portuaria, entre los cuales está la presentación de una demanda ante el Poder Judicial contra el artículo 2 de la Resolución de Acuerdo de Directorio de 2021 entre el gobierno peruano y el consorcio chino, por la exclusividad de los servicios portuarios que se le otorgó al consorcio en 2021.
China es desde 2014 el primer socio comercial de Perú, desbancando de ese puesto a Estados Unidos.
China es desde 2014 el primer socio comercial de Perú, desplazando de ese puesto a Estados Unidos.
Para tener una idea clara y de contenido profesional, acudimos donde el doctor José Antonio Pejovés Macedo para escuchar su opinión sobre el tema en debate.
Doctor Pejovés, ¿qué opina sobre la objeción del actual directorio de la Autoridad Portuaria Nacional a la exclusividad de los servicios portuarios que le otorgó el directorio de la Autoridad en 2021, debido a que no cumpliría con el principio de legalidad administrativa por ir contra la libre competencia?
Lo primordial es la la mala señal que se da hacia afuera respecto al clima ya bastante deteriorado de seguridad jurídica; este tipo de acciones tomadas por la administración lo que genera es un clima de inseguridad jurídica, y eso perjudica a cualquier inversionista que quiera venir al país a poner dinero en el desarrollo de infraestructuras de transporte, como son los puertos, más allá de que sea Chancay o cualquier otra empresa, eso es lo principal, porque la exclusividad como tal la puede otorgar la Autoridad Portuaria Nacional, así lo permite la ley del sistema portuario y de hecho todas las concesiones que hay en el país: el concesionario del puerto de Paita, los dos concesionarios que hay en el Callao (DP World y APM Terminals), el concesionario del terminal portuario del general San Martin de Pisco. Todos esos contratos se han firmado y se les ha otorgado la exclusividad; el hecho que Chancay no sea una concesión, sino una iniciativa privada que se ha tramitado como una autorización de uso de área acuática no prohíbe que también se le pueda dar la exclusividad, de hecho estamos hablando de casos que circunstancialmente son muy similares: inversiones hundidas para desarrollar transporte de uso público. Hasta ahí todo es muy parecido, entonces lo que se hizo fue, si bien es cierto que hay un vacío o laguna jurídica, el derecho tiene soluciones o remedios para ello, porque bajo ningún modo se puede aceptar que la administración del Estado se quede con los brazos cruzados sino que tiene que actuar y para eso hay remedio. Nosotros los abogados sabemos que uno de ellos es la integración. La integración que busca precisamente cubrir esas lagunas, cubrir esos vacíos mediante la aplicación de la analogía, los principios generales del derecho, entonces la solución jurídica está sobre la mesa, la cosa es que no la han aplicado no sé porque razón y han preferido ir a pedirle al Poder Judicial que declare la nulidad de esta resolución de acuerdo con el directorio que concedió la exclusividad.
Otros intereses
Es posible que haya habido algún tipo de presiones, se habla, también, de intereses de los Estados Unidos, que no ha hecho inversiones en América Latina ni en otros lugares del mundo, como si las ha hecho China, que ahora opera El Pireo en Grecia, el terminal de Valencia, España, el puerto de Hamburgo y otros puertos menores en Europa. Tenemos que darnos cuenta que en el mundo ahora hay grandes intereses geopolíticos.
Finalmente, creo que está muy mal lo que han hecho la Autoridad Portuaria Nacional y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y la Autoridad Portuaria Nacional, que está adscrita al MTC y también Ositran porque hay un informe de Ositran en contra, luego la APN consultó con el estudio Olaechea que son abogados de APM Terminals y hay un interés ahí, entonces si yo tengo el puerto y en el puerto tengo la exclusividad yo tengo todas las operaciones portuarias, todo el manejo de la prestación de servicios esa exclusividad es distinta que yo tenga otros actores dando vueltas al rededor ofreciendo servicios porque ya no voy a tener un ingreso garantizado. Además, se tiene que determinar luego si es que hay o no competencia interportuaria porque Chancay está cerca de Callao ya luego el regulador determinará si es que hay necesidad de fijar las tarifas portuarias las tasas portuarias.
En días pasados, se conoció que el Estudio Olaechea, uno de los más antiguos y prestigiosos del país, había representado al Ministerio de Transportes y Comunicaciones en el pedido de anular la exclusividad de los servicios del Puerto de Chancay, tal como lo había pedido el directorio actual de la Autoridad Portuaria Nacional, contraviniendo el acuerdo del directorio de 2021. El Estudio Olaechea indicó que luego de identificarse la irregularidad se notificó a la Autoridad Portuaria Nacional, la cual admitió haber incumplido parámetros legales. Además, el Estudio Olaechea afirmó que no emprendió una acción legal para solicitar que se anule la exclusividad de Cosco Shipping Ports en los servicios esenciales en el Puerto de Chancay. El estudio indica que se ciñeron a ley poniendo solamente en conocimiento de la Autoridad Portuaria Nacional el error administrativo cometido.
“El hecho que esta irregularidad no haya sido identificada antes por la propia autoridad, las partes o por la empresa involucrada, no es obstáculo para que el Estudio Olaechea haya identificado esta inconsistencia que dio lugar a que la autoridad resuelva en favor del recto cumplimiento de la Ley, en beneficio de la seguridad jurídica; de la economía de mercado, los inversionistas y todos los actores involucrados en la actividad portuaria nacional”, informaron mediante un comunicado.
¿Por qué aparece el Estudio Olaechea en esta discusión entorno al puerto de Chancay? Recientemente, el titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), Raúl Pérez Reyes, reveló que el pedido de la APN a la Procuraduría del MTC para que presente una demanda alrededor de la exclusividad en los servicios del puerto de Chancay nace porque dicho estudio se comunicó con APN.
“Una persona natural, a través del Estudio Olaechea, planteó que este segundo artículo no estaba acorde a la Ley General de Puertos y su reglamentación. Se hizo el análisis y efectivamente (…) en el derecho administrativo uno puede hacer solo lo que está permitido hacer, lo que no está reglamentado o establecido, uno no tiene que hacerlo. La ley no permitía explícitamente que se presten servicios en exclusiva”, refirió hace unos días.
Probablemente, este asunto no termine en un final feliz, porque más allá de las maniobras legales y burocráticas, los interese económicos son gigantescos, pues representan todo el futuro comercio entre Chancay y Shanghái puerta de entrada a la inmensa economía asiática.
Como lo ha venido informando Sudaca en otros informes, el presente de la industria pesquera en el sur peruano no sólo atraviesa un momento crítico, sino que corre el riesgo de estar cerca de alcanzar un punto sin retorno para la historia de varias empresas que se dedican a este rubro y estarían próximas a cerrar.
Con ello también se estaría esperando un fuerte impacto en la estabilidad laboral y económica de las numerosas familias que dependen del sector pesquero y hoy empiezan a ver con desesperanza que la historia de esta crisis cambie de rumbo hacia un futuro prometedor. La ausencia de interés y, por lo tanto, de una respuesta rápida de las autoridades les resta optimismo con el paso del tiempo.
Esta situación se ha dado debido a que la industria pesquera ha ocupado, históricamente, un rol fundamental en la economía de la región sur. Además del trabajo en las embarcaciones pesqueras, la industria también ha tenido un rol clave en la generación de empleos de distintos rubros en esta región. Sudaca ha conversado con Eduardo Marengo, superintendente de planta de la empresa TASA para conocer mejor el difícil presente que están atravesando en esta zona del país.
EL SUR EN RETROCESO
Para Eduardo Marengo, ingeniero pesquero con más de treinta años de experiencia en el sector, lo que está ocurriendo en el sur es un innegable retroceso. “Sobre una evolución puedo comentarte de la zona centro y norte, pero en la zona sur hubo un retroceso. He encontrado al sur empobrecido”, comentó.
Según explica Marengo, la situación actual de la zona sur es resultado de un cumulo de sucesos sociales, climatológicos y técnicos, que aplicados al sector, han golpeado una de las principales actividades económicas de la región y agrega que, “la cadena económica está bastante fracturada y la gente sufre”.
Estas expresiones también se ven reflejadas en los alarmantes números que se reportan desde el sur en los últimos años. Las cifras que arrojó un estudio reciente elaborado por Macroconsult indican que, entre 2016 y 2023, se dejó de dar empleo a más de 450 personas y se dejaron de pagar veintidós millones de soles en salarios.
Con respecto al impacto en la economía de la región, Marengo explica que “hay muchas empresas que han quebrado y negocios pequeños que eran aportantes al erario nacional” y, sobre los puestos de trabajo perdidos, afirmó que “entre puestos directos e indirectos, son decuarenta a cincuenta mil puestos de trabajos”.
Sin embargo, la actualidad de la industria pesquera en el sur podría ser radicalmente diferente, pero entre las voces para mantener las restricciones actuales están las de aquellos que acusan una posible sobrexplotación. Sobre este tema, Marengo aclara que “la pesquería peruana de anchoveta está fuertemente regulada y custodiada. Es tan eficiente su control que ha sido reconocida por universidades como Yale, Columbia y la misma FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura)”.
Además, el ingeniero pesquero de la empresa TASA no considera que existen medias tintas al describir la problemática del sector pesquero en el sur y no duda al decir que este “está en cuidados intensivos” y, sobre el posible cierre de plantas que tienen a la anchoveta como insumo principal, Marengo indica que, “debería haber especial atención sobre las empresas que quedan en la zona y continúan generando empleo local”
IMPACTO SOCIAL
Contrario a lo que sus críticos podrían imaginar, la industria pesquera en el sur también se ha convertido en un pilar fundamental en el desarrollo social de la región y, pese a las decisiones de las autoridades que impactan en la pesca, todavía se siguen llevando a cabo proyectos conjuntos con los pescadores de la zona.“Continuamos apoyando a las asociaciones de pescadores artesanales”, afirma Marengo sobre el trabajo que viene realizando la empresa TASA en el sur.
A esto se le suman las colaboraciones que ha tenido el sector de la pesca industrial con aquellos que se dedican a la pesca artesanal. “Nosotros lo que hacemos es apoyar proyectos e iniciativas de desarrollo en comunidades para darle mayor valor agregado a los productos que ellos ofrecen”, declaró Eduardo Marengo en la entrevista con Sudaca.
“La industria designaba un porcentaje económico de la captura que iba ayudar a la pesca artesanal de la zona sur con motores, redes o capacitación”, detalla Eduardo sobre las formas en que empresas dedicadas al sector pesquero contribuían para que la pesca artesanal, una actividad que forma parte de la identidad cultural de muchas comunidades, pueda desarrollarse de forma eficiente y sostenible en el sur.
Lamentablemente, la falta de interés y celeridad para atender los problemas que aquejan a la industria pesquera está llevando a que todos los sectores que participan y se ven beneficiados por el desarrollo de esta actividad queden encadenados rumbo a lo que parece un inevitable desastre que ya está perjudicando a toda la región.
Sudaca converso con uno de los perjudicados en este caso y comento que, actualmente, se han venido pagando gran parte de la deuda que tenían, sin embargo, señalo que no han reconocido intereses por el tiempo de espera, ni mucho menos se han hecho responsables de los problemas que ha generado esta problemática.
Además, han mencionado que este tema les ha generado diferentes problemáticas que los han perjudicado y que no quieren dejar que este caso quede impune. Se vocean varios responsables, sin embargo, una sola voz responsabiliza a López Aliaga y Luis Molina, presidente del SERPAR.
Los antecedentes del calvario de los ex trabajadores del SERPAR. Este malestar por la falta de pagos se profundiza debido a las preferencias mostradas por la Municipalidad de Lima en invertir en áreas que no priorizan el bienestar laboral de sus servidores. Se ha evidenciado una mayor inversión en patrullaje nuevo y utensilios que no son adecuadamente utilizados o gestionados por la MML. Esta situación fortalece la molestia de los ex trabajadores del SERPAR y la sensación de falta de atención hacia sus reclamos.
Es más, se ha observado la importancia de consolidar las bases para gestionar el antiguo Parque Zoológico de Huachipa, ahora Parque de las Leyendas – Sede Huachipa. A pesar de los esfuerzos por revitalizar este emblemático lugar, los ex trabajadores del SERPAR lo ven como una preocupación adicional, ya que temen que los recursos destinados a este proyecto retrasen aún más el pago de sus derechos laborales.
Sudaca pudo conversar con algunos de los ex trabajadores del SERPAR para entender desde su punto de vista la magnitud de esta problemática. «Después de dedicar tres años y nueve meses al Servicio de Parques de Lima (SERPAR), la frustración embarga a muchos de los ex trabajadores, quienes llevan ocho meses esperando el pago de sus beneficios laborales bajo la nueva gestión de Rafael López Aliaga«, relata con pesar uno de los afectados.
Esta situación se suma a la serie de desafíos que enfrentan los funcionarios públicos cesados cuando cambian las administraciones en las diversas entidades del país. «Ingresé durante la gestión Muñoz y continué hasta su inesperada salida de la Municipalidad», recuerda uno de ellos mientras señala que su cese tuvo lugar en octubre de 2022, coincidiendo con la llegada de Romero a la alcaldía.
El proceso burocrático posterior a su cese culminó en noviembre de ese mismo año con la resolución de reconocimiento de la deuda laboral. Sin embargo, a pesar de este reconocimiento formal, hasta el momento, bajo la gestión actual, no se ha materializado el pago correspondiente a los beneficios laborales acumulados durante su tiempo de servicio.
Para añadir un toque de ironía a la situación, el productor televisivo y actual regidor de la MML, Efraín Aguilar, ha expresado que «no es posible que sigamos con la misma dieta» al referirse a los recursos asignados.
«La falta de respuestas a nuestras comunicaciones dirigidas tanto al Presidente del SERPAR, Luis Molina, como a los Secretarios Generales correspondientes, ha dejado a los ex trabajadores en un estado de incertidumbre. Los intentos de diálogo con el secretario o el presidente se han visto frustrados, ya que no se otorgan citas para abordar la situación», subraya el ex trabajador, manifestando su frustración ante la difícil travesía que enfrentan en busca de una solución con respecto a la deuda pendiente.
Según el testimonio recabado, la justificación de la institución se centra en la falta de recursos financieros. El ex trabajador enfatiza que, durante la reflexión sobre las actuales carencias del SERPAR LIMA, la institución depende significativamente del aporte de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) para cubrir su presupuesto anual, que asciende a casi 100 millones de soles.
«Desconocemos si existe una instrucción del alcalde de Lima para retener los fondos destinados al SERPAR o si se debe a deficiencias en la administración actual de la institución», señala el ex trabajador, destacando la falta de claridad en la situación.
Es relevante destacar que, a pesar de la alegada escasez de fondos, el SERPAR asignó aproximadamente S/ 145,000 para la construcción de una «playa artificial» en el Club Zonal Wiracocha de San Juan de Lurigancho, y mantiene una plantilla de trabajadores considerable. «Con esos recursos, podrían habernos pagado, pero lamentablemente esta es nuestra triste realidad», añade el ex trabajador, subrayando la aparente disparidad en la asignación de recursos.
Hasta el momento, la Municipalidad de Lima no ha emitido declaraciones oficiales en respuesta a las demandas de los ex trabajadores del SERPAR ni a las críticas sobre la asignación presupuestaria. La ausencia de una postura clara por parte de las autoridades municipales profundiza la incertidumbre y la tensión en torno a la situación del SERPAR.
La crisis financiera en el SERPAR y las tensiones laborales actuales plantean interrogantes sobre la gestión de recursos por parte de la Municipalidad de Lima. La asignación de millones de soles al patrullaje mientras el SERPAR lucha por su supervivencia económica y el cuidado de la fauna evidencia la necesidad de una revisión urgente de las prioridades presupuestarias municipales para garantizar el bienestar de la ciudad y sus trabajadores.
Las tentativas de comunicación con el presidente del SERPAR, Luis Molina, y los Secretarios Generales han sido infructuosas, generando frustración entre los afectados. La explicación institucional se centra en la escasez de fondos, mientras que los ex trabajadores reflexionan sobre las carencias actuales del SERPAR, dependiente del aporte de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) para cubrir su presupuesto anual.
La espera persiste y las expectativas de justicia y reconocimiento laboral enfrentan obstáculos en medio de la inestabilidad institucional. Es importante que el burgomaestre se haga cargo de sus trabajadores y exfuncionarios que siguen exigiendo acciones por parte del líder de Renovación Popular y actual Alcalde de Lima, Rafael López Aliaga.
Al cierre de este informe, si bien es un respiro para la MUNILIMA el poder saldar estas deudas con sus trabajadores. Ha generado un gran malestar esta problemática de falta de pago entre los ex trabajadores que no quieren dejar impunes a quienes creen responsables de todo esto: el alcalde de Lima y el presidente del SERPAR.
