Muchos candidatos pretenden iniciar sus campañas electorales a fines de año, creyentes fieles en el axioma de que no hay que asomar la cabeza temprano a riesgo de que se la corten. Haciendo ello, sin embargo, le entregan en bandeja el país a las fuerzas radicales autoritarias que ya asoman en el horizonte, ya hacen campaña y partirán con la ventaja de tener un país polarizado a su merced.

Las fuerzas que van del centro a la derecha tienen que empezar a hacer política puertas hacia afuera y no solo embarcarse en planes de organización interna, mesas de discusión o armado de equipos técnicos. Eso está bueno, pero la coyuntura exige que se manifiesten desde ya sobre aspectos cruciales de la agenda nacional.

Hay que romper el nudo gordiano de ver la agenda adscrita exclusivamente a las desventuras de un gobierno mediocre y sin quehacer político, como el de Dina Boluarte, y los avatares judiciales, presentes y pasados, que dominan las primeras planas periodísticas. Entre Nicanor, las cirugías, los jueces Lavajato, las inconductas graves de la fiscal Marita Barreto y las tropelías del Congreso, se establece la pauta informativa, sin dejársele abrir paso a la política monda y lironda.

Ello no va a ser posible si los partidos o candidatos se guardan hasta tiempos más cercanos a la elección y los medios no asumen su rol responsable de ampliar el margen de discusión hacia temas políticos propiamente dichos.

Por ejemplo, en el tema de la inseguridad ciudadana, que es el que más preocupa a la ciudadanía, sería bueno escuchar ya las propuestas técnicas de Libertad Popular, el PPC, el Apra, Renovación Popular, Acción Popular, Partido del Buen Gobierno, etc., en lugar de ver el cansino desfile de fugaces exministros del Interior o exdirectores de la Policía Nacional, que cuando ejercieron el cargo no hicieron nada de lo que ahora proponen y cuya estancia temporal en el cargo les otorga, según los medios que les dan cobijo, autoridad para pontificar sobre la materia.

Es menester hacer política desde ya, y que los medios puedan, en consecuencia, abrir la cancha para debates de ese nivel entre las diferentes opciones gubernativas para el 2026. Ya estamos en año electoral y merecemos romper la inercia de la agenda mediocre que hoy nos rige.

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Campaña electoral, elecciones 2026, elecciones perú

1,- Disputan la segunda vuelta dos candidatos de izquierda radical. El alto voto antisistema que habrá, debido a la tremenda irritación popular contra el régimen y el pacto Ejecutivo-Legislativo, hará que la población, sobre todo del sur andino, vote en la primera vuelta del 2026como lo hizo en la segunda vuelta del 2021. Con ello alcanza de sobra para que sean dos candidatos tipo Antauro, Bellido, Aníbal Torres los que disputen la definición.

2.- Un candidato de izquierda radical versus un candidato de derecha disruptivo. Aparece como receptor del voto antisistema un candidato de derecha que le arrebata a la izquierda radical un cupo. ¿Quién se asoma con mayor probabilidad? Rafael López Aliaga, derechista disonante que puede capitalizar su gestión edil para ahorrarse buen trecho de la campaña. A diferencia de Butters -el otro candidato de derecha disruptivo- López Aliaga ya tiene a los cerros. Butters tiene que romper la burbuja Willax si quiere convertirse en protagonista.

3.- Un candidato de izquierda radical versus Keiko Fujimori. El fujimorismo tiene un núcleo duro de 10% o más, que crecerá con los recientes fallos judiciales, y si no pega el candidato disruptivo de derecha, puede alcanzarle para disputarle la elección al candidato radical de izquierda, que de todas maneras estará presente en la lid definitoria. Lo más probable en este escenario es que Keiko Fujimori vuelva a perder la segunda vuelta, pero con el bolsón de votos que ya tiene le podría alcanzar para pasar nuevamente -por cuarta vez- a una segunda elección.

4.- Aparece en el horizonte un improbable candidato de centroderecha, que aproveche un eventual hastío de la gente por candidaturasdisruptivas y que logre consolidar una candidatura que aglomere a varios partidos de similaridentidad ideológica. Es la única manera de que alguien de la derecha moderada irrumpa en el escenario de probabilidades que se plantea.

De más a menos, es éste el múltiple juego de escenarios probables que avizoro para el 2026. Como siempre en el Perú, la vida te da sorpresas, pero si no sucede nada extraordinario, por estos senderos parece que andará la jornada electoral del 2026.

Dado que es inviable que se establezcan pactos entre agrupaciones políticas de centroderecha y que se evite la fragmentación de partidos de esa laya ideológica, propongo una suerte de primarias entre todas las colectividades y de esa manera llegar al 2026 con uno o dos partidos de ese perfil.

Bastaría un acuerdo simple: que se contrate, de consenso, una encuestadora (si no les gusta o les da confianza ninguna local, que se contrate una extranjera) y que en setiembre de este año, se determine quién tiene más posibilidades y a éste lo apoyan todos, renunciando a sus propias ambiciones presidenciales.

De esta manera se empezaría desde ya con la campaña preelectoral, no se esperaría a diciembre para comenzarla, de persistir lo cual van a llegar todos a abril del 2026 con 1 o 2% de intención de voto y nadie renunciará pensando que la lotería electoral les podrá sonreír en la jornada final, cuando lo que va a suceder en ese caso, es que van pasar dos partidos de izquierda radical o, en el mejor de los casos, uno de ese perfil contra el fujimorismo.

La centroderecha no parece ser consciente de que si no establecen pactos van a llegar con porcentajes mínimos y se van a canibalizar el bolsón electoral que las encuestas le otorgan. Al final, van a perder todos.

Todo está dado para que sean dos candidatos de izquierda radical los que disputen la segunda vuelta el 2026. Si la centroderecha lo quiere evitar, tiene que realizar actos extraordinarios de desprendimiento político. Una idea es la propuesta referida, que tiene, además, una ventaja, que obligaría a los candidatos del sector a empezar ya su campaña, que el principal problema que tienen los candidatos de centroderecha actualmente es que no los conoce nadie y no tienen cerros (el único que tiene llegada a ese sector a la fecha es Rafael López Aliaga).

Serían una suerte de primarias entre los candidatos de centroderecha, que descartaría a varios de ellos y les brindaría la posibilidad de aportar cuadros parlamentarios. Consolidaría una candidatura con posibilidades reales, con respaldo de las encuestas, y permitiría construir una opción plural, potente, con cuadros políticos afiatados, para así ofrecer al electorado una opción atractiva.

El tribunal a cargo del juicio del caso Cocteles, decidió anular todo lo avanzado y dispuso retrotraer lo actuado a la etapa anterior; el control de acusación.

El Juzgado determinó que hubo irregularidades y consideró que el Ministerio Público y el juez de investigación preparatoria han viciado el juicio y “vulneraron el principio de congruencia procesal, el derecho a la defensa, el derecho a la imputación concreta y el debido proceso”.

Ya con anterioridad el juez Víctor Zúñiga advirtió al fiscal Pérez de serias inconsistencias que debía corregir y éste no lo hizo, a pesar de lo cual el juez, con poca solvencia profesional, las pasó por alto y ayer el colegiado les jaló las orejas a ambos.

El caso, en principio, no tiene ni pies ni cabeza. El núcleo de la acusación, más allá del ropaje de organización criminal con el que se ha revestido para darle mayor gravedad, es el de lavado de activos. Y salta a la vista que es imposible acusar de origen ilícito a los aportes de campaña de empresas diversas, entre ellas, Odebrecht, a la candidatura de Keiko Fujimori.

El caso se cae a pedazos, pero entre tanto, es menester que el fiscal Pérez y el juez Zúñiga sean removidos de sus puestos porque han demostrado venalidad y subordinación a sus particulares ojerizas ideológicas, antes que al debido proceso y las cautelas judiciales mínimas.

La Fiscalía ha funcionado como una máquina trituradora de honras y ha causado serios perjuicios a centenares de imputados. Véase el caso del Eficcop y, por ejemplo, la imputación en mi contra: se me incluye en una investigación por organización criminal por haber publicado tres informes, dos de ellos en contra de Marita Barreto, y ella se venga incluyéndome en un proceso que ha tenido consecuencias personales graves al perder trabajos, ver suspendidos proyectos y gastar enorme cantidad de tiempo y dinero en mi defensa, a sabiendas de que el caso se va a caer pronto porque no tiene ni pies ni cabeza (es más, el fiscal a  cargo ahora del proceso debería revisar el expediente y proceder a rectificar la imputación).

Delia Espinoza se está quedando corta con la reorganización del Ministerio Público y en algunos casos está dando pasos equivocados. Tiene que cortar de raíz el proceso de degradación institucional en el que ha caído la institución que hoy preside y que ha vuelto a saltar a la vista de la ciudadanía con lo ocurrido en el caso Cocteles.

Si la presidenta Boluarte no se percata de la urgencia de efectuar cambios ministeriales -varios-, su nivel de aprobación efectivamente, más allá de su bravata contra las encuestas, va a llegar a cero por ciento, a pesar del evidente repunte económico que se aprecia.

Hay varios ministros que deben salir. Arista del MEF, Demartini del Midis, Santiváñez del Interior, Quero de Educación, son, para empezar, ministros que no han demostrado estar a la talla del encargo recibido y por un mínimo de decencia administrativa deberían dejarle su puesto a otros con mayor capacidad.

En el esquema habitual del poder político, tal como funciona en el Perú desde hace décadas, un gabinete ministerial es la primera barrera de contención de un gobierno y contiene un número suficiente de fusibles para impedir que cualquier avatar crítico afecte la imagen presidencial. Cuando esa barrera se resquebraja, el daño llega inevitablemente a Palacio de Gobierno.
Así sea solo por esa razón -porque Boluarte no puede gobernar efectivamente con tan bajo respaldo ciudadano-, la presidenta debería evaluar seria y rápidamente realizar un cambio ministerial urgente, que refresque el ambiente y le restituya la protección política que necesita.

Con mayor razón aún si la otra pata del poder presidencial, el Congreso de la República, adolece de su propia e inmensa cuota de descrédito y sobre eso ella nada puede hacer. La sociedad Ejecutivo-Legislativo drena la popularidad presidencial por sí sola, pero es claro que sin ella, la primera mandataria ya hace rato no estaría sentada en el solar de Pizarro, así que sobre el tema hay poco que decir. Boluarte depende del Congreso por más devaluado que esté.

Boluarte no puede seguir gobernando con relativo éxito mientras no despliegue políticas públicas dinámicas y vigentes, en particular, las vinculadas a la inseguridad ciudadana y la reactivación económica. Esos dos factores, sumados al tema de la lucha anticorrupción, son el trípode de preocupaciones esenciales de la ciudadanía y no solo el actual sino el gobierno futuro que entre el 2026 tiene que tenerlas en la primera hoja de la agenda gubernativa.

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Demartiniz, Dina Boluarte, santivañez

De nada va a servir que se haya autorizado el financiamiento de empresas y personas naturales a las campañas electorales, si el Estado, a través de la ONPE, no fiscaliza los gastos en que se incurren y los coteja con los ingresos declarados.

Es la única manera de evitar que las mafias ilegales que pululan en el país no terminen por superar el financiamiento formal y se mantenga así la situación actual de un Parlamento dominado por las economías delictivas (como bien señala Alfredo Torres, este Congreso “ha favorecido a la minería ilegal, a los profesores cesados por incompetentes, a las universidades bamba, a los transportistas informales, a los préstamos ‘gota a gota’, al crimen organizado (dificultando los allanamientos), y ha aprobado presupuestos públicos desfinanciados por incrementos desmedidos en gasto corriente”).
La gran desgracia política del último lustro es, precisamente, la entronización de los vínculos entre las economías delictivas y el poder político. Estos vínculos han ido escalando. De colocar regidores o alcaldes distritales en sus zonas de influencia treparon hasta gobernadores regionales y alcaldes provinciales, luego congresistas y finalmente presidentes (Castillo fue financiado fundamentalmente por este sector informal de la economía; por eso, el apoyo a las protestas luego de su salida del poder).

Lo perverso del status es que estos financistas no buscan, como eventualmente podrían hacer los formales, apoyar a candidatos que propongan un cierto modelo económico o garanticen la supervivencia de la democracia, hoy amenazada por los extremismos, sino que abiertamente es un toma y daca. Dinero por apoyo y protección a las actividades ilegales. Mineros ilegales, traficantes de terrenos, explotadores de madera, contrabandistas, narcotraficantes, buscan así que se mantenga un sistema que les permita seguir actuando y lo garantizan financiando abundantemente a los candidatos que, sedientos de fondos de campaña, se prestan al juego.

La proliferación de partidos el 2026 hará más fácil el ingreso de dineros sucios. La ONPE tiene que ser dotada de dientes que le permitan eventualmente sacar de carrera a aquellos partidos que tenga fundadas sospechas de financiamiento ilegal. La democracia está en juego por esta amenaza y deben ponerse todos los ojos en impedir que se dinamite por dentro el sistema.

-La del estribo: empieza el año con buen teatro. Se pone Actos consentidos en el teatro La Plaza, con la dirección de Adrián Galarcep, cuenta en el elenco, entre otros, con Erika Villalobos y Oscar López Arias. Va hasta el 16 de marzo. Entradas en Joinnus.

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Congreso, ONPE

La falta de una explicación clara de la expectoración del historiador Manuel Burga de la dirección del Lugar de la Memoria, LUM, no hace sino alimentar las suspicacias respecto de que no es más que otra concesión a los deseos de la derecha más rancia que sostiene al gobierno en el Congreso.

Esa derecha ha visto siempre con malos ojos este museo, considera que el Informe de la Comisión de la Verdad debería ser traspapelado y revisar la memoria histórica de lo sucedido entre 1980 y la década del 90. Básicamente, lo que la resiente es el manifiesto despliegue de la verdad respecto de los excesos ominosos cometidos por las fuerzas del orden en la lucha antisubversiva, contra población civil inocente.

Burga venía conduciendo el LUM con dinamismo y sindéresis, a diferencia de muchos de sus antecesores, quienes cedieron a visiones ideológicas que contaminaron su quehacer.

Particularmente, tengo críticas al LUM. Creo que hay un sesgo antifujimorista en su narrativa, cuando los excesos más brutales de la represión ocurrieron en el periodo democrático de los 80 (Belaunde y García), no se muestra a cabalidad el horror de tales excesos (no es necesario equipararlos a los de Sendero, para mostrarlos en su real dimensión) y, finalmente, no se subraya que al final de todo, fue la democracia peruana la que obtuvo la victoria contra las huestes antisubversivas que querían convertir al país en un infierno (ello no se pondera adecuadamente).

Pero ello, con la dinámica propia de museos vivos como éste, va cambiando durante el tiempo y se ajustan las clavijas conforme la propia verdad se abre paso correctamente. En eso andaba la última dirección del LUM y ahora reina la incertidumbre respecto de las reales intenciones del mInisterio de Cultura a propósito del futuro de la institución.

Lo peor que le podría pasar al LUM es que se convierta en una institución edulcorada, pasiva, muerta, con una narrativa unilateral de lo sucedido en esos años, como pretende un sector de la derecha peruana y de la clase política involucrada en los desmanes antisubversivos (particularmente Acción Popular y el Apra).

Hay algunos ilusos que soslayan el peligro de que el Perú siga la ruta de Venezuela si asciende al poder un izquierdista radical. Creen que aún si triunfara un candidato de esas canteras el caudaloso río capitalista -formal e informal- que el país tiene, contendrá arrestos de ese tipo.

Nada más fácil que tumbarse a la democracia y al modelo económico. En una sociedad tan corrupta como la peruana, ya se ha visto lo sencillo que es cooptar a parlamentarios de cualquier bancada para fines cercanos a los del Ejecutivo. Quien estrenó el modelo de compra de votos por obras públicas fue Kuczynski y desde allí lo han seguido hasta imberbes como Pedro Castillo, quien, tonto como parecía, constituyó a los “Niños” y se fue haciendo de a pocos de una mayoría congresal.

Con ello, se podría llegar a tener los votos suficientes para aprobar una reforma constitucional que permita convocar a una Asamblea Constituyente y allí sí, chau al modelo económico, el viejo sueño de las izquierdas peruanas, miopes a los beneficios de una economía de mercado y la posibilidad de mantenerla incólume y a la par desplegar un programa izquierdista.

En términos políticos no es complicado conseguir la anuencia de los poderes públicos y las instituciones tutelares. Con un Ministerio Público y un Poder Judicial tan preñados de corrupción -salvo honrosas excepciones-, cualquier gobierno que se lo proponga las puede controlar (siempre será bueno resaltar la valentía de Patricia Benavides en la caída de Pedro Castillo luego de su intentona golpista).

Y lo mismo sucede con las fuerzas armadas y policiales. Lamentablemente, el honor no se divisa en ambas, y si bien fue decisivo el pronunciamiento del Comando Conjunto para sellar la suerte del golpista Castillo, no está demás recordar que se demoraron horas en pronunciarse, cuando lo correcto hubiera sido una manifestación instantánea que no dejara al país en vilo respecto de la eventualidad de que prosperase el golpe castillista. Dudas hubo y vaya uno a saber por qué.

Con prebendas, manejo del VRAEM, compras militares y otras granujerías, es relativamente fácil hacerse del apoyo institucional de las fuerzas uniformadas y si ello se logra, cualquier arresto autoritario se podrá desplegar sin cortapisas.

El riesgo autoritario y estatista es alto y sería bueno que así lo vea la clase política que aspira a reconstituir una democracia liberal.

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Crisis de venezuela, Venezuela

La gran pregunta que la centroderecha y la centroizquierda se deben formular es cómo lograr enfrentar a los candidatos radicales disruptivos -tanto de izquierda como de derecha- que abrevan de la altísima irritación ciudadana y que, con seguridad, serán protagonistas en la disputa electoral del 2026.

¿Hay un margen para que la moderación alcance un grado de representación electoral importante? Sí lo hay. Percibo cierto hastío respecto de los discursos maniqueos y es probable que pueda aparecer un escenario electoral donde candidatos moderados se impongan.

Pero para ello deberán cumplir algunos requisitos. Primero, aglutinar fuerzas, lo que pasa o por firmar alianzas o por convocar a personalidades plurales tanto en las planchas presidenciales como en las listas congresales. Quizás esto último sea más viable dada la reticencia ya manifestada por firmar pactos entre agrupaciones diversas.

Segundo, desplegar un arsenal programático de primer orden, un plan de gobierno seriamente preparado y que ofrezca soluciones bien explicadas y claras sobre aspectos claves de la coyuntura actual (por ejemplo, será inviable un candidato que no asegure tener la capacidad y las ideas para derrotar el flagelo de la inseguridad ciudadana).

Tercero, una hiperestricta revisión de los antecedentes políticos y penales de los candidatos que incorporen a sus listas presidenciales o parlamentarias. Es tal el grado de lumpenización de la política peruana (acabamos de ver una denuncia contra un congresista por violación sexual), que la gente no tolera el más mínimo atisbo de sombras morales en quienes los quieran representar. Ello se va a apreciar con inusitada beligerancia en la campaña venidera. Si los partidos no quieren que los reciban a botellazos en las plazas públicas, no podrán albergar en sus equipos a personajes cuestionados o con antecedentes sospechosos.

Hay espacio para que posturas moderadas tengan cabida, en medio de la batahola de una polarización que acusa de fascistas a cualquier candidato de derecha, así sea liberal, o de comunista a cualquiera que hable de derechos humanos y democracia (Sagasti es un comunista para la DBA y Rafael Belaunde un fascista para la izquierda radical). Es imperativo que hagan la tarea y le eviten al país el abismo de la radicalidad autoritaria.

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