[PIE DERECHO] Más allá de los cuestionamientos legítimos al modo de haber procedido con el indulto a Alberto Fujimori, que ya hemos planteado en esta columna, la pregunta de rigor es qué implicancias va a tener en el ámbito político y eventualmente electoral.

Por lo pronto, queda claro que el indulto, por más pronunciamientos de la Corte Interamericana que hayan, no va a mover la aguja del gobierno, más interesado en mantener sus relaciones políticas con la bancada fujimorista y las de derecha en paz suficiente, como para asegurar la permanencia de la presidenta hasta el 2026.

¿La salida de Alberto Fujimori reactivará el kraken antifujimorista? Sí, sin duda, pero a despecho de ello, ya era un monstruo políticamente debilitado, que no impidió que Keiko Fujimori estuviera a punto de ganar las elecciones tres veces y que, en la última ocasión, más que haber sido el factor determinante, lo fuera el voto antiestablishment de Pedro Castillo, el mismo que lo encumbró al poder.

A Fujimori padre, más lo recuerdan en los sectores populares por haber derrotado al terrorismo, por haber sacado al país de la mega crisis económica de los 80 y por la inmensa red de micro obras que desperdigó por todo el territorio nacional. El pasivo de la corrupción ha sido diluido por la hallada a todos los presidentes de la transición y el de los derechos humanos ya ha demostrado no ser eficaz electoralmente (si no, no hubiérase votado por Ollanta Humala, y hasta la izquierda lo hizo sin remilgos, a pesar de las denuncias de Madre Mía).

Es un bonus track para Keiko la libertad de su padre, más aún teniendo en cuenta que lo más probable es que luego de período de silencio estratégico, el exgobernante decida participar desde fuera (no va a ser candidato a nada, suponemos) en la campaña venidera.

Así se entiende, de paso, la histérica reacción de algunos operadores de López Aliaga, contra el indulto, producto de que el burgomaestre limeño se veía ya como el único representante de la derecha en las elecciones del 2026, y este probable upgrade de Keiko Fujimori lo coloca nuevamente en lugar secundario.

Al alimón, esta situación cambia o acota el escenario probable, al que nos encaminábamos a paso firme, de tener una definición electoral entre dos candidatos de izquierda radical, dada la pasmosa fragmentación del centro y la derecha. Por lo pronto, es más probable que la derecha se realinee, que haya aglomeraciones del amplio espectro fujimorista bajo la invocación del padre fundador, y que Keiko Fujimori, salvo que haya sorpresas imprevistas (como que a su progenitor se le ocurra irse del país), se vuelva a recolocar en el partidor protagónico.

 

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[PIE DERECHO]  Hoy se cumple un año de la gestión del peor gobierno -después del de Pedro Castillo- desde que volvimos a la democracia el año 2000. Dina Boluarte ha hecho méritos propios para colocarse en ese escalafón por su medianía y falta de perspectivas.

Primero, porque no albergó siquiera el anhelo de emprender alguna gran reforma. En su defensa muchos señalan que no tiene capital político, al no contar con bancada congresal, pero la verdad de los hechos es que cuenta con el respaldo incondicional de la coalición derechista parlamentaria, así que bien pudo coordinar para desplegar, junto a aquella, alguna reforma estructural, de las tantas que se necesitan en el país. Pero de ello nada.

Y si nos retrotraemos a la gestión menuda, propia del quehacer gubernativo de cualquier gestión que asuma el poder en el país, allí tampoco el balance arroja cifras positivas para Boluarte. Eran tres las tareas primordiales que Palacio debía acometer: la crisis económica, la inseguridad ciudadana y la prevención del Niño. Y en las tres sale desaprobada.

En materia económica la inversión privada y la confianza empresarial se han ido al hoyo, y el titular del MEF, de peso político mediano, aparenta no saber qué hacer, creyendo, al parecer, que un shock de inversión pública es capaz de revertir los malos resultados.

En los asuntos vinculados a la seguridad ciudadana, la cosa no solo no ha mejorado un ápice desde que Boluarte asumió el poder hace un año, sino que ha ido para abajo, llegándose a niveles de inseguridad y anarquía estatal nunca antes vistas en nuestra historia republicana. Y al respecto -lo mismo que en materia económica- el gobierno da muestras claras de no tener la menor idea de qué hacer.

En el caso de la prevención del Niño, la única buena noticia es que algunos indicios científicos parecen arrojar la perspectiva de que no será tan fuerte como se temía. Pero sería una gracia divina que ello pueda ocurrir porque lo cierto es que la estrategia del gobierno es una coladera presupuestal que anticipaba ineficacia (apenas un porcentaje mínimo de los dineros destinados a ello han sido efectivamente invertidos).

Lo peor de todo -disculparán la terca insistencia en el tema- es que esta mala gestión le abre las puertas a la izquierda radical para el 2026, como ya algunas encuestan pronostican, con la complicidad de un centro y una derecha pusilánimes que, por lo pronto, no saben tomar distancia del descalabro gubernativo vigente.

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[PIE DERECHO]  Al final de la jornada de ayer, el presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Ricardo Pérez Manrique, emitió una resolución en la que requiere al Estado del Perú que, “para garantizar el derecho de acceso a la justicia de las víctimas de los casos Barrios Altos y La Cantuta, se abstenga de ejecutar la orden del Tribunal Constitucional del Perú (TC), del 4 de diciembre del 2023, en la que se dispone la ‘inmediata libertad’ de Alberto Fujimori, hasta tanto la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuente con todos los elementos necesarios para analizar si dicha decisión cumple con las condiciones establecidas en la resolución de la Corte del 7 de abril del 2022”.

El indulto amañado por el Tribunal Constitucional ha procedido de manera harto irregular. Como bien ha señalado el magistrado Manuel Monteagudo, quien no fuera consultado de la resolución del TC, “todo esto requería un pronunciamiento de fondo que tuviera en cuenta los estándares del sistema interamericano, la legislación peruana, la Constitución. Como lo dije también, no está excluida la posibilidad de acoger una solicitud de indulto, pero con los criterios que correspondan en nuestro ordenamiento”.

Había varios caminos para conseguir la libertad de Fujimori. Uno de ellos era volver a plantear el indulto humanitario, con estándares adecuados. Otro, que el Congreso modificara las leyes para permitir salidas penitenciarias a personas de cierta edad con problemas de salud. Pero no, en lugar de la puerta grande jurídica, se optó por la puerta falsa, y hoy eso coloca al Estado peruano ante la tesitura de desacatar abiertamente el ordenamiento internacional que nuestro texto constitucional reconoce.

Muchos cuestionan con razón la sentencia del juez San Martín contra Fujimori, que con una argucia legal le endilgó delitos de lesa humanidad que no solo no estaban contemplados en nuestro orden legal de entonces sino que no encajarían en los delitos efectivamente cometidos por el expresidente.

Ello es inexpugnable, pero sí podría alimentar consideraciones éticas para otorgarle la libertad a Fujimori, a contrapelo de las comprensibles resistencias de los deudos de Barrios Altos y La Cantuta o los organismos de derechos humanos. Pero ese procedimiento justiciero no puede tramitarse de la forma como se ha querido hacer y por ello, ahora, coloca al gobierno ante una disyuntiva legal insalvable, ya que no puede desconocer impunemente la autoridad de la Corte.

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[PIE DERECHO]  A días de cumplirse un año del caricaturesco golpe de Estado perpetrado por Pedro Castillo, aún hay muchas interrogantes por resolver respecto de qué llevó al exmandatario, primero, a tomar esa decisión, y, segundo, a pensar que podía prosperar semejante exabrupto constitucional.

Respecto de lo primero, la gran duda se plantea a propósito de si fue un acto impulsivo motivado por las investigaciones fiscales que lo cercaban o acaso era parte de un plan diseñado desde que asumió el poder y que solo esperaba el momento propicio para desatarse.

Y sobre lo segundo, será menester esperar que las investigaciones en curso respecto de esa jornada del 7 de diciembre del año pasado, esclarezcan finalmente quiénes fueron partícipes y corresponsables del atentado democrático que felizmente abortó. Más de uno, sin duda, participó del hecho, hubo quienes lo alentaron y quienes le aseguraron contar con respaldos que le hubiesen permitido lograr su cometido. A todos ellos les debe caer encima el peso de la ley.

El antecedente más próximo a algo semejante -y respecto del cual casi fue calco y copia- fue el autogolpe fujimorista del 5 de abril del 92, por el cual ha habido varios que han purgado condena. En el de finales del 2021 aún falta mucha tela por cortar, mucho terreno por desbrozar.

No puede pasarse por agua tibia lo sucedido. Lo que se quiso hacer fue un delito mayúsculo y Pedro Castillo, dada su poca envergadura política, no puede haber actuado solo sino que debe haber habido, sin duda, una trama siniestra y oculta detrás.

Ojalá esta guerra civil desatada al interior del Ministerio Público no afecte las investigaciones en curso y se sepa toda la verdad de lo sucedido y que todos los responsables, directos e indirectos, terminen en la cárcel, donde les corresponde estar.

La democracia peruana es precaria y a pesar de vivir el periodo más largo, en toda su historia republicana, de sucesiones constitucionales, no ha logrado consolidarse como modelo político a seguir y no goza, por ende, de la legitimidad social que correspondería. Mayor razón para castigar a quienes la violentan o intentan hacerlo.

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[PIE DERECHO]  Según el libro “Las economías criminales y su impacto en el Perú” publicado en diciembre del 2022 y elaborado por Capital Humano y Social en cooperación con Fundación Konrad Adenauer Stiftung (KAS), las economías ilegales mueven al menos (piso estimado) US$6.657 millones al año en el país. Según otros estudios, el monto es significativamente mayor.

La mayor parte es generada por la minería ilegal de oro (US$1.777 millones), seguida por la trata de personas (US$1.300 millones) y el tráfico ilícito de drogas (US$1.134 millones). También se contempla las categorías de tala ilegal (US$880 millones), extorsión (US$530 millones), pesca ilegal (US$300 millones), contrabando (US$234 millones), piratería de software (US$209 millones) y tráfico de terrenos (US$143 millones). Es un mínimo calculado, pero todo apunta a que las cifras son superiores.

Se sabe que buena parte de ese dinero se va en pagar sobornos a todas las autoridades que puedan afectar su negocio (policía, fiscales, jueces, alcaldes, gobernadores regionales, funcionarios públicos,, congresistas, etc.). Lo que es más grave, se conoce a ciencia cierta que financian campañas electorales con ingentes recursos a cambio de que luego se aprueben normas que los beneficien o se dejen de aprobar las que los perjudican. Es, claramente, un trueque mafioso.

La pregunta es qué hace la Fiscalía al respecto. Cientos de fiscales distraen años de esfuerzo, con miles de horas-hombre, decenas de viajes, en perseguir algunos millones de dólares de aportes de campaña de empresas formales a diversos partidos políticos, cuando eso no era delito de lavado de activos en la época que se produjeron, en lugar de abocarse a la verdadera incursión mafiosa de los dineros sucios de las actividades claramente ilegales en la política peruana. Allí, no se hace nada.

Se van a caer en el Poder Judicial todos los casos que vinculan los aportes de empresas como Odebrecht a las campañas electorales, cuando no se haya probado intercambio ilícito (el único caso que se ajusta a ello es el de Susana Villarán) y, por ende, saldrán libres de la persecución centenares de personas que tuvieron la mala fortuna de participar en el proceso y que llevan años de años perseguidos por fiscales enfebrecidos en hallar allí la prueba madre de la corrupción en el Perú.

Y mientras tanto, la verdadera entraña mafiosa, que amenaza con contaminar los basamentos de la democracia -la representación política-, en base a la injerencia abierta y descarada de dineros provenientes de actividades de economías delictivas, y que, por ende, sí constituyen lavado de activos, no es tocada ni con el pétalo de una rosa por los atribulados fiscales anticorrupción.

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[PIE DERECHO]  El ataque de una banda de delincuentes a la mina La Poderosa, en La Libertad, causando la muerte de nueve trabajadores, el mismo que, según las pesquisas iniciales, habría sido digitado por la minería ilegal que opera en la zona, pone una vez más de relieve la urgencia de combatir las mafias económicas que actúan impunemente en el país y que han logrado escalar no solo su campo de acción delictivo, sino infiltrar prácticamente a todo el Estado peruano y sus instituciones, poniéndolas a su servicio.

Según información aproximada, la minería ilegal en el país mueve alrededor de US$ 4,000 millones anuales, dinero suficiente para sobornar policías, fiscales, jueces, autoridades locales, funcionarios públicos y congresistas funcionales a sus intereses.

Si a ello le sumamos las economías delictivas del narcotráfico, la trata de personas, el contrabando, la explotación ilegal de madera (en San Martín, hace unos días acaban de asesinar al defensor ambiental contra la tala de los bosques, Quinto Inuma) y otras, entenderemos que estamos enfrentando un poder inmenso con un Estado famélico, incapaz de actuar a la altura del tremendo desafío de derrotar este proceder criminal que hace tiempo ha decidido atacar la economía formal, porque con ella viene el Estado y todo lo que la espanta. Ese es el sentido y objetivo último de este ataque sanguinario de ayer.

Si además agregamos las bandas delincuenciales que extorsionan a pequeños empresarios obligándolos a pagar cupos onerosos solo para poder sobrevivir con su esfuerzo de inversión, calibraremos la urgencia de colocar en el primer lugar de la jerarquía de problemas a atacar, éste de la delincuencia organizada.

Al respecto, este gobierno y el vigente Congreso han abdicado de sus tareas primordiales. El Estado peruano mismo ha olvidado que su propia existencia depende de que se respete la cláusula primera del contrato social, que consiste en otorgarle el monopolio de la fuerza al ente público. Sin ello, no hay convivencia pacífica posible y nos encaminamos a la anarquía, la peor de las situaciones para la supervivencia y fortalecimiento de la democracia y el capitalismo, la fórmula combinada que es la única que ha probado su eficacia para construir una sociedad moderna y libre.

A los candidatos a ocupar el poder en las próximas elecciones hay que anteponerles la exigencia de que presenten un plan serio y estudiado para resolver este problema, el mismo que amenaza con llevarse de encuentro la democracia peruana.

La del estribo: a ver Cisnes, con Mirella Carbone y Raffaella Cúneo, bajo la dirección de Alberto Isola. Como reza la reseña oficial, se trata de “una historia de pasión, música y redención. Espectáculo de teatro danza a partir de fragmentos de Savannah Bay de Margueritte Duras, Sonata de otoño de Ingmar Bergman y El lago de los cisnes de Piotr Ilich Tchaikovsky”. Va en el Centro Cultural de la PUCP solo hasta el próximo domingo 10 de diciembre. Entradas en Joinnus y en la web del propio CCPUCP.

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Es una lástima -y tendrá graves consecuencias políticas- que la Fiscal de la Nación, cuyo proceder permitió que el nefasto Pedro Castillo dejara el poder (si no se hubiera visto acorralado por las investigaciones fiscales probablemente no hubiera precipitado el sainete de golpe que perpetró y seguiría hasta hoy cometiendo latrocinios en Palacio), esté involucrada hoy en el escándalo por todos conocido.

En las próximas horas se sabrá el desenlace final, si Patricia Benavides se aferra al cargo gracias a una medida cautelar, o si la Junta Nacional de Justicia la suspende, pero más allá de cuál sea el final de esta historia, ya la institucionalidad fiscal está dañada irremediablemente, y en ese proceso mella aún más la imagen del Congreso, y suma a la Defensoría del Pueblo y, quizás, hasta al propio Ejecutivo.

La llamada institucionalidad democrática, que ya estaba sumamente desprestigiada, según todas las encuestas, sufre un duro golpe con lo sucedido esta semana y generará consecuencias políticas claras y perniciosas.

Suma a los factores que desde ya vienen consolidando la pronta irrupción en el escenario político y electoral peruano de un candidato antiestablishment. Por lo pronto, ya el propio Pedro Castillo está queriendo aprovechar políticamente las desventuras de la Fiscal de la Nación, para sumar simpatías a su favor (véase su retahíla de tuits al respecto).

No tiene buen pronóstico la democracia peruana. La crisis política estrenada el 2016, cuando el keikismo decidió, por razones pueriles, destruir la posibilidad de una gobernanza de derecha eficaz y viable, se ha ido ahondando con el paso del tiempo, y no hay país que aguante, incólume, tantos años de crisis institucional.

Las consecuencias son de corto plazo. Por ejemplo, la destrucción de la confianza empresarial se debe, es cierto, a la impericia de un MEF precario, pero, sobre todo, a la crisis política. Pero es en el largo plazo que vamos a sufrir el mayor daño. Como si hubiera una mano diligente moviendo la cuna en ese sentido, los hechos acontecen, uno tras otro, en favor de la construcción de un escenario de imprevisibles efectos no sólo económicos, sino, sobre todo, políticos y sociales.

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Candidato antiestablishment, Consecuencias políticas, Crisis política, Institucionalidad democrática

[PIE DERECHO]  “De acuerdo con Lorenzo Eguren, en los últimos 30 años el Estado invirtió US$6,321 millones en Olmos, Chavimochic, Pasto Grande, Majes-Siguas, Jequetepeque-Zaña y Chira-Piura, que han añadido más de 200.000 hectáreas de tierras en la costa. De esta cantidad, el Estado solo recuperó US$462 millones (el 7% de lo invertido)”, señala Humberto Campodónico en su último artículo.

Ratifica lo que venimos diciendo hace tiempo: las irrigaciones son un caso de hipermercantilismo supremo, en el que se destinan ingentes recursos públicos para subsidiar una actividad económica privada en particular. En el caso mencionado, a los grandes grupos empresariales agrícolas, que aprovechan muy bien este regalito estatal.

Propuse que se establecieran unidades agrícolas más pequeñas para generar una red de medianos empresarios agrícolas. Se me dijo que eso no era rentable, por el costo técnico de disponer las tomas de agua. Bueno, pues, que las subsidie el Estado, como ya subsidia toda la operación.

En otros países, son unidades pequeñas y medianas las que componen el grueso de la actividad agroexportadora, formando consorcios absolutamente rentables. Algo así podría lograrse en estos proyectos de irrigación obteniendo un beneficio social inmensamente superior al que hoy se logra, al entregarle estas tierras subsidiadas a megagrupos inversores.

Si a quienes alientan este tipo de esfuerzo estatal, este gran subsidio no les importa, en aras de la mejora de un sector privilegiado, pues entonces, que no se hagan ascos en apoyar la ley de promoción de la industria que la Sociedad Nacional de Industrias viene promoviendo y que tantas críticas ha merecido. Al final de cuentas, los industriales no tienen por qué ser menos que los agroexportadores.

Desde un punto de vista ortodoxo liberal, no debería haber privilegios para nadie y debería dejarse al mercado actuar libremente. Pero eso no sucede en el Perú (por ejemplo, mientras existan las AFP de contribución obligatoria no habrá libre mercado en el país) y, todo lo contrario, con el tiempo se ha ido perforando el modelo económico liberal que parcialmente se había instaurado a mediados de los 90.

Beneficios para todos o para nadie. La segunda opción es la correcta, sobre todo en un país donde el Estado es débil e ineficiente, en alguna medida por falta de recursos. A quienes saltan hasta el techo, con razón, por el despilfarro de la refinería de Talara, quisiera escucharlos haciendo lo mismo con el impresionante apoyo estatal a actividades productivas privadas, como la reseñada al inicio de este artículo.

 

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[PIE DERECHO] La derecha está actuando muy irresponsablemente respecto de las perspectivas electorales venideras. Egos sobredimensionados, apetitos personalísimos y supina indolencia y miopía respecto de los ánimos populares, la están llevando a cometer un suicidio masivo que solo va a beneficiar a las fuerzas radicales de izquierda, que ya se preparan para tomar por asalto el poder, esta vez, inclusive, con mayoría parlamentaria.

En nuestra columna de ayer hicimos un conglomerado de la situación psicopolítica de la ciudadanía y concluimos, en base a las encuestas detalladas, que se cocina a fuego lento, pero irreversible, un escenario propicio para la aparición de uno o más candidatos radicales disruptivos que podrían, inclusive, ser los protagonistas finales de la definición electoral.

Esta semana, una encuestadora ha revelado, a un auditorio cerrado, que un porcentaje significativo de la población podría inclinarse por una candidatura como la de Aníbal Torres -a quien no teníamos en el radar- y que, inclusive, Pedro Castillo, de postular al Congreso -cosa que sí podría hacer a pesar de su condición penitenciaria- entraría con porcentajes superiores al 20% de la votación (hasta podría ser el parlamentario más votado).

Mientras ello sucede, en tanto la crisis política, económica y social, pone los cimientos del candidato antiestablishment, mientras diversos líderes de la izquierda radical recorren el país, villorrio por villorrio, la derecha se aboca a divagar en canales de cable o en prensa escrita limeña, creyendo que está haciendo alta política.

Ya hemos visto de lo que es capaz la izquierda, con el nefasto gobierno de Castillo, ya lo hemos apreciado, a más largo plazo, con el desmontaje paulatino del modelo económico construido en los 90, lo hemos sufrido con la politización banal de la justicia y su uso persecutorio.

¿Eso queremos para el futuro? ¿Una razzia de toda la derecha, conservadora y liberal, por parte de la izquierda, esta vez con las mañas aprendidas en su corto paso por el poder? Hay que recordar que un improvisado gobernante como Castillo logró controlar el Congreso y casi lo logra con las Fuerzas Armadas (se demoraron horas en tomar una decisión, que debió ser instantánea, respecto del golpe del 7 de diciembre, hay que recordarlo).

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