Informes

Sudaca converso con uno de los perjudicados en este caso y comento que, actualmente, se han venido pagando gran parte de la deuda que tenían, sin embargo, señalo que no han reconocido intereses por el tiempo de espera, ni mucho menos se han hecho responsables de los problemas que ha generado esta problemática.

Además, han mencionado que este tema les ha generado diferentes problemáticas que los han perjudicado y que no quieren dejar que este caso quede impune. Se vocean varios responsables, sin embargo, una sola voz responsabiliza a López Aliaga y Luis Molina, presidente del SERPAR.

Los antecedentes del calvario de los ex trabajadores del SERPAR. Este malestar por la falta de pagos se profundiza debido a las preferencias mostradas por la Municipalidad de Lima en invertir en áreas que no priorizan el bienestar laboral de sus servidores. Se ha evidenciado una mayor inversión en patrullaje nuevo y utensilios que no son adecuadamente utilizados o gestionados por la MML. Esta situación fortalece la molestia de los ex trabajadores del SERPAR y la sensación de falta de atención hacia sus reclamos.

Es más, se ha observado la importancia de consolidar las bases para gestionar el antiguo Parque Zoológico de Huachipa, ahora Parque de las Leyendas – Sede Huachipa. A pesar de los esfuerzos por revitalizar este emblemático lugar, los ex trabajadores del SERPAR lo ven como una preocupación adicional, ya que temen que los recursos destinados a este proyecto retrasen aún más el pago de sus derechos laborales.

Sudaca pudo conversar con algunos de los ex trabajadores del SERPAR para entender desde su punto de vista la magnitud de esta problemática. «Después de dedicar tres años y nueve meses al Servicio de Parques de Lima (SERPAR), la frustración embarga a muchos de los ex trabajadores, quienes llevan ocho meses esperando el pago de sus beneficios laborales bajo la nueva gestión de Rafael López Aliaga«, relata con pesar uno de los afectados.

Esta situación se suma a la serie de desafíos que enfrentan los funcionarios públicos cesados cuando cambian las administraciones en las diversas entidades del país. «Ingresé durante la gestión Muñoz y continué hasta su inesperada salida de la Municipalidad», recuerda uno de ellos mientras señala que su cese tuvo lugar en octubre de 2022, coincidiendo con la llegada de Romero a la alcaldía.

El proceso burocrático posterior a su cese culminó en noviembre de ese mismo año con la resolución de reconocimiento de la deuda laboral. Sin embargo, a pesar de este reconocimiento formal, hasta el momento, bajo la gestión actual, no se ha materializado el pago correspondiente a los beneficios laborales acumulados durante su tiempo de servicio.

Para añadir un toque de ironía a la situación, el productor televisivo y actual regidor de la MML, Efraín Aguilar, ha expresado que «no es posible que sigamos con la misma dieta» al referirse a los recursos asignados.

«La falta de respuestas a nuestras comunicaciones dirigidas tanto al Presidente del SERPAR, Luis Molina, como a los Secretarios Generales correspondientes, ha dejado a los ex trabajadores en un estado de incertidumbre. Los intentos de diálogo con el secretario o el presidente se han visto frustrados, ya que no se otorgan citas para abordar la situación», subraya el ex trabajador, manifestando su frustración ante la difícil travesía que enfrentan en busca de una solución con respecto a la deuda pendiente.

Según el testimonio recabado, la justificación de la institución se centra en la falta de recursos financieros. El ex trabajador enfatiza que, durante la reflexión sobre las actuales carencias del SERPAR LIMA, la institución depende significativamente del aporte de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) para cubrir su presupuesto anual, que asciende a casi 100 millones de soles.

«Desconocemos si existe una instrucción del alcalde de Lima para retener los fondos destinados al SERPAR o si se debe a deficiencias en la administración actual de la institución», señala el ex trabajador, destacando la falta de claridad en la situación.

Es relevante destacar que, a pesar de la alegada escasez de fondos, el SERPAR asignó aproximadamente S/ 145,000 para la construcción de una «playa artificial» en el Club Zonal Wiracocha de San Juan de Lurigancho, y mantiene una plantilla de trabajadores considerable. «Con esos recursos, podrían habernos pagado, pero lamentablemente esta es nuestra triste realidad», añade el ex trabajador, subrayando la aparente disparidad en la asignación de recursos.

Hasta el momento, la Municipalidad de Lima no ha emitido declaraciones oficiales en respuesta a las demandas de los ex trabajadores del SERPAR ni a las críticas sobre la asignación presupuestaria. La ausencia de una postura clara por parte de las autoridades municipales profundiza la incertidumbre y la tensión en torno a la situación del SERPAR.

La crisis financiera en el SERPAR y las tensiones laborales actuales plantean interrogantes sobre la gestión de recursos por parte de la Municipalidad de Lima. La asignación de millones de soles al patrullaje mientras el SERPAR lucha por su supervivencia económica y el cuidado de la fauna evidencia la necesidad de una revisión urgente de las prioridades presupuestarias municipales para garantizar el bienestar de la ciudad y sus trabajadores.

Las tentativas de comunicación con el presidente del SERPAR, Luis Molina, y los Secretarios Generales han sido infructuosas, generando frustración entre los afectados. La explicación institucional se centra en la escasez de fondos, mientras que los ex trabajadores reflexionan sobre las carencias actuales del SERPAR, dependiente del aporte de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) para cubrir su presupuesto anual.

La espera persiste y las expectativas de justicia y reconocimiento laboral enfrentan obstáculos en medio de la inestabilidad institucional. Es importante que el burgomaestre se haga cargo de sus trabajadores y exfuncionarios que siguen exigiendo acciones por parte del líder de Renovación Popular y actual Alcalde de Lima, Rafael López Aliaga.

Al cierre de este informe, si bien es un respiro para la MUNILIMA el poder saldar estas deudas con sus trabajadores. Ha generado un gran malestar esta problemática de falta de pago entre los ex trabajadores que no quieren dejar impunes a quienes creen responsables de todo esto: el alcalde de Lima y el presidente del SERPAR.

Tags:

parque zonal wiracocha, playa artificial, SERPAR, serpar lima

La historia de los documentos que llevaron a la detención de más de veinte personas por el recordado caso “Los Limpios de la Corrupción” y que no figuran en los registros de la policía.

Como lo ha relatado Sudaca en informes previos, el caso “Los Limpios de la Corrupción” que supo captar la atención de todo un país hace casi una década no estuvo exento de serios cuestionamientos que, con el paso de los años, han despertado un sinnúmero de interrogantes y han llevado a que el trabajo del exministro Juan Carrasco Millones esté bajo la lupa.

Uno de los puntos claves en el desarrollo de este caso fue la fecha en que se ordenaron las detenciones del entonces alcalde Roberto Torres y los más de veinte funcionarios a pocos días de las elecciones municipales del 2014 en las que Torres iba por la reelección y podría no ser una simple coincidencia.

Sudaca ha conversado con uno de los más de veinte detenidos en aquella fecha y se ha podido revisar una serie de documentos que invitan a dudar sobre la verdadera motivación detrás de un caso que hoy parece estar lejos de representar el espíritu de la lucha contra la corrupción.

EL INFORME DESCONOCIDO

 Juan Miguel Valdivia Goycochea fue uno de los funcionarios señalados como parte de la organización criminal contra los que se dio la orden de detención. En aquella época, Valdivia se desempeñaba como gerente de la Entidad Prestadora del Servicio de Saneamiento de Lambayeque (Epsel).

Esta situación llevó a que Valdivia Goycochea pase cerca de tres años en prisión preventiva por, supuestamente, estar involucrado en lavado de activos y ser parte de una organización criminal. Sin embargo, casi una década después y con una investigación que terminó en 2018, Valdivia no ha sido acusado. “No tengo ninguna sanción por falta administrativa ni una sentencia penal”, indicó a Sudaca.

Como probablemente haría cualquiera persona que ve pasar tantos meses de su vida detenido sin una sentencia, Valdivia empezó a investigar sobre el caso que lo llevó a atravesar este episodio traumático y, para su sorpresa, se terminó encontrando con más preguntas que respuestas.

Estas sospechas se produjeron, principalmente, por el informe de inteligencia en el cual se había respaldado el fiscal Carrasco Millones para conseguir la detención de Torres y los funcionarios. “Nos llegó la información que quienes estaban haciendo las escuchas legales estaban de vacaciones y no podían hacerlas”, cuenta Juan Valdivia.

Las personas a las que hacen referencia son el mayor Romel Agustín Díaz Paz y el teniente Víctor Javier Chafloque Oliden. Según la información que brindó la propia OFINTERPOL de Chiclayo, el día que emiten el oficio dirigido al entonces fiscal adjunto Carrasco Millones que permitió gestionar la detención preliminar, lo apellidos Díaz y Chafloque no figuraban en la lista de personas que estaban de servicio en aquella fecha.

Cristian Rebosio

 

Pero esta situación toma un tinte más turbio al conocerse que se podría estar ante un caso de usurpación de funciones. Cuando en 2019 se tomó la declaración de Luis Enrique Farfán Silva, quien en 2014 se desempeñaba como jefe de la OFINTERPOL, Farfán dijo desconocer el trámite del cuestionado informe de Chafloque y Díaz, y agregó que ellos no estaban bajo su mando.

Cristian Rebosio

  

Sin embargo, el informe incluía el sello y forma de Farfán Silva como jefe de la OFINTERPOL de Chiclayo. Aunque un detalle que ha llamado la atención es la innegable diferencia entre las firmas del entonces coronel Farfán Silva en otros documentos del mismo año 2014 y aquel que afirma desconocer. El sello usado aquel 29 de septiembre también muestra diferencias del que usó en otros documentos debido a que omite su segundo nombre y agrega un “JEFE OFINTERPOL – CHICLAYO” que no se encuentra en otros documentos sellados por Farfán.

Cristian Rebosio

EL INFORME FANTASMA

Pero hay otros documentos que generan dudas sobre este caso. En 2015, se solicitaron copias certificadas de documentos supuestamente emitidos por Contraloría general de la República, Unidad de Inteligencia Financiera de la SBS, equipo de lavado de activos de la PNP, equipo de la Comisión Nacional de Bienes Incautados, peritos contables y equipó de inteligencia Operativa de la Dirección General del Ministerio del Interior que habían sido mencionados en el informe de 29 de septiembre que avalaron que el exministro Carrasco pueda conseguir la detención de más de veinte funcionarios.

No obstante, la respuesta que se recibió no sólo indicaba que estos documentos no existían sino que agregaba que los oficiales que supuestamente habían sido los autores trabajaban en Chiclayo pero no habían prestado servicio en la jefatura en cuestión.

Cristian Rebosio

Juan Valdivia no niega que hayan existido hechos ilícitos en la gestión del exburgomaestre Roberto Torres, pero considera que la manera en que el fiscal Juan Carrasco Millones procedió con el caso “Los Limpios de la Corrupción” no fue idónea. “No digo que sean inocentes todos, pero no se hizo bien”, indicó a Sudaca y, con respecto al considerable número de personas para los que pidieron detención preventiva, agrega que “se hace un show mediático y al final no hay sentencia”.

Casos como el de Juan Valdivia demuestran que, aunque estas irregularidades en los informes que se usan para combatir a los políticos involucrados en casos de corrupción pueden desvirtuar una lucha necesaria en el Perú, lo más grave es que personas cuyas acusaciones en su contra no son claras pueden terminar perdiendo varios años de su vida detenidos como parte de lo que parece ser un show mediático. 

Tags:

Juan Carrasco, Ministerio del Interior

Nuevos audios exponen el verdadero poder de la esposa del alcalde de La Molina en la municipalidad de este distrito y el agresivo clima laboral al que están sometidos sus trabajadores.

El pasado mes de febrero, Sudaca publicó un informe titulado LA VENGANZA DE LIZZI en el cual un extrabajador de la Municipalidad de La Molina contaba el enorme poder que tenía Lizzi del Rocío Sueldo Matos en el distrito que tiene como alcalde a su esposo Diego Uceda, quien llegó a la alcaldía de este distrito en 2022 como candidato de Renovación Popular. 

Tras esta publicación de Sudaca y los videos que expuso ATV en los cuales se evidencian los maltratos de Sueldo a funcionarios de esta municipalidad así como las órdenes que daba pese a no ocupar un cargo, el burgomaestre de este distrito se pronunció en las redes alegando que era víctima de una campaña difamatoria.

Sin embargo, a casi un mes de dicho escándalo, la Municipalidad de La Molina se vuelve a ver involucrada en un hecho bochornoso que incluye gritos, maltratos y la atribución de un poder que los vecinos de este distrito nunca otorgaron en las urnas sino que parece ser la inesperada consecuencia de un matrimonio que se ha instalado en el poder de La Molina.

“YO VOY A DIRIGIR”

Pese a los múltiples cuestionamientos que recibió la Municipalidad de La Molina el mes pasado por el inesperado rol que ejercía la esposa del alcalde Uceda, la situación parece no haber cambiado mucho desde aquel entonces y, según los nuevos audios que llegaron a Sudaca, Lizzi Sueldo seguiría ostentando un gran poder sobre los trabajadores de la municipalidad.

En uno de estos nuevos audios se puede escuchar a Lizzi Sueldo recriminarle a los trabajadores de la Municipalidad de La Molina que no le habían informado las críticas que estaba recibiendo su gestión por el cuidado de parques y jardines. Además, en este audio la esposa de Diego Uceda pide explicaciones por la estrategia de comunicación de la municipalidad.

En la grabación se puede escuchar que la persona a la que Sueldo le pide explicaciones es Milagros Judith Vargas Fierro, quien se desempeña como jefa de la Oficina General de Comunicaciones e Imagen Institucional. En el material exclusivo al que accedió Sudaca, se escucha a la esposa del político de Renovación Popular con un tono prepotente cuestionando la cobertura de las actividades del municipio de La Molina.

En estas grabaciones se puede escuchar que Lizzi Sueldo está involucrada en la ejecución de presupuesto de La Molina y, aunque se escucha a su interlocutora decirle que se siente maltratada y que se está infravalorando el trabajo, la esposa de Uceda sigue levantando el tono de voz.

A Lizzi sueldo se le escucha decir que ella tiene el mismo trato con todos los gerentes que forman parte de la Municipalidad de La Molina pese a que ella no desempeña ningún cargo en este distrito y continúa cuestionando a los trabajadores debido a su molestia por las críticas que viene recibiendo la gestión de su esposo.

En otro audio se puede escuchar a Lizzi Sueldo en una conversación con Rocío Isla, quien se desempeña como asistenta social. Sueldo se atribuye el poder de haberle reducido labor a Isla y le increpa “eres negada para todo” mientras se escucha a Isla tratar de explicarle detalles sobre el trabajo que le estaba exigiendo. 

Durante otro momento de la conversación, Sueldo le increpa a Isla por el diseño de unas invitaciones y señala “aquello donde va el nombre de mi esposo (Uceda) como invitación lo apruebo sólo yo”, mientras que en otro momento le reprocha “lo único que te voy a exigir es que no pierdas a ninguno de los dirigentes”.

En la conversación grabada, Sueldo también muestra su desconfianza hacia los trabajadores de la Municipalidad de La Molina a los que ahora parece tener bajo su mando y, tal como se escucha a Isla, estos parecen estar atemorizados por el trato que vienen recibiendo en estas conversaciones que se realizan en un tono agresivo por parte de alguien que ni es una autoridad.

UNA JUSTIFICACIÓN POCO CONVINCENTE

Cuando estos casos empezaron a ser conocidos, una de las explicaciones que brindó la Municipalidad de La Molina indicaba que la esposa del alcalde se estaba desempeñando como presidenta del Comité de Apoyo Social. Sin embargo, tanto en los videos difundidos en febrero como en los nuevos audios se puede escuchar que la propia Lizzi Sueldo se jacta de tener el poder para despedir personal y designar gerentes así como darles órdenes.

Además, desde 1997 se encuentra vigente la Ley N° 26771 que establece la prohibición de contratar o nombrar personal hasta cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad y por razón de matrimonio. A esto se le suma que la usurpación de funciones también es considerada un delito.

Cristian Rebosio

La situación de la Municipalidad de La Molina sigue siendo crítica a poco más de un año del inicio de la gestión de Uceda y lo que parece ser un matrimonio en el sillón municipal no sólo compromete el bienestar del distrito sino la estabilidad laboral y emocional de los trabajadores de dicho municipio.

Tags:

La Molina, Municipalidad de La Molina, Renovación popular, Uceda

Sudaca conoció en exclusiva los detalles del polémico caso de un asesor del Congreso que ha estaría por ser despedido debido a tener opiniones distintas a los grupos políticos que son mayoría.

Con la interminable crisis política que padece el país, no resultó impactante que el porcentaje de desaprobación a la labor parlamentaria sea considerablemente alto incluso cuando los congresistas no habían cumplido ni medio año en el cargo. El paso del tiempo no logró que, al menos para la mayoría de peruanos, la imagen del Legislativo experimente una mejora y, por el contrario, cada vez son menos puntos los que los separan del 100% de desaprobación en las diferentes encuestas que han realizado.

Sin embargo, quizá ante la necesidad de mejorar la imagen para que los partidos políticos que representan puedan mejorar sus posibilidades de tener apoyo en las urnas en las próximas elecciones, el Congreso parece haber emprendido una campaña para levantar la imagen del Legislativo. Aunque los métodos que parecen haber elegido no serían los más eficaces ni democráticos.

Sudaca conoció los detalles del caso de Diego Alonso Pomareda Muñoz, quien se desempeña como asesor de la congresista Flor Pablo y estaría a pocas semanas de ser despedido como parte de una venganza por haber realizado publicaciones en las redes sociales en las que cuestiona el accionar de algunas bancadas.

PROHIBIDO OPINAR

 Diego Pomareda empezó a trabajar en el Congreso hace cinco años con la Bancada Liberal junto a congresistas como Alberto De Belaunde y Gino Costa, y se sumó al equipo de Zenaida Solís para el siguiente periodo. Durante estos años, Pomareda, quien es abogado constitucionalista y profesor en la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), no tuvo ningún proceso disciplinario en su contra ni se vio involucrado en algún tipo de situación irregular.

“Uno tiene que cumplir requisitos. A mí me piden tres años de experiencia profesional y una maestría. En función a eso puede solicitar la contratación”, relata Pomareda a Sudaca con respecto a su llegada al cargo de asesor de la congresista Flor Pablo. Sin embargo, lo que había sido una trayectoria sin problemas estaba a punto de cambiar. 

“Me entero el 15 de marzo cuando me llega una notificación que me quieren despedir”, cuenta. En el documento que llegó a su domicilio le informaban que se iniciaba un procedimiento administrativo disciplinario por una falta grave y tenía cinco días hábiles para presentar sus descargos.

  Cristian Rebosio

 

Para Pomareda Muñoz esta información resultaba desconcertante e inesperada. Pero en las siguientes hojas de estos documentos se enteraría del extraño criterio que usaba el área de recursos humanos del Congreso para sancionarlo. La razón por la que habían considerado pertinente tomar esta decisión se debía a publicaciones en una red social.

Tal como se puede observar en la siguiente imagen, la razón de esta medida eran tuits en los cuales Pomareda Muñoz expresaba una postura crítica con las decisiones que venían tomando una mayoría en el hemiciclo. 

Cristian Rebosio

En los diez tuits que eran incluidos en el informe al que Sudaca tuvo acceso, los temas sobre los que Pomareda se pronunciaban tenían relación con temas como la Sunedu, la Junta Nacional de Justicia o su desacuerdo con las votaciones.

Cristian Rebosio

“Los tuits son de agosto a noviembre del año pasado y se han esperado hasta marzo para notificarme que me han iniciado un proceso disciplinario. Me da la impresión que esta arma ya la tenían cargada”, señala el asesor de Flor Pablo.

Cristian Rebosio

No obstante, pese a que las publicaciones citadas no atacaban al Congreso como institución sino representaban la opinión de Pomareda Muñoz, el Departamento de Recursos Humanos decidió iniciar el procedimiento administrativo disciplinario alegando que había incumplido con salvaguardar la imagen institucional del Congreso.

Cristian Rebosio

“Tengo el derecho a la libertad y la naturaleza de mi trabajo es política. Yo defiendo la postura del despacho en que trabajo porque creo en sus ideas y principios”, cuestiona Diego Pomareda y agrega “me han dicho que yo he afectado la dignidad parlamentaria y he afectado el deber de proteger al Congreso. Pero eso me suena que tengo que ser cómplice o callarme con cosas que veo y no están bien”.

Pero esta insólita decisión tendría a un responsable que sería el oficial mayor del Congreso, Giovanni Forno Flórez. Tal como se puede apreciar en el siguiente documento del noviembre del año pasado, fue Forno Flórez quien envió a Carlos País Vera, jefe del Departamento de Recursos Humanos, las capturas de las publicaciones que Pomareda hizo en sus redes sociales.

Cristian Rebosio

“Vamos a tener una oficina de recursos humanos para evaluar a cada uno de los asesores de la oposición viendo cómo actúan o qué dicen, y eso es antidemocrático por donde se le vea”, comenta Pomareda a Sudaca y advierte que considera que lo más probable es que en aproximadamente veinte días sea despedido porque, aunque ha dado su descargo, “esto no se trata de razones sino de un ataque político”.

Aunque para Pomareda su destino ya está escrito, no deja  de sorprenderle el accionar de algunas bancadas ante lo que considera un atropello. “Me sorprende que bancadas como las de Avanza País estén calladas ante este tipo de atropellos, porque supuestamente defendían una agenda liberal y la libertad de expresión es un pilar fundamental de este liberalismo. Están asumiendo un rol de cómplices”, explicó.

DOBLE VARA

Pero existen otros detalles que llaman la atención con respecto a este caso. Casualmente, otras personas que actualmente se desempeñan como asesores han tenido expresiones agresivas en redes sociales sin recibir ningún tipo de sanción por ello. Uno de ellos es el caso de Martha Chávez, la excongresista de Fuerza Popular que actualmente se desempeña como asesora y se ha pronunciado en redes sociales con acusaciones a colegas congresistas como Sigrid Bazán y Flor Pablo.

Cristian Rebosio

Pese a que sus publicaciones no estaban respaldadas en argumentos técnicos sino en sospechas y hasta teorías conspirativas, la exparlamentaria fujimorista no recibió ningún tipo de sanción ni proceso disciplinario, como sí ha ocurrido con Diego Pomareda.

Cristian Rebosio

El vergonzoso porcentaje de desaprobación del Congreso justifica que se tomen medidas urgentes para mejorar la imagen de uno de los poderes del Estado. Sin embargo, si las medidas implican atentar contra la libertad de expresión e instalar una dictadura en la cual sólo pueden pronunciarse quienes estén a favor de los partidos políticos que son mayoría en el hemiciclo, no sorprendería que en la próxima encuesta estén más cerca del 100% de desaprobación.

Tags:

Congreso, diego pomareda, Flor Pablo

Tal como lo expuso Sudaca en la primera parte del informe sobre Juan Carrasco Millones, los primeros momentos de fama del exministro estuvieron ensombrecidos por las contradicciones y mentiras que se dijeron con respecto al misterioso apoyo en recursos que recibieron los involucrados en el caso “Los Limpios de la Corrupción”.

Sin embargo, la historia detrás de uno de los casos que supo concentrar la atención de todos los peruanos hace casi una década tiene todavía muchos vacíos que despiertan suspicacias así como testimonios que generan desconfianza sobre lo que realmente ocurrió en el detrás de escena de lo que en su momento fue la mediática detención del alcalde de Chiclayo.

Sudaca ha revisado la información de aquella época para completar esta segunda parte del expediente sobre Juan Carrasco y conocer a fondo cuáles han sido los cuestionamientos que existieron sobre el proceder de Carrasco Millones en la época que se intentó instalar como un luchador contra la corrupción.

MENTIRAS E IREGULARIDADES

Si bien la detención del alcalde Roberto Torres y más de veinte personas había sido vista en su momento como un acto valiente por parte de los fiscales a cargo del caso, entre los que se encontraba el exministro Carrasco Millones, la información que se ha conocido años después con respecto a los argumentos y pruebas para conseguir estas detenciones han expuesto una serie de irregularidades alarmantes que comprometen seriamente a los que en su momento fueron los responsables de la caída de “Los Limpios de la Corrupción”.

Durante el año pasado, Diario La Verdad, un medio regional de Chiclayo, contó la versión de uno de los funcionarios de la Municipalidad Provincial de Chiclayo sobre lo que realmente habría ocurrido con las colaboraciones eficaces. Según Jorge Matallana Peralta, sus declaraciones no sólo fueron tomadas como si él fuese un aspirante a colaborador eficaz sino que, además, los hechos que figuraban en esos documentos no correspondían a sus relatos y habían sido elaborados por los fiscales a cargo.

Matallana Peralta incluso expresó que, usando el temor de terminar en una cárcel, le hicieron firmar documentos con preguntas que nunca se le habían formulado y respuestas que no correspondían a su versión. Para Matallana, el objetivo del fiscal Sergio Lucio Zapata Orozco no era conocer los hechos verdaderos sino reforzar su teoría, aunque para ello tenga que ampararse en mentiras.

Cristian Rebosio

Pero lo relatado por Matallana está lejos de ser un caso aislado. En el siguiente video, otros implicados en el caso cuentan las presiones que recibían para realizar declaraciones que sean funcionales a los intereses de los fiscales y la evidente falta de interés que existía por conocer los hechos que realmente involucraban a los integrantes de “Los Limpios de la Corrupción”.

En la grabación de la audiencia se puede escuchar a Ernesto Sánchez Vásquez y Carlos Mendoza Oliden, exfuncionarios de la municipalidad, retractarse de las declaraciones que habían hecho previamente ante el Ministerio Público y acusar a los fiscales a cargo de haberlos presionado con frases como “si tú los echas, te vamos a pasar como testigo y no te va a pasar nada”.

<iframe src=»https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=476&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FdiariolaverdadPeru%2Fvideos%2F857767948779797%2F&show_text=false&width=476&t=0″ width=»476″ height=»476″ style=»border:none;overflow:hidden» scrolling=»no» frameborder=»0″ allowfullscreen=»true» allow=»autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share» allowFullScreen=»true»></iframe>

EL FACTOR POLÍTICO

Sudaca conversó sobre estas irregularidades en  el caso “Los Limpios de la Corrupción” con Rubén Fernández Morales, presidente de la asociación civil Pro Actione, quien explica la participación del exministro Juan Carrasco en este caso. “Carrasco Millones, con informes falsos de inteligencia, respalda un requerimiento de más de treinta funcionarios de la Municipalidad de Chiclayo”, expone en declaraciones a este medio.

Además, Fernández hace énfasis en el momento elegido para pedir la prisión preventiva del entonces alcalde Roberto Torres, que se respaldó en los mencionados informes falsos, ocurrió a pocos días de las elecciones municipales y benefició la llegada a la alcaldía de Chiclayo de David Cornejo Chinguel, el candidato de Alianza Para el Progreso, debido a que ocurren precisamente días antes de las elecciones.

Pero, además de manipular declaraciones de falsos colaboradores eficaces, los documentos usados para la detención de más de veinte funcionarios también habría contado con la colaboración de integrantes de la policía y los nombres de estos oficiales serían Romel Díaz Paz y Víctor Chafloque Oliden.

“Firman un informe de inteligencia donde relatan una serie de una organización criminal”, comenta Rubén Fernández sobre el rol de estos oficiales que le proporcionaron a Carrasco Millones otro de los documentos claves para lograr la prisión preventiva. Sin embargo, ninguno de estos oficiales estaba en condiciones de poder firmar un oficio de la Oficina de Inteligencia Territorial Policial (Ofinterpol) debido a que no cumplían funciones en este lugar y, posteriormente, fueron acusados de usurpación de funciones.

Desmantelar una organización criminal vinculada con políticos es, sin lugar a dudas, una tarea valiente y necesaria en un país tan perjudicado por la corrupción. Pero, cuando se utilizan métodos por fuera de la ley con el propósito de acortar caminos, la finalidad de cualquier detención y operativo queda totalmente desvirtuada, tal como parece haber ocurrido con el emblemático caso del exministro Carrasco Millones.

Tags:

Juan Carrasco, Ministerio del Interior

Cuando aún faltan dos años para el recambio constitucional de los poderes Ejecutivo y Legislativo, un twitter de Keiko Fujimori sitúa la lucha por el sillón presidencial -entre otras- en la respuesta a la pregunta: “¿No les ha pasado que cuando van a una farmacia a comprar un medicamento les dicen que no hay o que está descontinuado, e inmediatamente le ofrecen otro?”.

Bueno, pues, porque con esa pregunta aparentemente ingenua, la señora Fujimori apareció en sus redes sociales emplazando a las autoridades respectivas a corregir una supuesta infracción a las leyes del mercado vigiladas por nuestra Constitución.

Así, en otro twitter del pasado 2 de marzo, Fujimori dice: “Nosotros siempre estaremos a favor de la inversión privada y de lo que esta genera, pero de ninguna manera permitiremos o estaremos de acuerdo con los abusos o excesos que ellas cometan en contra de la población más vulnerable y que se ve afectada en los temas de medicamentos; es por eso que la bancada de Fuerza Popular está promoviendo una serie de iniciativas para proteger al paciente, evitar los abusos y mejorar la competencia, la oferta y los precios”. Termina el enérgico tweet diciendo: ¡Nadie tiene derecho a obligarte a gastar más por tus medicinas!

 Más allá del hecho de haber obligado a las organizaciones a la derecha y a la izquierda de Fuerza Popular a pronunciarse muy temprano en un tema que no tenían pensado, Keiko Fujimori se convierte en abanderada de todos aquellos que entienden qué es monopolio, qué es oligopolio y qué es posición dominante en el mercado y cómo ellos pueden hacernos la vida más difícil.

Pero el verdadero efecto conseguido con esos dos twitter es, a saber, la dación del decreto de urgencia 005-2024 que obliga a las farmacias y a las boticas a proveer la totalidad de los medicamentos genéricos. Es decir, con dos tuits bien colocados, Keiko Fujimori sitúa la lucha por lograr el primer lugar en las preferencias ciudadanas en poner el énfasis en las necesidades primarias de los peruanos.

Desde mediados de la década pasada, la industria farmacéutica produce más de mil millones de dólares anuales de beneficios netos, siendo una industria en expansión, aunque sus lobbistas se quejan porque cada año la industria pierde millones de dólares en ingresos al convertirse cientos de marcas registradas en genéricos de uso libre.

 

¿Por qué se da el decreto de urgencia?

El Gobierno emitió en la fecha un decreto de urgencia que dicta medidas extraordinarias a fin de garantizar el acceso de todos los ciudadanos a los medicamentos genéricos, tras haber vencido una norma dictada en el mismo sentido hasta febrero próximo pasado.

El documento obliga a boticas y farmacias a mantener un stock de 30 por ciento de la oferta total de medicinas priorizadas.

“Dicha obligatoriedad se circunscribe a aquellos medicamentos que formen parte de la oferta de medicamentos de marca, no implicando la obligación de ampliar dicha oferta, precisa el Decreto de Urgencia 005-2024.

Se señala, además, que el incumplimiento de dichas disposiciones constituye infracción administrativa, sancionada con multa de hasta dos unidades impositivas tributarias (UIT), equivalentes a 10,300 soles durante el presente ejercicio tributario.

El defensor del Pueblo Josue Gutiérrez dijo que la medida dada en la fecha por el Poder Ejecutivo responde “a un momento, a un contexto”, pero quien debe asumir la responsabilidad es el Congreso a través de la aprobación de una ley que defina la política sobre estos medicamentos.

«Saludamos cuando de manera rápida se busca dar solución a estos problemas centrales […] (pero) lo que buscamos y pretendemos siempre es que esta discusión pase por donde tiene que pasar y, disculpe, esta norma debe ser ley, no decreto de urgencia», dijo. 

«Entonces hay una responsabilidad directa del Congreso de la República y por lo menos el reto en los próximos días para que pueda abordarse esto con suma rapidez y tener una legislación un poco más integral», agregó. 

El defensor del Pueblo dijo que desde su institución se está estableciendo «el nivel de coordinación a través de la Comisión de Salud» del Parlamento «a efectos de que empecemos a tratar mucho más en serio este tema de acceso a la salud».

El exministro de Salud Víctor Zamora, calificó el DU sobre los medicamentos genéricos de confuso, porque, no especifica si también están incluidas las grandes cadenas de farmacias y boticas. 

«Es un problema de forma que puede tener un impacto en el fondo. Es la redacción, puede ser entendida que no son todos. O que puede ser entendida que está restringido solo a las farmacias y boticas y no así a las cadenas de boticas. Bastaba decir que era de obligatorio cumplimiento por todos los establecimientos, farmacias y boticas del sector privado», señaló. 

Además, criticó que el DU extienda un plazo de 10 días para determinar la lista de medicamentos genéricos incluidos en la norma.

«Una lista cuya composición, en términos de medicamentos, desde mi punto de vista, debería ser mínimamente lo que ya existía o mejorar, pero no retroceder», señaló. 

Zamora también indicó que el titular de Salud, César Vásquez tenía una ley preparada y que seguro necesita los meses del DU para preparara la normativa. 

«El ministro (de Salud, César Vásquez) dijo que tenía preparada una ley, luego cambió la versión de un decreto de urgencia. Sospecho que no tiene una norma preparada y este es el lapso de tiempo para preparar una norma, un proyecto de ley para enviar al Congreso», afirmó. 

El exministro también sugirió la posibilidad que el nuevo decreto de urgencia solo sirva para dentro del periodo de vigencia «nos olvidemos del asunto» y finalmente se derogue la norma de acceso a medicamentos genéricos.

Las legislaciones que regulan las ventas de los productos farmacéuticos y la conversión de muchos de ellos en genéricos contienen una serie de medidas que han llevado a dos países de nuestra región de tener medicamentos baratísimos a tener los más caros del área. Esos países son Chile y la Argentina, en el primer caso el estallido social y las secuelas de la pandemia y en el segundo la subida incontrolable del precio de los insumos los convirtió de baratos en caros. Asimismo, en ambos países y en el Brasil sucede un fenómeno singular al ingresar millones de dólares de ciertas industrias ilegales al mercado farmacéutico, generando distorsiones en los precios de los medicamentos. De igual manera, en Colombia y en el Perú se suscitan fenómenos parecidos, colocando a las industrias de ambos países en productoras de fármacos de bajos costos. Sin embargo, pese a tener insumos baratos, capital de trabajo de poco costo y regulaciones estatales, los precios de venta se mantienen altos, creando malestares y convirtiendo dichos malestares en temas de campaña electoral.

Tags:

Ejecutivo, Keiko Fujimori, Medicamentos genéricos

La Municipalidad Metropolitana de Lima ha emitido una respuesta a una serie de consultas y observaciones en relación con la convocatoria para el servicio de alquiler de vehículos destinados al lavado y desinfección de espacios públicos en el Cercado de Lima. Sudaca accedió al documento de las consultas realizadas.

Benjamín Zevallos

 

Elevación al OSCE del pliego de absolución de consultas y observaciones

Entre las cuestiones abordadas, una de las principales inquietudes giró en torno a la capacidad de las cisternas de agua utilizadas en el servicio. En este sentido, el documento menciona que la Municipalidad precisó que solo se aceptarán unidades con una capacidad de hasta 4000 galones. Esta restricción se fundamenta en la necesidad de adaptarse a las condiciones de las calles estrechas y empedradas presentes en el área de operación, evitando así posibles problemas de acceso y maniobrabilidad.

Otro aspecto abordado fue la exigencia de certificación de cubicaje para cada vehículo propuesto. Frente a la confusión sobre qué entidad debería otorgar esta certificación, la Municipalidad aclaró que debe ser emitida por un organismo acreditado por el Instituto Nacional de Calidad (INACAL). Esta medida busca asegurar la competencia técnica de las empresas proveedoras y garantizar que los vehículos cumplan con las especificaciones requeridas para el servicio.

En lo que respecta al suministro de agua, se aclaró que esta debe contar con el permiso de uso de agua otorgado por la Autoridad Nacional del Agua (ANA), en cumplimiento de la normativa vigente sobre recursos hídricos. Esta medida tiene como objetivo garantizar que el agua utilizada en el proceso de limpieza y desinfección cumpla con los estándares de calidad y seguridad establecidos por las autoridades competentes.

Además, se abordaron inquietudes sobre la habilitación legal de las empresas proveedoras. Si bien se sugirió que este requisito debería recaer sobre cada unidad en lugar de sobre la empresa en su conjunto, la Municipalidad defendió la necesidad de garantizar que todas las unidades utilizadas en el servicio estén debidamente autorizadas para prestar el servicio, asegurando así la calidad y eficacia del mismo.

Finalmente, se proporcionaron detalles sobre la metodología para determinar las horas de inicio y fin del servicio. Según lo especificado por la Municipalidad, el cómputo de las horas del servicio se inicia desde la salida de las bases operativas y se supervisa mediante tecnología GPS y partes diarios. Esta medida tiene como objetivo garantizar un adecuado control y seguimiento de la prestación del servicio, asegurando su eficiencia y cumplimiento de los estándares establecidos.

Sobre Innova Ambiental 

La empresa INNOVA AMBIENTAL S.A. ha levantado una serie de interrogantes sobre los requisitos de representación legal en procesos de contratación estatal, generando cierta controversia en la última convocatoria emitida por la Municipalidad Metropolitana de Lima. En su consulta número siete, la empresa solicitó aclaraciones sobre la antigüedad máxima permitida para los certificados de vigencia de poder del representante legal, apoderado o mandatario designado para tales efectos. A pesar de la consulta, la entidad convocante no encontró fundamentos claros en la normativa vigente que respaldaran la solicitud de INNOVA AMBIENTAL.

Otra área de debate surgió con respecto a los requisitos de calidad de agua para el lavado y desinfección de espacios públicos. Innova Ambiental planteó interrogantes sobre los términos «turbidez» y «mal olor» en relación con el agua requerida para el servicio, así como la necesidad de especificaciones en la autorización o licencia de pozo de agua. Sin embargo, la entidad convocante defendió la claridad de los términos establecidos en las bases del contrato y señaló que no hay ambigüedad en los requisitos de calidad del agua.

Discrepancia en penalidades

Innova Ambiental observó que respecto a las penalidades contempladas en el contrato fue objeto de escrutinio por parte de la entidad convocante. La empresa cuestionó la falta de mecanismos objetivos y acreditados para determinar la presencia de turbidez o mal olor en el agua, requisito fundamental para la aplicación de penalidades. Sin embargo, la entidad convocante defendió la validez de los mecanismos establecidos y la objetividad de los criterios de penalización, desestimando las objeciones planteadas por Innova Ambiental.

Con estas respuestas detalladas, la Municipalidad de Lima busca garantizar la transparencia y la adecuada implementación del proceso de contratación para este importante servicio de limpieza y desinfección en el corazón de la ciudad, asegurando así la salud y bienestar de todos los ciudadanos.

La situación de la pesca en el sur atraviesa un momento de crisis e incertidumbre. Sin embargo, las evidencias rescatadas de la zona sur demuestran que el trágico panorama se podría evitar.

 El presente de la industria pesquera en la zona sur del país muestra un panorama inquietante que promete convertirse en una crisis a largo plazo si no se toman medidas inmediatas. Tal como lo ha contado Sudaca en informes periodísticos publicados en las últimas semanas, el causante de esta crisis en ascenso no es la escasez de la anchoveta ni algún tipo de práctica extractiva sin regulación sino el desinterés de las autoridades por tomar en cuenta la evidencia científica al momento de imponer y mantener restricciones para este sector.

No obstante, si bien por tratarse de un problema que se podría resolver con un cambio técnico basado en evidencia científica, el tiempo que están tardando las autoridades en atender esta situación sigue causando pérdidas millonarias al este sector. Sudaca revisó los datos más recientes sobre la situación de la pesca de anchoveta en la zona sur.

UN CONTRASTE ABRUMADOR

Según diversos especialistas, la anchoveta atraviesa uno de sus periodos de mayor abundancia en siglos. Sin embargo, paradójicamente, los números que arroja la pesca de este recurso en la zona sur del país muestran una situación que parece propia de un contexto de escasez. En un informe realizado por la empresa de consultoría Macroconsult, se puede observar que la zona sur está pasando por su peor momento histórico en desembarques de anchoveta con un promedio que no representa ni la mitad de lo que se registraba hace poco más de una década.

Cristian Rebosio

Entre los factores que han contribuido para que la pesca en el sur llegue a este preocupante presente ha destacado la talla mínima de captura establecida por las autoridades que se mantiene en doce centímetros. Si bien la intención es evitar una explotación desmedida del recurso que ponga en riesgo su sostenibilidad, los datos del Instituto del Mar del Perú (IMARPE) indican que el promedio de la talla de madurez de la anchoveta es de 10.5 centímetros. 

Cristian Rebosio

Estos datos que dejaron los estudios de IMARPE demuestran que se podría haber reducido la talla mínima de captura de la anchoveta sin perjudicar la sostenibilidad de la especie debido a que, desde hace varios años, no necesitan llegar a los doce centímetros para estar en condiciones de reproducirse y que han sido factores ambientales ajenos a la actividad pesquera los responsables de la reducción observada en los años recientes.

Además, esta situación se agravó por las vedas impuestas. Según relatan los propios trabajadores del sector, cerca del 80% de la pesca de anchoveta tiene una talla entre 11 y 11.5 centímetros. Acorde al Decreto Supremo 024-2016, cuando se supera el 10% de capturas con talla mínima se debe cerrar la zona y suspender la actividad.

Sin embargo, tal como explican quienes se encargan de la pesca, este escenario se repite en cada zona donde intentan pescar. Según esta versión, incluso si llegan a encontrar una zona con tallas grandes, toma un día para que las anchovetas de tallas chicas vuelvan a ser mayoría y, por lo tanto, se les impida pescar.

EL IMPACTO ECONÓMICO

Como era de esperarse, las restricciones carentes de sustento científico mencionadas previamente no han tardado en tener un considerable impacto negativo en la economía del sector. Se estima que, entre 2016 y 2023, el desembarque de anchoveta podría haber alcanzado las 963 mil toneladas si se tomaban en cuenta los datos de IMARPE  y la talla mínima de captura se reducía a 10.5 centímetros. Además, se podría haber registrado una producción de 233 mil toneladas de harina de pescado y 24 mil toneladas de aceite de pescado. 

Cristian Rebosio

En lo que respecta a las exportaciones, se calcula que, con la harina y aceite de pescado, se podría haber llegado a los 594 millones de dólares si se reducía la talla mínima de captura vigente entre 2016 y 2023.

Cristian Rebosio

Por supuesto, este impacto negativo también se puede observar en la situación actual de las plantas de procesamiento pesquero. Tal como se observa en el gráfico, las plantas dedicadas a la producción de harina de pescado registran una mayoría sin producción como consecuencia de los impedimentos a la pesca.

Cristian Rebosio

Otro de los datos alarmantes que recogió Macroconsult revela que, actualmente, la zona sur apenas contribuye con un 8% al PBI de pesca nacional. Además, estas deficiencias han significado, desde 2012 hasta la fecha, una pérdida que alcanza la alarmante cifra de 1.9 mil millones de dólares en el rubro de exportaciones.

Se espera que pronto empiece una nueva temporada de pesca. Sin embargo, si las restricciones para esta actividad se mantienen invariables, el pronóstico no resulta alentador para todos los involucrados con el sector pesquero en el sur y el futuro de este rubro estará seriamente comprometido pese a que la abundancia del recurso reúne las condiciones idóneas para que Perú sea uno de los más beneficiados por la pesca de anchoveta.

Tags:

nchoveta, Perú, pesca

Sudaca accedió a documentos que exponen a Juan Carrasco Millones, el exministro castillista, y el polémico caso que impulsó su carrera.

En septiembre del 2014, a pocos días de las elecciones regionales y municipales, un escandaloso caso llevó todas las miradas de los peruanos a la ciudad de Chiclayo. La razón: El alcalde en funciones y candidato para una tercera reelección, Roberto Torres Gonzales, tenía una orden de captura en su contra junto con un grupo de casi treinta personas compuesto por funcionarios e integrantes del entorno familiar del burgomaestre.

Torres era acusado de lavado de activos, corrupción de funcionario y asociación ilícita para delinquir. El caso tomó tal magnitud que incluso el entonces ministro del Interior, Daniel Urreti, siguió de cerca la captura del alcalde chiclayano. En un país en el cual existe la sensación que los políticos sin intocables,  no era un hecho menor que un personaje que había sido la máxima autoridad de su ciudad no pudiese escapar de la justicia.

Sin embargo, aunque ese parecía el final ideal de lo que se había vendido como un caso de corrupción, esta historia de justicieros no estaba exenta de sus propias sombras. Sudaca tuvo acceso a documentos que despiertan dudas sobre lo que ocurrió detrás de lo que en ese entonces se conoció como el caso de “Los Limpios de la Corrupción” y tuvo como uno de sus protagonistas al exministro Juan Carrasco Millones, quien desempeñaba el cargo de fiscal y fue uno de los impulsores de estas detenciones.

EL APORTANTE MISTERIOSO

Si en política se despiertan suspicacias cada vez que se conocen los aportantes a las campañas de los candidatos por los intereses que pueden existir detrás de las supuestamente desinteresadas contribuciones, cuando se trata de colaboraciones con la justicia resulta lógico que la desconfianza sea todavía mayor por todas las herramientas que podrían estar a disposición de intereses ajenos a la justicia.

En 2014, mientras el caso del alcalde Torres acaparaba las portadas, el trasfondo ocultaba detalles que generan dudas razonables sobre los que podrían haber sido los verdaderos intereses detrás de la detención del entonces alcalde de Chiclayo y el emblemático caso de “Los Limpios de la Corrupción” que hicieron famoso al exministro Carrasco Millones.

Por aquella época, aprovechando la conmoción que había generado la detención de alcalde de Chiclayo, Juan Carrasco Millones, quien en ese entonces todavía era un fiscal adjunto, empezó a ser protagonista de entrevistas e informes periodísticos que lo hacían ver como un referente de la lucha contra la corrupción que era perseguido y amenazado de muerte como represalia por haber permitido la detención de un político corrupto y su organización criminal.

En estas entrevistas, Carrasco Millones aparecía acompañado por César Fernando O´Phelan Pérez, quien se presentaba como el presidente de la ONG Projusticia que estaba auxiliando a Juan Carrasco ante las amenazas que recibía y, durante las declaraciones que daban a los medios, O´Phelan detallaba los pormenores de la caía del alcalde.

Juan Carrasco Millones

Según relató el propio César O´Phelan en compañía de Carrasco Millones, un programa denominado “Cooperación para el Fortalecimiento del Sistema de Justicia de Lambayeque” impulsado por el gobierno británico había permitido la asignación del presupuestos que permitió alquilar un local, adquirir equipos computarizados y hasta realizar capacitaciones del equipo que integraba Carrasco Millones.

Juan Carrasco Millones

Si bien el apoyo a la logística de “Los Limpios de la Corrupción” puede parecer una buena noticia, se puede convertir en un escenario desconcertante cuando el generoso apoyo deja de tener un rostro confiable, como lo podría ser el gobierno británico, y pasa a ser un desconocido. Además, el silencio de Carrasco Millones, quien por el cargo que desempeñaba podía saber los detalles del supuesto convenio, llevan a que este caso sea todavía más sospechoso.

En abril del 2018, Mariana Del Pilar Vásquez Zagaceta, presidenta de la Juntas de Fiscales Superiores de Lambayeque, recibió una solicitud en la cual le pedían el convenio de la mencionada cooperación internacional, los documentos de la asignación presupuestal producción de este programa y otros detalles del programa “Cooperación para el Fortalecimiento del Sistema de Justicia en Lambayeque” que O´Phelan relataba a los medios en compañía del fiscal Carrasco Millones.

Juan Carrasco Millones

Cinco días después, la fiscal superior respondió a esta solicitud e informó que el famoso convenio no existía y que el Distrito Fiscal de Lambayeque nunca había suscrito nada relacionado con un programa denominado “Cooperación para el Fortalecimiento del Sistema de Justicia en Lambayeque”.

Juan Carrasco Millones

¿QUÉ ESCONDEN?

Sudaca conversó con Rubén Fernández Morales, presidente de la asociación civil Pro Actione, para conocer cuáles podrían ser las motivaciones de Carrasco Millones para haber guardado silencio cuando se detallaba información clave sobre el grupo que él integró y el apoyo logístico que había recibido.

Al respecto, Fernández señala que “Carrasco millones usa esa imagen para decir que lo querían matar por haber desarmado una red criminal y que el poder corrupto de altas esferas de jueces y congresistas los querían perjudicar”. Sin embargo, según Fernández Morales, el exfiscal no buscaba protección sino un ascenso. “Usa esa imagen para tres o cuatro días después logre su ascenso a fiscal titular”, explicó.

“Él está recorriendo el país aduciendo que está formando un partido político”, comenta Fernández sobre el presente de Carrasco Millones y se muestra indignado debido a que considera que nunca se investigaron sus acciones. “Lamentablemente, la fiscalía de Lambayeque nunca lo quiso investigar”, agrega.

LA PALABRA DE O´PHELAN

Sudaca pudo conversar con César O´Phelan para conocer los detalles de su participación en este polémico caso. Según relató, él nunca habló de ningún tipo de convenio con el gobierno británico y explicó que “no es ningún convenio. Yo fui seleccionado y preparado por el Crown Prosecutor Service, que es como el FBI de Gran Bretaña”.

Además, O´Phelan señala que desconocía detalles del operativo para las detenciones en el caso  “Los Limpios de la Corrupción”. Agrega que sí promovió a Carrasco Millones porque consideraba que “su trabajo había sido limpio”. “Lo acompañé a varios canales de televisión en Lima para que se sepa lo que se había hecho en Chiclayo para que sirva de modelo de otros fiscales jóvenes del Perú”, comenta con respecto a sus apariciones en medios. O´Phelan relata que, tiempo después, Carrasco Millones se distancia y hasta  abre una carpeta de investigación contra él, sus padres, hermano y sobrino como venganza por haber investigado casos relacionados a las mafias azucareras.

La caída de políticos corruptos siempre representará una noticia favorable para un país tan golpeado por esta clase de personajes. Sin embargo, este tipo de operativos corren el riesgo de desvirtuarse cuando carecen de transparencia y, además, planean con premeditación una mentira que repiten o permiten que se siga propagando, como habría hecho el exminsitro Carrasco Millones. 

Tags:

Juan Carrasco, Ministerio del Interior
x