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[INFORMES] Innova Ambiental presentó un recurso de apelación contra la Resolución Directoral N° 00469-2023-MINAM/VMGA/DGGRS del 5 de mayo de 2023, que desaprobó el Plan de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) relacionado con la «Infraestructura para Disposición Final de Residuos Peligrosos de Centros de Atención de Salud: Relleno Sanitario El Zapallal – Celdas de Seguridad». El Tribunal de Solución de Controversias Ambientales lo ha declarado INFUNDADO.

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL

Este proceso iniciado por la cuestionada concesionaria se originó en octubre de 2021 cuando Innova presentó una solicitud de evaluación del PAMA. La DGGRS, el 16 de diciembre del 2021 declaró INADMISIBLE la solicitud. No obstante, la concesionaria presentó un recurso de reconsideración, ampliando su alcance en febrero de 2022.

Hay que tener en cuenta que en medio del proceso y, según el documento que Sudaca pudo tener acceso, se llevaron a cabo diferentes eventos y comunicaciones relacionadas al caso, incluyendo lo que pudimos publicar en nuestras ultimas notas sobre la revocación de la autorización del funcionamiento del relleno sanitario «El Zapallal» por parte de la Municipalidad Metropolitana de Lima.

En el caso de Innova Ambiental que tantos cuestionamientos ha tenido, se destaca la insistencia de la concesionaria por retroceder los procesos que ha venido llevando para evitar las investigaciones y decisiones que golpean fuertemente los cimientos irregulares por los cuales fue creciendo esta concesionaria. Una de ellas es la evaluación del PAMA presentado por Innova a partir del cuestionamiento que se hicieron si el procedimiento cumple con el requisito del Artículo 20 del Decreto Supremo N° 010-2020-MINAM.

El MINAM lo rechazó. En el análisis del documento se sabe que el Ministerio de Ambiente declaró inadmisible su solicitud por un incumplimiento. Innova presentó una reconsideración y proporcionó documentos adicionales. Posteriormente, la DGGRS del MINAM aprobó el PAMA, pero la Resolución Ministerial no fue firmada y quedó en propuesta.

Después de lo acontecido, se designó a una nueva Directora General de Gestión de Residuos Sólidos del MINAM. La DGGRS solicitó una opinión actualizada debido a nuevos actos administrativos de la Municipalidad Metropolitana de Lima, que dispusieron el cierre temporal del relleno sanitario.

PARTE DEL DOCUMENTO EMITIDO POR EL TRIBUNAL

Es aquí donde la Municipalidad de Lima toma relevancia en el caso por el cambio de zonificación del área del relleno sanitario en su normativa; antes de esto, la misma municipalidad clausuró temporalmente el lugar y colocaría muretes en el acceso a las instalaciones de “El Zapallal”. Esto último no agradaría a los representantes de Innova Ambiental, ya que seguidamente -a partir del cambio de zonificación- se revocó la autorización de funcionamiento de Innova Ambiental por parte de la Municipalidad de Lima.

Días grises para Innova

En respuesta a la decisión tomada por la Municipalidad de Lima con el cambio de zonificación, la DGGRS del MINAM desaprobó el PAMA de INNOVA AMBIENTAL. La empresa apeló esta decisión.

Ahora bien, respecto a lo que se mencionaba sobre la vulneración de la colaboración entre entidades, Innova alegó que no se les había notificado sobre ciertos documentos enviados por la Municipalidad de Lima, lo que “supuestamente” habría afectado su derecho a emitir alegatos. Sin embargo, en el documento que emite el Tribunal de Solución de Controversias Ambiental considera que no hubo una violación de la colaboración entre entidades.

Por otro lado, Parlamento 10 habría solicitado ser incorporados como tercero administrador interesado, pero el tribunal desestimó este pedido alegando que no han demostrado un interés legítimo en el caso y, por lo tanto, no se les incorporará como terceros administrados.

Algo que ha llamado la atención es la vigencia de la autorización de funcionamiento de INNOVA AMBIENTAL emitida por la Municipalidad de Lima. La Resolución de Alcaldía N° 284-2023-MML revocó la autorización, pero se descubrió que también se dejó sin efecto una resolución anterior que otorgaba la autorización. Esto significa que la autorización ya no está vigente.

El Tribunal ya dispuso

La resolución del Tribunal de Solución de Controversias Ambientales confirma la decisión de la DGGRS del MINAM de RECHAZAR el PAMA debido a la revocación de la Autorización de Funcionamiento de la infraestructura por parte de la MML. Además, se declara que no es necesario incorporar al Comité de Gestión «Parlamento 10» como tercero interesado en el procedimiento.

La resolución también ordena remitir los documentos a la Dirección General de Gestión de Residuos Sólidos para su consideración. Además, se ha exhortado que esta dirección resuelva los procedimientos administrativos de evaluación de residuos sólidos dentro de los plazos establecidos en el TUPA del MINAM para evitar demoras.

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DGGRS, Innova ambiental, Plan de Adecuación y Manejo Ambiental

[INFORMES]  En los cien siglos que nos separan de los inicios de la agricultura, de la ganadería y del sedentarismo hasta hoy en día, muchas civilizaciones han sucumbido al paso del tiempo, pasando de ser vigorosos imperios y reinos a ciudadelas enterradas, monumentos colosales y objetos prehistóricos que llaman la atención de los humanos contemporáneos.

Como los problemas de inseguridad han aumentado de manera explosiva en todo el mundo, casi ningún país ha podido distraer recursos para resguardar restos valiosísimos en los lugares donde antes se levantaron las grandes civilizaciones de la antigüedad.

Es más, debido a las supuestas órdenes emanadas de su libro sagrado las hordas fundamentalistas musulmanas se dedicaron en las décadas pasadas a dinamitar estatuas de Buda en Afganistán, e invaluables esculturas de miles de años de antigüedad en Irak.

Y así como los militantes del llamado Estado Islámico (ISIS) se dedicaron a destruir el pasado pre islámico en nombre de Alá, hace unas semanas unos trabajadores de la construcción abrieron un agujero en la milenaria Gran Muralla China para que pudieran pasar unos tractores y “tomar un atajo”.

En nuestro país, donde siempre los infractores y los delincuentes usan todos los vacíos existentes en los códigos para transformar la ilegalidad en una mal llamada informalidad, del saqueo centenario de las huacas y de las ciudadelas preincaicas se ha pasado a la invasión, a la lotización y a la venta de terrenos cercanos o dentro de las zonas arqueológicas intangibles en la costa norte y en la costa sur.

Sabemos que muchas veces el celo burocrático de los funcionarios del Ministerio de Cultura entorpecieron  y demoraron por meses y años la ampliación del primer terminal aéreo del país y la excavación del subsuelo limeño donde deberán estar los túneles del subterráneo de Lima y Callao y las conexiones de la red de transporte del gas de uso doméstico e industrial en la periferia de Lima, pero conocemos, también, que su desidia ha hecho que Caral, la ciudad más antigua del continente americano, esté bajo las amenazas de los traficantes de tierras, quienes, probablemente, no podrían diferenciar un huaco de una pelota de rugby.

Al cancelarse el Caral Raymi se han visto afectados los hospedajes y restaurantes que ya tenían reservas.
Al cancelarse el Caral Raymi se han visto afectados los hospedajes y restaurantes que ya tenían reservas.

Y no es que exijamos que Caral sea vallada y custodiada por la infantería de Marina, sobre todo en la zona que limita con Végueta y Supe. No, lo único que se pide es que exista un puesto policial que garantice la intangibilidad de la llamada Zona Arqueológica Caral (ZAC).

Hace unos días, la doctora Ruth Shady, directora de la ZAC, comunicó a la opinión pública que había tenido que suspender el Encuentro Arqueológico Anual Caral Raymi, previsto para realizarse los días 27 y 28 de octubre, que tenía como marco la celebración del vigésimo noveno aniversario del descubrimiento de la ciudadela donde se desarrolló la civilización más antigua del continente americano, debido a que las autoridades del Ministerio del Interior habían ordenado el retiro de los policías que resguardaban el monumento más añejo del hemisferio.

Como nos informó el portavoz de la ZAC, la presencia policial hasta la pandemia del coronavirus era permanente; sin embargo, después de esta, la ausencia del resguardo policial en la Ciudad Sagrada de Caral y en los sitios arqueológicos de Áspero y de Vichama dejaban en peligro constante al personal de campo y a los visitantes que llegan diariamente a conocer los destinos turísticos de la denominada Ruta Caral.

“La suspensión del evento busca garantizar la seguridad de los cientos de visitantes que normalmente suelen congregarse en el valle de Supe, provincia de Barranca, para participar de esta festividad tradicional andina”, dijo el portavoz de la Zona Arqueológica de Caral.

Frente a esta situación, la ZAC ha enviado varios oficios al Ministerio del Interior, reiterándole el pedido de que se restablezca el resguardo policial permanente en esos lugares, ubicados en los valles de Supe y de Huaura. Cabe agregar que hace varios años se construyó en la Ciudad Sagrada una “casa del policía” para facilitar el trabajo administrativo y el descanso de los custodios, pero, como se desprende del pedido de las autoridades de la ZAC, hoy se encuentra sin uso.

Documento enviado por la ZAC al ministro del Interior, Vicente Romero reiterándole el pedido de que se restablezca el resguardo policial permanente.
Documento enviado por la ZAC al ministro del Interior, Vicente Romero reiterándole el pedido de que se restablezca el resguardo policial permanente.

Y, en vista de que en la zona de amortiguamiento hay varios traficantes a la espera del menor descuido para invadir las tierras de la ZAC y véndeselas a los falsos urbanizadores, la doctora Shady reitera su pedido a las autoridades del Ministerio del Interior para que impidan la invasión.

Sudaca se comunicó con el Ministerio del Interior para escuchar su respuesta sobre el pedido de la ZAC, y solo atinaron a decir “estamos esperando la respuesta de la PNP”.

Extraoficialmente, un funcionario de la ZAC nos dijo que si hace 50 siglos los primeros pobladores de esa zona la escogieron para edificar el complejo urbanístico más importante del hemisferio, es lógico que los usurpadores sepan que esas tierras son buenas para edificar viviendas, zonas de esparcimiento, escuelas y centros hospitalarios. “Ellos no saben qué importancia para la historia y para la cultura tiene Caral. Ellos solo quieren beneficiarse con la complicidad de unos burócratas absolutamente ignorantes de la importancia de Caral”.

El fuego afectó a la parte denominada “cerco vivo de Caral”
El fuego afectó a la parte denominada “cerco vivo de Caral”

Incendio provocado

La Zona Arqueológica Caral también ha informado que el pasado 1 de octubre de 2023, se registró un incendio provocado cerca al taller de conservación de la Ciudad Sagrada de Caral. Este hecho delictivo tuvo que ser mitigado por el mismo personal de campo de la ZAC, para evitar la expansión del fuego y la afectación del material institucional que se guarda en ese ambiente: palos de eucalipto, cañas de bambú, esteras y carrizos, entre otros.

Sin embargo, el fuego afectó a los arbustos, parte del denominado “cerco vivo de Caral”, a las rejas de bambú del sitio, al servicio higiénico del taller de conservación y otros espacios. El hecho fue denunciado en la Comisaría del distrito de Supe.

Este lamentable suceso se suma a los anteriores intentos de invasión de los sitios arqueológicos, de amenazas de muerte y de daño físico contra el personal de la ZAC, los que han sido denunciados en su momento ante las autoridades y medios de comunicación. La inseguridad ciudadana podría extenderse a los visitantes y turistas extranjeros que acuden al lugar.

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Caral, Ministerio del Interior, Ruth Shady

[INFORMES] La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), según Innova, tomó una decisión arbitraria y sin competencia al instalar obstáculos que impedían su libre tránsito y la de sus trabajadores en el relleno; además, aseguraban que tenían autorización y licencia en virtud de un contrato de concesión (la tan cuestionada adenda de 120 días que permite su supervivencia).

INNOVA interpuso una demanda de hábeas corpus para proteger su derecho a la libertad de tránsito. La sentencia de primera instancia encontró fundada en parte la demanda. Sin embargo, el 18 de agosto de 2023, la Sala emitió la Resolución N° 07, revocando la Resolución N° 08 del 9 de junio de 2023 y declarando improcedente la demanda de hábeas corpus.

La concesionaria no está satisfecha con esta decisión y, en virtud de la Constitución y el Nuevo Código Procesal Constitucional, ha presentado un Recurso de Agravio Constitucional contra la Resolución Impugnada, con el objetivo de que el Tribunal Constitucional revoque la decisión de la Sala y declare fundada su demanda de hábeas corpus en todos sus extremos.

A pesar que esta pelea sea un resumen de un juego de: “quien se tira la pelota”. Hay que tener en cuenta que la MML ha intentado comunicarse con la concesionaria. Sin embargo, ni su representante legal ni en ningún extremo de las instalaciones de la concesionaria se escucha algún tipo de voluntad para un diálogo entre las dos partes sobre el plan de cierre.

Resumen del recurso de agravio constitucional presentado por INNOVA
Resumen del recurso de agravio constitucional presentado por INNOVA

En el texto que accedió Sudaca se argumenta por parte de la concesionaria que la Resolución Impugnada presenta una motivación insuficiente. La Sala que tomó la decisión de rechazar la demanda de hábeas corpus no proporciona razones adecuadas para respaldar su elección. En particular, se discute la falta de claridad en la legitimidad de INNOVA, una persona jurídica, para presentar una demanda de hábeas corpus por la violación del derecho a la libertad de tránsito.

Innova critica la falta de motivación adecuada en la decisión de la Sala y se destaca la capacidad de las personas jurídicas para presentar demandas de hábeas corpus en casos relacionados con la libertad de tránsito y derechos conexos.

Los otros cuestionamientos de Innova

La Resolución Directoral N° 00469-2023-MINAM/VMGA/DGGRS del Ministerio del Ambiente (MINAM) desaprobó el Instrumento de Gestión Ambiental Correctivo presentado por la empresa Innova Ambiental S.A. en relación con el Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) de la «Infraestructura para Disposición Final de Residuos Peligrosos de Centros de Atención de Salud: Relleno Sanitario El Zapallal – Celdas de Seguridad».

Dicha decisión se basa en el informe N° 00833-2023-MINAM/VMGA/DGGRS/DEAA, que concluye que el programa presentado por Innova Ambiental S.A. no cumple con el requisito establecido en el Decreto Supremo N° 010-2020-MINAM, específicamente el punto c) del artículo 20, que exige la presentación de un certificado de compatibilidad de uso del terreno otorgado por la municipalidad provincial correspondiente o un documento que certifique que la actividad económica es compatible con la zonificación asignada.

La resolución también informa a Innova Ambiental S.A. que tenía la posibilidad de interponer un recurso de reconsideración o apelación contra la decisión dentro de un plazo de quince (15) días hábiles a partir de la notificación de la resolución.

Esta resolución y el informe se remitió correspondiente a organismos como el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR) y la Municipalidad Metropolitana de Lima para los fines pertinentes. La Resolución está firmada digitalmente por Patricia Mónica Talavera Chaparro, Directora de la Dirección General de Gestión de Residuos Sólidos del MINAM.

Indudablemente, la mera existencia de Innova Ambiental en el contexto de la gestión municipal de Lima plantea interrogantes debido a la calidad del trabajo que debe ser ejecutado para el beneficio de la comunidad. Esto no solo se evidencia a través de resoluciones como la reciente. Un caso relevante se presenta el 4 de agosto, cuando la Dirección de Salud (DIRIS) Lima Norte emite su Informe Nº 225-2023-DIRIS-LN/DESAIA/OVS/4.3, abordando la cuestión del «Riesgo Sanitario por emisiones de gases procedentes del Relleno Sanitario El Zapallal».

Este informe contó con la participación de los ingenieros Vargas Ramírez y Delgado Medina, quienes estuvieron acompañados por el inspector de Protección del Trabajo, Tratamiento de Residuos Sólidos y Seguridad (PPTT y RRSS) del Relleno Sanitario, Emil Bustos. Estos nombres se mencionan para verificar la labor llevada a cabo dentro de las instalaciones del relleno sanitario y confirmar las conclusiones del informe.En cuanto a la opinión técnica, en un informe previamente publicado por Sudaca, se trató específicamente el tema de las chimeneas presentes en el relleno. El Informe Nº 6201-2016/DSA/DIGESA, que evaluó la actualización y mejora del Programa de Adecuación y Manejo Ambiental del Relleno Sanitario El Zapallal, hizo hincapié en las medidas de mitigación para preservar la calidad del aire. Entre estas medidas, se destacó la «quema del gas metano en la salida de los sistemas de drenaje de gases, con el propósito de convertir el gas metano y otros gases combustibles en CO2. Es crucial asegurar que los quemadores permanezcan encendidos de manera constante, ya que las condiciones ventosas de la zona podrían apagar la llama», según lo detalla el informe.

Sin embargo, una inspección realizada por el OEFA reveló que había cinco chimeneas que no eran visibles y, en realidad, no estaban funcionando. Esta situación plantea la pregunta de por qué se proporcionó información contradictoria a la ciudadanía y a los residentes de Lomas de Carabayllo en relación a este tema.

Al cierre del informe se esperan nuevas respuestas y soluciones sobre este proceso. “Aún seguimos a la espera del resultado de la decisión del tribunal de soluciones y controversias ambientales”, comentaron los representantes de Parlamento 10 – Lomas de Carabayllo sobre el proceso entre Innova y el relleno. Este parece un problema que no tiene señales de acabar pronto.

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Innova Ambiental S.A., Municipalidad de Lima, Proceso Judicial, Relleno Sanitario

[INFORMES] Eran aproximadamente las cinco de la tarde del último domingo cuando el árbitro Daniel Ureta hizo sonar su silbato en el estadio Carlos Vidaurre de la ciudad de Tarapoto. La victoria, junto con los tres puntos, habían quedado en manos de Deportivo Garcilaso, pero pocos podrían dudar que quienes celebraron con más euforia dicho resultado no fueron los jugadores del equipo cuzqueño sino los miles de chalacos que vieron un final feliz para lo que había sido un año tortuoso.

La Misilera, el club que en la década del cincuenta supo consagrarse como el primer campeón de la era profesional del fútbol peruano, afrontó un 2023 con problemas que empezaron desde la pretemporada, cuando los problemas económicos les impidieron reforzarse,  y se extendió a otras dificultades, como el tener que disputar sus encuentros en condición de local lejos de su público en el Callao. Por ello, la derrota de Unión Comercio les permitía asegurarse, al menos, un año más en primera división. Sin embargo, apenas un día después, una noticia golpearía la tranquilidad que se respiraba en el Callao y ha despertado suspicacias.

¿SANCIÓN FUERA DE LUGAR?

Mientras en el primer puerto empezaban la semana con la alegría de haber logrado sortear con éxito una temporada de pesadilla para el Sport Boys, la Comisión de Licencias de la Federación Peruana de Fútbol cocinaba una inesperada sanción para los rosados. En horas de la tarde, dicha comisión dio a conocer que al equipo chalaco sería sancionado con diez UIT y, el castigo más temido, la reducción de cuatro puntos que dejan a Sport Boys apenas un punto por encima del último equipo que desciende y con sólo una fecha más por disputarse.

FPFEsta resolución se ampara en dos artículos del Reglamento de Licencias. Uno de ellos es el artículo 76.1 que hace referencia a que Sport Boys debía sustentar el pago oportuno de las remuneraciones durante la primera quincena de cada mes y los tributos correspondientes.

 

pago de obligaciones

Mientras que el artículo 73.2 especifica el plazo que tienen los clubes para realizar el pago de cuotas en los casos de deudas refinanciadas.

Sin embargo, lo que parecía ser una sanción bien sustentada, en realidad podría esconder contradicciones con artículos del propio Reglamento de Licencias. Al respecto, el abogado Cristian Vargas Ramos conversó con Sudaca y explicó algunos de estos puntos que expondrían el error por parte de la comisión que decidió sancionar al equipo rosado.

“El 20 de octubre del 2022, a Sport Boys le dan la inscripción al régimen excepcional y ese mismo día comienzan una investigación la cuál debió quedar suspendida por los artículos 91.3”, explica Vargas. Según lo señalado por dicho artículo del Reglamento de Licencias, se suspende cualquier tipo de sanción, amonestación, multa u otros cuando el club entra al régimen excepcional y la razón por la que el club fue sancionado data de antes de la inscripción del club a este régimen.

“Una vez que el club entra al plan de recuperación se tienen que suspender todas las sanciones porque la finalidad del régimen es ayudar a los clubes para que exista un saneamiento financiero”, explica el abogado Vargas y agrega que esta resolución es “poco objetiva y se está basando en interpretaciones sesgadas”.

Además, Vargas considera que esta resolución puede sentar un mal precedente que abriría la posibilidad a que se en los próximos torneos se apliquen sanciones por apelaciones de años anteriores. “Mañana o más tarde puede venir alguien a apelar una resolución de hace tres o cuatro años e incluso podría inferir en el campeonato”, explicó a Sudaca.

MÁS DUDAS QUE CERTEZAS

Por otro lado, Christian Peña ,periodista del portal informativo Hinchada Rosada, relata que en Sport Boys no contemplaban que se aplique una sanción de este tipo. “No había un escenario posible que los hiciera estar pensando en una defensa para esto”, cuenta Peña y agrega que “esta resta de puntos no debería haber ocurrido porque pasaron trece meses en los que a Sport Boys no le indicaron que podía haber una sanción”.

“Hay clubes a los que han denunciado que no pagan hace tres meses, como ADT que está peleando por entrar a la Sudamericana o Binacional, y no les restan puntos. Hay clubes que no han sido programados, como Municipal, y no les restan puntos”, comenta Peña y explica los hinchas del Boys encuentran sospechoso el accionar de la Federación Peruana de Fútbol presidida por el cuestionado Agustín Lozano y se han empezado a exponer casos similares con finales distintos.


Peña cuenta que, el próximo lunes, las autoridades del club chalaco, que ya anunciaron que se presentó una apelación, se reunirán con el comité de licencias y que también se está evaluando la posibilidad de llevar este caso al TAS (Tribunal de Arbitraje Deportivo) ante lo que consideran una injusticia dado que el equipo cumplió con todos los requerimientos que se les pide en el plan de recuperación a los clubes que son incluidos en el régimen excepcional.

ComunicadoEn la tarde del sábado en un estadio Miguel Graú probablemente repleto, Sport Boys disputará la última fecha del torneo clausura ante Cienciano sin saber si existe algún resultado que les asegure la permanencia en primera división y con la desconfianza que parecen haberse ganado a pulso las principales autoridades del fútbol peruano.

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fútbol peruano, Polémica deportiva, Reglamento de Licencias, Sanciones contradictorias, Sport Boys

ProInnóvate cofinancia proyectos de innovación y emprendimiento a empresas de todos los sectores y niveles, emprendedores innovadores, entidades de soporte al emprendimiento, asociaciones de productores y gremios empresariales, entidades del sector público y entidades académicas.

Desde el 2007, ProInnóvate ha cofinanciado más de 6,300 proyectos, por un monto aproximado de 920 millones de soles. Un dato muy importante es que los beneficiarios han aportado con más de 440 millones, lo que hace un total aproximado de 1,260 millones de soles.

Del total de proyectos cofinanciados, los beneficiarios han sido, alrededor del 90%, micro y pequeños empresarios. Estos proyectos han permitido que 1,195 empresas lograran desarrollar un nuevo o significativamente mejorado producto o proceso. Asimismo, 1458 empresas obtuvieron una certificación con estándares internacionales y 553 empresas lograron incluir tecnologías digitales dentro de sus distintos procesos.

Es importante destacar que en el caso de ProInnóvate, el ratio de productos o procesos innovadores que llegan al mercado es 4 de 10; siendo el ratio promedio reportado en la literatura de estudios realizados por especialistas en el tema, 1 de 10.

Se han creado 693 nuevas empresas innovadoras, a través de los concursos para emprendedores. De ellas, más del 70% continúa operando hasta la fecha y han levantado capital por más de 350 millones de soles, generando 64% más de empleo con 38% más de salario que los emprendimientos tradicionales.

Estos negocios fueron incubados o acelerados en universidades peruanas. ProInnóvate está financiando a 31 incubadoras en 12 regiones del país, con un capital de alrededor de S/ 600.000 por tres años para que puedan crecer. Por ejemplo, la incubadora “1551” de la UNMSM, desde el 2017, ha apalancado entre 150 y 160 startups y unos 30 spin-off. Además, ha asesorado a más de 24 universidades públicas en la creación de su incubadora.

De acuerdo con el estudio del BID “Capital Humano para un Sistema de innovación Próspero. Caso País Perú” (2015), el capital humano se ha convertido en el motor económico central para muchas naciones. Desde el 2019, ProInnóvate ha lanzado más de 35 programas para potenciar el capital humano del ecosistema de innovación y emprendimiento peruano, beneficiando a más de 2000 emprendedores e innovadores, gestores de innovación, gestores públicos, entre otros, donde más del 50 % pertenece a regiones del interior.

El presupuesto del año 2023 para ProInnóvate es de 164 millones de soles. La ejecución presupuestal durante los años 2021 y 2022 fue de 89% y 98%, respectivamente.

ProInnóvate es la primera entidad de Produce en obtener el ISO 37001:2016, Sistema de Gestión Antisoborno, habiéndose evaluado recientemente con la primera auditoría de un año.

Algunos ejemplos de proyectos de innovación cofinanciados por ProInnóvate son:

AGP Perú. Prototipo de vidrio automotor con tecnología controlable por tacto y por aplicación, excelente confort óptico y térmico al interior, disminuyendo el uso de aire acondicionado.

AGP atiende a más de 500 clientes en 50 países. Su participación en vidrio blindado es de 45%, contando entre sus clientes a BMW, Lexus, Mercedes Benz, Audi, Lotus y Porsche. Para el 2023 espera un incremento en las ventas de 56% respecto al 2019, para alcanzar los US$ 104 millones.

EcoCarbón. Carbón ecológico a base de residuos 100% naturales (cáscara de coco, castaña, arroz, shapaja, aguaje, etc), mejor calidad que los carbones comunes (dura dos veces más), combustión lenta, inoloro y sin aditivos.

Comercializa 5 mil toneladas de ecocarbón, que representa más de 50 mil hás de bosque protegido. 2 tipos: Ovni para supermercados y Briquetas para pollerías y otros, por S/ 2 millones anuales. Productos con sello ecoeficiente del MINAM. Propuesta para exportar a Europa y Estados Unidos

Clúster Banano del Perú. 95% del banano es orgánico, el 60% del banano orgánico es de Comercio Justo y el 60% de los exportadores pertenecen a este Clúster.

Los principales mercados son: Europa (69 %), América del Norte (25%), Asia (5.9%). Logró que 200 hectáreas de asociaciones y cooperativas de Piura fueran certificadas con Huella de carbono.

Como otro resultado del proyecto, se incrementó la producción de banano orgánico de 1500 a 2500 cajas de 18 kg. por hectárea al año.

Savia de esparrágos. 85% de la exportación del espárrago es por vía aérea, por su corta vida útil. El costo aéreo es el triple del marítimo (US$ 5 vs US$ 1.5 – caja 5 kgs).

La tecnología desarrollada logra mantenerla hasta por 26 días, lo que permite seguir compitiendo con México, segundo exportador, cuyo mercado principal es EEUU y su acceso es vía terrestre.

Cuenta con patentes y permisos de la FDA y del SENASA.

Casi el 50% del mercado actual (25 millones de cajas) puede utilizar esta tecnología, con un impacto de casi USD 47 millones por temporada.

MALI: innovación cultural. El proyecto tuvo como objetivo conocer la situación de los museos, así como sus retos y oportunidades en el campo de la innovación.

Se trabajó la “Agenda de Sostenibilidad para los museos y centros expositivos de Lima”, una ruta hacia museos más sostenibles.

Se ejecutó un programa de formación para más de 100 profesionales de museos y centros expositivos de más de 40 instituciones de Lima. También se implementó la plataforma de registro en línea para visitantes.

Algunos ejemplos de emprendimientos cofinanciados por ProInnóvate son:

Manzana Verde. Plataforma que ofrece un marketplace saludable accesible para LATAM. Cuenta con planes alimenticios personalizados y asesoría nutricional online. Gracias a su app y asesoría nutricional, ha entregado más de 600 mil órdenes de alimentos a más de 10 mil personas.

Ha incursionado en el mercado mexicano, a través de una ronda de 200 mil dólares a mediados del 2020 y en el 2021 cerró una ronda de inversión de 1.5 millones de dólares para su expansión por más ciudades.

Agros. Startup de Piura que usa la tecnología para transformar a organizaciones de productores rurales en organizaciones de productores digitales. Promueve oportunidades para que pequeños agricultores puedan acceder a servicios financieros mejorados, mercados competitivos y teleasesorías especializadas para incrementar su producción y acceder a nuevos mercados.

EcoEvol. Catalizadores ecoamigables para vehículos, desarrollados por GreenTech Innovations, reduce las emisiones de monóxido de carbono hasta en un 88% y las de humo hasta en un 84%, además ayuda a ahorrar combustible hasta en un 20%.

Se comercializan en Perú, México, Bolivia, Colombia y Ecuador. Cuentan con patentes en Argentina, Bolivia, Chile, México, Estados Unidos y Unión Europea.

Smart Doctor. Startup de telemedicina, que actualmente opera en Perú, México, Colombia y Brasil con programas de salud y bienestar para empresas, enfocada en crear una cultura de salud preventiva entre los trabajadores.

La empresa se inició con el servicio de médicos a domicilio; luego evolucionó a la telemedicina y, actualmente, brinda programas de salud y bienestar a clientes corporativos de más de 7,000 empleados.

Sinba. Hace negocio con la basura producida en Lima y tratada en su Centro Inclusivo de Recuperación Circular (CIRC), con apoyo de herramientas como la inteligencia artificial. El año pasado, Sinba generó S/. 3 millones en ventas y este año prevé llegar hasta los S/. 5 millones, duplicando la cantidad de residuos procesados, pasando de 10 a 20 toneladas de residuos orgánicos e inorgánicos por día.

Arcux Arquitectura. De la región Arequipa, es una plataforma de formación online para el sector de la construcción. A la fecha, cuenta con más de 80 cursos y con más de 100,000 estudiantes de 25 países, entre estos: Perú, México, Colombia, Ecuador, Argentina y Chile.

Silabuz. Plataforma digital para capacitar a niños en edad escolar en habilidades digitales y programación, con más de 18 mil estudiantes. Cuenta con una comunidad de mentores que resuelven las consultas en tiempo real.

Como parte de su plan de responsabilidad social, ofrece cursos gratuitos a escolares de 15 países de habla hispana de bajos recursos.

Pixed. Startup social dedicada a la creación, desarrollo y fabricación de soluciones tecnológicas accesibles para personas en situación de discapacidad. Las prótesis desarrolladas son de extremidades superiores (mano, brazo y hombro), entre las que se encuentran prótesis mecánicas, biónicas y exoesqueletos de rehabilitación.

Chazki. Plataforma de logística urbana y delivery por demanda. Ha levantado capital Serie A por US$ 7 millones (Grupo Falabella y Talitop Holdings de México, convertidos por socios minoritarios). Tiene 7 mil afiliados en 24 ciudades de México, Colombia, Argentina, Chile y Perú y más de 200 empleados.

Referente en América Latina, busca posicionarse como el primer unicornio peruano, con más de US$ 1 mil millones.

Cuatro de los ocho peruanos que figuran en la lista de los 35 emprendedores innovadores reconocidos con el Premio Innovators Under 35 Latam (IU35 Latam) de la Revista de Tecnología en español (The Technology Review), del Instituto de Tecnología de Massachusetts – MIT, fueron beneficiarios de ProInnóvate. Estos son: Gianina Honorio, CEO de Tinnitus Perú, que diseñó una tecnología para brindar rehabilitación a personas con tinnitus; Miguel Ángeles, creador del robot Irbin, que segrega residuos y botellas usadas para un segundo empleo; Rodrigo Coquis, CEO de Greentech Innovations, que desarrolló un catalizador ecoamigable para vehículos a motor y maquinaria pesada; además de Víctor Morales, creador de Alfi, una app de juegos que promueve la alfabetización e inclusión financiera.

Este premio se otorga anualmente a todos aquellos innovadores e innovadoras menores de 35 años que, aplicando la ciencia, la tecnología y la investigación, brindan soluciones a asuntos y problemáticas reales en esta parte del continente. En esta edición se seleccionaron a líderes procedentes de Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, México, Perú y Venezuela.

Haría bien la ministra de la Producción, Ana María Choquehuanca, en conocer de esta acción institucional formidable y buscar de aumentarle el presupuesto. La ayuda a la micro y pequeña empresa no pasa por regalarle dinero a los empresarios de Gamarra., como tradicionalmente se cree, sino por generar cadenas de valor como las comentadas, que, con poca inversión, multiplica resultados, dentro de un marco de absoluta transparencia en el manejo de los recursos públicos.

 

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Desarrollo Empresarial, Emprendimiento, Innovación, Programa Proinnóvate, Proyectos

[INFORMES] La Primera Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad de Ayacucho logró la restitución de los restos óseos humanos que corresponden a Remigia Taipe Yucra, fallecida en 1984, víctima de los ataques de la organización terrorista Sendero Luminoso en la comunidad de Saytahuaylla, provincia de La Mar.

Sendero Luminoso llevó a cabo numerosos ataques en diversas regiones de Perú durante la época del terrorismo. Uno de los lugares afectados fue la comunidad de Saytahuaylla, que se encuentra en la provincia de La Mar, en la región de Ayacucho. Esta zona, como muchas otras en Perú, sufrió la violencia y la presencia de Sendero Luminoso en las décadas de 1980 y 1990.

En Saytahuaylla y sus alrededores, Sendero Luminoso cometió actos de violencia, incluyendo ataques a la población civil, asesinatos, y desplazamiento forzado. Esto formó parte de la estrategia de Sendero Luminoso para expandir su influencia y control en zonas rurales de Perú.

La diligencia se efectuó junto a un arqueólogo forense y un antropólogo social del Equipo Forense Especializado (EFE), al igual que representantes de la Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas (DGBPD), e hijos y familiares de la agraviada”, se destaca en el pronunciamiento de la fiscalía en relación a la diligencia de restitución y reconocimiento de los restos óseos de Remigia Taipe Yucra.

Ahora bien, durante la acción fiscal, se contó con acompañamiento psicosocial para los deudos a quienes se les entregó elementos asociados que fueron hallados en julio pasado, cuando se identificaron los restos de Taipe Yucra cerca del paraje Qerapukro, en la comunidad de Saytayhualla.

dignidad y respeto
Procedimiento fiscal. Material fotográfico otorgado por el área de prensa de la Fiscalía para Sudaca.pe

 

dignidad y respeto
Entrega de los restos óseos de Remigia Taype

 

Examinación de los restos óseos
Examinación de los restos óseos

Es importante destacar que los ataques de Sendero Luminoso en Saytahuaylla y otras áreas del país causaron un gran sufrimiento a las comunidades locales y dejaron una huella indeleble en la memoria colectiva del país. El terrorismo en el Perú tuvo un alto costo humano y social, y las heridas aún perduran en la sociedad peruana.

Las desapariciones forzadas fueron una táctica utilizada por Sendero Luminoso y, en menor medida, por el MRTA, para infundir miedo en la población y eliminar a aquellos que consideraban enemigos. Los desaparecidos eran generalmente secuestrados, torturados y asesinados, y sus cuerpos no eran entregados a sus familias. Esto causó un gran sufrimiento en las comunidades afectadas y generó una profunda sensación de impunidad.

No fue el único cadáver restituido

Otro de los casos que se evidencio por los años 1991 y 1992 fue el “Caso Madre Mía”. La Primera Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad consiguió la restitución de restos óseos humanos que pertenecen a 16 personas desaparecidas

Dicha ceremonia se llevó a cabo en el auditorio de la Universidad Nacional Agraria de la Selva, en Huánuco, con peritos del Equipo Forense Especializado (EFE) del Ministerio Público, así como con representantes de la Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas (DGBPD) y la presencia de los familiares y deudos de las presuntas víctimas.

Ceremonia en la Universidad Nacional Agraria de la Selva
Ceremonia en la Universidad Nacional Agraria de la Selva

Por otro lado, estos restos óseos humanos fueron identificados y analizados en junio pasado, a través de validaciones de ADN, análisis antropológicos y dentales, entre otros. Los cuerpos hallados corresponden también a los caseríos de Yanajanca y San Miguel, así como a los centros poblados de La Perla y Shapajilla, en el departamento de Huánuco.

“De acuerdo con las investigaciones, las personas desaparecidas habrían sido victimados por soldados del Ejército peruano que sirvieron en el Batallón Contrasubversivo 313 – Tingo María y en la Base Contrasubversiva de Madre Mía, en el departamento de San Martín”

Pronunciamiento del Ministerio Público

Justicia que se sigue gritando en el campus PUCP

Ernesto Rafael Castillo Páez fue un estudiante peruano de Sociología de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). A la edad de 22 años fue detenido por agentes de la Policía Nacional del Perú un 21 de octubre de 1990 en Villa El Salvador. Desde ese día no se le volvió a ver más.

Desde entonces, su familia y representantes estudiantiles de la casa de estudios alzan su voz de justicia por la desaparición del estudiante universitario.

“Han pasado 33 años desde que nuestro compañero Ernesto Castillo, estudiante de Sociología en PUCP de 22 años de edad, fue detenido por agentes de la PNP y desde ese momento se desconoce su paradero. Se exige justicia para los responsables y se pide que persista en la memoria colectiva”, menciona el pronunciamiento del Centro Federado de Estudios Generales Letras PUCP.

Post conmemorativo de los 33 años de desaparición del estudiante de Sociología PUCP
Post conmemorativo de los 33 años de desaparición del estudiante de Sociología PUCP

Al día de hoy se sigue buscando justicia de esta época tan cruel que pudo vivir el Perú. Se ha logrado dar una digna despedida a tantas víctimas que tuvieron que pagar los estragos de una organización como Sendero Luminoso que no merecían. Hoy por hoy se sigue buscando justicia para Ernesto. Que esta etapa histórica sirva de reflexión para saber los retos y desafíos que nos toca velar y prevalecer en nuestra sociedad.

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Justicia para las victimas del terrorismo, Justicia para Regina, sendero luminoso, víctimas del terrorismo

[INFORMES] Unos años después de acabada la Segunda Guerra Mundial, la más sanguinaria de la historia humana, varios científicos de diferentes especialidades y de distintas nacionalidades se preguntaron cómo uno de los pueblos mejor educados de Europa pudo aportar miles de trabajadores de oficios comunes y corrientes a la maquinaria criminal que ensangrentó Europa, bajo las órdenes demenciales de Adolf Hitler.

Entre las muchas hipótesis de investigación, los científicos reactualizaron el viejo debate sobre qué es más importante en el desarrollo de los individuos: ¿las causas externas o las condiciones internas? El debate iniciado décadas atrás enfrenta a la naturaleza contra la crianza, es decir si pesa más el bagaje genético con el que se nace contra todo lo que se adquiere durante la crianza. La dialéctica natura-nurtura dirían los profesores de nuestros primeros cursos universitarios. Finalmente, la mayoría concluyó que las causas externas actúan a través de las condiciones internas, siendo este último el factor definitivo de la ecuación.

Décadas después, un estudio financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo llamado Familia, niños y delincuencia: la violencia como herencia, nos dice que el 40 por ciento de las personas encarceladas en América Latina son hijos de padres que abusaban del alcohol, el 55 por ciento de esos presos tuvieron, por lo menos, un arma de fuego en su vida. Además, en las dos ultimas décadas la tasa de encarcelamiento en América Latina creció en un 150 por ciento, llevando el número de presos en la región a la escalofriante cifra de un millón y medio de personas.

Dicho todo eso, y sin querer de ninguna manera describir la historia de los hermanos Valdivia Montoya a partir de esos datos fríos, creemos que es necesaria una inmersión en la historia familiar de esos sujetos para saber cuáles fueron los factores que llevaron a varios miembros de ese clan familiar a ponerse en el lado contrario a la ley, es decir, en el lado equivocado de la vida.

La familia Valdivia de Bellavista

Nadie sabe cuándo los hermanos Valdivia de Bellavista, Callao, aprendieron a usar los pocos recursos que tenía su familia para intentar desde la política barrial, desde las amistades peligrosas y, sobre todo, desde el abuso y la prepotencia para hacerse de un pequeño poder, parecido al que conseguía un tendero alemán en los años treinta cuando se vestía con el uniforme gris y se calzaba las botas de caña alta.

Con recursos probablemente limitados, los hermanos mayores de ese clan ingresaron a una universidad privada de media tabla donde pasaron hasta quince largos años hasta conseguir un grado académico al que le sacaron tanto millaje como un viajero frecuente.

Según las informaciones periodísticas, Carlos, el cuarto de los hermanos Valdivia de Bellavista, Callao, es el más conocido porque intentó tres veces conseguir que sus vecinos le confiaran el manejo del municipio del distrito en mención. A sus 47 años, Carlos Valdivia Montoya tiene siete denuncias en contra suya en los archivos policiales, entre las cuales se cuentan acusaciones de robo agravado y violencia familiar. Además, trece años atrás, Valdivia fue acusado de disparar un arma de fuego contra un sereno de Carmen de la Legua, Callao. Esa denuncia todavía está en instancias policiales. En la misma instancia policial también existe una denuncia por robo agravado contra él y dos de sus hermanos, Marco y Abel, este último acusado por el asesinato del camarógrafo de la fiesta de Paul García y Roselli Amuruz. La denuncia del año 2014 dice que los hermanos Valdivia estaban a bordo de un auto Honda rojo en la puerta de la casa familiar cuando apareció el policía José Luis Cárdenas Prado; los Valdivia bajaron del Honda rojo, golpearon brutalmente al policía y le robaron todo lo que tenía. La denuncia no prosperó y nunca se esclareció. Según el denunciante y sus familiares, los Valdivia tienen muchísimo poder en la Policía, siempre estuvieron juntos y fueron solidarios, por lo menos hasta un hecho que rompió la unidad familiar.

La-familia-Valdivia-de-Bellavista
En febrero de 2023 el gobierno de Dina Boluarte aprobó el pago de 41 millones de soles a favor de la empresa de Carlos Valdivia.

El origen de la desunión en el clan Valdivia Montoya tuvo un precio, vale decir un precio altísimo: 41 millones de soles. ¿Cómo los Valdivia Montoya de Bellavista, Callao, pudieron siquiera soñar con una cifra que es más que tres Tinkas juntas? Pues sucede que, durante la etapa inicial de la epidemia de la Covid, cuando todos sabíamos que la única forma de detectar la presencia del coronavirus en nuestro organismo era la prueba molecular, una empresa creada por Carlos Valdivia Montoya, inscrita en los registros públicos como Aionia Technology Corporation, le vendió a EsSalud un lote de pruebas rápidas -que no detectaban el coronavirus- por un monto de 41 millones de dólares. Según las autoridades el financista de la operación fue Marco Valdivia, el hermano médico de Carlos.

Durante los siguientes tres años, hasta que los astros se alinearon para los Valdivia, EsSalud congeló el pago, debido a que la Contraloría emitió un informe indicando que el proceso de adquisición fue dirigido (direccionado, según el lenguaje de la burocracia nacional) para favorecer a la empresa de Carlos Valdivia. En febrero de 2023, menos de dos meses después de haber jurado combatir a la corrupción, el gobierno de Dina Boluarte aprobó el desembolso del dinero, tras gestiones non sanctas de la asesora presidencial Grika Asayag, del ministro de Trabajo Luis Adrianzén y de parte del directorio de EsSalud. Cuando el laudo arbitral liberó el cheque de 41 millones, la pelea por la plata se trasladó al seno familiar de los Valdivia, toda vez que Carlos afirmó que Marco le dijo que lo iba a meter preso si no le daba el porcentaje del cheque que le pedía. Y, además, según un audio conocido por todos, que su detención la haría con la ayuda del ex cuñado de ambos: Raúl Alfaro, a la sazón comandante general de la Policía, uno de los peones colocado por Pedro Castillo en la periferia del poder para poder gobernar el país como una chacra. Para comprobar la actuación dolosa de Raúl Alfaro, la ex conviviente de Carlos Valdivia llamada Thays Carrizales reveló que Alfaro la amenazó varias veces por teléfono.

Algunos audios dejaron al descubierto el vínculo entre Carlos Valdivia y Julio Gutiérrez Pebe, del Consejo Nacional de la Magistratura, donde lo trataba como el “sobrinito”.

Un informe de televisión reveló que el general PNP Raúl Alfaro está involucrado en esta trama por su relación con la capitana PNP Graciela Valdivia, con quien tiene un hijo. Y, como si estuviéramos viendo una novela, nos enteramos que el general Alfaro siempre ocultó su relación con los Valdivia, incluso a su ex pareja la doctora Thays Carrizales, que, como nos hemos enterado, es madre de uno de los hijos de Carlos Valdivia.

Hurgando en los archivos, nos enteramos que Marco Valdivia estuvo preso en 2020 por tráfico ilícito de drogas, que la capitana Graciela Valdivia también enfrentó a la justicia castrense cuando acusó a un alto jefe policial de acoso, y, posteriormente, de trata de personas.

Y, finalmente, cuando revisamos los antecedentes del hecho criminal ocurrido en las inmediaciones de la casa de Lince donde Roselli Amuruz agasajó al excongresista Paul García, nos encontramos con una larga serie de denuncias contra Abel Valdivia Montoya, el pistolero asesino. Una de esas denuncias fue realizada por su propia madre, quien le dijo a la Policía que Abel la había agredido.

Hay un quinto miembro de ese clan familiar que también ha colisionado repetidamente con la justicia, se llama Pedro Valdivia y también es una joya, pues en 2016 ocasionó la muerte de Ronald Poma Maximiliano al atropellarlo en estado de ebriedad. Tiene una condena de cuatro años de prisión suspendida. ¿Por qué suspendida? Nadie da razón de ese porqué, nadie.

Una característica notable de los Valdivia Montoya, más allá de su atracción permanente por la violencia, es que por lo menos cuatro de ellos estuvieron en sus respectivas universidades el doble o el triple que cualquier estudiante promedio.

¿Cómo financiaron esos estudios larguísimos, cómo solventaron los gastos de transporte, de alimentación y de vestimenta durante esos años interminables, de estudio, cómo, explíquennos cómo?

Es improbable que exista una familia con tantos problemas con la justicia como la de los hermanos Valdivia Montoya, improbable pero no imposible. Pero lo más impresionante es la cercanía al poder político y al poder policial de estos hermanos que no tienen ningún atributo, sino más bien todo lo contrario.

Como en muchas historias periodísticas, esta merece una continuación cuando sepamos cómo fue la interrelación familiar, cuál fue la conducta de los padres antes y después de ver nacer a sus críos y qué hicieron el señor Valdivia y la señora Montoya cuando vieron cómo comenzaron a andar torcido la mayoría de sus vástagos.

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Abel Valdivia, Carlos Valdivia, Paul García, Rosselli Amuruz

[INFORMES] En octubre del 2022, una contundente victoria en las elecciones municipales le permitió a Diego Uceda convertirse en la máxima autoridad del distrito de La Molina. Sin embargo, algunas de sus polémicas posturas desde su llegada a la alcaldía, como su férrea oposición a que se inaugure un centro comercial en su distrito, lo han llevado a terminar en más de una ocasión en el ojo de la tormenta.

Tal como lo dio a conocer Sudaca en los informes titulados ¿SE CAEN LAS EXCUSAS DE DIEGO UCEDA? y UCEDA VERSUS CENCOSUD: LOS DOCUMENTOS DE LA DISCORDIA, el nuevo alcalde de La Molina venía adoptando posturas más que cuestionables y carentes de sustento desde su llegada al cargo. Esta forma de conducir su gestión incluso lo llevó a perder el respaldo de regidores que habían llegado al cargo de la mano de la misma agrupación política que impulsó la candidatura de Uceda.

Pero las polémicas en las que se ha vuelto involucrado Diego Uceda no se limitan únicamente a lo ocurrido este 2023. En enero del 2022, Sudaca publicó el informe de la periodista Alba Ñaupas titulado  EL CANDIDATO DE RENOVACIÓN POPULAR QUE NO PAGA PENSIÓN ALIMENTICIA. Esta investigación periodística revelaba que Diego Uceda, quien entonces todavía era precandidato, adeudaba casi cincuenta mil soles por el concepto de pensión alimenticia y, tal como se relata en dicho informe, Uceda no sólo incumplía con sus obligaciones económicas sino que tampoco era un padre presente en la vida de su hijo que tuvo veinticinco años atrás.

Sudaca accedió a documentos que revelan lo que ocurrió en los meses siguientes con este  grave caso que involucra al político que representó a un partido que, paradójicamente, se autodenomina como el defensor de la familia.

¿QUIÉN DEFIENDE A SU FAMILIA?

Desde que se cambió el nombre de Solidaridad Nacional por el de Renovación Popular, la plataforma política de Rafael López Aliaga se postuló como el partido defensor de la familia y no tardó en convertirse en la alternativa favorita del sector del electorado que se identifica como conservador. Sin embargo, el expediente Uceda parece estar muy lejos de los lineamientos que se esperarían del integrante de una agrupación política que dice defender esos ideales.

Según el informe periodístico de enero del 2022, el alcalde Diego Uceda había estado ausente en la vida de su hijo desde que nació y casualmente recién se hizo cargo de la deuda que tenía por alimentos tras la publicación del medio Diario16 en la cual se relataba que el entonces vocero de Solidaridad Nacional debía más de cincuenta mil soles y había sido declarado deudor alimentario moroso.

Sin embargo, Uceda volvió a desaparecer de la vida de su hijo tanto en el plano emocional como en el económico. Aunque en declaraciones para Sudaca en el informe de enero del 2022 había señalado que se consideraba un hombre de bien y por ello pagaría la deuda, los documentos que se mostrarán a continuación demuestran que se debieron tomar medidas drásticas para que el actual alcalde de La Molina cumpla con sus obligaciones como padre.

Acorde a la resolución N° 67 que data del 3 de mayo de 2022, Diego Uceda y su defensa, lejos de mostrarse predispuestos a cumplir con sus obligaciones paternas tal como había indicado a este medio, solicitaron que se declare la nulidad procesar. Con ello, este proceso legal sufriría un grave retroceso y, por lo tanto, Uceda seguiría sin pagar el dinero correspondiente por alimentos.

Sin embargo, para que este pedido procediera era necesario que se realice antes de la sentencia y Uceda se encontraba muy lejos de ese plazo debido a que esta fue expedida el 30 de junio de 1997. Además, el pedido se amparaba en que Uceda había cambiado de dirección, hecho que no lo eximía de estar al tanto del proceso.

Por ello, la justicia no dudó en declarar improcedente este insólito pedido que Diego Uceda y su defensa realizaron en lo que se veía como un desesperado intento por dilatar el caso que lleva más de dos décadas en las cuales el hoy alcalde ha mostrado una innegable indiferencia por el bienestar de su hijo.

Pero el interés de Uceda por el caso tenía una razón de fondo. El Tercer Juzgado de Paz Letrado de Barranco y Miraflores había resuelto el 9 de marzo del 2022 conceder la medida de embargo en forma de retención a las cuentas bancarias de Diego Uceda en diversas entidades bancarias a las que se notificó dicha decisión.

Luego de esta batalla legal, el burgomaestre aceptó cumplir con sus obligaciones económicas, aunque esto no parece remediar la ausencia en la vida del hijo que tuvo hace más de veinte años y de quien intentó desentenderse de todas las formas posibles hasta que la justicia tomó medidas que afectaban sus cuentas bancarias.

EMPLEADORES GENEROSOS

Otro aspecto que llamó la atención con respecto a la historia de Diego Uceda es su trayectoria laboral. Según la información que el propio Uceda declaró, el actual alcalde de La Molina no cuenta con ningún título universitario ni técnico debido a que no concluyó la carrera de derecho que empezó en la Universidad San Martín de Porres.

Sin embargo, para sorpresa de muchos, el alcalde Uceda muestra en su declaración jurada que ha desempeñado el cargo de asesor en empresas de diversos rubros durante los últimos años pese a no tener especializaciones en ninguno de ellos y entre sus recientes empleadores figura Compupalace, empresa vinculada con Rafael López Aliaga.

Otro dato que ha llamado la atención en la información declarada por Uceda es el drástico aumento en sus ingresos en un periodo de tiempo reducido. Acorde a la declaración que brindó para las elecciones del año pasado, Uceda tenía ingresos que superaban los cuarenta millones de soles.

Sin embargo, en su declaración del año anterior, cuando era candidato a congresista por el partido Avanza País, Diego Uceda reportaba ingresos que no superaban los doscientos mil soles.

La gestión de Diego Uceda en La Molina recién cumplirá su primer año en enero del 2024. Sin embargo, las dudas sobre la capacidad de este representante para conducir un distrito sumado a sus cuestionables actitudes contra su hijo y un extraño historial laboral siguen alimentando la desconfianza de sus propios vecinos.

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Decisiones controvertidas, Deuda de pensión alimenticia, Diego Uceda, La Molina

[INFORMES] Hace unos días, nuestro país se despertó pasmado después de ser informada de la muerte de una estudiante de la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa. Sudaca pudo acceder al parte policial y al proceso que ha iniciado la fiscalía con relación al feminicidio; sin embargo, es importante hablar de estos problemas en medio del Día de la Salud Mental.

En el Perú, se han implementado leyes y políticas para combatir la violencia de género y los feminicidios. En 2011 se promulgó la Ley de Feminicidio, que establece penas más severas para los perpetradores de estos crímenes. Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos, los feminicidios siguen siendo una realidad preocupante en el país. Especialmente en los más jóvenes.

El 29 de septiembre en horas de la tarde se cometió este grave delito contra la vida de Ana Paola Vargas Ramos de tan solo 19 años de edad. Su asesino quien indiscutiblemente es repudiado y se rechaza todo tipo de justificación, es Rodrigo Franco Larico Olarte de 18 años. Quien fuese retenido por un personal de seguridad de la casa de estudios.

Sudaca accedió a la documentación del Ministerio Publico para averiguar qué fue lo que verdaderamente paso ese día. El caso fue enviado a la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa Especializada en Delitos de Violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar. La fiscal responsable fue Elizabeth Sejje Suarez cuya acta no es mostrada públicamente, pero es del mismo día (29 de septiembre del 2023).

Se sabe que estudiantes de la UNSA llamaron al 105 para informar sobre lo sucedido en la casa de estudios. A las 17:50 horas, personal policial llegó a la Escuela de Física de la universidad (Área de Ingeniería). En esta lamentable situación, encontraron a Diego Franco Torres Acosta quien desempeña el cargo de seguridad de la universidad, quien tuvo retenido en todo momento al asesino de la estudiante, Rodrigo Larico mientras que a un lado se encontraba inerte el cuerpo de la joven asesinada.

Al examinar, se dan cuenta que la joven tiene cortes al parecer con arma blanca y a pocos metros encontraron un cuchillo (presunta arma). Lamentablemente el personal de bomberos llegó al lugar sin encontrar con signos de vida a la joven estudiante quien presentaba cortes en el cuello y abundante sangre en sus prendas.

Ahora bien, el feminicidio se dio sin presencia de alguien cercano. Y es que el parte menciona que el señor Darwin Jallo Escobar, técnico de laboratorio de física, estaba revisando las cámaras de seguridad cuando ocurrió este desagradable momento y quien comunicó inmediatamente al personal de seguridad.

Después de este desagradable relato, el mismo día, el despacho fiscal abrió investigación preliminar contra RODRIGO FRANCO LARICO por la presunta comisión del delito contra la Vida, el Cuerpo y la Salud en la

modalidad de FEMINICIDIO en agravio de Ana Paola Vargas Ramos. Se sabe que el caso está a cargo del ÁREA DE HOMICIDIOS DEL DEPINCRI PNP AREQUIPA.

RESULTADO DE UN GOBIERNO QUE DESCUIDA LA SALUD MENTAL
Oficio que formaliza el caso de feminicidio cometido en la UNSA

Los testigos claves del caso y que han sido citados para declarar sobre el hecho son Darwin Javier Jallo Escobar, Diego Franco Torres Acosta y Víctor Alfaro Huaco, a efecto declare sobre los hechos cometidos en la UNSA. Además, se han retenido los celulares de los jóvenes a efecto de investigar los momentos claves del delito.

La UNSA se pronunció

La casa de estudios se pronunció con respecto al tema. “La Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa lamenta el hecho ocurrido en el campus de nuestra casa superior de estudios, que tuvo como resultado la pérdida de una de nuestras estudiantes A.P.V.R. Las autoridades de la casa agustina están dando todo el apoyo a la Policía y la Fiscalía para que investiguen el lamentable suceso y se proceda de acuerdo a ley”, se lee en el comunicado publicado por el rectorado.

COMUNICADO Nª 069 - 2023

Sudaca intento comunicarse con la oficina del rectorado de la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa, pero no obtuvo respuestas. De la misma manera, se intentó comunicar con el Dr. Hugo Rojas Flores, rector de la universidad, pero han preferido guardar silencio.

El caso de Ana refleja lo tan desatendida que está nuestra salud mental a nivel nacional. El último 10 de octubre se conmemoró justamente el Día de la Salud Mental reflejando los últimos casos que se han visto, tanto el de Ana y lo acontecido en la Universidad de Lima.

No cabe duda que cuando un acto ocurre en la capital, recién ahí toma importancia este tema. Tampoco podemos olvidar que tan asqueada puede estar la mentalidad de algunas personas. Es el caso de la estudiante de la Universidad del Pacifico que se burló de la caída del joven de la Universidad de Lima. Es lamentable que en estos tiempos veamos irónicamente este tipo de actos que se piensa que con unas simples disculpas se puede solucionar las atrocidades que se vieron reflejadas en el video de la estudiante que esperamos sean sancionadas y no una promesa tapada con mentiras.

La salud mental es fundamental y la prevención del feminicidio son cuestiones profundamente emotivas y urgentes que requieren nuestra atención y acción. Este último tema tiene un impacto devastador en la salud mental de las mujeres y en toda la sociedad. Es crucial que el Ministerio de la Mujer, Salud y el Gobierno puedan poner un plan de acción para concientizar a la ciudadanía sobre estos temas y su relevancia. Seamos agentes de cambio que busquemos caminos necesarios a una sociedad mejor y no caigamos en la ignorancia de que salga de nuestra boca, en algún video, cualquier palabra irónica que solo demuestra nuestra falta de empatía y solidaridad como ciudadanos.

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Feminicidio, Ministerio de la Mujer, Salud Mental, Universidad Nacional San Agustín de Arequipa
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