A nadie debería sorprender que Dina Boluarte siga creciendo en sus niveles de desaprobación. Según la última encuesta de Ipsos, publicada en Perú21, llega ya a 83% y solo la aprueba el 10%. Y según Datum, en encuesta publicada hoy en El Comercio, la desaprobación es mayor, llegando al 84%.
Ya no se le puede atribuir semejante rechazo a la conducta represiva desatada luego de haber asumido el mando, en respuesta a la violencia callejera desatada en su contra.
Dicho resultado es producto de la parálisis del régimen respecto de la solución de problemas como la recesión económica o el crecimiento de la inseguridad ciudadana. Y al respecto, poco pueden hacer los ministros de Economía y Finanzas o el de Interior, si trabajan para un gobierno jaloneado por fuerzas políticas diversas.
Dina Boluarte escucha en la mañana al premier Otárola, al mediodía a su hermano Nicanor y en la tarde a la derecha congresal. Y a los tres les quiere hacer caso. Es un gobierno tricéfalo, enredado en un juego de poderes que lo lleva a la inacción.
La presidenta está obligada a no pisar callos congresales (ofrece la cabeza de su canciller para que le autoricen un viaje, a esos extremos se ha llegado), a permitirle a su premier Otárola manejar las riendas oficiales del Estado y, al mismo tiempo, a dejarse influir por su asesor político en la sombra, el hermanísimo.
El problema, por supuesto, no es que haya parcelas del poder alrededor de Palacio. En todos los gobiernos siempre ha habido facciones enfrentadas entre sí, que han disputado la mayor o menor influencia respecto del gobernante. Es hasta saludable que ello acontezca porque de esta competencia surge, por lo general, un tablero de herramientas más rico para quien detenta el poder final de decisión.
El problema es cuando este entrecruzamiento de presiones, lleva a la parálisis, como es el caso. La presidenta gasta más energía en tratar de largarse de viaje que en resolver los acuciantes problemas que debería enfrentar. De su liderazgo depende, en gran medida, el éxito que puedan tener sus titulares del MEF y del Interior, quienes tienen entre manos los dos problemas más graves del momento.
A falta de operadores políticos eficaces, es Palacio y, particularmente, la presidenta, quien está obligada a jugar un rol administrativo de los asuntos públicos. Y eso es lo que no está ocurriendo, generándose el vacío que la ciudadanía intuye y que se refleja en las encuestas citadas.
