[Agenda País] Hace pocos días, el ministro de Economía y Finanzas (MEF), José Salardi, manifestó que su portafolio está incrementando el objetivo de crecimiento del PBI este 2025 de 3.1% a 4%. También señaló que hará todo lo necesario para respetar la regla fiscal que fija un tope de 2.2% del PBI, así como no endeudar al estado por más del 33% del PBI.
También, recientemente la ministra de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR) expresó que en el 2024 el desempeño de nuestras exportaciones batió récord, con crecimientos en los sectores metalúrgico (+36%), pesquero (+24%), agropecuario (+22%), minero (+16%) y químico (+8%). El sector agro-exportador también estuvo a la altura llegando a US$ 12 784 millones, un incremento de 22,1% en el 2024.
Ambos ministros nos han dado buenas noticias, sin duda, pero, ¿se puede lograr o sobrepasar esos objetivos sin una política de gobierno e instituciones que generen confianza en la ciudadanía y principalmente, en el empresariado y en el emprendedor?
Por muchos años hemos escuchado a los principales actores políticos y a parte de la academia asegurar que la economía debe ir por cuerdas separadas de la política. Bajo esa premisa, no importaría cuánto se desgasten las instituciones en enfrentamientos inútiles, si las políticas públicas son inefectivas, si el gasto público aumenta pero no mejoran los servicios de salud, si el sicariato mata al bodeguero por 50 soles, si se cae un puente que nos lleva al flamante puerto de Chancay o si el acceso al nuevo terminal del aeropuerto Jorge Chavez se hace a través de puentes modulares, como los que se usaron en la segunda guerra mundial.
No. No es suficiente que un entorno internacional sea favorable al Perú con precios récords de oro y cobre, si el precio del petróleo tiene una tendencia decreciente y que a pesar de las turbulencias que siempre ocurren en el planeta, la demanda por nuestros productos agroindustriales continua en alza.
Es más, no nos estamos beneficiando completamente de este ciclo internacional virtuoso para el Perú, que, en circunstancias similares, nos hicieron crecer a tasas mayores al 6% durante el segundo gobierno de Alan García, que si bien, tampoco aprovechó plenamente del entorno mundial de ese entonces, al menos fomentó una política gubernamental que generó confianza para que el sector privado acompañe con inversión y la ciudadanía con gasto en esa coyuntura.
¿Cuánto más podríamos crecer con carreteras modernas, puentes seguros, leyes laborales flexibles, seguridad ciudadana, simplificación administrativa y tributaria que llevaría a una menor corrupción, así como un apoyo decidido a las inversiones mineras sostenibles? ¿Cuántos más turistas podríamos atraer con infraestructura, conectividad y seguridad?
Estos son temas de política pública que van de la mano con el manejo macroeconómico para aprovechar los ciclos económicos positivos y que, de ser consistentes en el tiempo, aseguran una protección, una amortiguación ante momentos no tan favorables.
La economía tiene que, necesariamente, ir de la mano con políticas públicas claras y efectivas, con un ejecutivo decidido pero conciliador y con instituciones como el congreso, el ministerio público y el poder judicial, que jueguen en equipo y no llevados por intereses particulares que al final, generan desconfianza en la ciudadanía.
