Pese a que en ambos artículos la evidencia objetiva se apoyaba en audios y en señalar que no había investigación alguna ni contra el empresario petrolero Samir Abudayeh ni contra Walter Ríos, Pamela Acuña y John Misha, los Fiscales Supremos en el comunicado público nunca llegan responder la cuestión central, como era oportuno y necesario, señalando en qué carpeta Fiscal de la Primera Fiscalía Suprema Transitoria se está investigando a Samir Abudayeh y a Walter Ríos y en qué carpeta Fiscal de la Primera Fiscalía Suprema Transitoria se está investigado a Walter Ríos, Pamela Acuña y Jhon Misha por el evidente y claro tráfico de influencias y cohecho cometidos alrededor del habeas corpus del caso “Caracol”.
Esta información indispensable, esencial y clave para desmentir a Sudaca se obvia olímpicamente y de la forma más burda y escandalosa se acusa de “desinformar a la opinión pública” cuando su propio comunicado nos da la razón y demuestra que no hay investigación alguna en contra de estos personajes. Incluso, en las cartas notariales remitidas a Sudaca por el Fiscal Eliseo Fernández Alarcón y el empresario Samir Abudayeh, nunca aluden a la existencia de alguna investigación abierta o que nos hayamos equivocado en denunciar que no se ha abierto una línea de investigación y una carpeta fiscal para indagar a quienes manifiestamente tienen corona y se encuentran tan bien protegidos y cuidados.
Dicho sea de paso, no sería sorprendente que dada la gravedad de los hechos que se informan a la opinión pública los Fiscales Fernández y Quispe se vean en la obligación de abrir una investigación con un número anterior de carpeta fiscal y con una fecha pasada a fin de que en el momento que hagan sus descargos puedan decir que sí estaban investigando.
En el comunicado llama la atención de que se señala que en el caso de los audios de Caracol y del hábeas corpus que el narcotraficante presentó en la Corte del Callao al juez que conocía el proceso, William Mata Zavala, se lo denunció y se encuentra con prisión provisional; sin embargo, se obvia y se esconde la pregunta central del caso: ¿Walter Ríos, Pamela Acuña y Jhon Misha se encuentran investigados por tráfico de influencias y cohecho a raíz de los audios del caso “Caracol”? Si es así, ¿cuándo se abrió investigación? ¿Qué número se le asignó a la Carpeta Fiscal? ¿La procuraduría pública anticorrupción cuándo fue notificada de la apertura de investigación? ¿Cuántas personas se encuentran investigadas? ¿Walter Ríos aceptó su responsabilidad en los hechos?
Resulta increíble y alarmante que tras la denuncia de tres medios serios como La República, El Comercio y Sudaca, que luego de más 10 meses que declaró Gianfranco Paredes sobre los favores sexuales que recibió Walter Ríos del empresario Samir Abudayeh no se haya abierto investigación alguna y con dicha inacción se haya permitido que el empresario contrate con el Estado por más de 150 millones de dólares.
También resulta insólito y gravísimo que los fiscales Fernández y Quispe no hayan escuchado los audios del caso Caracol, antes de conceder beneficios a Walter Ríos, el principal protagonista, y que nos vengan a decir a todos los peruanos cuatro años después de estallado el caso “Cuellos Blancos” que “los referidos audios no fueron informados por la entonces fiscal provincial a cargo de las investigaciones”. ¡que fácil es en el Perú esconder la incompetencia y negar el delito de omisión de denuncia y encubrimiento personal echándole la culpa a otro fiscal, la cual no podía abrir una investigación contra Walter Ríos!
Un hecho tan grave que compromete no solo la lucha contra la corrupción, sino la lucha contra el narcotráfico no puede pasar desapercibido ni ocultarse, menos quedar impune. La Fiscalía de la Nación y la Junta Nacional de Justicia tienen la palabra.
(*) Posdata: por cierto, resulta alarmante que dicho comunicado no corresponda a la página oficial de la Fiscalía de la Nación, ni del Ministerio Público, sin firmas, y haya un absoluto silencio de parte de la nueva coordinadora del equipo especial de los Cuellos Blancos que ha reemplazado a Pablo Sánchez, que es la Dra. Revilla, incluso el actual Fiscal de la Nación mutis total.
Desde antes de que Luis Molina asuma el sillón municipal, Luis Gutiérrez Aparicio observó con preocupación el entorno de quien sería alcalde de su distrito. “Armó su equipo en base a Martín Bustamante, Patricia Juárez y otra gente que venía de la administración de Luis Castañeda en la Municipalidad Metropolitana de Lima”, explica Gutiérrez.
Este vecino de 73 años, que vive en Miraflores desde 2017, fue parte de un movimiento que inicialmente se llamó ‘Miraflores Primero’ y luego cambió a ‘Miraflores Para Todos’. Allí también habían confluido Adriana Navarro y Pilar Madrid, aunque cada uno tomó su rumbo debido a las constantes querellas.
Gutiérrez había conseguido reunirse con el alcalde y le había manifestado su preocupación. “Yo le decía que había mucha gente que quería acompañarlo, pero que eran muy rigurosos con las personas que estaban con él. Justo se cruzó con el tema de Martín Bustamante, quien fue identificado como una persona que manejó los recursos de Castañeda”, relata.
Reconoce que, al inicio, Molina parecía dispuesto a escuchar sugerencias. Pero los defensores del alcalde empezaron a atacarlo. Y es que las imágenes de una reunión con Molina le sirvió a una cuenta troll llamada ‘Detecta Trafa Tv’ para decir que Gutiérrez lo que buscaba era ganar licitaciones y hasta lo señalaron como financista de un plantón vecinal contra la gestión del ahora candidato a Lima.
Las imágenes de las reuniones que Gutiérrez sostuvo con el alcalde miraflorino fueron usadas para dañar su imagen.
“Me muestran como que era un financista de un plantón, que el plantón era un chantaje para obtener licitaciones”, cuenta el vecino. Gutiérrez aclara que no tiene ningún interés en buscar un trabajo, pues posee ingresos de su jubilación y sus propiedades.
No obstante, al igual que en los casos anteriores, el hostigamiento no se limitó a publicaciones en redes. Molina también querelló a Gutiérrez por difamación. El hoy candidato a Lima lo acusaba de ser promotor de las redes sociales de ‘Miraflores para Todos’, desde donde se lanzaban críticas a la gestión, y de haber escrito: “Pedimos que se vaya Molina por inmoral e incompetente”.
“En la argumentación [que desestima la demanda] se dice que no había afectado de ninguna manera el honor de Luis Molina y que lo que estaba haciendo era una actitud informativa con algunas apreciaciones que no tocaban a la persona, sino a la gestión”, explica Gutiérrez.
Luis Molina llegó al sillón municipal luego de ganar las elecciones en octubre del 2018. El abogado, que por ese entonces tenía 69 años, lograba convertirse en el sucesor de Jorge Muñoz. Para diciembre del 2021, sin embargo, Molina no tuvo reparos en cambiar de camiseta. El conservador Avanza País anunció su candidatura a Lima Metropolitana. Visto lo visto, no sería un alcalde muy dado a recibir críticas.
La captura de San Marcos era estratégica para el régimen de aquel entonces. Por eso colocaron al frente de la Comisión Reorganizadora a Manuel Paredes, un hombre cercano a Fujimori. El expresidente, en la gestión de Paredes, empezó a ir a la universidad para inaugurar obras. “De más está repetir que San Marcos sufrió también los ramalazos de algunos estudiantes y personas ajenas a la universidad enquistadas para sembrar el caos. Todo ese clima insoportable para la convivencia terminó felizmente”, dijo Paredes en un discurso, con la presencia de Fujimori.
De acuerdo a la tesis de Kevin Lazo, Paredes empezó a tener exposición en los medios de comunicación afines a la dictadura que lo presentaban como un “salvador de la crisis sanmarquina”.
2000. Alberto Fujimori con Manuel Paredes Manrique, el hombre que impuso para poner orden en San Marcos. Aníbal Torres, el jefe de Gabinete, participó en la captura de la universidad. Fuente: San Marcos.
Manrique y la Comisión Reorganizadora, integrada por Torres, autorizaron también el espionaje realizado por el desaparecido Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) dentro de la sede universitaria. “Los infiltrados del SIN vigilaban día y noche a los profesores, estudiantes y administrativos opositores, a quienes grababan, tomaban fotos y filmaban día y noche para elaborar informes de inteligencia sobre todas sus actividades en la universidad, las mismas que eran remitidas exclusivamente y en forma confidencial al Presidente de la Comisión Reorganizadora, Manuel Paredes Manrique”, dice un texto del psicólogo sanmarquino Moisés Vargas, publicado en el 2002 y titulado «El oscurantismo intelectual en San Marcos: Intervención militar y corrupción política 1995-2000».
“Está claro que existía espionaje sistemático contra los principales dirigentes estudiantiles, docentes y trabajadores. Grababan nuestros movimientos, yo he sido N veces grabado. Es más, hay un informe de espionaje en donde está mi nombre”, agrega René Meza, estudiante expulsado.
Los testimonios apuntan a que Aníbal Torres duró un año en la comisión auspiciada por Fujimori. Se retiró por discrepancias con el rector Manuel Paredes. Así lo recuerdan René Meza y Marco Huaco.
“Recuerdo que él se peleó con el rector Manuel Paredes, aduciendo problemas de corrupción o mal manejo y renunció a la comisión interventora. No obstante, Torres ha sido un cómplice de la dictadura fujimontesinista en San Marcos, contribuyendo a la represión de docentes, estudiantes y trabajadores”, dice Marco Huaco a Sudaca.
El acta de defunción de la Comisión Reorganizadora se firmó en el 2000. Desapareció con la caída de la dictadura fujimorista.
El pasado naranja del premier parece no perseguirlo. Más de veinte años después, no tiene inconvenientes en cuestionar al fujimorismo y mostrarse como un abanderado del antifujimorismo. En marzo pasado, ya como primer ministro, comparó a Alberto Fujimori con Adolfo Hitler. Dijo que nadie es juzgado “por sus buenas obras, se les juzga por las malas obras”. Sudaca llamó al primer ministro para pedir su versión, pero al cierre de la edición no contestó las llamadas.
“De cierta forma hay algunas situaciones internas en las que podemos discrepar. Como cualquier tipo de bancada a la larga se puede llegar a fraccionar. Pero, por el momento, nos mantenemos firmes y vamos a continuar con el respaldo de nuestro compañero Pedro [Castillo]”, dice Quiroz.
En la tienda del lápiz son conscientes de que el proyecto de ley para que una Asamblea Constituyente redacte una nueva Constitución va a fracasar en el Congreso. Pero esperan que la negativa de la oposición a elaborar una nueva Carta Magna encienda la pradera en las regiones y se inicien las protestas. Ese -dice una fuente de Perú Libre cercana a Cerrón- sería el famoso “plan B” del que habló el secretario general del partido en una entrevista en Canal N.
Cantorín se defiende nuevamente y menciona que no existió sobrevaluación en la construcción de la iglesia. Dice tener un peritaje de parte que lo prueba. Sin embargo, la fiscalía anticorrupción de la región ya ha emitido el requerimiento de acusación al Poder Judicial por el delito de colusión desleal, de acuerdo al despacho encargado.
Este es el historial del hombre de confianza de Hernán Condori, quien llegó al cargo luego de un paso como coordinador de obras en el Gobierno Regional de Junín. Ahí estuvo desde abril de 2021, mes de las elecciones presidenciales y congresales. El 31 de marzo, en una resolución ministerial, Hernan Condori lo oficializó en el PRONIS. Fue uno de sus últimos deseos antes de ser censurado ese mismo día.
Ahora Cantorín debe dirigir, conducir y supervisar la gestión de los proyectos del programa. Dentro de sus funciones, se encuentra la de celebrar convenios y contratos de infraestructura. A la fecha, sin embargo, no figura en el SEACE ninguna contratación llevada a cabo en el PRONIS en todo el mes de su gestión. Las actividades de la entidad que han sido difundidas oficialmente consisten mayormente en inspecciones a obras o asistencia técnica al proyecto.
El presunto favorecimiento a Lagunas del Perú se gestó desde el Comité Evaluador de Procesos de Inversión de la municipalidad, el máximo órgano promotor de la inversión privada del distrito. En el 2011, el comité aprobó la estructura de compraventa del terreno, así como la contratación de una fiduciaria para que administre el inmueble hasta que se cumplan las cláusulas del contrato. Pero la Fiscalía descubrió fácilmente que dichos acuerdos eran, en buena medida, fantasmales.
“Dos de los miembros de esa comisión han manifestado que no se realizaron tales sesiones que se glosan en las actas […] Se tiene la declaración de la acusada Cecilia Sánchez Vásquez, quien como miembro del comité suscribió todos los documentos emitidos por el mencionado proyecto, pero [dice] que para ello no se reunió a fin de discutirlo y decidirlo”, se lee en la acusación presentada por el fiscal Richard Cirilo Ruiz.
Sánchez Vásquez −a la sazón, sentenciada por corrupción− contó a la Fiscalía que se emitían informes y documentos como si los hubiesen hecho los miembros del comité, pero que ellos sólo firmaban. “Las documentaciones las trabajaban los asesores externos de Javier Musiris Díaz”, apunta la acusación fiscal.
De la misma manera, Alejandro Morales Espinoza, presentado como el supuesto representante de Lagunas del Perú que en los papeles participaba de las sesiones del comité, desmintió haber estado en dos reuniones del 2011. Menos aún, dijo, las había certificado con su firma.
El abogado de Musiris no recuerda que algún trabajador de la empresa haya declarado en ese sentido. Sudaca accedió al testimonio de Morales ante la Fiscalía y corrobora que este dijo lo que señala la acusación. El hombre, además, precisó ser un extrabajador de las empresas de Musiris, pero aseguró nunca haber estado vinculado a Lagunas del Perú. Es decir, habrían usado su nombre “No recuerdo haber firmado esa acta, menos haberlo hecho en San Bartolo”, se lee en su declaración.
La fiscalía anticorrupción también recogió el testimonio de dos regidores, quienes señalaron que no habían recibido la información para votar por la aprobación del proyecto de Musiris en el Concejo Municipal. Se trata de Juan Guevara Carazas y Madeleyne Carranza Capristrán. Ambos votaron en abstención. Esta última ratifica a Sudaca lo dicho a la Fiscalía.
Carranza asegura, además, que luego de dar su voto en abstención un regidor −del que pidió no dar su nombre, pero hemos verificado su paso por el consejo municipal− la llamó a pedirle que rectifique su votación. “Sólo aprobaron el proyecto tres regidores, más el alcalde: cuatro. Así que la empresa quería que rectifiquemos. Es como si hubiesen pasado con 11, y ellos querían pasar con 20. Así que el regidor me dijo que, si lo hacía [rectificarse], podía pedir hasta un carro y que la empresa podía ubicar a mi esposo, entonces desempleado, en un puesto de trabajo, pero en otra compañía. Le dije que conmigo no cuente”, recuerda la exregidora.
Exregidora Madeleyne Carranza Capristán votó en abstención por la propuesta del proyecto inmobiliario. Un regidor la llamó para decirle que, si se rectificaba a favor de la empresa, podía pedir hasta un carro y a su esposo podían darle trabajo, cuenta. Ella dijo que no.
EL COLABORADOR
A pesar de los acuerdos fantasma, el contrato se firmó en el 2011. Como parte de este, el terreno de 96 hectáreas pasó a ser administrado por Fiduciaria Perú SA. Lagunas del Perú, por su parte, tenía que transferir una primera cuota a la municipalidad, pero no lo hizo porque el terreno no estaba saneado. La comuna mantenía una controversia con la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SNBE) por la posesión del predio desde el 2014. Además, asegura el abogado de Musiris mostrando una vista aérea de la zona, hay al menos tres empresas ocupando el predio de manera ilegal.
Mientras aquellos líos se resolvían, Lagunas del Perú cambió de gerente general: ya no sería Musiris −quien sigue siendo el accionista mayoritario, según Sunarp−, sino el socio minoritario José Vidal Hermoza. El 2016, este le pidió a la comuna que prorrogue el primer pago por un año. El entonces gerente municipal, Luis Tuesta, se negó, “indicando que la empresa debía cumplir con sus obligaciones”.
Barthelmess, sin embargo, le enmendó la plana y “le reclamó su proceder sin haberle hecho la consulta”, dice la acusación fiscal. Entonces, la solicitud de la inmobiliaria recién fue aceptada. Pero los investigadores descubrieron que para esto también se fraguaron documentos, una constante de la gestión del exalcalde de San Bartolo.
En el acuerdo del Concejo que permitía la ampliación, por ejemplo, la firma del secretario general, Daniel Farfán Soto, no fue reconocida por este. “En tal sentido, resulta por demás evidente que la formulación del acuerdo de Concejo que aprobaba su pedido [el de la empresa de Musiris] se hizo a consecuencia de los acuerdos ya establecidos entre los acusados. No cabe otra inferencia”, concluye el Ministerio Público.
¿Por qué tanto interés en aprobar dicha prórroga? Sudaca accedió a un acta de la declaración de un colaborador eficaz del caso. El arrepentido delincuente afirma allí que corrió plata entre los funcionarios. “El año pasado [2016] se amplió el plazo de pago para lo cual se entregó una suma de dinero al alcalde y otra suma de dinero a cada regidor por el tiempo de un año, que duraba esta ampliación. A cada regidor se le estaba pagando la suma de S/5.000 mensuales”, se lee en la declaración de este testigo. Los investigadores del caso señalan que el pago lo habría hecho la empresa detrás del proyecto Acqua.
La declaración del colaborador eficaz habla de coimas de hasta 5.000 soles mensuales. El abogado de la compañía lo niega tajantemente.
Jorge Márquez, abogado de Musiris, niega que la empresa haya coimeado a alguien. Dice que hacer las prórrogas “para cumplir con las condiciones del contrato” era obligación de la municipalidad. Apunta, además, que, desde que empezó la investigación no se ha señalado a Musiris por el pago de coimas, que la Fiscalía descartó en su momento haber encontrado más pruebas sobre aquello y que “el delito por el que se acusó es colusión simple y no cohecho”.
“Cuando cae el alcalde Barthelmess, cae con él un grupo de funcionarios. Algunos, buscando beneficios premiales para reducir su condena, empiezan a tirar lodo con ventilador a todos los proyectos en los que Barthelmess estaba involucrado”, agrega el abogado.
El proyecto siguió sobreviviendo con prórrogas desde aquel 2016. A mediados del 2019, la controversia entre la Municipalidad de San Bartolo y la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales culminó favoreciendo a la primera. Los posesionarios ilegales, sin embargo, siguen ocupando el terreno.
EL LEGADO DE BARTHELMESS
El 2020, la actual gestión municipal de San Bartolo negó una nueva prórroga pedida por Lagunas del Perú y recalcó que el proyecto no era compatible con lo establecido por la ley que declara de necesidad pública el desarrollo del Proyecto de Saneamiento y Aguas Residuales del cono sur (ley 27040). Es decir, podían construir ahí un campo santo, clubes deportivos o campestres, viveros y hasta un zoológico. No entraba en la categoría, sin embargo, nada parecido a un centro comercial.
La Procuraduría de esta gestión municipal, además, había pedido al Poder Judicial que declare nulo el contrato firmado con Lagunas del Perú para lograr que los terrenos vuelvan a manos de la comuna. Los regidores y el alcalde estaban pendientes de qué se iba a resolver en esa instancia. Parecían querer enmendar lo hecho por Barthelmess. Un año después, sin embargo, cedieron.
En un Concejo Municipal de setiembre del 2021, la mayoría de regidores −todos, menos una− votaron por acatar una nueva prórroga pedida por Lagunas del Perú. El acta del acuerdo lleva la firma del alcalde Rufino Enciso y el secretario general Alexander Abarca. Los funcionarios argumentaron que el Poder Judicial aún no había admitido la demanda de la municipalidad. Nos comunicamos con Abarca para pedirle una explicación, pero se negó a responder.
Un funcionario que pidió el anonimato intenta defender a la gestión actual así: “Tratamos de luchar, de recuperar ese terreno, pero no se pudo, porque nuestra área legal es completamente pequeña en comparación con el manejo que tiene esta empresa. Nuestra posición siempre fue pelearla, pero nos dimos cuenta de que batallábamos contra un gigante”, dice.
Izquierda: el actual alcalde Rufino Enciso. Derecha: el secretario general Alexander Abarca. No quisieron responder nuestras preguntas. Por algo será.
Recién en enero de este año, el Poder Judicial admitió la demanda para anular el contrato. Pero es demasiado tarde. Al permiso que el proyecto ha obtenido del alcalde y sus regidores, se le suma que la municipalidad de Lima ya aprobó el “Planeamiento integral” pedido por Lagunas del Perú. Esto significa que las 96 hectáreas de terreno eriazo que le cedió San Bartolo ya son urbanizables. La ordenanza fue firmada por Jorge Muñoz en febrero pasado. El próximo paso es obtener un cambio de zonificación.
No obstante, según una carta de Lagunas del Perú enviada a la comuna a mediados del año pasado, la compañía ha anunciado que cambiará “el objeto” del contrato. “Ahora que el sistema económico está muy golpeado. después de la pandemia, esto nos exige algunas modificaciones. Si antes se quería construir determinada cantidad de departamentos, ahora será un poco menos, por ejemplo”, explica el abogado de Lagunas.
Además, la trama de presunta corrupción que presentamos en este informe fue declarada prescrita a fines de marzo. Así lo venía pidiendo la defensa de Musiris cuando este fue acusado, alegando que el supuesto hecho delictivo ocurrió desde el acuerdo municipal del 2011. Por lo tanto, según su interpretación, el hecho habría prescrito antes del momento en que el fiscal acusó, el 2018.
Pero la posición fiscal siempre fue que los hechos de corrupción fueron sucesivos. Es decir, que ocurrieron mientras se seguían renovando las prórrogas al proyecto, al menos hasta el 2017. Dos instancias judiciales le dieron la razón a esta interpretación. Pero entonces, el abogado de Musiris presentó un habeas corpus a la Octava Sala Penal Liquidadora de la Corte Superior de Lima, cuyos magistrados aceptaron la interpretación del acusado.
Así que, mientras los funcionarios de confianza de Jorge Luis Barthelmess pasan o han pasado un tiempo en prisión y el exalcalde se mantiene prófugo de la justicia (por otros hechos de clara y conocida corrupción), este caso no será sometido a juicio.
Arriba: el exitoso empresario Javier Díaz Musiris. Abajo: la decisión judicial que prescribió la acusación en su contra.
La Digimin peruana ha estado recientemente en el ojo de la tormenta por escándalos políticos que la muestran como sumisa a la voluntad de Palacio de Gobierno. Esta institución se encarga de realizar videovigilancia a investigados por corrupción, y algunos sectores la responsabilizan de que el exsecretario general de Palacio, Bruno Pacheco, y los sobrinos del presidente Pedro Castillo, Gian Marco Castillo Gómez y Fray Vásquez Castillo, estén hoy prófugos de la justicia. La Digimin también fue cuestionada por la fuga del exjuez supremo César Hinostroza, a quien le hacían seguimiento, en octubre del 2018.
Lo cierto es que el manoseo de la Dirección General de Inteligencia del Mininter ha sido evidente en los últimos dos meses, tiempo en el que ha tenido cuatro cabezas. Actualmente es dirigida por Jorge Cassanova Cubas, coronel de la Policía.
Sudaca consultó al ministro del Interior, Alfonso Chávarry, sobre lo anunciado por los hackers rusos, pero nos dijo que no tenía conocimiento de la amenaza informática porque se encontraba en el VRAEM. “Voy a despachar con el jefe de la Digimin y pedir la información”, dijo Chávarry.
El puñado de títulos de documentos que Conti ya exhibe en su blog −supuestamente, parte de lo robado a la Digimin− indican temas vinculados al proyecto especial para el control y la reducción del cultivo de la hoja de coca en el Alto Huallaga (Corah) y a una huelga regional indefinida programada en Arequipa para el próximo 2 de mayo. Según prensa local, los trabajadores de salud de esa región alistan un paro para ese día.
Página del grupo cibercriminal ruso Conti con enlaces a supuestos documentos de la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior. El material no se puede descargar
Empleados de una empresa de antivirus confirmaron a Sudaca que este es el método clásico de coacción que utiliza el grupo de hackers. “El tema de la seguridad de información y la seguridad informática en el país considero que no se está tomando en cuenta. Recuerden que ha habido candidatos que han sido chuponeados en plena campaña, como lo que pasó con Lourdes Flores años atrás”, agrega el también especialista, John Sánchez Chirinos.
EL CASO COSTA RICA
La amenaza que han lanzado los pandilleros digitales no es para tomarla a la ligera. El último 17 de abril, la cuenta de Twitter BetterCyber publicó otro mensaje de Conti en el que exigían US$10 millones al gobierno de Costa Rica a cambio de no divulgar la información que habían extraído del Ministerio de Hacienda de ese país.
«Pedimos solo 10 millones de dólares por mantener los datos de sus contribuyentes», advirtieron los hackers rusos al gobierno de Costa Rica.
El mensaje decía que habían robado un terabyte de data del Ministerio de Hacienda costarricense y que publicarían los documentos el 23 de abril. «Pedimos solo US$10 millones por mantener los datos de sus contribuyentes», comunicaron los rusos. En su reciente advertencia a la Digimin del Perú, Conti amenaza con consecuencias como las que “ocurrieron en Costa Rica hace no mucho”.
Los ataques luego se extendieron a otras instituciones de Costa Rica: el Ministerio de Trabajo, y el de Innovación, Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, la Caja Costarricense del Seguro Social, Radiográfica Costarricense y el Instituto Meteorológico Nacional. Colapsaron las webs de esas entidades. “Seguiremos atacando a los ministerios de Costa Rica hasta que su gobierno nos pague”, advirtieron los hackers.
“El Estado costarricense no pagará nada a estos criminales cibernéticos”, añadió el mandatario Alvarado. Ante la reacción del gobierno, los hackers rebajaron en un 35% sus pretensiones (desde los US$10 millones iniciales) y apuntaron a las compañías. “Vamos a atacar a las empresas más grandes y ellas tendrán que pagarnos”, señaló el grupo de cibercriminales el lunes pasado. El asunto luego pasó a tratarse en privado.
En años previos, los ciberpiratas rusos ya han dado golpes en otras partes del mundo. Por ejemplo, han atacado los sistemas de salud de Nueva Zelanda y de Estados Unidos. La ciber-extorsión parece ahora tocar las puertas del Perú.
También está el caso de la oficial Marisabel Rondon Huarocc, quien en la sede diplomática presentó como su conviviente a Junior Pepe Gómez Cabanillas. Fue el 16 de noviembre del 2019. Junior Gómez dijo ser ingeniero de sistemas y que obtuvo su título en la universidad San Ignacio de Loyola. La embajada les dio la visa. El 30 de diciembre de aquel año, él solo se mandó mudar a Estados Unidos. Vive allí como indocumentado.
El 2 de diciembre del 2019 la técnica Mary Carrión Lilaconza llegó acompañada de Jaime García Correa. Ambos declararon ser convivientes. García dijo ser profesor de educación física y entrenador en la academia Cantolao. Les dieron la visa a la velocidad del rayo: el 19 de diciembre. Pero la falsa convivencia quedó al descubierto cuando Jaime García Correa viajó solo pocos días después y nunca más regresó, conforme a la investigación.
Hay cinco oficiales más cuyos casos muestran el mismo modus operandi. Todas ellas hoy son investigadas por el delito de tráfico de migrantes agravado.
2020. Parte de la resolución donde la Fiscalía especializada en el delito de trata de persona, equipo 2, abre investigación por un caso de tráfico de migrantes. Ahí detallan el rol de once subalternas de la Marina en la trama.
Sudaca consultó a la Marina sobre esta investigación. Una fuente −que pidió anonimato− respondió que el alto mando de la institución castrense no está comprometido en el caso y que las subalternas actuaron, en todo caso, por su cuenta. “Somos respetuosos de las investigaciones y esperaremos su conclusión para tomar acciones”, subrayó la fuente.
En la entidad naval confirman que al menos cinco de las investigadas realizan labores de inteligencia, pero no pueden ser identificadas como tales por cuestiones de seguridad. El caso, como hicieron hace unos años los ‘clientes’ de la red de trata, ha despegado. Ahora falta el aterrizaje.
Walter Ríos no tenía problemas en sentarse a almorzar con abogados de procesados por narcotráfico. En abril del 2017, meses antes del inicio de las escuchas del caso “Rich Port” y “Cuellos Blancos”, sació su apetito en el restaurante Laredo, en Los Olivos, donde fue almorzar con los abogados Henry Tito Mere, Jéssica Espinoza y Yahaira Acuña Cárdenas. Los tres son conocidos por defender a diversos narcotraficantes peruanos y extranjeros, por ejemplo, formaban parte de la defensa de Renzo Espinoza Brissolesi, cabecilla de la banda de narcotraficantes “Los Reyes del Puerto Shejo”, que gobernaba a sangre y fuego en el Callao, como “Barrio King”.
Sobre esta reunión, el diario “La República” en su edición del 08 de junio del 2019, destacó: “el viernes 28 de abril del 2017 la Policía emitió un reporte donde dio cuenta de una reunión de Walter Ríos con tres abogados vinculados a procesados por narcotráfico y crimen organizado. La reunión se realizó ese día a las 12:50 horas, en el restaurant Laredo, en la cuadra 5 de la avenida Tomás Valle, Los Olivos.El primero en llegar fue el abogado Henry Luis Tito Mere. Este personaje es tío de Moisés Mere Ruiz, ya detenido, brazo legal de la organización dirigida por Gerson Gálvez ‘Caracol’y quien presuntamente se encargaba de realizar los pagos a policías, fiscales y jueces. Luego aparecen dos mujeres identificadas como ‘Jessica’ y ‘Pamela’, quienes preguntan por el cumpleaños y las llevan al segundo piso del restaurant, donde se encontraba Tito Mere”. La información oficial quedó plasmada en la nota de agente N° 2 del 28 de abril del 2017 en relación al “Caso Law Queen” y en la videovigilancia policial.
En el 2018 Ríos fue también vinculado al narcotráfico por un colaborador eficaz. El delator dijo que Ríos y el exjuezsupremo, César Hinostroza, favorecían a “Los Reyes del Puerto Shejo”.
“(..) había otro juez que se llamaba Walter Ríos, también igual daba libertad no más. Él, si no me equivoco, estaba en la primera sala, a él también la organización le pagaba”, dijo el colaborador ante las autoridades. El vínculo de Ríos con el narcotráfico no ha sido investigado, ni siquiera tocado, por los fiscales del caso Cuellos Blancos encargados de su colaboración.
Las escuchas telefónicas permitieron descubrir a la exfiscal Sánchez que la organización, liderada por “Caracol”, tenía un brazo legal que coordinaba con jueces y fiscales para beneficiar a los integrantes de la banda criminal. Sánchez abrió la caja de Pandora, pero el círculo aún no se cierra.
La inacción de la Fiscalía Suprema para investigar la relación de Walter Ríos con el narcotráfico
El 31 de diciembre del 2021 Walter Ríos Montalvo recibió una sentencia condenatoria de 12 años de pena privativa de libertad a raíz del acuerdo de colaboración eficaz que suscribió con el Ministerio Público en el que delató 45 casos de corrupción. Sin embargo, ninguno de los casos que forman su acuerdo de delación premiada relata un solo proceso de narcotráfico, grande o pequeño, en el que habría intervenido, directa o indirectamente, a cambio de dinero, favores sexuales o cualquier otro beneficio.
Se trata de un acuerdo de colaboración eficaz “chauchilla”: Ríos describe casos de corrupción minúsculos, pero se cuida de verse involucrado en pagos de sumas millonarias para evitar el delito lavado de activos y, sobre todo, no acepta haber participado y recibido una sola coima en un caso de narcotráfico en los 06 años que fue Juez Superior penal de la Corte del Callao, pese a que este delito es el problema endémico del puerto chalaco y el origen histórico de los casos fiscales de “Rich Port” y “Cuellos Blancos”.
La primera explicación es pensar que Walter Ríos nunca se involucró y menos quiso saber algo del narcotráfico. Era un corrupto “gourmet”, solo se dejaba corromper en determinados casos, pero nunca en tráfico de drogas. Sin embargo, la contundencia y la claridad de los audios que se publican muestran de modo irrefutable que ello no solo es falso, sino que Ríos le ha mentido al Ministerio Público que confió en él, le ha mentido al sistema de justicia y le ha mentido al país. Ha recibido beneficios, sin contar la verdad y ocultando los hechos graves de narcotráfico en los que ha participado y ha sido protagonista principal, junto a la abogada “Pamela” y su chofer Jhon Misha. Los audios de “caracol” solo son una prueba de ello.
Sin embargo, pese a que era probable, desde un inicio, que el inefable Walter Ríos le haya mentido a la justicia peruana, resulta indignante el papel desempeñado por los Fiscales Eliseo Fernández Alarcón y Fanny Quispe Farfán quiénes pese a estar a cargo de la colaboración eficaz de este personaje nunca hicieron una auditoría a los audios de la vergüenza, nunca escucharon todas las conversaciones siniestras, nunca pidieron un informe detallado a la Policía para saber si efectivamente habían cubierto todas las conversaciones de Ríos y prevenir que cualquier destape se encuentre contenido en su acuerdo de delación premiada. Está demás decir que no existe investigación abierta sobre este tema. Simplemente, estos fiscales nunca quisieron saber realmente la verdad.
Lo grave no es que todos los audios de la vergüenza no hayan sido escuchados luego de 04 años de conocidos, sino que se han pasado por alto, y todo parece indicar que no se ha querido escuchar, los audios más graves de Walter Ríos en los que de manera expresa habla, coordina y condiciona un hábeas corpus del mas grande capo del narcotráfico y del crimen organizado del Callao, el de Gerson Gálvez Caracol que buscó a esta red corrupta que capturó el sistema de justicia para lograr justamente traer abajo su caso que se levantaba en audios interceptados.
El hecho revelado no debe verse en forma aislada, sino como una impunidad selectiva y como una justicia delivery en la que personajes poderosos, como el empresario Samir Abudayeh y “Caracol”, relacionados con Walter Ríos nunca son investigados por la Fiscalía del caso Cuellos Blancos.
