Un reciente artículo publicado en Foco Económico, bajo la autoría de los brillantes economistas peruanos, Roberto Chang y César Martinelli, trata de dilucidar el impacto económico que tiene un liderazgo mediocre, conducido por alguien no preparado para el cargo presidencial (como el propio presidente Castillo se ha esmerado en autocalificarse en las tres entrevistas que diera recientemente).

En dicho artículo (http://ow.ly/MiYi30s97Mk), se hace mención a un estudio de Tim Besley, José Montalvo y Marta Reynal-Querol, en el que se concluye que “tener que reemplazar a un jefe de Estado con educación superior (estudios universitarios o de posgrado) causa una caída de 0.7-0.9 puntos porcentuales de crecimiento económico anual en los cinco años siguientes (…). Las magnitudes son más marcadas si un país tiene la mala suerte de pasar de un líder con educación superior a uno sin ella. De acuerdo con Besley et al., dicho evento resulta en una pérdida de 1.7 puntos porcentuales en el crecimiento anual por cinco años”.

En el estudio se supone que la educación recibida es un indicador confiable, lo cual en el Perú es relativo, dado el paupérrimo nivel de muchas universidades locales, pero el estudio no pierde filo ni vigencia, y adquiere particular relevancia en la medida que mide, finalmente, cuánto impacta el buen grado de preparación y efectivo liderazgo de un Presidente, en comparación a la situación que se genera cuando el referido liderazgo es, como el de Castillo, inexistente o mediocre.

Haciendo un cálculo somero en base a dicho estudio, se puede concluir que Castillo, por sí solo, sin contar las deficientes políticas públicas que despliega en casi todas las áreas de la administración estatal, nos cuesta más de un punto porcentual de pérdida del PBI cada año, es decir, alrededor de dos mil millones de dólares. En los cinco años de su mandato, el Perú dejará de crecer la friolera de 10 mil millones de dólares, exclusivamente por su personalidad esquiva, poco diligente, timorata, indecisa y pueril.

Es terrible que casi treinta años de crecimiento sostenido, a pesar de haber sufrido gobernantes corruptos, se puedan ir por la borda por la indolencia y levedad del personaje que llegó a Palacio por la azaroza conjunción de factores vinculados a una pandemia, que empujó a la ciudadanía, incauta, a votar por un candidato antiestablishment, sin importar sus nulas credenciales para ejercer el cargo para el que postulaba y que hoy, como era inevitable, mal regenta.

Luego del nuevo incidente político ocasionado por la renuncia del ministro del Interior, Avelino Guillén, y la pasmosa indecisión presidencial respecto del impasse surgido entre el renunciante y el comandante general de la Policía -lo que aceleró la renuncia-, ya va quedando más o menos claro que el gobierno de Castillo no se va a mover un milímetro de la mediocridad reinante.

Analizar este gobierno bajo una perspectiva ideológica, en esa medida, parece una exageración analítica. No existe tal. Para quienes temían un apocalipsis chavista, es, sin duda, una buena noticia, porque no va a ocurrir (además, porque Castillo está atado de manos por el Congreso para perpetrar semejante desvarío), pero para quienes consideramos que el momento internacional es espectacularmente propicio para un shock capitalista, que desate las inversiones privadas a su máxima potencia (de modo especial en el sector minero, dados los altos precios de los minerales en el mundo) y que, por ende, eleve significativamente la prosperidad y reduzca la pobreza a pasos acelerados, tal ruta de mediocridad es una noticia lamentable.

Ni siquiera habrá una parcial reforma del Estado. Las referencias permanentes del Presidente a la salud y la educación, quedarán en palabras huecas. No solo ha nombrado ministros en el sector Educación, que están en contra de la reforma universitaria y la magisterial, sino que, en el sector Salud, fuera de los esfuerzos para acelerar la vacunación (que tampoco es que esté en un nivel de excelencia, si nos comparamos con otros países de la región), no se ha avanzado un milímetro en la reforma urgente de un sector crucial para la equidad ciudadana que este gobierno tanto se precia de buscar.

Ya de por sí, que la izquierda asumiese las riendas del poder en un contexto tan favorable para desplegar una opción promercado, era un hecho a lamentar. Que, encima de ello, la izquierda que nos gobierne sea tan mediocre y primaria, nos lleva a una genuina indignación.

La irresponsabilidad e indolencia con que se están manejando las políticas públicas en el país, son moralmente punibles, y exigirían una actitud más enérgica del Congreso. De este poder del Estado depende que el desastre se logre atenuar en alguna medida.

Al cabo de los cinco años de su gobierno -si antes un desmadre corrupto no se lo lleva de encuentro (cosa probable dada la desprolijidad con la que el Presidente, sin propósito de enmienda, maneja los asuntos públicos)-, Castillo volteará la mirada hacia atrás, y si alcanza un inesperado rapto de lucidez, solo hallará un horizonte gris, ninguna reforma importante, y un país en peor situación que aquella en la que lo recibió.

-La del estribo: el BCP nuevamente nos trae la grata noticia de una nueva publicación de la colección Arte y Tesoros del Perú. Esta vez, a propósito del Bicentenario de la República, presenta el libro Forjando la Nación peruana. El incaísmo y los idearios políticos de la república (siglos XVIII-XX), que investiga el rol que tuvo la Ilustración en América, los orígenes de la nación peruana y el papel que asumieron los incas como referentes dentro del pensamiento ilustrado. Este volumen ha estado bajo la coordinación de Ramón Mujica y reúne 19 ensayos, entre otros de Carmen Mc Evoy, Gustavo Buntinx, Mark Thurner y Luis Eduardo Wuffarden. Por cierto, los libros publicados por el BCP pueden descargarse gratuitamente en www.fondoeditorialBCP.com.

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Avelino Guillén, Pedro Castillo, política peruana

Gran parte de la desastrosa provisión de servicios públicos y el pobrísimo nivel de calidad de vida que sufrimos los peruanos, se debe a la mediocre o corrupta gestión de los gobiernos regionales y, especialmente, municipales.

Los gobernadores o alcaldes llegan al poder, en una gran proporción, a enriquecerse, y distraen los ingentes recursos con los que cuentan hacia sus bolsillos y de sus allegados, dejando en segundo plano la inversión pública en infraestructura y servicios que la ciudadanía espera.

Es hora, por ello, de mejorar nuestro voto y no dejarse llevar por olas de arrastre o modas del momento. Hay que auscultar al máximo a los postulantes a los cargos públicos señalados. A esa tarea se va a abocar Sudaca, de acá hasta octubre, fecha de las elecciones, espulgando candidatos e informando al ciudadano para que vote a conciencia.

Así, hemos publicado ya sendos informes respecto de dos precandidatos ediles, uno a la alcaldía de La Molina por Renovación Popular, Diego Uceda, quien afronta una situación de incumplimiento respecto de una deuda por pensión alimenticia de una hijo extramatrimonial, y otro, el exalcalde de Jesús María, Enrique Ocrospoma, precandidato de Avanza País, quien es investigado por la Fiscalía, en base a un informe policial, por presunto lavado de activos ocurrido a raíz de su gestión como alcalde, tangible por la adquisición de inmuebles más allá de sus posibilidades contables por sus ingresos como autoridad edil.

Puntualmente, la pregunta correspondiente es si el vecino de ambos distritos puede votar con la conciencia tranquila por los candidatos mencionados. Por lo menos, alguna suspicacia mínima debiera existir respecto de las calidades morales y capacidades efectivas de los dos personajes de marras para ejercer luego, con probidad y eficacia, el cargo para el que piensan postular.

Si no toman en cuenta tales atingencias, después que los vecinos no se quejen de malas gestiones o actos de corrupción. Se necesita autoridades absolutamente inmaculadas respecto de su conducta personal o su paso por el Estado en el pasado. Ya es hora de romper las cadenas de ineficiencia e inmoralidad que campean en el organigrama estatal. Depende de nuestros votos evitar que ello se haga realidad.

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Candidatos, elecciones municipales, elecciones regionales

Al paso que va la derecha peruana, va a perder las elecciones municipales y regionales, y también las del 2026. Por más que las encuestas le sean propicias (cuando se pregunta sobre autoidentificación ideológica), la derecha no marca la agenda, no jaquea programáticamente al gobierno y mucho menos renueva sus cuadros políticos.

Según reciente encuesta de Ipsos, cuando se le pregunta a la ciudadanía por los principales problemas a resolver, responde: 57% reactivar la economía y generar empleo; 38% mejorar los servicios de salud/avanzar en la vacunación; 37% combatir la corrupción; 35% combatir la delincuencia, y así sucesivamente.

¿Usted amigo lector, recuerda alguna acción política, decisión congresal (donde reina la oposición y la derecha tiene un tercio de los parlamentarios), pronunciamiento o propuesta técnica proveniente de algunos de los partidos de la derecha o de algún líder de ese sector, respecto de los problemas señalados en la encuesta?

Por lo menos en dos de los cuatro temas indicados (reactivación económica y lucha contra la inseguridad), la derecha tiene credenciales tecnocráticas y activos ideológicos que podría explotar adecuadamente e ir construyendo así una edificación de identidad política con la ciudadanía, de cara a los próximos procesos electorales. En ambos, este gobierno es un desastre (véase el desmadre del sector Interior y la estrepitosa caída de la confianza inversora).

El 2026 -o antes, si se interrumpe el mandato de Castillo (situación cada vez más improbable, a menos que el Primer Mandatario meta las manos en algún asunto turbio)-, la izquierda va a llegar muy desacreditada luego de una gestión penosa en el actual gobierno. Ninguna izquierda se salva, todas están comprometidas (salvo voces aisladas como la del excongresista Richard Arce).

El escenario se muestra, pues, propicio para el centro y la derecha, particularmente para esta última, si logra consolidar una opción partidaria y presentar una buena candidatura. Pero para ello necesita ir labrando su destino, con presencia política y densidad programática puestas de manifiesto frente a los estropicios que comete el régimen.

Posteos aislados en las redes sociales, proyectos de ley antojadizos, entrevistas beligerantes cada cierto tiempo o iniciativas bizarras y pueriles, no constituyen el ejercicio político que se necesita para consolidar una opción electoral viable.

La batalla en las urnas del 2026 va a ser dura. No hay que olvidar, además, que la crisis de la izquierda oficial, no impide que pueda volver a surgir un candidato disruptivo que aproveche el descontento que va a haber, aparición a la que contribuiría una derecha adormilada, que no es capaz de encaramarse hasta ahora sobre ese 60% de la población que desaprueba la gestión de Castillo y representarlo adecuadamente.

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Derecha, política peruana

Tremendo alboroto ha causado en un sector de la derecha peruana que el gobierno declare Patrimonio Cultural de la Nación el monumento El ojo que llora. Han salido voceros ultristas a denunciar que la ministra de Cultura, Gisela Ortiz, está, merced a ese acto, reivindicando al terrorismo e igualando al Estado con los movimientos subversivos, añadiendo que en ese monumento se rinde homenaje también a exintegrantes de los dos grupos terroristas que dieron inicio al mayor periodo de violencia interna de nuestra historia.

Se trata, claramente, de una grosera mentira. El conjunto escultórico de la artista Lika Mutal, inaugurado el 2005, busca rendir reconocimiento a las víctimas del periodo de violencia entre 1980 y el año 2000, y en esa medida forma parte del proceso de memoria que el país ha emprendido respecto de la violencia terrorista y la represiva, que ocasionó cerca de 70 mil muertos, según la Comisión de la Verdad.

No hay un solo terrorista en el Registro Nacional de Víctimas, que es en el que se ha basado la lista de nombres que aparecen en El ojo que llora. Se señala explícitamente: “No se consideran víctimas, para los efectos específicos de su inclusión en el Registro Único de Víctimas de la Violencia, a los miembros de las organizaciones subversivas”. Hubo un intenso debate hace muchos años respecto de si se debía considerar, para ser reparados, también a quienes se alzaron en armas contra el Estado de Derecho (en otros países, se ha hecho extensivo a tales el reconocimiento reparador), pero en el Perú se zanjó claramente de que dichas personas no iban a integrarse al referido registro.

Lo que, en verdad, un sector reaccionario de la derecha peruana no quiere que se recuerde, es que no solo hubo muertos ocasionados por Sendero Luminoso o el MRTA, sino que también existieron, y en demasía, por excesos militares y policiales, que merecen ser registrados por la memoria colectiva del país. De modo decreciente, el mayor número de muertos o desaparecidos ilegalmente, por obra de las fuerzas del orden, ocurrió durante los gobiernos de Belaunde, García y Fujimori, mayormente en plena democracia. Es una dolorosa realidad, pero si se quiere restañar las profundas heridas colectivas que ese periodo ha dejado en la colectividad ciudadana, no se puede soslayar ese hecho. Todo lo contrario, hay que resaltarlo como corresponde para que nunca más vuelva a suceder.

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Comisión de la Verdad, Derecha, El ojo que llora, Patrimonio Cultural de la Nación, Registro Nacional de Víctimas, Terrorismo

La entrevista que el presidente Castillo le ha dado al periodista Fernando del Rincón, de la cadena internacional CNN, tiene muchos matices y lecturas, pero resaltan algunas conclusiones:

-Castillo no tiene la menor idea de los cambios constitucionales que desea. Sus propósitos de mejorar la salud y la educación, son, como bien le reiteró el periodista mexicano, sin hallar eco cognitivo en nuestro Primer Mandatario, políticas de Estado, que, por ende, dependen de lo que haga o no el gobierno al respecto, no de una modificación del texto constitucional. Si Castillo quiere una educación y salud públicas de primer orden, lo que tiene que hacer es cambiar el Presupuesto y reformar el Estado en ambas áreas, no cambiar la Carta Magna.

-Castillo es un ave de paso palaciega que carece de visión de Estado. Pretender, por asomo, que se puede consultar al pueblo, vía referéndum, la cesión de una franja territorial soberana para darle salida al mar a Bolivia, muestra la pasmosa improvisación e indigencia de nuestro gobernante en materia de política exterior. Lo reafirma con su cobarde evasiva de pronunciarse respecto de las dictaduras en Cuba, Nicaragua y Venezuela. El orden democrático regional no tiene en Castillo a un aliado, ha quedado sentado con claridad.

-Castillo ya aprendió a mentir como estrategia política. Para ello, aunque fallidamente, ha dado estas entrevistas: para justificar su mediocridad victimizándose y anticipar argumentos que le brinden impunidad respecto de su participación en actos reñidos con la moral pública, como son su injerencia en los ascensos militares y su participación en la gestión de intereses privados. Fue vergonzoso, al respecto, su vano intento de demostrar que no tenía relación alguna con la lobista Karelim López. El problema de su performance es que demuestra que no parece haber propósito de enmienda y obliga al país a seguir vigilante respecto de estas inconductas palaciegas.

-Castillo no tiene una barrera moral que lo haga marcar clara distancia del terrorismo. Para él, puede haber personas que hayan estado vinculadas a Sendero o al MRTA, que estuvieron confundidas y que en el presente merecen tener la oportunidad de participar en asuntos de Estado. Así lo dijo explícitamente. Su indolencia en este tema, por supuesto, ofende la memoria de millones de peruanos afectados por la violencia terrorista y da argumentos para seguir haciendo de este tema uno de acuciante vigilancia. No es terruqueo reaccionario el estar alertas al respecto, sino sana actitud democrática y cívica frente a una persona con laxitud ética sobre la materia.

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CNN, entrevista al presidente Castillo, Pedro Castillo en CNN

No hacía falta, en verdad, que el Congreso expidiera una ley prohibiendo que se pueda convocar a un referéndum para aprobar una reforma constitucional o convocar una Asamblea Constituyente. Pero de lo bueno, mejor que sobre a que falte.

La propia Carta Magna es explícita, y taxativamente señala que la única manera de reformar la Constitución de 1993 pasa por lograr 87 votos en dos legislaturas consecutivas o 66 en una y consolidarla en un posterior referéndum. En ambos casos, el pase por el Congreso es de obligatorio cumplimiento.

El gobierno, mal asesorado por esa decepción ministerial que es el titular de Justicia, Aníbal Torres, ha anunciado que va presentar una demanda de inconstitucionalidad de la ley aprobada en el Congreso, ante el Tribunal Constitucional. Claramente, no hay que ser un erudito constitucionalista para anticipar que el Ejecutivo va a perder, con estrépito, esa causa.

Debemos alegrarnos como país que ocurra así y no prospere el deseo de las izquierdas de reformar la Constitución y tirarse abajo el modelo económico que el texto del 93 dispuso, felizmente, con celo reglamentarista (el trauma de la hiperinflación y la demagogia económica del primer alanismo, fueron la causa política del puntilloso desvelo).

La izquierda peruana es, en su mayoría, antediluviana y a pesar de las experiencias globales, no entiende y se resiste a aceptar que el libre mercado, cuando es competitivo y no mercantilista, es un lecho rocoso inamovible, el único sobre el cual se puede construir prosperidad y reducción de la pobreza.

Los nativos de izquierda siguen creyendo en un modelo estatista, regulatorio, intervencionista. No han logrado, por ventura, retrotraernos a los 70s o los 80s, como parecen desear, y el Perú, a pesar de haber sufrido gobiernos corruptos y mediocres en estas últimas décadas, ha podido, gracias a la vigencia relativa de una economía de mercado (o de semimercado, sería más propio decir), crecer de manera asombrosa y reducir la pobreza de modo ejemplar.

Y por ventura mayor, cuando, como ha ocurrido este año, esa izquierda retrógrada gana las elecciones y llega al poder, no cuenta con los votos suficientes en el Congreso para lograr sus cometidos a plenitud y tiene que resignarse a los corsés democráticos que, felizmente, le ponen coto a sus anhelados desmanes ideológicos.

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Asamblea Constituyente

La empresa petrolera transnacional Repsol ha cometido una cadena de errores y negligencia mayúscula en este desastre ambiental ocasionado por el derrame de crudo en el litoral costero limeño, que ya se extiende, inclusive, hasta la región Áncash.

Desde la incapacidad de percatarse rápidamente de lo que sucedía, sin esperar a que el flujo que se escapaba de control fuera tan grande, hasta la falta de respuesta inmediata para contenerlo; desde la negligencia para remediar rápidamente los daños, hasta la torpe estrategia comunicacional para aclarar el tema; desde la ausencia de una cabal respuesta tecnológica hasta la pueril insistencia en que todo se debió a un oleaje anómalo que muchos entendidos señalan que no es causa suficiente de lo ocurrido. Todo lo que se pudo hacer mal se hizo pésimo.

El daño reputacional de la empresa es gigantesco y el perjuicio legal y penal que va a acarrear este desastre, como corresponde, va a ser inmensamente oneroso, pero lo que hoy corresponde también subrayar es la falta de respuesta del entorno público y privado a lo sucedido, sin desmedro ni soslayo de las responsabilidades propias de la empresa.

Primero, el Estado peruano, que ha demostrado una pasmosa orfandad de respuestas institucionales inmediatas, y aún hoy mismo, a días del desastre, no es capaz de organizar siquiera un operativo de supervisión adecuado del problema.

Segundo, los gremios privados. Han brillado por su silencio. Comunicados tibios y tardíos no remedian la carencia de una enérgica condena a lo sucedido y una exigencia de investigación y sanciones a una de sus asociadas (porque Repsol es parte de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos, de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, lo es, por tanto de la Confiep, y seguramente de muchos otros gremios). El mutis o el dicho esquivo han sido la norma.

Tercero, la clase política, que no ha sido capaz de actuar con diligencia y seriedad frente a un problema que ha afectado y va a afectar por buen tiempo a miles de ciudadanos peruanos a los que ellos representan y que verán afectados sus negocios o su vida común por culpa de este desastre sin atenuantes. Peor que eso, algunos demagogos oportunistas han tratado de llevar agua a sus molinos ideológicos con un absurdo discurso antiempresarial.

Todo lo que se pudo hacer mal, se hizo pésimo, repetimos. No queremos ni pensar en la eventualidad de un desastre mayor al sucedido, o alguno de otra índole (como un terremoto), que seguramente hallará al Estado peruano y a su sector dirigente presos de la parálisis o atrapados en el despropósito. Una tragedia institucional ha sido puesta de relieve.

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derrame de petróleo, desastre ecológico, desastre institucional, Repsol

Cuando todos temían el descalabro apocalíptico en Chile, el flamante presidente izquierdista Gabriel Boric ha sorprendido a muchos con la designación de un gabinete altamente calificado, más que paritario (hay más mujeres que hombres), con personas casi todas de izquierda y unos cuantos de centro. No ha cedido un milímetro a sus aspiraciones políticas y programáticas, pero no ha hecho de la improvisación su insignia, como una parte de la sociedad chilena temía, dados sus antecedentes contestatarios y beligerantes.

¡Qué diferencia con el imperio de la mediocridad que ha instaurado en el país, el gobierno de Pedro Castillo, capaz en pocos meses de desandar reformas importantes, golpear el esquema meritocrático de muchas entidades públicas, incluyendo ministerios, y rebajar la investidura presidencial con inconductas penosas!

Porque lo que de nuestro gobierno subleva es la rampante medianía, la indolencia para atender los asuntos públicos, la absoluta miopía para emprender siquiera alguna reforma importante y la ausencia honda de autocrítica (Castillo, por lo que se ha visto en la entrevista con César Hildebrandt, ni siquiera parece ser consciente de los estropicios cometidos).

La izquierda peruana, que integra sin excepciones el régimen de Castilllo, ha demostrado carecer de cuadros técnicos calificados en casi todas las materias vinculadas al quehacer administrativo del Estado. Se la ha pasado años y hasta décadas pontificando y criticando a los gobiernos de derecha, pero cuando le ha tocado salir a bailar, no atina un solo paso.

Ojalá el pueblo aprenda esta lección. Es una lástima que le deba agregar una frustración política adicional a las muchas que lleva acumuladas en las últimas décadas, pero ayudaría mucho a la maduración democrática y política del país, que los ciudadanos de extracción popular entiendan que no basta con lanzar proclamas antiestablishment o engalanar un discurso con consignas populacheras, para asegurar un gobierno medianamente viable.

A ver si el inevitable fracaso de Castillo hace que el país asuma que el momento actual del país lo que requiere es un régimen de derechas, procapitalista, democrático e inclusivo, identificado con la inversión privada y el desarrollo liberal. Solo así saldremos de la meseta del subdesarrollo en la que parecemos atrapados irremediablemente. Habrá que esperar hasta el 2026 para que cuaje una opción así, pero sería formidable, al menos, que este lustro sirva como aprendizaje colectivo de lo que representa la fallida izquierda peruana.

La del estribo: algunas recomendaciones cinéfilas: La tragedia de Macbeth, dirigida por Joel Coen, con Denzel Washington y Frances McDormand; Cyrano, dirigida por Joe Wright, con Peter Dinklage; Flee, dirección de Jonas Rasmussen; Hive, por Blerta Basholli; Maixabell, bajo la dirección de Icíar Bollaín; y Munich, al filo de la guerra, dirigida por Christian Schwochow, con Jeremy Irons, entre otros.

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