Informes

 

El 2019, Perú Libre ganó la alcaldía provincial de Huancayo y la convirtió en su feudo. La impunidad bajo la que operaban sus autoridades, sin embargo, apenas les duró un par de años. La fiscalía anticorrupción de Junín acaba de desarticular a ‘Los Tiranos del Centro’, una presunta organización criminal que se dedicaba a cobrar cupos a ambulantes y comerciantes de la Ciudad Incontrastable. Si alguno de ellos no entraba al ‘juego’, era desterrado u hostilizado.

Sudaca pudo revisar la resolución judicial que ordena la detención de las 18 personas involucradas en este caso, entre gerentes, funcionarios y colaboradores del municipio. El presunto líder de la mafia es Henry López Cantorín, suspendido alcalde de la municipalidad de Huancayo, fundador de Perú Libre y antiguo personal de confianza de Vladimir Cerrón en una de sus gestiones como gobernador regional.

Este medio también accedió a un reciente informe de la Contraloría que explica cómo funcionarios del mismo municipio contrataron, en el 2020 y sin concurso público, a 88 trabajadores que terminaron brindando servicios para áreas a las que no estaban destinados. El perjuicio económico de esto último ha sido calculado en más de S/461.000.

En ambos casos se muestra, una vez más, cómo los militantes del lápiz habrían copado la administración pública para beneficiarse de prácticas corruptas.

 

VENTAJAS DE UN PERULIBRISTA

“El espacio que está en la esquina sepáralo, ¿ya? Es para un tema del partido. Voy a coordinar con el alcalde, pero igual sepáralo, no quiero a nadie desconocido ahí”, le dice uno de los investigados a Danny Luján Rojas, quien fue gerente de Promoción Económica y Turismo durante el 2019 y militante del lápiz desde el 2017. Esta conversación, interceptada legalmente, es parte de las evidencias que tiene la fiscal Bonnie Bautista y refuerza su hipótesis de que los funcionarios de la municipalidad de Huancayo separaban espacios en la vía pública para favorecer a comerciantes afines a Perú Libre.

El monto del cupo variaba según el tipo de comerciante extorsionado. Los ambulantes, por ejemplo, pagaban entre S/1 y S/10 diarios para que los dejen trabajar en las calles. Los perulibristas les entregaban tickets que no tenían ningún valor contable ni nombres. Según la Fiscalía, les sacaban más de S/20.000 semanales. La plata era recolectada por funcionarios de la subgerencia de Promoción Económica, quienes luego entregaban el dinero a sus superiores.

En una ocasión, Hernán Chircca, jefe de esta subgerencia, ordenó a un emisario recoger S/350 de una comerciante informal. Chircca le dijo a su interlocutor, en una llamada interceptada, que la mujer le daría el dinero en “un vaso descartable como de emoliente”. Según la tesis de la fiscal Bautista, esta era una de las formas en las que camuflaban la coima y evitaban ser descubiertos.

 

emoliente tiranos centro

 

Por otro lado, los cupos pagados por locales establecidos, como bares o discotecas, habrían sumado alrededor de S/150.000 mensuales. La gran mayoría de ese dinero era repartido entre los integrantes de ‘Los Tiranos del Centro’, apunta el documento fiscal.

El mencionado Danny Luján Rojas habría sido una pieza clave de esta trama criminal. No sólo para coordinar los cupos, sino para expulsar a quienes se negaban a “colaborar”. Lo hacía a través de acciones de “fiscalización y orden”, cuya verdadera finalidad era recolectar el dinero de los cupos bajo la premisa “paga o vete”. Por ejemplo, el 21 de noviembre del 2019, Luján Rojas dispuso la ejecución de un operativo.

Según la resolución, en el operativo participaron 40 policías municipales que, “de forma agresiva, violenta y utilizando lenguaje discriminatorio, agredían a las personas que se dedican al comercio ambulatorio y secuestraban sus respectivas mercaderías, observándose que dichos desalojos y decomisos estarían siendo direccionados en contra de ciertos comerciantes, quienes se estarían negando a pagar el dinero exigido, el cupo”.

La sucesora de Luján en el despacho de Desarrollo Económico y Turismo fue Mabel Mendoza García, quien también coordinaba la contratación de personal al interior del municipio de Huancayo y el favorecimiento de ciertos trabajadores afines a Perú Libre, un hecho que la fiscal Bautista también investiga como presunto tráfico de influencias. Uno de estos, por ejemplo, buscaba una renovación de su contrato. Mendoza le cumplió el deseo porque estaba bien apadrinado. “Su padrino es Dany [Luján], por eso le he renovado un mes”, se le escuchó decir en una de las llamadas interceptadas.

Más allá de los favores entre militantes y funcionarios del lápiz, las comunicaciones de Mendoza evidencian también las represalias que se tomaban contra los comerciantes que se negaban a pagar cupos. “A esa señora ni le facilites ah. Es orden de Henry [López] que no se va a trabajar con ella […] Esa señora cuando entramos el año pasado nos ha hecho problemas y por eso Henry le ha puesto la cruz”, se le escucha decir a la mujer.

Quienes se atrevían a denunciar tampoco corrían mejor suerte. “La señora que tiene seis hijos del pasaje Huamanmarca no sé a dónde la llevas, la mandas a Chilca o al Tambo, porque en la mañana te ha macheteado duro en la radio… No sé, pero te ha difamado feo”, se interceptó a otro de los investigados.

 

daniel lujan tiranos del centro
Danny Luján Rojas fue gerente de Promoción Económica y Turismo. Según la tesis fiscal, fue colocado en ese cargo por el exalcalde Henry López para asegurarse de que se cumplan “las disposiciones del líder”.

 

TIRANO EN LAS SOMBRAS

Según el Ministerio Público, el líder de ‘Los Tiranos del Centro’ es Henry López Cantorín, suspendido alcalde de la municipalidad de Huancayo y persona de confianza de Vladimir Cerrón. López Cantorín es fundador de Perú Libre y actual ‘secretario de profesionales’ de esta agrupación política. La hipótesis fiscal apunta que tuvo “como propósito inmediato llegar a la alcaldía de Huancayo, aprovechando el puesto para beneficiarse económicamente”.

Su paso por el municipio no duró mucho. Ocho meses después de asumir el cargo, en agosto de 2019, fue suspendido como alcalde debido a que fue condenado a cuatro años y ocho meses de prisión suspendida por los delitos de negociación incompatible y aprovechamiento indebido del cargo. Los hechos ocurrieron cuando, en el Gobierno Regional de Junín, fue gerente general de la primera gestión de Vladimir Cerrón (2011-2014), quien también fue sentenciado en este proceso. Ambos fueron hallados responsables de favorecer al Consorcio Altiplano por el mejoramiento del sistema de agua potable de La Oroya.

Sin embargo, la fiscal Bonnie Bautista asegura que López Cantorin continuó operando desde las sombras y que tomaba decisiones dentro del municipio de Huancayo. Y es que quien lo sucedió en la alcaldía fue su tío Juan Carlos Quispe Ledesma. Este militó en el partido de Vladimir Cerrón entre el 2015 y el 2017.

Según la resolución judicial que ordena la captura de ambos, Quispe estaba “subordinado” a Henry López, cuyo “liderazgo e influencia crecieron […] incluso tomando decisiones que competen a funcionarios públicos de alto nivel”. Aunque Quispe también gozaba de cierta autonomía “dirigiendo y controlando la ejecución de las acciones delictivas que deben cumplir quienes están bajo su mando”.

Prueba de ello es una conversación entre dos investigados. “El alcalde está en Lima pues… te sugiero que todo aquel que tome el nombre del alcalde le pidas su DNI, le tomes foto y tú me mandas a mí y yo le consulto al alcalde. ‘Señor alcalde, ¿usted está avalando a esta señora?’. Me va a decir sí o no, y te evitarás problemas”, se oye decir a uno de ellos, en referencia a que los comerciantes que buscaban ser beneficiados debían tener el visto bueno del burgomaestre.

Según la hipótesis fiscal, Quispe también utilizaba su cargo para proteger a ciertos trabajadores ambulantes, permitiéndoles trabajar en lugares privilegiados de Huancayo, “prohibiendo a funcionarios o servidores públicos de la gerencia de fiscalización y policía municipal que incauten, decomisen o los expulsen”.

 

Cerron y Henry Lopez
Vladimir Cerrón y Henry López son cofundadores del partido del lápiz. En el 2019, los dos fueron condenados a 4 años y 8 meses de prisión suspendida por el delito de negociación incompatible. En esa ocasión, se dio a la fuga. Hoy, nuevamente, el exalcalde de Huancayo se encuentra prófugo.

Los ya mencionados Danny Luján Rojas y Mabel Mendoza García, jefes de la Gerencia de Promoción Económica y Turismo en el 2019 y 2020, respectivamente, fueron detenidos ayer. Henry López y Juan Carlos Quispe, sin embargo, se dieron a la fuga.

Y es que dentro del aparato de justicia hay topos aún no identificados. En noviembre de 2020, la Fiscalía intentó solicitar la prisión preliminar de ‘Los Tiranos del Centro’, pero antes de hacerlo, “según información del personal policial, se informó que las cabezas de esta presunta organización criminal ya habían sido alertadas de la pretensión del Ministerio Público”. Al final, el operativo no se llevó a cabo ese año.

Una situación parecida ocurrió con ‘Los Dinámicos del Centro’, otra mafia integrada por militantes y funcionarios del partido del lápiz, que tiene a cinco de sus involucrados prófugos.

 

MÁS COCHINADA

El operativo de ayer coincide con un informe de la Contraloría que da cuenta de un perjuicio económico de casi S/.462.000 en la Municipalidad Provincial de Huancayo, “al permitir gastos para fines distintos a los transferidos”.

Debido a la pandemia, en el 2020 se publicó un decreto de urgencia que permitía financiar actividades de fiscalización relacionadas a la emergencia sanitaria. El objetivo era, según el informe, “abordar de una manera efectiva la problemática de las aglomeraciones y la pérdida de control de algunos espacios públicos debido al incremento del comercio informal ambulatorio”. Estos recursos no podían ser destinados, por ningún motivo, a fines distintos.

 

contraloria muni huancayo

Así, entre julio y diciembre de 2020, el municipio liderado por Juan Carlos Quispe Ledesma contrató 305 trabajadores sin concurso público. Pero la Contraloría halló que 88 de ellos, que inicialmente fueron contratados como fiscalizadores municipales, terminaron realizando labores ajenas a sus funciones.

Entre los responsables de esta irregularidad detectada en el informe de Control Interno se encuentran el ya mencionado Danny Luján Rojas, presunto integrante de ‘Los Tiranos del Centro’. Ese año, ya ocupaba otro cargo: el de gerente de Seguridad Ciudadana. Otro de los involucrados es Eduardo Bendezú Gutarra, cofundador del partido del lápiz y, según la Fiscalía, parte de la presunta organización criminal ‘Los Dinámicos del Centro’. Con el lápiz, esto es ya apenas más de lo mismo.

 

 

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Huacayo, Perú Libre

 

Una primera traba le ha aparecido a los partidos políticos en la carrera por hacerse de alcaldías y gobiernos regionales. Según el cronograma electoral, todo el que quisiera candidatear tenía hasta el 5 de enero para afiliarse a alguna agrupación. Los partidos eran responsables de tramitar las inscripciones ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). La autoridad electoral, sin embargo, hizo un cambio en las reglas de juego el año pasado que pasó desapercibido.

El JNE dispuso, por primera vez, que las fichas de afiliados se entreguen en mesa de partes en una sola tanda y ya no en múltiples ingresos, como lo venían haciendo varias organizaciones políticas. El 26 de noviembre se publicó la resolución que lo oficializaba en El Peruano, pero varias organizaciones no advirtieron el anuncio y hoy acusan falta de publicidad. Lo cierto es que al menos 25.000 fichas de afiliación de más de 40 partidos se han quedado fuera de los comicios. El asunto ha generado rápidas reacciones en el Congreso, que ya tiene propuestas legislativas en la puerta del horno.

LAS DEVOLUCIONES

“En mesa de partes te atendían y no te decían que ya no podías entregar más, que todo debía ser en un solo momento”, indica José Manuel Villalobos, experto en derecho electoral que representó a dos organizaciones políticas durante su proceso de apelación: el Movimiento Agua de Huancavelica y el Frente de la Esperanza.

En el caso del Frente de la Esperanza, se presentaron más de 6.000 fichas en un mismo día, pero en tres entregas. En su primera cita, el personero dejó dos cajas; y por la tarde, una tercera. Seis días después, el JNE informó que solo iban a aceptar la primera caja (la ‘primera entrega’) y que 4.327 fichas de afiliación iban a ser devueltas.

“La sanción [se refiere a la devolución de las fichas] que han aplicado no es razonable, se afecta la participación política de miles de ciudadanos porque un partido o movimiento presentó sus papeles en conjunto o separado, pero nunca lo hicieron fuera del plazo, que era el 5 de enero”, asegura Villalobos.

Fernando Olivera, fundador del Frente de la Esperanza, alega que la medida no fue suficientemente publicitada y que la sumilla de la resolución publicada en El Peruano no hacía referencia a este tema en específico. Salió con el título “Disponen el cierre del Portal Electoral Digital (PED) implementado en el marco de las Elecciones Generales 2021, y dictan otras disposiciones”. Sobre las fichas que el JNE ordenó devolverles la primera semana de febrero, nos dice: “No las hemos recogido, están ahí”.

Hasta el 19 de febrero, el pleno del JNE ha declarado infundadas, en última y definitiva instancia, 14 apelaciones de los partidos respecto a este tema. A través de los fallos sobre estos casos que han sido publicados en El Peruano, Sudaca contabilizó que hasta la fecha se han devuelto al menos 25.000 fichas de afiliados.

Devolución de padrones complementarios
«Fuente: Resoluciones publicadas en el diario oficial El Peruano por el JNE. Elaboración propia»

Uno de los partidos más afectados es Alianza para el Progreso (APP). Luis Valdez, secretario general del partido, calcula que al menos 10.000 fichas presentadas por su agrupación han sido devueltas. “Eso es antidemocrático. Son militantes de todo el Perú, de Loreto, Pasco, Puno, Ayacucho, Cusco, Moquegua y de todas las regiones”, refirió. En su opinión, el JNE está restringiendo la ley.

Villalobos asegura que varios partidos han presentado acciones de amparo. Sin embargo, para cuando estas se resuelvan, lo más probable es que ya haya pasado la etapa de verificación -que termina el 28 de febrero- y el hecho esté consumado.

En respuesta a una consulta de Sudaca, el JNE dice que el área de Servicios al Ciudadano funciona como una mesa de partes que recibe todos los documentos que presentan los ciudadanos, y que es otra unidad la que analiza si las fichas son válidas o no. Es decir, le pasa la pelota al ROP. “Corresponde a la Dirección Nacional del Registro de Organizaciones Políticas [ROP] evaluar la viabilidad o no de los padrones presentados”, indican.

 

LAS PRESIONES DEL CONGRESO

José Tello Alfaro, especialista en temas electorales, asegura que al tratarse de una resolución que reglamenta el procedimiento de entrega de fichas, la medida debió ser prepublicada. “Los reglamentos electorales se prepublican para conocimiento de los ciudadanos para que envíen sus observaciones. Como especialistas también damos opiniones, pero en el caso de la resolución del JNE, no la prepublicaron”, apunta.

El tema ha desatado rápidas reacciones de los partidos con curules en el Congreso. Como principal agraviado, APP ha interpuesto una demanda constitucional para que el Poder Judicial vea el tema. Pero a través de su bancada en el Congreso también vienen planeando una salida.

Tras confirmarse la decisión del JNE negando las apelaciones, el congresista de APP Eduardo Salhuana presentó el proyecto de ley 1227/2021-CR, que propone modificar la Ley de Organizaciones Políticas. En el artículo correspondiente al padrón de afiliados, se incorporaría lo siguiente: “las organizaciones políticas podrán presentar su padrón de afiliados mediante entregas totales o parciales”.

Le consultamos si esto no le parecía una ley “con nombre propio”, que beneficia directamente a su partido. “Es una manera de interpretar las cosas, pero nuestro punto de vista es que el Congreso dio una ley en octubre del año pasado y en esa ley se estableció el plazo máximo. En esa ley no se estableció ninguna exigencia adicional o requisito”, señala.

A los pocos días, el congresista Alejandro Muñante, de Renovación Popular, también presentó otra iniciativa. El proyecto de ley 1271/2021-CR apunta a interpretar el numeral 4 de la Ley N° 31357, aprobada el año pasado para regular las elecciones, bajo los siguientes términos:

“Interprétese que la presentación de los padrones de afiliados para las Elecciones Regionales y Municipales de 2022 (ERM 2022), que hayan sido presentados por las organizaciones políticas hasta el 5 de enero de 2022, aun cuando no hubiese sido en conjunto ni en un solo momento, son válidos y deben ser admitidos e inscritos en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP)”.

Ambos proyectos se estaban debatiendo en la comisión de Constitución del Congreso y fueron rechazados por los organismos electorales. Pero los congresistas han insistido. El 15 de febrero los portavoces de Alianza por el Progreso, Renovación Popular, Perú Libre, Avanza País y Acción Popular firmaron un acta para exonerar el Proyecto de Ley 1271/2021 del congresista Muñante del dictamen en la comisión de Constitución, ante la proximidad del cierre de la presente legislatura, el 28 de febrero.

En sesión extraordinaria de este grupo de trabajo, realizada el viernes 11 de febrero, el presidente del JNE, Jorge Luis Salas Arenas, ya se había mostrado en contra de los dos proyectos. “Se pretende aprobar una ley para aplicarla a hechos o situaciones que ya han sido materia de pronunciamiento en el curso de un procedimiento regular ante el JNE”, indicó sobre el proyecto de ley de Salhuana. Agregó que se estaría vulnerando el numeral 2 del artículo 139 de la Constitución, sobre el principio de la independencia en la función jurisdiccional.

Respecto al segundo proyecto de ley, el de Muñante, advirtió que este podía ir en contra de la intangibilidad del proceso electoral, el principio que impide hacer cambios en medio de la carrera. “La intangibilidad no es una intención del jurado, ni un capricho del jurado, es una norma de un rango muy alto que todos debemos conservar”, aseguró. Los titulares de la ONPE, Piero Corvetto, y de RENIEC, Carmen Velarde, también mostraron su preocupación de que las iniciativas pudieran poner en riesgo el calendario electoral previamente establecido.

“El JNE dice que estaríamos afectando su autonomía. Ellos son los que han limitado con una resolución, que es una norma de inferior categoría a una ley ordinaria, [ellos] son los que han puesto una exigencia que no existía en la ley, ellos han creado el problema”, argumenta el congresista Salhuana.

En su presentación ante el Congreso, Salas Arenas sostuvo que la resolución del JNE solamente ha ordenado el proceso con el fin de evitar demasiadas interacciones presenciales, en un momento en el que se esperaba la llegada de una tercera ola de la pandemia.

Pero para José Tello Alfaro, especialista en temas electorales, la norma es un error del JNE porque no va de la mano con la realidad. Y es que, según explica, para una organización con 20.000 o 30.000 afiliados, lo más práctico es entregar los padrones de a pocos.

“Peor aún, pudiendo corregir eso cuando se dieron los casos, mantienen su postura, generando este problema. Y, sobre todo, activa al Congreso para que se meta a sacar esta norma interpretativa, que, dicho sea de paso, es una ley a la medida y ‘express’ para determinados partidos políticos”, precisa.

Agrega que es de esperar que la norma resultante se apruebe rápidamente, pues todos los partidos tienen contactos con movimientos regionales y existe el antecedente de la Ley N° 31357, aprobada en octubre del año pasado, donde todos los frentes políticos se pusieron de acuerdo muy rápido. Hasta el momento, así está ocurriendo.

 

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elecciones municipales, JNE

 

El Estado es muy generoso con los familiares de Dina Boluarte. Wigberto Nicanor Boluarte Zegarra, hermano de la vicepresidenta de la República, fue contratado como asesor principal en el municipio de Pueblo Libre en agosto pasado, contraviniendo a la Ley de Contrataciones del Estado, que prohíbe darle trabajo a parientes “hasta el segundo grado de consanguinidad” de la alta funcionaria, según dos especialistas consultados por este medio.

A Wigberto Boluarte lo contrató el alcalde Stephen Haas del Carpio, que llegó a la comuna con los colores de Acción Popular. Este es un partido cuya bancada está dividida sobre su posición respecto al gobierno. Una facción minoritaria, integrada principalmente por legisladores provincianos, es afín a la gestión de Pedro Castillo.

Haas Belaunde
Stephen Haas del Carpio, alcalde de Pueblo Libre, posa con una imagen del expresidente Fernando Belaunde. En su gestión se contrató a Wigberto Boluarte, hermano de la vicepresidenta de la República, como asesor. Fuente: Andina.

Wigberto Boluarte llegó al municipio para ocupar el cargo que entonces tenía Enrique Vílchez, hoy secretario general del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), cartera que preside Dina Boluarte. Vílchez fue asesor del alcalde de Pueblo Libre desde enero del 2021 hasta el 3 de agosto de ese mismo año. Tras pasar al Midis, fue reemplazado en el distrito por el hermano de la vicepresidenta. Un enroque perfecto.

 

ESPECIALISTAS CUESTIONAN

Wigberto Boluarte ha recorrido diversas instituciones públicas. Fue viceministro de Promoción del Empleo en el gobierno de Ollanta Humala. También coincidió con Enrique Vílchez, el 2017 y el 2018, en el Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción (Sencico), durante el gobierno de Martín Vizcarra. El primero fue gerente general de la institución; y el segundo, asesor legal de la gerencia general.

“Yo conozco a Nicanor [así le dice al hermano de la vicepresidenta]. Y con Nicanor y Enrique Vílchez hicimos un grupo de transferencia con el alcalde saliente [de Pueblo Libre]”, dice a Sudaca el alcalde Haas del Carpio.

En mayo del año pasado, en medio de la agitación política por la segunda vuelta electoral, Wigberto Boluarte fue nombrado director de la Empresa Nacional de Puertos, entidad adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, por el gobierno de transición de Francisco Sagasti.

Pero el hermano duró dos días en el cargo. Renunció para evitar suspicacias de que su nombramiento respondiera a un pacto político entre Sagasti y Pedro Castillo. Y es que se trataba de un familiar directo de la entonces candidata a la vicepresidencia. “No quisiera que esta designación de pie a comentarios fuera de lugar”, señaló en una carta.

Tres meses después, sin embargo, al hermano de la vicepresidenta no pareció interesarle la agitada coyuntura política y aceptó el cargo de Asesor I en la municipalidad de Pueblo Libre, bajo el régimen laboral CAS (contratación administrativa de servicios). Entró en agosto del año pasado con un salario mensual de S/8.370, según el portal de Transparencia del municipio. Un mes después, en septiembre, tuvo un incremento salarial y pasó a ganar S/9.300.

El alcalde cierra filas con la designación del hermano de Dina Boluarte y dice que la contratación cumple con los requisitos de ley, pero sin dar argumentos legales. “Lo hemos contratado porque no tiene ningún impedimento legal, además cumple con el perfil técnico. Él es funcionario de confianza. Su contratación pasó por la revisión de la gerencia de Recursos Humanos”, dice el burgomaestre Stephen Haas.

Sudaca tuvo acceso a la resolución de la alcaldía de Pueblo Libre en el que nombra a Wigberto Boluarte Zegarra, como Asesor 1. Es del 4 de agosto del 2021. “La subgerencia de Recursos Humanos informa que habiendo recibido el currículum vitae documentado del señor Wigberto Nicanor Boluarte Zegarra procedió a verificar si cumple con el perfil del puesto para el cargo de Asesor 1 del Despacho de Alcaldía, concluyendo que sí cumple con dicho perfil”, dice la resolución. En el documento no se analiza si el contratado está impedido de contratar con el Estado por ser pariente de la vicepresidenta.

Resolución de alcaldía
4 de agosto, 2021. La resolución de la alcaldía de Pueblo Libre en la que se nombra como asesor principal a Wigberto Boluarte Zegarra, hermano de la vicepresidenta Dina Boluarte. No se analizó si está impedido de ser contratado por ser pariente de una alta funcionaria.

“A él [Wigberto Boluarte] sí le alcanza el impedimento porque es el hermano de la vicepresidenta. Un CAS tiene la prohibición también”, dice a Sudaca Cecilia Ruiz, abogada especializada en contrataciones.

El artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado dice que están impedidos de contratar “el cónyuge, conviviente o los parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad” de un alto funcionario, como el presidente o el vicepresidente, en el ámbito que se desempeñen.

Óscar Saravia, especialista en contrataciones, dice a Sudaca que el ámbito del mandatario Pedro Castillo y la vicepresidenta Dina Boluarte es nacional, por lo que sus familiares directos no pueden contratar con el Estado en todo aspecto. “En mi opinión el ámbito de la vicepresidenta es a nivel nacional porque no hay una oficina o dependencia del vicepresidente. Por lo tanto, el impedimento para contratar un familiar directo es a nivel nacional mientras dure su ejercicio o un año después de haber culminado su ejercicio. Está prohibido contratar a un hermano de padre y madre (de la vicepresidenta). No se puede”, dice Saravia.

Al ser consultado sobre si Dina Boluarte influenció en la contratación de su hermano, el alcalde Stephen Haas responde: “No he tenido acercamiento con la señora Boluarte. Ella vino al distrito con motivo de la celebración del bicentenario de la República. Se invitó al presidente de la República, no pudo venir y envió a la señora Dina Boluarte. Pero jamás me he reunido con ella en privado”.

Haas llegó a la alcaldía como invitado de Acción Popular. Se afilió al partido en el 2019 y, en septiembre del 2021, un mes después de contratar al hermano de Boluarte, renunció a la militancia. Según dice, lo hizo para formar parte de un movimiento independiente. Niega haberse ido en malos términos del partido. “No me aproveché ni mucho menos de Acción Popular. Yo participé en las internas como invitado y gané. Le estoy agradecido a Acción Popular, pero me fui porque se presentó la posibilidad de presentar una nueva agrupación política”, dice el titular de la comuna de Pueblo Libre.

Wigberto Boluarte no es el único familiar de la vicepresidenta y ministra del Midis contratado por el Estado. El 9 de febrero la Contraloría alertó en un informe que la empresa Grupo Peruano Suiza, que pertenece a Jorge Gamarra Boluarte, sobrino de Dina Boluarte, ganó un contrato de S/170.000 para realizar exámenes de tomografía en el hospital regional del Cusco, administrado por el gobierno de la región. El acuerdo, que fue ventilado por la prensa, se firmó en diciembre pasado  por la vía de la “contratación directa”.

Jorge Gamarra Boluarte, de acuerdo al informe de Contraloría, sería hijo de Olga Boluarte Zegarra, hermana de la vicepresidenta. El órgano de control recomendó tomar acciones respecto a esta adjudicación. Sudaca se comunicó con la vicepresidenta Dina Boluarte y su oficina de prensa, pero al cierre de la edición no hubo respuesta.

Da la casualidad de que Acción Popular también dejó marcada su huella en este caso. Y es que el gobernador regional del Cusco, Jean Paul Benavente García, pertenece al partido de la lampa. La autoridad regional negó cualquier tipo de favorecimiento. Benavente es de la línea de Mesías Guevara, gobernador regional de Cajamarca y que adopta un tono conciliador con el gobierno. Esto, en contraste con una línea dura fijada por su correligionaria y presidenta del Congreso, María del Carmen Alva.

Benavente Castillo Boluarte
8 de febrero. Jean Paul Benavente, gobernador regional del Cusco, conversa con el presidente Pedro Castillo al asumir la presidencia de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales. La vicepresidenta Dina Boluarte acompaña la escena. El sobrino de ella fue contratado como proveedor en la gestión de Benavente. Fuente: Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales.

 

El gobernador de Cusco, Jean Paul Benavente, es el nuevo presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales. Fue elegido el 8 de febrero pasado, con la presencia del presidente Castillo y la vicepresidenta Boluarte. Todo queda en familia.

 

 

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Dina Boluarte, Pedro Castillo

 

Después del partido de la selección peruana contra Ecuador, el pasado 1 de febrero, el exprocurador Daniel Soria se enteró que había sido retirado del cargo. Pero esa fue apenas la última de una serie de movidas del Ejecutivo en su contra. En conversación con Sudaca Soria revela que, tras la denuncia que hizo contra Pedro Castillo por el caso Puente Tarata III, sufrió varios actos de hostilización antes de ser finalmente expectorado de su despacho. Uno fue que le mocharon el sueldo.

Soria indica que hubo modificaciones a su contrato como procurador que significaron una reducción del salario que recibía. Además, no se hizo la renovación de contrato que le correspondía. «Sí, definitivamente [son actos de hostilización], la línea de tiempo sobre el contrato, lo acredita», señala.

Entre febrero de 2020 y febrero de 2021, Soria laboró bajo un un contrato FAG (Fondo de Apoyo Gerencial) y, en marzo de 2021, firmó el contrato PAC (Personal Altamente Calificado) para el periodo marzo 2021-agosto 2021.

Uno de los criterios para contratar a personal PAC es que el puesto que vaya a ocupar sea de un nivel superior de responsabilidad. Existe, además, un procedimiento de selección de candidatos. La contraprestación va desde los S/16.000 hasta los S/25.000. Soria ganaba el tope máximo de esta escala.

«En la segunda quincena de noviembre, ya con el nuevo gobierno, se dio pase a la adenda [del contrato] respectiva, para el periodo setiembre-diciembre 2021. Si dieron la adenda es porque cumplía con los requisitos [del cargo]», argumenta Soria.

Cuando el exprocurador hizo la denuncia contra el presidente Castillo, en diciembre, se venían tramitando las renovaciones de los contratos PAC para el 2022. Estos entrarían en vigencia el 1 de enero. Sin embargo, en su caso, tal renovación nunca llegó.

Soria ingresó en enero a un régimen de contrato CAS de la propia Procuraduría General del Estado, con un sueldo de S/15.600. Esto implicaba una reducción de 36% en su salario. A fines de ese mes, le dijeron que retornaría al régimen FAG. «Preguntaba oralmente, luego envié oficios. Recién el día 26 de enero el secretario general del Ministerio de Justicia me manda un oficio diciendo que, como había una acción de control sobre el tema de que no cumplía con el requisito, no se dio pase al contrato PAC y me dijeron que me mantenga en el contrato FAG, ordinario», expresó.

El Fondo de Apoyo Gerencial (FAG) está destinado a compensar el asesoramiento calificado que se brinda al Estado, y permite financiar los gastos del personal que presta servicios técnicos y profesionales de carácter temporal. No se trata de un régimen laboral. En el caso de los contratos FAG, de acuerdo a la norma, el tope de ingreso mensual no podrá ser mayor al de seis Unidades de Ingreso del Sector Público. Es decir, unos S/15,600.

Un oficio suscrito por el gerente general de la Procuraduría General del Estado, Martin Mijichich Loli, con fecha 18 de enero, da cuenta de las solicitudes de Soria para la renovación del contrato PAC. En el documento, dirigido a Carlos Cavagnaro Pizarro, secretario general del Minjus, se sostiene que “es preciso mencionar que mediante documentos g) y h) de la referencia, de fecha 10 de diciembre de 2021, se solicitaron las renovaciones de los contratos del Procurador General del Estado y del Gerente General de la Procuraduría General del Estado, los cuales fueron formalizados en el marco del Decreto Supremo N° 412-2020-EF y de la Ley N° 29806, sin embargo, hasta la fecha no se tuvo respuesta”.

Cavagnaro responde al oficio indicando que la evaluación del contrato de Soria se dará después de la revisión al cumplimiento de los requisitos del perfil, a cargo de la Contraloría.

El exprocurador fue finalmente removido del cargo el 1 de febrero. Solo un día antes de su destitución, un informe del Órgano de Control Interno del Ministerio de Justicia se refería a la designación del procurador general del Estado y advertía que «se han advertido indicios de irregularidad», por supuestamente no tener experiencia en defensa jurídica del Estado. Todo esto mientras Soria sustentaba su posición de que el jefe de Estado debía ser investigado.

Previo a este informe del Minjus, Eduardo Pachas, abogado del presidente Castillo había cuestionado el nombramiento de Soria públicamente. El letrado también tuvo una reunión con Aníbal Torres. Tras ello, empezaron las objeciones a la permanencia de Soria. Con su destitución, un ambiente de inestabilidad se instaló entre el resto de procuradores, que incluso ya habían firmado un comunicado en rechazo a la injerencia del gobierno.

En entrevista con Sudaca, Soria también dice tener información sobre una fuerte presión desde el Minjus para que se presente una denuncia en su contra por la supuesta irregularidad en su designación. “Esa presión viene de la gestión de Aníbal Torres y está continuando”, dice.

Soria ha venido defendiéndose del Ejecutivo. Esta semana el Poder Judicial admitió a trámite la acción de amparo que interpuso el exprocurador, con la que busca ser restituido al cargo del que fue retirado por Torres. Soria señala que “más allá de un puesto de trabajo, lo que busco es que un juez confirme a través de una sentencia que esto ha sido ilegal”.

El Segundo Juzgado Constitucional de Lima de la Corte Superior de Justicia de Lima, a cargo de la jueza Elizabeth Salas Fuentes, dispuso que la demanda sea debatida recién el jueves 5 de mayo.

Sudaca buscó al ministro Aníbal Torres, pero no contestó nuestros mensajes.

 

 

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anibal torres

 

En un recorrido por hospitales como el Sabogal, el Rebagliati y el Grau -todos de EsSalud- Sudaca comprobó el calvario que los pacientes viven a diario: las colas en las puertas de ingreso son insoportables. En algunos casos, las personas dicen que van a visitar pacientes internados; pero en otros –la mayoría–, están esperando entrar a citas que les ha costado sudor y lágrimas conseguir.

En el seguro social las consultas generales se pueden programar por teléfono, pero eso no significa que conseguirás una atención rápida. Los operadores indican que te llamarán, pero no especifican cuándo. Quienes logran agendar las citas médicas lo hacen después de esperar, al menos, un par de semanas.

Eso, por ejemplo, le ocurrió en el Grau a Jorge Olivares (62), que padece cataratas. “Vine para la ecografía de mi vista. Me transfirieron del Hospital Canto Grande aquí. Eso fue hace, más o menos, 20 días. Por fin me atendieron”, asegura. En la Unidad Básica de Atención Primaria (Ubap) de Jesús María, el tiempo de espera para una ecografía puede llegar a ser de dos meses, relata una asegurada.

En el Grau, una señora de 98 años –que no quiso revelar su nombre– llegó por un dolor de rodilla que no le permite caminar sin bastón. “Saqué mi cita por llamada telefónica ayer y hoy me han reprogramado para marzo”, explica. La señora se retiró a su casa a esperar que le avisen –también por llamada– qué día del próximo mes finalmente la podrán atender.

 

Minsa
La cola en el ingreso del Hospital III Emergencias Grau, ubicado en Cercado de Lima.

 

Godofredo Talavera, expresidente de la Federación Médica, estima que en EsSalud faltan alrededor de 8.000 doctores especialistas y 4.000 generales. Pero a ese colapso ahora se le ha sumado la huelga de los tecnólogos médicos del seguro social, que hace mucho más grave la falta de respuesta del sistema. Estos profesionales son un apoyo fundamental para los médicos, que les encargan realizar procedimientos como los análisis de laboratorio, las terapias físicas o las radiografías. Hoy cumplen 24 días en paro y la medida ya le pasa factura a los pacientes.

“Hace 8 años estoy mal de la espalda. Las piernas se me entumecen, se me ponen inertes y me duelen como el diablo. En esta cojudez nunca te atienden, me han dicho que me vaya a una clínica particular”, dice, muy ofuscado, Factor Carvajal Jaime (75), que necesita hacerse una radiografía en la columna. Está parado frente a la puerta de ingreso del Hospital III Emergencias Grau, del Cercado de Lima. Su padecimiento no le deja caminar sin la ayuda de muletas.

“Me dijeron que primero debo llamar a un número [para pedir la programación]. Luego te llamarán, pero no te dicen de dónde. Son ocho años donde aprendí a soportar este dolor. Ya me cansé. Yo vivo solo en San Cosme. Mi salida es pura medicina natural”, agrega.

 

LAS RAZONES DE LA PROTESTA

Los tecnólogos del seguro social han seguido brindando los servicios relacionados a la pandemia, pero han suspendido casi todo lo demás. “Muchas atenciones regulares de consultorios externos no se están dando en este momento debido a la huelga. Se han dejado de hacer cirugías y programar consultas. Muchas veces porque los pacientes no cuentan con sus resultados de laboratorio y exámenes radiológicos”, asegura Alberto Meza, secretario general del Sindicato Nacional de Tecnólogos Médicos de la Seguridad Social (Sinatemss).

Los tecnólogos protestan por la creación de una “unidad orgánica” para su especialidad. Esto –aseguran los huelguistas– mejoraría su capacidad de respuesta. “A través de ella se dirigen los procesos, se hace programación de personal, capacitación, adquisición de insumos, materiales y equipos. También mejoras laborales porque no siempre trabajamos en ambientes seguros, más aún en pandemia”, explica Meza.

La unidad orgánica, que es una instancia administrativa, le permitiría a los tecnólogos precisar qué tan grande es su brecha laboral y, así, optimizar el cumplimiento de sus tareas. Les ayudaría también a distribuir mejor su personal para atender la excesiva demanda. Esto incluye la rotación, los descansos y días de guardia que tengan que realizar.

Por eso, la ley que regula el ejercicio profesional del tecnólogo médico promulgada hace 17 años, en el segundo gobierno aprista menciona claramente la necesidad de una unidad orgánica. Han pasado casi dos décadas y ello no se ha concretado.

 

Médicos
Los tecnólogos médicos han protestado frente al Ministerio de Trabajo y el Congreso en los últimos días

 

En enero, desde la Red Prestacional Sabogal ––que agrupa 23 centros de salud, con 374 tecnólogos médicos– pidieron una evaluación interna para saber si había las condiciones para crear la unidad orgánica. El informe arrojó que los 138 tecnólogos del hospital nacional y los 236 del resto de centros médicos de la red tenían que brindar una infinidad de servicios para los que no se daban abasto.

“Los tecnólogos médicos en el Hospital Nacional están asignados a tomografía y resonancia magnética; radiodiagnóstico y ecografía; medicina física y rehabilitación; microbiología; bioquímica e inmunología; hematología, hemoterapia y banco de sangre; patología quirúrgica y necropsia; y oftalmología”, se lee en el documento.

Según Alberto Meza, secretario general del Sinatemss, una unidad orgánica mejoraría la respuesta de los tecnólogos para todos esos servicios. “Nosotros a la fecha no podemos determinar la brecha de personal que existe a nivel nacional. Hay una brecha negativa que solo es cubierta por horas extra o en otros casos no se cubre y no se le puede atender a los pacientes el mismo día. No hay capacidad para cubrir la demanda”, asegura.

 

PASÁNDOSE LA PELOTA

Teniendo en cuenta ese panorama, sendas instancias de EsSalud estuvieron de acuerdo en que se debía implementar la mentada unidad orgánica, de acuerdo a documentos revisados por Sudaca. El 24 de enero de este año, por ejemplo, la Gerencia de Políticas y Normas de Atención Integral de Salud y la Gerencia de Organización de Procesos emitieron informes favorables para la creación de la demandada instancia administrativa, precisando su organización y funciones. Además, desde el 2019 ya se tenía la opinión jurídica de la Gerencia de Normativa y Asuntos Administrativos de la entidad.

A pesar de ello, EsSalud vio conveniente pedirle opinión a dos instituciones del Ejecutivo: la Secretaría de Gestión Pública de la PCM, órgano rector de la organización estatal; y el Minsa. Ahí comenzaron los problemas. Entre la PCM y el Minsa se han estado tirando la pelota respecto de quién debía autorizar la iniciativa de la Unidad Orgánica de Tecnología Médica.

El 13 de enero el Minsa, a través de su Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización, indicó a EsSalud que la propuesta era realizable, pero que requería una opinión de la PCM. “Los aspectos referidos a los sistemas administrativos entre ellos, el Sistema Administrativo de Modernización de la Gestión Pública, que comprende los aspectos de organización estructural, están supeditadas a la normativa que emite la PCM como órgano rector”, se lee en su informe.

El 8 de febrero, PCM le devolvió el balón al Minsa. En su informe, la Secretaría de Gestión Pública (SGP) concluyó que EsSalud cuenta con autonomía administrativa, por lo que “la aprobación o modificación de su estructura orgánica no requiere contar con la opinión técnica previa favorable de la SGP”. Más adelante, agregan: “Es factible contar con una opinión especializada del Minsa, como rector en materia de salud, respecto de las funciones a cargo de una unidad de tecnología médica”.

Para Alberto Mesa, secretario general de la Sinatemss, la poca claridad del gobierno solo busca que se demore el cumplimiento de la ley. “Nosotros vemos un ánimo de dilatación. Hacen todas las consultas innecesarias para no otorgarnos lo que, por ley, nos corresponde. Le hemos exhortado a la ministra de Trabajo que corrija estos hechos al ser EsSalud dependiente de ese ministerio”, manifiesta.

En respuesta a Sudaca, el área de prensa del Ministerio de Trabajo señala que los informes de la PCM y el Minsa “no abordan de manera contundente algún tipo de criterio que avale la creación o no de dicha unidad orgánica”, sino únicamente la legalidad de la medida. “La solución de este tema depende exclusivamente de EsSalud”, apuntan.

De hecho, EsSalud publicó un comunicado ayer viernes señalando que han recibido nuevos informes técnicos de la PCM y Minsa con “orientaciones aclaratorias” que les servirán para elaborar la propuesta final de la conformación de la Unidad Orgánica de Tecnología Médica.

El sindicato, sin embargo, no levantará su paro hasta que dicha promesa se cumpla. Meza cuenta que, incluso, analizan la posibilidad de iniciar una huelga de hambre. Mientras tanto, como pudo constatar Sudaca, los pacientes del seguro social sufren los estragos de la ineptitud burocrática. La salud de una persona no puede esperar 17 años. Tampoco dos meses. Hasta marzo es ya mucho pedir.

 

**Fotoportada por Darlen Leonardo

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El último domingo, Sudaca contó todos los detalles del caso de presunto tráfico de influencias en el que está involucrado el congresista de Perú Libre Edgar Tello. La fiscal de la Nación lo ha puesto en la mira por una serie de conversaciones y una nota de inteligencia policial que revelarían favores al empresario Miguel Ángel Salinas, detenido en enero por hurtar millones de soles de entidades públicas.

Pero un personaje clave en esta trama, del que queda mucho por contar, es Wilfredo Alayo Jiménez. Se trata de un excandidato al Congreso por Unión por el Perú, y también exmilitante del APRA y Cambio Radical (movimiento político liderado por José Barba Caballero). La Fiscalía le atribuye a Alayo conversaciones con Salinas en las que este le pide ayuda para destrabar una licitación en San Juan de Lurigancho.

Los mensajes muestran que, para tal fin, Alayo habría fungido de intermediario entre Salinas y Tello. El congresista de Perú Libre, sin embargo, no quiso respondernos sobre ese personaje en particular. ¿Por qué intenta ocultar su vínculo con Alayo? Todo indica que las respuestas a esta pregunta serán cruciales en la investigación fiscal. 

Sobre Alayo ya hemos dicho que tiene una sentencia por negociación incompatible del 2017 y que visitó, junto a Tello, al actual ministro de Educación, Rosendo Serna, el 4 y 6 de enero. El 24 de noviembre del año pasado, además, ambos se reunieron con el entonces presidente ejecutivo de EsSalud, Mario Carhuapoma, de acuerdo a los registros.

Pero hay más incursiones a entidades públicas, un viaje a la selva y hasta un abogado en común que evidencian una relación innegable entre el congresista de Perú Libre y un personaje que siempre tuvo problemas con la justicia. Y es que, además de la condena del 2017, Alayo figura como “sentenciado” en un proceso de usurpación del 2002, según registros del Ministerio Público. También ha sido acusado de agresiones y amenazas, y tiene un proceso por falsificación de documentos a la espera de juicio.

¿Qué hace un hombre con esos pergaminos rondando a un padre de la patria? La fiscal de la Nación podría tener la respuesta en algunos meses. 

Wilfredo Alayo junto al congresista Edgar Tello. Posan frente a la puerta del Congreso.

 

ACOMPAÑANTE EN LA SOMBRA

El 19 de enero, Wilfredo Alayo visitó junto a Tello y el alcalde de San Juan de Lurigancho, Álex Gonzáles, el despacho del director ejecutivo del Programa Integral de Barrios del Ministerio de Vivienda. A la cita asistieron otros funcionarios del municipio.

Alayo señala que él nunca estuvo en la reunión y que solo lo registraron en la puerta. Fue, dice, para hacerle servicio de taxi al congresista de Perú Libre. Pero una de las hipótesis en el caso de tráfico de influencias seguido contra Tello es, precisamente, que el empresario Miguel Ángel Salinas lo buscó -con Alayo como nexo- para que lo contacte con el alcalde de SJL. 

El domingo pasado, el dominical Punto Final reveló imágenes en las que Alayo acompañaba al congresista Tello a varias de sus actividades públicas en Lima. Este personaje dijo al programa televisivo que él le había hecho varias “carreras” al parlamentario.

Pero Sudaca obtuvo una grabación más en la que Alayo aparece filmando al parlamentario del lápiz en una incursión a una comunidad de Loreto. Las imágenes son, según nuestras fuentes, de fines del 2021. ¿Hasta allá le hizo la movilidad al parlamentario?

“Bueno, señor. Allá también alquilan carros y puedo manejar. Yo también puedo pedir un favor y no hay nada de malo. No hay ningún problema”, responde Alayo. Le preguntamos cuánto le cobra al congresista y si tiene recibos que corroboren su versión. “Esas ya son cosas personales”, dice. Y niega ser el autor de los chats con Salinas.

captura video
Alayo filma con su celular al parlamentario Edgar Tello en un viaje a Loreto. Se trata de una relación que va más allá del taxi.

 

CUENTAS PENALES

Wilfredo Alayo es un personaje conocido en los pasillos del Poder Judicial. El 2017, como hemos visto, fue condenado a cuatro años de prisión suspendida por el delito de negociación incompatible e inhabilitado por tres años para ocupar cargos públicos.

Los hechos se produjeron el 2011, cuando Alayo Jiménez se desempeñaba como subgerente de Control Patrimonial de la Municipalidad de San Juan de Miraflores, en la gestión del exalcalde Adolfo Ocampo Vargas. Lo que hizo Alayo fue comprar un vehículo de segunda como si fuese nuevo.

Durante su paso por ese cargo también tuvo algunos choques con los vecinos del distrito. Uno de ellos denunció en la comisaría que Alayo entró con 40 personas a su terreno y se llevó a la mala 35 paneles de mallas metálicas valorizados en S/24.000.

Pero eso no fue lo peor. Sudaca pudo conocer que este personaje tiene pendiente un juicio en su contra por falsificación de documentos. Al terminar la gestión de Ocampo Vargas en SJM, asumió Javier Altamirano Coquis. Y una de las primeras cosas que hizo fue eliminar algunos requisitos para los postulantes a distintas gerencias, entre ellas la de Desarrollo Urbano. Antes se necesitaba el título universitario de Ingeniería, pero con Altamirano al mando eso se eliminó.

A los pocos meses, Wilfredo Alayo, quien decía haber estudiado un par de ciclos de Ingeniería en la Universidad Peruana de Integración Global, fue nombrado jefe de esta gerencia. La Fiscalía, sin embargo, descubrió que no contaba con documentos que acreditaran, siquiera, sus estudios de secundaria.

Alayo había presentado un certificado de estudios con actas de supuestas evaluaciones de cursos como Lenguaje, Geografía, Historia del Perú, entre otros. Él mismo había pedido a una institución educativa que le tomen exámenes de los cinco años de educación secundaria, porque su colegio había desaparecido y le era imposible acreditar que pasó por ahí. 

La acusación del fiscal Richard Cirilo. Pide 10 años y cuatro meses de cárcel para Alayo.

En las evaluaciones habían participado supuestamente 11 docentes, pero al menos tres de ellos dijeron que nunca lo habían hecho. En las actas consolidadas figuraba, por ejemplo, Rocío Florían Fernández. “Sin embargo, dicha docente no laboró en la IEP Latinoamérica [el colegio que le tomó las evaluaciones a Alayo], pues las actas son del 2014 y la citada docente recién obtuvo su título profesional en el 2015”, dice la acusación fiscal presentada el 2018.

Otro nombre que figuraba como docente evaluador era el de Slim Pareja Romero, pero este no reconoció su firma plasmada en las actas. “Además, dicha persona es docente de educación física, pero en las actas se consignó como docente de Geografía del Perú y del Mundo”, señala el escrito.

Pero, además, la institución educativa no estaba autorizada para emitir certificados de primero a cuarto de secundaria, como deja ver un oficio de la UGEL de San Juan de Miraflores enviado a la Fiscalía. La misma unidad ejecutora respondió al Ministerio Público que el certificado presentado por Alayo “no era auténtico”.

Por estos hechos, el fiscal anticorrupción Richard Cirilo acusó a Alayo, al alcalde y al director del colegio que le tomó las supuestas evaluaciones por los delitos de falsedad ideológica, nombramiento indebido y negociación incompatible. Contra Alayo pidió 10 años y cuatro meses de prisión en julio del 2018. Increíblemente, aún no hay juicio. “Bueno, puedo tener miles de juicios. Usted dice que está en investigación. Que salga la investigación y ahí podemos hablar”, dice el aludido.

Las comisarías también dan detalles de quién es este amigo negado del parlamentario Edgar Tello. El 4 de setiembre del 2018, alejado forzosamente de la gestión pública, Alayo fue intervenido a la medianoche por un agente policial por realizar “maniobras temerarias”. “Al vociferar, el presunto infractor, presentó aliento alcohólico, refiriendo también que no podía ser intervenido, porque tiene amigos oficiales de alto mando; amenazó al personal [diciendo que] la intervención policial [le] costará el cambio de unidad”, se lee en el parte policial de aquel día.

En marzo del 2019, además, fue acusado por Ronald Mosayhuate Reyes por haberle destrozado las lunas de su vehículo, además del equipo de música y los faros. “Asimismo, los denunciantes refieren que sufrieron amenazas de muerte por parte de los denunciados”, se lee en un parte policial. Alayo asegura que esta denuncia fue archivada.

 

CONTRA LA REFORMA DEL TRANSPORTE

Los documentos a los que accedió Sudaca revelan más conexiones entre Wilfredo Alayo y Edgar Tello. En la apelación a la acusación por falsificación de documentos y en un Hábeas Corpus presentado ante el TC, figura como abogado de Alayo el letrado David Mujica Castillo. Se trata del mismo abogado que representa a Edgar Tello en su reciente proceso por tráfico de influencias.

David Mujica Castillo, abogado de los transportistas que piden condonación de multas. Figura como abogado de Wilfredo Alayo en sus líos judiciales y ahora defiende a Edgar Tello.

Mujica es, además, abogado de la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (Anitra), que en noviembre se sumó a un paro nacional. Pedían la cabeza de la jefa de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU), María Jara, y de la exmandamás de la Sutran, Patricia Cama. Esta fue despedida aquel noviembre.

Los gremios de transportes también solicitaban la rebaja urgente de combustible, la reducción de peajes y la amnistía de papeletas. El ministro Juan Silva, en un acta revelada por El Comercio, se comprometió a esto último, anunciando que presentaría un proyecto de ley. El mismo diario reveló que las empresas representadas por Anitra debían hasta fines del año pasado S/18.460.000. La huelga se canceló tras el acuerdo.

Según la revista Caretas, en setiembre del año pasado, Edgar Tello coordinó una reunión entre miembros de la Anitra y el ministro Juan Silva, en la que estuvo Mujica. En enero pasado, Tello lo invitó a una audiencia titulada “La verdad sobre la reforma del transporte”. Llamamos al despacho del abogado, pero este no atendió nuestro pedido de entrevista.

Este es, pues, el círculo que rodea al parlamentario del lápiz. Y Tello haría bien en reconocer a sus amigos.

 

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La oposición planea sus próximos movimientos en un tablero delimitado por la guerra entre el Congreso y el Ejecutivo. Una de las jugadas que se avecina es comunicar que María del Carmen Alva no irá a la reelección como presidenta del Congreso. Esto por haber desgastado su imagen con exabruptos. Un 62% la desaprueba, de acuerdo al último sondeo de Ipsos Perú.

La sucesión congresal caería en manos de Alianza Para el Progreso (APP), como parte de un acuerdo interno entre opositores tomado a inicios del gobierno de Pedro Castillo. “En julio debe asumir alguien de APP. Es pertinente que haya un cambio para refrescar, en un momento importante y delicado”, dice Eduardo Salhuana (APP), quien desde ya es voceado para asumir la cabeza del Parlamento. La agrupación de César Acuña ocupa hoy la primera vicepresidencia, con Lady Camones.

Eduardo Salhuana
Eduardo Salhuana Cavides, vocero de la bancada de Alianza Para el Progreso, apunta a ser el próximo presidente del Congreso. Fuente: Andina.

“En Acción Popular no van a apoyar a María del Carmen Alva en caso de  presentarse a la reelección, porque ella no representa el sentir del partido, por más que pida disculpas. Ha hecho un daño político enorme”, dice el legislador de Perú Democrático, Carlos Zeballos, quien renunció en octubre a la bancada de la lampa.

Alva, que fue asesora de la bancada de Acción Popular entre el 2012 y el 2016, tiene una imagen mellada dentro de su propia tienda. María Sáenz Zenteno, militante de la lampa, trabajó varios años en el Congreso y recuerda así a su actual presidenta: “Ella maltrataba a la gente que trabajaba ahí. He visto un maltrato terrible de esta señora en años pasados”.

Por ejemplo, asegura que Alva -cuando era asesora- tuvo un fuerte intercambio de palabras con la militante cusqueña de Acción Popular, Celia Quispe, quien entre el 2015 y el 2016 también trabajó para la bancada. “En un momento le dijo, en una discusión, ‘Tú eres una Quispe y yo soy una Alva’. Prima más en ella los sentimientos negativos y el racismo”, cuenta Sáenz Zenteno. Ella admite estar mortificada porque la actual Mesa Directiva no le renovó el contrato.

 

Conferencia de prensa
María del Carmen Alva Prieto, presidenta del Parlamento, brinda una conferencia el miércoles pasado con voceros de otros partidos, entre ellos Waldemar Cerrón, de Perú Libre. Fuente: Congreso.

 

María Sáenz es una militante conocida en los predios acciopopulistas, dado que laboró varios años como asesora del exparlamentario Víctor Andrés García Belaunde. Buscamos a Celia Quispe, pero no quiso dar declaraciones.

 

GRIETAS EN LA OPOSICIÓN

Otro de los personajes que ha perdido peso en el bloque opositor es Patricia Chirinos. Hoy un grupo de congresistas marca distancia con la parlamentaria de Avanza País, feroz adversaria del presidente Castillo, en medio de una aparente tregua con el gobierno. “Todos sabemos que Patricia Chirinos tiene declaraciones irresponsables. Ya nos tiene acostumbrados. No sé si su intención es sumar o restar”, dice a Sudaca Elvis Vergara, vocero de Acción Popular e incondicional de la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva.

Chirinos es vista con recelo por un sector de la oposición desde que presentó una moción de vacancia contra Castillo en noviembre, sin coordinación previa. “Hemos considerado riesgoso que Patricia Chirinos haya tenido la iniciativa de presentar una moción de vacancia nada concertada y poco oportuna, que golpeó duramente esta figura constitucional. Una medida tan seria, tan dramática y tan extrema aún dentro de los cauces democráticos, como es la vacancia presidencial, no puede ser un asunto de inspiración personal”, dice Luis Ibérico, secretario ejecutivo nacional de Alianza Para el Progreso.

Una fuente parlamentaria cuenta a Sudaca que la legisladora por el Callao no es convocada desde entonces a las coordinaciones por tener un juego propio. Chirinos no fue llamada, por ejemplo, a la reunión organizada por la Fundación Friedrich Naumann y el Centro de Innovación de Políticas Públicas, en la que estuvieron las caras más visibles de la oposición y que fue dada a conocer por “Hildebrandt en sus Trece”. Dicha fundación pertenece a “Atlas Network”, una poderosa red de think tanks norteamericana fundada en 1981, que combate a los gobiernos de izquierda.

Chirinos asistió, eso sí, a su propio evento. El 1 de febrero pasado fue la estrella invitada del foro “Crisis de democracia en Perú”, organizado en Miami por el Instituto Interamericano para la Democracia (IID), una institución que también pertenece a la red de “Atlas Network”.

Patricia Chirinos
1 de febrero. Exposición de la congresista de Avanza País, Patricia Chirinos Venegas, en Miami, en el foro “crisis de democracia en Perú”, organizado por el Instituto Interamericano para la Democracia.

El IID es dirigido por el boliviano Carlos Sánchez Berzaín, quien suscribió las falsas teorías de fraude electoral en la campaña peruana y considera al gobierno de Pedro Castillo “castrochavista”. Chirinos dijo en su exposición que “he decidido presentar una denuncia constitucional contra Pedro Castillo por sus constantes faltas a nuestra Carta Magna y a través de ese mecanismo permitir que el Congreso vote por su destitución e inhabilitación”.

Y, efectivamente, el 8 de febrero Chirinos presentó un proyecto para modificar el artículo 117 de la Constitución y ampliar las causales para acusarlo durante su gobierno, incorporando las figuras de “actos de corrupción, narcotráfico, violación de derechos humanos y graves infracciones a la Constitución”.

“La Mesa Directiva y los voceros tratan de dar una conferencia, buscando poner paños fríos a la tensión  política, y ella sale en un foro internacional diciéndole de todo el presidente. Actúa de manera individual”, dice a Sudaca el vocero de Alianza Para el Progreso, Eduardo Salhuana.

Aunque un asesor de Chirinos dice a Sudaca que la legisladora mantiene relaciones cordiales con sus colegas de la oposición, la bancada de Avanza País -a la que pertenece Chirinos- es el único grupo de oposición que ha informado que no asistirá a la ronda de diálogo planteada por el primer ministro Aníbal Torres.

Los planes para un reacomodo en la oposición se dan cuando el 74% de peruanos, según una reciente encuesta de Ipsos Perú, está a favor de que ‘se vayan todos’ y de que convoquen a nuevas elecciones presidenciales y congresales. Es decir, hasta el momento el Congreso tampoco supo jugar bien sus fichas contra un rival que se ha tropezado solo. ¿Corregirá?

 

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A pesar de que el Colegio Médico del Perú y la Federación Médica Peruana exigen su renuncia por promover el consumo de productos sin sustento científico, hay gremios que sí han respaldado al nuevo ministro de Salud. En su primera conferencia de prensa, Hernán Condori apareció flanqueado por nueve emisarios de distintas agrupaciones. “Acá están los representantes de los diferentes gremios a los que ya les he hecho la invitación y pueden presentar ternas de profesionales con capacidad para que, a través de meritocracia, puedan ocupar cargos”, dijo el flamante titular del Minsa.

Uno de los primeros en tomar la palabra en esa presentación fue el doctor César Montoya Cárdenas, que, según sus palabras, se encontraba en representación de la Coordinadora Nacional de Profesionales y Técnicos del Sector Salud. De acuerdo a su página de Facebook, esta coordinadora existe desde el 20 de mayo de 2016 y se define como una “agrupación de profesionales y técnicos del sector salud”.

Montoya, sin embargo, ha sido (y todavía es) un acérrimo defensor de la ivermectina como medicamento para combatir la Covid.19. ¿Este es uno de los profesionales a los que Condori ha invitado a presentar “ternas” para copar el Minsa? Así estamos.

 

DEL ETNOCACERISMO A LA IVERMECTINA

Montoya Cárdenas es tecnólogo y médico cirujano, con maestría en biología aplicada, y lleva más de 30 años laborando en el Hospital Arzobispo Loayza. En ese periodo también ha recorrido varios partidos políticos, como el PPC, el Apra y hasta Unión por el Perú, el partido aliado de Antauro Humala, con el que se presentó al Congreso en las últimas elecciones.

Durante esa campaña, en sus redes sociales se le veía recorriendo calles y plazas con el eslogan “Médico de Barrio”. En sus propuestas incluía recetar ivermectina como parte del tratamiento temprano de Covid-19, además de incluir este medicamento en kits, como los que entregaba EsSalud. “Hoy en día, en Toluca, México, todavía la utilizan. Un grupo del Colegio Médico también se oponía a eso porque no había evidencia, pero yo tenía evidencia de que había pacientes que les daban y se mejoraban, no morían”, dice el doctor.

-¿Todavía no ha cambiado, entonces, su percepción sobre ese tema?- le preguntamos.

-Ahorita siguen estudiando la ivermectina y todavía no se han terminado [los estudios]. Yo, personalmente, como médico, tengo la potestad… Soy colegiado y uno puede darle a su paciente [la ivermectina], lo puede hacer, pero con autorización y con firma. […] ¿Se han muerto por ivermectina? Se han muerto por no atenderlos a tiempo.

 

César Montoya

 

 

HINCHA DEL LÁPIZ

Tras fracasar en su carrera al Congreso, Montoya volvió rápidamente a la política. Ya con Perú Libre en el poder, el médico reactivó sus actividades en la Coordinadora y se acercó a la bancada del lápiz. Entre diciembre del año pasado y febrero de este año, su nombre figura como visitante de varios empleados de este grupo parlamentario. Incluso tuvo una reunión con el congresista Edgar Tello, quien ha sido recientemente involucrado en un caso de presunto tráfico de influencias.

Y tras la designación de Hernán Condori en el Minsa, Montoya ha sido uno de los primeros en respaldarlo públicamente. No solo en la conferencia del 11 de febrero, sino en una reunión realizada días después, el lunes 14, con varios gremios médicos en Palacio de Gobierno. El encuentro, que contó con la presencia de Pedro Castillo, fue incluso aplaudido en redes sociales por el secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón.

 

“Simplemente soy simpatizante. Como está en todos los medios, ha habido una reunión de gremios con el presidente de la República y eso es normal. Yo soy un profesional más”, dice sobre su relación con el partido del lápiz.

Montoya tiene algunos colegas, sin embargo, a los que les sorprendió su presencia en ese lugar. En la oficina de personal del Hospital Loayza, aseguran que el horario actual de Montoya es de lunes a sábado de 8 am a 2 pm. La conferencia de Condori fue el viernes 11 de febrero, a la una de la tarde. El médico, sin embargo, niega que haya asistido dentro de su horario de trabajo.

Pero Montoya ya ha tenido una sanción por tirarse sus horas laborales para participar de actividades políticas. El 2016, el doctor fan de la ivermectina también se acercó a la campaña de Pedro Pablo Kuczynski (PPK). Para ese entonces, ya representaba a la Coordinadora Nacional de Profesionales y Técnicos del Sector Salud. La movida le salió mal.

La jefatura de la Oficina de Personal del Hospital Arzobispo Loayza lo sancionó con 365 días sin goce de haber por haberse ausentado de una guardia hospitalaria para ir a la reunión política donde PPK saludó a distintos gremios. Después de escuchar sus descargos, la sanción se redujo a 180 días, de acuerdo a una resolución administrativa de Servir. Para Montoya, este tema está cerrado y considera que es una persecución política. “Está totalmente documentado y legal”, apunta.

Pero no es el único problema que ha tenido. Montoya fue uno de los médicos que, durante la pandemia, se identificó como población de riesgo, debido a una supuesta hipertensión arterial que lo aquejaba. Por ese motivo, realizó trabajo remoto hasta enero del año pasado. Pero ese mes, de acuerdo a un documento interno del hospital Loayza, se informó que los resultados de los exámenes que le habían practicado descartaron cualquier afección cardiológica. Lo hicieron volver.

Montoya no quiere dar mayores explicaciones al respecto. Dice que la información que manejamos no tiene validez, a pesar de que hemos corroborado que el documento es fidedigno. “Todo es administrativo. No soy inmoral, no soy corrupto”, nos dijo. Pero no añade más.

 

Nota informativa
«Documento interno donde se da cuenta del caso del Dr. Montoya. En el primer párrafo la fecha correcta es 11 de enero de 2021, como señala el apartado de referencia»

 

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Hernán Condori, Minsa

 

La Red Nacional de Abogados por la Defensa de la Familia (Renafam) ha logrado instalar su cruzada contra el aborto y el enfoque de género en el actual Parlamento. Se trata de una organización que participa en charlas y marchas de la mano de Con Mis Hijos No Te Metas (CMHNTM), y que siempre tuvo como objetivo promover iniciativas legislativas que exterminen lo que ellos llaman ‘ideología de género’.

A fines del 2018, por ejemplo, este grupo se pronunció a favor de un proyecto de ley que Fuera Popular impulsó en bloque para excluir de las políticas públicas «todo término que haga referencia a la ideología de género”. Hoy los miembros de la Renafam operan en el Congreso como asesores, gracias al patrocinio del congresista de Renovación Popular, Alejandro Muñante.

 

EN LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN

Paola Martínez Paitan es, según sus redes sociales, directiva de la Renafam. Y como tal es una de las caras más visibles de la organización, junto a Alejandro Muñante. Al igual que él, también figura como miembro de Acción Cristiana, un movimiento político fundado por los pastores Julio y Christian Rosas, dos de los principales representantes de CMHNTM. En esta agrupación política tiene el cargo de “coordinadora de familia”.

Desde el 2 de septiembre del año pasado, Martínez Paitan trabaja como asesora de la Comisión de Educación, que preside el legislador celeste Esdras Medina. Ella es, de lejos, el rostro femenino más conocido de la Renafam, y ha acompañado a Alejandro Muñante en varias marchas y eventos de CMHNTM. También ha sido vocera de la red en charlas contra del enfoque de género y el aborto.

En septiembre del 2018, por ejemplo, la Renafam anunció una serie de conferencias en todo el país sobre temas como “el seudo derecho al aborto y el gran negocio detrás de su legalización”, “el derecho de los padres frente a la imposición del género en la educación” o “el matrimonio homosexual y la consecuente adopción de menores como agentes destructores de la familia”. Como una de sus ponentes estrella aparece Martínez.

 

La gira de charlas que ofrecía Renafam en el año 2018 con De Lama y Martínez como ponentes principales.

 

“La decisión de contratar a la abogada Paola Martínez fue del presidente de la comisión de Educación” asegura Alejandro Muñante a Sudaca. Esdras Medina, colega de bancada de Muñante y quien encabeza ese grupo de trabajo, responde que la contrató “por ser una buena abogada que ha trabajado en la Contraloría”.

Medina también precisa que Martínez apoya a la comisión en temas relacionados a la educación básica regular. “Ella solamente da su opinión jurídica, pero no determinamos [decisiones] sobre su opinión. También mandamos [consultas] a los entes reguladores como el Minedu y otras instituciones competentes para algunos dictámenes”, alega el parlamentario. Sin embargo, vale recordar que Medina ya ha ignorado antes la posición de quienes no coinciden con él en un tema, como en el caso de la Universidad Nacional de Piura que reportó Sudaca.

Y de por sí, el trabajo de la Comisión de Educación evidencia qué opiniones pesan más cuando se abordan proyectos sobre la currícula escolar o la reforma universitaria. Para muestra: una de las últimas iniciativas con dictamen aprobado en comisión es el proyecto de ley 904/2021, que presentó el mismo Medina. Esta iniciativa busca que los padres de familia sean consultados obligatoriamente sobre el contenido educativo y la currícula escolar que elabora el Minedu. También se establecen sanciones para los funcionarios que no acaten la norma.

Para elaborar el dictamen, Medina solicitó opinión a representantes de la Coordinadora Nacional Pro Familia (Conapfam), la Coordinadora Regional por la Vida (Corvida), la Confederación Nacional de Asociaciones de Padres de Familia (Apafa) y el Minedu. Pero la agenda detrás del texto estaba clara desde un inicio. En una reciente entrevista con el programa “Patri-Arcadio”, Paola Martínez manifestó su simpatía por el proyecto. “Sí creemos que es conveniente [tener educación sexual], pero no desde la mirada del género, que no busca solucionar, sino más bien busca envolver a los adolescentes en un círculo vicioso”, agregó.

Más adelante agregó: “[Hoy] se da un abanico de posibilidades que no hace a los jóvenes valorar que tal vez deban esperar para iniciar una relación sexual. Eso debería hacer el Minedu, en colaboración con las Apafas y padres de familia. Lamentablemente no se hace por el financiamiento de las ONG […]  Por eso han hecho todas estas movidas estos días, porque saben que con ese proyecto de ley van a temblar”.

Pese a ello, Medina descarta la participación de su asesora en la iniciativa legislativa. “Ahí ella nada tiene que ver, porque ese proyecto sale de mi despacho. No es descabellado: solo busca que los padres sean veedores, no que opinen pedagógicamente porque no son especialistas”, explica.

Con el dictamen aprobado, queda ver el apoyo que tendrá el proyecto en el Pleno, donde ya se respaldaron iniciativas impulsadas por la Comisión de Educación que merman la autonomía de la Sunedu. Este es otro frente al que los miembros de la Renafam le han puesto especial interés. “Queremos calidad educativa, pero con autonomía universitaria. Hoy Fuerza Popular, Perú Libre y Renovación Popular vienen golpeando a la mafia caviar, enquistada en la Sunedu, hoy se recuperará la Autonomía Universitaria», señaló Paola Martínez hace unos días, a través de su cuenta de Twitter.

 

MÁS ASESORES

Alejandro Muñante, junto a otros miembros de la Renafam, ha dado charlas alrededor del país en contra del enfoque de género, ha aparecido en diversos medios de comunicación defendiendo el mensaje ‘provida’ de CMHNTM y ha participando activamente de sus movilizaciones.

Como congresista, ha firmado varios proyectos de ley en esa línea. Uno es el de la pastora Milagros Aguayo, que busca reconocer en el Código Civil que la vida humana comienza desde la concepción. Y también respalda proyectos presentados por Esdras Medina en la Comisión de Educación, como el que busca recomponer el consejo directivo de la Sunedu para que sea controlado por las universidades.

Desde sus primeros días como congresista, en julio del 2021, el parlamentario celeste contrató en su despacho a sus colegas de Renafam Jorge De Lama Vargas, como asesor principal, e Isabel Soto Bardales, como asesora II.

De Lama es, según su LinkedIn, vicepresidente y coordinador académico de la Renafam desde sus inicios en el 2017. También comparte espacios con Muñante en Acción Cristiana. En esta agrupación, De Lama es coordinador del comité político y Muñante coordinador nacional.

 

Una de las charlas que dictaron juntos Muñante y De Lama con el sello de CMHNTM»

 

De Lama también ha acompañado a Muñante en entrevistas para promocionar la Renafam. En mayo del 2017, ambos aparecieron en Bethel TV –canal de la iglesia evangélica Movimiento Misionero Mundial– y De Lama dejó claro el objetivo de la organización: “Nosotros podemos trasladar, la Renafam lo va a hacer, al Congreso propuestas legislativas para que estos vacíos que generan “confusión” [se llenen]”. Hoy, lo hace desde el despacho congresal de su compañero de lucha.

De Lama también ha brindado charlas junto a Muñante para hablar del enfoque de género en los textos escolares. En el 2019, por ejemplo, dieron ponencias en ciudades como Ayacucho e Iquitos. Ese mismo año, se volvieron a hacer presentes en la marcha nacional de CMHNTM con el objetivo de “asegurar el libre ejercicio del derecho a la protesta de todos los ciudadanos participantes” portando sus medallas de abogados en la manifestación.

En la misma senda está Isabel Soto. Abogada de profesión, lleva trabajando en el Congreso desde el 2016, según su LinkedIn, aunque no precisa en qué dependencias. Hoy está en el despacho de Muñante. Ella, al igual que De Lama, aparece en varias fotografías de la Renafam (junto al congresista) en las marchas de CMHNTM.

Soto firma como miembro de la red en diversas columnas de opinión publicadas en el portal de la Coordinadora Nacional Pro Familia (Conapfam), organización también vinculada a Christian Rosas, vocero de CMHNTM. Algunas de ellas tienen títulos como “El enfoque de género desfigura a las mujeres” o “Perú, ¿país soberano?”. En estas, critica la implementación del enfoque de género y la despenalización del aborto, y también apunta su artillería contra las mujeres trans.

 

Miembros
Renafam en la marcha nacional de CMHNTM del 2018. De izquierda a derecha: Isabel Soto, Jorge De Lama, Alejandro Muñante y Paola Martínez.

 

Consultado por Sudaca sobre la contratación de sus colegas de la Renafam, el congresista Muñante contesta que “mientras el personal de confianza cumpla con los requisitos para ser asesores de un despacho congresal, todo es correcto”. “Y de hecho, ambos son profesionales con experiencia en la asesoría parlamentaria”, apunta.

Y agrega que, a diferencia de los ‘caviares’, “la defensa de la vida y la familia no es una agenda que pretenda subvertir el Estado, es una acción que se enmarca dentro de los derechos humanos reconocidos”. La agenda ultraconservadora avanza a paso firme en las entrañas del Parlamento.

 

 

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CMHNTM, Renafam, SUNEDU
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