Informes

Creado en octubre de 2012, durante el gobierno de Ollanta Humala, el programa Qali Warma (niño fuerte, en quechua) se inscribe dentro de las funciones del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, y consiste en entregar productos lácteos, carnes en conservas, aceites y azúcares, a fin de mantener una dieta equilibrada de los estudiantes de educación pública durante el año lectivo.

Los productos entregados a los niños para su preparación en casa ascienden a una treintena de ítems, los cuales son proveídos al programa por un grupo grande o pequeño de productores, de intermediarios y de importadores. La cantidad variable de proveedores, el cambio constante de productos por la estacionalidad de estos y las innumerables triquiñuelas ideadas por los burócratas para favorecer a sus allegados convirtieron desde un inicio al programa en fuente de conflictos.

Para intentar “disminuir” esos conflictos, los burócratas crearon supervisiones para la compra de productos, supervisiones para que supervisen a los supervisores y muchos sistemas de control tan abundantes como inútiles.

Habla un funcionario (necesariamente) anónimo sobre el Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma

A finales de 2023, Qali Warma sacó una ficha donde pedía que se emita un certificado con el logotipo acreditado solamente para los productos microbiológicos.

Entonces, nosotros hicimos una consulta al INACAL (Instituto Nacional de Calidad) sobre esa acreditación. Es más, todos los laboratorios hicieron sus respectivas consultas al INACAL. E INACAL dijo que con esa ficha no se puede certificar; entonces, todos nos preguntamos: “¿con qué documento nos teníamos que certificar?

Tras muchas preguntas, a finales del año pasado se acreditó a un laboratorio, mediante la norma 591. Esa es una norma en la que sí te puedes acreditar, pero eso se tenía que decir en la ficha. Y en la ficha no decía eso.

En la ficha decía: “tú te tienes que acreditar con el logotipo”.

Pero el Instituto Nacional de Calidad (INACAL)  dijo que en la ficha no se puede acreditar porque Qali Warma no está autorizado para hacer normas. Es decir, todo estaba encaminado para ese laboratorio que se acreditó. Y en el camino Qali Warma se sentó encima de lo que INACAL decía: “que eso no se puede”.  

Finalmente, desviaron todo para que el laboratorio INSYLAB atienda a todos los proveedores de Qali Warma, cómo hizo ese laboratorio que cuenta con un sólo inspector para atender a todos los proveedores que necesitaban acreditarse.

INACAL ni siquiera revisa la capacidad de atención del nuevo laboratorio, sabiendo que solamente hay uno para todo el país. No tiene capacidad.

“Yo no soy proveedor de Qali Warma, yo estoy en el medio, pero conozco todo el tema, yo, más bien, trabajo en el lado de los laboratorios. En su momento, en los laboratorios nadie dijo nada; nos quejábamos pero nadie decía nada”.

Viviana Rodriguez
El Programa Qali Warma garantiza el servicio alimentario escolar (modalidades productos y raciones) a más de 4.1 millones de escolares, de más de 65 mil instituciones educativas públicas durante todo el año escolar a nivel nacional.

Desde que en 2012, Nadine Heredia y “sus ministras” pusieran en marcha Qali Warma, se ha acusado a viceministros, a directores y a jefes del programa de más de una pillería en la compra y asignación de los productos destinados a la alimentación de las familias carenciadas de los estudiantes de las escuelas públicas. 

Pero hasta el día de hoy, nadie había denunciado que una persona vinculada directamente al poder, como es el portavoz de la Presidencia de la República Fredy Hinojosa, estaba comprometido en presuntas irregularidades en el manejo de Qali Warma.

Se dice que el portavoz de la Presidencia no solamente se habría limitado a tomar acciones ante una denuncia de falsificación de documentos, sino que habría modificado el manual de compras a fin de beneficiar a grandes proveedores, ligados de una forma o de otra al poder político.

El recientemente nombrado portavoz de la presidenta Dina Boluarte dejó de protagonizar las noticias por sus respuestas evasivas a los cuestionamientos a la Presidencia y pasó a ser uno de los funcionarios más cuestionados por su labor como director ejecutivo de Qali Warma en el periodo marzo 2019-noviembre 2021.

Según el programa periodístico Cuarto Poder, Hinojosa conocía los pormenores de una denuncia sobre falsificación de documentos, mientras dirigía el programa, pero no tomó medidas para denunciar a las empresas implicadas. El caso se remonta a agosto de 2021, cuando Boluarte encabezaba el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y una empresa denunció el ilícito.

Es necesario mencionar que, como parte del procedimiento, el programa contrata a numerosos proveedores, quienes compran a terceros los alimentos no perecibles. Los proveedores deben demostrar que cumplen con los requisitos de calidad y de salubridad a través de un certificado emitido por un laboratorio especializado.

El problema surgió cuando un laboratorio denunció no tener relación con una certificadora que falsamente acreditó productos comprados por los proveedores.

Silvia Monzón, coordinadora de la Procuraduría del Midis, afirmó que Hinojosa debía verificar la cantidad de proveedores que distribuían dichos alimentos, pero no lo hizo.   

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INACAL, INSYLAB, Qali Warma

El organismo encargado del licenciamiento y fiscalización de la educación superior en el Perú habría pasado por alto una grave denuncia por violencia de género al contratar a un exdecano del Colegio de Periodistas del Perú.

La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria viene enfrentando lo que, indiscutiblemente, es su periodo de mayor cuestionamiento desde la fecha de su creación en el año 2014. La decisión del Congreso para cambiar la estructura del consejo directivo de la Sunedu y la posibilidad de un regreso del modelo que representaba  la Asamblea Nacional de Rectores (ANR) encendieron las alarmas sobre lo que podía representar un golpe letal a la reforma universitaria.

Sin embargo, además de las críticas relacionadas estrictamente al ámbito educativo, dentro de Sunedu también han estado ocurriendo situaciones que exponen un deterioro considerable de este organismo. Sudaca ha encontrado que, a los pocos días de haber sido denunciado públicamente, Sunedu contrató a un personaje denunciado por violencia de género.

UNA HISTORIA DE TERROR

En noviembre del año pasado, el programa “Al estilo Juliana” emitió un informe periodístico que relataba la tormentosa relación de una pareja compuesta por Max Obregón Rossi, quien entonces había sido electo como decano del Colegio de Periodistas del Perú, y la comunicadora Mercedes Ayala Machado.

Este vínculo había comenzado cuatro años atrás, pero el historial de violencia empezó tras el primer año de la relación cuando decidieron convivir. Fue desde ese momento que, tal como relató Ayala Machado, iniciaron los malos tratos de Max Obregón en su contra. Uno de estos episodios quedó registrado en un parte policial de febrero del 2020 en el cual se detalla que Mercedes fue encontrada por la policía con un corte en la mano luego de un episodio de violencia en el que Obregón Rossi, además de insultarla, le habría arrogado excremento de perro, según relató la propia Mercedes Ayala.

Cristian Rebosio

Sin embargo, y tal como se detalló en el programa de la periodista Juliana Oxenford, fue hasta octubre del 2023 que Mercedes decidió denunciar a Obregón Rossi por violencia psicológica y agrega que, en tres oportunidades, vivió episodios de violencia física a manos de su entonces pareja.

“Agarró la correa y me dio correazos en las piernas”, relata Ayala sobre las agresiones que padeció durante su relación y agrega que también la agarró de los cabellos y la arrastró de la cama al piso. Pero, además, en su testimonio relata que Obregón Rossi la amenazó con expulsarla del Colegio de Periodistas del Perú si ella se animaba a denunciarlo.

Cristian Rebosio 

En su descargo, Obregón Rossi descartó haber agredido a Mercedes Ayala y señaló que “todo lo que está diciendo es falso”. Además, indicó que esta situación era producto de una relación tóxica. En el informe presentado por ATV se explica que, hasta el momento de la emisión del programa, el Colegio de Periodistas del Perú no había emitido pronunciamiento alguno sobre esta denuncia. 

No obstante, tras la emisión de este programa y la difusión de un video de estos episodios violentos, el entonces electo decano, pese a haber negado las agresiones, decidió apartarse del cargo para el que había sido electo, tal como se puede leer en la siguiente carta que le envió el presidente del Comité Electoral Nacional.

Cristian Rebosio

El mismo 4 de noviembre, el Colegio de Periodistas del Perú emitió un comunicado en el cual había anunciado que citarían a Obregón Rossi para escuchar su descargo por esta denuncia en su contra. Además, en el mencionado comunicado manifestaron su rechazo a cualquier acto de violencia contra la mujer.

Cristian Rebosio 

BIENVENIDO A SUNEDU

Pero lo que había sido un hecho lo suficientemente grave como para que Obregón Rossi se deba apartar del cargo para el que había sido electo y que el propio Colegio de Periodistas del Perú aborde de forma inmediata tras hacerse pública la denuncia, no fue visto de la misma forma por la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu).

No había pasado ni un mes de la difusión de la denuncia y Sunedu ya estaba emitiendo una orden de servicio para Obregón Rossi por ocho mil soles. Tal como se puede observar en la información publicada en el sitio web de proveedores del Estado, esta orden de servicio data del 1 de diciembre del año pasado.

Cristian Rebosio 

Paradójicamente, Sunedu intenta mostrarse en favor de campañas, como la que se observa en la siguiente imagen, contra el hostigamiento sexual. Sin embargo, en los filtros usados al momento de contratar personas parecen haber pasado por alto situaciones tan graves como las denuncias por violencia física y psicológica.

Cristian Rebosio

Si bien la situación de la Sunedu ha causado más escándalo por el perjuicio a la educación superior en el Perú y la grave crisis que puede ocasionar, la falta de interés por cuidar los filtros al momento de contratar personas también expone que la crisis también está dentro de la propia Sunedu.

Años atrás, tantos que con las justas podemos recordarlos, los profesionales que iniciaban su ascenso en la burocracia solo tenían que preocuparse en hacerlo con paso firme, dedicación a tiempo completo y mucho estudio hasta llegar a dominar el puesto de trabajo. 

Tiempo después, casi sin aviso previo, unos funcionarios de tercer nivel decidieron poner requisitos innecesarios al ascenso laboral, creando doctorados y maestrías como si fueran vallas para hacer cada vez más lento el proceso de ascenso.

Creada la necesidad, los funcionarios tomaron el control de la situación, obligando a los trabajadores a buscar dónde conseguir doctorados y maestrías a bajo costo y, en consecuencia, tan baratas como de gran pobreza conceptual.

Poco a poco, casi sin explicación lógica, los burócratas decidieron convertir los doctorados y las maestrías en requisitos indispensables para crecer en la administración pública. En ese momento, alguien vio una gran oportunidad para salir de pobre sin mover un sólo dedo. Así, juntando los deseos de superación de los trabajadores, la codicia de los funcionarios y las ganas locas de manejar y de controlar grandes porciones del poder, se armó un sistema de corrupción de baja exposición.

Así fue como nació, creció y se desarrolló el sistema de “te doy para que luego me pagues”… La corrupción había ganado un nuevo negocio de costo cero.

Tan antiguas como la civilización, las llamadas organizaciones no gubernamentales fueron ganando terreno entre los organismos de ayuda social, hasta que después de finalizada la segunda guerra mundial los flujos de ayuda de los países ricos, de los filántropos y de organismos de origen desconocido penetraron todos los estamentos sociales para convertirse en un mal necesario para algunos y en una pesadilla recurrente para otros.

Cubiertas de capas de opacidad, muchas oenegés han llegado a manejar fondos económicos enormes, sin supervisión ni control alguno, transformándose en verdaderos centros de poder.

A partir de esas nuevas características, las oenegés se dedicaron bien entrado el siglo XX a modificar el tablero donde discurre la historia del siglo pasado. Es así que, sin prisa ni pausa, las oenegés financiadas fundamentalmente por matrices progresistas iniciaron el asalto al poder desde el punto de vista cultural, es decir, el control absoluto del llamado bloque histórico. 

Controlando los doctorados y las maestrías, las oenegés de izquierda abrieron las puertas del cielo y lo asaltaron.

Sudaca le consultó al expresidente del Consejo Privado Anticorrupción, Eduardo Herrera, sobre la situación de la ONG Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, SPDA; que ha firmado un convenio sin límites con el Poder Judicial para brindar capacitación a jueces, con los cuales tendrán que litigar causas ambientalistas.  

¿Nos podría explicar qué está pasando en el Poder Judicial con las organizaciones no gubernamentales (ONGs) que tienen convenios con las autoridades del Poder Judicial y, además, litigan ahí?

Hay un conflicto de intereses evidente, ¿no?, porque yo considero que una ONG o cualquier entidad en general no podría capacitar a un juez, o no debería capacitar a un juez y, a la vez, tener posibilidad de interactuar con ese juez en un juicio, valga la redundancia. Entonces, ¿por qué? Porque en justicia hay un principio elemental que se llama el debido proceso, y en ese, la igualdad de armas. Entonces, si hay una parte que tiene más influencia que la otra, hay una desigualdad de armas. Y eso es lo que podría pasar cuando este tipo de entidades, que no las estoy satanizando, hacer convenios y capacitar a los jueces que los van a juzgar después de sus causas, ¿no?

Se ha resuelto un convenio con la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental hace unos días, en el Poder Judicial. Entonces, claro, ¿uno por qué resuelve algo? No necesariamente resuelve porque está bien. Yo creo que esto podría estar bien, con dos condiciones. Una, que sea transparente, o sea que todo el mundo sepa que eso existe. Y otra, que la asociación que tiene el convenio no tenga causas directas o indirectas en nuestro sistema de justicia.

¿Nos puede explicar qué tan perjudicial es y si se está alimentando la corrupción, más de la que ya existe en el Poder Judicial?

Sí. Sí, o sea no es corrupción directa, como la de un soborno, ¿no? Es una corrupción mucho más sutil que se da por el conflicto de interés. Entonces, cuando tú capturas jueces en sentido figurado, y los hace presos de una determinada tendencia para que te favorezcan, esa es una manipulación que desequipara la corrupción. Lo que yo estoy haciendo es como si lo hiciera una empresa también. ¿Qué sucede si mañana Repsol o Petroperú o cualquier empresa petrolera se empieza a capacitar a los jueces? Sería bastante cuestionable, porque, claro, tiene un interés legítimo, está denunciada y va a tener un montón de causas ahí. Lo mismo sucede para el otro lado. Entonces, quienes capacitan tienen que ser entidades neutrales. Ojo, con esto no estoy diciendo que no pueden tener una orientación ambientalista, por supuesto que la pueden tener. El asunto es que no pueden tener causas directas ni indirectas en el Poder Judicial.

 

Viviana Rodriguez
La ONG Sociedad Peruana de Derecho Ambiental – SPDA es una oenegé ambientalista que ha firmado un convenio con el Poder Judicial para «capacitar» jueces.

Esa ONG, la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, ¿ha ganado juicios?

No lo sé. Eso sí no lo sé. Pero yo sí sé que representan de alguna forma indirecta causas ambientales. De hecho, Oceana, que es una entidad, una ONG, acaba de tener un juicio con la Sociedad Nacional de Pesquería, en la que quiso ser parte y no lo fue. Entonces, ya mirar si tienen juicios o no es otra cosa. Y hay un caso o dos de un fiscal, por ejemplo, que estuvo en el Poder Judicial, fue capacitado por la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental y sale del Poder Judicial. Y ahí se va a la SPDA. Entonces, ahí pues hay una puerta giratoria y conflicto de intereses que son sutiles, pero que evidentemente demuestran que no está todo bien, ¿no? No, pues algo se oculta ahí, ¿no? La transparencia. O sea, yo creo la transparencia es todo.

Un ingrediente fundamental 

Poco antes de que la epidemia de la COVID 19 recorriera el mundo destruyendo las economías de los países y matando a cientos de miles de ciudadanos, el presidente de la Corte Suprema de Justicia Duberlí Rodríguez firmó un convenio marco con la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, creando las condiciones para lo que vino después: todo tipo de canjes con jueces y fiscales, sobre todo a los que pertenecieron a las juventudes comunistas de las universidades estatales. Podríamos decir, sin lugar a dudas, que el juez supremo Duberlí Rodríguez fue una pieza clave en el diseño de una política judicial preñada de todos los vicios habidos y por haber.

 

Viviana Rodríguez
Disolución del convenio

El convenio suscrito con la ONG Sociedad Peruana de Derecho Ambienta fue disuelto el 03 de junio Resolver por decisión unilateral del Poder Judicial, dejándose sin efecto la Resolución Administrativa N.° 138- 2017-P-CE-PJ y la Resolución Administrativa N.° 000121-2020-P-CE-PJ, expedidas por la Presidencia del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial

Aunque no existen datos suficientes para establecer la fecha de nacimiento de los nuevos requisitos para los ascensos rápidos en las carreras públicas, podemos suponer que la fecha de fundación de universidades de bajo costo y pésima formación académica, las cuales tomaron la decisión casi en conjunto de otorgar cursos de capacitación, doctorados y maestrías a las autoridades políticas y judiciales de todo el país, tiene mucho que ver con la conformación de un sistema de prebendas que domina enormes aspectos de la vida política de los funcionarios de todo tipo, teniendo en cuenta que el término funcionario abarca a todos los empleados de la administración pública.

Con los funcionarios enganchados a las universidades de bajo costo y pésima formación académica, y esas instituciones ligadas al poder político de turno, es lógico prever la existencia de una corrupción de baja intensidad, donde predomina el “dame que te doy”.

Vista la estrecha relación entre el mundo académico de bajo nivel y los funcionarios listos para ser “aceitados”, es imposible prever cambios sustantivos en ese maridaje, toda vez que el sistema ha sido hecho para sobrevivir y hacerse cada vez más fuerte. Salvo error u omisión.

El exministro Juan Carrasco Millones sería investigado por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Sudaca accedió a la información que sustenta esta denuncia penal.

A lo largo de su trayectoria como fiscal, el nombre de Juan Carrasco Millones ha estado vinculado a un sinnúmero de críticas e interrogantes sin resolver sobre su accionar en los casos emblemáticos que, en su momento, lo ayudaron a pasar de ser un fiscal provincial en Lambayeque a un personaje conocido a nivel nacional con el rótulo de luchador contra la corrupción.

Los cuestionamientos al abuso del recurso de la prisión preventiva, los numerosos casos de personas que permanecieron por largos periodos en prisión sin haber cometido un delito, las irregularidades en los informes de inteligencia que utilizaba y hasta los testimonios que involucraban a sus aliados más cercanos como cómplices de políticos corruptos llevaron a que Juan Carrasco no tarde en convertirse en un nombre que despertaba dudas.

Sin embargo, en las últimas horas se ha conocido una denuncia penal que lo involucra y que agrega, a los cuestionamientos previamente mencionados, una nueva acusación. Sudaca accedió a este documento que consta de noventa y dos páginas en las que expone un posible enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

ECONOMÍA SOSPECHOSA

Esta denuncia se centra en los extraños movimientos que ha tenido la economía del exministro a lo largo de más de una década y entre los hechos que se incluyen se hace mención a la declaración de ingresos y bienes presentada por Carrasco Millones. En ella destaca que, cuando asumió el cargo de fiscal adjunto en 2010, el valor de sus bienes ascendía a S/ 174,000.00 y esto se mantenía para el año siguiente.

Lo extraño de esta historia empieza en 2012, cuando la declaración del entonces fiscal muestra una disminución de sus bienes que quedaron en S/ 121,050.00. Esta cifra llama la atención debido a que en junio del año anterior había adquirido un inmueble por el monto de S/ 36,000.00 y que, apenas veintiún días después, vende por la cifra de S/100,000.00. 

Cristian Rebosio

A estas sospechas se le suma que, en diciembre del 2011, un préstamo correspondiente a una hipoteca por la propiedad adquirida por Carrasco Millones alcanzaba los S/ 156,600.00 despertando las dudas sobre el insólito aumento en la valoración de una propiedad que, supuestamente, sólo había costado S/ 36,000.00. Además, pese al crédito que recibió el exministro por S/ 88,200.00, el valor de sus bienes no se modificó de 2012 a 2013.

Cristian Rebosio

Sin embargo, entre 2014 y 2015, el patrimonio de Juan Manuel Carrasco Millones sí registró dos cambios considerables. En el primer año llegó a los S/ 200,000.00 y, para el año 2015, esta cantidad aumentó hasta alcanzar los S/ 300,000.00.

Cristian Rebosio

Otro de los movimientos irregulares que se detallan en la denuncia ocurre en el año 2018 cuando se otorga una nueva hipoteca por un préstamo de S/ 100,133.56. En los documentos se señala que el valor comercial de inmueble era de S/ 418,850.00 pese a que en las declaraciones de Carrasco sobre sus bienes estos sólo ascienden a trecientos mil soles.

Cristian Rebosio

Entre los años 2019 y 2020, el valor de los bienes patrimoniales de Juan Carrasco experimentan otro cambio impresionante al pasar de S/ 300,000.00 a S/ 736,000.00. Para el año 2021, los bienes patrimoniales llegaron a S/ 1’036,000.00, una cifra que nuevamente llama la atención al tener en cuenta que los ingresos netos anuales del fiscal sólo ascendieron a S/ 150,000.00.

EL VEHÍCULO DEL PODER

En estos documentos que Sudaca pudo revisar también se hace mención a un episodio muy particular relacionado a la compra de un vehículo. Según se ha corroborado, en mayo del 2022, Juan Carrasco compró un automóvil marca Honda por diez mil dólares. Esto no tendría nada de sospechoso de no ser porque, casualmente, este vehículo pertenecía a Javier Alonso Pacheco Palacios, quien ocupó el cargo de Procurador General del Estado Peruano y esto significa que fue dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en el que trabajaba Carrasco Millones.

Cristian Rebosio

Pero, además, Pacheco Palacios fue propietario de este vehículo tan sólo durante cuatro meses tras comprárselo, por once mil dólares a Amado Daniel Enco Tirado, quien también había sido Procurador General del Estado Peruano. Enco Tirado, a su vez, había comprado el vehículo en agosto del 2020 por trece mil quinientos dólares y sólo fue su propietario durante un año y cinco meses. 

Los inusualmente cortos periodos que este automóvil permaneció con sus dos últimos propietarios antes de ser adquirido por Carrasco Millones así como la ausencia de signos de deterioro que se expone en la denuncia han llevado a que se presuma que el valor comercial de Honda Accord sería distinto al que se declara.

Según lo que se señala en el Código Penal, el incremento ilícito del patrimonio de un funcionario o servidor público llevaría a que la pena privativa de libertad se encuentre entre cinco y diez años. Pero, cuando se trata de una persona que ocupó cargos de alta dirección, la pena privativa de libertad puede llegar hasta los quince años.

Si bien serán las investigaciones las que determinarán si al exministro le corresponde pasar un periodo en prisión, los hechos mencionados en la denuncia a Juan Carrasco confirman que se trata de un personaje que, durante su trayectoria, ha sabido acumular millones de sospechas sobre su proceder.

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denuncia, Fiscalía, Juan Carrasco

Sudaca accedio a una carta enviada al alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, destacando las presuntas irregularidades cometidas por la concesionaria Innova Ambiental en perjuicio de la ciudadanía y la actual gestión municipal. La misiva expresa un respaldo total a la gestión del alcalde frente a las acusaciones y el boicot orquestado por la empresa brasileña.

Según el documento, Innova Ambiental ha generado un caos en la limpieza del Cercado de Lima con el objetivo de desprestigiar la gestión municipal. La empresa es acusada de cobrar excesivamente a la Municipalidad de Lima, utilizando durante 29 años bienes inmobiliarios municipales como los rellenos sanitarios de Portillo Grande y El Zapallal, lo que le habría generado millonarias ganancias. Estas instalaciones, empleadas para la disposición final de residuos de varias municipalidades, fueron dejadas en un estado deplorable tras la culminación del contrato en 1995.

El 29 de mayo, la Municipalidad de Lurín clausuró el relleno sanitario Portillo Grande por insalubridad, respaldando las denuncias previas sobre las condiciones en Carabayllo. La carta también señala a funcionarios municipales como responsables de la crisis sanitaria actual, destacando la omisión de informes y la dilación en concursos relacionados con la limpieza pública. En particular, se acusa al Gerente Municipal Oscar Lozán Luyo y al jefe de la Oficina General de Administración, Pablo Paredes Ramos, de favorecer a Innova Ambiental.

El documento solicita la reincorporación de la Licenciada Mariana Jiménez Jara, quien fue retirada de su cargo en la Gerencia de Servicios a la Ciudad tras actuar enérgicamente contra las trabas presentadas por Innova Ambiental. Se subraya que su accionar fue determinante para enfrentar a la empresa y que su remoción favorece a los intereses de Innova Ambiental.

Nota de redacción: Tengamos en cuenta que mientras hemos iniciado las investigaciones del Relleno Sanitario “El Zapallal”, la Municipalidad de Lima ha venido cambiando de Gerente de Servicios a la Ciudad en más de una ocasión. Uno de ellos fue Roberto Perez, cuya experiencia no fue la adecuada para manejar esta problemática.

Por otro lado, tenemos conocimiento que también se ha mandado cartas con conocimiento a varios regidores de Lima con el fin de denunciar las acciones de la empresa Innova Ambiental, así como de ciertos funcionarios municipales, por causar perjuicio a la ciudadanía y la actual gestión municipal.

Al igual que el documento enviado al burgomaestre de la capital, la carta enviada a los regidores menciona las cantidades millonarias que se habría cobrado Innova Ambiental a la Municipalidad de Lima. Las instalaciones de los rellenos sanitarios administrados por la concesionaria fueron empleadas para la disposición final de residuos de diversas municipalidades, incluyendo Barranco, Comas, Independencia, Los Olivos, Magdalena, Puente Piedra, Rímac, Santa Rosa y San Martín de Porres. Tras la culminación del contrato, las infraestructuras quedaron en un estado deplorable, como se denunció en Carabayllo. El 29 de mayo, la Municipalidad de Lurín clausuró el relleno sanitario Portillo Grande por insalubridad.

Se acusa a Lozán Luyo de retirar a la Gerente de Servicios a la Ciudad, Mariana Jiménez Jara, quien actuó enérgicamente contra las trabas presentadas por Innova Ambiental. Asimismo, se acusa a Paredes Ramos de omitir la provisión de personal necesario para la limpieza pública, lo que ha traído consecuencias negativas para la municipalidad.

El documento solicita romper todo vínculo con Innova Ambiental y retirar a los funcionarios mencionados, así como reincorporar a Mariana Jiménez Jara a su cargo en la Gerencia de Servicios a la Ciudad. Se subraya que su accionar fue determinante para enfrentar a la empresa y que su remoción favorece a los intereses de Innova Ambiental.

Benjamin Zevallos

La nueva realidad de la limpieza pública

Es lamentable que ahora se vea a Innova Ambiental como el “mesías” de la limpieza pública. Ahora último, los medios de comunicación han denunciado el acumulado de basura que hay por las calles del Centro Histórico de Lima y se hace mención a la culminación de contrato con Innova Ambiental. Hay que resaltar que es responsabilidad de la Municipalidad de Lima evitar estos escenarios, sin embargo, eludir que es necesario la continuidad de la concesionaria en el municipio es una forma de desconocer años de trabajo por parte de las comunidades afectadas por la mala organización de Innova Ambiental. 

Benjamin Zevallos
Sobre la situación actual de Innova Ambiental

No se puede ser mezquino a la contaminación e irregularidades de Innova

Conversamos con la congresista Ruth Luque quien se comprometió en el mes de marzo a visitar el Relleno Sanitario “El Zapallal”, promesa que se cumplió y cuya actuación de la empresa fue que contra viento y marea quería dejar su imagen por encima de los vecinos de Lomas de Carabayllo. Y es que esta reunion este los funcionarios publicos e Innova Ambiental se le sumo personas que exigían la apertura del relleno y miembros del grupo de recicladores (personas que no se contemplaban estuvieran presentes en esa ocasion y que presuntamente habria estado organizado).

Benjamin Zevallos

Al cierre de este informe se mantiene el “compromiso” de la Municipalidad de Lima de reorganizar el servicio de limpieza pública. Sin embargo, hay cambios en la OEFA que han quedo en entre visto varias dudas con respecto al proceso “regular” que debe seguir la concesionaria con respecto al cese de funciones. 

La insólita estrategia que se habría usado para ocultar la doble vara en los casos seguidos por Carrasco Millones.

En el último tiempo han quedado expuestas una serie de irregularidades en los casos que estuvo involucrado el exministro Carrasco Millones. Sin embargo, pese a que durante un largo periodo gozó de un poder incuestionable, sus cuestionables acciones no estuvieron exentas de cabos sueltos que lo pusieron en riesgo a él y sus intereses en más de una oportunidad.

Misteriosas cortinas de humo y venganzas contra quienes cumplían su trabajo sin excepciones habrían sido parte de la estrategia del fiscal para evitar que la carrera que había forjado y su fama ganada se vean bajo amenaza y los pormenores de estas historias han sido revelados por Carlos Cabrejos, uno de los periodistas que siguió de cerca sus acciones.

OPERATIVO HOSTIGAMIENTO

Aunque Carrasco Millones pretendía instalarse como un fiscal implacable, el paso de los años parecía haber expuesto, al menos entre los que seguían de cerca su accionar, que su interés por terminar con las agrupaciones criminales no aplicaba a todas ellas y a algunas las ignoraba pese a la existencia de evidencia contundente.

Según expone el periodista Carlos Cabrejos, existían redes criminales, como sería el caso de “Los Malditos del Azucar”, cuyos ataques armados contra la policía eran ignorados y las denuncias contra sus integrantes eran derivadas a fiscalías corporativas. Ni los informes policiales de la DIVIAC ni las declaraciones de colaboradores eficaces habían logrado que Carrasco Millones, por entonces coordinador de la FECOR Chiclayo, concluya la investigación contra la red criminal.

Pero el problema no sólo radicaba en las demoras y el aparente desinterés. Aquellos que no se amoldaban a esta línea de trabajo corrían el riesgo de sufrir las consecuencias. Esta historia ha sido detallada en el libro “El falso Sheriff”, el cual da cuenta que desde la propia fiscalía se había empezado a hostigar al policía responsable de impulsar la investigación. Este lamentable operativo había llegado a tal punto que el policía en cuestión manifestó su temor de ser ´sembrado´ como castigo.

EL “ROBO”

Pero, como se ha expuesto previamente, este no es el único caso con irregularidades en el que el exminsitro Carrasco se ha visto involucrado. Tal como lo reportó Sudaca, tras el operativo para capturar a varios funcionarios del exalcalde David Cornejo Chinguel, se conoció que uno de los detenidos, identificado como Nilton Monje, señaló que el burgomaestre contaba con la complicidad de un policía mano derecha de Carrasco Millones que lo mantenía alerta de los operativos que podían perjudicar las actividades de su gestión.

Cristian Rebosio 

Si bien esto parecía ser un caso muy grave, esto pasó a un segundo plano debido a que, coincidentemente, el mismo día que la prensa informó sobre este testimonio que involucraba a uno de los personajes más cercanos a Carrasco se conoció que la casa del fiscal había sufrido un intento de robos a manos de delincuentes contratados por redes criminales investigadas por Carrasco.

Por supuesto esta historia no sólo colaboraba con el objetivo de Carrasco Millones de crear una imagen de justiciero sino que, además, desviaba la atención con respecto a un testimonio que podía abrir la puerta a que la opinión pública empiece a dudar sobre el trabajo que venía realizando.

Pero esta historia toma un tinte más turbio por lo que se cuenta en el libro de Carlos Cabrejos sobre lo que habría sido el detrás de escena de ese misterioso intento de robo. Según una declaración que pudo recoger el propio periodista, este sospechoso robo habría sido hecho a pedido de un policía  que pidió simular un robo a cambio de tres mil soles.

Aunque días después esta noticia quedaría en el olvido debido a que agentes de la DIVINCRI de Chiclayo determinaron que los supuestos delincuentes no habían logrado entrar a la casa y un video de la cámara de seguridad de su vecino respaldaría esta versión, el objetivo era desviar la atención del testimonio de Nilton Monje sí se había logrado.

Cabe señalar que este no es el primer cuestionamiento al proceder de Juan Carrasco Millones a lo largo de su trayectoria. Según pudo conocer Sudaca, incluso por testimonio directo de las personas afectadas, sus decisiones como fiscal parecen haber estado motivadas principalmente por el deseo de construir poder y no por el deseo de convertirse en un fiscal incorruptible, como intentó mostrarse ante la opinión pública.

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Fiscalía, Juan Carrasco, Romel Díaz

En los países de renta media y renta baja, los fabricantes de alimentos para infantes y lactantes les añaden azúcares en cantidades inversamente proporcionales a las que les agregan los productores de alimentos en los países de renta alta.

De esa forma, desde la primera infancia los patrones de alimentación de los niños ricos se diferencian de manera significativa de los patrones de los niños pobres, estableciéndose una diferencia notable entre la dieta presente y la futura.

Por esa razón, cuando uno se pregunta en qué momento se originó la gordura de nuestros hijos, primero, y la obesidad, después, solamente tenemos que detenernos a leer en la letra pequeña del envase cuánta azúcar contiene cada porción del producto que le servimos a nuestros niños.

Según los nutricionistas, tanto los alimentos que consumen los niños de los países pobres como los que consumen los niños que se acostumbran a la ingesta de golosinas poco a poco, van minando el organismo y condicionando su futuro.

Hace unos meses, las organizaciones Public Eye y Red Internacional de Acción sobre Alimentación Infantil (IBFAN) publicaron los hallazgos de un estudio que subraya una discrepancia preocupante en las prácticas de Nestlé, la corporación de alimentos más grande del mundo, cuyo valor se estima actualmente en 265, 570 millones de dólares.

Según el diario británico The Guardian, la investigación que envió muestras de alimentos para bebés de Asia, África y América Latina a un laboratorio belga, examinó 150 productos vendidos por Nestlé en naciones de ingresos bajos y medios. Los productos analizados incluyen las marcas más vendidas del mundo: Nido y Cerelac.

Los resultados arrojaron que casi todos los alimentos en base a trigo vendido por Nestlé en esas regiones  -destinados a infantes a partir de los seis meses de edad-, contenían azúcar añadido equivalente a un promedio de 4 gramos por porción, más o menos un cubo de azúcar.

El volumen más alto de azúcar añadido en un producto fue de 7,3 gramos por porción, detectado en Filipinas; seguido de 6,8 gramos en Nigeria, y 5,9 gramos en Senegal. Además, en 7 de los 15 países más pobres del mundo, no se declaró en las etiquetas que en el alimento se había añadido azúcar.

Viviana Rodriguez
Cerelac y Nido figuran entre las marcas de alimentos infantiles más vendidas de Nestlé en los países de renta baja y media y también son las que contienen más azúcar en sus fórmulas. 

La estrategia que usa Nestlé para engañar al consumidor promedio es el marketing de influencia según identifica el informe, donde Nestlé emplea a “influencers mamás” y especialistas de la salud en asociaciones pagadas que “engañan” para captar a los padres de familia.

“Encontrarás en línea a nutricionistas de redes sociales, pediatras, doctores, que promocionan los productos de Nestlé, NIDO y Cerelac como saludables para los niños, bueno para su inmunidad, bueno para su desarrollo cerebral”, dijo Gaberell.

A pesar de las preocupaciones planteadas, Nestlé afirma que ha reducido la cantidad de azúcar añadido en su cartera mundial de cereales infantiles en un 11% durante la última década, argumentando que las “pequeñas variaciones en las recetas” de sus productos Nido y Cerelac se deben a regulaciones y disponibilidad de ingredientes locales.

Sin embargo, los detalles específicos del informe, como los 6 gramos de azúcar añadido por porción encontrados en cereales sabor a galleta en Senegal y Sudáfrica, o los más de 2,7 gramos por porción en productos de Cerelac vendidos en la India, subrayan la discrepancia con prácticas en Suiza, donde producto similares no contienen azúcares añadidos. Esta “doble norma”, como la califica Dr. Nigel Rollins, oficial médico de la OMS, “no puede justificarse” frente a las evidentes consecuencias para la salud pública global.

El consumo de estas leches ha ido incrementándose en los últimos años para lograr cubrir los requerimientos nutricionales de los niños en cuanto a ácidos grasos saludables, vitaminas y minerales como el hierro. No obstante, su consumo es preocupante debido a que pueden conllevar a obesidad infantil, caries dental, mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares (por ejemplo: hipertensión e hipercolesterolemia) y diabetes mellitus tipo 2. Asimismo, el consumo de dichas fórmulas puede dificultar la adquisición de hábitos saludables, debido a una mayor preferencia por consumir alimentos dulces.

Las consecuencias anteriormente descritas se deben a su alto contenido de azúcares, los cuales los podemos encontrar bajo otras denominaciones como fructosa, sacarosa, maltodextrina, jarabe de glucosa, entre otros. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), el consumo de azúcar total al día no debe exceder el 10% de las calorías diarias, sin embargo, muchas de estas leches exceden este límite. Esto se debe a que dichas fórmulas contienen 6 g de azúcar por cada 100 ml de preparado en promedio.

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El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, ha generado controversia al solicitar a la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) permiso para que su vehículo pueda circular por las vías exclusivas del Metropolitano. 

La solicitud se formalizó mediante un oficio enviado el 16 de mayo de 2024, en el cual López Aliaga argumenta que la congestión vehicular, especialmente en los accesos al centro de Lima, le impide cumplir con su agenda municipal de manera eficiente.

Los detalles de la solicitud del alcalde

En el Oficio N° 061-2024-MML-ALC, dirigido a la presidenta de la ATU, Marybel Vidal, López Aliaga solicita un permiso de acceso «temporal y excepcional» para su camioneta Nissan de placa EGW 176. El alcalde justifica esta solicitud mencionando la necesidad de atender asuntos municipales urgentes sin ser afectado por el tráfico vehicular. Además, hace referencia al Protocolo Operativo sobre la Circulación Temporal y Excepcional en las vías exclusivas del Corredor Segregado de Buses de Alta Capacidad (COSAC 1), normativa que normalmente se aplica sólo en casos de emergencia según la Resolución Directorial N° D-000017-2024-ATU/DO.

 

¿Justificable lo de López Aliaga?  

El alcalde indica que la congestión vehicular dificulta el cumplimiento adecuado de sus funciones como alcalde. Según el documento, la congestión en los accesos a Lima impide cumplir con su agenda, especialmente en casos que requieren su presencia urgente. El alcalde cita el protocolo mencionado, aunque este está destinado a situaciones de emergencia, y no específicamente para evitar el tráfico regular. Es una realidad que la congestión vehicular es una mini pandemia que ha venido sufriendo Lima en toda su historia. Muchos alcaldes prometieron y algunos aliviaron esta problemática, pero nadie ha podido darle una solución eficaz a este problema. 

El accionar de López Aliaga busca beneficiarse personalmente de una normativa destinada a emergencias más allá de intentar mejorar su trabajo. La solicitud ha sido criticada por diversos sectores, incluyendo al expresidente de la ATU, quien señaló que el pedido del alcalde «no entraría dentro de los considerandos del protocolo«, ya que este está diseñado para garantizar la atención adecuada de emergencias y no para evitar el tráfico cotidiano.

El uso de las vías exclusivas del Metropolitano está regulado para garantizar que las entidades que las utilicen lo hagan únicamente en situaciones de emergencia. Las entidades autorizadas incluyen la Comandancia General de la PNP, la jefatura de la Región Policial Lima, la Dirección de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial de la PNP, y el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, entre otras.

Ahora bien, este no es el primer intento de López Aliaga de utilizar las vías exclusivas del Metropolitano. En 2021, durante su campaña electoral, fue intervenido por la Policía Nacional del Perú (PNP) por utilizar esta vía sin autorización. La reiteración de este comportamiento ha llevado a cuestionamientos sobre el uso de su cargo para obtener beneficios personales, en lugar de buscar soluciones estructurales para los problemas de tráfico en Lima, que caen bajo su responsabilidad como alcalde.

Benjamín Zevallos

Respuesta de López Aliaga ante las críticas de ese entonces  

Es difícil creer que, a pesar de lo escandaloso e innecesario pedido del alcalde de Lima, la ATU ha confirmado que la solicitud se encuentra en trámite, mientras que la Municipalidad Metropolitana de Lima no ha emitido ninguna respuesta oficial sobre el tema. Este hecho ha generado una ola de críticas y ha reavivado el debate sobre la gestión del tráfico en Lima y el uso adecuado de las vías exclusivas del transporte público.

No cabe duda que la solicitud de Rafael López Aliaga para utilizar las vías exclusivas del Metropolitano ha sido vista como un intento de eludir responsabilidades y aprovechar su posición para obtener beneficios personales. La medida ha sido ampliamente criticada y pone de relieve los desafíos y controversias en la gestión del tráfico y transporte en Lima. La decisión final de la ATU sobre esta solicitud tiene que ser determinante en cómo se percibe la equidad y la integridad en la administración de las vías públicas de la ciudad, así venga por solicitud del mismo alcalde.  

Benjamín Zevallos

Accidente en el carril del Metropolitano por un vehículo que invadió el carril preferencial del servicio. Foto: Panamericana Televisión

¿Es factible utilizar las vías del metropolitano para los buses y vehículos particulares?

Estamos hablando de carriles de uno o dos carriles que intentan beneficiar el libre tránsito de los buses del Metropolitano que ya se va por su Expreso 12. Aun así, estos pocos carriles no son suficientes para este servicio. Entonces, a esta insuficiencia poner sobre carga y darle acceso a otros buses y carros fuera del servicio del Metropolitano, ¿Para solucionar la congestión vehicular? Está fuera de toda probabilidad, sin embargo, el alcalde parece que prefiere ser beneficiado por el cargo representativo que está ejerciendo como burgomaestre de la capital. 

La insólita estrategia que habría utilizado el exministro Juan Carrasco Millones para consolidar su poder en el inicio de su carrera.

La consolidación del poder es una tarea clave para cualquiera que pretende convertirse en un líder. Sin embargo, existen muchas maneras de lograrlo y es ello lo que expone la clase de liderazgo que se obtendrá. Mientras algunos optan ser líderes tras convencer al grupo de una forma de trabajo que será exitosa para el bien de todos, otros optan por utilizar el miedo como herramienta para que su poder no sea cuestionado.

En este último grupo parece que entraría el exministro Juan Carrasco Millones según la historia que Carlos Cabrejos Vega expone en “El falso Sheriff”. Acorde a lo que se relata en el libro, Carrasco no se habría vuelto incuestionable por sus colegas gracias a su eficiente trabajo sino a otras estrategias más que cuestionables.

“Ya no llores, amiga. Ya vendrá otro”

Tras hacerse conocido por encabezar casos que tuvieron una gran repercusión, Juan Carrasco Millones se había convertido en un personaje al que nadie criticaba y, según cuenta Cabrejos Vega, incluso se podía decir que era temido en épocas de la creación de la Fiscalía Especializada Contra la Criminalidad Organizada.

Pero, aunque para el exterior nadie se animaba a convertirse en la imagen de las críticas a Carrasco Millones, los comentarios, o mejor dicho cuestionamientos, sobre su trabajo sí existían tanto en los pasillos del Ministerio Público como en la Policía y exponían que, por aquellos años, se había convertido en, como se describe en el libro de Cabrejos, un hombre empoderado y avasallador.

Uno de estos rumores que se relata, y posiblemente el más grave, indicaba que Carrasco Millones “chuponeaba a medio mundo”. El periodista Carlos Cabrejos cuenta que una fuente, quien también era fiscal, señaló que existía miedo a hablar por celular porque sospechaban que Carrasco y sus policías aliados los estaban escuchando.

Aunque para algunos esto podría ser tomado como un afirmación exagerada y hasta paranoica, lo cierto es que el episodio que relata esta trabajadora del Ministerio Público dista mucho de una sospecha infundada. Según lo que contó, Carrasco Millones saludó a una asistente fiscal a la que había encontrado en las escaleras con un “Ya no llores, amiga. Ya vendrá otro”.

La asistente fiscal fue a reclamarle a la persona a la que le había contado su problema personal. Pero, para su sorpresa, esta persona le respondió que no le había contado a nadie sobre esta situación que habían conversado por teléfono. Este episodio terminó por encender las alarmas de quienes creían que ya sospechaban de los chuponeos avalados por el ahora exministro y aumentó el temor que sentían hacia él.

Extorsión o cárcel

Pero así como aumentaba el poder de Carrasco Millones también aumentaban las irregularidades en los casos que se involucraba. Uno de ellos tuvo lugar en 2016 cuando se anunció, con todo el ruido mediático posible, la desarticulación de una red criminal llamada “Las Rocas” y se señaló que su líder, Marco Seclén Míñope, había sido el chofer  de la banda delictiva “La Gran Familia”.

Sin embargo, para sorpresa de muchos que sospechaban sobre el detrás de escena de estos operativos, el nombre de Marco Seclén era un desconocido en el mundo del hampa y parecía que nadie lo tenía como un personaje involucrado en actividades delictivas y, por supuesto, menos con una agrupación como “La Gran Familia”. Lo que se sabía de él era que trabajaba como conductor de colectivos.

 Este caso se tornó todavía más extraño al conocerse que, días previos a la famosa desarticulación de la agrupación criminal, Seclén Miñope se había acercado al Ministerio Público para denunciar que estaba siendo extorsionado por un policía. Casualmente, este policía al que acusaba era Víctor Chafloque, uno de los oficiales más cercanos a Carrasco Millones y que ha estado involucrado en sus casos más cuestionados. 

Por una aparente fuga de información, Chafloque nunca acudió al punto de encuentro con Seclén Míñope y no pudo ser capturado. Acorde a lo que el propio Marco Seclén le explicó al periodista Carlos Cabrera, el hombre de confianza de Carrasco Millones le exigía treinta mil soles o la entrega de un automóvil para no ser incluido en la investigación.

Como es historia conocida, Seclén y otras seis personas fueron detenidas en esta desarticulación de una supuesta red criminal y, hasta la fecha, cinco de ellos siguen intentando demostrar su inocencia en un caso que, sin lugar a dudas, ha tenido un sinnúmero de grises que lo alejan de ser el gran logro de la justicia que se intentó mostrar a la opinión pública. 

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Carrasco Millones, Ministerio público, PNP
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